Durante 32.448 días, las víctimas han permanecido bajo tierra sin nombre. Durante 88 años y casi diez meses, sus familias han convivido con una ausencia suspendida entre la certeza y la incertidumbre, sin una tumba a la que acudir y sin una respuesta definitiva sobre el lugar exacto en el que fueron enterrados sus familiares tras la represión franquista.

Ahora, en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, aquella espera empieza a quebrarse. Bajo una capa de tierra de apenas setenta centímetros han aparecido ya seis cuerpos en una zona donde la documentación histórica sitúa los restos de 153 personas represaliadas. Son los primeros hallazgos de una intervención que tienes visos de convertirse en una de las mayores exhumaciones de memoria democrática realizadas en Extremadura.

La excavación se desarrolla en el llamado cuartel cuatro, conocido durante décadas como el antiguo Limbo. Allí trabaja el equipo de antropología forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que afronta una tarea mucho más compleja que recuperar restos humanos. El objetivo inicial consiste en comprender cómo fueron enterradas las víctimas, localizar los límites de cada fosa y reconstruir la organización interna del espacio para evitar que la información de unos cuerpos se mezcle con la de otros.

“Estamos intentando corroborar lo que nos marca la documentación”, explica la antropóloga forense María Fortuna, directora del proyecto. Los registros localizados describen ocho filas de enterramientos y distintas fosas dentro de cada una de ellas. Traducir ese plano histórico al terreno real es ahora la prioridad.

Los primeros seis cuerpos han aparecido en el nivel más superficial de la excavación, pero todo apunta a que bajo ellos podrían existir más enterramientos. Algunas posiciones anatómicas observadas por el equipo sugieren que los cadáveres fueron depositados en varios niveles, una circunstancia que obligará a extremar las precauciones durante los próximos meses.

Cada centímetro excavado aporta información. Las extremidades flexionadas, los desplazamientos producidos durante la descomposición o la profundidad a la que aparecen determinados huesos permiten reconstruir lo ocurrido hace casi nueve décadas. No se trata únicamente de encontrar esqueletos, sino de interpretar científicamente las circunstancias de los enterramientos.

Por eso el trabajo avanza con la lentitud precisa. Antes de retirar un cuerpo, los especialistas documentan su posición, registran su relación con los enterramientos contiguos y elaboran una cartografía precisa del subsuelo. En una investigación de estas características, conservar el contexto resulta casi tan importante como recuperar los restos.

En los primeros días también ha aparecido un pequeño tramo de muro cuya localización puede ayudar a definir uno de los límites del cuartel cuatro. Si se confirma su utilidad arqueológica, permitirá contrastar sobre el terreno la documentación histórica y organizar con mayor precisión las siguientes fases de la excavación.

Identificación

La identificación de las víctimas tampoco comenzará directamente en un laboratorio genético. El proceso arranca mucho antes. Los antropólogos deberán determinar sexo, edad aproximada, posibles patologías y características individuales de cada persona exhumada. Esa información será comparada después con la documentación histórica disponible sobre quienes fueron ejecutados y enterrados en esta zona del cementerio.

Solo entonces llegarán, cuando sean necesarias, las pruebas genéticas. Fortuna insiste en que no todos los familiares ofrecen las mismas posibilidades de identificación y que será necesario valorar caso por caso qué muestras resultan más adecuadas para cada estudio.

En esa labor de interlocución con los descendientes juega un papel esencial la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), impulsora de un proceso que comenzó hace más de una década. La entidad mantiene contacto con familias de distintos puntos de Extremadura y también con descendientes que hoy viven fuera de la región como consecuencia de las migraciones producidas durante generaciones. Algunos de estos familiares ya han viajado hasta Cáceres y han podido hablar con Amececa y con la propia María Fortuna.

Muchas de esas familias llevan años aguardando este momento. Algunas han seguido cada paso administrativo desde 2010. Otras han conocido la existencia de las exhumaciones tras la difusión pública de los primeros hallazgos. Para todas, la aparición de los restos supone una mezcla de esperanza y prudencia: la posibilidad de una identificación sigue requiriendo meses de trabajo científico.

La continuidad de ese trabajo está garantizada gracias a la financiación aportada por la Diputación Provincial de Cáceres y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha reiterado el compromiso de completar las exhumaciones y facilitar la identificación de las víctimas para que puedan recibir una sepultura digna.

Entre los nombres que aparecen en la documentación relacionada con la represión franquista en Cáceres figura el de Antonio Canales González, alcalde socialista de la ciudad durante la Segunda República. Detenido tras el golpe militar de 1936, fue fusilado el 25 de diciembre de 1937. Diversas fuentes históricas señalan que su familia recuperó posteriormente el cuerpo, por lo que no figura entre las víctimas que previsiblemente permanecen en las fosas del cuartel cuatro.

Junto a él, la represión alcanzó también a numerosos cargos municipales de la provincia, alcaldes, concejales y dirigentes sindicales de distintas localidades cacereñas que fueron ejecutados o encarcelados durante aquellos años. Muchos de ellos continúan sin localizar o sin una identificación definitiva.

La previsión de Aranzadi es completar esta primera intervención entre finales de año y comienzos de 2027. Después, los trabajos avanzarán hacia el sector donde se encuentra el memorial actual y, posteriormente, al cuartel uno. Las labores de campo podrían prolongarse hasta antes del verano de 2027, aunque el calendario dependerá de la complejidad de los hallazgos.

Sin embargo, el final de las excavaciones no supondrá el final de la investigación. Quedarán por delante los estudios antropológicos, los análisis genéticos, las reconstrucciones tridimensionales, la elaboración de informes técnicos y, sobre todo, el largo proceso de poner nombre a quienes fueron reducidos durante décadas a un número en un registro.

Por ahora, la tierra del antiguo Limbo empieza a devolver las primeras pruebas de una historia conocida por los documentos y silenciada durante generaciones. Los seis cuerpos hallados son solo el comienzo. Bajo ese terreno permanecen todavía decenas de personas cuya identidad sigue esperando ser recuperada. Y para muchas familias, después de 32.448 días, la búsqueda entra por fin en la fase más ilusionante y decisiva.

Les entitats memorialistes de les Balears han abandonat en bloc les comissions tècniques del Govern de Marga Prohens (PP) després de denunciar que l'Executiu margina les associacions i els familiars de les víctimes del franquisme, ignora les seves propostes i pren decisions al marge del marc legal, és a dir, d'esquena als òrgans competents en matèria de memòria democràtica. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera i Memòries de Menorca han presentat aquest dijous la seva renúncia en considerar que aquests òrgans han quedat buidats de les seves funcions i que la presència de les tres organitzacions s'ha convertit en una presència merament testimonial i sense capacitat real per influir en les decisions que afecten les víctimes del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista.

Així ho han donat a conèixer en un comunicat conjunt, en el qual denuncien l'incompliment dels compromisos institucionals per part del Govern en relació amb l'organització de memorials i homenatges i alerten del desmantellament d'instruments essencials per garantir els seus drets.

La decisió es produeix després de mesos de controvèrsia per les polítiques memorialistes de l'Executiu de Prohens, que, de la mà de Vox, va derogar el passat mes de març la Llei de memòria democràtica de les Balears. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs presentat pel Govern central contra la mesura i va suspendre cautelarment l'eliminació de la norma mentre es resol el procediment.

En un escrit presentat durant la reunió de la Comissió de la Llei de Fosses, Memòria de Mallorca relata els detalla els episodis que, assevera, il·lustren aquesta pèrdua de capacitat d'intervenció. L'associació precisa que la ruptura “no és fruit d'un desacord puntual”, sinó “de la constatació” que el funcionament d'aquest òrgan i la gestió de les polítiques de memòria democràtica del Govern “s'han allunyat de les finalitats per les quals van ser creats”.

L'entitat critica que les actuacions de l'Executiu es decideixen i, en ocasions, s'executen abans que les comissions puguin valorar-les. També denuncia que les seves propostes i preguntes són ignorades de forma reiterada, que no s'incorporen assumptes a l'ordre del dia i que les entitats no reben informació adequada sobre decisions que les afecten directament. “La participació no pot limitar-se a assistir a reunions i expressar opinions que després no tenen cap incidència real”, adverteix l'entitat en el document. La seva renúncia afecta tant la comissió vinculada a la llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme -més coneguda com a 'llei de fosses'- com a la de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears.

L'associació també qüestiona el funcionament intern d'aquests òrgans. Assegura que el Govern no aplica un reglament aprovat per majoria absoluta perquè sosté que no s'ha localitzat l'acta de la seva aprovació, però tampoc ha procedit a aprovar-lo de nou pel procediment legalment exigit. Així mateix, denuncia que no s'incorporen a l'ordre del dia assumptes que les entitats sol·liciten tractar i que s'impulsen actuacions sense recaptar prèviament el parer de les comissions corresponents.

Un dels exemples que aporta és la informació sobre la derogació de la llei autonòmica. Memòria de Mallorca assegura que va haver de conèixer pels mitjans de comunicació tant la decisió de suprimir-la com la seva posterior suspensió cautelar malgrat formar part de les comissions i ser una de les organitzacions directament afectades. L'entitat també critica que el Govern hagi promogut actuacions relatives als bombardejos de l'aviació republicana sense consultar prèviament a la comissió de memòria democràtica malgrat el paper que la legislació atribueix a aquest òrgan.

El xoc pel Columbari de la Dignitat

Entre els incompliments que han contribuït a la ruptura, Memòria de Mallorca assenyala el cas del Columbari de la Dignitat, inaugurat el passat 28 de setembre al cementiri de Palma. L'associació afirma que va presentar una proposta per al text del memorial i va fixar dues condicions irrenunciables: que s'inclogués una referència expressa al cop d'Estat de 1936 i que la comissió assumís el text com a propi, de manera que així constés a la placa. Segons al·lega, el Govern els va assegurar verbalment que ambdues condicions s'havien incorporat. No obstant això, el memorial es va inaugurar i la placa es va descobrir sense respectar cap d'aquests dos requisits.

Per a l'entitat, la discrepància va més enllà d'una qüestió de redacció. La referència al cop d'Estat és, sosté, fonamental per contextualitzar la repressió franquista i reconèixer les seves víctimes. La participació de la comissió havia de garantir, a més, que el text fos resultat d'un procés col·lectiu i d'un acord institucional, i no d'una decisió unilateral. “No podem acceptar que se'ns asseguri que uns compromisos es compliran i que, finalment, s'incompleixin”, argüeix l'associació.

Un altre dels episodis que denuncia es remunta al passat 2 de setembre, quan va registrar una proposta per instal·lar memorials a les vies públiques de Palma. La iniciativa pretenia recordar les més de 2.000 víctimes de desaparició forçada a Mallorca i les més de 6.000 víctimes mortals dels bombardejos de l'aviació feixista procedent de l'illa contra altres territoris. Segons Memòria de Mallorca, la proposta ni tan sols es va incloure en l'ordre del dia de la reunió d'aquest dijous. L'entitat també assegura que s'elaboren plans de fosses sense la gestió ni la participació de les comissions corresponents.

El desmantellament dels instruments de memòria

La renúncia no respon únicament als problemes de funcionament de les comissions. Memòria de Mallorca la vincula també a la política general del Govern, que, segons denuncia, ha debilitat els instruments públics destinats a garantir els drets de les víctimes del franquisme i les seves famílies. L'associació assenyala expressament l'eliminació de la Direcció General de Memòria Democràtica i de l'oficina d'informació i atenció a les víctimes i els seus familiars. Considera que tots dos instruments van ser possibles després d'anys de reivindicació i que resulten essencials per mantenir una política pública de memòria continuada.

A això suma la derogació de la llei autonòmica, una decisió que les entitats consideren incompatible amb el reconeixement i la defensa dels drets de les víctimes. La suspensió cautelar acordada pel TC manté la norma vigent mentre s'estudia el recurs del Govern central, però no ha resolt l'enfrontament polític sobre el model de memòria democràtica que ha d'aplicar la comunitat.

La sortida de les tres organitzacions suposa un nou revés per als mecanismes de participació vinculats a aquestes polítiques. Les associacions, que treballen en la localització de desapareguts, la investigació i la reparació de les víctimes consideren que no poden continuar formant part d'uns òrgans en els quals, segons denuncien, no se'ls permet intervenir de manera efectiva.

Més de vint anys de treball per la memòria

D'altra banda, Memòria de Mallorca reivindica una trajectòria de més de dues dècades en la defensa dels drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. En el seu escrit recorda que ha participat en més de seixanta reunions relacionades amb les dues lleis autonòmiques i que ha aportat testimonis, documentació, contactes d'especialistes i familiars de víctimes. L'associació destaca la seva contribució a projectes d'investigació i exhumació com els de les fosses de Porreres i Son Coletes. També assenyala que va aconseguir incorporar per primera vegada vint estudis a l'últim Pla de Fosses i Memòria Democràtica des d'una perspectiva transversal.

Entre les seves propostes figuren l'elaboració d'un cens de víctimes, la incorporació de la perspectiva del dret internacional dels drets humans i l'estudi del trauma transgeneracional. L'entitat reivindica aquestes aportacions per subratllar que la seva participació en les comissions mai va ser testimonial i que ha contribuït activament a construir les polítiques autonòmiques de memòria. Per això, l'entitat considera que mantenir la seva presència sense capacitat de decisió podria acabar legitimant una forma d'actuar amb la qual discrepa profundament.

La renúncia, tanmateix, no suposa un tancament definitiu a la participació institucional. Memòria de Mallorca no descarta tornar si es produeix un canvi efectiu en el funcionament de les comissions, es respecten les normes vigents i es garanteix a les entitats memorialistes i a les víctimes una capacitat real d'intervenció. “El diàleg exigeix voluntat d'escoltar, la participació exigeix capacitat d'incidència i la confiança exigeix que els compromisos es compleixin”, resumeix l'associació, que assegura que continuarà treballant de forma independent i fiscalitzant l'actuació de les administracions públiques.

“Per respecte a les víctimes del franquisme, a les seves famílies i als més de vint anys de treball de Memòria de Mallorca, no podem continuar legitimant amb la nostra presència una situació que s'ha allunyat dels objectius i de l'esperit de les lleis autonòmiques de memòria democràtica”, conclou el document.

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

Las excavaciones en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres han arrojado sus primeros hallazgos científicos. El equipo del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha confirmado la localización de las primeras evidencias de restos de víctimas de la represión franquista. Se trata de osamentas compatibles con hombres jóvenes que presentan lesiones traumáticas en el cráneo causadas por proyectiles de arma de fuego, confirmando sobre el terreno lo registrado en la investigación documental previa.

Los trabajos comenzaron el pasado 5 de octubre tras años de tramitación y de espera por parte de las familias. Las estimaciones de la intervención apuntan a que en el denominado Cuartel 4 del antiguo Limbo, ubicado bajo el actual Memorial a las víctimas, se localizan al menos ocho filas de fosas clandestinas que albergan los restos de entre 153 personas (según las previsiones iniciales en la zona de intervención) y hasta cerca de 300 víctimas en el conjunto del área, lo que podría convertir este enclave en la mayor fosa común excavada hasta la fecha en Extremadura.

La actuación forma parte del proyecto 'Exhumación de las fosas del Cementerio Nuestra Señora de la Montaña y estudio antropológico forense de los restos de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en la ciudad de Cáceres', una iniciativa impulsada mediante un convenio entre la Diputación de Cáceres, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la propia Sociedad de Ciencias Aranzadi, con financiación de la corporación provincial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Avanzar hacia la identificación genética

Tras las dos primeras semanas centradas en la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas, el equipo técnico inicia ahora la fase de recuperación minuciosa, documentación y análisis antropológico forense de los restos. Todo el proceso seguirá protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y pruebas de ADN con los familiares y allegados localizados por AMECECA, con el objetivo de lograr su identificación y posterior entrega a sus allegados.

La asociación memorialista y la Diputación de Cáceres han recibido el hallazgo con “satisfacción y emoción”, calificando los primeros resultados como un “paso histórico y trascendental” en el camino iniciado en 2010 hacia la verdad, la justicia y la reparación para los represaliados y sus familias en la capital cacereña.

Nuevo frenazo a la fosa Monumento, la más grande de Sevilla capital con más de 2.613 represaliados. Casi año y medio después de que las cuatro administraciones firmasen el protocolo que en teoría suponía el arranque del proceso de exhumación, ahora un nuevo enredo burocrático amenaza con retrasar todavía más unos trabajos para el que se llegó a un acuerdo político entre todas las administraciones (dos gobernadas por el PSOE y dos por el PP) nada menos que en marzo de 2024.

Este horizonte es, para algunas de las partes, un nuevo requiebro del Ayuntamiento hispalense (PP) para alargar los plazos y jugar con los tiempos políticos, ya que en mayo de 2027 son las elecciones municipales. El proyecto siempre le ha estorbado a los populares desde que José Luis Sanz es alcalde, entre que considera que no tiene competencias en esta materia y que no le interesa agitar mucho este árbol para salvaguardar sus relaciones presentes y futuras con Vox

La formación de ultraderecha es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio y, aunque ahora la relación esté más tensa por la construcción de la mezquita del Polígono Sur y la inminencia electoral, gracias a este pacto Vox ha colado su ideario político como también está haciendo en el Gobierno andaluz, la otra administración que también va al ralentí en este caso. De todos modos, no ha sido necesaria la presión de los de Abascal para que José Luis Sanz liquidase todo rastro de las políticas municipales de memoria histórica.

La cuestión es que el gobierno local habría esgrimido problemas para la contratación del personal necesario para realizar estas tareas. En una reciente comisión de seguimiento, la solución que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía –también gobernada por el PP– es que se encargue de la exhumación un departamento especializado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), lo que de partida no se ve con malos ojos (algunas de las responsables ya hicieron trabajos previos en esta fosa) pero que abre un horizonte de incertidumbre.

Dudas jurídicas con el modelo

En teoría, y de acuerdo con lo que ya se hizo en la fosa de Pico Reja con éxito, la fórmula elegida es un convenio por el que Gobierno central, Junta y Diputación ceden partidas económicas al Consistorio hispalense, que asume la dirección de los trabajos al ser el propietario del suelo en el cementerio de San Fernando. Las cuatro administraciones se han comprometido a una financiación a partes iguales, aportando cada una el 25% del coste.

Fuentes consultadas por este periódico admiten que la irrupción de un nuevo actor, en este caso la UPO, cambia las reglas del juego, sobre todo porque la intención municipal sería que cada parte le abone directamente los trabajos. Es decir, que el Ayuntamiento rechaza recibir los fondos, hacer los contratos y liderar el proyecto, como sí hizo con Pico Reja en la etapa de Juan Espadas (PSOE) como regidor.

Esto obligará a un nuevo análisis jurídico, ya que hasta ahora lo que estaba autorizado era transferir el dinero a otra administración y no a una universidad, aunque sea pública. Todavía se está en este punto pese a que, cuando en junio de 2025 se firmó el protocolo, se emplazó a una inminente firma del necesario convenio para formalizar el sistema de pago, pero este paso no se ha dado todavía y ahora se plantea que el convenio se firme con la UPO.

“Dinamita” el modelo Pico Reja

A la espera de conocer este documento, que la Junta de Andalucía se ha comprometido a hacer llegar a las partes cuanto antes, lo que es una evidencia es que esta fórmula supone “dinamitar” el modelo de Pico Reja que tan buenos resultados dio. Ante los continuos retrasos provocados por el Ayuntamiento, que incluso llegó a rechazar fondos estatales, Gobierno y Diputación (gobernados por el PSOE) han llegado a plantear asumir en solitario estos trabajos dados los “reparos ideológicos” del gobierno municipal. Esta opción está ahora en vía muerta.

El nuevo giro de los acontecimientos se habría planteado por la Junta sin diálogo previo, con lo que Gobierno y Diputación se enteraron sobre la marcha en la última comisión de seguimiento, celebrada con varios meses de retraso sobre el calendario previsto. Se entiende que esto obliga a un nuevo estudio de viabilidad jurídica y, con casi toda probabilidad, a firmar un nuevo protocolo general de actuación.

Lo cierto es que se vuelven a dilatar los tiempos y a prorrogar sin fecha una exhumación que se quería tener cerrada en 2029, un cronograma –ya de por sí muy difícil de cumplir– que acaba ahora de saltar por los aires. En este sentido, el protocolo establece hasta cuatro años para acabar los trabajos una vez que se inicien con la previsión de que lo hubiesen hecho en 2025, calculándose una inversión pública total que oscilará entre dos y 2,5 millones de euros.

Los trabajos para exhumar la fosa común del cementerio municipal de Cáceres han comenzado este miércoles con unas estimaciones que apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos. Por la dimensión del enclave, la actuación podría convertirse en la mayor exhumación de una fosa común realizada hasta la fecha en la región.

El inicio de las labores sobre el terreno se produce tras completar la tramitación administrativa y obtener los permisos correspondientes. La intervención se enmarca en el convenio suscrito entre la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Diputación de Cáceres para investigar, localizar, exhumar e identificar a víctimas de la represión franquista, y cuenta con financiación de la propia corporación provincial y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Debido a la envergadura del espacio, los trabajos se prolongarán durante varios meses y se ejecutarán de forma gradual por fases. Según señalan desde la Diputación de Cáceres, las fuentes documentales y los estudios históricos previos ubican los restos de varios centenares de represaliados justamente en el ámbito que hoy ocupa el Memorial dedicado a las víctimas en el propio camposanto cacereño.

El equipo técnico de Aranzadi ha arrancado las tareas con la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas y áreas de excavación. A esta fase inicial le seguirá la recuperación minuciosa de los restos, su documentación científica y el posterior análisis antropológico forense. Durante todo el proceso se aplicarán los protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y la realización de pruebas genéticas, con el fin de avanzar en la identificación de los represaliados y posibilitar su devolución a los allegados.

Desde AMECECA han subrayado que el arranque de los trabajos supone “un paso esperado durante años” por los familiares y descendientes de las víctimas. La entidad ha participado activamente en la recogida de testimonios, el análisis de documentación histórica y la búsqueda de allegados para facilitar los cotejos de ADN. Desde la organización de las obras han precisado además que se extremarán las precauciones para no interferir en la actividad habitual del cementerio durante el desarrollo de la investigación.

Los restos de tres personas represaliadas por la dictadura franquista, exhumadas en 2024 e identificadas a lo largo de este año, serán entregados a sus familias el próximo 17 de octubre en el cementerio municipal de Villanueva de la Serena, en el marco de un acto de homenaje a las víctimas.

La convocatoria, organizada por la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), dará comienzo a las 11:00 horas. El acto coincidirá con el desarrollo de los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en la fosa clandestina ubicada en el propio recinto cementerial. El programa incluirá intervenciones de autoridades, testimonios de allegados, actuaciones musicales y una ofrenda floral, que culminarán con el entierro de los tres cuerpos identificados.

Divulgación para estudiantes de la comarca

La iniciativa tendrá continuidad entre el 19 y el 22 de octubre con la celebración de la cuarta edición de las 'Escuelas de Memoria', dirigidas a estudiantes de varios institutos de Educación Secundaria de la zona.

Durante esas cuatro jornadas, los alumnos acudirán durante las mañanas al cementerio para conocer sobre el terreno las labores de exhumación en la fosa y escuchar los relatos de los familiares. La asociación señala que el propósito de estas visitas es acercar al alumnado el conocimiento sobre la represión franquista.

La jornada de homenaje y las actividades divulgativas cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Diputación de Badajoz, Amnistía Internacional Extremadura y diversas organizaciones memorialistas.

El silenci del cementiri de Son Valentí s'ha omplert aquest dilluns de noms, absències i memòria. Un total de 225 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista -onze d'elles identificades, les altres 214, no- han rebut sepultura al cementiri palmesà, on les seves restes, recuperades de fosses comunes després de dècades d'oblit, descansen ja al nou Columbari de la Dignitat. L'acte, organitzat pel Govern, ha posat rostre a un deute històric que continua obert a Balears enmig de la polèmica per la derogació de la llei de memòria democràtica i les crítiques de les associacions: Memòria de Mallorca denuncia que l'Executiu del PP no ha donat marge de decisió algun a l'entitat ni a les famílies de les víctimes en l'organització de l'esdeveniment i recrimina la forma en què els populars estan gestionant les polítiques de memòria.

L'acte, en el qual no ha estat present la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estat marcat per l'emoció de les famílies que han pogut recuperar les restes dels seus éssers estimats, però també per la reivindicació d'aquells que fa anys que reclamen veritat, justícia i reparació. Després de dècades d'espera, moltes de les víctimes han comptat per fi amb un lloc on reposar i ser recordades.

La cerimònia ha reunit representants institucionals i ha posat el focus en el treball de recuperació i identificació de les víctimes, una tasca que durant anys va recaure en mans de les associacions i de les pròpies famílies. Les víctimes han estat dipositades en caixes de fusta individualitzades, amb les seves respectives plaques identificatives, en un espai que aspira a convertir-se en un lloc de memòria i de trobada per als seus familiars.

Entre els noms que s'han recordat durant l'acte figuren els d'Aurora Picornell, símbol de la repressió franquista a Mallorca; el seu pare, Gabriel Picornell Femenías, i el seu germà Gabriel Picornell Serra. També s'han esmentat Francesca Llull i la seva filla Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll i José Luis San Toribio del Castillo. Bartomeu Cabanellas, una altra de les persones identificades, roman provisionalment al columbari a l'espera que la seva família decideixi la seva destinació definitiva.

Durant l'acte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciat que les famílies, l'associació i la resta de membres de la Comissió Tècnica de Persones Desaparegudes i Fosses no han pogut participar com haurien volgut en l'elaboració i organització de la cerimònia. “Com a familiar de dues d'aquestes víctimes, i sense voler llevar protagonisme a aquest moment, permeteu-me que digui que no han pogut participar com haurien volgut en l'elaboració i organització d'aquest acte”, ha subratllat durant la seva intervenció. La representant memorialista ha lamentat que les famílies no hagin tingut el paper que els correspon en un procés que, ha defensat, ha de situar-les al centre.

Oliver ha insistit que la inauguració no pot entendre's com l'obertura d'un espai qualsevol, sinó com la restitució d'un dret que les víctimes del franquisme no han tingut fins fa poc i que moltes encara esperen: el de recuperar les seves restes i disposar d'un espai públic que preservi la seva memòria.

“Les exhumacions no acaben quan es troben les víctimes. Abans i després hi ha un llarg procés en el qual els familiars no han de ser uns actors més, sinó la seva raó de ser”, ha assenyalat. La presidenta de Memòria de Mallorca ha recordat que l'associació i les famílies han recorregut un llarg camí, en ocasions en soledat, per localitzar els desapareguts i aconseguir que les seves restes siguin recuperades. La dirigent memorialista ha reivindicat així mateix la dignitat de les víctimes davant les calúmnies i els insults que, ha denunciat, han sofert fins i tot després de mortes. “Van intentar arrabassar-los fins i tot la dignitat, però no ho han aconseguit”, ha afirmat. Oliver ha definit el columbari com la tornada a casa de les persones desaparegudes i ha dedicat unes paraules a qui encara no té una tomba i a les famílies que continuen esperant respostes.

Un espai per a les dones assassinades pel franquisme

Per la seva banda, l'arqueòleg Cesc Busquets, director de les excavacions dels plans de fosses del Govern i representant dels equips tècnics d'Aranzadi i Amics, ha reservat un missatge a les dones assassinades pels feixistes i que des d'aquest dilluns reposen al columbari, com les conegudes com a Roges del Molinar, entre les quals es troben Aurora Picornell i Belarmina González. També hi reposen les restes de Francesca Llull i la seva filla, així com tres de les cinc milicianes infermeres assassinades a Manacor el 5 de setembre de 1936.

Busquets ha explicat que les restes procedeixen de diferents intervencions realitzades a Mallorca, principalment de les grans exhumacions de Porreres i Son Coletes, però també d'actuacions en cementiris de Marratxí, Calvià, Llucmajor, Inca i Selva, així com del pou de s'Àguila i de llocs vinculats a la batalla de Mallorca d'agost i setembre de 1936. A Porreres es van recuperar almenys 114 víctimes i a Son Coletes, on es va intervenir entre 2018 i 2023, almenys 129. Busquets ha subratllat que Son Coletes, a Manacor, ha estat un dels principals escenaris de la repressió contra les dones a Mallorca.

L'arqueòleg ha recordat que els plans de fosses han permès exhumar 273 víctimes a Mallorca, de les aproximadament 850 de les quals es té constància que van ser assassinades o van morir durant la Guerra Civil i la repressió feixista. De les 225 persones que reposen ara al columbari, només 11 han pogut ser identificades, per la qual cosa en queden 214 pendents d'identificació.

El director de les excavacions ha advertit que el pas del temps dificulta cada vegada més les identificacions, a causa de la pèrdua de familiars de primera generació que puguin aportar mostres d'ADN i a les dificultats que presenta la conservació del material genètic en les restes òssies. Malgrat això, ha assegurat que els equips continuen treballant amb noves mostres, tècniques i col·laboracions per augmentar el nombre de persones identificades. “Sabem que anem tard i que el procés està tardant molt, massa”, ha reconegut Busquets, que ha agraït a les famílies la seva confiança i paciència i ha expressat el seu compromís de continuar treballant per posar nom a les persones desaparegudes.

“Recuperar unes restes és recuperar una persona”

En darrer lloc ha intervingut la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, durant el discurs de la qual diversos membres del col·lectiu Aurora s'han girat en senyal de protesta per les polítiques de memòria del Govern. Estarellas ha assenyalat que la recuperació de les restes suposa molt més que una intervenció arqueològica. “Recuperar unes restes és recuperar una persona, un nom, una història i, sobretot, poder donar una resposta a una família”, ha afirmat. La consellera ha subratllat que els columbaris és “un lloc per a les víctimes, per a les persones que van perdre la vida assassinades durant la Guerra Civil i la repressió franquista, i també per a les seves famílies”.

“Entre els noms que avui hem escoltat hi ha els de la família Picornell, que recorden d'una manera especialment dura les conseqüències que pot arribar a tenir una guerra i la seva repressió”, ha assenyalat. La titular de Presidència ha convidat a no pensar únicament en cada víctima individual, sinó també en el buit que va deixar i en tot el que la violència i la repressió posterior van arrabassar a les seves famílies. La referència expressa a les víctimes de la repressió franquista ha estat un dels elements significatius del discurs d'Estarellas, la qual ha defensat que el nou espai representa una forma de reparació després de dècades de desaparicions i silenci. “No saber què ha passat amb una persona, i més amb una persona a qui estimem, és una de les formes més dures de sofriment”, ha assenyalat.

La titular de Presidència ha recordat que algunes famílies han rebut, després de molts anys, la trucada que els ha permès conèixer finalment el parador dels seus éssers estimats. “És una alegria difícil d'explicar, perquè és l'alegria de saber finalment on és aquesta persona estimada. Però també és el dolor de recordar, una vegada més, que va ser assassinada i que durant dècades va romandre en una fossa. És una alegria fosca, però és una resposta”, ha afirmat. “Després de tants anys, tenir una resposta també és una forma de reparació”.

Durant la seva intervenció, ha agraït, així mateix, la feina de la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses, els equips d'exhumació i identificació i els serveis de memòria democràtica, així com la dels treballadors de la Funerària Municipal que han traslladat les restes fins a la seva ubicació definitiva.

La consellera ha reconegut el paper de Memòria de Mallorca, a la qual ha definit com una entitat pionera a les illes en la reivindicació de la recuperació de les víctimes, la identificació dels seus familiars i l'acompanyament a les famílies. “No sempre hem coincidit, no sempre hem vist les coses de la mateixa manera, però crec que avui sí que hi ha una cosa que tots compartim: que les famílies mereixen respostes i que totes les persones que van morir i van ser enterrades en fosses ocultes han de poder descansar amb dignitat”, ha afirmat.

Estarellas ha recordat que el columbari se suma a altres espais de memòria ja existents a Son Valentí, com el Mur de la Memòria i l'Arbre de la Memòria, amb l'objectiu comú d'evitar que les víctimes siguin oblidades. També ha recordat que el projecte ha requerit anys de feina, obres, modificacions i tràmits, i ha reivindicat que el Govern ha mantingut el seu compromís de fer-ho realitat. “Una guerra mai no és una victòria”, ha assenyalat la consellera, que ha advertit que les guerres deixen famílies trencades, veïnats enfrontats i vides perdudes. “Precisament per això tenim l'obligació de recordar-ho i aprendre'n, i transmetre a les generacions que vénen que la violència, l'odi i l'enfrontament mai no poden ser el camí”.

La cerimònia ha conclòs amb una crida a mantenir la feina d'identificació de les restes i a continuar donant respostes a les famílies. Estarellas ha assegurat que el Govern continuarà posant a disposició dels familiars un servei d'atenció psicològica, conscient del dolor que pot reobrir el procés de recuperació i identificació.

Un “Visca la República!” en descobrir la placa

A la placa del columbari, descoberta per Estarellas i Oliver mentre aquesta cridava “Visca la República!”, ha quedat gravat el compromís que l'espai sigui un llegat de memòria, veritat, justícia, reparació i dignitat per a les generacions presents i futures. Un lloc al qual les famílies puguin acudir, deixar una flor i pronunciar el nom d'aquells que durant dècades van romandre desapareguts.

“Que sigui un lloc de pau, un lloc de memòria, un lloc de dignitat i, sobretot, un lloc on aquestes persones deixin de ser desaparegudes, on les seves famílies puguin venir a buscar-les i on, després de tants anys, puguem dir: aquí descansen”, ha conclòs Estarellas.

L'acte arribava precedit de les crítiques de Memòria de Mallorca pel fet que el Govern no hagi comptat amb els que fa anys que treballen en la recuperació de les restes i acompanyant a les famílies, que han quedat al marge de l'organització de l'acte: l'entitat assegura que va tenir coneixement de la seva celebració a través de tercers i que, després de sol·licitar informació i una reunió amb la Conselleria de Presidència -competent en la matèria-, va rebre la invitació quan els preparatius ja estaven en marxa.

No només això. La invitació a l'acte de Son Valentí no incloïa les paraules “víctimes” ni “homenatge”, a diferència de la comunicació emprada pel Govern per a l'acte celebrat el passat mes de juliol a Palma en record dels civils morts en els bombardejos republicans, en memòria dels quals va ser instal·lada una làpida commemorativa. Aquella cerimònia, encapçalada per Prohens, va incloure la inauguració de l'anomenat Mur de la Dignitat, un memorial amb 73 perforacions, una per cada una de les víctimes mortals documentades a la capital balear, i els noms i edats dels morts.

La presidenta de Memòria de Mallorca no qüestiona el dret de les víctimes dels bombardejos a rebre reconeixement institucional, però considera que els actes organitzats pel Govern evidencien un tracte desigual entre les diferents víctimes del conflicte bèl·lic, tenint en compte, a més, que les persones les restes de les quals s'han recuperat de les fosses de Mallorca van ser, en molts casos, persones assassinades per la repressió desencadenada després del cop militar de juliol de 1936 i durant la dictadura franquista i els seus familiars fa dècades que reclamen veritat, justícia i reparació.

L'acte de Son Valentí s'emmarca, a més, en l'enfrontament polític obert a les Balears per la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de 2018. La supressió de la norma, no obstant això, es troba suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional després que el Govern central recorregués la seva eliminació, deixant-la cautelarment en vigor mentre el tribunal resol la impugnació. La situació jurídica afegeix un element d'incertesa a les polítiques de memòria a les illes en un moment en què el Govern manté actuacions d'exhumació i organitza homenatges a víctimes de la contesa.

El silencio del cementerio de Son Valentí se ha llenado este lunes de nombres, ausencias y memoria. Un total de 225 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista -once de ellas identificadas, las otras 214, no- han recibido sepultura en el camposanto palmesano, donde sus restos, recuperados de fosas comunes tras décadas de olvido, descansan ya en el nuevo Columbari de la Dignitat. El acto, organizado por el Govern balear, ha puesto rostro a una deuda histórica que continúa abierta en Balears en medio de la polémica por la derogación de la ley de memoria democrática y las críticas de las asociaciones: Memòria de Mallorca denuncia que el Ejecutivo del PP no ha dado margen de decisión alguno a la entidad ni a las familias de las víctimas en la organización del evento y recrimina la forma en que los populares están gestionando las políticas de memoria.

El acto, en el que no ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estado marcada por la emoción de las familias que han podido recuperar los restos de sus seres queridos, pero también por la reivindicación de quienes llevan años reclamando verdad, justicia y reparación. Después de décadas de espera, muchas de las víctimas han contado por fin con un lugar donde reposar y ser recordadas.

La ceremonia ha reunido a representantes institucionales y ha puesto el foco en el trabajo de recuperación e identificación de las víctimas, una tarea que durante años recayó en manos de las asociaciones y de las propias familias. Las víctimas han sido depositadas en cajas de madera individualizadas, con sus respectivas placas identificativas, en un espacio que aspira a convertirse en un lugar de memoria y de encuentro para sus familiares.

Entre los nombres que se han recordado durante el acto figuran los de Aurora Picornell, símbolo de la represión franquista en Mallorca; su padre, Gabriel Picornell Femenías, y su hermano Gabriel Picornell Serra. También se han mencionado a Francesca Llull y su hija Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll y José Luis San Toribio del Castillo. Bartomeu Cabanellas, otra de las personas identificadas, permanece provisionalmente en el columbario a la espera de que su familia decida su destino definitivo.

Durante el acto, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciado que las familias, la asociación y el resto de miembros de la Comisión Técnica de Personas Desaparecidas y Fosas no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de la ceremonia. “Como familiar de dos de estas víctimas, y sin querer quitar protagonismo a este momento, permitidme que diga que no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de este acto”, ha subrayado durante su intervención. La representante memorialista ha lamentado que las familias no hayan tenido el papel que les corresponde en un proceso que, ha defendido, debe situarlas en el centro.

Oliver ha insistido en que la inauguración no puede entenderse como la apertura de un espacio cualquiera, sino como la restitución de un derecho que las víctimas del franquismo no han tenido hasta hace poco y que muchas todavía esperan: el de recuperar sus restos y disponer de un espacio público que preserve su memoria.

“Las exhumaciones no acaban cuando se encuentran las víctimas. Antes y después hay un largo proceso en el que los familiares no son unos actores más, sino su razón de ser”, ha señalado. La presidenta de Memòria de Mallorca ha recordado que la asociación y las familias han recorrido un largo camino, en ocasiones en soledad, para localizar a los desaparecidos y conseguir que sus restos sean recuperados. La dirigente memorialista ha reivindicado asimismo la dignidad de las víctimas frente a las calumnias y los insultos que, ha denunciado, han sufrido incluso después de muertas. “Intentaron arrebatarles hasta la dignidad, pero no lo han conseguido”, ha afirmado. Oliver ha definido el columbario como el regreso a casa de las personas desaparecidas y ha dedicado unas palabras a quienes todavía no tienen una tumba y a las familias que continúan esperando respuestas.

Un espacio para las mujeres asesinadas por el franquismo

Por su parte, el arqueólogo Cesc Busquets, director de las excavaciones de los planes de fosas del Govern y representante de los equipos técnicos de Aranzadi y Amics, ha reservado un mensaje a las mujeres asesinadas por los fascistas y que desde este lunes reposan en el columbario, como las conocidas como Roges del Molinar, entre las que se encuentran Aurora Picornell y Belarmina González. También reposan los restos de Francesca Llull y su hija, así como los de tres de las cinco milicianas enfermeras asesinadas en Manacor el 5 de septiembre de 1936.

Busquets ha explicado que los restos proceden de distintas intervenciones realizadas en Mallorca, principalmente de las grandes exhumaciones de Porreres y Son Coletes, pero también de actuaciones en cementerios de Marratxí, Calvià, Llucmajor, Inca y Selva, así como del pozo de s'Àguila y de lugares vinculados a la batalla de Mallorca de agosto y septiembre de 1936. En Porreres se recuperaron al menos 114 víctimas y en Son Coletes, donde se intervino entre 2018 y 2023, al menos 129. Busquets ha subrayado que Son Coletes, en Manacor, ha sido uno de los principales escenarios de la represión contra las mujeres en Mallorca.

El arqueólogo ha recordado que los planes de fosas han permitido exhumar 273 víctimas en Mallorca, de las aproximadamente 850 de las que se tiene constancia que fueron asesinadas o murieron durante la Guerra Civil y la represión fascista. De las 225 personas que reposan ahora en el columbario, solo 11 han podido ser identificadas, por lo que quedan 214 pendientes de identificación.

El director de las excavaciones ha advertido de que el paso del tiempo dificulta cada vez más las identificaciones, debido a la pérdida de familiares de primera generación que puedan aportar muestras de ADN y a las dificultades que presenta la conservación del material genético en los restos óseos. Pese a ello, ha asegurado que los equipos siguen trabajando con nuevas muestras, técnicas y colaboraciones para aumentar el número de personas identificadas. “Sabemos que vamos tarde y que el proceso está tardando mucho, demasiado”, ha reconocido Busquets, que ha agradecido a las familias su confianza y paciencia y ha expresado su compromiso de seguir trabajando para poner nombre a las personas desaparecidas.

“Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia”

En último lugar ha intervenido la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, durante cuyo discurso varios miembros del colectivo Aurora se han dado la vuelta en señal de protesta por las políticas de memoria del Govern. Estarellas ha señalado que la recuperación de los restos supone mucho más que una intervención arqueológica. “Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia y, sobre todo, poder dar una respuesta a una familia”, ha afirmado. La consellera ha subrayado que el columbario es “un lugar para las personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la represión franquista, y también para sus familias”.

La referencia expresa a las víctimas de la represión franquista ha sido uno de los elementos significativos del discurso de Estarellas, quien ha defendido que el nuevo espacio representa una forma de reparación tras décadas de desapariciones y silencio. “No saber qué ha pasado con una persona, y más con una persona a la que queremos, es una de las formas más duras de sufrimiento”, ha señalado, manifestando que “entre los nombres que hoy hemos escuchado están los de la familia Picornell, que recuerda de una manera especialmente dura las consecuencias que puede llegar a tener una guerra y su represión”. “Es difícil imaginar el dolor que puede suponer que una familia entera sea golpeada de esta manera”, ha añadido.

La titular de Presidencia ha invitado a no pensar únicamente en cada víctima individual, sino también en el vacío que dejó y en todo lo que la violencia y la represión posterior arrebataron a sus familias. Asimismo, ha puesto énfasis en el hecho de que algunas familias hayan recibido, después de muchos años, la llamada que les ha permitido conocer finalmente el paradero de sus seres queridos. “Es una alegría difícil de explicar, porque es la alegría de saber finalmente dónde está esa persona querida. Pero también es el dolor de recordar, una vez más, que fue asesinada y que durante décadas permaneció en una fosa. Es una alegría oscura, pero es una respuesta”, ha afirmado: “Después de tantos años, tener una respuesta también es una forma de reparación”.

Durante su intervención, ha agradecido, asimismo, el trabajo de la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas, los equipos de exhumación e identificación y los servicios de memoria democrática, así como el de los trabajadores de la Funeraria Municipal que han trasladado los restos hasta su ubicación definitiva.

La consellera ha reconocido el papel de Memòria de Mallorca, a la que ha definido como una entidad pionera en las islas en la reivindicación de la recuperación de las víctimas, la identificación de sus familiares y el acompañamiento a las familias. “No siempre hemos coincidido, no siempre hemos visto las cosas de la misma manera, pero creo que hoy sí hay algo que todos compartimos: que las familias merecen respuestas y que todas las personas que murieron y fueron enterradas en fosas ocultas deben poder descansar con dignidad”, ha afirmado.

Estarellas ha recordado que el columbario se suma a otros espacios de memoria ya existentes en Son Valentí, como el Muro de la Memoria y el Árbol de la Memoria, con el objetivo común de evitar que las víctimas sean olvidadas. También ha recordado que el proyecto ha requerido años de trabajo, obras, modificaciones y trámites, y ha reivindicado que el Govern ha mantenido su compromiso de hacerlo realidad. “Una guerra nunca es una victoria”, ha señalado la consellera, que ha advertido de que las guerras dejan familias rotas, vecindarios enfrentados y vidas perdidas. “Precisamente por eso tenemos la obligación de recordarlo y aprender de ello, y transmitir a las generaciones que vienen que la violencia, el odio y el enfrentamiento nunca pueden ser el camino”.

La ceremonia ha concluido con un llamamiento a mantener el trabajo de identificación de los restos y a seguir dando respuestas a las familias. Estarellas ha asegurado que el Govern continuará poniendo a disposición de los familiares un servicio de atención psicológica, consciente del dolor que puede reabrir el proceso de recuperación e identificación.

Un “¡Viva la República!” al descubrir la placa

En la placa del columbario, descubierta por Estarellas y Oliver mientras ésta gritaba “¡Viva la República!”, ha quedado grabado el compromiso de que el espacio sea un legado de memoria, verdad, justicia, reparación y dignidad para las generaciones presentes y futuras. Un lugar al que las familias puedan acudir, dejar una flor y pronunciar el nombre de quienes durante décadas permanecieron desaparecidos.

“Que sea un lugar de paz, un lugar de memoria, un lugar de dignidad y, sobre todo, un lugar donde estas personas dejen de ser desaparecidas, donde sus familias puedan venir a buscarlas y donde, después de tantos años, podamos decir: aquí descansan”, ha concluido Estarellas.

El acto llegaba precedido de las críticas de Memòria de Mallorca por el hecho de que el Govern no haya contado con quienes llevan años trabajando en la recuperación de los restos y acompañando a las familias, que han quedado al margen de la organización del acto: la entidad asegura que tuvo conocimiento de su celebración a través de terceros y que, tras solicitar información y una reunión con la Conselleria de Presidencia -competente en la materia-, recibió la invitación cuando los preparativos ya estaban en marcha.

No solo eso. La invitación al acto de Son Valentí no incluía las palabras “víctimas” ni “homenaje”, a diferencia de la comunicación empleada por el Govern para el acto celebrado el pasado mes de julio en Palma en recuerdo de los civiles muertos en los bombardeos republicanos, en cuya memoria fue instalada una lápida conmemorativa. Aquella ceremonia, encabezada por Prohens, incluyó la inauguración del llamado Muro de la Dignidad, un memorial con 73 perforaciones, una por cada una de las víctimas mortales documentadas en la capital balear, y los nombres y edades de los fallecidos.

La presidenta de Memòria de Mallorca no cuestiona el derecho de las víctimas de los bombardeos a recibir reconocimiento institucional, pero considera que los actos organizados por el Govern evidencian un trato desigual entre las distintas víctimas del conflicto bélico, teniendo en cuenta, además, que las personas cuyos restos se han recuperado de las fosas de Mallorca fueron, en muchos casos, personas asesinadas por la represión desencadenada tras el golpe militar de julio de 1936 y durante la dictadura franquista y sus familiares llevan décadas reclamando verdad, justicia y reparación.

El acto de Son Valentí se enmarca, además, en el enfrentamiento político abierto en Balears por la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de 2018. La supresión de la norma, no obstante, se encuentra suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno central recurriera su eliminación, dejándola cautelarmente en vigor mientras el tribunal resuelve la impugnación. La situación jurídica añade un elemento de incertidumbre a las políticas de memoria en las islas en un momento en que el Govern mantiene actuaciones de exhumación y organiza homenajes a víctimas de la contienda.

La Diputación de Cáceres ha aprobado una partida de 105.000 euros destinada al convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para llevar a cabo trabajos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra. Las actuaciones se centrarán en el enclave de Mina La Paloma y en el cementerio de Piedras Albas.

Esta cuantía se integra en un paquete de 213.647 euros consignado a entidades privadas y sin ánimo de lucro con fines culturales. Dentro de este bloque económico se incluyen también 28.595 euros para realizar estudios de sondeos y localización de fosas de la Guerra Civil en la ermita de San Bartolomé de Almoharín, así como 15.972 euros orientados a la catalogación del patrimonio de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia.

Asimismo, se han aprobado 30.000 euros para la Fundación Educativa y Asistencial CIVES, destinados a la organización del II Encuentro Memoria, Educación y Democracia, y 15.000 euros para la Academia de Cine de Extremadura con el fin de desarrollar un ciclo de proyecciones de cine regional en el medio rural.

Inversión en el SEPEI y plan de repoblación con REDEX

Entre los acuerdos aprobados por el pleno provincial destaca la asignación de 1,5 millones de euros para incrementar la adquisición de diversos vehículos destinados al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (SEPEI).

En materia de desarrollo rural, se han aprobado 302.897 euros para la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX). Estos fondos se destinarán al personal del equipo territorial y a programas de repoblación, lo que permitirá incorporar a cinco técnicos para prestar servicio a los 47 municipios interesados en iniciativas de atracción de nuevos pobladores. El trabajo de estos profesionales abarcará la localización de viviendas disponibles, el impulso al relevo generacional y empresarial, y la articulación de medidas de acogida e integración.

El pleno ha respaldado igualmente un convenio de 72.000 euros con RENFE para la puesta en marcha del tren turístico y ha asignado 7.500 euros para la ejecución del cerramiento del claustro en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Infraestructuras eléctricas, deportivas y gestión territorial

En el apartado de inversiones locales, la corporación ha dado luz verde a 567.956 euros asignados a ocho municipios a través del Plan de Mejora de la Infraestructura Eléctrica (PLAN MIE-2025). Las actuaciones se desarrollarán en Torrejoncillo, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Montehermoso, Moraleja, Jaraíz de la Vera, Miajadas y Coria.

Junto a ello, se han aprobado 154.000 euros para obras e inversiones en entidades locales, 240.000 euros para la construcción del nuevo campo de tiro con arco en el complejo de El Cuartillo, en la capital cacereña, y 30.000 euros para trabajos de corrección de riesgos y adecuación de instalaciones en la finca Haza de la Concepción, situada en Malpartida de Plasencia.

Por último, el pleno ha ratificado la aprobación definitiva de la Agenda Provincial de Cáceres, la incorporación de seis municipios a la Red Provincial de Comunidades Energéticas y la adhesión de la institución a la Red Española de Oficinas de Datos (REOD), además de su integración en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

18 de setembre de 1936. El cadàver d'una dona ha aparegut rere uns arbustos a Sencelles (Mallorca). El cos presenta diversos impactes de bala i, segons les autoritats, es troba en avançat estat de descomposició (les investigacions posteriors llançaran que presenta signes d'haver estat arrossegada per un cotxe). Finalment, l'enterren, sense identificar, en una fossa comuna del cementiri del municipi. Però darrere del cos hi ha la història d'una dona de Palma que ha participat activament en la vida política de la Segona República i que, després del cop militar feixista de juliol, va haver d'amagar-se per evitar ser detinguda. El seu nom era Pilar Sánchez Llabrés, tenia 33 anys, i el seu assassinat, segons fonts memorialistes, va ser “un dels més cruels que es coneixen” a l'illa.

Noranta anys després, l'Ajuntament de Palma continua sense donar resposta a la petició perquè sigui declarada Filla Il·lustre de la ciutat. Memòria de Mallorca va registrar la primera sol·licitud el 18 de setembre de 2024, coincidint amb el 88è aniversari del seu assassinat, i va tornar a presentar-la un any després en no haver obtingut contestació. Ara, l'associació ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar al Consistori que tramiti el reconeixement.

“El reconeixement de Pilar Sánchez Llabrés com a Filla Il·lustre no pretén únicament homenatjar una víctima de la repressió franquista. Significa també reconèixer la trajectòria d'una dona palmesana compromesa amb la democràcia, la igualtat, els drets de les dones i els drets de la classe treballadora, i incorporar aquesta trajectòria al patrimoni cívic i democràtic de la ciutat”, defensa l'entitat memorialista.

El reconeixement de Pilar Sánchez Llabrés com a Filla Il·lustre no pretén únicament homenatjar una víctima de la repressió franquista. Significa també reconèixer la trajectòria d'una dona palmesana compromesa amb la democràcia, la igualtat, els drets de les dones i els drets de la classe treballadora, i incorporar aquesta trajectòria al patrimoni cívic i democràtic de la ciutat

Memòria de Mallorca

Pilar Sánchez Llabrés va néixer a Palma el 1903 i vivia al barri obrer de la Soledat. Era coneguda com a Na Pilar Revulla i treballava com a venedora de comestibles en una parada de la plaça Major. Des d'allà feia visible també la seva militància política. Estava casada amb Miquel Borel, treballador de la construcció i sabater, amb qui va tenir quatre fills: Rafel, Joan, Miquel i Francesca.

La documentació posterior, consultada per elDiario.es, la presenta com una dona d'intensa activitat política que aprofitava el seu lloc al mercat per expressar públicament les seves idees, un fet que, en paraules de l'historiador Bartomeu Garí, “va provocar la por i, al mateix temps, l'odi dels seus adversaris”. En les seves investigacions sobre la repressió franquista a Mallorca, Garí la recorda com una dona que no s'arronsava davant les adversitats, com va succeir el 16 de febrer de 1936, quan va ser detinguda per protestar davant un possible frau electoral, estavellant una urna al mig del carrer.

El seu perfil apareix, així mateix, especialment definit a les pàgines d'El Obrero Balear, el periòdic de l'organització socialista mallorquina. El setmanari recull la seva intervenció en un míting celebrat el 9 de març de 1936 a la 'Casa del Poble' de Palma amb motiu de la jornada internacional per l'emancipació de la dona. Juntament amb Pilar Sánchez van participar dones de distintes organitzacions del Front Popular, entre elles Rosa Ros, Rosa Colom, Rosa Hurtado, Catalina Alós i Aurora Picornell. La crònica d'El Obrero Balear, publicada el 13 de març, destacava la novetat d'aquella presència femenina i la presentava com una ruptura amb les “ràncies concepcions” sobre el paper de la dona en la vida pública.

La publicació es va fer ressò de la intervenció de Sánchez: durant aquesta, l'activista es va estendre en consideracions sobre “la perniciosa influència de l'Església en la dona” i sobre els avantatges de l'organització política i sindical. El seu paper se situava al voltant de l'emancipació femenina, l'organització política i sindical i la crítica a la influència de l'Església.

La detenció

La vida de Pilar va canviar radicalment després del cop militar de juliol de 1936. Es va amagar al domicili de Joan Real, amic de la família i regidor de l'Ajuntament de Palma vinculat al Front Popular, al barri dels Hostalets. Els falangistes van acudir inicialment al seu domicili per localitzar-la. En no trobar-la, es van endur el seu marit i els seus fills a la comissaria de la plaça de Santa Magdalena, on Miquel Borel va ser torturat.

La vida de la Pilar va canviar radicalment després del cop militar de juliol de 1936. Es va amagar al domicili de Joan Real, regidor del Front Popular. En no trobar-la a casa seva, els falangistes es van emportar el seu marit i els seus fills a la comissaria de la plaça de Santa Magdalena de Palma, on en Miquel Borel va ser torturat

La filla del matrimoni, Francisca Borel Sánchez, recordaria anys després el terror viscut per la família després de la detenció del seu pare: “La sensació de terror i el mal que ens van fer les beates i els falangistes va ser molt gran. Recordo quan els feixistes ens van empresonar i ens van portar, al meu pare, als meus germans i a mi, a un immoble que estava a la carretera de La Soledat, on servien berenars. Després vam anar a una casa a prop de la costa de l'Hospital de la Sang [en al·lusió a la comissaria de Francisco Barrado Zorilla, cap de la policia secreta de Falange]. Allà vaig escoltar els gemecs del meu pare”. El seu testimoni va ser recollit per Bartomeu Garí en una de les seves investigacions.

Pilar, per la seva part, seria finalment localitzada i detinguda per quatre falangistes juntament amb Joan Real, que seria assassinat al cementiri de Porreres. Els seus botxins la van portar en un automòbil per la carretera de Sineu i, a prop de la possessió de Son Ganvada, la van fer baixar per la força. D'acord amb els testimonis recollits posteriorment, es va resistir i va ser violada pels seus captors. Després la van lligar pels peus a la part posterior del vehicle i la van arrossegar fins a la garriga de Son Palou, on li van disparar cinc vegades.

La sensació de terror i el dany que ens van fer les beatas i els falangistes va ser molt gran. Recordo quan els feixistes ens van empresonar i ens van portar, al meu pare, als meus germans i a mi, a un immoble. Després vam anar a una casa. Allà vaig escoltar els gemecs del meu pare

Francisca Borel Sánchez — Filla de Pilar Sánchez

Els fets van ser presenciats per dos testimonis. Un era un home que es trobava caçant a la zona. En escoltar l'automòbil es va amagar i va poder observar el que havia passat. L'altre es trobava als voltants del cementiri de Sencelles i va reconèixer la Pilar perquè també era veí de la Soledat. La reconstrucció dels últims moments de la Pilar procedeix fonamentalment de la causa judicial 901/1936 -l'expedient judicial que va documentar l'assassinat de Pilar Sánchez- i del testimoni de tots dos testimonis.

L'escriptor Llorenç Capellà ho va il·lustrar així al seu Diccionari Vermell (1989), una de les obres de referència de la memòria històrica mallorquina: “A les tres i mitja de la matinada, un home que vetllava en el cementiri de Sencelles, un parent seu mort, va sentir gemecs i insults de dona. Espaordit va apagar el llum i, procurant no fer renou, anà apropant-se a l’indret del qual procedien les veus. Ho sentia tot. A l’empar de la paret era un protagonista passiu i invisible del que succeïa. Cercà a les palpentes i trobà una escletxa per on guaitar”.

“De sobte la sang se li glaçà a les venes. Ell vivia a La Soledat i va reconèixer Pilar que també hi vivia. I va reconèixer els quatre homes que la martiritzaven, que també hi vivien. Tot l’escàndol quedava entre veïnats. Els homes violaren Pilar i quan era estesa en terra, retuda, li descarregaren el carregador de les pistoles a sobre. Morta, l’arrossegaren pels peus fins a les portes del cementiri”, prosseguia la reconstrucció de Capellà.

Els homes violaren Pilar i quan era estesa en terra, retuda, li descarregaren el carregador de les pistoles a sobre. Morta, l’arrossegaren pels peus fins a les portes del cementiri

Llorenç Capellà — Autor del 'Diccionari Vermell'

Les investigacions posteriors sobre la repressió franquista contra les dones han situat el cas de Sánchez Llabrés com un exemple extrem d'una violència que incorporava humiliacions, agressions sexuals i càstigs físics com a part del mecanisme repressiu.

Després de la mort de Pilar, les autoritats van posar en llibertat els seus fills, però Miquel Borel, el seu espòs, va ser tancat a Can Mir, una de les presons franquistes més fosques de les que van posar en marxa a Mallorca. Després va passar per diferents camps de concentració de l'illa fins que, el 1940, va ser finalment posat en llibertat.

Les investigacions sobre la repressió franquista contra les dones han il·lustrat el cas de Pilar Sánchez com a exemple extrem d'una violència que incorporava humiliacions, agressions sexuals i càstigs físics com a part del mecanisme repressiu

Les anomalies de la causa 901/1936

La pròpia documentació oficial del Govern assenyala que la causa 901/1936, instruïda pel jutge i alferes Joan Guardiola Homar, va estar envoltada d'“irregularitats en el procediment i la implicació de les autoritats en la repressió”. Entre altres anomalies, les investigacions i l'ordre per practicar l'autòpsia es van realitzar a requeriment del cap de Falange, malgrat que es tractava d'una tasca que corresponia a l'autoritat judicial. La documentació afegeix que les informacions aportades pel cap falangista “no concorden amb les d'altres testimonis i informes”.

Malgrat aquestes contradiccions, la investigació no va arribar a establir responsabilitats. A l'octubre de 1936, els fets van quedar sobreseïts i la causa va ser tancada, la qual cosa va suposar, d'acord amb la mateixa documentació, la “total impunitat” dels responsables del crim.

La causa 901/1936 es va poder recuperar dècades després gràcies al treball d'investigació i digitalització de les causes judicials franquistes. Memòria de Mallorca va impulsar el projecte Totes les causes, que va permetre digitalitzar 295.332 documents corresponents a 2.761 casos, oberts entre juliol de 1936 i 1939 i que afecten 4.653 persones. L'associació va cedir el resultat d'aquest treball al Govern el 2020, durant la passada legislatura progressista.

L'anterior Executiu, presidit per Francina Armengol i amb Juan Pedro Yllanes com a conseller de Memòria Democràtica, va incorporar Pilar a la Ruta de la Memòria Feminista i Antifeixista de Palma i, el 2022, va instal·lar una Stolpersteine (pedra de la memòria) a la Soledat, on havia viscut. La inscripció recorda el seu nom, l'any de naixement i les dates i circumstàncies de la seva mort.

Sense resposta de l'Ajuntament

Fa dos anys, Memòria de Mallorca va sol·licitar per primera vegada a l'Ajuntament de Palma, governat per PP i Vox, que Pilar Sánchez Llabrés fos declarada Filla Il·lustre de la ciutat el 18 de setembre de 2024. L'associació argumentava que el reconeixement no s'havia de limitar a la seva condició de víctima de la repressió, sinó que havia de reconèixer també la seva trajectòria com a dona compromesa amb la democràcia, la igualtat, els drets de les dones i els drets de la classe treballadora. Un any després, el 18 de setembre de 2025, va tornar a registrar la petició perquè no havia rebut cap resposta del consistori.

Al contrari del Consistori palmesà, l'Ajuntament de Sencelles va debatre el 2021 una moció de Més per Mallorca per incloure el nom de Pilar Sánchez al nomenclàtor del municipi. El ple va aprovar la proposta amb l'abstenció del PP.

Noranta anys després del seu assassinat, les restes de Pilar no han estat trobades. El seu cos va ser enterrat a la fossa comuna del cementiri de Sencelles, però les successives remodelacions de l'espai van dificultar posteriorment la seva localització. Les excavacions realitzades el 2018 i 2020 no van aconseguir trobar-lo. Les investigacions posteriors, tanmateix, han anat reconstruint una figura que durant dècades va quedar reduïda fonamentalment al record dels seus familiars i d'aquells que van conèixer la repressió de la Palma republicana.

18 de septiembre de 1936. El cadáver de una mujer ha aparecido tras unos arbustos en Sencelles (Mallorca). El cuerpo presenta varios impactos de bala y, según las autoridades, se encuentra en avanzado estado de descomposición (las investigaciones posteriores arrojarán que presenta signos de haber sido arrastrada por un coche). Finalmente, lo entierran, sin identificar, en una fosa común del cementerio del municipio. Pero detrás del cuerpo está la historia de una mujer de Palma que ha participado activamente en la vida política de la Segunda República y que, tras el golpe militar fascista de julio, tuvo que esconderse para evitar ser detenida. Su nombre era Pilar Sánchez Llabrés, tenía 33 años, y su asesinato, según fuentes memorialistas, fue “uno de los más crueles que se conocen” en la isla.

Noventa años después, el Ayuntamiento de Palma continúa sin dar respuesta a la petición para que sea declarada Hija Ilustre de la ciudad. Memòria de Mallorca registró la primera solicitud el 18 de septiembre de 2024, coincidiendo con el 88 aniversario de su asesinato, y volvió a presentarla un año después al no haber obtenido contestación. Ahora, la asociación ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar al Consistorio que tramite el reconocimiento.

“El reconocimiento de Pilar Sánchez Llabrés como Hija Ilustre no pretende únicamente homenajear una víctima de la represión franquista. Significa también reconocer la trayectoria de una mujer palmesana comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora, e incorporar esta trayectoria al patrimonio cívico y democrático de la ciudad”, defiende la entidad memorialista.

El reconocimiento de Pilar Sánchez Llabrés como Hija Ilustre no pretende únicamente homenajear una víctima de la represión franquista. Significa también reconocer la trayectoria de una mujer palmesana comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora, e incorporar esta trayectoria al patrimonio cívico y democrático de la ciudad

Memòria de Mallorca

Pilar Sánchez Llabrés nació en Palma en 1903 y vivía en el barrio obrero de la Soledat. Era conocida como Na Pilar Revulla y trabajaba como vendedora de comestibles en una parada de la Plaça Major. Desde allí hacía visible también su militancia política. Estaba casada con Miquel Borel, trabajador de la construcción y zapatero, con quien tuvo cuatro hijos: Rafel, Joan, Miquel y Francesca.

La documentación posterior, consultada por elDiario.es, la presenta como una mujer de intensa actividad política que aprovechaba su puesto en el mercado para expresar públicamente sus ideas, un hecho que, en palabras del historiador Bartomeu Garí, “provocó el temor y, al mismo tiempo, el odio de sus adversarios”. En sus investigaciones sobre la represión franquista en Mallorca, Garí la recuerda como una mujer que no se achantaba ante las adversidades, como sucedió el 16 de febrero de 1936, cuando fue detenida por protestar ante un posible fraude electoral, estrellando una urna en medio de la calle.

Su perfil aparece, asimismo, especialmente definido en las páginas de El Obrero Balear, el periódico de la organización socialista mallorquina. El semanario recoge su intervención en un mitin celebrado el 9 de marzo de 1936 en la 'Casa del Poble' de Palma con motivo de la jornada internacional por la emancipación de la mujer. Junto a Pilar Sánchez participaron mujeres de distintas organizaciones del Frente Popular, entre ellas Rosa Ros, Rosa Colom, Rosa Hurtado, Catalina Alós y Aurora Picornell. La crónica de El Obrero Balear, publicada el 13 de marzo, destacaba la novedad de aquella presencia femenina y la presentaba como una ruptura con las “rancias concepciones” sobre el papel de la mujer en la vida pública.

La publicación se hizo eco de la intervención de Sánchez: durante la misma, la activista se extendió en consideraciones sobre “la perniciosa influencia de la Iglesia en la mujer” y sobre las ventajas de la organización política y sindical. Su papel se situaba en torno a la emancipación femenina, la organización política y sindical y la crítica a la influencia de la Iglesia.

La detención

La vida de Pilar cambió radicalmente tras el golpe militar de julio de 1936. Se escondió en el domicilio de Joan Real, amigo de la familia y concejal del Ayuntamiento de Palma vinculado al Frente Popular, en el barrio de los Hostalets. Los falangistas acudieron inicialmente a su domicilio para localizarla. Al no encontrarla, se llevaron a su marido y a sus hijos a la comisaría de la plaza de Santa Magdalena, donde Miquel Borel fue torturado.

La vida de Pilar cambió radicalmente tras el golpe militar de julio de 1936. Se escondió en el domicilio de Joan Real, concejal del Frente Popular. Al no encontrarla en su domicilio, los falangistas se llevaron a su marido y a sus hijos a la comisaría de la plaza de Santa Magdalena de Palma, donde Miquel Borel fue torturado

La hija del matrimonio, Francisca Borel Sánchez, recordaría años después el terror vivido por la familia tras la detención de su padre: “La sensación de terror y el daño que nos hicieron las beatas y los falangistas fue muy grande. Recuerdo cuando los fascistas nos apresaron y nos llevaron, a mi padre, a mis hermanos y a mí, a un inmueble que estaba en la carretera de La Soledad, donde servían meriendas. Después fuimos a una casa cerca de la cuesta del Hospital de la Sang [en alusión a la comisaría de Francisco Barrado Zorilla, jefe de la policía secreta de Falange]. Allí escuché los gemidos de mi padre”. Su testimonio fue recogido por Bartomeu Garí en una de sus investigaciones.

Pilar, por su parte, sería finalmente localizada y detenida por cuatro falangistas junto a Joan Real, quien sería asesinado en el cementerio de Porreres. Sus verdugos la llevaron en un automóvil por la carretera de Sineu y, cerca de la posesión de Son Ganvada, la hicieron bajar por la fuerza. De acuerdo a los testimonios recogidos posteriormente, se resistió y fue violada por sus captores. Después la ataron por los pies a la parte trasera del vehículo y la arrastraron hasta la garriga de Son Palou, donde le dispararon cinco veces.

La sensación de terror y el daño que nos hicieron las beatas y los falangistas fue muy grande. Recuerdo cuando los fascistas nos apresaron y nos llevaron, a mi padre, a mis hermanos y a mí, a un inmueble. Después fuimos a una casa. Allí escuché los gemidos de mi padre

Francisca Borel Sánchez — Hija de Pilar Sánchez

Los hechos fueron presenciados por dos testigos. Uno era un hombre que se encontraba cazando en la zona. Al escuchar el automóvil se escondió y pudo observar lo sucedido. El otro se hallaba en las inmediaciones del cementerio de Sencelles y reconoció a Pilar porque también era vecino de la Soledat. La reconstrucción de los últimos momentos de Pilar procede fundamentalmente de la causa judicial 901/1936 -el expediente judicial que documentó el asesinato de Pilar Sánchez- y del testimonio de ambos testigos.

El escritor Llorenç Capellà lo ilustró así en su Diccionari Vermell (1989), una de las obras de referencia de la memoria histórica mallorquina: “A las tres y media de la madrugada, un hombre que velaba en el cementerio de Sencelles a un familiar suyo fallecido oyó gemidos e insultos de una mujer. Asustado, apagó la luz y, procurando no hacer ruido, fue acercándose al lugar del que procedían las voces. Lo oyó todo. Al amparo de la pared, era un protagonista pasivo e invisible de lo que estaba sucediendo. Buscó a tientas y encontró una grieta por la que mirar”.

“De repente, la sangre se le heló en las venas. Vivía en La Soledat y reconoció a Pilar, que también vivía allí. Y reconoció a los cuatro hombres que la martirizaban, que también vivían allí. Todo el escándalo quedaba entre vecinos. Los hombres violaron a Pilar y, cuando estaba tendida en el suelo, exhausta, descargaron los cargadores de sus pistolas sobre ella. Muerta, la arrastraron por los pies hasta las puertas del cementerio”, proseguía la reconstrucción de Capellà.

Los hombres violaron a Pilar y, cuando estaba tendida en el suelo, exhausta, descargaron los cargadores de sus pistolas sobre ella. Muerta, la arrastraron por los pies hasta las puertas del cementerio

Llorenç Capellà — Autor del 'Diccionari Vermell'

Las investigaciones posteriores sobre la represión franquista contra las mujeres han ilustrado el caso de Sánchez Llabrés como ejemplo extremo de una violencia que incorporaba humillaciones, agresiones sexuales y castigos físicos como parte del mecanismo represivo.

Tras la muerte de Pilar, las autoridades pusieron en libertad a sus hijos, pero Miquel Borel, su esposo, fue encerrado en la prisión de Can Mir, una de las cárceles franquistas más oscuras de las que pusieron en marcha en Mallorca. Después pasó por distintos campos de concentración de la isla hasta que, en 1940, fue finalmente puesto en libertad.

Las investigaciones sobre la represión franquista contra las mujeres han ilustrado el caso de Pilar Sánchez como ejemplo extremo de una violencia que incorporaba humillaciones, agresiones sexuales y castigos físicos como parte del mecanismo represivo

Las anomalías de la causa 901/1936

La propia documentación oficial del Govern señala que la causa 901/1936, instruida por el juez y alférez Joan Guardiola Homar, estuvo rodeada de “irregularidades en el procedimiento y la implicación de las autoridades en la represión”. Entre otras anomalías, las investigaciones y la orden para practicar la autopsia se realizaron a requerimiento del jefe de Falange pese a que se trataba de una tarea que correspondía a la autoridad judicial. La documentación añade que las informaciones aportadas por el jefe falangista “no concuerdan con las de otros testigos e informes”.

Pese a estas contradicciones, la investigación no llegó a establecer responsabilidades. En octubre de 1936 los hechos quedaron sobreseídos y la causa fue cerrada, lo que supuso, de acuerdo a la misma documentación, la “total impunidad” de los responsables del crimen.

La causa 901/1936 fue recuperada décadas después gracias al trabajo de investigación y digitalización de las causas judiciales franquistas. Memòria de Mallorca impulsó el proyecto 'Todas las causas', que permitió digitalizar 295.332 documentos correspondientes a 2.761 casos, abiertos entre julio de 1936 y 1939 y que afectan a 4.653 personas. La asociación cedió el resultado de ese trabajo al Govern en 2020, durante la pasada legislatura progresista.

El anterior Ejecutivo, presidido por Francina Armengol y con Juan Pedro Yllanes como conseller de Memoria Democrática, incorporó a Pilar a la Ruta de la Memòria Feminista i Antifeixista de Palma y en 2022 instaló una Stolpersteine (piedra de la memoria) en la Soledat, donde había vivido. La inscripción recuerda su nombre, el año de nacimiento y las fechas y circunstancias de su muerte.

Sin respuesta del Ayuntamiento

Hace dos años, Memòria de Mallorca solicitó por primera vez al Ayuntamiento de Palma, gobernado por PP y Vox, que Pilar Sánchez Llabrés fuera declarada Hija Ilustre de la ciudad el 18 de septiembre de 2024. La asociación argumentaba que el reconocimiento no debía limitarse a su condición de víctima de la represión, sino que debía reconocer también su trayectoria como mujer comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora. Un año después, el 18 de septiembre de 2025, volvió a registrar la petición porque no había recibido ninguna respuesta del consistorio.

Al contrario del Consistorio palmesano, el Ayuntamiento de Sencelles debatió en 2021 una moción de Més per Mallorca para incluir el nombre de Pilar Sánchez en el nomenclátor del municipio. El pleno aprobó la propuesta con la abstención del PP.

Noventa años después de su asesinato, los restos de Pilar no han sido encontrados. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio de Sencelles, pero las sucesivas remodelaciones del espacio dificultaron posteriormente su localización. Las excavaciones realizadas en 2018 y 2020 no lograron hallarlo. Las investigaciones posteriores, sin embargo, han ido reconstruyendo una figura que durante décadas quedó reducida fundamentalmente al recuerdo de sus familiares y de quienes conocieron la represión de la Palma republicana.

“La historia de nuestra familia es como la de muchas otras de nuestro país”, ha comenzado su intervención Fernando Zamora, sobrino nieto de Jesús Esteban, fusilado y enterrado en una fosa común tras intentar fugarse del Fuerte de San Cristóbal en mayo de 1938, al igual que Gerardo Gómez Lorenzo, preso fugado y capturado en la misma huida. Ambos han estado perdidos 88 años, 3 meses y 23 días. En total 32.257 jornadas que han estado sepultados sin nombre, “historia” y “dignidad”. Zamora asegura que encontrar los restos de los fusilados no solo alivia a la familia, sino que “es más bien que los huesos, que cada resto, tengan su nombre”. “Es importante también para ellos mismos y por la dignidad humana [de quién fue asesinado]”, expresa.

En un acto celebrado este lunes en el recién inaugurado ‘Rozalejo, Espacio de Memoria y Convivencia’ del casco antiguo de la capital navarra, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha entregado a sus familiares los restos de Jesús Esteban Muñoz y de Gerardo Gómez Lorenzo, identificados por el banco de ADN del Ejecutivo foral, tras las exhumaciones llevadas a cabo en 2017 y 2018 en las fosas de Urtasun y de Leranotz respectivamente. Un nutrido grupo de familiares de ambos represaliados, desplazado a Pamplona desde Galicia y Bizkaia, representantes institucionales, asociaciones memorialistas, parte del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Nasertic y del Instituto Navarro de la Memoria han participado en el acto.

“Esperamos y deseamos que este hecho [la entrega de los restos a sus familiares], contribuya a cerrar ese círculo que nunca se tuvo que abrir. Ese círculo que de forma terrible ocurrió hace 80 años”, ha declarado en su intervención la consejera Ana Ollo, que a su vez ha querido trasmitir a los asistentes la contribución de esta entrega “a la esperanza de cientos de familias que todavía no han encontrado a sus familiares asesinados”.

“Mi madre siempre hablaba de Gerardo porque era de su edad. Se le venían las lágrimas a los ojos porque eran como hermanos. Vivían en la misma finca de sus abuelos a 50 metros el uno del otro”, cuenta Julio Suárez, hijo de la prima de Gerardo Gómez Lorenzo. Frente a los asistentes, ha recordado que “era un niño” de tan solo unos cuatro o cinco años cuando los militares aparecieron en la casa familiar y preguntaron por el primo de su madre. “Su casa ya tenía cocina” y en ella había “una manilla dorada”. “Y yo me acuerdo de estar agarrado ahí mientras se marchaban los agentes”, narra Suárez. Años después, supo que su tío Gerardo intentó escapar “cuando fueron a buscarlo” y finalmente “fue apresado”. A partir de entonces “no supieron nada más de él”. “Ni mi madre, ni mi abuela, ni las primas de Buenos Aires. No supieron ni si estaba muerto o ni si estaba vivo”, describe.

La madre de Suárez murió sin saber qué le ocurrió a su primo, apresado con 18 años. El joven carpintero, natural y vecino de Bergondo (A Coruña) ingresó en el Fuerte el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fecha de la fuga, 22 de mayo de 1938. Su cuerpo fue exhumado 80 años después de este intento de huida. “Lo enterraron con su pipa y el anillo, que llevaba sus iniciales”, describe Suárez.

Jesús Esteban Muñoz, nació el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y era vecino de Portillo (Valladolid). Para Maite Méndez, hija de la sobrina de este, la entrega de sus restos supone “recobrar la historia” de su familia. “Nuestro tío abuelo estaba en el limbo, no sabíamos nada de él. Sabíamos que había participado en la fuga, pero nunca supimos más”, afirma. Su madre, que ahora tiene 99 años y hubiera querido haber asistido, porque a pesar de la edad “la cabeza la tiene muy lúcida” y, sobre todo, “para esta memoria, siempre se acordó de su tío Jesús”. Fue ella, de hecho, quien aportó la mayoría de información sobre el segoviano al saber que había participado en la huida, hecho que conocía por “otros presos que no participaron en la fuga” y que vivían cerca de los abuelos de Méndez, explica ella misma.

“Para mi madre ha sido muy emocionante”, explica Méndez. Tras las investigaciones, se supo que Jesús Esteban formaba parte de un grupo de fugados del que tres fueron detenidos en Eugi y otros dos, en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun (Esteribar), donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017, se llevó a cabo la exhumación de los cinco cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio.

“Esas familias que durante muchos años han visto su círculo maldito abierto y hace décadas que no se les ha cerrado, es el momento de darles protagonismo”, ha reivindicado la consejera Ollo. “Reconoceros esa trasmisión de la memoria que ha conseguido que muchos años después estéis aquí, con la intención de reivindicar a vuestros familiares. Porque no eran personas que murieron por nada, por no haber hecho nada. Habían luchado por una sociedad más justa, más libre, más social y con más derechos para todas y todos. Y los mataron por eso”.

Con los de Jesús Esteban y Gerardo Gómez son ya 53 los cuerpos devueltos por el Gobierno de Navarra a sus familiares tras su exhumación e identificación. Según el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, hasta la fecha se han abierto 444 expedientes de personas represaliadas. Desde el Instituto Navarro de la Memoria recuerdan que las familias de personas desaparecidas tras el golpe de estado militar de 1936 pueden contactar con el banco público de ADN a través del correo “para que se pueda continuar con nuevas identificaciones y restitución de cuerpos a sus familias, así como con la localización de emplazamientos donde puedan encontrarse nuevas fosas”.

Els treballs d'excavació i exhumació al cementiri municipal de Son Servera (Mallorca) han permès localitzar les restes d'almenys dos homes que haurien estat víctimes de les forces revoltades el 1936. Els investigadors apunten que aquestes dues persones van perdre la vida en algun dels enfrontaments registrats als voltants del municipi durant la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agost i setembre de 1936, va dur a terme la República amb l'objectiu de recuperar l'illa de mans dels colpistes. L'operació va acabar amb la retirada de les tropes republicanes després de diverses setmanes de combats.

Les bales i les insígnies militars han estat les principals pistes per reconstruir la seva història: juntament amb les restes òssies han aparegut munició d'arma llarga ja disparada, un projectil de set mil·límetres, dues insígnies del cos de Sanitat i altres restes de vestimenta militar, un conjunt que, segons fonts memorialistes consultades per elDiario.es, apuntarien que els dos homes van pertànyer a l'Exèrcit republicà. La Batalla de Mallorca va ser l'última operació amfíbia de la història d'Espanya i en ella van participar totes les armes de l'Exèrcit i les milícies antifeixistes. També va ser la primera que va comptar amb un batalló format íntegrament per dones.

La intervenció arqueològica s'emmarca en el V Pla de Fosses del Govern balear i dona continuïtat als treballs de localització realitzats entre mitjans d'abril i finals de maig. L'objectiu, tal com assenyala l'Executiu en un comunicat difós aquest dilluns, és recuperar i estudiar restes humanes que puguin correspondre a milicians morts durant els combats i avançar, quan sigui possible, en la seva identificació.

Les pistes han aparegut gairebé 90 anys després d'aquells enfrontaments i estan precisament on els investigadors esperaven trobar respostes: a la part més antiga del cementiri. Allà, sota les actuals zones enjardinades i part de les voreres, els arqueòlegs han anat separant enterraments ordinaris d'aquells que presenten senyals que podrien revelar una mort vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervenció, desenvolupada entre mitjans d'abril i finals de maig, va treure a la llum un gran nombre d'enterraments de diferents èpoques. En una de les zones enjardinades situada al costat de l'entrada, per exemple, van aparèixer 40 sepultures individuals perfectament alineades, amb els cossos dipositats en caixes funeràries.

La majoria d'aquestes persones eren d'edat avançada i els enterraments corresponien principalment a dates posteriors a la Guerra Civil, a partir de la dècada de 1940. Per això, els investigadors van descartar que fossin víctimes de la Batalla de Mallorca.

El gir va arribar en estudiar els antics plànols del cementiri conservats a l'Arxiu Municipal de Son Servera. Els documents van permetre comprovar que la terrassa superior, la zona més antiga del recinte, havia estat utilitzada durant la primera meitat del segle XX per realitzar enterraments directament a terra.

L'excavació va permetre documentar almenys 65 inhumacions al sector est, 63 a l'oest i altres 13 a la zona enjardinada central. Entre elles van aparèixer enterraments que trencaven amb el patró habitual. Alguns cossos havien estat col·locats en posicions inusuals i d'altres mancaven de taüt o de qualsevol altre receptacle funerari. Són precisament aquestes anomalies les que han permès als arqueòlegs concentrar la investigació en determinades sepultures.

Una intervenció que obliga a aixecar part del cementiri

Els treballs s'han reprès aquesta setmana i es troben ara en una fase més delicada: l'excavació i exhumació de les restes que poden estar relacionades amb la Guerra Civil. El problema rau en el fet que algunes d'aquestes inhumacions es troben parcialment sota la vorera actual que envolta les zones enjardinades. Per accedir-hi, els arqueòlegs han de desmuntar part del paviment i continuar l'excavació sota la infraestructura construïda posteriorment.

L'objectiu no és únicament recuperar les restes. La investigació pretén estudiar els esquelets i els objectes associats a ells per obtenir tota la informació possible i, si les proves ho permeten, arribar a identificar les persones enterrades.

La intervenció compta amb la participació de l'equip d'Aranzadi i s'integra en el V Pla de Fosses del Govern. La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha visitat aquest dilluns el cementiri juntament amb el tinent de batle de Son Servera, Jaume Servera, i el tècnic d'Aranzadi Cesc Busquets.

La investigació obre ara la possibilitat que les restes recuperades permetin reconstruir part de la història d'uns homes que van morir durant un dels episodis més importants de la Guerra Civil a Mallorca i que van ser enterrats sense que, fins ara, s'hagués pogut establir amb certesa la seva identitat. El propòsit últim de la intervenció és, subratlla el Govern, retornar-los un nom i, quan sigui possible, fer arribar les seves restes a les seves famílies, a més de garantir-los una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca va morir, a més, una de les primeres dones lluitant al front, Amalia Lobato Rosique, tal com documenten els historiadors Manuel Aguilera i Gonzalo Berger en un estudi sobre l'ofensiva republicana. Juntament amb ella, cinc milicianes del bàndol republicà van perdre la vida a mans dels feixistes en la Batalla de Mallorca. Són conegudes com 'les milicianes de Bayo': Teresa Bellera, María García, les germanes Daría i Mercè Buixadé i una cinquena el nom de la qual es desconeix, encara que va ser autora del Diari d’una miliciana, en el qual narrava aquells dies de caos i lluita. Va ser publicat al setmanari Arriba, però mai s'ha trobat el manuscrit original. El relat va servir de base per al documental Milicianas dirigit per Tània Balló i el manacorí Jaume Miró.

El mateix dia que va entrar en combat, el 20 d'agost, va rebre un tret de bala al ventre i va ser traslladada a l'hospital de sang de Ciutadella, on va morir tres dies després, convertint-se en la primera dona caiguda en defensa de la Segona República.

Los trabajos de excavación y exhumación en el cementerio municipal de Son Servera (Mallorca) han permitido localizar los restos de al menos dos hombres que habrían sido víctimas de las fuerzas sublevadas en 1936. Los investigadores apuntan a que estas dos personas perdieron la vida en alguno de los enfrentamientos registrados en los alrededores del municipio durante la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agosto y septiembre de 1936, llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los golpistas. La operación terminó con la retirada de las tropas republicanas tras varias semanas de combates.

Las balas y las insignias militares han sido las principales pistas para reconstruir su historia: junto a los restos óseos han aparecido munición de arma larga ya disparada, un proyectil de siete milímetros, dos insignias del cuerpo de Sanidad y otros restos de vestimenta militar, un conjunto que, según fuentes memorialistas consultadas por elDiario.es, apuntaría a que los dos hombres pertenecieron al Ejército republicano. La Batalla de Mallorca fue la última operación anfibia de la historia de España y en ella participaron todas las armas del Ejército y las milicias antifascistas. También fue la primera que contó con un batallón formado íntegramente por mujeres.

La intervención arqueológica se enmarca en el V Plan de Fosas del Govern balear y da continuidad a los trabajos de localización realizados entre mediados de abril y finales de mayo. El objetivo, tal como señala el Ejecutivo en un comunicado difundido este lunes, es recuperar y estudiar restos humanos que puedan corresponder a milicianos fallecidos durante los combates y avanzar, cuando sea posible, en su identificación.

Las pistas han aparecido casi 90 años después de aquellos enfrentamientos y están precisamente donde los investigadores esperaban encontrar respuestas: en la parte más antigua del cementerio. Allí, bajo las actuales zonas ajardinadas y parte de las aceras, los arqueólogos han ido separando enterramientos ordinarios de aquellos que presentan señales que podrían revelar una muerte vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervención, desarrollada entre mediados de abril y finales de mayo, sacó a la luz un gran número de enterramientos de diferentes épocas. En una de las zonas ajardinadas situada junto a la entrada, por ejemplo, aparecieron 40 sepulturas individuales perfectamente alineadas, con los cuerpos depositados en cajas funerarias.

La mayoría de estas personas eran de edad avanzada y los enterramientos correspondían principalmente a fechas posteriores a la Guerra Civil, a partir de la década de 1940. Por ello, los investigadores descartaron que fueran víctimas de la Batalla de Mallorca.

El giro llegó al estudiar los antiguos planos del cementerio conservados en el Archivo Municipal de Son Servera. Los documentos permitieron comprobar que la terraza superior, la zona más antigua del recinto, había sido utilizada durante la primera mitad del siglo XX para realizar enterramientos directamente en tierra.

La excavación permitió documentar al menos 65 inhumaciones en el sector este, 63 en el oeste y otras 13 en la zona ajardinada central. Entre ellas aparecieron enterramientos que rompían con el patrón habitual. Algunos cuerpos habían sido colocados en posiciones inusuales y otros carecían de ataúd o de cualquier otro receptáculo funerario. Son precisamente estas anomalías las que han permitido a los arqueólogos concentrar la investigación en determinadas sepulturas.

Una intervención que obliga a levantar parte del cementerio

Los trabajos se han retomado esta semana y se encuentran ahora en una fase más delicada: la excavación y exhumación de los restos que pueden estar relacionados con la Guerra Civil. El problema radica en que algunas de estas inhumaciones se encuentran parcialmente bajo la acera actual que rodea las zonas ajardinadas. Para acceder a ellas, los arqueólogos tienen que desmontar parte del pavimento y continuar la excavación bajo la infraestructura construida posteriormente.

El objetivo no es únicamente recuperar los restos. La investigación pretende estudiar los esqueletos y los objetos asociados a ellos para obtener toda la información posible y, si las pruebas lo permiten, llegar a identificar a las personas enterradas.

La intervención cuenta con la participación del equipo de Aranzadi y se integra en el V Plan de Fosas del Govern balear. La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha visitado este lunes el cementerio junto al teniente de alcalde de Son Servera, Jaume Servera, y el técnico de Aranzadi Cesc Busquets.

La investigación abre ahora la posibilidad de que los restos recuperados permitan reconstruir parte de la historia de unos hombres que murieron durante uno de los episodios más importantes de la Guerra Civil en Mallorca y que fueron enterrados sin que, hasta ahora, se hubiera podido establecer con certeza su identidad. El propósito último de la intervención es, subraya el Govern, devolverles un nombre y, cuando sea posible, hacer llegar sus restos a sus familias, además de garantizarles una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca falleció, además, una de las primeras mujeres luchando en el frente, Amalia Lobato Rosique, tal como documentan los historiadores Manuel Aguilera y Gonzalo Berger en un estudio sobre la ofensiva republicana. Junto a ella, cinco milicianas del bando republicano perdieron la vida de manos de los fascistas en la Batalla de Mallorca. Son conocidas como 'las milicianas de Bayo': Teresa Bellera, María García, las hermanas Daría y Mercè Buixadé y una quinta cuyo nombre se desconoce, aunque fue autora del Diari d’una miliciana, en el que narraba aquellos días de caos y lucha. Fue publicado en el semanario Arriba, pero nunca se ha encontrado el manuscrito original. El relato sirvió de base para el documental Milicianas dirigido por Tània Balló y el manacorí Jaume Miró.

El mismo día que entró en combate, el 20 de agosto, recibió un disparo de bala en el vientre y fue trasladada al hospital de sangre de Ciutadella, donde murió tres días después, convirtiéndose en la primera mujer caída en defensa de la Segunda República.

La construcción pública de una memoria democrática, explica a elDiario.es el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, implica también saber qué sucedió. Qué sucedió, por ejemplo, con las casi 200 personas que, calculan los investigadores del grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, se encuentran en una de las fosas comunes del cementerio de Serantes, en Ferrol. Fueron víctimas de la violencia franquista entre 1936 y 1942, e historiadores y arqueólogos han iniciado una cata arqueológica en el lugar para “determinar la localización y el estado” de los enterramientos. Prevén acabar los trabajos el viernes 11 de septiembre.

El noroeste gallego concentra algunas de las mayores fosas comunes con fusilados y paseados por el fascismo. Serantes es, junto a Aranga u O Val, una de ellas. “Esta en concreto”, relata Fernández Prieto, ocupaba mucho espacio. Ha sufrido mucho movimiento, las familias realizaban exhumaciones clandestinas. Y las autoridades, civiles y eclesiásticas, manejaban todo con una lógica de ocultación“. Las excavaciones comenzaron el lunes, 31 de agosto, y hasta ahora no han encontrado nada. ”Hemos llegado a un metro de profundidad, aunque los enterramientos suelen encontrarse a un metro veinte, un metro y medio“, asegura.

La cifra de 197 víctimas procede, sobre todo, de los archivos militares. Estos, señala Fernández Prieto, indican quién fue fusilado pro no dónde está enterrado. “Hay que contrastar esa información con familiares, vecinos, otra documentación”, añade. Serantes, en todo caso, no permaneció en silencio. Familias, asociaciones, organizaciones políticas “memorializaron” el emplazamiento. “Estos homenajes también fueron cambiando. Al principio había cruces. Después desaparecieron. Ahora hay colores republicanos y banderas”, comenta Fernández Prieto. Los nombres de los asesinados pueden consultarse en la página web del proyecto Nomes e Voces, que censa las víctimas del franquismo en Galicia.

La intervención en Serantes depende del convenio firmado entre la universidad compostelana y la Deputación da Coruña, con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. “Nosotros formulamos además una pregunta: ¿Por qué tuvieron que matarlos?”, afirma Fernández Prieto, coordinador científico de la operación, “es una pregunta de derechos humanos, histórica y democrática. Nuestro trabajo también tiene que ver con honrar a las personas asesinadas”.

El Govern balear ha alegado ante el Tribunal Constitucional que derogar la ley de memoria es legítimo y que las víctimas no quedan desamparadas porque otras leyes las protegen. Y además con esta declaración el Govern demuestra varias cosas: ignorancia, sectarismo, inutilidad, crueldad y que no va a trabajar por la cohesión social en las Illes Balears.

Cuando se habla de la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, el debate suele centrarse en la política, en las víctimas del franquismo o en el enfrentamiento ideológico entre partidos. Sin embargo, existe una dimensión mucho menos visible y extraordinariamente importante: el impacto que esta decisión puede tener sobre los niños, las niñas y las personas adolescentes.

La memoria democrática no es únicamente una política de reparación hacia quienes sufrieron la Guerra Civil o la dictadura franquista. También es una herramienta educativa y social que ayuda a las nuevas generaciones a comprender quiénes son, de dónde vienen y cuáles son los valores sobre los que se construye una sociedad democrática.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a conocer la historia de su comunidad y de sus familias. Para muchos de ellos, las consecuencias de la represión franquista no son una realidad lejana. Existen familias que todavía buscan respuestas sobre familiares desaparecidos, exiliados o perseguidos y que siguen esperando reconocimiento institucional.

La memoria democrática cumple además una función fundamental en la construcción de la identidad personal. El conocimiento de los propios orígenes y de la historia familiar favorece el bienestar emocional, el sentido de pertenencia y la autoestima.

La derogación de las leyes de memoria democrática tiene también consecuencias directas en el ámbito educativo. Sin una protección legislativa clara, los contenidos relacionados con la represión franquista, los derechos humanos o la transición democrática corren el riesgo de depender de la voluntad individual del profesorado.

Esto significa que miles de alumnos podrían finalizar su escolarización sin comprender cómo se perdió la democracia en España, cuáles fueron las consecuencias de la dictadura o por qué los derechos y libertades actuales son conquistas que deben protegerse.

La memoria democrática actúa además como una vacuna frente a la desinformación. En una época marcada por las redes sociales y la circulación de discursos extremistas, la educación histórica proporciona herramientas para identificar la manipulación, los mensajes de odio y las posiciones antidemocráticas.

Desde Esquerra Unida de las Illes Balears se defiende que educar en memoria democrática no busca imponer una ideología, sino formar ciudadanos capaces de reconocer las vulneraciones de derechos humanos y comprender los riesgos del autoritarismo.

Los testimonios de las víctimas y las visitas a espacios de memoria poseen un enorme potencial educativo. Permiten desarrollar empatía, sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y compromiso con los valores democráticos.

Por todo ello, la derogación de la Ley de Memoria Democrática no afecta únicamente a quienes vivieron la dictadura o a sus descendientes directos. También afecta a quienes están creciendo hoy, a la calidad de la educación que reciben y a la fortaleza de los valores democráticos con los que construirán el futuro.

La memoria democrática no es una cuestión del pasado. Es una inversión en la infancia, en la juventud y en la salud democrática de las generaciones que algún día tendrán la responsabilidad de defender las libertades de todos.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias ha informado este martes del estado de los proyectos de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo, así como de las actuaciones de divulgación, dignificación de lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria, con una inversión total de 74.804 euros.

La comisión se ha reunido este martes bajo la presidencia de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, para abordar estas actuaciones, financiadas con fondos propios de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad y con los aportados por el Ministerio en virtud del acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática del pasado 24 de abril.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha informado también sobre la localización de fosas, entre las que se encuentra la exploración e intervención en el pozo La Vuelta del Francés en Arucas y el proyecto de localización de fosas en los campos de trabajo de presos en Los Rodeos, en La Laguna.

También, un proyecto de investigación y catalogación sobre centros de detención que albergaron represaliados en Canarias durante la Guerra Civil.

Además, la Comisión Técnica ha aprobado que el próximo acto institucional del Día de la Memoria Histórica de Canarias, que se celebra el 7 de mayo, sea en Arucas.

Asimismo, en la Comisión informó sobre el estado de la solicitud de la Agrupación de Familiares de la documentación de los casos de víctimas del franquismo inhumadas en el Cementerio de Vegueta.

Ámbito editorial

En el ámbito editorial, se ha dado cuenta de la edición de la publicación sobre Memoria Democrática en Tenerife titulada La capital del miedo, de Luis Ortega, que forma parte de la serie Memoria y Cultura Democrática.

La obra se centra en el papel de Tenerife durante el alzamiento y la posterior represión, abordando sus consecuencias sociales, económicas y culturales mediante testimonios, fuentes periodísticas, radiofónicas y audiovisuales y aportaciones de especialistas.

También se dio cuenta del desarrollo editorial de una obra que recupera la memoria de una familia de origen canario, los Rodríguez de la Sierra, combinando el relato y la memoria familiar con la investigación histórica a partir de fuentes documentales y orales.

La autora, Rosalba Rodríguez de la Sierra Escobar, aporta la memoria familiar y personal, así como sus indagaciones y pesquisas en este relato sobre su familia paterna y Sergio Millares, historiador se encarga de la utilización e interpretación de las fuentes documentales y orales de la historia.

Por otra parte, en conmemoración del Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias, la consejera destacó la inauguración de la exposición fotográfica Cosmos de la artista Espe Pons, el próximo jueves, 3 de septiembre, en el Parlamento de Canarias.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre, está centrada en la sustracción de menores en Canarias durante el franquismo y aborda cuestiones vinculadas con la identidad, el silencio, la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias.

La Diputació de València, a través de la delegació de Memòria Democràtica, ha fet una crida a la ciutadania per a localitzar familiars d’11 represaliats de la Guerra Civil que van ser inhumats a Bétera i Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de l’àrea, atén així la petició d’ajuda de l’associació Per la Nova República i de l’Ajuntament barceloní de Sant Pere de Ribes. La primera entitat comunica que les restes de 10 valencians que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, estan inhumades al cementeri de Bétera. El consistori català, per la seua banda, adverteix que les restes del soldat valencià Alfredo Lloret es troben al seu cementeri municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importància de localitzar els familiars d’aquestes persones represaliades per a posar en marxa el procés de recuperació i identificació de les restes. En cas d’èxit en les proves, el procediment culminarà amb el lliurament d’aquestes als seus familiars. “Sense l’aparició de parents que puguen participar en la identificació genètica és impossible que el procés fructifique”, explica Enguix, qui remarca el valor d’aquestes campanyes reparadores impulsades per ajuntaments i associacions. “Nosaltres tenim molt clara la nostra intenció de participar i ajudar els familiars de les víctimes sempre que siga possible, com demostra la inversió que fem en memòria històrica, amb més d’un milió d’euros anuals”, apunta.

En aquest cas, la sol·licitud enviada per l’associació Per la Nova República i l’ajuntament català busca difondre la identitat dels represaliats les restes dels quals ja s’han localitzat o estan en procés de recerca, perquè apareguen familiars que contribuïsquen a les proves genètiques. “La memòria no són només les campanyes d’exhumació. És l’esforç de tota una societat per rescatar la veritat històrica i reconéixer els drets humans, i ací entra el treball de documentació i localització, les campanyes d’exhumació i identificació i la part divulgativa que estem reforçant des de la Diputació”, assenyala la vicepresidenta.

Víctimes de Portacoeli

La presidenta de l’associació Per la Nova República, María José Meseguer, s’ha dirigit a la Diputació de València per a informar del procés de localització de 62 republicans que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, i que van ser soterrats a la fossa comuna del cementeri de Bétera. Entre ells hi ha 10 valencians d’entre 24 i 51 anys, les restes dels quals podran recuperar-se i identificar-se si apareixen els seus descendents o parents.

El llistat de represaliats valencians inhumats a Bétera el componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, veí del Cabanyal, a València; José Martínez Montell, de la Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, d’Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; i els alacantins Tomás Albert Sort i Vicente Fornés Ribes, de Xàbia i Pedreguer, respectivament. Tots ells van morir entre abril de 1940 i abril de 1941.

Front de Llevant

L’onzena víctima és el soldat valencià Alfredo Lloret Soler, les restes del qual descansen juntament amb les d’altres 18 soldats al cementeri barceloní de Sant Pere de Ribes. Alfredo va morir a causa d’una infecció al cap de 19 anys a l’Hospital de Carabiners de Mas Solers, igual que les altres víctimes identificades pel consistori català i l’Associació de Familiars de Víctimes del Front de Llevant. L’objectiu de la recerca és trobar familiars que desitgen recuperar les seues restes i retre-li homenatge. Els impulsors de la iniciativa en terres catalanes desconeixen la localitat natal del soldat valencià, qui va servir en el 3 BM —secció de Transmissions— i va morir el 19 d’agost de 1938.

El punt de partida del projecte es deu a la investigació de l’arqueòloga Irene Estévez. L’especialista va observar un grafit amb la inscripció “1937” a l’edifici de l’antic hospital de Sant Pere de Ribes, cosa que la va motivar a consultar historiadors locals fins a esbrinar que l’immoble va prestar servei sanitari durant la contesa. L’examen posterior de l’arxiu municipal va confirmar l’existència de les actes de defunció de 19 soldats en dates coincidents amb les batalles de l’Ebre i del Segre.

La Diputación de Valencia, a través de la delegación de Memoria Democrática, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil que fueron inhumados en Bétera y Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable del área, atiende así la petición de ayuda de la asociación Per la Nova República y del Ayuntamiento barcelonés de Sant Pere de Ribes. La primera entidad comunica que los restos de 10 valencianos que murieron en el campo de concentración de Portacoeli (Serra) están inhumados en el cementerio de Bétera. El consistorio catalán, por su parte, advierte que los restos del soldado valenciano Alfredo Lloret se hallan en su cementerio municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importancia de localizar a los familiares de estas personas represaliadas para poner en marcha el proceso de recuperación e identificación de los restos. En caso de éxito en las pruebas, el procedimiento culminará con la entrega de los mismos a sus allegados. “Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique”, explica Enguix, quien remarca el valor de estas campañas reparadoras impulsadas por ayuntamientos y asociaciones. “Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anuales”, apunta.

En este caso, la solicitud enviada por la asociación Per la Nova República y el ayuntamiento catalán busca difundir la identidad de los represaliados cuyos restos ya se han localizado o están en proceso de búsqueda, para que aparezcan familiares que contribuyan a las pruebas genéticas. “La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos, y ahí entra el trabajo de documentación y localización, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputación”, señala la vicepresidenta.

Víctimas de Portacoeli

La presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se ha dirigido a la Diputación de Valencia para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli, en Serra, y que sufrieron sepultura en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrán recuperarse e identificarse si aparecen sus descendientes o parientes.

El listado de represaliados valencianos inhumados en Bétera lo componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, vecino del Cabanyal, en València; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort y Vicente Fornés Ribes, de Xàbia y Pedreguer respectivamente. Todos ellos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941.

Frente de Levante

La undécima víctima es el soldado valenciano Alfredo Lloret Soler, cuyos restos descansan junto a los de otros 18 soldados en el cementerio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Alfredo murió a causa de una infección a los 19 años de edad en el Hospital de Carabineros de Mas Solers, al igual que las demás víctimas identificadas por el consistorio catalán y la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante. El objetivo de la búsqueda es encontrar a familiares que deseen recuperar sus restos y rendirle homenaje. Los impulsores de la iniciativa en tierras catalanas desconocen la localidad natal del soldado valenciano, quien sirvió en el 3 BM (sección de Transmisiones) y falleció el 19 de agosto de 1938.

El punto de partida del proyecto se debe a la investigación de la arqueóloga Irene Estévez. La especialista observó un grafiti con la inscripción “1937” en el edificio del antiguo hospital de Sant Pere de Ribes, lo que la motivó a consultar con historiadores locales hasta averiguar que el inmueble prestó servicio sanitario durante la contienda. El examen posterior del archivo municipal confirmó la existencia de las actas de defunción de 19 soldados en fechas coincidentes con las batallas del Ebro y del Segre.