La batalla por mantener la obra magna de Franco: ocho años de asedio que aún frenan la resignificación de Cuelgamuros

Tres fueron los objetivos que se marcó el Gobierno para empezar por fin a cambiar el significado del entonces llamado Valle de los Caídos, el mayor símbolo del franquismo: sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera, exhumar a las víctimas de las criptas y convertir el mausoleo en un lugar de memoria democrática. Han pasado ocho años desde que Pedro Sánchez anunciara su intención de desenterrar al dictador y comenzar la hoja de ruta y, desde entonces, no ha habido ni uno solo de los pasos dados que no haya tenido que enfrentarse a la ofensiva de quienes quieren conservar el monumento tal cual lo dejó la dictadura.

Una maniobra permanente que ha sumado un nuevo capítulo esta semana, con la suspensión de los trabajos previos para las obras de la resignificación del monumento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado paralizar las labores “de perforación o sondeos” que el Ministerio de Vivienda comenzó el pasado 8 de junio en la zona. Fuentes del Gobierno apuntaron a que las obras como tal aún no se han iniciado, sino que esta es una fase previa para evaluar el terreno de cara a elaborar el proyecto.

El tribunal considera que estos trabajos pueden “causar daños en el conjunto monumental” y estima así el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, uno de los grupos antimemorialistas más activos en su oposición a cualquier intento de resignificar Cuelgamuros. El auto hace suyo el argumento de la asociación que afirma que el Valle “goza de la máxima protección” por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), algo que no es cierto. Antes del TSJM, el propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), término municipal al que pertenece el mausoleo, ya había emitido una resolución para suspender los sondeos, según adelantó El País.

Apenas hicieron falta 24 horas desde que estos comenzaran para que la oposición ultra a la resignificación apareciera en escena. El pasado 9 de junio, solo un día después de que el Ministerio de Vivienda iniciara las labores para hacer el estudio geotécnico previo, la maquinaria apareció vandalizada con pintadas franquistas y contra Pedro Sánchez.

Las campañas de la ultraderecha, bajo el lema “El Valle no se toca”, han sido una constante desde que diera comienzo el concurso para convertir el monumento en un centro de interpretación y, específicamente, desde que el Gobierno pactara el proyecto con la Iglesia. Sectores de ultraderecha como Vox, HazteOir, Abogados Cristianos o la propia Asociación para Reconciliación y la Verdad Histórica llevan desde entonces intentando movilizar a sus bases tras el falso discurso de que el Valle es un lugar de “reconciliación entre españoles”, obviando que se trata de un monumento a la victoria franquista.

Pero en el centro de la ofensiva destaca desde el principio el boicot judicial y administrativo. Antes de la decisión de esta semana del TSJM, Abogados Cristianos ya lo intentó de diferentes formas, entre otras interponiendo recursos contra el acuerdo alcanzado con el Vaticano para cambiar Cuelgamuros. Antes, cuando aún no había proyecto ganador, la organización ultra y un grupo de arquitectos coordinados interpusieron el mismo día un recurso calcado contra el pliego del certamen ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que acabó rechazándolos.

El vaivén de las exhumaciones de víctimas

La estrategia de presentar recursos en cascada por si alguno acaba 'colándose' no era nueva. Es la que también han seguido contra los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en las criptas y que sus familiares llevan décadas reclamando. Cuelgamuros es la fosa común más grande del franquismo, en la que hay 33.000 cuerpos, muchos de los cuales eran republicanos allí trasladados sin conocimiento ni consentimiento de sus seres queridos. En 2016 un tribunal dio la razón por primera vez a una familia, la de los hermanos Lapeña, y estableció su derecho a recuperar sus restos.

Tuvieron que pasar varios años de dilación institucional para que comenzaran los trabajos para exhumar e identificar restos, algo que por primera vez ocurrió en julio de 2023 y que todavía continúa. Sin embargo, todo el proceso ha estado marcado por los obstáculos con el objetivo de ralentizar y enmarañar los trabajos en el mayor símbolo de exaltación franquista, donde los represaliados compartieron lugar de enterramiento con su verdugo durante décadas.

La primera de las acciones fue la interposición de una veintena de recursos, muchos de ellos firmados por el mismo abogado que había logrado la paralización de la exhumación de Franco. Una de las objeciones, precisamente la presentada por la misma asociación que ha logrado ahora paralizar los sondeos, logró su objetivo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid suspendió cautelarmente las obras para evitar lo que la jueza consideró actuaciones “irremediables”. Posteriormente, el TSJM anuló la paralización y el Tribunal Supremo confirmó la vía libre.

Sin embargo, la historia de las exhumaciones ha estado en los dos últimos años salpicada por las suspensiones y reinicios constantes porque paralelamente se iba sucediendo una cadena de intentos de bloqueo cruzados. Unos meses más tarde, la Fundación Nacional Francisco Franco y, de nuevo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica consiguieron otra vez el freno cautelar al recurrir la licencia de obras.

Otra de las vías la inició Abogados Cristianos, que representaba a una mujer cuya abuela está enterrada en la basílica y aseguraba que los trabajos implicaban “cierto grado de profanación”. El recurso surtió efecto inmediato y la Audiencia Nacional paralizó de forma urgente las labores, pero tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional ordenó reactivarlas. La última decisión judicial al respecto llegó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió dar luz verde a las exhumaciones y revocar la sentencia que anuló el permiso de obras otorgado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Más allá de los sectores ultra, el papel del consistorio madrileño, en manos de la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, ha estado en el punto de mira en varias ocasiones. La regidora, de hecho, llegó a declarar en el juzgado tras ser denunciada por las familias de dos víctimas enterradas en Cuelgamuros al considerar que estaba “entorpeciendo” los trabajos. López Esteban llegó a apoyar una moción de Vox para reclamar que el conjunto monumental fuera declarado BIC debido a su “valor turístico y arquitectónico para el municipio”, aseguró.

La ofensiva que intenta mantener intacta la obra de Franco se remonta precisamente al primero de los pasos que dio el Gobierno: su exhumación. Y la maniobra fue la misma. La decisión contó finalmente con el aval del Tribunal Supremo, pero junto a los recursos presentados por la familia del dictador, también hubo una cascada de escritos firmados por asociaciones y particulares que consiguieron que un juez, José Yusty Bastarreche, muy posicionado contra las leyes de memoria, paralizara cautelarmente el proceso.