El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha comparado este jueves la guerra con el aborto y ha advertido de que la propuesta de incluir este último derecho en la Constitución se produce en el contexto de “una política que pisotea la ética”.

El obispo ha pronunciado estas palabras en la homilía de la solemne misa oficiada este jueves ante centenares de alicantinos al término de la romería al monasterio de la Santa Faz, la segunda más multitudinaria de España sólo tras el Rocío y a donde se prevé que caminen más de 300.000 personas.

Para el obispo, “la condena moral de la guerra y del aborto tienen la misma lógica” por la “absolutamente injusta la violencia aplicada contra los inocentes”, y ha alertado de que “en este momento de la historia se enfrentan dos alternativas: Una ética que ilumina la política o una política que pisotea la ética”.

Ante un auditorio en el que estaba el president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, entre otros muchos políticos y representantes de la sociedad civil, el obispo ha llegado a esta conclusión tras citar unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando le dieron el Nobel de la Paz, en 1979, de las que ha recordado que dijo que “sin duda el aborto es también guerra”.

En esta línea, Munilla ha incidido en que “atentar contra los inocentes es una de las heridas más profundas que puede infligirse a la Humanidad” y ha proseguido en que “no hay causa, interés particular, ideología ni estrategia que justifique la eliminación del que no puede defenderse”.

“Y cuando se olvida este principio, más aún cuando se justifica, la sociedad se desmorona espiritualmente”, ha subrayado ante de insistir en que ante esta “encrucijada” hay que escoger entre “la idolatría del poder o la fidelidad a la conciencia ética”, sin “neutralidades cómodas”.

Del mismo modo, se ha referido a los conflictos bélicos internacionales, y ha exclamado un “basta ya de idolatría a uno mismo y del dinero”, así como el fin a “la exhibición de fuerza” por parte de unos dirigentes de los que ha dicho, sin citar nombres, “se jactan con orgullo” de acciones de “inhumanidad”.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha opinado que la petición del papa León XIV contra la guerra ha molestado a la “fiera” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha comparado con “la niña del exorcista”.

En el programa 'Sexto continente' emitido en Radio María este lunes 13 de abril, Munilla ha manifestado que Trump se ha “revuelto” contra el papa después de que éste enviara el pasado sábado desde la basílica de San Pedro el mensaje al mundo de que quien tenga capacidad de optar por la guerra o la paz, que elija esto último.

Ha proseguido que estas palabras “increíbles, bellísimas y profundísimas” fueron “las que molestaron a la fiera”, en referencia al presidente estadounidense, quien se “revolvió como la niña del exorcista con el agua bendita” pese a que el papa “tuvo la delicadeza” de no mencionar al propio Trump ni a Estados Unidos.

Para Munilla, “Trump está optando por el camino de la guerra y no la paz” ante lo cual León XIV “ha hecho lo que debía de hacer” pese a que haya “tocado el trigémino al hombre que cree el más poderoso del mundo”.

El obispo de Orihuela-Alicante ha considerado que Trump hace una “banalización del mal” y que se “ufana” cuando “hace alarde de una victoria (militar) rotunda y que ha borrado del mapa” al enemigo ya que en realidad “mata a gente inocente, destrozando familias”.

A su juicio, “hay un delirio de omnipotencia: la idolatría de creerse que soy el dueño del mundo” en un tiempo en el que también observa que los movimientos geoestratégicos buscan el “lucro injusto”.

“Aquí hay gente que se está forrando con operaciones en la Bolsa, con el petróleo y el gas”, ha advertido Munilla antes de comentar que hay dirigentes que deciden arbitrariamente sobre esas fuentes energéticas y su distribución mundial para ganar dinero.

Y también ha alertado que se juega con los tiempos de esas decisiones: “Ahora voy a dar una noticia que va a hacer subir y bajar las bolsas, pero a ti te lo digo un cuarto de hora antes para que compres o vendas y te forres”, ha señalado.

Este viernes, los Reyes fueron recibidos por León XIV, en una visita que tiene lugar tres meses antes del viaje del Papa a España. Felipe VI y Letizia acudieron acompañados, además de por la embajadora, Isabel Celáa, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Bolaños llegó a Roma sin el esperado protocolo a tres bandas (Iglesia-Gobierno-Defensor del Pueblo) para la reparación integral de las víctimas de abusos, que diera continuidad al histórico acuerdo firmado el 8 de enero, un día antes de que se anunciara, por parte de la Iglesia española, el viaje del Papa. Todo, pese a que días antes se había filtrado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que los obispos se negaron a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical. Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.

Este miércoles, tras dos reuniones, se supo que, aunque todas las partes aseguraban que el acuerdo se encontraba “muy avanzado”, de momento, no habría firma. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, cierto 'malestar' en el Ejecutivo ante las filtraciones a varios medios, dando por hecho la firma del acuerdo.

La segunda (y tal vez, la que explica el “retraso”, que no “desacuerdo”, en la firma), el empeño de los obispos en que el ministro Bolaños no fuera este viernes a Roma blandiendo un acuerdo, cuando aún se está a la espera de la confirmación definitiva del itinerario del viaje del Papa. Un tema no menor, pues el Vaticano ya ha mostrado su malestar con los errores de comunicación de la CEE, que ha llegado a filtrar buena parte del programa antes de que lo hiciera la Santa Sede, como es preceptivo.

No volver a indemnizar a las víctimas

La tercera, en la que las partes no logran ponerse de acuerdo, es la rotunda negativa de los obispos a incluir una petición, innegociable, por parte de las víctimas de abusos. ¿Cuál? Abrir la puerta para que aquellas víctimas que habían aceptado el dictamen del Plan PRIVA, pero no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida –hasta la fecha, la única vía de indemnización para los supervivientes– pudieran reclamar, en segunda instancia, ante la nueva herramienta, dirigida por el Defensor del Pueblo.

Para los obispos, resulta fundamental no dar la sensación de que el plan PRIVA se convierte únicamente en una primera instancia, dejando toda la responsabilidad final al dictamen del Defensor del Pueblo, como por otro lado refleja el acuerdo firmado el 8 de enero.

La última diferencia, esta no insalvable (de hecho, se había avanzado casi hasta el acuerdo), estaría en los baremos a utilizar, mucho más beneficiosos para las víctimas que los que actualmente maneja la Iglesia desde el plan PRIVA, y si éstos serían de obligado cumplimiento en el caso del procedimiento seguido por la Conferencia Episcopal. Tampoco hay diferencias en la exigencia de los supervivientes de tener voz y voto en el proceso, ni mucho menos en que las indemnizaciones no tributen a Hacienda. Y es que el dinero no es problema para una CEE que este año recibió 429 millones de euros a través de la ‘X’ en la Renta. Las previsiones más optimistas estiman que “en ningún caso” se superarían los diez millones de euros en indemnizaciones, habida cuenta de que el convenio afecta solo a los casos prescritos civilmente, y que una vez aprobado tendrá una duración de un año (ampliable a otro).

Las víctimas, hartas

Tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “esta próxima semana firmen el convenio, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para elDiario.es.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

“Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

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“Nos preocupa profundamente la tendencia a elevar el aborto a la categoría de 'derecho', incluso con rango constitucional o en cartas de derechos fundamentales. El aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana”. La Conferencia Episcopal ha lanzado un duro mensaje contra la intención del Gobierno de ‘blindar’ el derecho al aborto en la Constitución, y lo ha hecho en su mensaje para la Jornada por la Vida, que se celebra el 25 de marzo bajo el lema, 'La vida, un don inviolable'.

El escrito episcopal, que sigue la línea marcada por sectores de la ultraderecha española (Hazte Oír) o mundial (Javier Milei), y sigue la senda de la desobediencia civil auspiciada, entre otros, por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestiona el anteproyecto de reforma constitucional anunciado por el Ejecutivo para incorporar de forma expresa el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución, y llama a una “alianza social” en favor de la natalidad para que “ninguna mujer” tenga que interrumpir su embarazo.

Al tiempo, muchos de sus miembros defienden las algaradas de grupos neoconservadores, acosando a las mujeres frente a las clínicas de interrupción del embarazo, algo prohibido por la ley, pero tolerado en muchas ciudades de nuestro país, como Madrid, donde el aborto no puede, en la práctica, llevarse a cabo en hospitales públicos. Mientras, Ayuso desobedece a la Justicia y continúa con su pelea para no elaborar un listado de médicos objetores de conciencia.

"El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrificaran millones de vidas en nombre de la libertad"

“El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrificaran millones de vidas en nombre de la libertad”, recalca la Conferencia Episcopal en su mensaje, en el que insiste en que “el aborto es objetivamente inmoral, pues supone poner fin a la vida de un individuo” de la especie humana, “negando la igualdad radical de derechos que debe fundamentar cualquier humanismo verdadero”.

Más aún: los obispos vuelven a resucitar campañas como la que, hace décadas, comparaba la protección de un embrión a la de la cría de un lince, lamentando que la legislación española permite “castigar con una multa de 15.000 euros y hasta dos años de cárcel si se destruye un huevo de águila pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo”.

Junto a ello, la Iglesia española vincula la “maternidad frustrada” con “barreras estructurales” como “la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y la debilidad de las políticas públicas de apoyo a la familia”. Frente a ello, señalan los obispos, “queremos promover una alianza social para la esperanza a favor de la natalidad, que sirva, por una parte, para construir juntos las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes puedan plantearse formar una familia abierta a la vida y, por otra, para que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto por sentirse sola o sin recursos”.

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Es uno de los adalides de la Iglesia ultra. Y de los más tenaces, pues sus críticas al Papa Francisco se prolongaron durante todo el pontificado. Y es que al obispo auxiliar de Astaná (Kazajstán), Athanasius Schneider, se le puede acusar de muchas cosas, pero no de incoherencia. Esta semana lanzará sus mensajes ultras durante una gira por España, como ha adelantado Público.

El prelado fue de los primeros en atacar al Papa Francisco por abrir la puerta a la bendición de parejas homosexuales, la comunión para los divorciados vueltos a casar, o la firma de un documento sobre la fraternidad humana con líderes islámicos. También apoyó las ‘dubia’ de varios cardenales que pusieron en duda la legitimidad del propio Bergoglio y, hasta el final, batalló para que el Papa dejara sin votos a los laicos en el Sínodo, o volviera a abrir la puerta a las misas en latín y de espaldas al pueblo.

Ahora, tras la muerte de Francisco y la elección de León XIV (quien le recibió el pasado mes de enero, y a quien volvió a insistir en la urgencia de revertir los avances promulgados por Bergoglio), Schneider continúa con sus particulares cruzadas, que han llegado hasta España.

Desde este jueves, el polémico obispo visitará nuestro país, invitado por la asociación ‘Luz de Trento’ (que tampoco engañan en su nombre), asociación que reivindica la memoria de Franco, arremete contra los obispos por la ‘traición’ de la resignificación de Cuelgamuros y pretenden la expulsión de todos los migrantes ilegales.

¿Cuál es el motivo de la visita de Schneider? La presentación de su último libro, que también deja a las claras, desde el título, su intención: ‘Huir de la herejía’. El volumen se presentará este jueves en el Hotel Catalonia de Barcelona.

Al día siguiente, otra de las instituciones ultracatólicas con más solera en nuestro país, la Asociación Católica de Propagandistas, ha cedido el Aula Magna Universidad CEU San Pablo para otra presentación del citado libro, esta vez acompañado del historiador Alberto Bárcena, uno de los defensores de la teoría de que los presos que construyeron el Valle de los Caídos lo hicieron de forma voluntaria y obteniendo beneficios penitenciarios por ello.

En ese libro, ‘Huir de la Herejía’, el polémico prelado pretende “consolar a los católicos fieles mostrándoles cómo las herejías y otras formas de error religioso han formado parte de la historia de la Iglesia desde el siglo I” para que “los católicos puedan combatirlos mejor, abrazar las verdades inmutables de la Revelación divina y guiar a otros hacia el mismo fin”.

El sábado, Schneider culminará su presencia en la capital de España con su participación en un congreso, a celebrarse en el Hotel Ilunion Alcalá Norte, bajo el explícito lema ‘Cristo Rey. España será católica o no será’.

Entre los participantes en este último evento se encuentran la concejala de Vox en Torrelodones, o el coronel retirado Carlos Martínez-Vara de Rey, quien el año pasado firmó un manifiesto en el que se reivindicaba “la memoria del Caudillo Francisco Franco. Invicto. La espada más limpia de Europa. Artífice de la Victoria militar y espiritual de España sobre el comunismo y el socialismo. Un hombre bueno, católico, que murió perdonando y pidiendo perdón, que quiso vivir y morir como hijo fiel de Dios y de Su Iglesia y que legó, para todos los españoles, prosperidad, unidad y paz”.

Junto a ellos, también se encuentran el ‘historiador’ José Javier Esparza y Gabriel Calvo Zarraute, uno de los curas de La Vendée que rezó por la muerte del Papa Francisco. Dios los cría...

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Más allá del supuesto 'giro católico', más allá de Los Domingos o Rosalía, más allá de experiencias 'místicas' en encuentros convenientemente organizados para emocionar y seducir a los jóvenes, los obispos han lanzado una dura advertencia hacia los riesgos que realidades “emotivistas” como los retiros de Effetá o Emaús, los cursos Alpha, realidades inexplicadas (y, por el momento, incontrolables) como Hakuna (o como antes lo fueron las Iesu Commmunio) o escándalos como el de las HAM puedan afectar a la llamada 'generación Z'. Y lo han hecho a través de un documento, ‘Cor ad cor loquitur’, en el que condenan el “bombardeo emocional” que se produce en estas experiencias que, en ocasiones, puede acabar en “abuso espiritual”.

Pese a celebrar el “renacer en la fe” que hay detrás de estos fenómenos, que definen como “un soplo de aire fresco de la Iglesia”, los obispos advierten de inmediato los riesgos de “un primer impacto” basado única y exclusivamente en lo emocional. “Existe el riesgo de un reduccionismo 'emotivista' de la fe, que lleva a muchas personas a convertirse en consumidores de experiencias de impacto y buscadores insaciables de la complacencia del sentimiento espiritual”, señala la Conferencia Episcopal.

Todo un aviso a navegantes, que pocos esperaban, toda vez que buena parte de los movimientos que llenan los templos o las convocatorias eclesiales adolecen de este mal. Sucede tanto en los llamados “retiros de impacto” (Effetá, Emaús, Bartimeo), auténticos ‘chutes de Dios’ que, en un fin de semana y con el secreto como norma, se producen experiencias intensas de fe que, en ocasiones, acaban con procesos de conversión y en los casos más extremos con entradas casi inmediatas en conventos o seminarios.

Ante ello, los obispos advierten de “la necesidad de regular y discernir las emociones porque pueden ser un obstáculo para el crecimiento espiritual”, produciéndose “una absolutización de la afectividad, reduciéndola a los sentimientos y a las emociones, e incluso se ha llegado a sostener su irracionalidad”.

También en la vida espiritual existe el peligro de pretender suscitar algunos comportamientos mediante un ‘bombardeo emocional’, lo cual podría considerarse una forma de ‘abuso espiritual'

“Aplicado a la vida espiritual, el 'emotivista religioso' hace depender la fe de la intensidad de la emoción, reduciéndola a la medida del sentimiento y a lo placentera que pueda resultar, lo que se refuerza cuando se trata de experiencias compartidas”, apunta la nota episcopal.

“Muchos discursos sociales y políticos actuales apelan con frecuencia a las emociones (miedo, esperanza, indignación) con el fin de generar determinados comportamientos y adhesiones. También en la vida espiritual existe el peligro de pretender suscitar algunos comportamientos mediante un ‘bombardeo emocional’, lo cual podría considerarse una forma de ‘abuso espiritual'”, constatan los obispos, poniendo un diagnóstico, duro, pero certero, a la deriva que se produce detrás de algunos de estos movimientos.

Con efectos que ya se han visto en otras circunstancias, mucho más mediáticas, como el tristísimo vodevil protagonizado por las exmonjas de Belorado (que en los próximos días serán desahuciadas), o las oscuridades que se vislumbran reflejadas en espejos cercanos a Hakuna, a lo que se suma el descontrol sobre las estructuras de estos grupos, que en la práctica funcionan como ‘iglesias paralelas’.

“Presión emocional” del grupo y falsos misticismos

Los abusos, advierten los obispos, pueden manifestarse en forma “presión emocional del grupo”, que “hace que los individuos se vean obligados a 'sentir' lo mismo que los demás para no automarginarse de la experiencia”. E incluso “a través de la utilización de falsas experiencias sobrenaturales o místicas (‘falso misticismo’) que desvirtúan una auténtica visión de Dios, como medios para ejercer dominio sobre las conciencias anulando la autonomía de las personas o para cometer otro tipo de abusos, lo que debe ser considerado de especial gravedad moral”.

“Una auténtica vivencia eclesial de la fe no absolutiza el carisma del propio grupo, sino que lo pone al servicio de la unidad de la Iglesia; y no excluye otros carismas, sino que aprecia la riqueza que aporta al conjunto. Igual se puede decir de los métodos evangelizadores: ninguno ha de considerarse como absoluto, y se ha de admitir que lo que sirve para unos, no ha de ser necesariamente válido o útil para otros”, recalcan los obispos.

En más de una ocasión, como ha sucedido en el caso de las HAM, la confrontación del grupo y de sus dinámicas sectarias con la autoridad eclesiástica, hace estallar el conflicto, provocando daños colaterales en muchos jóvenes, que acaban rotos

Porque, como sucede con las adicciones, en ocasiones la pertenencia a estos grupos puede generar 'síndromes de abstinencia'. Del emotivismo a la ansiedad, que lleva a la redefinición de las prioridades, o a que determinadas celebraciones sean más importantes que 'la' celebración, y que la pertenencia a un grupo se coloque por encima de la adscripción a la Iglesia diocesana. En más de una ocasión, como ha sucedido en el caso de las HAM, la confrontación del grupo y de sus dinámicas sectarias con la autoridad eclesiástica hace estallar el conflicto, provocando daños colaterales en muchos jóvenes, que acaban rotos.

Frente a ello, los obispos reclaman que estos grupos “sean sometidos al discernimiento de la autoridad de los obispos y los órganos diocesanos competentes” para poder integrarse en la Iglesia, y no funcionar como realidades paralelas.

En una sociedad como la actual, donde el emotivismo forma parte consustancial del día a día, donde los impactos, los 'likes' y la permanente necesidad de búsqueda de aprobación (más virtual que real) pesan más que el mensaje del Evangelio, los obispos quieren poner freno (con voz suave y mano tendida, pero firme) a iniciativas que se les estaban escapando de las manos.

¿Qué responderán ahora desde Hakuna, Bartimeo, Effetá, Emaús? ¿Qué dirán los curas carismáticos que 'lideran' estos grupos? ¿Habrá transparencia, al fin, en estos fenómenos? ¿Se establecerá un diálogo fructífero o, como sucede con aquellos que sufren alguna sobredosis, se intentarán comprar voluntades con promesas imposibles de cumplir? Se avecina tormenta. En este caso, espiritual.

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El Bisbat de Mallorca ha acudit als tribunals per a instar el desallotjament d'una família amb dos menors d'edat que resideix en un antic restaurant situat en el cim de na Burgesa, serra muntanyenca situada als afores de Palma. El local, pertanyent a la diòcesi, roman tancat al públic des de fa anys.

Després que Diario de Mallorca informés dels fets, la institució eclesiàstica ha fet públic un comunicat en què assenyala que l'edifici és propietat de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor de Gènova i forma part d'un conjunt religiós protegit que inclou “un santuari, una capella i la imatge venerada de la Mare de Déu”, la qual cosa el converteix en “un lloc de culte i d'especial significat espiritual per a la comunitat i per al veïnat”.

A la seva nota, la diòcesi sosté que el local, que fa anys operava com a restaurant sota el nom Miranda Na Burguesa, “no aplega els requisits bàsics exigits per ser utilitzat com a habitatge”, atès que, al·lega, no disposa d'instal·lacions sanitàries adequades i manca de “condicions estructurals mínimes d'habitabilitat i de serveis essencials que garanteixin la salut i seguretat”.

Així mateix, assevera que a les seves immediacions existeixen infraestructures tècniques -com ara tendits i equips elèctrics d'alta tensió i cablejats auxiliars- que “no són compatibles amb l'ús residencial” i que, per la seva naturalesa -al·lega el Bisbat-, “poden comportar riscos per a la integritat física de les persones, especialment dels menors d'edat implicats”.

La cúria diocesana assegura que, en col·laboració amb els serveis municipals, treballa “activament en la conservació i preservació d'aquest espai”, així com en l'estudi d'alternatives que “permetin recuperar l'ús adequat del local, conforme a la seva naturalesa i en coherència amb l'entorn religiós al qual pertany”.

“Des del moment en què es va tenir coneixement de la presència d'aquestes persones, que van accedir a l'immoble malgrat trobar-se degudament tancat i delimitat, es va establir comunicació regular amb elles i s'ha vingut realitzant un seguiment continu, a través dels serveis socials diocesans, tractant d'atendre la seva situació concreta amb sensibilitat i responsabilitat”, subratlla la institució, que incideix en què, “lamentablement, malgrat les propostes alternatives i solucions ofertes de forma reiterada per les autoritats competents i pels equips socials del Bisbat, la persona adulta responsable de l'ocupació no ha acceptat les opcions d'acompanyament ni de reubicació plantejades, comprometent de forma evident el benestar i la seguretat dels menors al seu càrrec”.

La diòcesi, sota pretext d'haver-se produït una situació “indigna per als qui l'han viscut, potencialment insegura i clarament inadequada per a menors d'edat”, afirma que ha considerat necessari recórrer als procediments judicials competents, sol·licitant la intervenció de la justícia “amb la finalitat de posar fi a una situació que no sols manca de garanties, sinó que entra en conflicte amb les normes de protecció i amb el deure de cura cap als més vulnerables”.

Es dona la circumstància que el 2024 el Bisbat va interposar una denúncia contra l'empresa que explotava el restaurant per determinar qui s'havia d'encarregar de la neteja de la zona, on amb freqüència s'acumula la brutícia. La diòcesi argumentava que no disposava de mitjans per frenar la degradació d'aquest paratge més enllà de les batudes de neteja de voluntaris que de forma puntual organitza la parròquia de Gènova.

Un altre exemple de la disputa de la diòcesi per la propietat de béns immobles és el que va tenir lloc aquest mateix any contra el Monestir de Santa Isabel, al casc antic de Palma. L'Audiència Provincial de Balears va ratificar que la comunitat de religioses jerònimes era la legítima propietària del conjunt -que inclou església, convent i dos habitatges- enfront de la reclamació del Bisbat, que havia inmatriculat els terrenys el 2014 al·legant ser titular dels mateixos.

El tribunal va desestimar el recurs episcopal i va confirmar que les monges posseïen el domini “pública, pacífica i ininterrompudament” durant més de tres dècades, ordenant fins i tot la cancel·lació del seient registral que havia inscrit la diòcesi sota arguments propis de tolerància i possessió. Aquesta sentència va suposar un revés per a la institució religiosa en l'àmbit patrimonial i va obrir un debat sobre les immatriculacions i la propietat històrica de béns vinculats a comunitats religioses a Mallorca i al conjunt d'Espanya.

Mentrestant, el 2018 l'Audiència va estimar el recurs que l'Ajuntament d'Artà va interposar contra la Parròquia de la Transfiguració del Senyor -en aquest cas la ubicada en aquest municipi mallorquí- i va declarar que les muralles i patis interiors del recinte emmurallat de Sant Salvador eren propietat municipal i no eclesiàstica. El tribunal va concloure que aquests terrenys no havien estat vàlidament desamortitzats ni restituïts a l'Església en virtut de la Llei Madoz de 1855 i el Conveni signat el 1865 entre l'Administració de l'Estat i el Bisbat per concretar quins béns havien de retornar-se a l'Església, per la qual cosa va ordenar cancel·lar la inscripció registral practicada a favor de la parròquia en la mesura que indegudament incloïa béns municipals.

La sentència va revocar així la decisió de primera instància i va obligar la parròquia a abstenir-se de realitzar actes de pertorbació sobre els espais declarats de titularitat pública, mantenint únicament la propietat eclesiàstica sobre el temple i la denominada “casa donat”, transformada aleshores en un establiment d'hostaleria obert al públic.

El Obispado de Mallorca ha acudido a los tribunales para instar el desalojo de una familia con dos menores de edad que reside en un antiguo restaurante ubicado en la cima de na Burguesa, sierra montañosa situada a las afueras de Palma. El local, perteneciente a la diócesis, permanece cerrado al público desde hace años.

Después de que Diario de Mallorca informase de los hechos, la institución eclesiástica ha hecho público un comunicado en el que señala que el edificio es propiedad de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Gènova y forma parte de un conjunto religioso protegido que incluye “un santuario, una capilla y la imagen venerada de la Mare de Déu”, lo que lo convierte en “un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y para el vecindario”.

Según el periódico local, la diócesis ha optado por acudir a la jurisdicción penal para recuperar el inmueble, a pesar de que la legislación ofrece vías menos lesivas para recuperar un inmueble -mediante un desahucio por precario o a través del procedimiento verbal sumario de tutela de la posesión previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil-. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Obispado para confirmar este extremo, pero no ha obtenido respuesta. La vía punitiva no se limita a dirimir un conflicto posesorio, sino que abriría las puertas a que los ocupantes sean penalmente investigados y condenados si el juzgado apreciase la existencia de un delito de usurpación.

En su nota, la diócesis sostiene que el local, que hace años operaba como restaurante bajo el nombre Miranda Na Burguesa, “no reúne los requisitos básicos exigidos para ser utilizado como vivienda”, dado que, alega, no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas y carece de “condiciones estructurales mínimas de habitabilidad y de servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad”.

Asimismo, asevera que en sus inmediaciones existen infraestructuras técnicas -como tendidos y equipos eléctricos de alta tensión y cableados auxiliares- que “no son compatibles con el uso residencial” y que, por su naturaleza -alega el Obispado-, “pueden comportar riesgos para la integridad física de las personas, especialmente de los menores de edad implicados”.

La curia diocesana asegura que, en colaboración con los servicios municipales, trabaja “activamente en la conservación y preservación de este espacio”, así como en el estudio de alternativas que “permitan recuperar el uso adecuado del local, conforme a su naturaleza y en coherencia con el entorno religioso al que pertenece”.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de estas personas, que accedieron al inmueble pese a encontrarse debidamente cerrado y delimitado, se estableció comunicación regular con ellas y se ha venido realizando un seguimiento continuo, a través de los servicios sociales diocesanos, tratando de atender su situación concreta con sensibilidad y responsabilidad”, subraya la institución, que incide en que, “lamentablemente, a pesar de las propuestas alternativas y soluciones ofrecidas de forma reiterada por las autoridades competentes y por los equipos sociales del Obispado, la persona adulta responsable de la ocupación no ha aceptado las opciones de acompañamiento ni de reubicación planteadas, comprometiendo de forma evidente el bienestar y la seguridad de los menores a su cargo”.

La diócesis, so pretexto de haberse producido una situación “indigna para quienes la han vivido, potencialmente insegura y claramente inadecuada para menores de edad”, afirma que ha considerado necesario recurrir a los cauces judiciales competentes, solicitando la intervención de la justicia “con el fin de poner fin a una situación que no sólo carece de garantías, sino que entra en conflicto con las normas de protección y con el deber de cuidado hacia los más vulnerables”.

Se da la circunstancia de que en 2024 el Obispado intepuso una denuncia contra la empresa que explotaba el restaurante para determinar quién debía encargarse de la limpieza de la zona, donde con frecuencia se acumula la suciedad. La diócesis argumentaba que no disponía de medios para frenar la degradación de este paraje más allá de las batidas de limpieza de voluntarios que de forma puntual organiza la parroquia de Gènova.

Otro ejemplo de la disputa de la diócesis por la propiedad de bienes inmuebles es el que tuvo lugar ese mismo año contra el Monasterio de Santa Isabel, en el casco antiguo de Palma. La Audiencia Provincial de Balears ratificó que la comunidad de religiosas jerónimas era la legítima propietaria del conjunto -que incluye iglesia, convento y dos viviendas- frente a la reclamación del Obispado, que había inmatriculado los terrenos en 2014 alegando ser titular de los mismos.

El tribunal desestimó el recurso episcopal y confirmó que las monjas poseían el dominio “pública, pacífica e ininterrumpidamente” durante más de tres décadas, ordenando incluso la cancelación del asiento registral que había inscrito la diócesis bajo argumentos propios de tolerancia y posesión. Este fallo supuso un revés para la institución religiosa en el ámbito patrimonial y abrió un debate sobre las inmatriculaciones y la propiedad histórica de bienes vinculados a comunidades religiosas en Mallorca y en el conjunto de España.

Mientras tanto, en 2018 la Audiencia estimó el recurso que el Ajuntament de Artà interpuso frente a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor -en este caso la ubicada en este municipio mallorquín- y declaró que las murallas y patios interiores del recinto amurallado de Sant Salvador eran propiedad municipal y no eclesiástica. El tribunal concluyó que esos terrenos no habían sido válidamente desamortizados ni restituidos a la Iglesia en virtud de la Ley Madoz de 1855 y el Convenio firmado en 1865 entre la Administración del Estado y el Obispado para concretar qué bienes debían devolverse a la Iglesia, por lo que ordenó cancelar la inscripción registral practicada a favor de la parroquia en la medida en que indebidamente incluía bienes municipales.

La sentencia revocó así el fallo de primera instancia y obligó a la parroquia a abstenerse de realizar actos de perturbación sobre los espacios declarados de titularidad pública, manteniendo únicamente la propiedad eclesiástica sobre el templo y la denominada “casa donat”, transformada entonces en un establecimiento de hostelería abierto al público.

La Iglesia católica se ha volcado con San Valentín y ha creado un videojuego con el que “mostrar la belleza del matrimonio cristiano”. La historia trata de un chico y una chica —cómo no— que se conocen y forjan su relación. Y, para subir de nivel (en el juego y en la vida en pareja), solo hay un cometido: superar dificultades. “Porque el matrimonio es la aventura más épica”, dicen en un comunicado.

El procedimiento es similar a Los Sims, pero con muchas menos opciones. La toma de decisiones es limitada en esta iniciativa de la Conferencia Episcopal. Una paloma cruza la pantalla y 'riega' los objetos que serán determinantes en la trama: aquellos que esconden 'dones', que sirven para construir “una buena relación”. Estos son: la integridad, la paciencia, la modestia o la empatía, entre otros. Pero, ¡cuidado! Porque no todo es tan sencillo. Debes obrar bien; de lo contrario, te expones a perder tus vidas (que en este juego no se llaman vidas, sino inocencia). Y, si pierdes la inocencia, empiezas de nuevo. Hasta que lo hagas bien.

El videojuego se llama Level UP! El juego de dos y forma parte de 'Matrimonio es+', una iniciativa que los obispos ponen en marcha por quinto año consecutivo en torno a la fecha de San Valentín, que se celebra el próximo sábado 14 de febrero. Ha sido ideado por alumnas de publicidad de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) —un centro católico y privado— y desarrollado por el diseñador Federico Peinado y Artax Games.

La campaña ha sido promovida, concretamente, por la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, que en 2022 criticó la “colonización ideológica” y la “perversión” de la 'teoría queer' con la Ley Trans a punto de ser aprobada, en un mismo comunicado en el que cargaba contra la “imposición” de un “adoctrimaniento” por parte del Gobierno de coalición.

El propósito, según declara el director del secretariado de la subcomisión episcopal, Miguel Garrigós, es promover el matrimonio como “vocación”, debido al descenso de bodas por la Iglesia, que ha caído hasta las 31.462 en 2024 —una caída de más del 6% respecto a 2023). Unos datos “innegables”, según ha dicho Garrigós en una rueda de prensa, que vincula con dificultades económicas y problemas de vivienda, principalmente.

Esta vez, la Iglesia ha optado por un videojuego. Pero se trata del quinto año que lo llevan a cabo en lo que llaman 'semana del matrimonio'. Antes, habían apostado por otras opciones, como un cuento animado, un 'tinder' en el que preguntaron en la calle la opinión de jóvenes sobre el “amor para siempre”, una receta para el amor “para siempre” o una iniciativa para mostrar los “valores esenciales” del matrimonio. Sin embargo, el número de bodas por la Iglesia sigue mermando.

“Está siendo un goteo constante, pero hemos notado un repunte en víctimas que, ahora sí, quieren denunciar”. Desde que el pasado 8 de enero Gobierno e Iglesia firmaran el histórico acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, las peticiones de información por parte de nuevos supervivientes se han multiplicado, tal y como ha podido comprobar elDiario.es de manera directa (varias de ellas se han puesto en contacto con nosotros para saber adónde acudir), y han confirmado a este portal varias asociaciones de víctimas. “Me gustaría saber cómo poder informarme”, “Quisiera ponerme en contacto con algunas asociaciones de víctimas”, son algunos de los mensajes recibidos.

“Hemos recibido al menos una docena de nuevos testimonios en estos días”, proclaman desde Infancia Robada. Algo similar sucede en el caso de Lulacris o en las asociaciones de víctimas de Navarra. Algunos de estos casos llegan directamente, a través de los mecanismos de información de las asociaciones. Otras, directamente vía Defensor del Pueblo, que todavía no ha comenzado su trabajo, pues el mandato aún no ha sido firmado, ni los baremos establecidos.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, por su parte, constatan esta realidad, y esperan que, una vez establecido el procedimiento y puesto en marcha el plazo propuesto por el acuerdo (un año, prorrogable uno más), sean “cientos” las víctimas que puedan apoyarse en este instrumento de reparación, que supera (aunque no anula) en plan PRIVA.

"La Iglesia no va a caer en bancarrota", apuntan fuentes episcopales, que cifran en 150-200 los nuevos casos que puedan surgir con el nuevo modelo

Entre las razones, se encuentra la mayor confianza que desprende el aval del Estado frente a las suspicacias que muchas víctimas mantienen en el modelo propuesto por la Iglesia. A la vez, la convicción (planteada por el presidente del Gobierno a las asociaciones) de que los baremos de indemnización serán superiores a los planteados actualmente por el plan PRIVA, la apertura de compensaciones para familiares de víctimas que murieron mientras el proceso estaba en marcha y, también, que las víctimas que ya recibieron una indemnización de la Iglesia puedan pedir al Defensor del Pueblo que vuelva a evaluarse su caso.

Desde la Conferencia Episcopal, por su parte, dan por “superada” la primera fase, y estiman que el nuevo modelo no llegará a las “150-200” peticiones, bastantes más, por cierto, de las que se han decidido a acudir al PRIVA en el último año y medio. Después de años de suspicacias, los obispos “no tienen miedo” de asumir sus responsabilidades. “La Iglesia no va a caer en bancarrota”, apuntan fuentes episcopales consultadas, que sugieren que, en un año de funcionamiento, la institución, la Comisión del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA) ha recibido ya 114 casos para su estudio y ha dictaminado una reparación económica de más de 1,9 millones de euros.

Con todo, el proceso es especial, toda vez que las víctimas cuyos casos hayan prescrito solo tendrán un año (prorrogable a dos) para solicitar su reparación. “Después, esa puerta estará cerrada. La del Gobierno, no la de la Iglesia”, recalcan desde la CEE. Las víctimas, por su parte, seguirán trabajando para “informar y asesorar” a los supervivientes, que cada vez más buscan acogerse al modelo de atención acordado entre la Iglesia y el Gobierno y que tiene a los supervivientes en el centro.

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Del mismo modo que hace unas semanas nos dirigimos a usted y al conjunto de los obispos para manifestar nuestra discrepancia ante sus palabras sobre la necesidad de unas elecciones anticipadas, hoy queremos expresarle nuestro reconocimiento por sus manifestaciones públicas en defensa de las personas desalojadas en la ciudad de Badalona, así como por la posición mantenida por los obispos catalanes ante una situación de extrema gravedad social.

Los acontecimientos de los últimos días, sin embargo, nos obligan a ir un paso más allá en la reflexión. La presión vecinal ejercida contra la parroquia de Mare de Déu de Montserrat ha terminado por frustrar un dispositivo de acogida de emergencia impulsado por Cáritas y Cruz Roja, obligando a reubicar a estas personas en otros recursos de manera discreta para evitar nuevos episodios de hostigamiento. No se ha puesto en cuestión la capacidad de la Iglesia para acoger, sino el derecho mismo a hacerlo.

Como Iglesia, esta realidad nos interpela profundamente. El Evangelio no solo nos llama a denunciar la injusticia, sino a sostener la acogida incluso cuando esta resulta incómoda o impopular. Dar posada al peregrino hoy significa también resistir la presión del miedo, del señalamiento y del rechazo organizado. Significa asumir que la hospitalidad cristiana no siempre será aplaudida.

Las personas desalojadas del antiguo instituto B9 son hoy el rostro concreto de aquel Jesús que no encontró lugar en la posada; son la angustia de María y José ante la intemperie y la incertidumbre. Que ni siquiera un templo pueda ofrecer refugio sin conflicto debería llevarnos, como comunidad creyente y como sociedad, a una profunda revisión de nuestras prioridades. Sin acogida real, la Navidad corre el riesgo de quedarse en mera escenografía.

Desde nuestro grupo de Cristianos Socialistas seguiremos trabajando, junto a las organizaciones sociales y desde las administraciones públicas, para que la dignidad humana no quede supeditada al ruido, a la presión o al cálculo político, y para que ninguna persona sea empujada de nuevo a la invisibilidad por el simple hecho de no tener un hogar.

Lo ocurrido en Badalona no es un hecho aislado ni una excepción desafortunada: es el reflejo de una sociedad que empieza a normalizar la exclusión, incluso cuando esta se ejerce contra los más vulnerables y en nombre de una supuesta tranquilidad colectiva. No se trata solo de dónde duermen hoy estas personas, sino de qué tipo de comunidad estamos construyendo y qué valores estamos dispuestos a defender cuando hacerlo tiene un coste. Como Iglesia y como sociedad, el reto no es gestionar la emergencia sin ruido, sino sostener la dignidad humana incluso cuando incomoda. Ahí es donde se juega, de verdad, nuestro futuro común.

“Por si no éramos pocos, parieron los obispos”. Un destacado dirigente socialista apuntaba esta semana su malestar ante el creciente protagonismo de algunos responsables de la Conferencia Episcopal, azuzando la crispación y lanzando mensajes contra el Gobierno, que rompen la tradicional neutralidad que se presumía a la Iglesia católica desde la Transición.

Y es que, tal y como confiesan en privado miembros del Gobierno, “parece que la Iglesia ha vuelto a recuperar las pancartas contra el PSOE que ya blandieron hace veinte años”, en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, con una veintena de prelados en primera fila, protestando contra Educación para la Ciudadanía, el matrimonio igualitario o promoviendo las tristemente famosas 'misas en Colón' el último fin de semana de diciembre, que se convirtieron en auténticos mítines comandados por los obispos contra el Gobierno y que, desde la jubilación del cardenal Rouco Varela, no se han repetido. Al menos, organizadas por la diócesis de Madrid.

Los Rosarios de Ferraz, las concentraciones 'para rezar' frente a las clínicas que practican abortos, las campañas de publicidad de Hazte Oír o las presiones judiciales contra Pedro Sánchez desde Abogados Cristianos son solo una muestra de que, al menos en algunas sacristías, el 'Quien pueda hacer, que haga' de José María Aznar, se está cumpliendo punto por punto.

Porque lo cierto es que, desde la calle Añastro, sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se observa una creciente radicalización del discurso, que hunde sus raíces en la dialéctica de su presidente, Luis Argüello. La pasada semana, en plena campaña electoral en Extremadura, el arzobispo de Valladolid volvía a descolgarse (fue la segunda ocasión en unos meses) con unas declaraciones a La Vanguardia en las que reclamaba “cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución” frente a la actual crisis institucional. Unas palabras que fueron contestadas por el propio Pedro Sánchez, quien animó a Argüello a presentarse a las elecciones con Abogados Cristianos, y recordándole que el tiempo en que los obispos influían en las decisiones políticas terminó con la muerte del dictador.

Las reflexiones de Argüello –que según sus próximos “tiene el pecado del intelectual, quiere hacerse entender en todos sus matices, y eso, hoy, es imposible”– se suman a una dinámica de la confrontación que, desde hace tiempo, capitanean obispos como Ignacio Munilla o Jesús Sanz. Un combate contra el Gobierno en el que estos obispos del sector más radical cuentan con el apoyo de Hazte Oír y sus satélites, organizaciones que distintas investigaciones vinculan directamente con asociaciones secretas como El Yunque, y con la estrategia de la ultraderecha a nivel mundial para cambiar el orden político internacional (MAGA, Milei, Bolsonaro, Orban o Le Pen) en la que colaboran miembros 'católicos' de Vox e instituciones como la Asociación Católica de Propagandistas o el ISSEP.

El arzobispo de Oviedo ha criticado la "decadencia moral" del Gobierno de "saunas y prostíbulos". El de Valencia ha invitado a Sánchez a reflexionar porque "la política tiene como finalidad no solo mantenerse en el poder

Porque Argüello no es el único. Así, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, aprovechaba las críticas al presidente de la Conferencia Episcopal para lanzar una dura diatriba contra la “decadencia moral” del Gobierno de “saunas y prostíbulos”. “Están acabados. Dice bien Luis Argüello: pasar página, ya”, perpetraba el prelado ovetense, que desde hace años 'cede' la basílica de Covadonga para la simbólica apertura de campaña electoral de Santiago Abascal y su obsesión por la 'Reconquista para Dios' de España. La víspera de Nochebuena, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en declaraciones a À Punt, afirmaba que “cuando se introduce un elemento de inestabilidad en la vida política en los que tienen la responsabilidad del gobierno, hay que pensar que el bien común que la actividad política tiene como finalidad no solo mantenerse en el poder, sino el progreso de la sociedad”, invitando a Pedro Sánchez a “reflexionar” sobre su futuro.

Las voces discrepantes

No todos los obispos están en esa línea. Es más, por primera vez en bastante tiempo, la 'contestación' en el interior de la CEE a las palabras ha ido creciendo, con llamamientos a la “prudencia” y al papel de la Iglesia como moderadora del diálogo social, y no como actor político. Así hay que leer las recientes declaraciones del cardenal de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, quien en los micrófonos de la COPE señaló que “la Iglesia tiene que ser prudente en este momento difícil”, añadiendo que “hay católicos en todos los partidos y tendencias”.

Cobo, quien ejerció de mediador e interlocutor en el histórico acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede por la resignificación de Cuelgamuros (motivo por el que ha sufrido insultos y ataques personales, llegando a vivir un 'escrache' a las puertas de la sede de los obispos), incidió en que la misión de la Iglesia es la de “acompañar para recuperar la ética, el consenso, sin detenernos en el cómo hacer las cosas, que ese es el juego político”, frente a grupos que “viven de lo católico, sin ser católicos”, en una clara referencia a los grupos de ultraderecha eclesial, vinculada directamente con Vox y sus movimientos afines.

Del mismo modo, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, reclamó “prudencia” a Argüello, advirtiendo de “la ideologización del cristianismo” en políticas como la del odio al migrante o la intromisión en la política partidista. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, reclamaba “menos confrontación, más fraternidad y más justicia”.

Por su parte, el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, pedía “humildad y moderación” frente al “lodazal” de la política actual. “Los obispos somos pastores de todos, de los de izquierda, de los de derecha, de los de centro”, advertía. El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, aunque defendiendo la libertad del presidente de la CEE para dar su opinión en la esfera pública, sí pidió “entendimiento y consenso” frente a la confrontación política. Desde Roma, extraoficialmente, también se ha solicitado bajar el diapasón de la polémica, especialmente cuando, como adelantó en primicia elDiario.es, León XIV ultima el que será su primer viaje a España.

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El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha aprofitat el seu tradicional missatge de Nadal per tornar a posar el focus en les persones més vulnerables i reclamar una major sensibilitat social davant la pobresa, la malaltia, la soledat, la manca d'habitatge i el “drama” de la migració forçada. Un clam que connecta amb altres intervencions públiques del prelat en els últims mesos, en què ha advertit de la fractura social, l'emergència habitacional i els discursos d'odi cap a les persones migrants.

En el seu missatge nadalenc, Taltavull ha subratllat que aquestes dates, des d'una lectura cristiana, aporten “una llum que il·lumina una xarxa de solidaritat” que hauria de traduir-se en un compromís real amb els qui més pateixen. “Ha de fer-nos més sensibles envers els qui passen més necessitat, els malalts i els qui estan sols, els qui no tenen casa o viuen, com Jesús, el drama d'una migració forçada”, ha assenyalat.

El bisbe ha insistit en la necessitat de “construir una societat nova i un poble apassionat per fer el bé”, en què es pensi “més en l’altre i en el bé de tots que en un mateix”. Una idea que ja ha defensat en reiterades ocasions, especialment en referir-se a l’impacte de la crisi de l’habitatge a Balears.

En un context marcat pels conflictes internacionals, l'augment de les desigualtats i l'enduriment de les condicions de vida per a àmplies capes de la població, Taltavull ha vinculat el missatge nadalenc a una defensa explícita de la pau i la justícia social. “Així s’arriba a la pau social entre els pobles i ja no es pensa en la guerra. Jesús, amb la seva vinguda, dóna resposta a totes les aspiracions humanes de pau i justícia”, ha afirmat, alertant dels riscos de l’odi, la venjança i la crispació.

“Desfent l’odi i la venjança, s'ens obre un camí de bon enteniment i de paraules i gestos amables, ens assenyala una nova forma de relacionar-nos que destierra la crispació, la confrontació amarga i la desconfiança”, ha conclòs.

El missatge se suma a altres declaracions del bisbe mallorquí en què ha defensat una acollida humana i responsable de les persones migrants, ha advertit contra la normalització de discursos excloents i ha cridat les institucions a no girar l'esquena als qui queden fora del sistema.

El passat 22 de desembre, Taltavull va fer una crida contundent a la ciutadania i als responsables polítics perquè posin fi als discursos d'odi contra les persones migrants i a determinades actituds que, segons el seu parer, resulten “inadmissibles”. Entre elles, el “rebuig” i la criminalització que pateixen per part de diferents sectors de la societat i de l’esfera política.

“Dir-los delinqüents és una calúmnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar de casa seva”, va asseverar sobre una de les proclames més difoses per la dreta i l’extrema dreta, la que relaciona l’arribada d’estrangers amb la delinqüència i que ha estat àmpliament desmentida per les fonts oficials i per nombrosos estudis científics. Una línia pastoral que, també en Nadal, torna a situar la dignitat de les persones vulnerables en el centre del debat públic.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha aprovechado su tradicional mensaje de Navidad para volver a poner el foco en las personas más vulnerables y reclamar una mayor sensibilidad social ante la pobreza, la enfermedad, la soledad, la falta de vivienda y el “drama” de la migración forzada. Un llamamiento que conecta con otras intervenciones públicas del prelado en los últimos meses, en las que ha advertido de la fractura social, la emergencia habitacional y los discursos de odio hacia las personas migrantes.

En su mensaje navideño, Taltavull ha subrayado que estas fechas, desde una lectura cristiana, aportan “una luz que ilumina una red de solidaridad” que debería traducirse en un compromiso real con quienes más sufren. “Debe hacernos más sensibles hacia los que pasan más necesidad, los enfermos y los que están solos, los que no tienen casa o viven, como Jesús, el drama de una migración forzada”, ha señalado.

El obispo ha insistido en la necesidad de “construir una sociedad nueva y un pueblo apasionado por hacer el bien”, en la que se piense “más en el otro y en el bien de todos que en uno mismo”. Una idea que ya ha defendido en reiteradas ocasiones, especialmente al referirse al impacto de la crisis de la vivienda en Balears.

En un contexto marcado por los conflictos internacionales, el aumento de las desigualdades y el endurecimiento de las condiciones de vida para amplias capas de la población, Taltavull ha vinculado el mensaje navideño a una defensa explícita de la paz y la justicia social. “Así se llega a la paz social entre los pueblos y ya no se piensa en la guerra. Jesús, con su venida, da respuesta a todas las aspiraciones humanas de paz y justicia”, ha afirmado, alertando de los riesgos del odio, la venganza y la crispación.

“Deshaciendo el odio y la venganza, nos abre un camino de buen entendimiento y de palabras y gestos amables, nos señala una nueva forma de relacionarnos que destierra la crispación, la confrontación amarga y la desconfianza”, ha concluido.

El mensaje se suma a otras declaraciones del obispo mallorquín en las que ha defendido una acogida humana y responsable de las personas migrantes, ha advertido contra la normalización de discursos excluyentes y ha llamado a las instituciones a no dar la espalda a quienes quedan fuera del sistema.

El pasado 22 de diciembre, Taltavull hizo una llamada contundente a la ciudadanía y a los responsables políticos para que pongan fin a los discursos de odio contra las personas migrantes y a determinadas actitudes que, a su juicio, resultan “inadmisibles”. Entre ellas, el “rechazo” y la criminalización que sufren por parte de diferentes sectores de la sociedad y de la esfera política.

“Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, aseveró sobre una de las proclamas más difundidas por la derecha y la extrema derecha, la que relaciona la llegada de extranjeros con la delincuencia y que ha sido ampliamente desmentida por las fuentes oficiales y por numerosos estudios científicos. Una línea pastoral que, también en Navidad, vuelve a situar la dignidad de las personas vulnerables en el centro del debate público.

“Un error, un nuevo error que vamos a pagar todos”. Así resume un obispo español la última polémica del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. El jefe de los obispos españoles ha vuelto a reclamar, por segunda vez en los últimos meses, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dimita o convoque elecciones anticipadas.

Argüello hizo que lloviera sobre mojado. En las páginas de La Vanguardia reiteró: “En julio me pronuncié en estos términos. La situación está más bloqueada aún. Así que reitero (...): cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución”. 

“Nos ha vuelto a meter en un lío enorme”, subraya otro prelado consultado por elDiario.es porque las palabras de Argüello suscitaron una avalancha de reacciones en el Gobierno. Comenzando por Pedro Sánchez, que le recordó que “el tiempo en que los obispos interferían en política acabó cuando empezó la democracia”. El presidente le animaba a presentarse él mismo a las elecciones en unas hipotéticas listas de grupos como Abogados Cristianos.

La vicepresidenta María Jesús Montero también censuró a Argüello, como miembro de la “Iglesia progresista”. Pero fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien, de manera formal –mediante una carta–, exigía al presidente de los obispos españoles que “se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno”, con “ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país”. 

El mismo obispo crítico recuerda que, pese a que el propio Argüello matizó que hablaba a título personal porque este “no es un asunto que haya estado nunca en primera línea” de la reflexión como Conferencia, lo cierto es que la Oficina de Comunicación de la CEE tardó pocos minutos en contestar, a través de sus redes sociales, a la carta de protesta del Ejecutivo.

La Oficina justificó las palabras de su jefe. “El hecho mismo de que los medios pregunten a la Iglesia su opinión sobre la actualidad desmiente que la Iglesia deba ser un agente ausente de la vida pública y la opinión social. Ser miembro de la Iglesia no impide opinar sobre la vida pública ni dar entrevistas” señalaba un tuit de la CEE, que, como ha podido confirmar elDiario.es, fue obra del jefe de prensa de la Casa de la Iglesia.

“No consultó con nadie”, aseguran fuentes conocedoras del caso, que atribuyen la respuesta a “un calentón” del sacerdote Josetxo Vera. Sea como fuere, lo cierto es que, en otra decisión que fuentes episcopales califican de “incomprensible”, el propio Argüello volvió a utilizar su perfil en X para azuzar aún más la polémica, asegurando que “ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”.

¿Por qué?

¿A qué se debe la reacción de Argüello? Fuentes consultadas por este medio aseguran que el prelado “no terminó de medir” las repercusiones de sus declaraciones, que rompen, de nuevo, con la tradicional neutralidad de la Iglesia, en un momento especialmente delicado para las relaciones Iglesia-Gobierno. Con Argüello de presidente, el Ejecutivo de Sánchez ha optado por otra vía de negociación con la Iglesia, especialmente en los temas más delicados: Cuelgamuros y la pederastia. 

En el primer caso, como adelantó en primicia elDiario.es, el ministro de la Presidencia negoció directamente con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien posteriormente delegó en el cardenal de Madrid, José Cobo, todo lo relativo a la resignificación del complejo. Una negociación en la que la Conferencia Episcopal no intervino.

Bolaños también acudió al Vaticano, ya con León XIV al mando, para arrancar a la Iglesia un nuevo modelo de reparación para las víctimas de la pederastia clerical que no quisieran formar parte del plan PRIVA auspiciado por Argüello y que, un año después, se ha demostrado un rotundo fracaso. Tras la visita del ministro a Roma y el posterior encuentro de la Ejecutiva de la CEE con el Papa Prevost, los obispos admitieron abrir un nuevo canal de indemnizaciones, liderado por el Defensor del Pueblo.

En privado, Argüello lamenta las “interpretaciones de trazo grueso” hechas a sus palabras y reivindica la “transversalidad” de su discurso, que le hace capaz de reunirse con adalides de la ultraderecha como Miguel Ángel Quintana Paz (cuyo libro presentó, junto a Santiago Abascal, hace meses) o mantener un debate con el president Salvador Illa, uno de los católicos más reputados de los socialistas.

“Tan pronto puede defender posturas de la izquierda, como en la regularización masiva de migrantes, como se posiciona con los postulados más radicales de la ultraderecha y su guerra cultural”, señala un eclesiástico que conoce a Argüello desde hace años.

Lo que parece claro es que su función como interlocutor de los obispos españoles no es, ni mucho menos, unánime. De hecho, en las últimas horas más de un obispo se ha dirigido en privado al Ejecutivo para tratar de ‘disculpar’ al arzobispo de Valladolid y asegurar que su posición “no refleja” el sentir de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, como ya sucediera en julio pasado, la única voz entre el colegio de los obispos en mostrar su discrepancia con Argüello ha sido la del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien ha pedido “prudencia” al presidente de la CEE. “Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la Iglesia con decir que hay que ir a nuevas elecciones o que hay que hacer una moción de censura”, señaló Planellas.

En público, sí que ha habido algún ostensible apoyo. El más relevante, el del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien en sus redes sociales aprovecha para arremeter, una vez más, con suma dureza, contra el Gobierno. “Dentro de la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática, disparan los mandamases contra la Iglesia una vez más. Están acabados. Dice bien Luis Argüello: pasar página, ya”, sostiene el prelado ovetense.

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La Iglesia católica española parece inmune a los escándalos. Pese a la crisis de abusos y vocacional, los datos económicos vuelven a demostrar el 'músculo' de la institución en nuestro país. Así lo demuestran las últimas cifras de la Asignación Tributaria, que revelan un nuevo récord en la recaudación de la Iglesia a través de la famosa casilla del IRPF en la declaración de la renta.

El incremento es significativo, rompiendo la barrera de los 400 millones, para un total de 429,3 millones de euros, 46,9 más que en el ejercicio anterior. Esto supone una subida del 12%. Una sorpresa para los propios obispos, que ayer mismo apuntaban que su previsión era alcanzar los 384 millones de euros.

El pasado 3 de diciembre, la Conferencia Episcopal recibió los datos provisionales de la Asignación tributaria realizada a favor de la Iglesia católica correspondiente a 2024, declaración efectuada en la primavera de 2025, apunta la CEE en un comunicado, en el que señala cómo “el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha sido de 7.946.347, lo que supone un aumento en 106.363 declaraciones más que en 2023”.

Atendiendo a las declaraciones de la renta conjuntas, “son más de nueve millones de españoles los que marcan la X en favor de la Iglesia católica”, sin que eso suponga que les retengan más o que les devuelvan menos al hacer la declaración, señala la CEE en su información. La evolución es significativa desde 2013, año en que se recaudaron 246 millones de euros. Doce años después, la cantidad casi se ha duplicado.

El número total de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 16 de las 17 Comunidades autónomas (especialmente Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha). El único descenso de produce en Navarra, así como en la Hacienda foral de Vizcaya, tal y como ya ocurrió el año anterior.

El porcentaje de asignación disminuye en todas las comunidades autónomas salvo en la Hacienda foral de Guipúzcoa por segundo año consecutivo, debido al trabajo realizado por la diócesis en distintas direcciones, especialmente con la diputación foral.

En términos porcentuales, hay nueve comunidades que se sitúan por encima de la media en el tanto por ciento de asignantes, destacando Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%), sin grandes cambios en el ranking. Por debajo se señalan Canarias (24 %), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).

“En España, el anuncio del nuevo disco de Rosalía, Lux, ha detonado, de nuevo, un debate (...). Existen señales que advierten de que lo católico está de moda o, si se prefiere, de que hay una vuelta a coordenadas espirituales que parecían proscritas”. Las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante la apertura de la pasada Asamblea Plenaria (aquella en la que se habló más de Rosalía que del escándalo Zornoza), parecían presagiar un nuevo milagro de la fe en España. Era el 'giro católico', visibilizado por movimientos como Hakuna o los retiros de Emaús o Effetá, y multiplicado por el 'efecto Rosalía' y su disco 'Lux' o 'Los Domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa que narra la historia de una joven que quería ser monja y que fue galardonada con la Concha de Oro del festival de cine de San Sebastián.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los datos son tozudos, y coincidentes, en dos recientes encuestas publicadas con posterioridad a las palabras de Argüello: dos de cada tres jóvenes se declaran “sin religión”, y los que buscan una mayor espiritualidad lo hacen al margen de las religiones tradicionales. Una de ellas, elaborada por la Fundación Pluralismo y Convivencia. La otra, avalada por la nada sospechosa de anticlericalismo universidad jesuita de Comillas.

Así, según se desprende del primer Barómetro sobre religión y creencias en España (BREC), disminuye el número de personas que se identifican con la religión católica (46%), mientras aumenta tanto el porcentaje de quienes se definen como indiferentes, agnósticos/as o ateos/as (42%) como el de quienes se identifican con religiones distintas a la católica (8%) –siendo este último el dato más alto registrado en una encuesta de ámbito estatal–.

Entre las conclusiones del estudio se refleja que, si bien la juventud española se muestra cada vez más abierta a lo espiritual, lo hace al margen de las religiones institucionales. Así, el 61% de las personas de entre 18 y 24 años no se identifica con ninguna religión; el 27% se declara agnóstico/a; el 21%, indiferente; y el 13%, ateo/a. Sin embargo, el 31% de los jóvenes afirma creer en algún tipo de realidad espiritual o fuerza vital; un 29% dice creer mucho o bastante en la astrología; y un 23%, en la videncia. Estos porcentajes son notablemente superiores a los del resto de franjas de edad. 

Estas nuevas formas de espiritualidad, más personales y desinstitucionalizadas, se expresan a través de prácticas como la meditación, el yoga, el encendido de velas o el cuidado del vínculo con la naturaleza. No implican un retorno a la religión tradicional, sino una búsqueda de sentido y conexión en un contexto de cambio cultural y generacional, donde lo espiritual se entrelaza con la búsqueda de bienestar personal y la relación con el entorno natural. Nada, pues, del ansiado retorno de los jóvenes a los templos, anunciado sin rubor por buena parte del episcopado español.

Por su parte, el Informe España 2025, presentado esta semana por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas, y que analiza las transformaciones sociales, económicas y culturales más relevantes del país en los últimos 40 años, avala el proceso de secularización de la sociedad española. Según los datos, el porcentaje de personas que se declaran “sin religión” se ha triplicado en dos décadas: del 13,2% en el año 2000 al 40% en 2024. La situación es especialmente grave en el caso de los jóvenes: seis de cada diez no quieren ser considerados miembros de religión alguna. Por su parte, los católicos practicantes se estabilizan en torno al 15-20%, mientras los matrimonios religiosos se desploman: del 76% en el año 2000 al 19% en 2022. Paralelamente, crece el pluralismo religioso: las minorías suman ya el 10% de la población, con 2,2 millones de musulmanes y 1,5 millones de protestantes y ortodoxos.

¿A qué se debe, entonces, la proclamación del 'giro católico' de la juventud española? Para el sociólogo Rafael Ruiz de Andrés, “aún es pronto para saberlo”. En declaraciones a RD, el experto apunta a que los jóvenes pertenecen a una generación que “está viviendo en un contexto de mayor vulnerabilidad, lo que, en muchas ocasiones, genera preguntas que conectan con lo religioso”. Pese a ello, “todavía es pronto para hablar de si el giro católico es una moda pasajera o de la influencia que hayan podido tener películas, Rosalía, Hakuna, TikTok… Quizás dentro de diez años estamos en otra fase. Lo que sí creo es que es más estructural lo de esta generación joven, que está habiendo un contexto de mucha mayor percepción de fragilidad, de sociedad del riesgo, de inseguridad existencial”.

Lo único cierto, a día de hoy, es que la mayoría de los jóvenes españoles continúan huyendo de los templos (de cualquier confesión religiosa), y que no puede hablarse de una involución de la marcada secularización que afecta a la sociedad de nuestro país desde hace décadas. Más allá de procesos de conversión provenientes de 'retiros de impacto' fuertemente cuestionados, incluso, por sectores de la Iglesia (que ha disuelto asociaciones como las HAM, organizadoras de los retiros de Emaús, y continúa sin aprobar canónicamente para toda España a Hakuna), lo cierto es que la religión no forma parte de las prioridades actuales. Por no hablar, claro está, de que Rosalía no está bautizada (ni piensa estarlo) y que la directora de Los Domingos se declara atea.

Toda la información en www.religiondigital.org

Por primera vez en España, El Vaticano investiga a un alto cargo de la jerarquía eclesiástica por una denuncia de agresión sexual. Se trata del actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, y el denunciante es un antiguo seminarista cuando Zornoza estaba al frente del instituto para curas de la Iglesia en Getafe, en Madrid, durante los años 90. Esta denuncia ha aflorado detalles sobre el perfil de un sacerdote ultraconservador, alineado con la ultraderecha en temas como la inmigración o la libertad sexual, que después de aquellos años de Getafe, fue nombrado obispo en Cádiz y Ceuta. Un ejemplo de cómo funcionan las cosas en las jerarquías de la Iglesia.

Con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, repasamos la figura de Zornoza con quien coincidió en los años 90 en la diócesis de Getafe y las lógicas que rigen los nombramientos en la Iglesia. Con Pedro Espinosa, colaborador de elDiario.es en Cádiz, analizamos la huella que ha ido dejando el obispo, más centrado en el rendimiento económico de los bienes de la Iglesia en una diócesis con una larga tradición de auxilio a las personas más necesitadas. 

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Rafael Zornoza ya no debería ser obispo de Cádiz y Ceuta. El 31 de julio de 2024 cumplió 75 años. Entonces, como es costumbre, presentó su renuncia al cargo ante el Papa al haber superado esa edad. El de Córdoba hizo lo propio seis meses después y se le encontró relevo en apenas mes y medio. Pero el de Cádiz seguía en el cargo sin visos de una sustitución inminente. Este domingo ofició misa en la Catedral e iba a presidir en la tarde del lunes un acto en el colegio Salesianas. Hasta que se ha amanecido con su foto en una portada nacional. La difusión de una denuncia sobre un supuesto caso de pederastia en los años noventa le ha llevado a suspender inmediatamente su agenda. Desde que fuera nombrado en 2011 a Zornoza le han salpicado numerosas polémicas, aunque ninguna tan grave como esta.

Quien pudiera esperar de Zornoza un obispo cercano, popular y entrañable como su antecesor Antonio Ceballos, que, además, sacó adelante numerosos proyectos sociales, se encontró de pronto con un liderazgo bien distinto. Venía de haber dirigido el seminario de Getafe, donde se produjeron los supuestos abusos, y de ser obispo de Mentesa apenas un año. Su mandato en Cádiz y Ceuta ha estado marcado por la gestión administrativa, decisiones rígidas y un enfoque en la disciplina del clero y la administración de bienes eclesiásticos. Algunas polémicas mediáticas, como despidos y desahucios, le han situado como un gestor algo distante, y objetivo crítico de muchas coplas de carnaval, fiesta donde la Iglesia suele ser diana de muchas letras.

“Reverendísimo avaro, señor obispo de Cádiz, con toda mi rabia en la boca. Hoy quiero esta copla cantársela a usted, monseñor de la codicia, del lucro sin fe, y de los pisos vacíos”, le cantó la comparsa Los Renacidos, de Miguel Ángel García Argüez, en 2022, para reprocharle a Zornoza el afán inmobiliario de un obispado que tenía varias propiedades en venta en la ciudad, lo que afectaba a algunos de sus inquilinos.

El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado entonces por José María González ‘Kichi’, tuvo con el obispo, según fuentes muy cercanas al exalcalde, una relación “formalmente compleja, y políticamente distante”. Kichi y él llegaron a coincidir en una comida convocada por Zornoza en el antiguo seminario. En sus ocho años de mandato, el gobierno municipal pidió sin éxito que las casas vacías que el Obispado tenía en la ciudad fueran puestas a disposición de la gente y que sus decisiones no expulsaran ni de sus locales ni sus trabajos a vecinos de Cádiz. Le recuerdan como alguien “hermético” en las aspiraciones municipales de la alianza de izquierdas en la capital gaditana.

A Zornoza le llovían los reproches sociales en otras localidades. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2021, cuando el matrimonio formado por José Luis García y Marisol Torres, ambos octogenarios, fue desahuciado del convento de San Fernando donde habían vivido más de cincuenta años. La pareja había cuidado el inmueble como parte de la comunidad, acogiendo generaciones de feligreses y dedicando su vida al convento. La denuncia alertaba de una “falta de sensibilidad” del obispo con dos feligreses muy queridos. 

En paralelo, la diócesis vivió tensiones internas con miembros del clero. Sacerdotes como Rafael Vez denunciaron públicamente lo que consideraban una gestión autoritaria de Zornoza, que incluía despidos arbitrarios y la imposición de medidas disciplinarias sin diálogo. Vez fue apartado temporalmente de sus funciones tras levantar estas críticas.

Otro episodio polémico se desarrolló en Ceuta, donde el obispado de Zornoza se negó a ceder un antiguo asilo para acoger menores marroquíes en situación de vulnerabilidad. El edificio llevaba años desocupado y la propuesta del Gobierno local habría permitido ofrecer un espacio seguro a niños en riesgo. La negativa del obispo generó un choque con las autoridades y críticas por la contradicción entre los discursos de caridad y la gestión de la diócesis. Este caso también volvió a situarlo en la percepción de un obispo más preocupado por el control de sus bienes que por atender necesidades urgentes de la comunidad.

Las operaciones inmobiliarias del obispado se convirtieron en otro foco de conflicto. La intención de vender edificios municipales cedidos en usufructo provocó denuncias de ayuntamientos como el de San Roque y avivó la percepción de que la gestión de Zornoza priorizaba intereses estratégicos y financieros sobre el cuidado pastoral. La acumulación de estos conflictos alimentó la narrativa de un obispo distante, centrado en la administración y menos en la cercanía con los fieles, lo que contrastaba con la tradición de una diócesis que había valorado históricamente el acompañamiento pastoral directo.

Entre las críticas, grupos cristianos llegaron a enviar cartas al nuncio del Papa en España solicitando que reconsiderara su apoyo al obispo, alegando que su gestión generaba descontento y erosionaba la confianza en la institución. Estas acciones reflejaban no solo la tensión interna, sino también el grado de insatisfacción de sectores de la comunidad católica con la forma de ejercer la autoridad episcopal.

Hasta este momento, todas las polémicas tenían un carácter administrativo, pastoral o social. Pero la denuncia que ha salido a la luz esta semana añade una dimensión completamente distinta. El Vaticano ha abierto una investigación canónica contra Zornoza por presuntos abusos sexuales a un menor cometidos en los años noventa, cuando ejercía como rector del Seminario Mayor de Getafe. Según la denuncia avanzada en El País, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años y se prolongaron hasta los 21, incluyendo tocamientos, besos y manipulación emocional. El caso está siendo instruido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y representa la primera vez en España que un obispo en ejercicio es objeto de una investigación por abusos sexuales

El obispado ha emitido un comunicado negando las acusaciones y defendiendo la inocencia de Zornoza. Al mismo tiempo, el obispo ha suspendido temporalmente su agenda debido a un tratamiento contra un cáncer agresivo, lo que añade un matiz complejo al desarrollo del proceso canónico. Zornoza ha esperado a dejar aparcada su agenda hasta ver su nombre y su foto en la portada de un periódico nacional, a pesar de conocer desde hace tiempo que existía una investigación contra él. Ayer ofició la misa de la Catedral y hoy iba a presidir por la tarde un acto en el colegio Salesianas, al que, finalmente, no acudirá. A Zornoza también se le ha criticado la falta de acción en las denuncias por pederastia que han afectado estos últimos años a su diócesis. Ninguna fue elevada a instancias superiores desde el Obispado de Cádiz.