Bélgica se enfrenta a tres días de huelga que van a acrecentar aún más la crisis institucional que sufre el Gobierno de coalición presidido por el nacionalista independentista Bart de Wever, del partido Nieuw-Vlaamse Alliantie. Los sindicatos protestan por las medidas anunciadas por el Ejecutivo formado por cinco formaciones para conseguir recortes de 9.200 millones de euros en el gasto público en los próximos cinco años.

Los paros se van a suceder los días 24, 25 y 26 de noviembre en las que irán frenando la actividad los diferentes sectores económicos hasta el tercer día en la que está anunciada una huelga general. Las organizaciones sindicales denuncian que el proyecto político del Gobierno va a incrementar las desigualdades con nuevos recortes en las pensiones, el aumento del IVA y el desmantelamiento de la seguridad social y de las protecciones del mercado laboral.

La huelga va a tener lugar cuando el Gobierno belga ha conseguido este lunes de madrugada cerrar un acuerdo para los presupuestos de 2026, que supondrá recortes por 2.150 millones ya el año que viene, que amenazaba con tumbar al Ejecutivo y una convocatoria de elecciones. Según el periódico Le Soir, se ha encontrado una solución para realizar el esfuerzo presupuestario necesario de reducción de 9.200 millones de euros hasta 2030. Estos recortes se lograrán con un 60% de reducciones de gastos y un 40% mediante nuevos ingresos, según el Ejecutivo.

Entre las medidas acordadas están una indexación salarían para los salarios superiores a 4.000 euros brutos ola reincorporación al trabajo de los enfermos de larga duración. No hay cambios en los tipos de IVA del 6%, 12% y 21%, pero cambian en algunos productos como las pernoctaciones en hoteles que pasan o algunos alimentos que suben al 12%, entre otras modificaciones. Subirán los impuestos especiales sobre el diésel y se incrementa el impuesto sobre las cuentas de valores del 0,15% al 0,30%, además de un impuesto adicional a la banca. El gobierno también ha acordado la reforma de las pensiones con una serie de recortes aunque ha admitido que los períodos de enfermedad seguirán computando para la jubilación.

El Gobierno belga de coalición, conocida como la alianza “Arizona”, nacido de las elecciones del pasado febrero, cuenta además de los nacionalistas flamencos de Bart de Wever, con los demócratas cristianos flamencos (CD&V), los socialdemócratas flamencos de Vooruit y los partidos francófonos Mouvement réformateury, de corte liberal, y el centrista Les Engagés.

Los sindicatos exigían propuestas alternativas que iban desde una reforma fiscal que incluya un impuesto sobre las grandes fortunas y una tasa sobre las actividades digitales de los gigantes tecnológicos a una revisión de las subvenciones públicas concedidas a las empresas o que una normativa garantice que todos los ingresos contribuyan equitativamente a la financiación de la seguridad social.

Esta movilización sindical de tres días abre un nuevo pulso con el Gobierno. Solo hace un mes más de 120.000 personas se manifestaron en Bruselas contra los recortes previstos por el Ejecutivo de coalición. Ahora con los tres días de paros, el lunes se espera que apenas haya transporte público, el martes pararán los servicios públicos, desde escuelas al servicio de correos pasando por los tribunales o las administraciones públicas y el miércoles se unirá el sector privado en una huelga general donde se paralizarán las industrias, comercios y aeropuertos.

El aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem, el principal del país, ya ha informado de que se prevé que no despegue ningún vuelo el miércoles, aunque sí habrá vuelos de llegada, mientras que en el aeropuerto de Charleroi también advierten que se cancelarán todos los vuelos de salida y que no pueden garantizar los de llegada. La compañía nacional de trenes SNCB también ha avisado de que sus servicios se verán muy afectados durante las 72 horas de paros.

Hasta el sindicato de policía CGSP ha presentado un preaviso de huelga que cubre los tres días. El sindicato policial denuncia condiciones de trabajo que se deterioran y lamenta la falta de reconocimiento de la profesión, especialmente en lo que respecta a la jubilación. “La situación se ha vuelto insostenible dentro de los servicios de policía”, señala la organización sindical en un comunicado.

La austeridad era para los otros. Aunque Alemania siempre ha dado lecciones a los demás países de ortodoxia presupuestaria, en 2025 va a cerrar el año con un déficit por encima de España. Todavía resuenan las llamadas de atención de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, cuando durante la gran crisis advertía a España de que “debería hacer más” para reducir sus números rojos o cuando amenazaba con que “aquellos que no hagan sus deberes no recibirán nuestro apoyo”.

La Comisión Europea ha hecho públicas este lunes sus previsiones económicas de otoño en las que señala que España acabará 2025 con un déficit del 2,5%, por debajo de Alemania, que terminará el año con unos números rojos del 3,1%. Además, nuestro país también sale mejor parado que Francia, con el 5,5%, o Italia, que cerrará este ejercicio con un 3% de déficit. Ya nadie se acuerda de que España era colocada entre el grupo de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) por los problemas de deuda y déficit que sufrió durante la crisis financiera.

Pero, además, esta situación se va a repetir en los próximos dos años. Mientras que España va a rebajar el déficit al 2,1% del PIB en 2026 y 2027, Alemania lo va a incrementar al 4% y el 3,8% en esos dos ejercicios mientras que en Francia aumenta hasta el 4,9% y el 5,3%, respectivamente. Entre otras cosas, porque España se va a mantener a la cabeza del crecimiento del PIB entre las cuatro principales economías de la zona euro en el periodo 2025-2027.

A la hora de buscar las razones para esta caída del endeudamiento en España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó este lunes en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso, que la buena marcha de la economía española impulsada por los fondos europeos “se está haciendo de manera equilibrada porque el Plan [de recuperación] está permitiendo cuadrar el círculo, es decir, ser capaces de crecer, de hacerlo de manera fuerte, robusta, sostenida y además hacerlo con un elemento de responsabilidad fiscal. Es decir, con una reducción de nuestra ratio de déficit sobre PIB, una reducción de nuestra ratio de deuda sobre PIB, también diferencialmente mayor que la de nuestros principales socios”.

De hecho, Bruselas explicó sobre España que “tras un fuerte crecimiento en la primera mitad de 2025, la expansión económica continuó en el tercer trimestre” debido a “la fuerte contribución del consumo privado y la inversión”. La Comisión añadió que “se espera que la actividad económica se mantenga robusta” hasta 2027, donde “la demanda interna será el principal motor de crecimiento, impulsada principalmente por el consumo privado y el buen desempeño de la inversión” y que “el gasto de los consumidores se beneficie de mayores ganancias en el poder adquisitivo y un crecimiento adicional del empleo en un contexto de migración interna sostenida”.

Los principales riesgos para España vienen del exterior, es decir, del escaso desarrollo económico de socios comerciales como Alemania o Francia, que suelen ser nuestros mercados principales de exportaciones: están relacionados con “la actividad económica más débil de lo esperado por parte de los principales socios comerciales de España” y por “una desaceleración de los flujos migratorios más pronunciada”, que podría reducir el dinamismo del mercado laboral.

Con estos mimbres, el Gobierno anunció este lunes que mantendrá la flexibilidad para las Comunidades Autónomas y permitirá que incurran en un déficit del 0,1% del PIB en los próximos tres ejercicios, de acuerdo con la senda de estabilidad que propondrá la vicepresidenta María Jesús Montero durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este martes.

Cuerpo añadió que “el objetivo para el año 2025 es llegar a ese 2,5% de déficit sobre PIB, que supone un superávit en términos primarios, es decir una vez que quitamos los gastos asociados a los intereses de la deuda. Esto es importantísimo porque genera un efecto bola de nieve positivo en cuanto a la sostenibilidad de la deuda, ya no solo por un mayor crecimiento, sino también por este elemento de responsabilidad fiscal”.

Aunque la situación de crisis en la que estaba sumergida la Unión Europea en 2011 no es comparable a la actual, entonces España cambió el artículo 135 de la Constitución para incluir que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrían incurrir en un déficit estructural por encima de los límites de la Unión Europea, cuyo listón está en el 3%. Sin embargo, Alemania ha respondido a su crisis económica con un cambio constitucional, pero en sentido contrario con la excusa de los gastos en defensa y las infraestructuras: se acaba con el “freno de la deuda”, una disposición de la Constitución que imponía un endeudamiento máximo del 0,35% del PIB al Gobierno federal y prohibía el déficit a los estados federados.

La Comisión Europea ha señalado en sus previsiones que “Alemania ha pasado por un prolongado período de estancamiento económico”, ya que desde la pandemia de covid-19, “ha registrado una de las recuperaciones más débiles entre las economías avanzadas” con “una continua pérdida de cuotas de mercado de exportación, notablemente frente a China”. Aunque “se espera que los aranceles y la alta incertidumbre global sigan pesando sobre la inversión y las exportaciones” de Alemania, en Bruselas se confía en que “estos efectos se vean contrarrestados por un mayor gasto público, que apoyará el consumo y la inversión en general, especialmente en 2026 y 2027”. Es decir, combatir la crisis con más gasto en lugar de más austeridad.

En el caso de Francia, donde al bajo crecimiento económico se suma la crisis institucional y política que atraviesa, la Comisión apunta que “la incertidumbre económica y política interna afectará el crecimiento del PIB real, que se espera que alcance el 0,9%” en 2026. Mientras que en 2027 “se proyecta que la actividad económica ganará impulso”, con un crecimiento del PIB real al 1,1%, “respaldado por una disminución de la incertidumbre y una postura fiscal ligeramente expansiva”. Es decir, se va a aumentar también el gasto público para lograr un mayor incremento del PIB.

Reducción de deuda frente a subida en Alemania y Francia

Respecto a la deuda, mientras que Alemania y Francia la aumentan entre 2025 y 2027, España la reduce. La Comisión Europea destaca que en España “se espera que la deuda siga disminuyendo, ayudada por un crecimiento económico sostenido”, de manera se quede “en el 100% en 2025, gracias al crecimiento del PIB nominal que supera el costo del servicio de la deuda”, mientras que “impulsada por la reducción del déficit, se espera que la ratio siga disminuyendo en 2026 y baje del 100% por primera vez desde 2019”, hasta el 98,2% en 2026 y 97,1% en 2027.

Mientras, en Alemania ya se pasó el trauma de rebasar el 60% del PIB de deuda, limite que impone la UE, Bruselas apunta que “se espera que aumente al 63,5% en 2025, al 65,2% en 2026 y al 67,0% del PIB en 2027”. El caso de Francia es más preocupante. La Comisión Europea avisa de que “después de aumentar hasta el 113,2% del PIB en 2024, se proyecta que la ratio de deuda pública siga aumentando a lo largo del horizonte de previsión, alcanzando el 120% del PIB para 2027”. Según Bruselas, “este aumento se debe principalmente a los altos déficits primarios y al aumento de los pagos de intereses, que compensarán con creces el efecto reductor de la deuda del crecimiento nominal”.

La reducción del déficit y de la deuda también va a tumbar uno de los principales argumentos del Partido Popular para atacar el Gobierno de Pedro Sánchez. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, llegó a decir este lunes que “estamos además mucho peor que hace siete años, cuando el Partido Popular dejó de gobernar”. Atendiendo a los datos, en 2018 el PIB creció un 2,4%, cinco décimas menos que la previsión para este año; se cerró con un déficit del 2,5%, que es el mismo con el que se espera acabar en 2025; la deuda pública fue del 99,8% del PIB, frente al 100% del PIB que se prevé que termine este ejercicio, mientras que la tasa de paro en 2018 fue del 14,4% y la de 2025 terminará en el 10,4%.

Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo, según la lista elaborada por las Naciones Unidas, gracias, en parte, al sólido sistema del Estado del Bienestar que ha sabido construir la nación nórdica. Sin embargo, esta imagen de Finlandia contrasta con el estado actual de su economía, que en los últimos años está luchado contra el incremento de la deuda pública, la pobreza y el aumento del desempleo (10,2% en la segunda mitad de 2025, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de España).

Finlandia, en el pasado, fue una de las economías que competía por ser comparada con el resto de sus vecinos nórdicos, pero lleva una década en medio de un declive industrial que empezó con la caída del gigante de la telefonía móvil Nokia en el año 2009. Siguió después la crisis de la COVID-19, y desde entonces que el PIB del país no crece, el desempleo aumenta y las cuentas públicas están cada vez más desequilibradas.

Con este contexto, el gobierno, formado por una coalición entre partidos de derecha y extrema derecha liderada desde 2023 por el conservador Petteri Orpo, ha hecho de la reducción del gasto público su prioridad. Pero los severos recortes en el presupuesto estatal comienzan a tener graves consecuencias sociales, sin que haya perspectivas en el horizonte de que el nivel del endeudamiento público disminuya.

La deuda pública no deja de aumentar

El objetivo del gobierno a largo plazo es reducir la deuda pública, que se prevé que se elevará hasta el 86% del PIB a finales del año 2025. Esto ha provocado la primera recalificación de su deuda en casi una década por parte de la agencia Fitch Ratings, pasando de AA+ a AA. A su vez, el crecimiento económico del país tampoco termina de arrancar, situándose en el 0,2% del PIB, sin que prácticamente haya experimentado cambios desde 2019, lo que lo sitúa como uno de los más débiles de la UE.

Tras las elecciones generales de 2023, el nuevo gobierno anunció un programa para reducir 9.000 millones de euros del presupuesto estatal en ocho años, unos recortes que se preveían de 6.000 millones antes de 2027. El anuncio fue seguido por una reforma laboral muy criticada por los sindicatos, con la promesa de crear 100.000 empleos nuevos que tampoco se han materializado. A pesar de la austeridad, las predicciones del Fondo Monetario Internacional seguían anunciando el aumento de la deuda hasta más del 90% en los próximos años, por lo que en abril de 2024 el gobierno presentó un plan adicional de recortes de 3.000 millones de euros en el gasto público antes de 2028.

La cara más visible en la ejecución de los recortes es la ministra de Finanzas y líder de la formación de extrema derecha, Riikka Purra. En las intervenciones de la controvertida ministra asegura que los finlandeses, un país tradicionalmente frugal, apoyan las medidas de austeridad, aunque las últimas encuestas muestran que dos tercios de los ciudadanos no están de acuerdo con la política del gobierno.

Presupuesto disparado en defensa

Sin que los recortes ya anunciados fueran suficientes, el gobierno presentó hace unas semanas la ley de presupuestos para 2026, que incluye una restricción presupuestaria adicional de 1.000 millones de euros: “Hemos elaborado los presupuestos en un entorno económico deficiente y, por lo tanto, hemos tenido que volver a realizar recortes de gastos, aunque inicialmente pensábamos que las principales decisiones de austeridad ya habían pasado”, anunció el primer ministro Petteri Orpo.

Entre las nuevas medidas para reducir el gasto público se han incluido la reducción de la ayuda al desarrollo, la suspensión de las ayudas a los municipios para la acogida de refugiados, la disminución de las subvenciones a los gobiernos locales y la congelación del presupuesto de las universidades, aunque el mayor recorte se lo llevan los planes de construcción de vivienda social.

Con todo, las restricciones presupuestarias aún resultan más polémicas tras la decisión del gobierno de reducir el impuesto marginal sobre la renta a los más ricos, una medida que solamente beneficiará al 2% de los finlandeses que cobran más de 100.000 euros al año. Medidas como esta van de acuerdo con la línea del gobierno conservador de reducir la carga de los impuestos a los ciudadanos, que es del 42,4%, una de las cifras más altas en la UE por encima de la mediana comunitaria del 33,9%.

A su vez, la partida presupuestaria para la defensa es de las pocas que han incrementado en los últimos años, con un aumento de 6.000 millones para el siguiente año. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el ingreso del país en la OTAN, Finlandia prevé gastar el 3% de su PIB en defensa antes del año 2029.

Los efectos de estos recortes ya son palpables entre los más vulnerables, según revelaba un estudio elaborado por el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar. El estudio señalaba que las políticas de austeridad han hecho caer a 110.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, entre ellas 27.000 niños: “Los recortes agravarán aún más la pobreza entre la población vulnerable”, advertía Jussi Tervola, uno de los responsables del estudio.

La deuda seguirá creciendo en los próximos años

El economista de la Universidad de Turku, Jouko Vilmunen, expone que anteriormente la economía también estaba endeudada, “pero entonces teníamos una solución milagrosa, el gigante Nokia, que en su apogeo representaba el 4% del PIB, pero su cierre causó un enorme déficit en las finanzas públicas”, dice Vilmunen.

El economista defiende que el país tiene las bases establecidas para una buena economía, con una población con estudios, buenas infraestructuras y servicios que funcionan. “Sin embargo, el modelo industrial, basado en las exportaciones y el procesamiento de la madera, está obsoleto”, dice. Como ejemplo de ello, la demanda de papel ha caído un 70% desde el año 2007, pero, a pesar de eso, la industria forestal sigue siendo una de las más importantes del país.

El economista Jussi Systa, del think tank Kalevi Sorsa Foundation, con sede en Helsinki, coincide en que “el modelo de crecimiento finlandés se basaba principalmente en las exportaciones, sobre todo de madera y de electrónica de consumo. Pero los gobiernos no han sabido compensar la pérdida de ingresos”, dice.

Systa explica que el profundo déficit que arrastra el país y el insuficiente crecimiento económico, sumado a una menor recaudación fiscal, ha provocado la caída de los ingresos del estado, por lo que “en los próximos años, la deuda seguirá aumentando”, unas perspectivas que coinciden con los pronósticos hechos por el gobierno.

En cuanto a la política de recortes para reducir la deuda, el economista admite que “Me preocupa que esto genere un círculo vicioso que impida la consolidación de la economía”, dice Systa, quien añade: “Para que nuestra economía se recupere de forma adecuada, necesitamos inversiones que impulsen una producción más compleja para la exportación y medidas que fortalezcan la demanda interna. A eso añadiría gravar a quienes tienen mayor riqueza para aumentar los ingresos públicos”, termina diciendo.

Finlandia siempre ha sido un ejemplo de país con un Estado del bienestar muy potente, llegando a servir de inspiración a multitud de partidos socialdemócratas europeos. Sin embargo, en la actualidad dicho modelo social está siendo salvajemente destrozado por las políticas de austeridad que lleva años aplicando el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas. Unas políticas que están siendo espoleadas por la propia Comisión Europea y que tratan de dar respuesta a una crisis económica que generó la ruptura comercial con Rusia, un país del que era tremendamente dependiente.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 supuso un punto de inflexión para toda Europa, pero especialmente para Finlandia, un país pequeño que siempre ha tenido intensos lazos comerciales y económicos con el gigante euroasiático, especialmente en materia energética. De hecho, justo antes de la invasión, el 80% de todo el petróleo crudo y el 75% de todo el gas natural que importaba Finlandia provenía de Rusia. En el caso del carbón, el combustible nuclear y la madera, las proporciones eran del 52%, 35% y 25%, respectivamente. Es más, incluso el 51% de la electricidad neta provenía del país vecino. No hace falta ser economista para saber cuán graves pueden ser las consecuencias de interrumpir súbitamente buena parte del comercio, justo tal y como ocurrió tras la invasión de Ucrania, un fenómeno que desde el Estado finlandés denominaron “Russit” (haciendo alusión al “Brexit”). Las exportaciones y las importaciones a y desde Rusia se hundieron de golpe, alcanzando unos niveles ínfimos que no se registraban desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Los hidrocarburos baratos que antes provenían de Rusia tuvieron que ser sustituidos por otros más caros provenientes de otras regiones, como ocurrió con el gas natural licuado de Estados Unidos (el gran ganador de este suceso). Y no sólo más caros, sino también más volátiles, pues los contratos que antes firmaba Finlandia con la empresa rusa Gazprom eran a medio plazo y otorgaban estabilidad y cierta protección frente a la especulación financiera sobre este tipo de productos energéticos. Las consecuencias económicas no se hicieron esperar. El PIB, que venía recuperándose tras superar lo peor de la pandemia, volvió a caer en 2022 y desde entonces mantuvo una tendencia negativa, que sería agravada por las políticas del próximo gobierno como veremos enseguida. La tasa de desempleo, que también se estaba recuperando en 2021 tras el batacazo de la pandemia, se disparó tras el Russit y no ha hecho otra cosa que crecer a ritmos acelerados.

Algo parecido ocurrió con la tasa de pobreza, que aunque siga siendo relativamente baja (del 12,5%), viene aumentando desde el 11% que llegó a tener antes de la invasión rusa de Ucrania.

Cuando una economía entra en recesión, como le ocurrió a Finlandia a partir de 2022, suelen ocurrir dos cosas. La primera es que la indignación que siente una ciudadanía que pierde calidad de vida se puede traducir en el apoyo electoral a cualquier opción política que prometa resolver los problemas económicos, por muy disparatadas y reaccionarias que sean sus propuestas. La segunda es que las cuentas públicas se deterioran, porque, por un lado, la recaudación impositiva desciende al haber menos actividad económica, mientras que, por otro lado, el gasto en prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales aumentan.

Justamente esas dos cosas ocurrieron en Finlandia, generando un cóctel explosivo. Lo primero que hizo el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas a mitad de 2023 fue aplicar un duro recorte en las cuentas públicas con el objetivo de reducir el déficit y la deuda, todo ello con el beneplácito de la Comisión Europea, que estaba a punto de reactivar las reglas fiscales que habían sido suspendidas durante la pandemia. Se trataba, obviamente, de una receta inadecuada y de un mal diagnóstico: el déficit público no se debía a una mala gestión del presupuesto, sino a la crisis económica originada por el Russit.

Entre las medidas aplicadas para recortar las cuentas públicas destacan una fuerte elevación del IVA desde el 21 al 25,5%, un aumento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por enfermedad, un recorte en las prestaciones sociales y una mayor restricción en el acceso a los servicios de salud y asistencia social (el coste en atención primaria ha aumentado un 22,5% y en atención especializada un 45% en sólo un año). Además, el gobierno finlandés está presionando a los organismos públicos autónomos responsables de la organización de los servicios sanitarios, sociales y de emergencia para que eliminen un déficit de 2.700 millones de euros, lo que se ha traducido ya en cierre de hospitales y centros de salud. Según estimaciones del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, se prevé que las reformas lleven a 100.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Y, a pesar de ello, el gobierno está preparando nuevos recortes a la seguridad social.

Ahora bien, están recortando en todo menos en el gasto militar: Finlandia ha pasado de tener en 2019 un gasto militar próximo al 1,5% sobre el PIB, a tenerlo en 2024 de casi el 2,5%. Este es el programa típico de la ultraderecha: recortar en lo social y en lo sanitario y reforzar lo militar.

Toda esta austeridad no ha hecho sino empeorar todavía más la actividad económica, como veníamos señalando antes. El indicador del PIB per cápita lo revela claramente: hubo un punto de inflexión tras los recortes aplicados en 2023, que han aumentado la brecha que hay entre Finlandia y el resto de países europeos, que no están gobernados por la ultraderecha ni están aplicando fuertes recortes en el presupuesto.

Lo peor de todo es que estos ajustes ni siquiera le están sirviendo para mejorar las cuentas públicas, porque, como es ya bien sabido, la austeridad empeora la economía y el déficit público vuelve a aparecer. De hecho, de todos los países de la Eurozona, Finlandia ha sido el que más ha elevado su deuda pública desde el año 2019. Es la historia de siempre y está más que estudiada: la austeridad sólo empeora la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. El único motivo por el que la aplican es porque reduce lo público y da alas a lo privado, logrando una redistribución de la renta y de la riqueza más favorable a las minorías privilegiadas. Eso es lo único que persigue la ultraderecha y los economistas liberales, que desgraciadamente están arruinando uno de los mejores modelos que existían de Estado del Bienestar.

El exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, fue uno de los principales adeptos al dogma neoliberal de que para salir de una crisis hay que recortar en gasto social. “Imagina que acabas de salir del alcoholismo. No se te ocurre salir a celebrarlo yéndote de copas. Pues no celebremos gastando el fin de una crisis de gasto”, así resumía Montoro en 2018 ese mantra económico que luego se demostró fallido.

En 2012, el Gobierno de Rajoy aplicó el mayor recorte social de la democracia, un 17% del gasto medio de los ministerios: más de 13.000 millones de euros. En paralelo, Montoro decidió lanzar una amnistía fiscal, por la que quienes hubieran defraudado a Hacienda solo pagarían un 10% por blanquear su dinero negro. Esa amnistía fue luego declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Este miércoles un juez de Tarragona ha imputado a Montoro (y a nueve altos cargos de su Ministerio) por beneficiar presuntamente a empresas gasísticas que eran clientes del bufete fundado por el ministro en 2008. El juez asegura que las empresas gasísticas llegaron en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”. Una de esas modificaciones alcanzó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En años anteriores, Montoro, que fue ministro tanto con Aznar como con Rajoy, defendía “una corrección duradera” (eufemismo de recortes) para contener el déficit, en incluso llegó a decir que los recortes en los Presupuestos cargaban “de razón y de causa moral” al Gobierno del PP.

Durante ese periodo entre 2008 a 2014, las llamadas “políticas de austeridad” llevaron al paro a cientos de miles de personas. La tasa del paro entre 2011 y 2016 superó siempre el 20% llegando a picos de casi el 27% (actualmente ronda el 11%). Fue también durante el mandato de Montoro, en concreto en 2012, cuando el IVA pasó del 18% al 21%.

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha traído de vuelta a la zona del euro al fantasma de la crisis de deuda y de la austeridad. Este martes, el jefe del Ejecutivo anunció un plan de ajuste presupuestario para 2026 que implica una congelación de la mayor parte del gasto público —incluidas las pensiones y con la excepción de la defensa—, subidas de impuestos y recortes en derechos —pretende eliminar dos días festivos del calendario laboral, desde los once actuales— para reducir el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado), que se financia con deuda y que desde la pandemia ningún gobierno ha podido controlar ante el estancamiento de la actividad económica.

“Nos hemos vuelto adictos al gasto público”, lamentó François Bayrou en una rueda de prensa en la que anunció el plan con el que ha puesto en riesgo su propia supervivencia política, después de arrancar su mandato a finales del año pasado, para evitar que el pago de los intereses de la deuda supere los 100.000 millones de euros al año al final de la década y se convierta en la mayor partida del Presupuesto del Estado.

Este riesgo existe porque el déficit del Estado francés respecto al PIB (Producto Interior Bruto, la forma de medir la actividad económica y la sostenibilidad de los desequilibrios y la deuda) es el mayor de la zona del euro. En 2024, el desequilibrio presupuestario se quedó en el 5,8% del PIB, y se espera que apenas se reduzca al 5,6% en 2025 y que se vuelva a elevar al 5,7% en 2026 —según las últimas previsiones de la Comisión Europea—, elevando a un ritmo importante la deuda pública, que pasaría del 113% del PIB en 2024 al 118,4% el próximo ejercicio, muy por encima del endeudamiento de España.

Para evitarlo, el plan de François Bayrou busca reducir en cerca de 40.000 millones el desequilibrio presupuestario, alrededor de un punto de PIB, hasta dejar el déficit en el 4,6% en 2026, castigando principalmente el gasto público.

“Este es nuestro momento de la verdad”, incidió este martes el primer ministro de Francia, cuyo plan encuentra oposición a la izquierda y a la derecha. De hecho, muchos analistas consideran que la propuesta no será aprobada en Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría, y que es la forma de François Bayrou de despedirse del cargo diciéndole al país lo que cree que debería hacer. Su antecesor al frente del Ejecutivo, Michel Barnier, cayó precisamente tras intentar que las pensiones no subieran según la inflación. “Conocemos los riesgos”, admitió François Bayrou en la misma rueda de prensa.

El “estado catastrófico” de la economía

El estancamiento de la actividad en Francia y los desequilibrios presupuestarios han traído de vuelta las recetas de austeridad que, tras el estallido de la gran crisis financiera en 2008, hundieron a España, Portugal y mucho más a Grecia en una década 'negra' para los trabajadores, para el estado de bienestar (sanidad, educación...) y para el gasto social en general, con una profunda pérdida de poder adquisitivo y recortes de derechos laborales que no se han recuperado.

François Bayrou asegura que la situación del país está agravada por las crisis internacionales, que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa, y por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, y vuelve a cambiar el paso en una zona del euro en la que desde la pandemia se ha girado hacia políticas de protección de rentas (de los trabajadores y de las empresas) frente a los recortes en el gasto público, y que en España ha tenido un resultado positivo.

En definitiva, un mayor avance del PIB agregado reduce el déficit y la deuda. Según el ministro de Economía de nuestro país, Carlos Cuerpo, “para nosotros, el ser capaces de mantener el estado del bienestar, el ser capaces de mantener esa red de protección social adelante, es una condición necesaria para que podamos seguir con nuestra agenda también de crecimiento”.

Los expertos consultados por elDiario.es apuntan a que la propia inestabilidad política, con la importante presencia de la extrema derecha en el parlamento, y las iniciativas presupuestarias frustradas inciden en los problemas económicos de Francia. Por ejemplo, el tipo de interés que se exige a la deuda de referencia de Francia en los mercados financieros (el bono con vencimiento a 10 años) supera al de España desde hace meses. Este hecho prácticamente inédito en la historia de la zona del euro provoca un aumento del coste de los intereses de la deuda del país vecino. En otras palabras, Francia necesita más financiación y se financia más caro.

Nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió este miércoles que “los dos elementos, crecimiento y responsabilidad fiscal, nos llevan a que estemos ahora mismo en el grupo de los buenos alumnos dentro de la Unión Europea, aquellos que no tienen un déficit excesivo y que tampoco tienen desequilibrios macroeconómicos”. Según destaca, “este es el punto de partida que asegura y garantiza la confianza de inversores internacionales, tanto en mercados financieros, en nuestras emisiones de deuda, como también en términos de inversión real con la llegada de cifras récord en inversión extranjera directa”.

Por otra parte, “cabe señalar que este deterioro [de las finanzas públicas de Francia desde 2019] no se debe a un aumento más acusado del gasto público en Francia en comparación con la zona del euro (1,8 y 2,6 puntos del PIB, respectivamente), sino más bien a una disminución significativa de los ingresos públicos franceses (-1,6 puntos del PIB), mientras que estos se mantuvieron estables en la zona del euro”, explica un informe del OFCE (Observatorio francés de coyunturas económicas, por sus siglas en francés), publicado recientemente.

Los expertos que firman este documento enumeran bajadas de impuestos desde 2017 como el tributo sobre la vivienda (un punto menos de PIB de recaudación), la reforma del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio, en el caso de las familias; o las rebajas en el impuesto de sociedades (medio punto menos de PIB de ingresos) y la reducción de las cotizaciones sociales patronales (1,1 puntos menos de PIB), en el caso de las empresas.

El plan presentado por el primer ministro “tiene el mérito de la claridad: estamos dispuestos a hacer cualquier cosa (eliminar los días festivos, reducir el estado del bienestar, etc.) antes de pedirle un solo céntimo a Bernard Arnault [dueño de LVMH] y a los multimillonarios franceses”, comenta el economista Gabriel Zucman. “Hay que reconocer la creatividad del gobierno a la hora de mantener los privilegios fiscales de los ultrarricos. Las directrices presupuestarias propuestas se dirigen a casi todos, excepto a los multimillonarios”, ironiza este experto en justicia fiscal.

“Es ese equilibrio en las decisiones de crecer, reducir la desigualdad, ampliar nuestros derechos y el estado del bienestar social, hacerlo a la vez que cumplimos con los compromisos en materia de seguridad y defensa con nuestros socios y todo ello con un paraguas de responsabilidad fiscal. Es la receta que nos está dando buenos resultados y que queremos mantener hacia adelante”, insiste Carlos Cuerpo.

Una de las tasas de empleo más bajas de la UE

Por otro lado, Eric Dor, director de estudios económicos de la IESEG School of Management, señala problemas estructurales. El principal: Francia “produce muy poco [por habitante] en comparación con la mayoría” de países de la Unión Europea (UE). El PIB per cápita de la segunda economía de la UE (en PIB agregado) es el undécimo de los 27 socios. Una de las razones es que “la proporción de trabajadores, es decir, de personas con empleo, en porcentaje de la población total, es muy reducida en Francia”.

Esta “tasa de empleo” se quedó en el 44,5% en 2024, algo por debajo de la de España, la vigesimoquinta de la UE. “La proporción de residentes en edad de trabajar, en porcentaje de la población total, es la más baja de toda la Unión Europea. Así, los residentes de entre 19 y 64 años representan el 55,4 % de la población total en Francia, frente al 58,9 % en Alemania, por ejemplo”, observa este economista.

“Los residentes de entre 25 y 64 años representan el 49,6 % de la población total en Francia, frente al 53,6 % en Alemania, por ejemplo”, prosigue. Además, “las estadísticas muestran que el acceso al mercado laboral es especialmente difícil en Francia para determinados grupos, como las personas con menor nivel educativo, la población inmigrante o las mujeres”, añade Eric Dor.

“La austeridad preserva esta incapacidad de pensar en sistemas económicos diferentes y opera para extraer más recursos de la mayoría para enriquecer a una pequeña minoría”. Clara E. Mattei (Italia, 1988), profesora de Economía en la Universidad de Tulsa y directora del Centro de Economía Heterodoxa (CHE) bucea en los oscuros orígenes intelectuales de la austeridad  en su libro 'El orden del capital' (Editorial Capitán Swing). Mattei examina a la Gran Bretaña y la Italia de entreguerras del siglo pasado donde la recuperación del poder por parte de la clase trabajadora impulsó políticas económicas verticales que promulgaron la austeridad como fórmula para frenar al movimiento obrero. Pocas cosas han cambiado un siglo después. “La economía dominante no ha cambiado”, añade Mattei que apunta que “el sistema se reproduce porque debilita a la gente a través de la austeridad y debilita nuestra forma de pensar a través de ideas falsas, que aparentemente son muy convincentes debido a la forma en que son retratadas por expertos o inversores”. De esta manera, esta economista asegura que “Donald Trump está mostrando la verdadera cara de la austeridad. Siempre ha sido así, pero ya ni siquiera hay la justificación de una crisis financiera, es simplemente un ataque a los trabajadores”.

Usted escribe que la austeridad surgió tras la Primera Guerra Mundial como un método para evitar el colapso del capitalismo. Ahora estamos viviendo un cambio económico muy profundo debido a las nuevas tecnologías, por ejemplo Yanis Varoufakis dice que estamos volviendo al tecnofeudalismo. ¿Es la austeridad otra vez la fórmula para mantener los privilegios de esas elites?

Desde luego que sí. Creo que el trabajo histórico es importante porque proporciona una visión más sistemática de cómo funciona el capitalismo, para que se descubran que hay ciertas tendencias en cómo se gobierna nuestra economía que son bastante recurrentes. Estas especificidades históricas indican muy claramente que nuestra economía capitalista es un sistema político que necesita ser protegido constantemente. No hay nada espontáneo en un sistema que se basa en la explotación de la mayoría en el sentido de que esa mayoría tiene que vender su capacidad de trabajo para sobrevivir como única opción para ganarse la vida. Así, la austeridad preserva esta incapacidad de pensar en sistemas económicos diferentes y opera para extraer más recursos de la mayoría para enriquecer a una pequeña minoría. Ahora estamos asistiendo a una aceleración. Los datos de Oxfam muestran que vivimos un momento de desigualdad histórica. Los multimillonarios acumulan 5.700 millones al día mientras que la mayoría es cada vez más pobre como resultado de las políticas de austeridad. La austeridad no funciona ya en el sentido de menos Estado y más mercado.

No es una cuestión de debilidad del Estado.

Ya no funciona así. Austeridad es que el Estado decida desviar recursos a favor de la élite. ¿Cómo? A través de lo que yo llamo la trinidad de la austeridad. La austeridad fiscal no consiste en gastar menos, sino en gastar en una determinada dirección. Se dejan de destinar recursos a políticas sociales, la sanidad, la educación, el transporte o el empleo, mientras que se subvencionan a los gestores de activos o a las empresas digitales. La idea de permitir que la economía de plataforma no pare de crecer en la extracción de la renta de los consumidores es el resultado de la austeridad. Es una situación que el Estado permite, a pesar de que ataca violentamente a la clase trabajadora en favor de unos pocos. O lo hace recortando los gastos sociales mientras pone dinero en el complejo industrial militar, como ocurre ahora con el rearme de Europa.

También tenemos la fiscalidad regresiva. No es que el Estado grave menos, sino que se incrementan los impuestos regresivos, como los impuestos al consumo que afectan especialmente a las clases trabajadoras. Se crean más impuestos sobre las rentas del trabajo que sobre el capital, los dividendos o los beneficios. Y finalmente la austeridad industrial, consistente en privatizar y desregular. Donald Trump está mostrando la verdadera cara de la austeridad. Siempre ha sido así, pero ya ni siquiera hay la justificación de una crisis financiera, es simplemente un ataque a los trabajadores.

¿Cómo han conseguido convertir a la austeridad en, como usted escribe, parte de una 'economía pura', en un aspecto más de 'una ciencia natural políticamente neutral'?

Esto es relevante. En la actualidad bajo el capitalismo, a diferencia de la sociedad de clases anterior, la coerción está más oculta porque es económica, no es supuestamente política. Se debe a la dependencia de los ciudadanos del mercado. En teoría, somos libres: no somos propiedad de nadie y, supuestamente, somos iguales ante la ley. Pero no somos libres en el sentido de que la mayoría de las personas solo podemos vivir del capital, del trabajo. No hay alternativa. Esta falta de libertad de la mayoría que está oculta por las fuerzas impersonales del mercado es exactamente en lo que la 'economía pura' basa su capacidad para parecer neutral, para justificar la austeridad aunque sea un acto de violencia, a través de una teoría económica capaz de ocultar las relaciones de producción, de explotación, para solo centrarse en el funcionamiento del mercado.

¿No ha habido cambios?

La economía dominante no ha cambiado. Hay que entender que los modelos económicos son profundamente políticos. Se trata de convencer a la gente de que todos estamos ganando con el sistema como consumidores, aunque lo que se maximiza es la explotación laboral de las personas. No hay conocimiento que sea neutral, el conocimiento es altamente político. La economía ha jugado la carta de la neutralidad por razones políticas, para mantener a la gente sometida y que piensen que es natural y espontáneo. En mi libro también explico cómo el capitalismo justifica la violencia fingiendo que en realidad es libertad. Hubo un cambio paradigmático en la teoría económica que pasó de señalar que el valor proviene de la mano de obra, del trabajo no remunerado, que señalaba como fundamentales a los trabajadores, a un paradigma en lo que se valora son los ahorradores, los inversores o el empresariado, que elimina el conflicto de clases y solo se centra en el individuo y el mercado.

¿No hay ideas capaces de combatir la austeridad?

La austeridad está aceptada como la única forma posible de gobernar nuestra economía. La economía neoclásica debe ser entendida como lo que es: una disciplina que permite que el sistema sea violento con las personas. Nosotros estamos trabajando en un nuevo centro de economía heterodoxa en Tulsa, Oklahoma, donde explicamos que la economía es una batallas de ideas y que ciertas ideas ganan porque son más favorables al capitalismo. Otras ideas siguen existiendo y podrían ayudar a una transformación social, además de explicar una realidad que determinados intereses trata de ocultar. Se trata de dar voz a diferentes marcos que son muy importantes ya que en la actualidad hay un genocidio del pueblo palestino, hay una catástrofe climática y una catástrofe social. Es necesario que haya una manera diferente de entender el mundo que no nos atrape en el status quo.

¿Qué ha pasado para que el pago de la deuda, los presupuestos equilibrados o la inflación sean conceptos bajo el paraguas de la austeridad que han calado tanto dentro de las sociedades que han domesticado el conflicto de clases? 

El sistema económico capitalista es tan fascinante de estudiar debido a su capacidad para crear todo un consenso alrededor de un mundo de convicciones y creencias. El papel de los investigadores debería ser estudiar exactamente cuáles son los procesos que llevan a la gente a tener estas creencias que van en contra de sus propios intereses. Siguiendo la tradición marxista hay que preguntarse cómo es que las personas no entienden que están subordinados a unas ideas que están destruyendo su vida. Este es el éxito de la narrativa de la austeridad y de la economía neoclásica. Y su éxito es hacer pensar la economía como un todo que funciona. Pero, ¿para quién funciona la austeridad? ¿El pago de la deuda por encima de todo a quién beneficia realmente? Es una ideología que hemos interiorizado, pero que no ofrece el bien para todos porque la austeridad solo funciona para algunos pocos.

Nos han enseñado que el pago de la deuda es vivir dentro de nuestras posibilidades, lo que es falso porque el pago de la deuda básicamente significa que estamos abonando a los acreedores ricos que pueden prestar el dinero. La idea de que debemos trabajar para pagar las deudas, que terminan en manos de la élite que nos explota, es una locura. Ahora bien, refleja el poder de una disciplina económica que nos convence de cosas que van en contra de nuestro propio interés. El capitalismo no funciona con la lógica de dar una verdad a todos los que les permita subir en el mismo barco, todo lo contrario, trata de ocultar a los culpables explicando que todos estamos en el mismo barco.

Me puede poner un ejemplo real.

En Estados Unidos hay una cadena de supermercados que se llama Dolar Tree. Todos sus productos son muy baratos, la gente que compra en estos establecimientos suelen ser muy pobres. Hablé con una de las cajeras que me dijo que tenía que dormir en la calle. Le pregunté cuánto le pagaban y me dijo que nueve dólares la hora, pero que solo le permiten trabajar hasta 20 horas a la semana para no tener que pagar prestaciones. Esta mujer no tiene un hogar, gana menos de 800 dólares al mes. ¿Cómo sabe ella que el sistema está ganando y que, en realidad, pagar la deuda significa que el poco dinero que el Estado tiene va a parar a manos de los acreedores? Esta es la narrativa que mantiene a todos inconscientes de una manera muy funcional para el propio sistema. El sistema se reproduce porque debilita a la gente a través de la austeridad y debilita nuestra forma de pensar a través de ideas falsas, que aparentemente son muy convincentes debido a la forma en que son retratadas por expertos o inversores.

Usted escribe que incluso economistas como John M. Keynes, tan utilizado en la actualidad para criticar al capitalismo, tuvo como principal preocupación preservar el orden del capital, lo que él llamó “la delgada y precaria corteza de la civilización”, ¿Por qué es tan difícil escapar de esa ansiedad existencial?

Keynes trata de justificar el sistema, encaja en la categoría de lo que podríamos llamar economía burguesa. Es una economía que oculta el conflicto de clases en favor del supuesto bien común que nuestro sistema puede satisfacer. Él no ve problemas en las relaciones de producción, da por sentado que el trabajo asalariado es la única manera de entender la producción y la única forma posible de organizar la sociedad. El keynesianismo nunca ha sido capaz de escapar de la trampa de la teoría neoclásica en sus implicaciones políticas más profundas: los economistas keynesianos tratan de arreglar el sistema mediante una redistribución del pastel de manera más equitativa. Pero hay que recordar a Michał Kalecki, que criticó a Keynes en su famoso artículo de 1942, diciendo que si técnicamente pudiéramos tener pleno empleo, no sería políticamente factible porque si los trabajadores tienen poder de negociación no consentirán ser subordinados. Así que el sistema nos da una falsa convicción de que podemos tenerlo todo: capitalistas obteniendo beneficios y trabajadores felices. Pero históricamente vemos que cuando los trabajadores consiguen recursos, se organizan políticamente para pedir cambios en el sistema.

Hoy lo que vemos es un keynesianismo militar. Vemos un incremento del gasto en defensa que han hecho compatible con la lógica de la austeridad. El Estado está gastando, pero en una dirección que, nuevamente, no empodera a nadie salvo a la industria armamentística. No se trata de redistribuir recursos, solo de fomentar las ganancias de unos pocos.

¿Dónde han quedado los planteamientos de la izquierda?¿Dónde cree que está ahora la izquierda?

El fracaso de la izquierda habla de la capacidad de la austeridad para moldear la sociedad en beneficio propio. Hay muy pocas personas valientes en la izquierda que sean realmente capaces de decir la verdad al poder. Nuestro sistema es políticamente inestable. Puede cambiar. Y lo importante es entender que las políticas económicas tienen un efecto en los mercados laborales. Y esto es lo que realmente más importa, incluso a pesar de esos tecnócratas que luego dicen que el único mundo posible es el capitalismo. Saben que no es verdad. Es importante tener en cuenta que existen alternativas. Si nos fijamos, por ejemplo, en Brasil, el MST, el movimiento de los trabajadores sin tierra, tienen millones de seguidores, han ganado acceso a la tierra y organizan la agricultura democráticamente, con éxito en la exportación de arroz biológico. Hay otros muchos ejemplos de trabajadores autogestionados. No deberíamos dar por sentado que no hay alternativas.

¿Cómo cree que han influido la falacia de la meritocracia o el cuento del sueño americano en la imposición del ideal de austeridad?

El mito del sueño americano o la meritocracia son una popularización de ideas profundamente arraigadas en los modelos económicos. No estoy diciendo que los modelos económicos sólo moldeen estas creencias comunes, pero definitivamente hay una interacción dialéctica para que se fortalezcan mutuamente. Hay artículos académicos que tratan de explicar que las ganancias son la recompensa por la productividad marginal del capital, lo que el capitalista merece por su contribución al sistema de producción. Hay otro análisis muy diferente que señala que este beneficio es el resultado de un trabajo no pagado y la extracción de excedente de los trabajadores. El análisis del beneficio como recompensa justa es coherente con la lógica de la meritocracia. Y tiene un impacto enorme en la gente, por supuesto, hasta el punto de que la gente vota por Donald Trump porque es el resultado del éxito de la austeridad. Nos hacen creer que los que están ahí arriba están porque se lo merecen, lo que es muy pernicioso.

Usted señala que economistas, tanto liberales como fascistas del siglo pasado, insisten en la teoría de que para garantizar la libertad económica los países debe renunciar a las libertades políticas o, al menos, restringirlas. ¿Por eso es tan peligrosa la austeridad para la democracia?

La austeridad expone algunas verdades profundas como que existe una incompatibilidad entre la lógica de la necesidad y la lógica del beneficio. Por ejemplo, en Gaza y en Palestina se está perpetrando un genocidio que para algunos es muy rentable, es decir, se está impulsando la economía mientras se masacra a la gente. Esta contradicción entre la lógica de la necesidad y la del beneficio solo puede superarse democratizando el espacio económico y las decisiones económicas. Y ahí es donde nos encontramos a los tecnócratas y a determinados expertos que pretenden estar por encima de cualquier debate. Por eso la rendición de cuentas democrática es fundamental. Si hubiera personas normales decidiendo la política monetaria o la fiscalidad no se verían subidas de tipos de interés o la desregulación del trabajo ni recortes en la sanidad pública. Ocurre en Estados Unidos y también en la Unión Europea, que tiene una estructura poco democrática y donde el BCE está organizado para no tener intervención política.

¿Qué se puede hacer para frenar este proceso antidemocrático?

No podemos confiar en que los expertos favorezcan los cambios desde arriba. La lección política es que las cosas suceden cuando hay presión desde abajo. En Italia tuvimos un referéndum sobre la privatización del agua, todo el establishment estaba a favor, pero perdieron. Hay discursos básicos, como que los bienes comunes necesitan ser protegidos, por los que la gente se moviliza. La manera de cambiar las cosas es desde abajo, no desde arriba,. Hay demasiada corrupción sistémica y demasiados conflictos de intereses. Todos los que están en la cima se benefician del sistema, incluidos profesores como yo.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? No hay día en el que no nos encontremos una sorpresa. Como es habitual, la izquierda se empeña en pegarse tiros en los pies. Lo que no había dudas de que era un caso de fraude fiscal por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha devenido en una guerra interna en el PSOE que ha acabado con la dimisión como presidente de los socialistas madrileños de Juan Lobato.

Parecía que el Gobierno empezaba la semana con vientos de cola a pesar de las acusaciones de Víctor de Aldama. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, había logrado un sonado éxito tras conseguir sacar adelante una reforma fiscal capaz de contentar a los socios del Ejecutivo a derecha e izquierda. Son medidas de calado: el mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades de las multinacionales, la subida del IRPF a las rentas del capital de los más ricos y el mantenimiento del tributo a las entidades financieras, entre otras. Además, el Gobierno se ha comprometido a establecer un nuevo impuesto especial a las compañías energéticas, dependiendo de sus inversiones en transición energética para convencer a PNV y Junts, que no podrá quedar descafeinado para espantar al bloque de la izquierda. 

Este fin de semana el PSOE celebra su Congreso Federal en Sevilla con el lema 'España adelanta por la izquierda'. Entre las propuestas de los socialistas están blindar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución o afianzar en la Carta Magna el carácter público de la vivienda protegida, entre otras. Si se consiguen sería un gran avance social para España.

Otra cosa es el tema de la financiación autonómica. Una de las iniciativas del Congreso es el compromiso de reformar el actual modelo garantizando mayores recursos para todas las Comunidades Autónomas, reforzando los servicios públicos y compatibilizando solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades. Difícil.

Entre otras cosas porque es irremediable recordar que la nueva financiación autonómica pende del concierto catalán. Sí, aunque la vicepresidenta Montero se empeñe en negar la mayor, el llamado acuerdo de financiación singular para Cataluña es un concierto económico desde el momento en el que se trata de un instrumento jurídico que regula las relaciones tributarias y financieras entre la Administración General del Estado de España y la comunidad autónoma de Cataluña. Es extraño que se empeñen en no querer admitir lo que es una evidencia.

Pero, además, este concierto económico no es progresista. Por un lado, establece el principio de ordinalidad por el cual una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia del reparto de fondos entre comunidades. Lo cual es el sueño neoliberal por excelencia: pagar impuestos siempre y cuando no descienda el nivel de riqueza, con lo cual no hay redistribución y se condena a las comunidades autónomas más pobres a seguir estando por debajo en términos de financiación de las ricas.

Como explica Carlos Arenas Posadas, doctor en Historia y profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Sevilla, “a menos que el Estado reduzca su gasto o que aumente sus ingresos y los distribuya entre las comunidades, el ”cupo“ catalán va a alterar los principios de solidaridad interterritorial”.

“Sí está claro que pone en riesgo la distribución y redistribución justa de la renta y la riqueza entre personas y regiones, que consagra el artículo 40 de la Constitución Española, es el modelo confederal que se propone ahora para Cataluña”, señala Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar.

Y es que este principio de ordinalidad choca con el supuesto carácter solidario del concierto económico catalán, por mucho que se empeñen en defender en algunos cenáculos del PSOE. Entre otras cosas porque este principio ya limita la cuantía de la supuesta solidaridad, pero es que además en el acuerdo se especifica: “Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad”.

Siempre se aduce que Alemania rige el principio de ordinalidad en la financiación de los lander (el equivalente a las comunidades autónomas) pero se olvidan de recordar que en ese país los lander tienen las mismas competencias. En el acuerdo de financiación se recalca que “Cataluña ejerce un conjunto de competencias singulares que no tienen otros territorios” y que “es necesario actualizar su financiación atendiendo a sus costes reales ya las nuevas necesidades y funciones que se han generado en su entorno”, es decir, si esa comunidad autónoma incrementa su techo competencial necesitará más ingresos y la supuesta solidaridad será menor.

No hay que olvidar que la referencia es el concierto vasco, caracterizado por su opacidad y chanchulleo político a la hora de calcular la aportación de esa comunidad autónoma al Estado. Por otro lado, un informe de Funcas detalla que la fragmentación territorial de la gestión tributaria podría complicar la labor recaudatoria y el control del fraude, como han avisado los inspectores de Hacienda.

Opacidad, menos redistribución, más ingresos para los más ricos, menos opciones para controlar el fraude... Así no es extraño que el PP haya defendido en el pasado una financiación singular para Cataluña. Es un concierto económico y no es progresista.

El gráfico

El mapa de los grandes tenedores de vivienda, municipio a municipio

% de viviendas en manos de propietarios con más de 10 viviendas en cada provincia y municipio. Haz click en cada provincia para ver los datos por municipio

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Fuente: Catastro, Datos obtenidos vías ley de transparencia

Si has seguido un poco las informaciones de elDiario.es te habrás dado cuenta de que contamos con uno de los mejores equipos de Datos de los periódicos en español. Raúl Sánchez, como jefe, con Victòria Oliveres y Yuly Jara hacen un trabajo de una profundidad informativa y profesionalidad de gran calidad. Esta semana hemos publicado varios reportajes sobre los grandes tenedores de vivienda en España. Ellos han conseguido una exclusiva: En España hay más de un millón de viviendas (1.046.188) en manos de grandes tenedores. Se trata de 27.000 propietarios que poseen más de una decena de inmuebles de uso residencial, aunque 10 propietarios controlan más de 200.000 inmuebles.

Además, han conseguido localizar a los grandes propietarios y la ubicación de esos inmuebles en el mapa de España además de que se puede consultar cuántas viviendas hay en manos de grandes tenedores en cada localidad. En este enlace tienes el mapa de los grandes tenedores de más de 10 viviendas, municipio a municipio.

Por otro lado, en este trabajo periodístico se constata que el parque de vivienda pública en España es insuficiente. Según los datos del Catastro, los inmuebles en manos de administraciones, entidades y agencias públicas representan tan solo en torno al 1% del total. 257.000 unidades. Aquí te mostramos cómo los datos del catastro confirman la falta de vivienda pública en España: son solo una de cada 100.

El dato

179 millones de euros

ha sido la multa que ha impuesto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a un grupo de aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas como cobrar por el equipaje de mano, un sobrecoste por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes, no permitir el pago en metálico en los aeropuertos o la imposición de una tasa desproporcionada por la impresión de la tarjeta de embarque. Las aerolíneas han anunciado que recurrirán la sanción ante la Audiencia Nacional para que decida sobre la legalidad de sus prácticas. Aquí tienes las claves de esta multa histórica a las aerolíneas por prácticas abusivas.

Ante la contundencia del Ministerio ante las prácticas dudosas de las compañías aéreas, decidimos entrevistar a Pablo Bustunduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Bustinduy asume que “la democracia” aún tiene que llegar a “las relaciones de consumo, atravesadas por profundísimas desigualdades de poder” y cree que el Estado tiene que tener “la capacidad de regular para impedir las lógicas de desinformación, de intoxicación y de bulos” que no son gratuitas sino “orquestadas”. Además, defiende que hay que intervenir el mercado de la vivienda, que “está actuando como una aspiradora de riqueza” y confía en tener lista en semanas la Estrategia Nacional de pobreza porque es el “principal problema que tiene este país”. Aquí tienes la entrevista al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que apunta: “Hay grandes empresas que se han acostumbrado a ser quienes dictan las reglas en el mercado”.

Entrepreneur

Es uno de los principales defensores del neoliberalismo más radical pero no deja escapar ni una subvención pública para sus empresas. Nuestro entrepreneur de la semana es el multimillonario profesor universitario y empresario Jesús Huerta de Soto, referente del anarcocapitalismo y gurú del presidente argentino, Javier Milei. Catedrático de una universidad pública, Rey Juan Carlos de Madrid, que utiliza como altavoz para sus teorías, Huerta de Soto preside la inmobiliaria Hispana, con un consejo de administración por el que han desfilado personas muy cercanas al dictador Francisco Franco. En este enlace te contamos cómo funciona la inmobiliaria del ultrarrico gurú español de Milei.

Cada vez que habla sube el pan

“Ahora vosotros sois los medios de comunicación. 𝕏 lo que sabes. 𝕏 lo que oyes. 𝕏 lo que ves”

Elon Musk — Propietario de la red social X

Y se puede seguir con muchas más declaraciones de uno de los hombres más ricos del planeta: “La maquinaria propagandística de los medios tradicionales ha impulsado bulos sin descanso” o “los medios tradicionales continuarán su declive”. Son palabras de Elon Musk en su carrera por atacar a los medios de comunicación que ponen en duda la carrera política de su protegido Donald Trump. La estrategia no se circunscribe solo a Estados Unidos. Se trata de una acción global. “Los medios noruegos mintieron al pueblo. Deberían registrarse en X para conocer la verdad”; “Esto está pasando debido a que demasiada gente en Alemania cree en los medios tradicionales. Deberían utilizar esta plataforma”; “Quieren que los medios tradicionales sigan engañando al pueblo de Australia, al igual que fueron engañados sobre Donald Trump”. Aquí te contamos cómo Musk centra sus esfuerzos en deslegitimar a los “medios tradicionales” mientras permite que los estafadores usurpen su identidad en X.

Bien público

La austeridad de las Administraciones Públicas siempre tiene más impacto sobre los más débiles. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un paquete de recortes de la protección de paro como respuesta a la crisis financiera. Se utilizó la tijera a pesar de que el paro seguía en ascenso hacia la cima de las seis millones de personas desempleadas. No importaban los ciudadanos las débiles. Estas decisiones políticas tuvieron consecuencias. Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona constata que la merma en la cuantía del paro supuso un significativo aumento de las bajas médicas, sobre todo las relacionadas con el estrés y la salud mental. En este reportaje de Laura Olías te explicamos cómo el recorte de Rajoy en la prestación de paro empeoró la salud de los desempleados con hasta el triple de bajas.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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¡Buenos días! 

¿Cómo va la semana? Espero que esté siendo provechosa y no te haya tocado algunas de las cancelaciones o los retrasos en los trenes. Ha sido un fin de semana caótico. Por un lado, un intento de suicidio provocó la cancelación de decenas de trenes en Atocha, lo que afectó a 14.000 viajeros. Por otro lado, un accidente en un túnel que atraviesa Madrid añadió más problemas al tráfico ferroviario.

No fue un accidente normal. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el descarrilamiento del tren fue provocado por uno de los trabajadores de Adif para “evitar cualquier riesgo” en la estación e impedir que “eventualmente” pudiera chocar con otro tren. Este túnel se ha convertido un ejemplo más de cómo los recortes y la pésima planificación hacen mella en los servicios públicos. 

El túnel se planteó como clave de la liberalización ferroviaria y para dar cabida a los nuevos operadores privados. Los primeros estudios para poner en marcha el túnel datan de 2001, con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento con José María Aznar. Pero no sería hasta la llegada de la ministra Ana Pastor (PP) cuando se dio fecha de finalización en 2016, aunque su inauguración se retrasó más de seis años hasta 2022.

La crisis financiera se cruzó con los planes liberalizadores y se impuso el condicionante de austeridad a partir de 2009. Desde entonces la inversión pública en infraestructuras de transporte se desploma hasta 2018. En el caso del ferrocarril, la inversión cae más estrepitosamente en el periodo 2013-2018, según un informe de la Airef. 

“Buena parte de las cuestiones que ustedes van a plantear tienen la respuesta en las inversiones realizadas entre los años 2012 y 2018, años posteriores a la crisis, en los que se redujo el desarrollo de sectores clave de nuestro país, entre ellos, infraestructuras y transporte”, argumentó el ministro Puente en la Cámara Alta. Tiene razón. La inversión materializada en la red ferroviaria superó los 3.990 millones de euros en 2023, mientras que en 2016 se quedó en los 1.694 millones. Este 2024, hasta agosto, se han superado los 3.000 millones.

El reto es recuperar el tiempo invertido. No va a ser fácil ni rápido, menos aún cuando los vientos de austeridad empiezan a soplar en la UE. Estamos hablando de infraestructuras que, en algunos casos, ya tienen más de 20 años a las que no se les ha aplicado las inversiones necesarias en nombre de los recortes, pese a que se ha incrementado su uso con nuevas compañías y ha crecido la población usuaria. Las empresas públicas, Adif y Renfe, tratan de recuperar la falta de gasto de años anteriores, que está en el origen del caos ferroviario, con proyectos de inversión que suman 30.000 millones, pero tardarán varios años en ejecutarse.

 Y sin impuestos no es posible que haya inversiones públicas...

Cada vez que habla sube el pan

Tengo serias dudas de que los niños de ocho años golpeados por la vida puedan tener dentro de unas décadas las oportunidades que otros tuvimos

Josu Jon Imaz — Consejero delegado de Repsol

El grito por el futuro de los niños por parte del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, no viene motivado por la desigualdad, ni por la pobreza, ni por la falta de oportunidades de los más desfavorecidos o por el excesivo precio de la vivienda. Por lo visto lo que puede afectar al futuro de nuestros hijos tampoco es el cambio climático, sino el impuesto especial que tiene que pagar su empresa. En un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo (¿alguna similitud con el lema electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid?), Imaz asegura que el impuesto especial a la banca y las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”. Pues bien, los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). No parece que haya afectado mucho este impuesto a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. 

Lo que realmente subyace detrás de los improperios y los ataques del consejero delegado de Repsol es la defensa de sus intereses empresariales, que como vemos, no es que estén siendo afectados en demasía, aunque han llegado a amenazar con llevarse inversiones fuera de España. Ahora que el Gobierno se plantea hacer permanentes estos impuestos especiales, los ataques se están recrudeciendo y la debilidad parlamentaria del Gobierno hace más complicada la solidez del posicionamiento político. De momento, un exministro y ahora gobernador del Banco de España pide que se cambie el impuesto a la banca para que “descuente las provisiones” y sea “neutral”, es decir, que se rebaje y lo paguen todas las entidades. Mientras, otros ya lo ven finiquitado. El presidente de Iberdrola no ve “claro” el futuro del impuesto a las energéticas.

El gráfico

Hay que darle valor a las políticas públicas que ayudan a rebajar algo la desigualdad económica que sufren los ciudadanos en España. La reforma laboral de 2021 supuso una transformación radical del mercado laboral. Uno de los lastres que se consiguió reducir por primera vez con eficacia fue el abuso de la temporalidad. Los contratos temporales no solo eran una fuente de inestabilidad laboral e incertidumbre para los trabajadores, también eran una fórmula que mantenía bajos los salarios. Con la caída de la temporalidad, los sueldos más bajos se han incrementado. Por otro lado, pese a los agoreros del neoliberalismo más rancio, los importantes aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) entre 2018 y 2022 han sido fundamentales en el incremento de sueldo de las personas con menos renta. Así, en esos cinco años, el 10% de las personas que menos cobran han visto sus sueldos incrementarse entre un 35% y un 25%. Siguen cobrando poco, pero la decisión de política económica ha hecho que tengan mayor capacidad para afrontar el envite de la inflación. Aquí te explicamos cómo se dispararon los sueldos de los trabajadores peor pagados tras el recorte de la temporalidad y las subidas del SMI.

En esto de incrementar la regulación solo hay que echarle un ojo a la inteligencia artificial (IA). Otras empresas también están amenazando con dejar a Europa sin los últimos avances de esta tecnología si se mantiene una regulación que no es acorde con sus intereses. Pero solo hay que escuchar a los expertos en IA para entender que esta tecnología, con su profundidad y sus posibles consecuencias, tiene que estar claramente regulada. En este sentido, David H. Autor, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), especializado en temas laborales, avisa de que “la inteligencia artificial puede dejar obsoleta la experiencia laboral humana”.

El dato

2,9%

es la previsión del crecimiento de la economía española en 2024 por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral ha subido cinco décimas sus expectativas para el PIB de nuestro país desde la anterior previsión. Este incremento va en línea con dos de los principales centros de análisis privados, BBVA Research y Funcas, que han elevado sus proyecciones de nuestro país hasta el 2,9% y el 3%, respectivamente, o la OCDE, que ya situó su estimación en el 2,8%.  Así se empiezan a quedar cortas las cifras del último cuadro macroeconómico del Gobierno, que apunta a un crecimiento del 2,7% este año. Con este PIB nuestro país liderará a las principales economías de la eurozona, donde destaca la debilidad de Alemania, y consigue un vuelco impensable hace una década: España paga menos que Francia por la deuda.  

Entrepreneur

Las diferentes competencias entre administraciones y el abandono por parte de los poderes públicos de los núcleos rurales provocan situaciones como la que está sufriendo el municipio de Àger, en Lleida. Este pueblo depende de una distribuidora catalana Eléctrica del Montsec, con un largo historial de quejas, expedientes sancionadores y multas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le pidió al Gobierno que la interviniera hace un año. El complejo embrollo competencial deja en manos de esta compañía a un grupo de clientes “cautivos”, como gota que colma el vaso, ha sufrido el cobro por duplicado de sus facturas. Aquí te explicamos lo que significa ser “cautivo” de un servicio eléctrico pésimo.

Bien Público

A veces la mejora de una legislación puede provocar efectos indeseados si no se hace adecuadamente. Es el caso de la Ley del Aborto. El Gobierno de coalición de la anterior legislatura amplió con una protección “especial” las bajas por aborto, la recta final del embarazo (semana 39 de gestación) y las reglas dolorosas. Las bajas laborales nunca tienen que dar información sobre la enfermedad del trabajador. Sin embargo, las que gozan de protección especial van con un código que permite su identificación, así que las empresas pueden saber si una baja es por un aborto o por una regla dolorosa. Esta violación de la privacidad  puede ser terrible para las mujeres. Es el caso de  Silvia (nombre ficticio), que explica a elDiario.es cómo siendo trabajadora de una empresa recibió el motivo de su baja por aborto. La gestoría envió un parte a sus empleadores, donde explicitaba que había tenido una interrupción del embarazo: “Todo era ya muy doloroso y esto lo empeoró, es una invasión de la intimidad muy grande: Me sentí la persona más vulnerable del mundo”. En estos reportajes de Laura Olías te explicamos cómo un agujero en la regulación permite a las empresas saber el motivo de la baja laboral en los abortos y el calvario de una trabajadora cuya empresa recibió el motivo de su baja por aborto.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto ha sido todo por este jueves. Nos vemos la próxima semana. Te recuerdo que nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas y seguirnos en la red X.

¡Buena semana!

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Emprendemos la recta final para el próximo domingo en Madrid, donde vamos a vivir una gran manifestación por la vivienda. No te descubrimos nada nuevo si recordamos las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista de elDiario.es: “En el Gobierno somos conscientes de que la vivienda ahora mismo es el principal problema de los ciudadanos”.    

Es un grave problema para los ciudadanos y se ha convertido en un factor fundamental de la política económica, aunque el papel de los partidos con responsabilidad de Gobierno y el reparto competencial (las Comunidades Autónomas tienen la competencia en Vivienda) está complicando aún más la situación. Entre otras cosas porque el Partido Popular (PP) asume la vivienda como un producto de mercado más y rechaza la intervención pública pese a la crisis de precios que provoca la incapacidad de los ciudadanos para acceder a alquileres sostenibles o la compra de un piso.  

De esta manera, la estrategia del PP ante la Ley de Vivienda de la mano de sus presidentes autonómicos y con la madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pasa por oponerse a la declaración de zonas tensionadas que le han solicitado los ayuntamientos de sus Comunidades, aunque sea una vía para lograr rebajar en algunos barrios el precio del alquiler. Eso sí, estos líderes autonómicos conservadores no hacen ascos al dinero que les pueda caer con los planes que ha diseñado el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, y cerraron en una reunión el reparto de 200 millones de euros por el Bono Alquiler Joven y la preparación del Plan Estatal de Vivienda. Con esta actitud, Isabel Rodríguez cambio de estrategia del palo por la de la zanahoria y anunció que el ministerio premiará a las regiones que declaren zonas tensionadas con fondos extra. 

El Gobierno de coalición ha dado tímidos pasos para solventar el problema de la vivienda, pero es que esta situación viene de lejos, sin que los anteriores ejecutivos hayan diseñado medidas reales para acabar con esta fuente de desigualdad. Un informe del gabinete económico de Comisiones Obreras señala que los distintos gobiernos de nuestro país han derrochado cerca de 160.000 millones en beneficios fiscales a los propietarios de viviendas en los últimos 40 años. Si se hubieran eliminado esas deducciones en el IRPF a la compra de pisos y casas se podrían haber construido 1,6 millones de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

De hecho, los pisos en alquiler han sido una fuente de ingresos en negro para muchas personas hasta que la Agencia Tributaria se puso seria. Hacienda ha aflorado 1.000 millones en alquileres de viviendas no declarados gracias a los cientos de miles de notificaciones que envía cada año, desde 2016, a los propietarios con ingresos por arrendar sus propiedades. Este trabajo de la Agencia Tributaria ha elevado la recaudación y ha mejorado la calidad de los datos tributarios registrados del mercado del alquiler después de haber levantado más de un millón de declaraciones “que incluyen rendimientos inmobiliarios”.

Actualmente, algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en España (2022). De su actividad, Hacienda recauda unos 2.000 millones cada año. La cuestión es que la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos relevante para las personas más ricas, ante la baja rentabilidad de los productos bancarios, la inversión en ladrillo para dedicarlo al alquiler se ha convertido en un foco para hacer negocios, especialmente para los más ricos, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Como dice nuestro director, Ignacio Escolar, aunque el artículo 47 de la Constitución recoge que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, la realidad es que es un derecho pisoteado. Es un problema que no para de crecer y que tiene un impacto claro en la banca. De aquellos abusos, estas provisiones. Entidades como Caixabank, Santander, Banca March, Abanca, Kutxabank o Ibercaja han reforzado en los últimos meses sus balances para poder responder a reclamaciones millonarias de sus clientes por hipotecas y cláusulas suelo. De hecho, en 2023 las hipotecas disparan las quejas al Banco de España contra las entidades financieras.  

La vivienda se ha convertido en una selva donde se va a la caza del máximo beneficio sin importar si se pasa sobre la vida de las personas. Los abusos constantes en el alquiler como el intento de cobrar un seguro de impago, las artimañas de los grandes propietarios para desahuciar a personas por el retraso mínimo del pago de una parte del alquiler pese a que “no ha perjudicado el interés del acreedor” o las maniobras judiciales de los fondos para quedarse con inmuebles son varios ejemplos de la jungla en que se ha convertido el mercado inmobiliario. De esta manera, no es extraño que la crisis de la vivienda impacte en la salud mental de los ciudadanos.

Sobran razones para la manifestación del 13 de octubre en Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho no un negocio'.

El Gráfico

Vuelven momentos que parecían olvidados en el terreno de la economía. La política de austeridad que fue el colofón de la crisis financiera de 2008 se vuelve a imponer en Bruselas. Estamos en pleno proceso para definir la consolidación fiscal que se nos viene encima: el Gobierno de España “tiene el compromiso de presentar el plan fiscal estructural de medio plazo el 15 de octubre”, según recordó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Ahora bien, cada vez hay más voces que ponen en duda la vuelta a políticas que solo trajeron miseria al continente europeo. Una investigación del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena señala que las nuevas reglas fiscales comunitarias “subestiman” el daño de los recortes al crecimiento de la economías. Los cálculos de los “ajustes” presupuestarios que deberá hacer España llegan a 3,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2025 y 2028, una estimación similar a las realizadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o por el Banco de España. En este enlace te contamos cómo las nuevas reglas fiscales de la UE hacen más daño que lo que se supone a la economía. 

Cada vez que habla sube el pan

Es como el trabajo y la pensión, para las que había una regulación muy abrupta: o eras trabajador o eras pensionista. Con el acuerdo alcanzado [de pensiones], hemos hecho que ese tránsito desde la voluntariedad pueda ser más flexible. Pues lo mismo en la incapacidad temporal

Elma Saiz — Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Ha sido uno de los temas económico de la semana. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, anunció la apertura de dos mesas de negociación relevantes: la primera, sobre la nueva cotización de los autónomos según sus ingresos reales y negociar las nuevas cuotas a partir de 2026 (aquí tienes el calendario de la Seguridad Social para cobrar [o devolver] las nuevas cuotas de los autónomos). La segunda mesa es para reformar la incapacidad temporal, entrando de lleno en la polémica porque la ministra apuntó la posibilidad de crear situaciones “más flexibles” que permitan estar de baja médica y a la vez trabajar. Se lio parda con las bajas “flexibles”.

El vocabulario de la ministra causó recelo entre los agentes sociales, ya que eso de la voluntariedad es muy relativa cuando hay una clara desigualdad de poder entre empresarios y trabajadores. A esto hay que añadir que realmente no se sabe si es voluntario o prevalece la autoridad del médico para acordar la bajas o el alta en los procesos de enfermedad. La Seguridad Social ha citado el 14 de octubre a los sindicatos y patronal para abordar las bajas laborales “flexibles”. Una reforma que empieza con polémica. Aquí te explicamos lo qué se sabe de la propuesta de la Seguridad Social sobres las bajas médicas “flexibles” que permitan trabajar.

En el entorno laboral, también te hemos explicado las claves de la huelga en el transporte y en los autobuses de viajeros que sobrevuela la Navidad y el Black Friday. Se trata de varias jornadas de paro convocadas por las sectoriales de CCOO y UGT en octubre, noviembre y diciembre para que se facilite la jubilación anticipada. Una movilización un tanto contradictoria cuando las centrales sindicales de CCOO y UGT a nivel estatal pactaron con el Ministerio de Seguridad Social la última reforma de pensiones hace solo unos meses, donde se incluyó un nuevo procedimiento para acceder a las jubilaciones anticipadas por penosidad, además de la modificación de la jubilación parcial y el contrato relevo. 

El Dato

450.000 euros de multa

le ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la firma de moda japonesa Uniqlo en España por mandar la nómina de 446 empleados, con sus salarios desglosados, nombres completos, DNI, números de afiliación a la seguridad social y cuentas bancarias, a una empleada que se puso en contacto con el departamento de recursos humanos de la compañía para solicitar su nómina ante el fin de su relación laboral con la empresa. Pese a la gravedad de la brecha de seguridad, Uniqlo no informó a los afectados de lo sucedido, que posteriormente atribuyó a “un error humano” cuando la AEPD le requirió información. La AEPD considera que lo sucedido demuestra que la empresa no tenía “las medidas apropiadas” para salvaguardar los datos más sensibles de sus trabajadores en España. Cuidado con los correos que se envían. Más información en este enlace sobre la alta multa a Uniqlo por enviar a una empleada las nóminas de toda la plantilla.

Entrepreneur  

Los millonarios royalties de las variedades de la mandarina mantiene en guerra judicial al Rey de Marruecos con la empresa Eurosemillas, un gigante alimentario español, participado por uno de los dueños de Santalucía, en el que sus gestores tienen una histórica relación con el Opus Dei. De momento, el Tribunal General de la UE (TGUE) confirmó la protección de Nadorcott, una variedad de mandarina propiedad del rey de Marruecos, y rechazó un recurso de Eurosemillas, que alegaba que no cumplía el requisito de novedad, frente a la clementina Tang Gold, de la empresa agroalimentaria andaluza. La empresa se está planteando recurrir la decisión con lo que esta batalla, que dura ya varios años, no ha terminado. Aquí tienes más detalles sobre la pugna entre el líder cordobés de las semillas y el rey de Marruecos.

Otra noticia relevante a nivel empresarial. Un juzgado de Madrid investiga por lo penal el suicidio de un empleado de la empresa pública Mercasa, que se quitó la vida en 2020 después de años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo. Por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas Agustín García-Cabo, actual director Económico Financiero de Mercasa. Se va a dirimir la existencia de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente por un suicidio, cuyo carácter laboral ya ha declarado en firme el Tribunal Supremo, y si la empresa pública implantó algún tipo de protocolo o prevención ante el acoso laboral. Aquí te contamos que un juzgado investiga a un alto directivo de Mercasa por el suicidio de un empleado que sufrió acoso laboral. 

Bien Público

No hay un infierno fiscal en España. Lo repetimos porque hay gente en nuestro país que no se entera: no hay un infierno fiscal en España. Lo puede proclamar todo lo que quiera el universo neoliberal patrio pero los datos demuestran lo contrario. Tras la corrección del cálculo del PIB (Producto Interior Bruto) por parte del INE, el peso de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales en España cayó del 38% en el que se había quedado en 2022 —antes de la revisión de la Contabilidad Nacional— al 36,8% en 2023, según los datos aportados por la Agencia tributaria. “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, llegó a decir el presidente Pedro Sánchez. No es tan fácil con la debilidad parlamentaria del Gobierno si tiene que negociar con el PNV y Junts, pero hay margen para subir impuestos. La contribución fiscal en España está entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de la eurozona. Hay que recordar que  la Comisión Europea amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber puesto en marcha las medidas necesarias para aplicar el nuevo tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se esta tramitando en el Congreso. Hay margen para subir impuestos. Aquí tienes más información sobre cómo ha caído la contribución fiscal en España.  

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En esta sección te ofrecemos una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Hasta aquí llegamos. Ya sabes que volveremos con más información económica el próximo jueves. Hasta entonces nos puedes escribir con propuestas, ideas o quejas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

La cuadratura del actual círculo presupuestario no requiere de teoremas indescifrables. Las tesis neoliberales de austeridad andan de capa caída. No solo porque la comparación entre la salida del colapso crediticio de 2008 con ajustes draconianos y el trampolín fiscal y monetario que sacó de la Gran Pandemia de la recesión no aguante un asalto, sino porque sigue sin ser tiempo de nuevos corsés contables.

Los cheques de los servicios sociales, debilitado por políticas restrictivas de gastos sin castigos por las elusiones tributarias de grandes patrimonios y empresas, han ido en aumento debido a la creciente necesidad asistencial creada por la desigualdad entre ricos y pobres. Por si fuera poco, se ha instaurado como criterio económico la necesidad de emprender una urgente reindustrialización que devuelva a los mercados nacionales fábricas manufactureras esenciales como las de chips o centros de suministro de materias primas críticas como antídotos contra la reducida productividad que atenaza la competitividad y paraliza las economías.

Todo ello exige, pues, más recursos. Eso sí, sin llegar a la barra libre presupuestaria de la Gran Pandemia ni los estímulos monetarios de sus bancos centrales. Es decir, sin volver a la consigna dada por el FMI de gastar a discreción, pero guardando las facturas, durante la crisis sanitaria, las autoridades económicas se devanan en idear fórmulas que eleven los recursos públicos sin abandonar el objetivo, a medio plazo, del equilibrio presupuestario.

Francia y Reino Unido han tocado la tecla de la doble revisión de gastos e ingresos. Este último componente, el del haber contable, casi un tabú de la doctrina neoliberal -y más si el incremento recaudatorio procede de la presión fiscal de las clases pudientes- es el que sus gabinetes, ambos de nuevo cuño, aunque de distinto signo ideológico, se están planteando activas.

Francia grava la riqueza para atender el déficit y su deuda

El gobierno de Michel Barnier prepara una política económica con alzas impositivas a empresas y fortunas que implica el epitafio a las rebajas fiscales que instauró Emmanuel Macron hace siete años, cuando accedió al Elíseo.

El ex comisario y último negociador europeo del Brexit ha asumido un enorme reto. Sobre todo, porque las urnas dieron al Frente Popular una inesperada victoria con la que podrían intentar presentar alguna moción de desconfianza. Sin embargo, este político conservador, que tendrá el apoyo de la extrema derecha de Marine Le Pen, Francia no necesita ahora píldoras de austeridad. Barnier ha abierto el melón de elevar la presión fiscal a grandes fortunas y corporaciones para alumbrar “un presupuesto masivo” con el que restaurar la confianza inversora.

En una entrevista en France 2 descartó que la carga tributaria recaiga ni sobre la clase media ni los trabajadores, enfatizó la urgente reducción de la deuda gala, en el 112,3% del PIB, y reclamó “esfuerzos colectivos” para recortar gastos, sin mencionar a los servicios sociales. “Es necesario reparar la coyuntura, lo que no excluye a ricos, ni a empresas que funcionan correctamente”. Todos “deben contribuir”, añadió.

Quizás sea un guiño al bloque progresista para impedir que tumben su Ejecutivo. Pero la losa de sus pagos soberanos, de 3 billones de euros, el agujero fiscal del 6% -9 décimas por encima de la previsión oficial- con riesgo de sanción por “déficit y deuda excesivos” por parte de la Comisión Europea, y una economía en parálisis obliga a modificar la senda actual, admite Barnier. Dicho de otra forma, enterrar las rebajas fiscales a fortunas y empresas que fueron el signo de identidad de Macron. De hecho le valieron el apodo de “presidente de los ricos” entre sus detractores. Además, las medidas favorece que no han dinamizado la actividad ni han convertido a la segunda economía del euro en el refugio de las fugas masivas de capital de la City londinense tras el Brexit.

Estamos hablando de que se redujo del 33% al 25% el tipo de Sociedades, se aminoró la presión a la industria, se hizo permanente la exención fiscal por empleo a las empresas, se introdujo un tipo único del 30% sobre las rentas de capital y se sustituyó el intento de gravar a los grandes patrimonios por un tributo sobre activos inmobiliarios de más de 1,3 millones de euros. Este mapa tributario ha generado un descosido en las arcas estatales y creado la “emergencia” que admite la voz de auxilio de Barnier: Francia “está grave” porque a la montaña de deuda se suman pagos por sus intereses que “rebasan los 50.000 millones anuales” y porque la mayoría de los vencimientos “procede de los mercados internacionales”.

El propio mercado certifica la credibilidad perdida de Francia. “La cuestión no es cuánto tiempo sobrevivirá el Gobierno Barnier, sino en qué momento caerá”, alerta Benjamin Melman, de la firma Edmond de Rothschild, para quien “todo lo que avance será gracias al respaldo inversor”.

El espectro de Liz Truss

El fantasma de Liz Truss, la fugaz primera ministra británica que cayó en octubre de 2022, tras apenas 44 días en el cargo, por las presiones bursátiles y sobre la libra de unos fondos de capital que se conjuraron en desmontar el presupuesto de Downing Street con mega-rebajas fiscales a ricos y empresas y aumento del Estado del bienestar, sobrevuela ahora por la cabeza de Barnier, que fue testigo de la guillotina que se llevó la cabeza de su entonces interlocutora del Brexit.

El Institute Montaigne afirma que las recetas liberales de recortes fiscales de Macron han traído mayor desigualdad y drenado al Tesoro con 15.000 millones de euros. En un momento en el que apremia ahorrar 110.000 millones de euros con los que atender el endeudamiento de los años venideros y consolidar el déficit por exigencia del Pacto de Estabilidad de la UE.

El consenso de economistas galos se decanta por elevar al 35% el tipo único sobre las rentas de capital, un tributo temporal a los beneficios extraordinarios de las corporaciones, abandonado en 2022 expresamente por El Elíseo a pesar de los millonarios ingresos caídos del cielo a la banca y las energéticas, a los que, sin embargo, impusieron gravámenes socios europeos como España, Finalmente, restaurar el tributo a los ricos que, aunque sea testimonial, “aportaría al menos 15.000 millones de euros”, explica el think tank galo Terra Nova.

En Reino Unido, el traspaso de poder al laborismo otorga a su Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves, un auténtico as en la manga con el que abordar un cambio estructural de modelo económico. No es el único porque también puede jugar la carta de despegue de una economía -su PIB creció siete décimas durante el primer trimestre y seis en el periodo primaveral-. La OCDE sitúa el dinamismo de la economía británica por encima de la de Alemania, Japón e Italia este año y en 2025.

Reeves ha enfatizado que el presupuesto “será realmente ambicioso”, expansivo, garantista con el capital que precisa la descarbonización de su tejido productivo y con un marcado cariz social.

“Es momento de que el Tesoro pase de auditar los costes de las inversiones a reconocer también los múltiples beneficios” de unas cuentas expansivas. Pese a los 22.000 millones de libras -unos 26.400 millones de euros- de agujero que dice haber heredado del largo decenio tory. En teoría, con 16.000 millones adicionales del cambio de tratamiento inversor que baraja su equipo y que tendrá efectos balsámicos sobre la deuda, y otros 31.000 como aportación a las subidas fiscales a los ricos y empresas -y otros compromisos incluidos en el manifiesto laborista- con los que se añadirá “estabilidad financiera y se incentivarán las inversiones”.

Kamala Harris escucha los cantos de sirenas del Viejo Continente

El cambio de paradigma en Reino Unido parece del gusto de Stephen Phipson, CEO del lobby manufacturero Make UK quien asegura que el futuro presupuesto “atiende la reindustrialización como una pieza vital de la estrategia del dinamismo económico, productivo y competitivo”. En su opinión, “el presupuesto inversor” de Reeves “pone el énfasis en la prosperidad británica”.

A buen seguro que a Kamala Harris también le suena a melodía la música que llega del otro lado del Atlántico. En Reino Unido, Francia y España, si finalmente sale adelante la senda fiscal, un presupuesto expansivo para 2025 y un modelo de financiación que refuerce los escudos sociales y atienda el problema del acceso a una vivienda digna.

Esencialmente, porque cuadra con su programa económico demócrata que dice instaurará en sus “primeros 100 días de gestión” en caso de victoria en las presidenciales de noviembre y que se enfocará a la reducción de los costes y a espolear las oportunidades de las clases medias y bajas del país, a las que prorrogará las rebajas impositivas de 2017 de su rival, Donald Trump, más allá de 2025, cuando expira su vigencia. A cambio, va a incrementar la fiscalidad sobre las fortunas y las grandes corporaciones, cuyos beneficios sufragarían los 1,7 billones de dólares en los que sus propuestas engordarían el déficit de EEUU en diez años.

La candidata demócrata apuesta por otorgar créditos blandos para educación infantil de familias de rentas bajas que recibirían 2.000 dólares como tope al año para abaratar recetas médicas. Su compromiso en fiscalidad pasa por no tocar la presión sobre los ingresos inferiores a 400.000 dólares anuales, elevar del 21% al 28% el tipo de Sociedades y el máximo del IRPF desde el 37% al 39,5% y por establecer un gravamen único del 25% a las fortunas superiores a 100 millones que incluiría las ganancias de capital. Todo ello -enfatiza- “mejoraría la recaudación hasta los 5 billones el próximo decenio”. Harris también creará un fondo de 40.000 millones para estimular la vivienda nueva.

El debate estos días en Europa, tras las elecciones al Parlamento Europeo, pero también en otros países como Francia, gira en torno a la desafección política hacia los supuestos europeístas, con el consiguiente aumento de los mensajes nacional-populistas. 

El escaso rigor intelectual de dichos mensajes, siempre lanzados por una clase política marginal cada vez menos instruida, no ha sido óbice para que parte del mensaje anti globalismo, por un lado, y racismo puro, por otro, haya calado entre una población europea cada vez menos europeísta en el sentido clásico. 

Las elites de Bruselas, las mismas que diseñaron todos los mecanismos de control de las finanzas, e impusieron criterios de convergencia tan absurdos como dañinos cuyos resultados se pueden palpar caminando por muchas regiones de la Europa del Sur y recientemente del Este, ahora se enfrentan a una rebelión social, aunque errando el tiro. En este punto, conviene recordar las enseñanzas de Mundell, el mayor experto en aéreas monetarias optimas, cuando decía que, “en lo posible las economías participantes debían presentar ciclos económicos sincronizados y niveles de inflación, déficit fiscal y endeudamiento similares”.  

El núcleo del problema del desencanto radica no tanto en el globalismo o en la inmigración como en el diseño del área monetaria, es decir, el euro, y los efectos que ha tenido sobre empleo, salarios, y bienestar social. No hay que olvidar que quienes diseñaron el euro no tuvieron en cuenta los costes de ajuste de unir a economías tan dispares como la alemana, la holandesa o la austriaca con la griega o la española, por no hablar ahora de los países del este. 

Los resultados de la implantación del euro arrojan luces y sombras tangibles, pero el gran problema es que quienes están canalizando el descontento de amplias capas de la población cada vez más pobre son los iluminados, como Vox o Alvise Pérez  en España, que en ningún caso entienden cómo se combate una unión monetaria mal diseñada. 

La llegada del euro es cierto que ha mejorado la renta de algunos sectores protegidos, como la agricultura, y ha favorecido el comercio internacional en economías antaño cerradas, o semi autárticas, junto a la mejora de infraestruturas en gran parte de la Europa más desfavorecida. 

Sin embargo, y ahí está la clave, todo esto se ha hecho provocando una transferencia de renta de los países del Sur, como España, Grecia o Portugal, hacia el Norte vía endeudamiento, que sigue lastrando a las economías más pobres, dado el canibalismo del Norte a la hora de las quitas de deuda, como se comprobó en la crisis financiera de 2008. 

Los ajustes obligatorios de gasto, algo absurdo en un contexto de mutualización de deuda, han generado la pérdida de millones de empleos en la industria y abocando a que la mayoría de economías del Sur sean un mero receptor de turistas del Norte, con la consiguiente depredación del tejido productivo y la fuga de talentos, como ya se viene observando desde hace tiempo.

El corsé financiero del déficit y la deuda está provocando una revolución silenciosa en los países más pobres. Los servicios públicos poco a poco se van desmantelando y se van haciendo con ellos las grandes multinacionales de la salud y la educación, justo cuando apenas llegábamos a tener un Estado del Bienestar más o menos homologable a las grandes potencias. Si a esto unimos  el grave problema de la vivienda, que España lidera, nos encontramos ante un coctel explosivo que, sin duda, nada tiene que ver con la inmigración o la Agenda 2030.

En esencia, estamos ante un dilema económico de primer nivel, que hasta ahora nadie es capaz de liderar. ¿Se pueden modificar las reglas impuestas por Mastricht? La respuesta es que sí, pero, para ello, la clase política actual debería transformarse en un ejército pensante al servicio del conocimiento y abominar de las teorías neoclásicas del crecimiento y del dinero.

En primer lugar, hay que desterrar el mensaje que la deuda pública es un mal en sí mismo y que es insostenible cuando sobrepasa un determinado límite, completamente arbitrario. Los ejemplos de Japón, Italia y la misma Francia, e incluso EEUU, son el paradigma de que este criterio es perfectamente prescindible. No hay que olvidar que el análisis de la deuda se encara desde una óptica de saldos contables: la deuda de un agente es el ahorro de otro y, por tanto, en un mundo con exceso de ahorro, los riesgos son realmente mínimos entre los países que conforman la UE. 

El déficit público es otra variable cuyo riesgo hay que minimizar y abandonar la idea del equilibrio permanente, máxime en economías tan dispares como las que conforman la UE. Como ya se ha dicho, si hubiera convergencia real entre los ciclos de los países miembros, estas medidas tendrían algo de sentido. En este mismo sentido, conviene liderar una corriente que pueda demostrar que el crecimiento salarial es el que lidera las mejoras en productividad, y no al revés, como han demostrado bastantes autores dentro del epígrafe de salarios de eficiencia (Storm y Naastepad, 2007). 

El gasto público suficiente, la cobertura de servicios públicos y el crecimiento salarial son los elementos que tienen que regir la estrategia de la UE en este nuevo mandato, junto con un verdadero Pacto Verde para hacer de la UE un espacio saludable y solidario. Para todo ello es necesario entender y aprobar planes ingentes de inversión pública, como el de vivienda ya planteado, y que el BCE deje de ser el garante de la ortodoxia neoclásica. La figura del dinero fiat, beneficioso para los tenedores de moneda propia, tanto desde una óptica fiscal como monetaria, debería ilustrar a los gobernadores y a la presidenta, para poner en marcha algo similar a lo que hizo el Reino Unido durante la pandemia: inundar de fondos al Tesoro para poder gastar sin límite, aunque los gestores en el Reino Unido no hayan sido los mejores. 

En suma, la posible rebelión social vendrá por el lado económico, ante la incapacidad de las estructuras de la UE de satisfacer las necesidades de amplias capas de la población, cada vez más empobrecidas por el falso rigor económico impuesto por las instituciones. El devenir de la industria, de la educación y la sanidad, junto al grave problema del envejecimiento de la población y la despoblación, no se pueden combatir con reglas fiscales absurdas y con recortes de gasto público. Urge, por tanto, redefinir el diseño del euro, introduciendo una nueva teoría económica compatible con el desarrollo en igualdad, desterrando a la elite neo libertaria a medias que anida en el BCE y ahora en el Parlamento Europeo.                        

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Al preguntarle a un alto directivo de uno de los principales bancos de España cómo veía la situación económica del país nos dijo que la economía marchaba muy bien y como único pero en 2025 colocaba la vuelta de las reglas fiscales europeas, que iban a suponer un freno en el gasto público y su consecuente impacto en el crecimiento. 

Ya es una decisión en firme en Bruselas, que es donde finalmente se toman las decisiones. Los ministros de Economía de la zona euro en una reunión del Eurogrupo establecieron las directrices para volver a encauzar las finanzas de los países de manera que volvamos a reducir el déficit y la deuda por debajo del 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Se acabaron los años de gasto expansivo por la pandemia o la guerra de Ucrania. 

Si en marzo los ministros abogaban por “una política fiscal global ligeramente contractiva en la zona del euro en 2025”, ahora eliminan el adverbio y se comprometen a que “la implementación del marco revisado de gobernanza lleve a una política fiscal contractiva en la zona euro durante todo el año 2025”. Ya está claro, los nubarrones de la austeridad están más cerca. Aquí te contamos cómo los ministros de Economía de la zona euro se comprometen a ajustarse el cinturón en 2025.

Las consecuencias para España ya son tangibles. Y no es porque la economía vaya mal ni mucho menos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que España liderará el crecimiento de las economías avanzadas en este 2024 y en el próximo ejercicio. El organismo internacional ha elevado medio punto la proyección de avance del PIB (Producto Interior Bruto) al 2,4% para este año, como ya había adelantado el Gobierno, y la deja en el 2,1% en 2025. Además, es importante que sea un cambio de modelo lo que está impulsando a la economía española: un crecimiento por encima del 2%, con déficit y paro en mínimos y sin 'burbujas'.

Sin embargo, el Gobierno se ha tomado muy en serio conseguir llegar a un déficit del 2,5% en el próximo año y se está ajustando el gasto. Tras años de manga ancha, el Ministerio de Hacienda ha propuesto para los Presupuestos Generales del Estado de 2025 un techo de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) de 199.171 millones, en línea con el techo de 2024. Se mantiene prácticamente igual que el año anterior para cumplir con las reglas fiscales de la UE en un escenario donde llegarán menos transferencias del Plan de Recuperación y más préstamos 'baratos'. Aquí te explicamos los números iniciales para diseñar los Presupuestos de 2025.

Con la debilidad parlamentaria del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, con unos posibles socios con los que se complican las negociaciones porque habrá menos dinero que repartir, con la búsqueda de un nuevo modelo de financiación autonómica en la que la propia ministra de Hacienda admite en público que son imposibles modelos “singulares” para determinadas comunidades autónomas, con tensiones continuas por ajustar el gasto... El horizonte político se enturbia.

Aunque sea complicado es necesario abordar una reforma fiscal para conseguir unos ingresos que permitan llevar a cabo políticas de izquierdas que mejoren los servicios públicos, faciliten la marcha de la economía como hasta ahora y vayan diluyendo la desigualdad que afecta a nuestro país.

El Gráfico

La restrictiva política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) no solo perjudica a las familias con préstamos hipotecarios. Una investigación del Banco de España revela que la austeridad monetaria ejecutada por el BCE desde 2022 ha golpeado a las pymes españolas más que a la media de las pequeñas empresas europeas. Las compañías españolas han seguido aumentado sus beneficios y márgenes, pero “las decisiones de inversión de las empresas dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de recursos financieros. [Por eso], las dificultades para obtener financiación externa pueden afectar negativamente a la inversión”, explica el estudio. Aquí te explicamos cómo el impacto de la austeridad monetaria del BCE perjudica más a las capacidad inversora de las pymes españolas que a las del resto de la UE.

El Dato

60% del salario medio

será el salario mínimo interprofesional (SMI) si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consigue sacar adelante una norma que así lo refleje. El salario mínimo subió en 2024 un 5%, tras un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, del que se descolgó la patronal. Las personas que menos cobran reciben 1.134 euros mensuales en 14 pagas. No ha habido un descalabro del mercado laboral ni el desastre pregonado en el empleo por las derechas. Para tener una idea, según el INE, en 2022 el salario medio anual fue de 26.948,87 euros por trabajador, es decir, 1924,9 euros al mes en 14 pagas. El 60% de esta cantidad son 1154,95 euros mensuales. El objetivo de esta iniciativa es que “quede incorporado a la norma y que no dependa de lo que decida un gobierno”. Aquí te damos más detalles sobre la iniciativa de Yolanda Díaz para que el salario mínimo sea por ley el 60% del sueldo medio.

Verde que te quiero verde

La crisis climática es una amenaza real cada vez más patente. Por eso, incorporamos una nueva sección en este boletín bajo el nombre de 'Verde que te quiero verde', un anhelo para que las empresas sean menos contaminantes y una llamada de atención para esas compañías que no dejan de contaminar. Estrenamos la sección con dos grandes tecnológicas que, aunque parezca mentira, cada vez contaminan más. El consumo eléctrico y la huella de carbono de los centros de datos que requiere una tecnología como la inteligencia artificial (IA) multiplica un 66% las emisiones de Google desde 2020 y un 30% las de Microsoft. Aquí te explicamos cómo la carrera por la dominación de la IA entre Google y Microsoft está teniendo un grave coste medioambiental para el planeta.

Entrepreneur

Los Ruiz Lafita son una de esas grandes fortunas familiares sin rostro del universo empresarial español. En la última clasificación que hizo el periódico El Mundo les atribuía un patrimonio de 255 millones de euros y les situaba en el puesto 254 de los más ricos del país. Huidizos con la prensa, en elDiario.es hemos recopilado algunos de sus últimos movimientos: Huyeron a tiempo de Eurofinsa, quebrado gigante de la ingeniería que fundaron y que ha entrado fuerte en la última lista de morosos de Hacienda. Compraron el 29% de fabricante navarro de máquinas automáticas Azkoyen, además de otras inversiones en el sector inmobiliario, el hotelero o de la automoción. Recientemente han logrado tumbar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de El Gasco, monumental presa fantasma en Madrid considerada una joya de la ingeniería española. Aquí tienes mucha más información sobre los negocios de la familia Ruiz Lafita. 

Cada vez que habla sube el pan

Se dijeron muchas cosas absurdas, del estilo de ‘miren a la primera ministra, va a privatizar hasta la lluvia que cae del cielo’

Margaret Thatcher — Ex primera ministra del Reino Unido 

Hubo un tiempo en que privatizar se convirtió en un dogma que muy pocos se atrevían a discutir. Una de las principales responsables fue Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante los años 80 y una de las líderes de la revolución neoconservadora que asoló el final del siglo XX. De aquellos polvos estos lodos, nunca mejor dicho, porque una de sus principales medidas fue la privatización de las empresas de agua británicas. Años después, esa privatización ha llevado al desastre a un servicio esencial que nunca tendría que haber dejado de ser público. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias de la privatización? Los directivos y propietarios de las compañías se enriquecieron a la misma velocidad que se depauperaba el servicio. Un desastre que más de 25 años después sigue teniendo consecuencias. Aquí te puedes enterar de las consecuencias de la privatización del sector del agua: ventas baratas, más deuda, capitales extranjeros y pésimo servicio.

Bien Público

¿Hay otras visiones diferentes a la economía tradicional neoliberal que se intenta imponer? Sí, y Carmen Castro, economista vinculada a la cátedra de Economía feminista de la Universidad de València, es una de sus máximas exponentes. Castro plantea una reorganización por completo de la organización de la economía para colocar en el centro la vida en lugar de la lógica de la maximización del beneficio privado, además de hacer un replanteamiento a fondo de las dinámicas de poder. El objetivo es alcanzar un nuevo contrato social con una nueva base de valores, derechos y deberes. Son necesarios una reforma fiscal con perspectiva feminista y la implicación pública para que la economía incluya los cuidados y deje de invisibilizar estos trabajos esenciales para la reproducción de la vida que suelen asumir gratis las mujeres. Aquí tienes esta interesante entrevista que le hace Pere Rusiñol a la economista feminista Carmen Castro. 

Nos gusta la competencia

Ahora os ofrecemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido este miércoles que se activen “las medidas preventivas” en todas las Comunidades Autónomas y en las entidades locales “ante el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional” en 2024, que es “el centro” de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) que se han reactivado este año, al margen de reducir el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos) y la deuda pública respecto al PIB (Producto Interior Bruto).

La Autoridad fiscal admite el buen momento de la economía española y ve asumible el objetivo de dejar el déficit en el 3% este año —con lo que se ha comprometido el Gobierno de coalición con la Comisión Europea y ha evitado el proceso de déficit excesivo—, pero advierte del riesgo de incumplimiento de “la regla de gasto nacional”, y recomienda también que Hacienda comparezca en el Congreso para explicarlo.

“En relación con todas y cada una de las 17 Comunidades Autónomas”, la AIReF observa crecimiento entre el 4% y el 11%, frente al límite del 2,6%, que es “el límite nacional y europeo”. Lo mismo ocurre con las entidades locales para las que este organismo hace una análisis.

“Cumplir con la recomendación exigiría adoptar medidas adicionales de reducción del déficit por valor de 10.700 millones de euros”, lo que dejaría el déficit en el 2,3%, siete décimas por debajo del objetivo del 3% del cuadro macroeconómico que el Gobierno actualizó este mismo martes, sobre el que se basarán los Presupuestos Generales de 2025 y el plan fiscal-estructural de medio plazo el Ejecutivo debe enviar a Bruselas en otoño.

En este contexto, la AIReF considera que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero debería activar las medidas preventivas del artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este artículo prevé que, “la Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.

“Si no se adoptasen las medidas o el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25”, continúa el artículo. Sobre todo, se trataría de intervenciones en los Presupuestos regionales o locales.

“La Administración central también tiene riesgo de incumplir la regla de gasto, pero nadie puede llamarla a capítulo, y por eso recomendamos que Hacienda comparezca ante el Congreso. La Ley no prevé la activación de medidas preventivas cuando la Administración Pública en riesgo es la Administración central”, ha incidido Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad fiscal, aunque ha lamentado que “nunca se han activado dichas medidas preventivas”.

La propia Autoridad fiscal detalla en un post divulgativo que “están sometidas a la regla de gasto todas y cada una de las Administraciones Públicas a excepción de la Seguridad Social. Por tanto, la Administración central, cada Comunidad Autónoma y cada corporación local son responsables de cumplir esta regla fiscal. Al excluir el subsector de Fondos de la Seguridad Social, hay una parte importante del gasto público, como es el gasto en pensiones y el gasto en prestaciones de desempleo, que no se somete a la regla de gasto”.

Las grandes dificultades que detecta la AIReF si se incumple la regla de gasto es que pone en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE a partir de 2025 e implican un deterioro del punto de partida del plan fiscal-estructural.

“Política fiscal neutral”

Con el escenario actual, “el tono de la política fiscal nacional será básicamente neutral en 2024. Por otro lado, el componente asociado al Plan de Recuperación aportará un impulso que resulta, en agregado, en un tono expansivo del conjunto de la política fiscal”, comenta el informe sobre el cumplimiento esperados de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para 2024, un ejercicio para el que han estado prorrogados los Presupuestos de 2023.

Si se cumpliera con la regla de gasto del 2,6%, la política fiscal “pasaría a ser restrictiva”, una de las consecuencias de las nuevas reglas fiscales de la UE que es una de las grandes amenazas para el crecimiento de la actividad económica y, por tanto, para la creación de puestos de trabajo. El escenario de la Autoridad fiscal choca con el positivo cuadro macroeconómico presentado este martes por el Ministerio de Economía (está analizado en esta información).

El Euríbor sigue aliviando a los hipotecados al caer al 3,68% en mayo, desde el 3,703% de abril. El índice de referencia para los préstamos se queda así por debajo de su nivel de hace justo un año, ya que en mayo de 2023 promedió el 3,862%. Es decir, los hipotecados a tipo de interés variable (a 12 meses) que actualicen sus cuotas en junio lo harán con un Euríbor más 'barato'.

También disfrutarán de una rebaja de sus préstamos las familias que revisan sus hipotecas cada 6 meses. En noviembre, el Euríbor se fue de media al 4,022%. La bajada del índice de las hipotecas también facilita el acceso a financiación a las familias que la necesiten actualmente, y, por supuesto, a las empresas.

Sirvan un par de ejemplos para entender mejor el alivio. “Si calculamos cómo quedarán las cuotas de aquellos hipotecados que tengan revisión anual y tomamos como referencia una hipoteca media de 150.000 euros a devolver en 25 años, con un interés de Euríbor más un diferencial del 1%, podemos decir que este dato supondrá una rebaja moderada (cerca de 190 euros al año). Al contrario de lo que ocurre para aquellos que tengan revisión semestral, quienes verán una baja importante en la cuota de su hipoteca (casi 30 euros menos al mes)”, explica el equipo de expertos del comparador 'online' HelpMyCash.

La caída del Euríbor está anticipando el primer recorte de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) en este ciclo de austeridad que la institución comenzó en julio de 2022 para luchar contra la inflación. En este ciclo (que han ejecutado todos los bancos centrales de las economías occidentales) ha aumentado los tipos de interés del 0% al 4,5% en la eurozona, un máximo que no se alcanzaba desde 2008.

Esta estrategia clásica (u ortodoxa) de la política monetaria intenta combatir las subidas de precios asfixiando la demanda de familias y empresas —o lo que es lo mismo: ahogando la actividad económica en general mediante el encarecimiento del las hipotecas y de las préstamos y la financiación—, sin tener en cuenta que el origen de la crisis de inflación estuvo en la oferta de energía y de otras materias primas. Y, efectivamente, sus consecuencias pueden ser muy agresivas, sobre todo para los más vulnerables, mientras los bancos ganan más y más.

Actualmente, las previsiones de los economistas del propio BCE apuntan a que la inflación bajará al 2,3% de media en 2024 [cerca del objetivo teórico del 2%], las subidas de precios se desaceleraron ya al 2,4% en tasa interanual en abril en la eurozona, el riesgo de recesión es muy alto en Alemania o en Francia, la demanda de crédito desciende más de los esperado...

El 6 de junio, la institución monetaria actualizará sus estimaciones, y decidirá un recorte de 0,25 puntos del 'precio' oficial del dinero, del 4,5% al 4,25%, según han ido adelantando los miembros de su Consejo de Gobierno. Lo que no está claro es si seguirá aliviando a los bolsillos de las familias en las reuniones de julio y septiembre.

No lo favorece el dato de inflación de mayo en el conjunto de la eurozona, que se conoció este mismo viernes y que señaló que los precios subieron un 2,6% respecto al mismo mes de 2023. Esta inflación interanual es ligeramente superior a la de abril. Este escenario podría condenar al Euríbor al estancamiento. De hecho, su cotización diaria (que se puede observar en el gráfico de esta información) ha repuntado ligeramente en el final de mayo.

El índice de las hipotecas es el resultado de una media ponderada de los tipos de interés a los que 19 grandes bancos de la eurozona se prestan el dinero entre ellos. Se calcula cada día, aunque el que se utiliza en las cuotas de los préstamos es el promedio de cada mes.

La economía de España sigue sorprendiendo positivamente y las previsiones apuntan a que crecerá cerca de un 2% tanto en 2024 como en 2025. Este ritmo será suficiente para liderar a los principales socios europeos. Un papel que nuestro país viene asumiendo desde 2021, desmintiendo una y otra vez los mensajes catastrofistas del Partido Popular (PP), de la extrema derecha y de algunos economistas y centros de análisis en contra del Gobierno de coalición.

El arranque de 2024 ha avalado las expectativas. El PIB (Producto Interior Bruto) avanzó un 0,7% entre enero y marzo, respecto al último trimestre de 2023. Y la OCDE ha confirmado esta misma semana que, en 2023, España fue el segundo Estado de la Organización en donde más aumentó la renta real de los hogares —una vez restado el mordisco de la inflación—, superando el nivel previo a la gran crisis financiera de 2008.

De nuevo, un “crecimiento diferencial” frente a nuestros principales socios (Alemania, Francia o Italia), según lo describió el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la semana pasada. “El dinamismo de la actividad ha mostrado una notable resiliencia en los últimos trimestres —en comparación tanto con las previsiones disponibles a principios de 2023 como con el resto de la eurozona—”, coincidió el Banco de España en su informe anual, publicado también hace unos días.

El buen dato de crecimiento, acompañado del récord de más de 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en abril, no ha impedido que algunos expertos hayan aprovechado para empezar a preguntarse sobre los distintos 'techos' de la economía española. “¿Se empiezan a ver las costuras?”, cuestiona Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, en un análisis reciente. “El ciclo expansivo de la economía y su caducidad”, titula, por su parte, Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.

Las dudas sobre la marcha de la actividad apuntan a “la saturación” del turismo, al grave problema del acceso a la vivienda, a la falta de inversión en general, al regreso de las reglas fiscales de la UE o a la polarización política. Además, sobrevuelan las advertencias conocidas sobre la baja productividad o la elevada tasa de paro estructural, que pese a la histórica creación de puestos de trabajo no se espera que baje del 10% en los próximos años.

Sin duda, existen tales “costuras”, y la “caducidad” de los ciclos de crecimiento es una amenaza constante en nuestro sistema económico, sobre todo por los riesgos geopolíticos que existen fueras de nuestras fronteras, como el genocidio en Gaza o la invasión rusa de Ucrania.

Aunque en los últimos años han sobresalido más las fortalezas y las transformaciones: desde la transición energética (es decir, la generación de energía limpia y más barata), pasando por la insólita importancia de las exportaciones de servicios no turísticos (de consultoría o relacionados con la tecnología), hasta la menor precariedad en el mercado laboral.

Fortalezas a las que deberían sumarse nuevos motores: como la moderación de la inflación y la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que aliviarán los bolsillos de las familias y favorecerán también a las empresas; o como el despliegue del Plan de Recuperación.

La saturación del turismo

Entre las “costuras” de la economía española que señala Miguel Cardoso, de BBVA Research, está el 'boom' del turismo desde el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia. “La contribución del turismo extranjero [al crecimiento] es enorme y sus externalidades negativas comienzan a percibirse como relevantes por la sociedad”, dice este experto. “Los elevados ritmos de avance de los servicios vinculados al turismo explicaron en torno a la mitad del crecimiento de 2023 [el PIB avanzó un 2,5% el año pasado]”, detalló Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, este martes, ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

“El principal motor del crecimiento puede estar llegando al tope de su capacidad”, incide. “El incremento de un 19% trimestral en el consumo de no residentes durante el primer trimestre de 2024 lo situaría un 42% por encima de los niveles del cuarto trimestre de 2019”, explica Miguel Cardoso. “Si bien es cierto que la inversión ha logrado aumentar el número de plazas turísticas disponibles, principalmente en segmentos de calidad (4 y 5 estrellas), y que se está creciendo al desestacionalizar la ocupación, el sector enfrentará cuellos de botella hacia delante”, avisa este economista.

“Por ejemplo, se está produciendo un incremento en los costes de transporte; persiste la falta de mano de obra cualificada; hay un encarecimiento de los costes salariales; y se mantienen obstáculos burocráticos que impiden aumentar la inversión. Quizá más importante aún, comienza a haber una saturación en los destinos que reduce su atractivo e impone cada vez más costes sobre la población doméstica. Todo esto hace que sea más probable que el crecimiento futuro de la demanda se traslade a un mayor aumento en los precios y pérdida de competitividad. Eventualmente, si no continúa la mejora en el servicio, esto supondrá una ralentización”, diagnóstica el experto de BBVA.

En su informe anual, el Banco de España argumenta que, desde 2021 y hasta ahora, “cabe destacar el posible impacto positivo sobre las llegadas de turistas de los conflictos geopolíticos de Oriente Medio y, sobre todo, la mayor diversificación en términos de los destinos entre las diferentes regiones españolas y la mayor afluencia de turistas extranjeros en la temporada de otoño e invierno”. Los dos gráficos que escoltan este párrafo muestran sendas tendencias.

“España está superando a Alemania, Italia y Francia, y su respectivo índice PMI de servicios [índice adelantado sobre la actividad de S&P Global, que se construye en base a encuestas a empresas y cuya última lectura es de abril] se mantiene varios puntos por delante de sus economías homólogas. A pesar de las turbulencias políticas, España parece estar capitalizando desproporcionadamente el turismo”, expone Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

El problema de la vivienda

Otro mercado en el que están saltando las señales de alarma es el de la vivienda. “Quizá represente el mayor obstáculo para el crecimiento hacia delante. Ahora mismo, se calcula que los hogares tendrían que dedicar alrededor o más de un 40% de su renta salarial al pago de la hipoteca en aquellas comunidades autónomas o centros urbanos donde los precios son más elevados”, recuerda Miguel Cardoso.

“En otros mercados, esto llevaría a los productores a incrementar la oferta. Sin embargo, la inversión en vivienda permanece virtualmente estancada desde hace más de 3 años en un nivel un 8% inferior a lo observado antes de la pandemia. Los visados de obra nueva, que adelantan la evolución futura de esta variable, anticipan que esto seguirá igual en los próximos dos años. El resultado será que toda la presión de la demanda continuará trasladándose a los precios, con la pérdida de bienestar que esto puede traer para los residentes en España y la pérdida de atractivo como país receptor de inmigración”, opina este analista de BBVA Research.

Además, en el informe anual del Banco de España, se insistió en que nuestro país es “la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen en el mercado del alquiler se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social”.

Tras el agresivo ciclo de austeridad monetaria desde julio de 2022, el inicio de las bajadas de los tipos de interés oficiales que el BCE iniciará en junio debería dar un respiro en el mercado de la vivienda. Al menos, lo hará a través del abaratamiento del Euríbor, el índice de referencia para el cálculo de las cuotas de las hipotecas. Por otra parte, todavía se desconocen los resultados de la aplicación de la nueva Ley de Vivienda y del resto de medidas del Gobierno de coalición, aunque inicialmente parecen insuficientes.

Sin duda, el asfixiante acceso a la vivienda es una amenaza para la resistencia del consumo de las familias, sobre todo de las más vulnerables, incluso pese a la moderación de la inflación, que acabará el año en tasas interanuales cercanas al 2% según las estimaciones.

Un año con Presupuestos prorrogados

Otra “costura” del crecimiento económico de España es la prórroga de los Presupuestos Generales de 2023, tras la renuncia del Gobierno de coalición a buscar un acuerdo con otros socios para sacar adelante una cuentas para este 2024, después de la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya. En el primer trimestre de este ejercicio, ya se habrían visto las consecuencias con una caída del “consumo público”.

La renuncia a los Presupuestos de 2024 enfrentó al PSOE y a Sumar dentro del Ejecutivo, y ha dificultado la aprobación de algunos acuerdos de la propia coalición. Según fuentes conocedoras, la patada hacia delante “busca dejar el déficit de este año por debajo del 3% del PIB y salir del procedimiento de déficit excesivo antes de tiempo”. Es decir, para cumplir con el regresos de las reglas fiscales de la UE, tras su suspensión por la pandemia.

Desde Sumar vienen insistiendo en que “esto no lo compartimos, porque para nosotros la prioridad es el pleno empleo y el mejor colchón fiscal para la siguiente crisis es llegar con el mercado de trabajo más ancho posible”. El Banco de España calcula que este corsé fiscal, con renovadas recetas de austeridad [eso sí, algo más flexibles que en el pasado], conllevará un ajuste anual (de la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado) que equivale a entre 5.000 y 10.000 millones de euros.

“Es posible que el consumo público haya tocado techo, como lo muestra la caída observada en el primer trimestre”, dice Miguel Cardoso, que alude precisamente a “un entorno donde no hay aprobados unos presupuestos generales del Estado para 2024 y existe un compromiso de consolidación fiscal para 2025”.

La inversión

El último freno para la economía española es la lenta recuperación de la inversión desde 2020, sobre todo en la construcción de vivienda. Sin embargo, se podría ver también como una fuente de crecimiento potencial ante el despliegue de la segunda fase del Plan de Recuperación, el abaratamiento de los costes de financiación y la insólita importancia que han cobrado sectores relacionados con la propiedad intelectual o la digitalización.

“El punto de inflexión debería producirse el año que viene, cuando se anticipa una demanda menos boyante como consecuencia de la normalización de las pautas de consumo, tanto público como privado. La clave pasa por el fortalecimiento de las actuales ventajas de competitividad, siendo la inversión una condición necesaria para conseguirlo, particularmente en un contexto de cambio tecnológico acelerado. A este respecto, el repunte de la inversión es todavía demasiado incipiente para vislumbrar un ensanchamiento de la capacidad productiva. Y para desatascar la productividad, clave de bóveda para generar un ciclo inédito, pero alcanzable, de convergencia sostenible con Europa”, reflexiona Raymond Torres, de Funcas.

“La acusada debilidad de la inversión y el pobre desempeño de la productividad [...] incidirán negativamente sobre el ritmo de avance futuro de la actividad”, comentó Pablo Hernández de Cos este martes en el Congreso. Aunque, por otro lado, resaltó que “las proyecciones están particularmente condicionadas por el ritmo de ejecución del programa Next Generation EU [el Plan de Recuperación], cuyo impulso se espera que gane tracción en 2024 y 2025”.

“España ha sido pionera en el despliegue del Plan de Recuperación en la Unión Europea y es uno de los países más avanzado en la ejecución de inversiones y reformas”, presume, por su parte, el Gobierno de coalición en la actualización de su cuadro macroeconómico, que envió a la Comisión Europea a las últimas horas del 30 de abril, apurando el plazo.

El Consejo Económico y Social (CES) lamenta que las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) siguen “dificultando políticas anticíclicas”. O lo que es lo mismo, siguen dificultando políticas que alivien las consecuencias de las crisis, como las tomadas por el Gobierno de coalición (de protección de las rentas de las familias y las empresas a costa de disparar el déficit presupuestario y el endeudamiento) desde que el anterior corsé fiscal fue suspendido como respuesta al histórico shock de la pandemia. Unas medidas muy distintas a la austeridad que siguió a la gran crisis financiera.

El órgano consultivo del Gobierno en materia de socioeconómica y laboral advierte en un informe publicado este miércoles de que las reglas fiscales acordadas a finales de 2023 por los socios europeos (aquí se explican las claves) y aprobadas por el Parlamento Europeo en febrero continúan siendo procíclicas.

Es decir, agravarán las consecuencias de las recesiones, como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pese a que el nuevo marco “supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados al tener en cuenta las características de cada país y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento al dar más margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas”.

“Sin embargo, no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión”, continúa el informe del CES, que preside Antón Costas.

“El momento para realizar esta reflexión es propicio, puesto que del 6 al 9 de junio de 2024 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo de las que surgirá una nueva Comisión con un nuevo programa de trabajo que planteará y reforzará iniciativas cruciales para la propia integración europea”, incide el CES.

“El acuerdo era necesario”

“El acuerdo de la UE alcanzado bajo Presidencia española era necesario, tras cuatro años con las reglas suspendidas, para trasladar a los mercados un mensaje de unidad, estabilidad y solvencia en un contexto geopolítico dominado por la incertidumbre”, añade el informe del Consejo Económico y Social.

Ahora, el organismo resalta que es importante lograr un equilibrio entre la necesaria estabilidad macrofinanciera de la eurozona y la de acometer las inversiones que requiere la economía europea para afrontar el desafío climático y la transformación tecnológica, para reforzar su competitividad y la creación de empleo, así como para aumentar los niveles de cohesión social y territorial.

“Sigue siendo un sistema de reglas complejo”

“Algunas de las variables que utiliza [el nuevo marco] no son directamente observables o incluye conceptos indeterminados. Por ello el CES considera necesario que se adopten metodologías comunes, transparentes y consensuadas, que las estimaciones sean independientes, solventes, compartidas y plenamente replicables, y que se refuerce la transparencia de las estadísticas económicas y la contabilidad pública”, insiste.

“Aunque hay mejoras, el nuevo marco continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros”. El nuevo sistema introduce más flexibilidad para acometer los procesos de consolidación fiscal y mantiene la exclusión del gasto cíclico en desempleo de la regla de gasto; en general, permite que los “ajustes” sean menos severos y más extendidos en el tiempo, dejando mayor margen fiscal a los Estados que el sistema anterior.

Además, introduce las “cláusulas de escape nacional” permitiendo a un Estado miembro desviarse temporalmente de su senda de ajuste. “Sin embargo, las salvaguardas imponen reducciones mínimas anuales de déficit y deuda que reducen esa flexibilidad individual y el principal objetivo sigue siendo propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60% del PIB, lo que resulta poco realista”, apunta el informe.

El CES considera que la creación de una capacidad presupuestaria a escala de la eurozona permitiría suavizar tanto los shocks macroeconómicos asimétricos como las perturbaciones graves que afecten al conjunto. La inexistencia de este tipo de mecanismo presupuestario de estabilización sigue siendo una de las principales debilidades de la gobernanza económica de la Unión Europea.

De hecho, el propio Antón Costas ha reconocido, en la presentación del informe a la prensa, que el despliegue de los programas SURE o del Next Generation EU (el Plan de Recuperación) desde 2020, financiados con deuda conjunta de la UE, fueron un punto de inflexión que debería servir de faro para los próximos años.

“Incentivos a la inversión insuficientes”

“Y, por último, [en las nuevas reglas fiscales] se introducen incentivos a la inversión, pero insuficientes dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha”, prosigue. El nuevo marco de gobernanza incorpora algunos elementos que tratan de proteger a la inversión pública en los periodos de “consolidación fiscal [de recorte del gasto público, en jerga económica]”. Se admiten sendas de ajuste fiscal más extendidas en el tiempo a condición de acometer reformas e inversiones siempre que tengan efectos positivos sobre el crecimiento potencial y la sostenibilidad fiscal.

“Y la mayor flexibilidad supone un acicate para desarrollar evaluaciones sistemáticas y con metodologías compartidas de las políticas públicas, un terreno en el que existe un amplio margen de mejora a todos los niveles. Pero no queda claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones para aprobar los programas de consolidación fiscal y, en su caso, su extensión temporal; en particular, las inversiones y reformas dirigidas a aumentar el capital intangible europeo”, comenta el CES.

“Nuevamente, es necesario que la Comisión apruebe una metodología consensuada y transparente de evaluación de inversiones y reformas estratégicas, incluida la inversión social, que ponga el foco en el impacto de las medidas sobre el crecimiento potencial, la resiliencia socioeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo”, recalca.

“En todo caso, el problema fundamental del nuevo marco de supervisión fiscal es que deja a los Estados más endeudados un margen fiscal muy estrecho para financiar la inversión transformadora. Por lo que el CES considera aconsejable que, además, se creen mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados, si se quiere evitar que en el seno de la UE aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital”, mantiene.

Deuda conjunta y unión bancaria

“Avanzar en una mayor integración presupuestaria exigiría un incremento sustancial de los ingresos que maneja la UE, lo que pasa por reforzar su sistema de recursos propios y también por considerar la emisión de deuda pública conjunta”, introduce el informe del CES.

“En definitiva, la movilización de financiación mutualizada para escalar la inversión en bienes públicos europeos con el fin de reforzar la competitividad de la UE y preservar el modelo social europeo, aunque es una necesidad, no parece tener visos de solución con los mimbres actuales. Se trata sin duda del gran reto al que tendrá que hacer frente el nuevo ejecutivo comunitario que salga de las urnas tras las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2024”, observa.

Otros retos comunitarios a los que apunta el organismo son “el necesario equilibrio del nuevo marco con la política monetaria” y completar la Unión Bancaria, “lo que permitiría evitar situaciones de inestabilidad financiera, al tiempo que contribuir a la resiliencia y la sostenibilidad económicas de la UE”.

Por último, dado el limitado espacio fiscal existente en la Unión Europea, “es necesario profundizar en la integración financiera avanzando en la Unión del Mercado de Capitales, para lograr unos mercados financieros y de capitales más diversificados, profundos y competitivos que permitan movilizar el capital privado y contar con los recursos financieros necesarios para impulsar la innovación y respaldar las inversiones en el marco del Next Generation EU abordando las transiciones verde y digital”.

La UE está sometida ya a la disciplina fiscal. La publicación en el Diario Oficial de la UE de las nuevas reglas fiscales oficializan la vuelta al corsé que obliga a los 27 a mantener unas cuentas saneadas con máximos de deuda y déficit del 60% y el 3% sobre el PIB, respectivamente. Los gobiernos vuelven a apretarse el cinturón tras cuatro años en los que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha estado suspendido para hacer frente a las crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania. El primer hito en esa nueva etapa de constricción económica será el 19 de junio, cuando la Comisión Europea desvele a qué países les abre procedimientos de déficit excesivo –el primer paso para exponerse a sanciones– por estar lejos del objetivo del 3%. España aspira a quedar fuera por su compromiso de alcanzar esa cifra este mismo año.

Un total de once países están en la cuerda floja. La Comisión Europea tendrá en cuenta para su decisión los datos sobre déficit y deuda publicados la semana pasada por la oficina estadística Eurostat. El ranking lo encabeza Italia con un 7,4%, seguida de Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1 %), Malta y Eslovaquia (ambas con el 4,9%), Bélgica (4,4%), República Checa (3,7%), España (3,6%) y Estonia (3,4 %).

Las nuevas reglas fiscales obligan a esos países a hacer un ajuste estructural del 0,5% anual hasta dejar el déficit en el 3% –Alemania logró en la negociación hacer más estrictas las normas y seguir forzando la reducción hasta el 1,5%–. En el caso de España, la reducción de medio punto supone unos 7.300 millones de euros.

Bruselas, dispuesta a dar margen

La apertura de un procedimiento de déficit excesivo supone el primer paso para un expediente sancionador. Si la Comisión Europea considera que los gobiernos no toman las medidas necesarias para corregir el desvío, puede imponer multas semestrales correspondientes al 0,05% del PIB (en torno a 730 millones en el caso de España). Las nuevas reglas fiscales dan a los estados miembros una mayor flexibilidad para sanear sus cuentas y establecen un régimen sancionador más asequible que las anteriores. En el pasado nunca se llegó a aplicar el castigo –que suponía hasta el 0,2% del PIB–, a pesar de que España y Portugal estuvieron a punto.

La Comisión Europea ha abierto la puerta, además, a levantar la mano con aquellos países que, pese a superar el 3% del déficit, estén cerca de cumplirlo. “Puede haber casos límite”, señaló el vicepresidente ejecutivo para Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, en el Financial Times: “Si hay un país cuyo déficit excesivo se acerca al 3%, pero es temporal, podríamos decidir no utilizar el procedimiento de déficit excesivo”.

Bruselas augura que España cerrará este año con un déficit del 3,2%, pero el compromiso del Gobierno es dejarlo en el objetivo del 3% al acabar 2024. La buena marcha de la economía ha permitido al Gobierno mejorar los pronósticos económicos en los últimos años. No obstante, la complejidad aritmética y el ciclo electoral llevó al Ejecutivo a prorrogar los presupuestos y esto podría jugar en su contra a la hora de recibir un cierto margen de Bruselas, ya que Dombrovskis también apunta a que los presupuestos de 2024 también tienen un papel que jugar en la decisión respecto a los procedimientos de déficit excesivo.

“El objetivo es no caer [en el procedimiento de déficit excesivo]”, expresan fuentes gubernamentales, que apuntan a la “buena evolución” de los datos en los últimos años. España ha pasado de un déficit récord del 10,1% en 2021 por la pandemia al 3,6% dos años después. “Estamos teniendo un desempeño bueno, el crecimiento económico está ayudando y estamos en buena posición si se compara con Italia o Francia”, señalan esas fuentes.

En el Gobierno intentan, además, desdramatizar la posibilidad de que se vuelva a un procedimiento de régimen excesivo y lo vinculan a problemas reputacionales “en términos de estigma” más que a las consecuencias prácticas de que Bruselas tomara esa decisión. España fue el último país en salir del procedimiento de déficit excesivo, en 2019, una década después de que se le abriera. En el punto álgido de la crisis financiera, la mayoría de estados miembros (24) pasaron en algún momento por esa situación.

Primer varapalo: cuarto pago parcial

Quedar fuera del procedimiento de déficit excesivo supondría un alivio para el Gobierno, que se enfrenta a uno de sus primeros varapalos desde Bruselas: el pago parcial del cuarto desembolso de los fondos de recuperación por el fracaso en la aprobación del subsidio del paro. El Gobierno lleva tiempo negociando con la Comisión Europea, que le ha dado más tiempo para cumplir con ese compromiso, pero ya está claro que no va a llegar.

El incumplimiento del subsidio del desempleo, que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando con sindicatos y patronal tras el 'no' de Podemos en el Congreso, y otros flecos pendientes pueden dejar en el aire cerca de 4.000 de los 10.000 millones de euros que componen el cuarto desembolso. El pago parcial no sería, no obstante, definitivo y España tendría seis meses para corregir los errores. Ahora bien, se enfrenta a dejar de ser el alumno aventajado en la aplicación del plan de recuperación.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros de sobresalto en sobresalto. Estaba escribiendo este boletín cuando saltó la noticia bomba de Pedro Sánchez. El presidente cancela su agenda para decidir si continúa en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa. Está siendo una legislatura mucho más compleja de lo esperado. Este movimiento de Sánchez añade aún más incertidumbre a una periodo que ya estaba tocado por la inactividad del Ejecutivo debido al cargado ciclo electoral (vascas, catalanas y europeas). Ni siquiera se intentó abordar la aprobación de los Presupuestos Generales de 2024.  

Quién sabe si el próximo lunes Sánchez anunciará su salida del Gobierno y qué consecuencias se pueden derivar: desde elecciones generales a una moción de confianza hasta que se mantenga un Ejecutivo sin su figura, donde era la autoridad y el elemento que cohesiona a un Gobierno de coalición demasiado endeble. Hace una semana los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT lanzaba una petición al Gobierno para que no cayese en una “parálisis reformista”. Su argumento es que no se puede perder una ventana de oportunidad para cambiar el país y hacerlo más progresista. Hoy, ya no estamos ante un embotamiento del Ejecutivo sino ante un posible desmoronamiento. 

La parálisis no es buena para la economía. La incertidumbre puede ser mucho peor. La decisión de Sánchez puede ser comprensible desde el punto de vista personal, pero está llevando a un país de 47 millones de habitantes a un limbo difícil de entender.  

Entre otras cosas, y este era el tema inicial del boletín, porque España afronta problemas graves que afectan a su ciudadanía de una manera cada vez más preocupante. Este Gobierno parecía que se estaba tomando en serio la cuestión de la vivienda, ahora veremos en qué queda. Los datos son terribles. El mercado del alquiler no da tregua a los inquilinos. España “destaca como la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen en el mercado del alquiler se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social”, según el informe anual 2023 del Banco de España. Te damos más detalles en esta información.

En nuestro país, esta situación de riesgo de exclusión o pobreza la vive el 45% de los hogares que está alquilando, cuando la media de la Unión Europea está en el 31%, como se puede ver en el siguiente gráfico.

“Los hogares españoles que residían en una vivienda de alquiler a precio de mercado realizaban un mayor esfuerzo en 2022 en términos de su renta bruta, que sus homólogos en las principales economías europeas”, sigue diciendo el informe del Banco de España.

Esta situación tiene repercusiones concretas. Una de cada tres personas jóvenes ha tenido que retrasar o suspender el pago de su alquiler. En concreto, el 30,4% de los inquilinos menores de 25 años no ha podido cumplir con las fechas que marcan sus contratos, frente al casi 20% de media de la población general, según un análisis de Oxfam Intermón, que te explicamos en esta información.  

Otra de las consecuencias de este mercado de la vivienda absolutamente desbocado es que se están creando diferencias de clase evidentes entre propietarios e inquilinos. En el mercado de la vivienda hay una “marcada desigualdad de renta en función de la posición que se ocupa en el sistema”. Hay una “generación inquilina” que “proviene mayoritariamente de la población con menores ingresos, donde el elevado precio de los alquileres les lleva a situaciones de mayor empobrecimiento y precariedad”. Además existe “una generación de caseros” que “se sitúa mayoritariamente entre las franjas de la población de mayor renta, a la que se suma además la transferencia de renta que recibe de los inquilinos”.  La ratio de ingresos de los arrendadores es hasta 2,58 veces superior a la de quienes alquilan.

¿Qué país queremos construir?

El Gráfico

Buena parte del problema de la vivienda tiene que ver con la banca. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación ha enriquecido mucho más a las entidades financieras mientras que ahoga a familias hipotecadas y empresas con créditos. Hay un problema añadido: se está computando la contribución de la banca a la economía española de forma un tanto torticera. Según el cálculo del PIB que hace el INE, el valor añadido generado por los bancos se incremento de 46.037 millones de euros a 72.661 millones entre 2021 a 2023. Ahora bien, en la descomposición del valor añadido, el INE apunta que los intereses que recibieron las familias escalaron a los 42.365 millones en 2023, con una subida del 240% interanual. Sin embargo, de esa cifra solo 7.600 millones son intereses 'reales', los que los bancos pagan por los depósitos y llegan realmente a los bolsillos de sus clientes. Aquí te explicamos la prueba de la avaricia bancaria que se esconde en las tripas de la Contabilidad Nacional.

El Dato

72.900 millones de euros

Es el recorte presupuestario o el importe adicional de una subida de impuestos que va a suponer la recuperación de las reglas fiscales europeas para las economías de España, Francia, Italia y Bélgica. Este es el cálculo que han realizado los sindicatos de estos cuatro países, que han hecho sonar las alarmas en los últimos días por la aprobación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si ya hay multitud de obstáculos para subir impuestos, ya te puedes imaginar cómo se va a intentar solventar la reducción del déficit y la deuda. Aquí te damos más información sobre el nuevo corsé fiscal y “la vuelta de la austeridad” en la Unión Europea.

Cada vez que habla sube el pan

Creemos que tendremos Optimus en producción limitada en nuestra fábrica realizando tareas útiles antes de que acabe este año. Y luego creo que podremos venderlo a finales del año que viene

Elon Musk — Fundador y director general de Tesla

Lo ha vuelto a hacer. Entre otras cosas porque le funciona. Cuando se ha sabido que Tesla ha tenido una caída del 55% en sus beneficios marcada por un hundimiento del 13% de sus ventas de coches eléctricos en el primer trimestre. Elon Musk, fundador y director general de Tesla, ha vuelto a recuperar su vieja estrategia de prometer nuevos productos “el año que viene” para sostener Tesla en su momento más crítico. Musk lleva jugando con las mismas cartas desde hace años, y le funciona. En este caso,  pondrá a la venta un androide “a finales del año que viene” tras los constantes retrasos de su tecnología de conducción autónoma. Aquí te explicamos la estrategia de “el año que viene” de Elon Musk.

Entrepreneur

En nuestra serie de empresarios de postín y emprendedores empedernidos te hablamos esta semana de Francisco Bellón, primer ejecutivo de la minera australiana Berkeley en España. Bellón entró en 2011 como director general de Operaciones en la compañía minera, ascendió en 2018 a chief operating officer, y en julio de 2022 fue promovido a presidente de Berkeley Minera España. Pues bien, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha multado por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa no comunicó de forma inmediata al mercado. La sanción consta en un auto de la Audiencia Nacional que el 19 de marzo rechazó la suspensión cautelar de la publicación de la multa que pedía Bellón. En este enlace te contamos más detalles de la multa y las prácticas del presidente de esta compañía minera.

Bien público

El fondo gigante del capital riesgo CVC vendió en 2017 la empresa de sanidad privada Quirón al grupo alemán Fresenius por 5.760 millones, con unas plusvalías para el fondo de unos 2.600 millones. La operación hizo multimillonario al ex médico deportivo y fundador de Quirón, Víctor Madera, actual presidente del grupo. El problema llega cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)  presenta una denuncia en 2023 contra el fondo de capital riesgo por un presunto delito fiscal para no tributar por la multimillonaria venta. CVC asegura que la denuncia no prosperará pero a la vez avisa a los inversores de que la denuncia puede ser un “ejemplo” del posible endurecimiento de los requisitos de las autoridades fiscales para la industria del capital riesgo. Aún hay más. El financiero Javier de Jaime, máximo responsable en España de CVC, también ha sido denunciado por la Agencia Tributaria por la venta de Quirón. Con la salida a bolsa del fondo va a entrar en la clasificación de las 100 mayores fortunas españolas. En este reportaje de Antonio M. Vélez te contamos cómo el jefe español del fondo CVC entra en el top 100 de millonarios en plena denuncia por delito fiscal en la venta de Quirón.

Nos gusta la competencia

En esta sección os proponemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Aquí acabamos. Hasta el próximo jueves. Te recuerdo que los próximos 28 y 29 de junio celebramos el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) en Barcelona, tercera edición de este gran evento gratuito y abierto al público que contará con Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre muchos otros. Si no quieres mandar alguna propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

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El Parlamento Europeo echará el cierre este jueves antes de las elecciones del mes de junio y ha aprovechado su último Pleno para dar el visto bueno al catálogo de normativas que la UE acordó en el sprint final del mandato, entre ellas las nuevas reglas que regirán la disciplina fiscal a partir de ahora. El acuerdo alcanzado por los 27 y en el que la Eurocámara apenas metió mano más allá de introducir una cierta flexibilidad social ha salido adelante con amplio margen. La propuesta la han avalado el PPE, los socialistas (aunque se han dividido y algunos se han abstenido o votado en contra) y los liberales. Los verdes y la izquierda han rechazo la nueva legislación. La extrema derecha también se ha dividido (Vox ha votado a favor). Los sindicatos europeos han cuestionado el nuevo marco, que consideran que es una “vuelta a la austeridad”. 

La aprobación de este martes era vital para que este año entren en vigor las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se recupera tras quedar suspendido por la pandemia y, posteriormente, por la guerra en Ucrania para permitir superar las crisis con expansión del gasto. El nuevo acuerdo supone recuperar la obligatoriedad de los estados miembros de tener unos máximos del 60% de deuda y del 3% del déficit respecto al PIB, pero da un mayor margen de maniobra que las anteriores normas. 

Aunque la intención inicial de Bruselas era dar flexibilidad a los estados miembros en su camino al saneamiento de sus finanzas, el acuerdo final llevó a una mayor constricción por las exigencias de Alemania y los frugales. Los gobiernos tendrán que diseñar sendas de ajuste para encaminarse a los umbrales exigidos, pero hay una serie de obligaciones comunes: una reducción del déficit del 0,5% al año para todos los que estén por encima del 3% -y los que estén por debajo deben trabajar por reducirlo al 1,5%- y, en cuanto a la deuda, los que la tengan disparada por encima del 90% tendrán que rebajar un mínimo del 1% cada año y los que la tengan entre el 60 y el 90%, como mínimo un 0,5%. 

A pesar de que la disciplina fiscal volverá a regir la economía de la UE, las reglas son más asequibles que las que aplicaban, por ejemplo, durante la crisis financiera. El anterior marco establecía que se tuviera que reducir una veinteava parte de la deuda al año, que supondría la asfixia financiera para los países más endeudados, como España. Además, el sistema sancionador era tan rígido que jamás se aplicó (con sanciones del 0,2% del PIB). Ahora será del 0,05% cada seis meses.

El nuevo sistema se basará en planes de ajuste relativos al gasto anual que cada país diseñará y pactará con la Comisión Europea de cuatro años de duración, pero que podrán ampliarse a siete si se justifica que hay reformas e inversiones importantes respecto a prioridades de la UE como la transición ecológica o la digital. Las medidas adoptadas en esas materias y defensa serán tenidas en cuenta a la hora de estudiar la apertura de expedientes de déficit excesivo a los incumplidores. Los planes podrán revisarse “si existen circunstancias objetivas que impidan su aplicación” y también si hay un cambio de gobierno.

El trabajo que tienen por delante los 27 es complicado dado que en los últimos doce meses apenas han saneado sus finanzas respecto al año anterior. En 2023, el déficit de la eurozona se situó en el 3,6% (una décima menos que el año anterior) y en la UE se incrementó al 3,5% (desde el 3,4% de 2022). Respecto a la deuda, los países del euro se encuentran en el 88,6% (desde el 90,8%) y la cifra se reduce al 81,7% en el caso de los 27, según los datos publicados el lunes por Eurostat. 

Trece estados miembros tienen la deuda por encima del umbral del 60%. España es el cuarto país con más deuda (107,7%), por detrás de Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). Once países están por encima del 3% de déficit -entre ellos España con un 3,6%- y se exponen a la apertura de expedientes sancionadores por desvío presupuestario en junio al retomarse el corsé fiscal. 

Los sindicatos de España, Francia, Italia y Bélgica han hecho sonar las alarmas en los últimos días por la aprobación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento y pidieron a los grupos de la Eurocámara que votaran en contra. “Este acuerdo, forzado por el enfoque de austeridad de algunas capitales europeas, exigirá a los Estados miembros que reduzcan su deuda rápidamente y de forma insostenible desde el punto de vista económico y social: esto supondrá una vuelta a la austeridad. Al mismo tiempo, las nuevas normas desincentivarán la inversión en los objetivos sociales y climáticos acordados por los Estados miembros, al limitar el margen de maniobra del déficit público”, denunciaron en una carta suscrita por los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo. 

El cálculo de los representantes de los trabajadores es que las nuevas reglas fiscales supondrían sólo en esos cuatro países unos recortes o subidas de impuestos por valor de 72.900 millones de euros. 

“La crítica de que iniciará una nueva era de austeridad es un sinsentido, una falacia, porque la austeridad se produce cuando el presupuesto no está controlado y aquí se están mezclando la causa y el efecto”, ha dicho el ponente parlamentario, Markus Ferber, del Partido Popular Europeo: “Se dice que no es el momento de una política fiscal responsable por los retos del clima y que no se puede invertir. Si alguien quiere tener sostenibilidad ambiental no puede renunciar a la sostenibilidad fiscal. Si no se respeta la sostenibilidad fiscal, a la larga no habrá recursos para invertir”.

“No es el acuerdo que habíamos soñado. Queríamos más ambición, flexibilidad, más margen para inversiones, menos salvaguardas y simplicidad; pero para que una reforma sea eficaz es preciso que todos la acepten y la vean como suya para que sea creíble para ciudadanos, gobiernos y mercados financieros. Las nuevas reglas son mucho mejores que las anteriores, más flexibles, transparentes, democráticas, progresistas y por primera vez con una fuerte dimensión social”, ha defendido la ponente socialdemócrata Margarida Marques.

También los liberales han apoyado la reforma. “Se trata de definir condiciones que puedan reducir los niveles de endeudamiento sin frenar las inversiones indispensables para responder a los desafíos del futuro”, ha dicho Stéphanie Yon-Courtin, de Renew. En el debate, la extrema derecha ha defendido la necesidad de la “disciplina presupuestaria”.

En contra se han posicionado Los Verdes: “Desgraciadamente, en el corazón de esta reforma subyace una obsesión ideológica que prioriza el dogma de la reducción de la deuda sobre la inversión y el gasto social”. “Estas nuevas normas presupuestarias impondrán una camisa de fuerza a todos los Estados miembros de la UE. Privará a los gobiernos de los recursos financieros necesarios para garantizar una economía próspera, los servicios sociales y la acción por el clima. Esta obsesión por la reducción de la deuda conducirá inevitablemente a una vuelta a la austeridad, en un momento en que la UE necesita urgentemente impulsar la inversión”, afirma el presidente del grupo, Philippe Lamberts.

En términos similares se ha pronunciado la portavoz de La Izquierda, Manon Aubry, que considera que supone “la austeridad para la perpetuidad”. “Sea cual sea el sacrificio, nunca será suficiente para ustedes”, le ha dicho a las bancadas del PPE, socialdemócratas y liberales. “Están comprometiendo nuestro futuro, la protección social y el medio ambiente. Si hay algo que se negocia es la deuda, no el planeta”.

Derecho a reparar

La Eurocámara también ha dado el visto bueno a la normativa con la que la UE pretende impulsar y blindar el derecho a la reparación de los consumidores, que obligará a los fabricantes a su disposición piezas de recambio y herramientas a un precio razonable y tendrán prohibido recurrir a cláusulas contractuales y a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que impidan la reparación de bienes. En concreto, no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros.

“A fin de que las reparaciones sean más asequibles, cada Estado miembro tendrá que aplicar al menos una medida para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, llevar a cabo campañas de información, ofrecer cursos de reparación o apoyar espacios de reparación comunitarios”, señala la Eurocámara en un comunicado sobre la nueva norma, que ha salido adelante prácticamente por unanimidad (584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones).

También con un amplio margen, la Eurocámara ha fijado su posición para la futura legislación con la que se pretenden reducir los riesgos de los vertidos de pellets de microplásticos como los que inundaron las costas gallegas en enero. Los eurodiputados quieren reforzar las medidas que los operadores que manipulan pélets de plástico tienen que tomar para evitar las pérdidas y que, de producirse, tengan que actuar de inmediato para contener y limpiar los vertidos. La negociación con la Comisión Europea y el Consejo de la UE se activará tras las elecciones de junio.