La destrucción del paseo marítimo de Matalascañas pregona el riesgo para todo lo construido a pie de playa en Andalucía

La borrasca Francis ha dejado en su reciente paso por Andalucía un aviso en forma de destrucción: ha devorado buena parte del paseo marítimo de Matalascañas, enclave perteneciente al municipio onubense de Almonte y que es el núcleo urbano más cercano a Doñana. A este proyecto urbanístico se le puso alfombra roja hace más de medio siglo (fue declarado Centro de Interés Turístico Nacional) y se permitió la construcción hasta primerísima línea de playa, como en otros puntos del litoral andaluz, con unas consecuencias que se han visto ahora pero que van a ir a peor.

Ahora, varias décadas después, el Atlántico ha hecho sentir su fuerza y ha puesto de manifiesto que la cosa tiene difícil solución. De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) considera que todo lo que se hace es poner parches –el último en plena ejecución con una factura de seis millones de euros para aportar 700.000 metros cuadrados de arena– y que lo único que daría estabilidad sería retranquear el paseo marítimo unos 100 metros, pero eso (calcula el ayuntamiento) obligaría a quitar de en medio hasta 300 inmuebles que hoy están casi a pie de playa.

El susto de Francis ha sido mayúsculo, ya que junto con el kilómetro y medio de paseo marítimo cayeron chiringuitos, el agua tiró paredes y entró en viviendas de la urbanización Pueblo Andaluz, ha dejado al borde del hundimiento la ya de por sí insuficiente depuradora e incluso la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedió a evaluar la integridad de un edificio tras inundar el mar sus cimientos. El alcalde almonteño, Francisco Bella (del partido local llusiona), ha cifrado en más de nueve millones de euros los daños que ha sufrido Matalascañas.

“Se permitió construir más allá de lo razonable”

Para Luis Domínguez, responsable de Ecologistas en Acción en Huelva, lo ocurrido tiene una explicación sencilla, y no es otra que “se permitió construir más allá de lo razonable y luego no se corrigió”. Las soluciones que se plantean, subraya, sólo sirven para “ganar un poco de tiempo y gastar un montón de dinero público”, porque “el movimiento del mar es imparable”. Problemas similares se sufren en otros puntos del litoral onubense (El Portil, La Antilla...), por lo que la única salida que ve es ganar playa y para ello hace falta “recuperar esos espacios públicos” aplicando el deslinde del dominio público marítimo terrestre al que obliga la Ley de Costas.

La gran urbanización anexa a Doñana, en la que no viven más de 3.000 personas pero que los fines de semana de verano puede llegar a congregar hasta a 300.000, es una muestra más del urbanismo turístico explosivo que se desarrolló hace unas décadas en Andalucía y que hoy es muy difícil de revertir porque implicaría la destrucción de miles de viviendas. La propia Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente andaluza calcula una pérdida de entre cinco y 25 metros de playa seca en el litoral andaluz de aquí al año 2050, con la Costa del Sol malagueña como el tramo más afectado.

El responsable de estas previsiones del Gobierno andaluz es el cambio climático, algo en lo que coincide plenamente con el Ejecutivo central. Así lo ha señalado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a propósito de lo ocurrido en Matalascañas: “es necesario tener en cuenta que el mar va a ir ocupando cada vez más terreno hacia el interior”, por lo que “la mejor defensa que tenemos es la de recuperar las playas y las dunas”. Y esto, apostilla, “significa eliminar edificaciones e infraestructuras que en estos momentos suponen un serio riesgo para la estabilidad del borde litoral y como consecuencia también para la seguridad de los ciudadanos”.

El problema es que esto es una revolución que afecta en Andalucía a miles y miles de viviendas, lo que no le hace la más mínima gracia ni a sus propietarios ni a los municipios costeros. El alcalde almonteño, por ejemplo, ha defendido este miércoles que su localidad tiene 56 kilómetros de costa, desde Mazagón hasta la desembocadura del Guadalquivir, “y sólo tiene construidos cuatro kilómetros”, los de Matalascañas, que “tienen todos los beneplácitos de todo el mundo, de todos los ministerios, de todas las administraciones, a lo largo de todo el tiempo”.

Un parche de seis millones de euros

“Es algo que tendremos que asumir entre todos”, reivindica, y eso significa mucho dinero. La borrasca Francis ha destruido kilómetro y medio de paseo marítimo y ha afectado a más de medio centenar de inmuebles, “algunos de ellos de carácter colectivo” por lo que estaríamos hablando de miles de personas afectadas. El Gobierno central, mientras tanto, inició en diciembre el recrecimiento de nueve espigones de defensa y una reposición de arena que cuesta seis millones y que para el ayuntamiento almonteño ha llegado tarde, además de iniciarse en un punto que no era tan urgente.

La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas, por su parte, tiene en el punto de mira al consistorio, al que no perdona que todo lo haya convertido en zona azul y al que reprocha un abandono que ejemplifica en que desde 2013 hay un informe que alerta de problemas en el paseo marítimo por falta de arena. Ambas partes coinciden en que lo ocurrido podría haberse evitado, como si se le pudieran poner puertas a la fuerza del Atlántico o al terreno dunar sobre el que se asienta el núcleo urbano.

“Ya no sirven las respuestas clásicas”

Ahora, Gobierno y ayuntamiento se han citado para el próximo 14 de enero para intentar buscar una “solución definitiva”, en palabras de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. Al margen del parche que se está haciendo ahora, se pretende hallar una salida que “no sea solamente paliativa” pero con una idea clara: “el mar va a seguir golpeando todo el litoral español”. Pero hay que “llegar a un acuerdo” que “tranquilice de una manera permanente y más estable a toda a la ciudadanía y al tejido empresarial” de Matalascañas.

Pero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insiste en que lo tiene claro: “El cambio climático obliga a modificar el modelo de litoral”. Tiene que ganar en resiliencia, capacidad de respuesta y seguridad, todo ello para adaptarse “a un proceso que es irreversible, que es la elevación del nivel del mar y el incremento de los fenómenos extremos”. “Ya no sirven las respuestas clásicas paliativas de aportar arena en las playas”, concluye.