Primeras reacciones al acuerdo entre el comité de empresa y ENCE Navia. El comité de empresa y la dirección de Celulosas de Asturias (Ceasa), filial de Energía & Celulosa (Ence), alcanzaron un acuerdo “verbal” que da salida al conflicto laboral para que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que preveía la supresión de 84 puestos de trabajo -de los 96 iniciales- en una plantilla de 368 trabajadores en la fábrica ubicada en el concejo asturiano de Navia se cierre de la manera menos traumática posible, sin recurrir a despidos forzosos

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha valorado hoy el acuerdo alcanzado entre la dirección de Celulosas de Asturias (Ceasa), filial del Grupo Ence, y el comité de empresa de la factoría de Navia. “El pacto corrige el planteamiento inicial, que resultaba desfavorable para las trabajadoras y los trabajadores de Navia y los concejos limítrofes, y evita medidas traumáticas para la plantilla, junto con el compromiso de nuevas inversiones industriales”, ha señalado.

Ratificación de las asambleas

“El acuerdo ordena el proceso con garantías sociales y, además, con visión de futuro”, ha agregado Campo, quien ha felicitado a ambas partes por “la responsabilidad y el diálogo” que han permitido alcanzar este entendimiento.

También ha subrayado el compromiso asumido por Ence para instalar una nueva planta de fabricación de envases de celulosa: “Supone un salto cualitativo en términos de valor añadido y, además, se trata de una instalación que no solo permitirá recolocar trabajadores, sino que generará actividad económica y empleo indirecto en la zona, reforzando el tejido industrial”.

“En definitiva, se trata de un acuerdo que combina protección social, diálogo y apuesta industrial”, ha resumido Campo. “Confiamos en que sea ratificado por las asambleas para aportar estabilidad y certidumbre a todas las personas implicadas”, ha concluido.

El comité de empresa y la dirección de Celulosas de Asturias (Ceasa), filial de Energía & Celulosa (Ence), alcanzaron anoche un acuerdo “verbal” que da salida al conflicto laboral para que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que preveía la supresión de 84 puestos de trabajo -de los 96 iniciales- en una plantilla de 368 trabajadores en la fábrica ubicada en el concejo asturiano de Navia se cierre de la manera menos traumática posible, sin recurrir a despidos forzosos.

El acuerdo, que está a la espera de su redacción definitiva, la firma de ambas partes y la aprobación posterior en asamblea de trabajadores, incluye 36 prejubilaciones, ocho bajas voluntarias y los 40 restantes serían reubicados en el nuevo proyecto que ha planteado la empresa para instalar en Navia una planta de celulosa moldeada.

Para estos 40 trabajadores que serían recolocados habrá una cláusula para garantizar que, en el caso de que finalmente este proyecto no se lleve a cabo, conserven su empleo, con antigüedad y salarios.

Las reubicaciones en una nueva planta

Las recolocaciones en esta nueva planta se fijarían en principio para aquellos trabajadores que tengan un contrato fijo discontinuo y que se incorporarían con un contrato indefinido. Aunque este perfil sería el de los trabajadores que tendrían preferencia, también se abre la posibilidad de que pueda haber peticiones de personas que de forma voluntaria quieran acceder a estos puestos de nueva creación.

El ERE en principio se contempla hasta el 31 de diciembre de 2027, si bien para estos 40 trabajadores el período se podría ampliar hasta el 30 de junio de 2028.

Las bajas voluntarias y prejubilaciones

Aunque aún no se conoce oficialmente todo el contenido del documento, hasta que esté redactado, ya se conocen algunos detalles.

Está previsto que en los meses de marzo y abril se puedan apuntar aquellos trabajadores que quieran acceder a la prejubilación y a bajas incentivadas y la empresa tendrá de plazo hasta el 31 de mayo para pronunciarse sobre sus peticiones.

El coste económico

En principio, el acuerdo satisface a las dos partes. Por un lado, porque no habrá despidos forzosos y por otro por el coste económico.

El conflicto laboral está acarreando a la empresa importantes pérdidas económicas, estimadas en más de un millón de euros diarios por la paralización total de la actividad desde que se declaró la huelga indefinida el pasado día 13 de febrero, y también tiene un coste para los trabajadores a quienes se les descuenta el día no trabajado en sus nóminas, aparte de los problemas que genera a los trabajadores, a sus familias y su entorno la pérdida del empleo.

Las movilizaciones

Desde que se tuvo conocimiento de las intenciones de la empresa de aplicar el ERE, los trabajadores han llevado a cabo movilizaciones con protestas, manifestaciones, concentraciones e incluso instalaron tiendas de campaña para dar visibilidad a la delicada situación por la que atraviesan. Unas medidas de presión que han contado con numerosos apoyos sociales, políticos y sindicales.

Uno de los apoyos más significativos se vivió ayer mismo cuando el Gobierno asturiano calificó de “salvaje” el ERE al sostener que los resultados económicos eran buenos. Era una declaración oficial del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, que se producía el mismo día en que finalizaba el período de consultas del ERE, por lo que la reunión entre el comité y la dirección se desarrollaba en un momento especialmente delicado.

El distanciamiento entre las partes, que llevó al comité a convocar la huelga indefinida, se ha ido acortando poco a poco y finalmente, anoche, tras horas de negociaciones, se llegó al acuerdo verbal que ahora tendrá que ser ratificado para volver, poco a poco, a retomar la normalidad.

“¿Qué es eso de prorrogar sin más durante 75 años una ocupación de la costa?”. Con esta pregunta ilustra la coordinadora de costas de Greenpeace, María José Caballero, lo difícil que es deshacer la fórmula de gestión del litoral creada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Un modelo que, a la larga, se ha demostrado contrario a la ley europea. El Ministerio de Transición Ecológica intenta por segunda vez acabar con esa manera de permitir la instalación de negocios durante un siglo sobre una costa, en teoría, de dominio público.

La cuestión es que en Bruselas debieron hacerse una pregunta similar porque la Comisión Europea (CE) abrió un expediente sancionador a España en febrero de 2023 ya que la normativa nacional aún permite otorgar esos permisos de forma opaca y partidista y, además, “prorrogar las concesiones existentes hasta 75 años sin justificación”, según detallaba la CE.

Desde que se retocó la norma de costas en 2013 para poder alagar casi automáticamente durante décadas los permisos de factorías, chiringuitos o pasarelas, más de 300 infraestructuras obtuvieron esa amnistía, según los cálculos de Transición Ecológica.

En un primer momento, este Ministerio aprobó un reglamento en 2022 para acotar esas ocupaciones privadas tras la gracia que el PP concedió a muchas construcciones en su reforma legal de 2013 que “fue una reforma terrorífica”, sentencia Caballero.

Aquel nuevo reglamento incluía otra batería de medidas que, en teoría, iban encaminadas a que la costa cumpliera con su función de defensa ante los embates del mar. Una defensa que ha incrementado su importancia debido al recrudecimiento y multiplicación de los temporales marinos que trae el cambio climático. Entre sus últimos ejemplos más visibles: la destrucción de la playa de Matalascañas en Huelva debida a la borrasca Francis.

Cuando, según explica el Ministerio, se encontraba en el proceso de informar a Bruselas de lo que estaba haciendo para adecuar las leyes españolas –lo propio del procedimiento de infracción de la UE– llegó en diciembre de 2024 una sentencia del Tribunal Supremo que, a petición de la organización Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, anuló el nuevo reglamento. Se volvió a la casilla de salida: la norma y el procedimiento diseñados por Arias Cañete.

Con ese procedimiento “no ha sido raro que se diera una autorización a un Ayuntamiento para la explotación de un chiringuito en la playa, pero que no se hiciera seguimiento de si ese Ayuntamiento realizaba una exposición pública con un pliego de condiciones para que se postularan distintas empresas y que se adjudicara con a un procedimiento transparente y legal”, ejemplifica Manuela Cuevas de Ecologistas en Acción.

Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo. La Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica

María José Caballero — Coordinadora del informe de costas de Greenpeace

“Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo –abunda la portavoz de Greenpeace– la Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica”.

Ese fue también el procedimiento con el que el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2016 (estando ya en funciones) la prórroga de ocupación de la papelera Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073. A pesar de que la Audiencia Nacional falló en contra de ese nuevo permiso, el Supremo terminó por avalarlo. Lo que demuestra el paso del tiempo es que, una vez ocupada la costa, se hace muy difícil liberarla (el hotel de El Algarrobico en Almería es quizá el ejemplo más crudo).

El Ministerio explica que, tras las reuniones con la Comisión Europea, se ha optado por modificar el reglamento para “corregir” lo que tiene que ver con la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación. “Se hace imprescindible para evitar que el procedimiento de infracción escale a una condena”, argumentan en Transición Ecológica.

Dunas sí, carreteras no

Al ser anulado el reglamento por el Supremo (la razón jurídica fue de tipo procedimental: no se había sometido bien a información pública), no solo decayeron normas sobre cómo invadir legalmente la costa, sino que también se perdieron disposiciones que incorporaban más superficie y elementos dentro de ese dominio público marítimo-terrestre que se protege. Por ejemplo, el decreto incluía como elemento de las playas casi cualquier duna y estableció que la línea que marcara el máximo nivel que alcancen las olas sirviera para decir: esto es playa (y por tanto dominio público) que debe preservarse y obligar a controlar qué puede o no levantarse sobre ella.

También se prohibió la construcción de carreteras paralelas y la circulación o aparcamiento en la zona de dominio público, no solo en la propia playa. En general, la normativa exigía que se tuviera en cuenta el nuevo contexto de crisis climática ante cualquier concesión de ocupación sobre el litoral.

“El Ministerio puede aprovechar el asunto de la infracción para lidiar con la intensificación de la presión sobre nuestras costas y la competencia entre los distintos usos de ese espacio”, reflexiona Marta García Pallarés, portavoz de una coalición estatal de organizaciones ambientales entre las que están –además de Ecologistas en Acción–, los Grupos Ornitológicos de Balears, la Fundación Juan Tábara o SOS Costa Brava y Mar Menor.

La plataforma pone el acento en un aspecto, a veces, poco observado: las aguas costeras. Y por eso consideran importante “ampliar la limitación de velocidad más allá de las zonas de baño” de embarcaciones tipo moto acuática, “prohibir la navegación paralela a la costa dentro de las zonas de baño no balizada y regular el fondeo de embarcaciones en estas zonas para evitar la masificación flotante”.

Esa utilización tan intensiva del litoral “afecta directamente tanto a la seguridad de las personas como a la conservación de especies y ecosistemas marinos clave”, remata García Pallarés. La amenaza de una sentencia europea le da una segunda oportunidad a la costa. Está por ver si esta vez va la vencida.

Ya no hay marcha atrás. El comité de empresa de la fábrica de Ceasa de Ence en Navia ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo viernes, día 13, que comenzará a las seis de la mañana, como respuesta al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa pretende ejecutar para la supresión de 96 puestos de trabajo.

El presidente del comité, Javier García Zardaín, ha confirmado a elDiario.es Asturias que esta misma mañana se ha formalizado la convocatoria con la entrega de la papeleta de huelga indefinida.

Una gran movilización social

Los trabajadores cuentan con un amplio respaldo social, sindical y político como se pudo constatar el pasado domingo cuando más de 4.000 personas salieron a las calles de Navia para dejar constancia de que la comarca está a su lado.

Un apoyo que procede de alcaldes y alcaldesas de la comarca, de representantes de partidos políticos, asociaciones, comerciantes, vecinos y vecinas...porque esta fábrica no solo es el sustento económico de las familias de los 368 trabajadores que están en la plantilla, sino que además hay mucha actividad indirecta que gira en torno a la papelera de Navia.

El impacto en la comarca

Javier García Zardaín reconoce el gran impacto que tiene Ceasa en toda la comarca y confía en que esta gran movilización que se vio el domingo pueda surtir algún efecto de cara a la negociación del ERE para que la dirección pueda rectificar y no ejecute el expediente que tantos estragos podría ocasionar en la zona.

Aunque la convocatoria de huelga indefinida se ha formalizado este viernes, era una medida de presión que ya se planteaba desde un inicio. No obstante, el comité quiso dar un margen a la dirección para ver si desistía del ERE y como avanzadilla había pedido a los trabajadores que secundaran en principio una huelga de siete días.

A continuación, reproducimos una de las concentraciones que tuvieron lugar el pasado 27 de enero.

La precarización del empleo

El presidente del comité considera que detrás de esta decisión está la intención de Ence de sustituir empleo de calidad para precarizarlo a través de subcontratas.

La dirección y el comité se reunirán de nuevo el lunes y miércoles de la próxima semana para negociar el expediente y, si no hay un avance, se mantendrá la convocatoria de huelga indefinida, paralizando totalmente la actividad en la fábrica de Navia.

La voluntad de llegar a un acuerdo

El pasado 27 de enero, un portavoz de la empresa aseguró a elDiario.es Asturias que había puesto en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad en su negocio de Celulosa que se implementará en el periodo 2026-2027. El plan se apoya en dos pilares: “por un lado, la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos”.

 “La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027”, afirmó el portavoz.

La empresa sostiene que afronta este proceso de negociación “con la voluntad de alcanzar un acuerdo”. Un objetivo que, para el comité de empresa, pasaría por no suprimir a un tercio de la plantilla.

No a los noventa y seis despidos anunciados por la fábrica de celulosa Ence en Navia. Cientos de personas tomaron las calles de la villa naviega para protestar contra una decisión que amenaza directamente el futuro laboral de casi un centenar de familias y que ha provocado un rechazo unánime en toda la comarca.

La manifestación estuvo encabezada por el presidente del Comité de Empresa, Javier Zardaín, quien ya advirtió en declaraciones a elDiario.es de que el expediente de regulación de empleo impulsado por la factoría supondrá el despido de 96 trabajadores de una plantilla de 368 empleos directos, además de la recolocación forzosa de otros 180 empleados. Un golpe durísimo al empleo en la comarca occidental asturiana, que ha respondido con una movilización masiva en defensa de sus trabajadores.

“Colmenares, dimisión; Colmenares, dimisión”, corearon trabajadores y vecinos durante la marcha, en referencia al consejero delegado de Ence Energía, Ignacio de Colmenares y Brunet, a quien responsabilizan directamente de una decisión que consideran injustificada y socialmente irresponsable.

Desde el Comité de Empresa denuncian que los argumentos esgrimidos por la compañía para llevar a cabo este recorte de personal no se sostienen. Recuerdan que Ence ha recibido más de 50 millones de euros en subvenciones públicas desde 2021, muchas de ellas condicionadas explícitamente al mantenimiento del empleo, lo que convierte este proceso de despido colectivo en una grave contradicción y en una utilización cuestionable de fondos públicos.

Frente a esta realidad, la empresa se escuda en cuatro trimestres consecutivos de pérdidas para justificar un llamado “plan de eficiencia y competitividad”, que no esconde su verdadero objetivo: reducir plantilla mediante despidos mientras se apuesta por la automatización y la inteligencia artificial, sacrificando empleo estable en favor de una estrategia empresarial que ignora el impacto social y territorial.

Desde que se hicieron públicos los recortes, los trabajadores mantienen una huelga que este domingo ha contado con un respaldo masivo de la comarca, evidenciando que el conflicto trasciende a la plantilla y se ha convertido en una causa colectiva contra una decisión empresarial que muchos consideran un atropello. Los trabajadores, que también estuvieron arropados por representantes políticos, sindicatos, alcaldes de la comarca, aseguran que seguirán luchando por sus empleos hasta que logren que la fábrica recule en su decisión.

La empresa Celulosas de Asturias (CEASA) ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para suprimir 96 puestos de trabajo en su planta de Navia, que cuenta con una plantilla de 380 empleos, y que afectará a un total de 184 operarios dado que supone una reestructuración “total” de la factoría.

Según ha informado el comité de empresa, la dirección de CEASA ha activado el ERE y ha anunciado el inicio del periodo de consultas de 30 días, una actitud que los sindicatos consideran “oportunista y socialmente irresponsable” tras las negociaciones mantenidas entre las partes en los últimos meses y que se saldaron sin acuerdo.

Una medida “injustificada”

Para el presidente de este órgano, Javier Zardain, se trata de una medida “injustificada” con la que la empresa pretende aprovechar “de forma vergonzosa” una coyuntura temporal de precios bajos de la celulosa, pero oculta que llevan remontando desde el mes de septiembre y que las previsiones apuntan a nuevas subidas.

Asimismo, ha incidido en que la fábrica de CEASA en Navia, perteneciente al grupo ENCE, no ha incurrido en pérdidas y se trata por tanto de una estrategia “fría y calculada” para destruir empleo y no para salvar una empresa, que ha recordado, ha recibido 53 millones en subvenciones desde 2021, en algunos casos condicionadas explícitamente al mantenimiento del empleo.

Inicio de movilizaciones

Zardain ha apuntado que el comité de empresa iniciará de inmediato un proceso de movilizaciones “masivas” para las que ha reclamado el apoyo de las distintas administraciones públicas y que responderá al ERE con todas las herramientas legales y sindicales a su alcance.

El pasado mes de diciembre, Ence anunció un acuerdo con los sindicatos para despedir a un máximo de 57 trabajadores, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, de los centros de trabajo de biofábrica de Pontevedra y de las oficinas centrales de Galicia, Navia (Asturias) y Madrid.

Plan de Eficiencia y Competitividad

Este acuerdo formaba parte del Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027 que presentó la compañía el pasado 28 de octubre, basado en la implantación de soluciones de inteligencia artificial (IA), reingeniería y automatización de procesos y la racionalización de sus procesos operativos.

Según la compañía, tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas aplicará dicho plan apoyado en dos pilares: la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y la racionalización de sus procesos operativos.

La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan, asegura Ence, implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027 y dichas reducciones de plantilla exigirán llevar a cabo inversiones previas para automatizar tareas o mejorar los procesos actuales algunas de las cuales se han realizado ya en 2025.

Ence Energía y Celulosa ha comunicado a la autoridad laboral y a la comisión negociadora el acuerdo alcanzado con la representación legal de los trabajadores para la extinción de hasta un máximo de 57 contratos (35 en la fábrica de Pontevedra) en el marco del procedimiento de despido colectivo que afecta a varios de sus centros en España.

Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que recoge Europa Press, el acuerdo se cerró el pasado 18 de diciembre de 2025 en el ámbito del expediente que implica a la fábrica de Pontevedra, las oficinas centrales de Galicia y las oficinas centrales de Navia y Madrid.

Las extinciones podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y queda en manos de la empresa la determinación de la fecha concreta de salida de cada trabajador afectado. El anuncio de despidos llevó a la plantilla de la polémica fábrica de Pontevedra a convocar varias jornadas de huelga y protestas coincidiendo con las negociaciones. El sindicato CCOO manifestó que los trabajadores se sentían “traicionados” con estos planes, dado el apoyo dado a la empresa y a su permanencia en la ría de Pontevedra a lo largo del proceso judicial sobre la legalidad de su concesión extendida, que terminó con un aval, en 2023, del Tribunal Supremo para que se mantenga en Lourizán hasta 2073.

Ence enmarca este acuerdo dentro de su Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027, del que ya informó el 28 de octubre a la CNMV. Este plan tiene dos objetivos: la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la “racionalización” de sus procesos operativos.

El anuncio llegó en los últimos días de octubre: Ence ha puesto en marcha un “plan de eficiencia” que implica un proceso de despido colectivo. En concreto, la intención es despedir a 39 personas en la fábrica de Pontevedra y en torno a un centenar en la de Navia (Asturias). Con los planes sobre la mesa, el comité de empresa de la factoría pontevedresa avanzó que emprendería movilizaciones y convocó varias jornadas de huelga. Este viernes es la cuarta en las instalaciones de Lourizán y, según los representantes de los trabajadores, el seguimiento está siendo del 100%, en un contexto en el que se acaban de iniciar en Madrid las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE).

El presidente del comité de empresa, Santiago Cerqueiro, defiende que el paro es “la única forma” de los trabajadores de manifestar su rechazo a los despidos, según dijo en declaraciones que recoge Europa Press. El encuentro de este jueves fue “lo esperado”. Están ahora pendientes del siguiente, previsto para el jueves 27 de noviembre.

Con la propuesta de despidos se ha roto el entendimiento que había entre el comité de empresa y la dirección para la defensa de la permanencia de la polémica planta en su actual ubicación, en la ría de Pontevedra. Representantes de los trabajadores lo recordaron tras conocer los planes de Ence. La secretaria general de Comisións Obreiras -el sindicato mayoritario en la plantilla de la fábrica-, Amelia Pérez, afirmó que la plantilla se sintió “traicionada” y “engañada” y recordó el respaldo dado durante todo el proceso judicial que cuestionaba que Ence pudiese seguir en ese emplazamiento y que derivó en un aval, en 2023, del Tribunal Supremo de que se mantenga en Lourizán hasta 2073.

“Dos años después vemos que no era cierto lo que nos prometieron; la empresa nos utilizó para su interés y hoy genera muchas dudas y desconcierto”, reprochó Pérez, en alusión a las inversiones que la empresa había condicionado a que viese garantizada su continuidad en su ubicación actual. En aquella comparecencia, hecha a mediados de noviembre, la responsable de CCOO indicó que el cálculo del sindicato es que el ERE, tal como se plantea, supondrá el despido de 39 personas en Pontevedra -más del 15% del total-, 90 en Navia, entre seis y ocho en las oficinas pontevedresas y otras entre tres y cinco en las de Madrid.

El secretario del comité de empresa, Omar Vázquez, aseguró que los trabajadores no van a abandonar la movilización: “Preferimos condenar a muerte a la empresa antes que ser cómplices de ni un solo despido después de todo lo que ha pasado esta plantilla por la permanencia de la fábrica”.

La empresa Ence Energía y Celulosa, por su parte, se remite a los resultados negativos que se ha anotado en los últimos cuatro trimestres para defender la necesidad de un plan de eficiencia que llega hasta 2027. En los primeros nueve meses del año los números rojos son de 22 millones de euros. La compañía asegura que su programa se apoya en la adopción de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de sus operaciones. Esto implica “una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027”, expuso en un comunicado, en el que añade que la eliminación de puestos irá precedida de “inversiones tecnológicas y de optimización que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales”.

La compañía afirma también que mantiene activo el proyecto Pontevedra Avanza, con el que prometió una inversión de cerca de 120 millones de euros destinada a actuaciones de mejora y modernización. El comité de empresa, sin embargo, ha cargado contra la empresa y ha asegurado que ese plan “no avanza a ninguna parte” y las inversiones están paralizadas. También acusó a Ence de ejercer “todo tipo de presiones” para intentar que firme un despido colectivo “fuera del cauce legal” a cambio de “falsas promesas de inversión”.

En este contexto, los representantes de los trabajadores solicitan una reunión con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, y con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El presidente del comité de empresa, Santiago Cerqueiro, sostiene que “hay otra forma de hacer las cosas”. Rueda se pronunció sobre el anuncio de despidos a principios de noviembre para manifestar que se deben a “un momento conyuntural de su actividad”. Esto, añadió, “refuerza más” el interés del Gobierno gallego de que “existan industrias que puedan, con independencia de cómo vayan unas u otras, mantener todo ese ritmo de creación de riqueza” en la comunidad.

El proyecto de Ence para instalar una planta de pasta de papel reciclada en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) ya ha finalizado la tramitación ambiental ante la Xunta, que le acaba de otorgar la autorización ambiental integrada al proyecto, según aparece publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Esta iniciativa se quedó fuera, igual que la macrocelulosa proyectada por Altri para Palas de Rei (Lugo), del PERTE de descarbonización.

Con la autorización ambiental integrada, el proyecto pasa ahora de la Consellería de Medio Ambiente de nuevo a la de Economía, que es la que tiene que formalizar el permiso definitivo del Gobierno gallego para esta nueva planta. La empresa quiere crear en lo que era el parque de carbones de la clausurada central térmica una fábrica que recicle papel y cartón y que genere pasta de celulosa. La producción estimada es de 100.000 toneladas anuales.

La propuesta ya había superado el trámite ambiental fundamental en mayo. Entonces, la Xunta publicó la declaración de impacto ambiental favorable, en la que establece una serie de condiciones para compensar el impacto en el entorno del proyecto. La tramitación ha sido más rápida que la de Altri, que superó ese proceso -el de la declaración de impacto ambiental- en marzo, pero sigue a la espera de la autorización ambiental integrada.

La Consellería de Medio Ambiente expone sobre el proyecto de Ence para As Pontes -presentado a través de la empresa Biofibras de Galicia- que finaliza el trámite ambiental tras el análisis de media docena de informes de diferentes departamentos, entre ellos, la declaración de impacto ambiental. Ahora faltan los últimos pasos para el permiso definitivo para levantar una fábrica de pasta blanqueada. En la fábrica se prevén hacer dos procesos: reciclar papel y cartón y fabricar la pasta de celulosa.

Ence asegura que la planta se abastecerá con energía renovable generada a partir de subproductos de la industria forestal y no empleará combustibles fósiles.

El despacho que fundó Cristóbal Montoro tuvo en su lista de clientes a algunas de las principales empresas españolas de sectores como el gas industrial, la celulosa, el juego, las energías renovables o el tabaco. Sectores que mueven miles de millones de euros cada año y que acudieron a Equipo Económico mientras estaban en juego posibles bajadas de impuestos o beneficios impositivos para sus ámbitos de actuación. El juez de Tarragona solo considera sospechoso el trato favorable que las empresas de gas industrial tuvieron en el Gobierno de Mariano Rajoy tras pagar al despacho fundado por su ministro de Hacienda, pero el sumario refleja que muchas más contrataron sus servicios buscando reducir su factura fiscal.

Equipo Económico fue fundado por Cristóbal Montoro en 2006, tras la caída del Gobierno de José María Aznar y cuando era eurodiputado del PP en Bruselas, y se desvinculó de él dos años después, cuando regresó al Congreso de los Diputados. Para entonces, la asesoría se había convertido en una puerta giratoria por la que entraban y salían pasados y futuros altos cargos de Hacienda y la Agencia Tributaria mientras Montoro, cuando era interpelado en público, defendía con vehemencia que no tenía ninguna relación con sus antiguos socios y colaboradores.

La lupa del juez lleva siete años puesta sobre la relación de Equipo Económico y las empresas líderes de la producción de gas industrial y medicinal en España. Sobre todo filiales nacionales de gigantes como Air Liquide, Messer o Praxair que, según figura en la causa, acudieron al despacho fundado por Montoro por ser la “vía directa”, ya que tenía “contacto directo con el ministro”. El juez, Anticorrupción y los Mossos d'Esquadra creen que el despacho no se limitó a hacer lobby por su causa, sino que influyó directamente en una reforma legal de 2014 y los Presupuestos de 2018 para favorecer a sus clientes gasísticos.

Codere, Rafael Catalá y el juego

Los correos intervenidos y los informes de los Mossos y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestran que esa no fue la única rebaja fiscal o regulación favorable que coincidió con los pagos de empresas interesadas a Equipo Económico, aunque ni el juez ni la Fiscalía las consideren delictivas. Sucedió también con el sector del juego, cuando Codere acudió al despacho fundado por Cristóbal Montoro y poco después la balanza legal se inclinó a favor de esta empresa nacional en detrimento de los operadores internacionales.

La empresa, que tenía entonces como directivo a Rafael Catalá, pagó 679.000 euros a Equipo Económico para presionar a su favor en un momento clave para el juego online: la Ley del Juego había sido aprobada en los últimos meses de legislatura del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero y llegaba el momento de enfrentarse a la presencia de actores internacionales, las licencias y los impuestos del sector. El resultado fueron varios cambios legales favorables a Codere: la ley del IRPF se modificó para que los jugadores pudieran deducirse las pérdidas sufridas en este tipo de apuestas. Y las operadoras internacionales denunciaron que la normativa de licencias beneficiaba, sobre todo, a Codere.

La acción penal en esta causa abierta en un juzgado de Tarragona nunca se ha dirigido contra empresas del sector del juego o los 679.000 euros que cobró Equipo Económico por hacer “lobby”, dijeron los Mossos, a favor de la empresa ante Hacienda. Pero sí plasmaron sus sospechas, basadas ya en noticias de prensa: “Dicha relación se inició de la mano del exministro de Justicia Rafael Catalá, el cual había trabajado con todos los socios de la asesoría en la época en que este ostentaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Hacienda en el mandato como ministro de Cristóbal Montoro”.

Energías renovables y 2.200 millones de euros

Uno de los sectores que más dinero desembolsó a Equipo Económico fue el de las energías renovables. Empresas como Abengoa, que llegó a compartir directivos con el despacho, pero también Solaria, Gamesa, Abeinsa o GDF Suez así como asociaciones desembolsaron, entre todas y a lo largo de los años, casi diez millones de euros mientras el Gobierno de Mariano Rajoy vivía una encarnizada lucha interna sobre los impuestos que debía pagar el sector: José Manuel Soria (Industria) apostaba por recortar las primas y Cristóbal Montoro (Hacienda) incluyó una partida de 2.200 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2012.

Mientras esta pugna entre Soria y Montoro se desarrollaba en la primera legislatura de Rajoy, las empresas más interesadas en el resultado desembolsaron, incluyendo años anteriores y posteriores, varios millones de euros. Los Mossos llegaron a mostrar sus sospechas en un informe contenido en el sumario, teniendo en cuenta que Abengoa tenía entre sus directivos a Ricardo Martínez Rico, ex alto cargo con Montoro y fundador y actual presidente del despacho: “La contratación podría haber tenido como finalidad el procurarse una conexión directa con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ocupado por Cristóbal Montoro”.

Los Mossos califican de “espectacular” la subida en bolsa de Abengoa en 2014 tras la intervención de Montoro “mientras la mayor parte del sector eléctrico sufría en Bolsa”. En este caso, los investigadores sospechan que acudir a Equipo Económico pudo ser la clave del éxito de las empresas de energías renovable, pero no han encontrado pruebas de que, como sí sucedió supuestamente en el caso del gas industrial, llegaran a participar activamente en el redactado de leyes.

Phillip Morris y las normas del tabaco

La lista de empresas que en algún momento hicieron pagos a Equipo Económico incluye a Phillip Morris. La mayor empresa tabaquera a nivel global, con más de 82.000 empleados en todo el mundo, pagó más de 1,3 millones de euros al despacho fundado por Montoro, una de las diez empresas que más dinero abonó al despacho entre 2008 y 2019 según los datos de Hacienda. También figuran pagos al hermano de Montoro en 2016, que heredó parte de las acciones del exministro en Equipo Económico, pero que en ese momento ya no era accionista del despacho.

El sumario no refleja sospechas penales sobre esta relación, pero sí refleja reuniones entre Phillip Morris y altos cargos de Hacienda. Pablo Renieblas, entonces subdirector general de Impuestos Especiales, se reunió en julio de 2014 con una directiva de Phillip Morris bajo el epígrafe “Tema: tabaco”. Las pesquisas sobre este alto cargo de la etapa de Montoro, que no está imputado, giran más en torno a sus reuniones con el sector del gas industrial, pero la reunión también precede en el tiempo a cambios en el funcionamiento del sector.

A finales de 2014 llegó el Real Decreto que modificó varios Impuestos Especiales, entre otros el del tabaco. Facilitó, por ejemplo, que los comercios minoristas que vendieran tabaco y alcohol, por ejemplo en aeropuertos, no tuvieran que tener obligatoriamente la consideración de depósito aduanero. También se estableció como único requisito haberse inscrito en el Registro del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente de Hacienda.

La “transparencia” de la industria papelera

La industria papelera también vivió un momento relevante cuando intentó que sus actividades se vieran beneficiadas por una bonificación de hasta el 85% de los impuestos que afectan a la electricidad. Y el sumario recoge el intercambio de correos entre la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) y altos cargos del Gobierno de Rajoy entre 2013 y 2014, entre otros al entonces secretario de Estado de Hacienda e imputado Miguel Ferre. La empresa papelera Ence llegó a pagar 116.000 euros a Equipo Económico.

Un informe de la Agencia Tributaria explica que esta industria participó en el proceso legislativo “por los cauces previstos, con transparencia y sometimiento a criterios técnicos”. Las empresas papeleras no intervinieron en la elaboración del texto sino “en la fase de información pública y a través de grupos políticos”. Los investigadores usan este ejemplo para explicar que “en términos comparativos con el objeto de la investigación, llama la atención la participación de esta industria” en las reformas legales de 2013 y 2014 que afectaban al sector, en contraste con cómo lo hizo el sector del gas, participando en el redactado de la ley.

Los correos demuestran que el entonces senador del PP y hoy considerado cabecilla de la trama Púnica de corrupción Francisco Granados, estaba “pendiente de instrucciones” para que el Partido Popular apoyara o no en la cámara alta que el sector papelero se viera beneficiado por la exención del impuesto sobre la electricidad. En medio del proceso hubo enmiendas del PSOE, y otra presentada por CiU que, según dijo ASPAPEL en otro correo, podía ser “la mejor solución”. La exención no prosperó en 2013 pero sí en 2014. Los años en los que Ence, asociada a ASPAPEl, pagó a Equipo Económico.

“Finalmente, no fue contemplada la exención del Impuesto Eléctrico para el sector papelero en la Ley 16/2013, pero es de interés, ya que, al igual que pasara con las gasísticas, fue contemplada en la Ley 28/2014. Así mismo recordar que la empresa ENCE ENERGIA Y CELULOSA, SA también pagó, a EQUIPO ECONÓMICO, siendo esta empresa asociada de ASPAPEL”, recordaron los Mossos en un informe incluido en el sumario.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto de Biofibras de Galicia —empresa dependiente de Ence— para implantar en los terrenos de la antigua central térmica de As Pontes (A Coruña) una fábrica de pasta de papel reciclada. La Xunta subraya que la iniciativa, que quedó fuera del PERTE de descarbonización al igual que la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo), está condicionada al cumplimiento de las exigencias de los informes sectoriales y de la propia DIA para “compensar y minimizar” los posibles efectos en el entorno.

El proyecto incluye la construcción de la para producir pasta blanqueada a partir de papel y cartón recuperado o de sus residuos. Se ubicará en el antiguo parque de carbones de la central de Endesa. Allí se realizarán dos procesos —el reciclaje de papel y cartón y la fabricación de pasta de celulosa— con el objetivo de obtener una producción de unas 100.000 toneladas al año.

En un comunicado, la Consellería de Medio Ambiente señala que la DIA es resultado de 18 informes —favorables o favorables condicionados— con los que se busca “garantizar la preservación de los valores ambientales, culturales, patrimoniales y socioeconómicos” e incluyen “pautas” que su desarrollo sea viable. Según afirma, el departamento de Ángeles Vázquez trabaja ahora en la autorización ambiental integrada (AAI) para completar el trámite ambiental.

Será la Consellería de Economía e Industria la que asumirá ahora de nuevo el expediente. A ella le tocará “velar por el cumplimiento de las exigencias ambientales” marcadas por la DIA. Los informes incluyen condicionantes específicos del proyecto para que Biofibras de Galicia vele por la protección de los espacios naturales existentes en el tentor, la flora y la faua, la calidad de las aguas del río Eume, la salud pública o la preservación del patrimonio cultural y el paisaje.

El Tribunal Constitucional (TC) resolverá el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra sobre la posible vulneración de su derecho a la tutela judicial durante el proceso de prórroga de la concesión de la planta de Ence. Fuentes del TC han aclarado a elDiario.es que su papel se limitará a analizar el defecto de forma denunciado por el consistorio, pero que no entrará a analizar el fondo de la cuestión.

La alcaldesa de Pontevedra en funciones, Eva Vilaverde, ha comparecido en rueda de prensa —recogida por Europa Press— para anunciar que este mismo martes se había recibido la providencia del alto tribunal comunicando la admisión a trámite del recurso de amparo.

La administración local había presentado este recurso en septiembre de 2023 y, según ha indicado, esta decisión judicial “confirma” su postura y supone que el procedimiento legal contra Ence “sigue abierto”, algo que el gobierno municipal celebra al sostener que es “extremadamente difícil” que se admitan este tipo de recursos.

Eva Vilaverde ha apuntado que para el gobierno local del BNG esta admisión era importante toda vez que considera que la prórroga “claramente irregular” no “deja de ser una gamberrada” por, según ha argumentado, la falta de justificación de su actividad en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, la vulneración de las directrices europeas, al hacerse sin ningún tipo de concurso, “y porque claramente se infringió el procedimiento” sin tener en cuenta ni pedir ningún tipo de informe municipal.

A todo esto, Eva Villaverde suma que fue concedida por un Gobierno central que ya estaba funciones, presidido en aquel momento Mariano Rajoy, excediendo sus competencias.

Para el gobierno local de Pontevedra “este Ayuntamiento y sus vecinos recibieron un trato de indefensión” porque el Tribunal Supremo no estudió ninguna de estas causas, por lo que también considera este recurso “una cuestión de dignidad”.

Eva Vilaverde subraya que el Constitucional reconoce que el asunto tiene “especial trascendencia” al afectar a un derecho fundamental sobre el que no existe doctrina.

En la providencia enviada a las partes, la sección tercera de este tribunal ordena al Supremo y a la Audiencia Nacional que le remita toda la documentación pertinente sobre este procedimiento.

El gobierno municipal ve “claras” tres posibles opciones, entre ellas la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la permanencia de Ence, revocando automáticamente la prórroga, o que se tengan que examinar todas las alegaciones presentadas en su día.

En el caso de que el Constitucional emita una sentencia desfavorable a los intereses del Concello, ha avanzado la alcaldesa en funciones, recurrirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Ence: “No se vulneró ningún derecho”

Por su parte, la empresa Ence ha reaccionado a esta noticia indicando que la compañía no ha sido notificada al no ser parte en el recurso por lo que no conoce el contenido del auto de admisión del Tribunal Constitucional.

Según sostiene la empresa pastera, esta admisión “tan solo implica que se tramitará el recurso para valorar si ha tenido lugar la vulneración del derecho fundamental que ha alegado el Ayuntamiento”.

“Ence considera que dicha vulneración no se ha producido y en el momento que sea emplazada por el Tribunal Constitucional y se le notifique el auto efectuará las alegaciones que considere oportunas en defensa de sus intereses”, anuncia la dirección de la compañía.

Por último, Ence recalca que “en ningún caso la tramitación de este recurso afectara a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de casación que fueron favorables a la compañía” y que declararon la validez de la prórroga de la concesión “la cual no es objeto de discusión en el recurso de amparo presentado” y que, concluyen “mantiene su validez y plena vigencia y no puede quedar afectada por este tema”.

Fuentes del Constitucional ah ndeclardo que su papel en esta historia se limita a analizar el defecto de forma denunciado y no entra a analizar el fondo de la cuestión

25 años antes de que la Xunta hiciese suya la idea de convertir a la macrocelulosa de Altri en un “elemento arquitectónico atractivo” —un “Guggenheim”, como ironiza el BNG— y a su chimenea de 75 metros de altura en un “icono”, A Coruña ya hizo bandera de esta filosofía. El entonces alcalde socialista Francisco Vázquez presentó a bombo y platillo un proyecto del arquitecto César Portela para transformar a la refinería de Repsol en “la mayor escultura de la ciudad”. Portela embarcó en esa aventura al artista Agustín Ibarrola, quien tendría que transfigurar el conjunto de chimeneas y antorchas del complejo en un nuevo bosque pintado, inspirado en el que él mismo había creado en el valle vizcaíno de Oma, pero con árboles metálicos de más de 100 metros de altura. Al contrario que ahora, aquella propuesta no provocó ninguna tormenta. Seguramente, porque en A Coruña llevaban más de tres décadas conviviendo con la instalación mientras que el proyecto de Palas de Rei ha encontrado antes de nacer la mayor contestación social en Galicia desde la catástrofe del Prestige.

La transformación de la refinería era el mascarón de proa del proyecto con el que Portela ganó el concurso de ideas para diseñar el Parque Atlántico, el que estaba llamado a ser el pulmón de A Coruña: tres millones de metros cuadrados de zona verde, desde el Monte de San Pedro hasta Bens, la ladera que servía como vertedero a la ciudad hasta que, en 1996, 200.000 toneladas de basura y tierra cayeron sobre la zona de O Portiño y sepultaron a un hombre de 58 años que estaba lavando su coche. Su cuerpo nunca apareció.

Muchas de las ideas de aquel ambicioso diseño de Portela no pasaron del papel, como el jardín japonés o los tres museos científicos dedicados a las mariposas, los pájaros y las plantas. Otras, como el ascensor panorámico y el restaurante en el Monte de San Pedro sí llegaron a hacerse realidad. La intervención en el complejo industrial fue de las del primer grupo.

“Aquello quedó en nada”, rememora hoy Portela a través del teléfono. El arquitecto confirma la sensación de que la idea, simplemente, se dejó morir. “Agustín (Ibarrola) tenía otros encargos —como el jardín de O Rexo, en Allariz (Ourense), en el que ambos colaboraron—, el Ayuntamiento tampoco tiró para adelante...”. Un concejal de aquel gobierno local, tras hacer memoria, recuerda que los condicionantes técnicos y de seguridad eran demasiados para que la nave llegase a buen puerto.

Repsol no confirma este extremo, pero las crónicas de la época ya recogían los numerosos requisitos que apuntaba la empresa. “Si técnicamente es posible, nosotros no pondremos ningún impedimento”, citaba entonces La Voz de Galicia entre los mareantes números de la planta: el “lienzo” de Ibarrola alcanzaba el millón y medio de metros cuadrados, de los que 700.000 correspondían a los depósitos, las siete chimeneas y las dos antorchas; las más altas, de 140 y 120 metros de altura.

Frente a tanta cautela, Portela lo veía “facilísimo”: Ibarrola pintaría siguiendo un catálogo de colores, lo que facilitaría el mantenimiento si era necesaria una restauración. La refinería ya advirtió que tendrían que usar una pintura especial, una mezcla concebida para que resistiese las condiciones de temperatura extrema de la instalación. El arquitecto proponía trabajar por tramos, aprovechando el repintado que hacía la propia petrolera en períodos de seis años... pero todas esas intenciones murieron en un cajón.

As Pontes: símbolo, pero después del cierre

La frustrada transformación de la refinería en un objeto artístico no era algo que surgiese de Repsol. El caso de Altri, sin embargo, es todo lo contrario: fue la pastera portuguesa la que pagó el informe de Jordi Tresserras, antiguo presidente de ICOMOS-España —la entidad que asesora a la UNESCO sobre patrimonio—, en el que se apuesta por esa iconicidad, tanto de la chimenea como de todo el conjunto. Esa fue la postura que después la Xunta hizo suya en el expediente de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que informó favorablemente del proyecto de macrocelulosa.

“Cuando se plantea un complejo industrial, conseguir la mayor integración en el paisaje, si va a haber una chimenea, es lógico”. El presidente de la Xunta asumía también esta filosofía y aprovechaba para disparar contra el BNG: “A mí me hace mucha gracia que los mismos que cirtican esta intervención están pidiendo que se declare Bien de Interés Cultural (BIC) una chimenea que es cuatro o cinco veces más alta. Un ejemplo más de las incoherencias que estamos viendo en este asunto”.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta del lunes, Alfonso Rueda se refería a la chimenea de la central térmica de As Pontes (A Coruña), que ha iniciado por segunda vez su tramitación como BIC, una iniciativa hoy respaldada por PP y PSOE pero que partió de las filas nacionalistas. Según la Consellería de Cultura, la chimenea, de 356 metros de altura —la más alta de Europa cuando se construyó, en 1974— “dejó de ser simplemente un elemento industrial para convertirse en símbolo de la identidad local”. El Bloque ha intentado, de momento sin éxito, que esa declaración se amplíe a otras instalaciones de la antigua térmica, esas que le dan el sobrenombre de la Springfield gallega, por su parecido con la central nuclear donde trabaja Homer Simpson.

La diferencia entre una y otra propuesta es que, mientras la chimenea de Altri —si llega a entrar en funcionamiento—, emitirá “azufre, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado”, tal y como recuerda Greenpeace, la de As Pontes ya se ha apagado para siempre. La casualidad quiso que Rueda criticase la postura del BNG apenas unos minutos después de sacar pecho por la reducción de emisiones de Galicia en 2023: un 38,3%, “a un ritmo cinco veces mayor que el conjunto de España”. La causa fue, precisamente, el cierre ese año de la central térmica. En 2024, el primero completo sin que Endesa quemase allí carbón, los gases de efecto invernadero se quedaron en mínimos que no se veían en más de 50 años.

Ence toma apuntes

Quien pareció tomar buena nota del intento coruñés fue Ence. Por aquella época, presidía el grupo pastero un buen amigo de Francisco Vázquez: José Luis Méndez. El director general de Caixa Galicia era uno de los hombres más poderosos de Galicia y lo fue hasta 2010 cuando, tras forzar la fusión con Caixanova —operación impulsada y apadrinada por la Xunta de Feijóo—, el Banco de España lo apartó de su cargo por la mala gestión que llevó a la entidad a la quiebra técnica. El rescate de Novacaixagalicia, la caja resultante, costó al erario público más de 9.000 millones de euros.

Pero, entonces, todo eso quedaba aún muy lejos. Hablamos de los tiempos en los que Méndez, ante la contestación social, presumía de que era más barato comprar voluntades para cambiar la opinión pública que trasladar la factoría de Pontevedra. La prórroga decretada por el gobierno Rajoy en funciones, avalada por el Supremo y criticada por Bruselas, garantiza su permanencia en Lourizán al menos hasta 2073, pero no todas las voluntades tenían precio: este 1 de junio, los opositores a las dos celulosas —la que existe y la que se proyecta— sumarán fuerzas en la ciudad del Lérez bajo el lema Nin Ence na ría nin Altri na Ulloa.

Méndez, el hombre que había querido ser pintor, lanzó a los estudiantes de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra el “reto” de convertir la fábrica de la ciudad en “el primer monumento industrial gallego”. En este caso, las chimeneas no se tocaban. El objetivo era utilizar como soporte artístico la caldera de recuperación, de 4.000 metros cuadrados de base y 55 metros de altura. An(h)ellus, una intervención artística que cubría la fachada de anillos de luz, imitando a los que indican la edad del árbol en su tronco cortado, fue la ganadora.

Es fácil localizar ecos de todas estas experiencias en el informe que Jordi Tresserras redactó para Altri, envuelto en el supuesto marco de independencia que le concedía su pasado en ICOMOS, pese a que la entidad no dudó en desvincularse de sus llamativas conclusiones. En su propuesta para la chimenea, además de “incorporar” esos “elementos decorativos o artísticos” que la conviertan en un “icono”, o pintarla con verdes, marrones o grises, “tonos que se mimeticen con el entorno”, propone trabajar “formas de expresión y conceptuales”, precisamente, con “con escuelas de bellas artes y arquitectura del territorio”.

Pese a la existencia de puntos en común, para César Portela, su propuesta para la refinería y la de Tresserras para Altri no se pueden comparar: “Son cosas muy diferentes. Lo de A Coruña [la factoría de Repsol], estaba hecho; aquí aún hay que discutir si [la macrocelulosa] se hace o no se hace”.

La Comisión Europea considera que España no ha cumplido la Directiva de Servicios en la adjudicación y ampliación de concesiones. A su juicio, el procedimiento que sigue para otorgarlas y así autorizar instalaciones permanentes en la costa “mediante una simple solicitud, seguida de un período de información de 20 días” contraviene la normativa comunitaria. Además de a restaurantes -los conocidos como chiringuitos- o a piscifactorías, el dictamen motivado emitido este 16 de diciembre por el organismo europeo afecta al proceso que concedió a la polémica celulosa Ence permanecer en la ría de Pontevedra hasta 2073. La Administración debe “garantizar la igualdad de trato en las concesiones costeras”. La empresa no lo entiende así, y aduce, en respuesta a preguntas de elDiario.es, que la mencionada directiva no se aplica a la actividad industrial.

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, en 2016, dio a la pastera el permiso. Aquella decisión acabó en los juzgados tras una denuncia de Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría. Estos colectivos entendían que la fábrica no debía permanecer en dominio público marítimo terrestre, al existir la posibilidad de que desarrollase su actividad en otra ubicación menos lesiva con el medio ambiente. Una sentencia de la Audicencia Nacional tumbó la concesión de Rajoy, pero el Tribunal Supremo la revocó. A los pocos días, en febrero de 2023, Bruselas abrió el procedimiento de infracción que ahora resuelve con críticas al proceso del Ejecutivo del Partido Popular en un dictamen motivado. El comunicado con el que entonces lo anunció incluía ya el núcleo argumental de las conclusiones, al afear que la Ley de Costas española previese la posibilidad de adjudicar “sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes” unas “concesiones” para construir locales permanentes como “restaurantes, agrogranjas, empresas papeleras o químicas” en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos. Con el dictamen motivado acaba la fase administrativa. España tiene dos meses para responder. Si no lo hace, el siguiente estadio será el Tribunal Europeo de Justicia.

El documento del organismo comunitario lamenta que la Administración española no utilizase, tal y como señala la Directiva de Servicios, “un procedimiento de selección imparcial y transparente” y le pide “garantizar la igualdad de trato en las concesiones costeras”. La ampliación de las mismas, en algunos casos de hasta 75 años, “infringe la misma disposición, ya que otorga un derecho preferente a los concesionarios actuales”. El dictamen añade que la normativa española dificulta el acceso a las mencionadas concesiones a operadores de otros estados miembros Y restringen así “la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Ence asegura, sin embargo, que se dedica a “la fabricación de bienes, lo que claramente no constituye una actividad de servicios que es a lo que se refiere la Directiva 2006/123”. Y añade que la jurisprudencia en relación a esa normativa está relacionada con “autorizaciones para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre de uso recreativo y turístico, y no con concesiones de naturaleza industrial”. El dictamen motivado sí menciona, en todo caso, una actividad industrial, la acuicultura. Y el comunicado de inicio de procedimiento, las empresas papeleras como ejemplo de concesiones permitidas por la legislación española pero dudosas de atender al derecho comunitario. La compañía también recuerda que el Supremo rechazó el argumento sobre la infracción de la Directiva de Servicios al desetimar el incidente de nulidad del Concello de Pontevedra contra la sentencia que legalizaba la prórroga y “afirmar expresamente que no procede la apertura de un proceso de libre concurrencia con otros agentes para la prórroga de la concesión”.

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares se hizo eco del dictamen de la Comisión Europea en sus redes sociales y calificó de “nefasta” la decisión de Rajoy en 2016 que extendió la concesión de la pastera.

A 72 horas de que se cierre el plazo para la presentación de alegaciones contra la macrocelulosa de Palas de Rei (Lugo), las plataformas que reúnen a ecologistas y vecinos han encontrado un nuevo argumento para tratar tumbar el proyecto. Y lo han hecho con la documentación que ENCE utilizó para descartar por “inviabilidad ambiental” el traslado de su planta de Pontevedra a cualquier otro punto de Galicia. Según los informes de dos consultorías aportados en la causa sobre la continuidad de la pastera en Lourizán, ningún río gallego cuenta con la “capacidad hídrica” necesaria para soportar una actividad que es mucho menor a la prevista por Altri en el río Ulla.

Las plataformas en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Ulloa Viva -representantes de los intereses de los dos extremos del Ulla, su desembocadura y su nacimiento- han acudido a la causa sobre la continuidad de ENCE en la ría pontevedresa, un caso que llegó al Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Nacional anulase la prórroga de 60 años concedida a la planta por el gobierno de Mariano Rajoy. El alto tribunal, sin embargo, dio la razón a la empresa y permitió su presencia en la desembocadura del río Lérez hasta 2073.

Entre los argumentos que tuvieron que analizar los jueces, se encontraba un informe pericial de la consultora Idom, elaborado en 2018 -a petición de ENCE- por el ingeniero industrial Alfonso Vázquez y el biólogo Rafael Villasuso. En él, se especifica que la planta pontevedresa requiere, para la fabricación de pasta de papel, una captación diaria de 0,5 m3/s de agua dulce.

“De acuerdo con las consideraciones de empresas de ingeniería expertas en el diseño de este tipo de plantas”, dice el informe, “se puede tomar como una regla de buena práctica el que la captación no sea superior al 1/15 -1/20 del caudal del curso de agua considerado, por lo que para la captación de agua sería necesario un curso con un caudal mínimo de 7,5-10 m3/s”.

Según los datos de la Xunta en septiembre de 2017, el Lérez presentó un caudal mínimo de 2,8 m3/s, un dato claramente inferior pero que consideran “solventado” por la existencia de una presa de retención “que permite aportar el caudal necesario para la captación de la planta”. En ese mismo mes, el caudal mínimo del Ulla era de 0,8 m3/s, es decir, tres veces y media menos.

ENCE vierte al río tanta agua como la que capta. Para ello, después de estudiar lo que se hace en Europa, los autores concluyen que necesita poder hacerlo al mar, a lagos “de muy grandes dimensiones” -entre 1.120 y 15.000 Hm3- o “ríos de gran caudal” -de 156 a 6.500 m3/s-. La conclusión: “En Galicia no hay ni grandes lagos ni ríos con ese caudal de agua”.

Por eso, la planta de ENCE descarga al mar a través de un emisario submarino. La regla del 15-20, que se aplicaba también para la captación, sólo permitiría aquí hacerlo puntualmente en el Miño y el Sil, ya que “podría derivar en que dichos ríos no fueran aptos para recibir la descarga de efluente durante todo el año”.

Ambos cauces pertenecen a una confederación hidrográfica, la del Miño-Sil, de competencia estatal, motivo por el que Altri la descartó para instalar su planta. La empresa consideró que, al no estar bajo el control de la Xunta, “los otorgamientos de concesiones de aprovechamiento y vertido iban a ser más difíciles”.

La consultora que dijo una cosa y la contraria

La plataformas citan un segundo informe aportado en el proceso judicial. En este caso, el autor fue la consultora Pöyry, con datos de mayo de 2019. Meses después, en 2020, Pöyry se fusionaba con la sueca AF dando lugar a AFRY, la consultora que realizó el informe para GreenFiber -la sociedad creada por Altri y el maderero Manuel García para impulsar el proyecto- y defiende ahora justo lo contrario: que el río Ulla puede abastecer a una fábrica de celulosa mucho mayor que la de ENCE.

Sin embargo, en aquel entonces, Pöyry aseguraba que “sin una fuente de agua, suficiente tanto en calidad como en cantidad, para captar agua en abundancia y poder evacuar en un medio lo suficientemente grande, una fábrica de celulosa no puede operar”.

“Todas las fábricas de tamaño como ENCE Pontevedra descargan los efluentes en el mar o en un rio de grandes dimensiones”, podía leerse textualmente. Ya que el caudal mínimo de captación y de vertido para una planta como la de Pontevedra, que produce unas 500.000 toneladas de celulosa al año, es de unos 16.000.000 m3 anuales, su ubicación sólo “debe ser en la zona costera y, en concreto, en un lugar inmediato a la costa”.

“Existen fábricas en España que vierten a ríos con caudales poco elevados, pero son fábricas pequeñas y de menor capacidad de producción, teniendo en cualquier caso un impacto en el ambiente dada la poca capacidad de dilución del medio receptor a causa del poco caudal”, añade.

Por todo esto, “la necesidad de estar próximo a un gran curso de agua eliminaría lugares en Galicia como por ejemplo As Pontes”, la localidad coruñesa donde se buscan alternativas industriales al cierre de su central térmica, y que ha había sido “analizada y descartada en el pasado”.

“El eventual vertido en el Río Eume no es factible puesto que tiene un caudal medio de 6 m3/s, inferior a lo requerido para el vertido del efluente”. Además, requeriría un canal emisario “de más de 30 km”, algo que no sería “viable en la industria”.

Más allá de ese caudal medio, los datos oficiales de la Xunta citados por Idom y referidos a septiembre de 2017 recogían que el caudal mínimo del Eume era de 1,9, es decir, tres veces más que el del Ulla en ese mismo mes.

Con todos estos datos, tanto la PDRA como Ulloa Viva concluyen que “no se puede argumentar la imposibilidad del traslado de la factoría de ENCE en Lourizán y utilizar los argumentos contrarios para justificar la instalación de GreenFiber en el Ulla”.

“No hay ningún río en Galicia en el que sea sostenible emplazar una celulosa de las dimensiones productivas de GreenFiber”, sobre todo, “en un escenario de cambio climático como se puede percibir en la tendencia del caudal medio del río Ulla en los meses de agosto y septiembre, en los quinquenios 1980-2020”.

Ence se ha adherido este lunes a la Alianza Galega polo Clima, promovida por la Xunta de Galicia, que busca contribuir al avance de la mejora ambiental y frenar los efectos del cambio climático en la comunidad gallega.

El director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal, ha firmado este lunes el convenio de adhesión en presencia de la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en un acto que tuvo lugar en la fábrica de Ence en Pontevedra, de la que en el primer trimestre de 2024 se conocerá el plan estratégico para los próximos años, según ha avanzado el portavoz de la compañía.

Ángeles Vázquez ha resaltado la importancia del apoyo de Ence a esta Alianza, que cuenta ya con 95 entidades adheridas y sigue reuniendo esfuerzos que, según la vicepresidenta, “permitirán situar a Galicia a la cabeza de las regiones europeas en la lucha contra el cambio climático”.

El director territorial de Ence en Galicia se ha referido a esta adhesión como “un nuevo paso en nuestro compromiso con la comunidad gallega, con el cuidado del medio ambiente y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Además, Antonio Casal ha apuntado que, para la compañía pastera, esta iniciativa se presenta como “una oportunidad única para seguir avanzando en el desarrollo industrial sostenible”. “En Ence apostamos por un futuro sostenible para Galicia, del que queremos formar parte”, ha manifestado.

La vicepresidenta segunda de la Xunta, por su parte, ha destacado que esta Alianza es un “pacto de corresponsabilidad” que permite a Galicia “ser más fuerte en la gran lucha contra el cambio climático”.

La adhesión a esta Alianza supone asumir las líneas estratégicas marcadas por el Gobierno gallego en esta materia y una serie de obligaciones como establecer acciones dirigidas a la adaptación o mitigación del cambio climático en Galicia; fomentar el intercambio de información científica, tecnológica, socioeconómica o jurídica sobre este tema; promover y apoyar la investigación vinculada al clima, y acelerar el desarrollo y la difusión de tecnología para la transición hacia sistemas de energía de bajas emisiones.

Plan Estratégico

Antonio Casal ha explicado que Ence aportará su propia experiencia a la Alianza Galega polo Clima “para ayudar” a lograr estos objetivos y ha especificado que las inversiones económicas no se contemplan en este marco de colaboración público-privada.

El director territorial de Ence ha anunciado que en el primer trimestre de 2024 se conocerá el Plan Industrial y Estratégico para los próximos años de la fábrica de Lourizán, en el que actualmente están trabajando. “Estamos viendo las posibilidades que tiene la biofábrica”, ha dicho.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, ha informado de que acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ence que da validez a la prórroga de 60 años de la concesión de la fábrica en Lourizán. El regidor entiende que era “previsible” el auto del Tribunal Supremo contrario al incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento y la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por el mismo tribunal el pasado mes de febrero. “No se dieron muchos casos en los que un tribunal se enmiende la plana a sí mismo”, comentó Lores, según informa Europa Press, “sabíamos que en el Supremo estaba atado y bien atado, pero era un paso que había que dar”.

Lores ha recordado que el Ayuntamiento de Pontevedra ha contratado los servicios del despacho de abogados Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS Abogados) para coordinar la estrategia jurídica y asumir el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “Estamos trabajando ya en él”, ha señalado. Según ha indicado el alcalde, en el equipo que dirige Francisco Caamaño, quien fue ministro de Justicia entre 2009 y 2011 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, “entienden que hay muchísimos argumentos jurídicos” alrededor de la “indefensión” que alega la Administración local, ya que ni el Supremo ni la Audiencia Nacional atendieron todas las argumentaciones presentadas contra la concesión de la prórroga.

“A la espera del dictamen del Tribunal Constitucional, en el caso de que fuera negativo, indiscutiblemente vamos a ir a los tribunales de la Unión Europea, eso está acordado así”, ha avanzado el regidor que confía en que esta última instancia española “sea favorable a los intereses de los pontevedreses” antes de abrir la vía judicial europea. “Creemos que tenemos todo el derecho del mundo a recuperar el dominio público marítimo terrestre en una concesión que no debió hacerse nunca”, ha sentenciado Lores, “este Ayuntamiento, mientras yo sea alcalde, no va a dejar de luchar por recuperar la ría de Pontevedra” ya que está convencido de que la ubicación de la fábrica de celulosas en Lourizán es “una condena de las más graves que puede tener una ciudad y una comarca”.

Greenpeace cree que la batalla para expulsar a Ence de la ría de Pontevedra aún no está perdida. La organización ecologista ha decidido recurrir en amparo al Constitucional para revertir la sentencia del Supremo que permite a la pastera quedarse en su actual ubicación hasta 2073. Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, resume del siguiente modo la postura de su formación: “Todo lo que rodea a Ence ha olido siempre muy mal. No podemos conformarnos con esta sentencia del Supremo”.

Los servicios jurídicos de la ONG entienden que la sentencia del Supremo que favorece a Ence “plantea una visión muy restrictiva de la protección del dominio público marítimo-terrestre y la excepcionalidad de su ocupación”. Tampoco comprenden los ecologistas cómo es posible que el Supremo se haya desvinculado de la defensa del litoral “justificando su decisión exclusivamente en un informe ambiental de la Xunta de Galicia”.

“Resulta anacrónico e indignante que una concesión preconstitucional, establecida durante el franquismo, sea privilegiada de esta manera gracias a un traje a medida confeccionado por el exministro Arias Cañete y su vergonzosa reforma de la Ley de Costas de 2013”, ha asegurado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

El Constitucional tendrá que decidir ahora si admite a trámite el recurso de amparo que le va a remitir la organización ecologista. Entre los argumentos que Greenpeace incluirá en su solicitud están los contenidos en el voto particular emitido por la magistrada Ángeles Huet contra el criterio de la mayoría del Tribunal, que falló a favor de Ence. En ese voto discrepante, Huet alertaba sobre la mala interpretación que sus compañeros del Supremo habían realizado en torno a la jurisprudencia del Constitucional aplicable al caso Ence. Ahora será el tribunal de garantías, presidido por el pontevedrés Cándido Conde Pumpido, el que tenga voz sobre el caso.

La junta de gobierno local de Pontevedra ha aprobado la presentación de un “incidente de nulidad de actuaciones” tras la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la validez de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán. La portavoz municipal, Anabel Gulías, ha afirmado que ese dictamen “genera indefensión” para el Ayuntamiento.

Tras la valoración de esa sentencia --que el gobierno municipal considera “injusta”-- por parte de los servicios jurídicos del Consistorio, esta será “la primera de las acciones” que impulsará el Concello “por tierra, mar y aire para devolver a la ciudadanía el espacio que le pertenece”, ha justificado Gulías parafraseando las palabras del propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, informa Europa Press.

“Cuando la Audiencia Nacional estima nuestro recurso, no valora todos los motivos que esgrimimos, solo uno”, ha explicado la portavoz municipal, en alusión al artículo 32 de la Ley de Costas, en cuanto a que las instalaciones de Ence “por su naturaleza podían tener otra situación fuera del dominio público marítimo-terrestre”. La resolución de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, ponía fin a la permanencia de la polémica planta en la ría.

En este sentido, la reclamación del Concello de Pontevedra implica dirigirse al Tribunal Supremo para “paralizar” lo que ha estimado en su dictamen “y volver de nuevo a la Audiencia Nacional para que se juzguen los motivos esgrimidos” en la totalidad del recurso presentado por el Gobierno local.

Así, entre los argumentos que, según Anabel Gulías, no se han tenido en cuenta, figura la “vulneración de la legislación ambiental autonómica” en materia del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Territorio. Tampoco se habrían valorado las circunstancias sobre la concesión de la prórroga por parte de un Gobierno en funciones, en 2016, sin “garantías acordes con la importancia de someter la ría a todos esos años de condena”.

Además, el Ayuntamiento de Pontevedra reclamaba la aplicación de la directiva de servicios de la Unión Europea, en tanto sería necesario que la concesión de los terrenos fuese por “concurrencia competitiva, no a dedo”, y la “caducidad expresa de la prórroga de 2018”. Gulías defiende que “hay muchos motivos” para que Ence tenga que salir de la ría y no uno solo.