Arqueólogos que trabajan en la búsqueda de una fosa común vinculada a la Batalla de Villamesías (Cáceres) han localizado restos de al menos seis personas en el cementerio de esta localidad de la comarca de Trujillo.

Un hallazgo que consideran compatible con las víctimas de los enfrentamientos y la represión registrados el 2 de agosto de 1936 y que sitúa “muy cerca” la localización de la fosa buscada durante décadas, ha informado la Diputación provincial en un comunicado.

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de un proyecto de recuperación de la memoria democrática, han consistido hasta el momento en la realización de siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha permitido localizar restos humanos dispuestos de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

Las codirectoras de la intervención, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, han explicado durante una visita al yacimiento que los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, “algunos boca abajo y superpuestos entre sí”, además de conservar vestimenta correspondiente a la época, circunstancias que consideran indicios “muy relevantes” de que podrían corresponder a personas asesinadas en agosto de 1936.

Según ambas arqueólogas, existe una probabilidad cercana al 80 por ciento de que el hallazgo corresponda a la fosa común cuya existencia han señalado durante generaciones los vecinos de Villamesías y cuya ubicación coincide con el lugar donde permanece instalada una placa en memoria de quienes murieron “por la libertad y la democracia”.

La excavación no ha podido continuar en profundidad porque los restos se prolongan bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa para actuar en esa zona.

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha comprometido el respaldo económico para dar continuidad a la investigación y ha emplazado al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites necesarios para desarrollar una segunda fase de las excavaciones.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Fotex, constituyen la primera fase de un proyecto financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 50.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en Villamesías y otros 50.000 a una futura intervención en el municipio cacereño de Almoharín, cuya ejecución comenzará una vez concluya esta primera fase.

Los trabajos para localizar y exhumar los restos de 15 víctimas de la represión franquista han comenzado en el cementerio municipal de Conquista de la Sierra (Cáceres), en una intervención promovida por la Diputación Provincial que responde, principalmente, a la petición de la familia del poeta Manuel Gómez Sánchez, fusilado en agosto de 1936 junto a otras 14 personas.

La actuación, encomendada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y financiada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, forma parte del convenio suscrito el pasado mes de mayo entre la Diputación de Cáceres, Aranzadi y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), que también contempla una intervención en el cementerio de la capital cacereña prevista para el próximo mes de septiembre.

Según ha informado la Diputación de Cáceres, los testimonios orales recopilados en colaboración con la asociación cultural local Las Tejoneras sitúan la fosa en las proximidades del muro del cementerio municipal, donde esta semana han comenzado las labores de localización mediante una intervención arqueológica y antropológica.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. La primera consistirá en la búsqueda de la fosa y la posible recuperación de los restos óseos, mientras que la segunda, prevista a partir de septiembre, incluirá el estudio antropológico forense y los análisis genéticos que permitan avanzar en la identificación de las víctimas.

La institución provincial ha destacado que se trata de la primera intervención de estas características que se lleva a cabo en Conquista de la Sierra, donde el equipo de Aranzadi confía en localizar la fosa y recuperar los restos de las 15 personas que, según la documentación y los testimonios recopilados, fueron fusiladas el 24 de agosto de 1936.

El proyecto se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres para la localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista, con el objetivo de favorecer su identificación y atender las demandas de sus familiares

El homenaje oficial del Parlamento de Andalucía por el fusilamiento de Blas Infante -en agosto se cumplirá 90 años- se ha saltado el protocolo y el armisticio institucional que suele destilar esta efeméride, y ha mutado en un cruce de acusaciones toscas entre los portavoces de los tres grupos de izquierdas -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- y el portavoz del PP, ante la mirada impávida del presidente de la Junta.

Juanma Moreno juró el cargo el domingo en el Palacio de San Telmo, y este lunes acudió al homenaje al “padre de la patria andaluza” -reconocido así en el Estatuto de Autonomía-, su primer acto oficial como presidente tras las elecciones del 17 de mayo. También era el primero bajo el signo del acuerdo de Gobierno firmado con Vox, que recoge, entre las 150 medidas, la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, cuya razón de ser es, entre otras cosas, la búsqueda y exhumación de las fosas de los fusilados por el franquismo, todavía con casi 50.000 desaparecidos, entre ellos el cadáver del propio Blas Infante.

De todas las medidas que el PP de Moreno ha pactado con Vox para ser investido presidente, ésta es la que más ha violentado el acto institucional de hoy, más parecido a una confrontación política que a la habitual sesión protocolaria de estos homenajes veraniegos.

Los discursos de los portavoces de izquierdas -incluso el del presidente del patronato de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante- estaban trufados de dardos a la polémica “prioridad nacional” de Vox, el término antiinmigrante asimilado ya por el PP. “Blas Infante rechazó cualquier forma de racismo, superioridad o rechazo al diferente”, dijo Delmás Infante, heredero del político, que también hizo mención a la “crisis climática”, otro de los frentes negacionista de la extrema derecha.

Incluso el plantón del grupo parlamentario Vox -que jamás ha acudido a este acto, porque rechaza el Estado de las Autonomías y se ha mofado en el pasado de la figura de Blas Infante- parecía una mayor afrenta hoy al Parlamento andaluz, por ser el primero desde que son socios del Gobierno autonómico.

Las izquierdas vienen denunciando el “desmantelamiento” de la Ley andaluza de Memoria Histórica desde 2019, cuando Moreno es investido presidente, por primera vez, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces ya pactó con la ultraderecha la derogación de dicha ley, que fue aprobada en 2017 sin ningún voto en contra (los populares se abstuvieron), pero este punto del acuerdo no llegó a ejecutarse ni en aquella primera legislatura, ni en la segunda, ya con mayoría absoluta.

Moreno se comprometió a derogarla para sustituirla por una Ley de Concordia -igual que ha vuelto a hacer con el acuerdo firmado la semana pasada- pero siempre que se alcanzase un consenso mayor que el que tuvo aquella Ley de Memoria. Vox siempre le acusó de haber incumplido aquel punto del pacto, de hecho, llegó a presentar hasta tres iniciativas legislativas para tumbar la citada ley y sustituirla por una “de concordia”, aunque una de ellas era una ley con un único artículo derogatorio. El PP les rechazó todas.

Ahora vuelve a suscribir aquel compromiso, esta vez con los de Santiago Abascal dentro del Consejo de Gobierno, y con el precedente de otras comunidades donde gobiernan juntos PP y Vox, que ya han derogado las políticas memorialistas (Islas Baleares). El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya adelantó la semana pasada a preguntas de elDiario.es que si la Junta de Andalucía acaba con la ley autonómica, lo recurrirán al Tribunal Constitucional, como ya hicieron contra el Gobierno balear.

El homenaje a Blas Infante, celebrado en el patio del Parlamento andaluz junto al busto del “padre de la patria andaluza”, ha servido para que cada partido reinterprete las palabras del líder andalucista, fusilado por los franquistas en agosto de 1936, bajo el prisma de la actualidad política andaluza.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, ha denunciado la “paradoja y enorme contradicción” de escuchar a Moreno defender el legado de Blas Infante, a la par que “desmonta” la Ley de Memoria, y “se abre la puerta a quien ridiculiza a Blas Infante y a quien nunca ha creído en el autogobierno andaluz”. “No puede quedarse con la bandera blanca y verde y renunciar a su contenido”, le ha espetado al dirigente popular.

En el mismo sentido se han expresado los portavoces de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, aunque el más beligerante, el que ha subrayado que “tenía que saltarse el protocolo”, ha sido el portavoz andalucista, José Ignacio García, que ha acusado a Moreno de manosear los símbolos del andalucismo, desde la bandera blanca y verde hasta la figura de Blas Infante, a la par que pacta el nuevo Gobierno andaluz con la ultraderecha. “Fue asesinado por los padres políticos de los que estos días entran en el Gobierno andaluz”, ha dicho.

García también ha recordado que uno de los objetivos de la Ley andaluza de Memoria, que Moreno se ha comprometido a derogar, es precisamente “permitir encontrar el cuerpo de Blas Infante”, arrojado a una fosa común tras ser fusilado. Rosa María Rodríguez Ruz, diputada de la coalición Por Andalucía, se ha expresado en el mismo sentido: “Hay 50.000 personas desaparecidas en Andalucía y una de ellas es Blas Infante. Nos negamos a que el padre de la patria andaluza sea sólo una estatua”, ha afirmado.

En su turno, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, ha devuelto la bronca a los portavoces populares, en especial a Montero, a la que ha acusado, en su rol de exministra de Hacienda, de haber “convertido a Andalucía en una tierra de segunda división”. “Este debía ser un acto de unidad en torno al legado de Blas Infante, y aquí se ha hecho utilización política, sólo he oído soflamas”, ha dicho, tras afear a la líder socialista de “radicalidad absoluta” y de haber incumplido con el legado andalucista durante los casi 40 años que gobernaron esta tierra.

Martín también ha afeado a Adelante Andalucía y a Por Andalucía que hoy reinterpreten la figura de Blas Infante como una suerte de “guerrillero, una especie de Che Guevara andaluz”, y que hayan “ensucidado” la bandera andaluza “colocándole sus símbolos”, en referencia a la estrella roja de cinco puntas.

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento a la concordia y al entendimiento, tras haber escuchado a los partidos atizándose en plena conmemoración. Moreno ha cerrado el acto, una vez más, reivindicando la “vía andaluza del diálogo, la concordia y el entendimiento”, esa filosofía política en defensa de la moderación, que hoy todos le cuestionan tras haber asumido los postulados más radicales de la ultraderecha y meterles en el futuro Gobierno.

Moreno ha hecho un alegato en defensa de la “diversidad y la pluralidad”, de “aquellos que no piensan como tú”, pero ha vuelto a soliviantar a las izquierdas al denunciar el “vil asesinato de Blas Infante por ser demasiado humano”. Blas Infante fue fusilado por las tropas fascistas el 11 de agosto de 1936 en el kilómetro número 4 de la carretera de Carmona (Sevilla), donde cada año también se le rinde homenaje (el acto oficial se adelantó al día de su nacimiento, 5 de julio, para evitar el fuerte calor estival).

La sentencia de muerte del precursor de la autonomía andaluza fue dictada por el Gobierno de Franco cuatro años después, en 1940, pero no fue fusilado por ser “demasiado humano”, como dice Moreno, sino tras ser declarado culpable “de un caso de responsabilidad política de carácter grave”, por ser “propagandista para la constitución de un partido andalucista”, condenando también a su viuda a pagar 2.000 pesetas.

Esa condena a muerte dictada por un tribunal militar bajo la Dictadura fascista fue anulada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que declaró “ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura(...)”.

“¿Pero qué tontería es esta?”, se ha preguntado el portavoz de Adelante Andalucía, tras escuchar las palabras de Juanma Moreno. “Lo mataron por ser de izquierdas, por ser andalucista y por ser republicano”, le ha respondido luego García, en declaración ante los medios.

“¿Qué hacemos hablando de él si no somos capaces de mantener la unidad?”, se ha lamentado Moreno en la parte final de su discurso. El presidente andaluz prevé formar gobierno este jueves o viernes, nombrando a sus 13 consejeros -12 del PP y uno de Vox. Manuel Gavira, portavoz andaluz de la ultraderecha, tendrá la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, y habrá otras dos vicepresidencias más.

José León Trejo, el primer identificado en la fosa común de Pico Reja en Sevilla de la que se extrajeron los cuerpos de 1.786 represaliados del franquismo, ha recibido el homenaje institucional que hasta ahora se le había negado. El pasado 24 de junio el Ayuntamiento hispalense le hizo entrega de sus restos a la familia en un acto minimalista sin ningún boato oficial, que si al final tuvo más impacto fue por la insistencia de las asociaciones memorialistas a las que los descendientes de los León Trejo están vinculadas.

El hecho de que esta víctima de los golpistas, liderados por Gonzalo Queipo de Llano, fuese concejal del Consistorio sevillano durante cinco años –renunció días antes del golpe de Estado por una crisis en su partido, la Unión Republicana de Martínez Barrios– no fue argumento suficiente para que el gobierno municipal (en manos del PP de José Luis Sanz) se animase a hacer un reconocimiento público. En plena sintonía, la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno tampoco se planteó nada al respecto.

Así las cosas, las otras dos administraciones que financiaron la exhumación de Pico Reja –Gobierno central y Diputación de Sevilla, ambas en manos del PSOE– anunciaron sobre la marcha un acto institucional para honrar la figura de José León Trejo, profesor de Francés en el instituto San Isidoro fusilado el 17 de octubre de 1936. Dicho y hecho, este viernes se le ha entregado a sus descendientes la declaración de reconocimiento y reparación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Nietos, bisnietos y tataranietos

La suya y la de sus otros dos hermanos ejecutados, Joaquín y Manuel, ambos maestros, mientras que el cuarto, Francisco, acabó en el exilio en EEUU, donde falleció en 1973. Este último, militar de carrera, estaba al mando de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid e impidió que se uniera a los golpistas, una acción por la que siempre pesó en su conciencia que el negro destino de sus hermanos fue una venganza.

El acto de homenaje y reconocimiento ha tenido lugar este viernes en la Delegación del Gobierno en Andalucía, que tiene su sede en la Plaza de España hispalense. Allí se han unido nietos, bisnietos y hasta tataranietos, una de las cuales –Luz Hernández León, de 16 años y descendiente de Manuel León– ha leído el poema Visión de Sevilla de Miguel Hernández (“luto en las azoteas, muerte en los sevillanos...”) para luego agarrar la bandera republicana junto a otros tataranietos como Lua, Teo y Nico, todos llegados desde Madrid.

Los familiares de José, Joaquín y Manuel han recibido un documento de reparación expedido por el Gobierno “por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia con resultado de muerte por fusilamiento” por aplicación del bando de guerra. Además de reconocer su “condición de víctima”, se hace lo propio y se “declara la ilegalidad y la ilegitimidad” de los tribunales y jurados golpistas.

“Que sigan buscando a los desaparecidos”

Junto al documento acreditativo, una rosa roja. El primero en recibirlo ha sido Fernando Sarmiento, nieto de José León Trejo, que agradecía a las instituciones el homenaje, a la vez que las instaba a “no cejar en el empeño que tenemos todos: quedan muchas víctimas por identificar”. Concha León, nieta de Manuel, ha expresado por su parte el deseo de que les puedan entregar los restos de su abuelo, que se prevé que también puede estar en la fosa de Pico Reja o en la cercana de Monumento, en la que no terminan de arrancar los trabajos de exhumación.

Ana María León, nieta de Joaquín, no ha escondido su emoción al acordarse “de la gente que falta y que lucharon por un día parecido a éste”. Y por eso ha reclamado a las autoridades “que sigan buscando a los desaparecidos”, porque recibir sus restos como ha ocurrido en el caso de José “da una paz a la familia que nadie se puede imaginar”.

“Los León Trejo representan a miles de hombres y mujeres perseguidos que defendieron la legalidad democrática”, ha apuntado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, que ha señaldo su “derecho a ser recordados” además de resaltar el “sufrimiento en silencio” de sus familias, empezando por las tres viudas que quedaron con 16 hijos. Lo hicieron, además, privadas de cualquier tipo de pensión o asistencia pública tras el asesinato también civil de sus maridos, que a posteriori fueron expedientados y perdieron sus empleos para que tuvieran derecho a ayuda alguna.

“Son lo mejor de España”

Pero por mucho que lo intentaran, los tres hermanos “nunca perdieron la dignidad”, ya subrayado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha incidido en que “no fueron unos criminales, sino unos amantes de la libertad y defensores de la democracia”. “Defendieron unas instituciones laicas y democráticas, la igualdad y la fraternidad, esos fueron los delitos por los que fueron ejecutados”.

Martínez no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra el pacto suscrito este jueves entre PP y Vox para hacer presidente a Juan Manuel Moreno, que incluye entre sus puntos la derogación de la Ley de Memoria andaluza. Y si sin este documento ya está habiendo problemas para que Junta y Ayuntamiento se comprometan a exhumar Monumento, donde puede haber hasta 2.600 represaliados, las perspectivas ahora no son nada halagüeñas, por lo que les ha instado a “aclararse ya” y, si no dan un paso al frente, dejar que asuman los trabajos Gobierno y Diputación en solitario.

El secretario de Estado ha recordado por último el escrito que Max Aub dirigió a su hijo con la vista en los miles de republicanos que se agolpaban en el puerto de Alicante para intentar coger los últimos barcos que partían rumbo al exilio. Pese a su pésimo estado, dejó dicho, “nunca lo olvides, son lo mejor de España”, como también lo fueron los hermanos León Trejo.

Los desaparecidos no están muertos. Sencillamente, no están. Ni aquí ni allí. No están. 

Por eso, a la pregunta de si está Lorca muerto, la respuesta más literal, y a la vez la más simbólica, es que no lo sabemos.

A Lorca se le presupone en Alfacar (Granada), pero su condición de enterrado sin tumba —asesinato oculto del fascismo, como tantos otros miles— le hace ser un desenterrado constante. Por tanto, a Lorca hoy se le encuentra en el Teatro Español, cuando le interpreta Juan Diego Botto, o en Rivas-Vaciamadrid, cuando habla Alberto San Juan encima de lo que parece su féretro acristalado.

Qué gran idea la de Eugenio Merino al hacer transparente la tierra que echamos sobre nuestros muertos, y ver al poeta represaliado, por maricón y por rojo (rojo burgués, pero rojo), existir. La reproducción hiperrealista que hace el artista estremece como solo lo consiguen las apariciones de los muertos. A diferencia de Franco, al que Merino metió en una nevera de Coca-Cola, a Federico se le puede pisar, como se le lleva pisando 90 años.

Debajo de los pies de Alberto San Juan, Federico García Lorca no está muerto: se hace el dormido. “El día en que el hambre desaparezca va a producirse la explosión más grande”, escucha que dice el actor. Las palabras le suenan, pero no dice nada. Claro, lo dijo en una entrevista el propio Lorca. “El concepto del arte por el arte sería cruel si no fuera tan cursi”, dice ese hombre que pisa el cristal con unos folios en la mano. Federico le escucha y asiente. “El artista debe llorar y reír con el pueblo al que pertenece”, prosigue el hombre de negro. Federico no dice nada porque sigue haciéndose el dormido. Una mujer de pelo morado, en primera fila alrededor de la tarima, asiente.

“Tengo ansia verdadera por comunicarme con los demás” dice el actor, o lo dice Federico. Lo dicen los dos.

Entonces Lorca decide levantarse —de manera invisible, nótese que esta es una licencia de la crónica— y, enérgicamente se mete dentro del cuerpo de Alberto San Juan, al que le sobra el micrófono, y se le eleva la voz, que retumba en el hall del centro cultural. “¡Yo soy español integral pero odio al que es español por ser español nada más! ¡Yo soy hermano de todos!”. Y añade, en una de esas frases que, hace cien años y ahora también, causarán escozor: “El chino bueno está mas cerca de mi que el español malo”.

El patriotismo como crimen

Y entonces, Lorca se arranca con lo del patriotismo. Ahí la cosa se pone espinosa. “Señoras, señores y todo lo demás, ¿cuántas veces nos han hablado de patriotismo?”, pregunta. El público se mira de reojo entre sí. Algunas cuantas. “El patriotismo es uno de los grandes crímenes de la humanidad”, dice un Federico de 19 años. “Madre patria... nunca puede ser madre una por la que haya que derramar hasta la última gota de su sangre. La madre es el amor gigante, la piedad es el único amor verdadero. La patria no es segunda madre”, dice con convicción.

Y añade: “Hay que ser hijos de la verdadera madre, la del amor y la de la igualdad”, y entonces otra mujer ya no aguanta más y grita “¡bravo!”. Y todos los congregados al rededor del cuadrilátero donde yace vivo Lorca estallan en aplausos.

El poeta limpio

Tan elegante, con un abrigo limpio y una corbata bien anudada, Federico parece sostenido en el tiempo. No hay violencia en su rostro ni en su cuerpo. Federico es una ficción.

La obra artística de Merino y la escénica de San Juan nos advierten también de eso: Federico ha sido y seguirá siendo por siempre utilizado y manipulado, porque es un símbolo en disputa, y porque la llaga creada por un golpe de Estado en 1936 todavía no se ha cerrado, casi cien años después. Bajo la tierra, esta vez sí opaca, hay miles de cuerpos desaparecidos a los que sus familiares recuerdan quizás como a este Federico, vestido de domingo, elegante y ajeno a la tragedia, como en la última foto que les sacaron.

Cuando Sobre Lorca llega a su fin, el actor desciende por la escalerilla y el público invade el escenario. Muchos suben a la tarima para ver a ese hombre que hay debajo del cristal. Y le hacen fotos porque, claro, es Lorca. Y como está muerto no hay que pedir permiso para echarle la foto o el selfi. Como luego explicará el artista Álex Peña, Lorca es, de alguna manera, un souvenir de España.

No es la primera vez que Merino reentierra a Lorca. Ruina se mostró al público por primera vez en marzo de 2024 en Carabanchel, con la urna rodeada de 200 metros cuadrados de arena, y de vez en cuando reaparece para sacudir el presente. En septiembre de ese año, lo hizo convertido en Banco público, un cofre, esta vez opaco, donde solo se atisbaba el falso cuerpo por un agujerillo. Lorca estaba ahí, aunque no quisiéramos verlo.

Los recre

Aunque la performance de Alberto San Juan solo se realiza una vez dentro del FIC, Lorca seguirá vivo y presente-pero-ausente en Rivas también el sábado 27 de junio durante doce horas (de las nueve de la mañana a las nueve de la noche), en el centro cultural que, hermosamente, lleva el nombre del poeta. La pieza se podrá visitar en el FIC gracias a la cesión en préstamo por el Archivo Arkhé de Madrid, institución donde actualmente reside de forma permanente.

Además de estas dos acciones, hay que celebrar que ambas vienen acompañadas de la genial instalación interactiva Recreativos Federico creada por Álex Peña y que recorre España de manera itinerante. Unos minutos después del desaparición de Alberto San Juan de la escena, se monta un barullo y se abren los recre.

Jugar al futbolín con el Amor de Don Perlimplín y Belisa, o el gachapón de sorpresas de Bolas de Sangre nos hace caer fácilmente en la banalidad de convertir a Lorca en una atracción de feria más. A pesar del ruido, Peña no se resiste a explicarle a los primeros que entran qué son esas máquinas. El artista explica de dónde surge la idea: “En Granada puedo comprar un llavero de Federico con un verso suyo detrás. Se lo envío a mi primo de Valladolid y lo guarda en un cajón. ¿Y dónde ha quedado Lorca? En nada”. Peña quiere hacer una crítica, con mucho humor, a la “capitalización de la revolución”.

“Un salón de juego, como el teatro, no es más que una ficción”, dice a gritos. Una máquina de Yerma con forma de Torre Eiffel expende condones. Otra cambia cinco monedas de cinco euros por un billete, es el homenaje a Así que pasen cinco años, la obra de teatro que Lorca escribió al regresar de Nueva York y atisbar el capitalismo que vendría y que él se perdería. “Este es el corazón del capitalismo, una caja de caudales”, señala Peña.

Ganas a Las Sin Sombrero si consigues muchos puntos invisibilizándolas. El arte no es más que un juego de Arcade dándole fuerte a los botones del Cadaqués Invaders, con un Lorca que lanza bombas de castañuela a Dalí. Luego acaba la partida y, si lo piensas un poco, te sientes rara. Pero hay que pensarlo un poco.

Sobre Lorca, Ruina y Recreativos Federico llegan a Rivas y forman parte del FIC gracias al apoyo del Comisionado para la celeración de los 50 años de España en Libertad.

Hace ahora 16 años, en junio de 2010, se presentaba el corto Contra la impunidad, en el que 15 artistas de primera fila daban vida a víctimas del franquismo relatando de manera muy escueta –sin mayor recurso que mirar a cámara– cómo fueron asesinados. Uno de los que aparecía era el actor sevillano Paco León, que no tuvo que rebuscar mucho para ver a qué represaliado encarnaba: eligió a su propio bisabuelo, Joaquín León Trejo, fusilado a los 43 años el 22 de agosto de 1936, un mes después de que Sevilla cayese en manos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano tras una breve resistencia en algunos barrios.

Joaquín era hermano de José, la primera víctima identificada de las 1.786 que se exhumaron en la gran fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de la capital, y cuyos restos fueron entregados este miércoles a sus nietos. A Joaquín se lo llevaron a Castilblanco de los Arroyos, a unos 35 kilómetros de la ciudad, para ejecutarlo y –se supone– arrojarlo a una fosa cerca del camposanto.

Su cuerpo no ha sido encontrado hasta la fecha, como tampoco el de otro de los hermanos León Trejo, Manuel, que fue fusilado el 9 de julio de 1938 y del que se sospecha que puede estar en Pico Reja o en la vecina Monumento, en la que todavía no han empezado los trabajos de exhumación. Todos ellos tienen una historia singular y terrible detrás, incluido el cuarto hermano varón de la familia, Francisco, militar y pionero de la aviación española que acabó en el exilio en EEUU, donde murió en 1973.

En bicicleta a defender la República

Francisco siempre cargó con el remordimiento de que el destino de José, Manuel y Joaquín fue una venganza por su actuación el 18 de julio de 1936: ese día, como oficial al mando, impidió que la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid se uniese a los golpistas. Los cuatro fueron personas hechas a sí mismas tras la delicada situación económica en la que dejó a la familia la prematura muerte de su padre, de nombre también Francisco, un maestro mecánico que diseñaba sus propios prototipos y que se especializó en ingenios agrícolas.

Joaquín fue el primero de los hermanos ejecutado. Nacido en 1893, fue maestro en Sevilla, Pruna –municipio sevillano del que llegó a ser alcalde– y finalmente en Castilleja de Guzmán, una pequeña localidad de Aljarafe (menos de 700 habitantes entonces) a escasos diez kilómetros de la capital. Tan pequeña es la distancia, que tras la asonada militar cogió su bicicleta y se plantó en Sevilla para defender al Gobierno de la II República, ocultándose –se dice que en una juguetería del centro– cuando Queipo de Llano se hace con el control total cuatro días después del golpe.

En esas confusas primeras jornadas, el hecho de estar escondido no le impide hacer salidas para tomarse un café. En una de estas escapadas, es reconocido por un antiguo alumno, un joven falangista armado de no más de 17 años al que en su momento habría suspendido. En función de quién cuente la historia –el propio Paco León lo ha hecho varias veces–, al identificarlo le dice a su compañero (también menor de edad) “éste es muy republicano” o “éste es muy rojo”. Sea lo que sea, se lo llevan.

Engañado tras dos años escondido

Al saber lo ocurrido la familia, su hijo mayor (Antonio, de 16 años, abuelo de Paco y María León) se encarga todos los días de llevarle una cesta con comida a prisión, hasta que un día un carcelero le dice que ya no hace falta que vaya más. Joaquín, que de joven llegó a ser banderillero y hasta fabricó aguardiente en Marruecos, no llegó a cumplir los 44 años –fue el más joven de los hermanos en morir–, dejando viuda y tres hijos. En su expediente figura que se le aplicó el bando de guerra por “extremista peligroso”.

Manuel León Trejo, por su parte, nació en 1891 y tenía 46 años cuando fue ejecutado, el 9 de julio de 1938. Que transcurrieran dos años desde el golpe de Estado tiene su explicación en que se pasó todo ese tiempo escondido: su familia actuó como si hubiera muerto y hasta se vistió de luto, cuando en realidad estaba oculto primero en la vivienda de un compañero y luego en un agujero hecho en su propia casa tras un armario. Convertirse en un topo no le sirvió, porque acabó enfermando y le dijeron que lo iban a sacar de Sevilla. Era una trampa. Su estado de salud era tan penoso que fue fusilado en una camilla.

Manuel también era docente, en su caso profesor gratuito ayudante de Francés en la Escuela de Magisterio, pero su trabajo principal era el de funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Le quitaron su plaza municipal a los pocos días del golpe de Estado, cuando ya estaba escondido. Masón bautizado con el nombre de Rousseau, los golpistas le pusieron rápido la etiqueta de “indeseable” y en su expediente docente se presenta como agravante que era “hermano de don José”, al que se definía como “izquierdista muy crecido”.

Tres viudas solas, sin ayuda y con 16 hijos

Don José es José León Trejo, el hermano mayor nacido en 1880, al que la actualidad ha hecho que sea el más conocido por haberse identificado sus restos en Pico Reja. Catedrático de instituto de Francés y concejal del Ayuntamiento de Sevilla desde 1931, tenía 56 años cuando se lo llevaron en pijama de su casa cuando dormía la siesta. Fue durante unos meses gobernador civil de Guadalajara, cargo en el que se vio en el trance de arrestar el 14 de junio de 1931 al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio.

José pasó del Partido Radical de Lerroux a la Unión Republicana de Martínez Barrios, partido por el que fue reelegido edil en la victoria del Frente Popular en 1936 en febrero. A mediados de junio, junto a varios compañeros, presentó su renuncia como concejal. Fue fusilado el 17 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio de Sevilla para arrojarlo después a la fosa común de Pico Reja.

Las esposas de José, Joaquín y Manuel no sólo quedaron viudas, sino sin paga o pensión alguna ya que las autoridades franquistas se encargaron de abrirles expediente para expulsarlos ya después de fusilados para cortar de raíz este derecho. Se encontraron solas, sin recursos, sin nadie que les diera trabajo y al cargo nada menos que de 16 hijos. El propio Paco León ha contado alguna vez que su bisabuela, a la que llamaban la Abuela Chica, le cotaba que usaban como gran cuna una cómoda, en la que abrían los cajones y colocaban a un pequeño en cada uno de ellos.

“En Cuatro Vientos no se sublevó nadie”

Entre los hermanos León Trejo (seis en total) había dos hermanas, Encarnación y María de los Ángeles (Angelita), de la que se dice que se hizo falangista. El protagonista que falta en esta historia es Francisco, el cuarto hermano varón, nacido en 1889 y con una vida que da para un libro. Optó por la carrera militar, pionero de la aviación española e ingeniero aeronáutico, había sido nombrado esa misma semana jefe de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid cuando llegó el 18 de julio.

La pasión por la ingeniería fue lo que condujo a Francisco a la carrera militar, ya que ante la falta de recursos familiares ingresó en la Academia de Ingenieros Militares, en la que entró nada más terminar el Bachillerato y sin preparación previa alguna, tal y como relata el comandante Antonio Montero en un artículo en la revista Aeroplano, editada por el Ministerio de Defensa. Participó en el desembarco en Larache –ciudad en la que conoció a la que sería su esposa, María de los Ángeles Trejo–, como piloto hizo misiones de bombardeo durante la guerra de Marruecos, estudió en París y en 1927 tuvo en un curso de mandos un sonado encontronazo con el jefe del mismo, a la sazón el infante Alfonso de Orleans, primo hermano del rey Alfonso XIII. ¿La razón? Se negó a hacer las prácticas de “cultura física”.

Tras pasar por varios cargos, lo encontramos el 18 de julio como jefe de Cuatro Vientos, puesto al que había llegado cuatro días antes. Con su familia en Larache (donde estuvo retenida un buen tiempo), hizo un listado con los oficiales que consideraba que podían simpatizar con el golpe de Estado o sobre los que tenía dudas y acabó mandándolos a sus domicilios a esperar órdenes. Eso le hizo pasar por una situación de apuro, cuando el 15 de agosto recibió un oficio del general Miaja –en ese momento, gobernador militar de Madrid– reclamándole una relación de los mandos implicados en el alzamiento, a lo que no contestó consciente de que cualquier nombre que diera sería fusilado.

“En Cuatro Vientos no se sublevó nadie”, sostuvo siempre, aunque fuese por la decisión que tomó para evitar males mayores. Al reiterarle Miaja la solicitud en septiembre, fue oportunamente enviado por el Gobierno a EEUU al frente de una comisión para obtener material aeronáutico. La delegación no obtuvo fruto alguno pese a pasar allí varios meses antes de que se decretara un embargo de guerra, y tras varias peripecias regresó a España en 1937 para ser nombrado director de Material, lo que suponía tener bajo sus órdenes las industrias militarizadas.

Rehabilitado por el Tribunal Supremo

Tras el verano de 1938 volvió a EEUU, ahora como delegado aeronáutico en la embajada española. Ya no regresó nunca a España. Fue con su mujer y sus dos hijos pequeños, mientras que los tres mayores se quedaron luchando en la Guerra Civil. Uno de ellos, internado después en un campo de prisioneros en Francia, contrajo la tuberculosis y moriría en 1945 ya en EEUU. Aquellos años fueron complicados al carecer de recursos económicos, ya que se le vetó el trabajo en el sector aeronáutico al ponerle el FBI el cartelito de “antifascista prematuro”, lo que era poco menos que tacharle de comunista justo cuando se desataba la paranoia antisoviética.

Al final el destino le llevó a tener el mismo oficio que sus hermanos, el de profesor, dando clases de español, matemáticas e ingeniería, además de sacar un mal pagado sobresueldo como traductor de volúmenes técnicos. En 1968 fue nombrado presidente de la Asociación de Aviadores Republicanos Españoles (AARE), para fallecer en enero de 1973 en Michigan. Fue enterrado en Yonkers, en el Estado de Nueva York, donde había vivido casi toda su estancia norteamericana. Su mayor decepción en este tiempo fue cuando EEUU suscribió en 1953 el convenio hispano-norteamericano, lo que le llevó a considerar al presidente Eisenhower como un traidor.

El epílogo lo escribieron en España sus hijos en 1985, cuando solicitaron al Ministerio de Defensa que se anulase la orden del alto comisario en Marruecos que declaró a sus padres como “traidores a la patria”. Tras un largo periplo administrativo y judicial, finalmente en 1997 el Tribunal Supremo resolvió a favor de la familia.

La penúltima página de los León Trejo se escribió el pasado miércoles, con la entrega a sus nietos de los restos de José, para el que Gobierno y Diputación han anunciado un “homenaje específico” para que “se reconozca públicamente que esta persona fue asesinada por defender la legalidad democrática”. Este acto llegará y pasará, pero todavía quedan dos capítulos por cerrar, las de Joaquín y Manuel, y todo apunta por desgracia a que van para muy largo si es que alguna vez puede ponérseles el punto final.

En el cementerio de San Fernando de Sevilla hacía más de medio siglo que había una tumba familiar en la que aparecía en primer lugar el nombre de una persona que no estaba enterrada allí. Hasta este miércoles, en el que por fin han llegado los restos del excelentísimo e ilustrísimo señor don –como recoge la lápida– José León Trejo. Lo de los cargos es porque además de profesor de Francés fue concejal del Ayuntamiento hispalense entre 1931 y 1936, pero lo especial del acto en el camposanto es que ha supuesto la entrega a su familia de los restos de la que es la primera víctima identificada de las 1.786 sepultadas en la fosa común franquista de Pico Reja.

“Es el primero de 1.800 fusilados, fíjate lo que queda, queda todo por hacer”, ha apuntado Fernando Sarmiento, nieto de José León, detenido poco después del golpe de Estado y ejecutado el 17 de octubre de 1936. “Han sido muchos años de resignación y silencio”, que han tenido su epílogo casi 90 años después y –entre vivas a la República de los allí presentes– ha querido lanzar un mensaje optimista: “Es un día importantísimo para mi familia, de alivio porque damos por terminada una historia muy triste, pero lo es también para el resto de familias porque hay esperanza”.

En la misma línea ha ido las breves palabras que le ha dedicado la responsable municipal que ha hecho entrega de los restos: “Aquí tenéis a vuestro abuelo José, para que podáis honrarlo como se merece. Que su memoria sea el mejor ejemplo para construir una sociedad basada en la libertad, en la paz, en la dignidad y en el respeto de los derechos humanos. Descanse en paz”.

La lentitud de las pruebas de ADN

La confirmación de este primer positivo la trajo el ADN seis años después de que se empezara a exhumar Pico Reja, que se llenó pronto de víctimas por la violenta labor represora que desplegó el general golpista Gonzalo Queipo de Llano. Los restos que se sacaron (un millón y medio de huesos, porque había también miles de personas no represaliadas) se depositaron en el que es el mayor osario de España con víctimas del franquismo. 0601 - 0605, tenía como número de referencia el nicho en el que estaba José León.

El ADN ha traído la certificación, y es también uno de los principales motivos de queja del movimiento memorialista por la lentitud con la que se van conociendo los resultados para unos familiares cada vez más envejecidos. “Hay muchos primos que no han podido venir porque ya viven fuera y están bastante mayores”, de hecho los descendientes más directos son todos nietos, ya no vive ninguno de los nueve hijos del que fuera edil hispalense.

Por cierto, que en este caso hubo que hacer pruebas complementarias, porque lo que se comunicó a la familia es que “se había identificado un León Trejo”, pero no se sabía con certeza cuál de ellos. Además de José fueron fusilados sus hermanos Manuel –se cree que estaba también en Pico Reja– y Joaquín, bisabuelo de los actores Paco y María León y del que se sospecha que está en otra fosa común en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos.

Un “homenaje específico” para más adelante

Tras casi un siglo de espera, el acto de entrega de los restos ha sido muy sencillo, muy alejado de la más mínima pompa. Tras extraerlos en la caja en la que estaban depositados en el osario, han sido traspasados a otra de madera que ha sido cubierta con una bandera republicana. El propio Fernando Sarmiento, acompañado por momentos de otro familiar, ha sido el encargado de llevarla hasta la tumba familiar, en la que ya descansaban su esposa Rosario y algunos de sus hijos.

En el acto han estado presentes el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno (PP), y el subdelegado del Gobierno y el diputado provincial de Cultura, Francisco Toscano y Casimiro Fernández, ambos del PSOE, que han acudido pese a no ser formalmente invitados. El gobierno local se ha escudado en que era una ceremonia íntima, dedicada a la familia, algo que no ha convencido a Ejecutivo central y Diputación, que han anunciado –tras consultarlo con la familia– un futuro “homenaje específico” con el fin de que “se reconozca públicamente que esta persona fue asesinada por defender la legalidad democrática”.

Fernando Sarmiento no ha querido entrar en polémicas al considerar que “no es un momento de pronunciamientos políticos y no me voy a pronunciar respecto a las instituciones”, aunque sí ha dejado caer que “cada palo aguante su vela”. “Si el Ayuntamiento no ha considerado prudente hacer otra cosa, nosotros nos sentimos satisfechos con un acto que ha sido familiar”, así que ya es cuestión de que “cada uno pregunte a su conciencia y haga lo que considere oportuno”.

“Un intelectual y progresista moderado”

José León Trejo es definido como “un intelectual y progresista moderado de la burguesía sevillana” por Ricardo Fernández, que este miércoles estaba en el acto y junto a José Montaño estudia la represión sufrida por el profesorado en la provincia de Sevilla. “Persona con muchas inquietudes, fue también un apreciable filólogo y dio alguna que otra conferencia en la que fue presentado por la prensa de los años 20 del pasado siglo como ”fervoroso andalucista“.

En esta “República de los maestros”, a León Trejo le tocó un trago complicado, ya que fue nombrado gobernador civil de Guadalajara, y como tal le tocó arrestar el 14 de junio al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio. “Es un ejemplo de compromiso y de intelectual volcado con la República”, apostilla Fernández.

“Honor y gloria a las víctimas del franquismo”, clama una voz entre alguna que otra bandera republicana cuando se deja atrás Pico Reja y se pasa cerca de Monumento, una fosa común en teoría todavía más grande (puede acoger hasta a 2.600 represaliados) pero cuya exhumación sigue sin despegar entre reproches de Gobierno y Diputación a Ayuntamiento y Junta por su “falta de voluntad política”. Pero el ruido de la pugna institucional ha quedado atrás este miércoles mientras se levantaba la lápida en la que el tío Paco “tuvo la visión de poner en los años sesenta el nombre de su padre con carácter reivindicativo”. No se oyen las antiguas y queridas voces, se lee esculpido en el mármol, pero sí los vivas a la República en honor a José León Trejo, que de 1.786 ha sido el primero.

Gobierno central y Diputación de Sevilla dan por hecho que Junta de Andalucía y Ayuntamiento hispalense se comportan como el perro del hortelano con la fosa franquista Monumento, la mayor de la capital: ni comen ni dejan comer. Así que las dos primeras administraciones (gestionadas por el PSOE) han planteado este lunes, para “salvar las contradicciones ideológicas” del PP –que gobierna las dos segundas–, hacerse cargo en solitario de los trabajos de exhumación y asumir la totalidad del coste.

La propuesta la ha verbalizado el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, que ha aprovechado la inauguración de unas jornadas sobre memoria histórica en la Casa de la Provincia (Del olvido a la luz) para cargar contra Junta y Ayuntamiento por “retrasar premeditadamente” los trabajos en Monumento, donde se calcula que al menos hay 2.613 represaliados frente a los 1.786 localizados en la cercana Pico Reja. La propuesta, cargada de reproche político, llega casi dos años y medio después de un primer acuerdo entre las cuatro administraciones y cuando se va a cumplir un año de la firma del protocolo de actuación.

Desde entonces, nada de nada, de hecho el Consistorio hispalense hasta rechazó en 2025 una ayuda de 200.000 euros de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, cuyo máximo responsable, Fernando Martínez, ha aprovechado el mismo acto para recordar que sigue sin aceptar esta transferencia que supone un primer pago para arrancar una exhumación cuyo coste se reparten las cuatro administraciones a partes iguales. “Nosotros dimos el paso que teníamos que dar”, y en este sentido ha recordado que “es necesario que acepte ese dinero” y que es “supernecesario” firmar el protocolario convenio para echar a andar. “No tiene ningún sentido que le sigan dando largas porque hay muchísimas familias que lo están esperando”.

“Un problema de voluntad”

Javier Fernández, por su parte, ha sido mucho más directo al anunciar la intención de Estado y Diputación de asumir “el 100%” del proyecto, para lo que ha solicitado la cesión al Consistorio durante temporal de la parcela del cementerio de San Fernando en la que se encuentra la fosa. El gobierno local es el que debe liderar el proyecto –hasta la fecha con escaso entusiasmo– al ser el propietario del terreno.

De paso, ha instado a Ayuntamiento y a Junta a que “si tienen algún motivo, sea ideológico, económico de compromiso” para “no desarrollar” el proyecto, “que lo digan claramente”. A su juicio, “no tiene sentido” este continuo retraso, que ha achacado directamente a “un problema de voluntad” para exhumar a casi 2.700 personas “que son de los nuestros, de la sociedad”. Y ha insistido en que es una cuestión “de justicia”, “esto no abre ninguna herida, se trata de cerrarlas”.

Fernández ha enmarcado la falta de iniciativa del PP en un contexto en el que “determinadas formaciones están llegando a gobiernos”, en alusión a Vox, para poner sobre la mesa cuestiones como “prioridad nacional o sentido común”. Los acuerdos que se están suscribiendo para ello tienen “una letra pequeña” que hace que “se queden atrás, en el olvido”, asuntos como la memoria democrática o el cambio climático, “la sociedad debe saber que eso está ahí”.

“Un error sistémico de nuestra democracia”

El apremio llega poco después de conocerse que en la fosa de Pico Reja, cerrada en 2023 en el camposanto sevillano, se ha producido una primera identificación positiva en una de las 1.786 víctimas exhumadas. Se trata de José León Trejo, que fue profesor de instituto de Francés y concejal del Ayuntamiento de Sevilla, fusilado por los golpistas el 17 de octubre de 1936. Otros dos de sus hermanos también fueron ejecutados.

Pero volviendo a Monumento, y además de lamentar que se han perdido los cuatro años del actual mandato municipal, el siguiente paso es plantear la intención de Gobierno central y Diputación de quedarse el proyecto en una reunión de la comisión de seguimiento del protocolo firmado hace un año. De hecho, Fernández asegura que hace dos meses que se ha solicitado esta convocatoria (que compete a la Junta), sin que haya llegado respuesta alguna mientras el gobierno local sigue sin aceptar la subvención estatal.

El presidente provincial ha considerado “un error sistémico de nuestra democracia” que siga habiendo personas en fosas y cunetas, sin que sus familiares “les puedan dar paz y dignidad suficientes”. “Hasta que esto no lo consigamos nuestra democracia no será perfecta, porque esto es una cuestión de justicia democrática”, ha apostillado, al tiempo que ha anunciado una modificación presupuestaria en la Diputación para reforzar los proyectos memorialistas en la provincia: se añadirá otro millón de euros al que ya está permitiendo desarrollar 60 iniciativas en 50 municipios.

El 21 de febrero de 2023, y tras tres años de trabajo, se cerró en el cementerio de San Fernando de Sevilla la fosa común franquista de Pico Reja, la mayor abierta en España en ese momento y la más importante en Europa occidental desde la de Srebrenica en Bosnia Herzegovina tras la guerra de los Balcanes. Ahora, más de seis años después de que se empezara a excavar, el ADN ha conseguido por fin ponerle nombre y apellidos a la primera de las 1.786 víctimas de la represión que comandó el general golpista Gonzalo Queipo de Llano: se llama José León Trejo, un sevillano que tenía 56 años cuando lo arrancaron de su casa en pijama para no volver nunca. Era catedrático de instituto de Francés y fue concejal en el Ayuntamiento hispalense durante el periodo republicano.

La confirmación le llegó a uno de sus nietos, Fernando Sarmiento, hará un par de meses, después de otra llamada que abrió un periodo de incertidumbre porque sí, había coincidencia genética, pero había que hacer pruebas complementarias. ¿La razón? Además de a José, fusilaron a otros dos hermanos León Trejo, también docentes, uno de los cuales (Manuel) también se cree que está en Pico Reja. La tumba del tercero se ubica en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos: se llamaba Joaquín y es el bisabuelo de los actores Paco y María León.

“Dimos muestras varios de los primos”, rememora Fernando Sarmiento, que a sus 70 años es de los nietos más jóvenes de José León Trejo, que dejó viuda y nueve hijos. Su detención y, al cabo de varias semanas, su fusilamiento el 17 de octubre de 1936 en la tapia del propio cementerio de San Fernando es algo que “ha flotado siempre en nuestras vidas” y que en la familia se llevó con “resignación, silencio y mucha indignación”. En aquellos durísimos tiempos, las viudas de los tres hermanos quedaron al cargo de nada menos que 16 pequeños.

Detención del cardenal Segura

José León nació en Sevilla en 1880 y, entre otros cargos, fue profesor de Francés en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de la capital hispalense. El centro ya se llamaba San Isidoro de Sevilla (muy conocido en la ciudad) cuando, por la conjunción republicano-socialista (luego pasaría por el Partido Radical de Lerroux), consiguió acta de concejal en el Consistorio sevillano en las elecciones de 12 de abril de 1931 que precipitaron el advenimiento de la II República.

Poco después sería nombrado gobernador civil de Guadalajara, y como tal le tocó arrestar el 14 de junio al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio. El historiador Juan Ortiz Villalba relata en Del golpe militar a la guerra civil, Sevilla 1936 que Segura (arzobispo de la Diócesis hispalense desde 1937) nunca se lo perdonó y llegó al extremo de que cada 17 de octubre, la fecha de su fusilamiento, oficiaba una homilía en la que cargaba contra él.

“Mi abuelo fue políticamente muy activo”, resalta Fernando Sarmiento, que estará presente junto a otros de sus primos cuando, el próximo 24 de junio, el Ayuntamiento de Sevilla le haga entrega de sus restos. Descansarán en el mismo cementerio de San Fernando, donde la familia tiene una tumba en la que reposan su esposa y algunos de sus hijos.

El atasco de las pruebas de ADN

Para Juan Manuel Guijo, el arqueólogo y antropólogo forense que dirigió la excavación de Pico Reja, la identificación de José León le produce un choque de sentimientos enfrentados, ya que la satisfacción por este hecho contrasta con que se han necesitado más de seis años para llegar a este momento. Esto, lamenta, habla bien a las claras del atasco que hay en las pruebas de ADN.

Eso sí, esto de paso refrenda la cronología propuesta, porque inicialmente se decía que Pico Reja se colmató entre julio y agosto de 1936, algo que desmontó las “pruebas arqueológicas”. “Esto debería ser el empujón definitivo para invitarnos a releer y reinterpretar la historia de las fosas en Sevilla”, ya que a su juicio en estos momentos no se sabe ni cuál existió antes, si ésta o la de Monumento, la más grande de Sevilla y cuya excavación no termina de arrancar.

Pero volviendo a José León, fue detenido en 1932 durante la Sanjurjada, el golpe de Estado que el general Sanjurjo impulsó con nulo éxito desde Sevilla gracias a la decidida actitud del por entonces alcalde, José González de la Bandera. Ya en la Unión Republicana de González Barrios, con la victoria del Frente Popular fue reelegido concejal en 1936 y, según Ortiz Villalba, hasta se le ofreció ser alcalde, cargo que declinó y que finalmente asumió Horacio Hermoso. González de la Bandera fue fusilado en agosto de ese año, y Hermoso en septiembre.

A la hora de la siesta

Cuando se produce el golpe de Estado no era concejal, ya que el 9 de junio los ediles de Unión Republicana –15 en un Consistorio con un total de 50– pusieron sus cargos a disposición del partido, formalizando siete de ellos (incluido León Trejo) su renuncia tres días después. Algunos de sus sustitutos no llegaron a tomar posesión de sus actas.

Los golpistas no tardaron mucho en arrestarlo, “un día a la hora de la siesta se lo llevaron en pijama”, señala su nieto, Fernando Sarmiento, que apunta que su abuelo no huyó “porque pensó que no había hecho nada” que le pusiese en peligro. Preso en la cárcel de La Ranilla, en aplicación del bando de guerra se vio inmerso en un proceso judicial antes incluso de que se constituyeran los tribunales montados por Queipo de Llano. Fue fusilado junto al abogado Francisco García y García de Leániz.

La cosa no quedó ahí, porque un mes después de su asesinato fue suspendido de empleo y sueldo en el marco de la depuración del profesorado que se desarrolló en todos los niveles educativos. Ahora, casi 90 años después, sus restos son los únicos que tienen nombre y apellidos de los 1.786 que se le arrancaron a la tierra en Pico Reja, y así figurará en su tumba a partir del próximo 24 de junio.

El 15 de desembre de 1936, falangistes i dos guàrdies civils irromperen a casa dels sogres de Joan Canyelles Capllonch, a Esporles (Mallorca). Tenia 32 anys. Picapedrer i afiliat a la Casa del Poble, formava part d'una generació que havia abraçat amb convicció els canvis impulsats per la Segona República en un municipi conegut aleshores com la “petita Rússia” per la seva intensa activitat sindical i obrera. Després del cop militar de juliol, va intentar amagar-se en una barraca del Port des Canonge. Després va tornar a Esporles, però una veïna el va acabar delatant.

Aquell dia, sense poder acomiadar-se de la seva dona, Francisca, amb qui tenia dues filles petites, Catalina i Magdalena, se'l van emportar a la força i el van arrossegar pel carrer. Després el van traslladar fins a un vell magatzem de fustes situat en el centre de Palma i reconvertit en una de les presons més fosques i tràgiques de la repressió franquista a Mallorca: la presó de Can Mir. Un mes després, els carcellers van cridar el seu nom. Juntament amb altres dotze presos, va ser emmanillat i conduït al llarg de més de 30 quilòmetres fins al mur de la Creu de Porreres, l'indret on, nit rere nit, els escamots feixistes duien a terme les seves execucions. Allà el van metrallar. Les ferides localitzades a les cames suggereixen que podria haver estat l'últim a morir, potser abatut mentre intentava fugir després de presenciar l'assassinat dels seus companys. La seva família va haver d'esperar més de vuit dècades per recuperar les seves restes.

“Jo sabia que l'havia de trobar”. Guillem Mir parla a poc a poc i visiblement emocionat. Han passat vuit anys des que va poder enterrar finalment el seu avi, però encara recorda amb precisió el moment en què va deixar de ser un desaparegut per tornar a tenir un nom, una història i una tomba. Fins aleshores, la seva família, com les de tants altres desapareguts arran del cop militar de 1936 i la dictadura franquista, va conviure amb una absència suspesa en el temps i un dol impossible de tancar. “Quan vius contínuament amb anys d'angoixa, malestar i dolor, sense poder expressar-los ni alliberar-te'n, això acaba convertint-se en un trauma. A la meva mare li va passar factura. Mai no t'ho planteges, però et va minvant tota la vida”, confessa Guillem a elDiario.es.

Quan vius contínuament amb anys d'angoixa, malestar i dolor, sense poder expressar ni purgar, això acaba convertint-se en un trauma. A la meva mare li va passar factura. Mai t'ho planteges, però et va minvant tota la vida

Guillem Mir — Nét de Joan Canyelles Capllonch, assassinat pel franquisme

L'absència heretada

La història de Joan Canyelles Capllonch condensa la recerca incessant d'aquells que durant generacions van ignorar on eren els seus morts. Mentre els franquistes havien pogut recuperar els seus gairebé des del final de la guerra -el règim va facilitar la localització, l'exhumació i el trasllat dels qui havien mort a la rereguarda republicana-, els vençuts van ser condemnats al silenci i a la por. Les vídues -estigmatitzades i sense dret a cap tipus de reconeixement ni pensió- recorrien cementiris, preguntaven als enterradors i, infructuosament, seguien qualsevol rumor amb l'esperança de trobar una pista, un botó, una peça de roba o qualsevol rastre que les conduís fins als seus marits. Els fills -als qui després s'afegirien els néts- van créixer escoltant relats fragmentaris, converses xiuxiuejades i referències imprecises a cunetes i pous. La dictadura, mentrestant, erigia monuments, concedia honors i construïa una memòria oficial que glorificava els 'caídos por Dios y por España'.

Tanmateix, quaranta anys de règim no van aconseguir esborrar la memòria dels desapareguts. Mort Franco i encarrilat el camí cap a la democràcia, els descendents republicans es van llançar a rastrejar arxius i a recollir testimonis. Però, sobretot -i quan una gran part del país havia decidit oblidar-, van començar a esgarrapar la terra. Caldrien, amb tot, quatre dècades més perquè aquella tasca començàs, a principis dels anys 2000 -més de seixanta anys després dels assassinats-, a obrir-se pas en el debat públic. Paul Preston ho va anomenar “l'anomalia d'Espanya”: mentre la resta de països condemnaven les seves dictadures i afrontaven d'una manera o altra el llegat dels seus règims autoritaris, la Transició espanyola havia deixat sense investigar els crims del franquisme, havia optat per mantenir milers de desapareguts en fosses comunes i havia relegat la recerca de les víctimes a l'empenta de les seves famílies.

Mort Franco i encarrilat el camí cap a la democràcia, els descendents republicans es van llançar a rastrejar arxius i a recollir testimonis. Però, sobretot, van començar a esgarrapar la terra. Amb tot, haurien de passar quatre dècades més perquè aquella tasca començàs a obrir-se pas en el debat públic a principis dels anys 2000

“Era com tenir una paret de vint metres d'alçada davant i dir: 'La botarem'”, il·lustra Miguel Rabal, nét d'un altre dels represaliats del franquisme a Mallorca, Emilio García-Peñuela, en recordar els inicis d'un moviment memorialista que s'enfrontava a dècades de desinterès institucional, silenci social i absència de polítiques públiques per localitzar els desapareguts. En aquell moment, recorda, no faltava qui els considerava “quatre vells donant la llauna” amb una guerra que, per a molts, pertanyia a un temps remot i una història que gran part del país creia definitivament tancada.

Tanmateix, aquell esforç va cristal·litzar a les Illes Balears amb la creació de l'associació Memòria de Mallorca. Era l'any 2006. La mare de Rabal va assistir a l'acte fundacional, celebrat a l'edifici de Sa Riera de Palma. Molts dels qui hi acudiren ja eren persones grans que portaven tota una vida esperant respostes sobre el parador dels seus pares, germans o marits. En una de les fotografies d'aquell dia hi apareixia una llarga filera de fills de represaliats. La reivindicació de tots ells es podia resumir en una sola frase: “Els volem trobar”.

[La tasca inicial del moviment memorialista després de dècades de silenci] era com tenir una paret de 20 metres d'alt i dir: 'Anem a saltar'

Miguel Rabal — Nét d'Emilio García-Peñuela, represaliat pel franquisme

La llei que va canviar les regles

Sant Joan (Mallorca), juny de 2014. Sota el sol abrasador d'aquell estiu, arqueòlegs, forenses i familiars assisteixen a una escena inèdita a les Illes Balears: l'obertura de la primera fossa comuna de la Guerra Civil excavada a les illes. Al petit cementeri d'aquesta localitat de 2.300 habitants, les pales retiren les primeres capes de terra mentre desenes d'ulls segueixen cada moviment amb una barreja d'expectació i nerviosisme. Molts dels presents porten tota una vida esperant aquell moment. La intervenció no està exempta de dificultats: part de les sepultures es troben ocultes sota construccions de formigó, fet que obliga a dur a terme una complexa tasca prèvia d'investigació històrica, prospecció arqueològica i retirada controlada d'estructures.

Durant sis dies, l'excavació combina documentació d'arxiu, testimonis orals, arqueologia i antropologia forense. Coordinats per Memòria de Mallorca i gràcies a la feina voluntària d'especialistes del Laboratori de Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, els equips avancen centímetre a centímetre. El 20 de juny apareixen els primers indicis inequívocs de la fossa. Dos dies després, en presència dels familiars, emergeixen a la llum els tres primers cossos exhumats: corresponen a Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovart i Miquel Salom Ribot, tres pagesos de Maria de la Salut assassinats pels feixistes l'octubre de 1936. Un any després, el juny de 2015, les anàlisis genètiques permeten retornar les seves restes a les seves famílies.

L'investigador Manel Suárez, autor de nombrosos estudis sobre la Segona República i el moviment obrer a Mallorca, recorda que l'elecció de Sant Joan per dur a terme la primera exhumació d'una fossa de la Guerra Civil a les Illes Balears no va ser casual. L'aleshores batlessa del municipi, l'ecosoberanista Catalina Gayà -que governava amb el suport del PP-, va donar suport a la intervenció des del primer moment, fet que va facilitar que el projecte pogués tirar endavant malgrat la manca de suport institucional. “No vam rebre cap ajuda”, recorda Suárez. També rememora que, tot i haver localitzat tres cossos amb evidents impactes de bala, ni jutges ni fiscals es van desplaçar fins al lloc dels fets per investigar-los.

Amb tot, el resultat va superar totes les expectatives. L'exhumació va despertar un enorme interès social i mediàtic i es va convertir en un esdeveniment sense precedents a les illes. Ja no hi havia marxa enrere. L'obertura de la fossa de Sant Joan va demostrar que els desapareguts podien ser localitzats i que dècades de silenci no havien aconseguit esborrar-ne les petjades. Dos anys després, el juny de 2016, Balears feia el pas decisiu: l'aprovació, per unanimitat, de la Llei de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme, una norma que va convertir en obligació pública allò que fins aleshores havia estat una lluita sostinguda en solitari per familiars i activistes.

“Amb aquesta llei es pretén complir les obligacions que té Espanya amb les víctimes de les desaparicions de la Guerra Civil i del franquisme, i també amb els seus familiars”, resa l'exposició de motius del text. El Govern passava a assumir la responsabilitat de localitzar fosses, elaborar mapes d'enterraments, impulsar anàlisis genètiques i coordinar els treballs arqueològics. Aquesta setmana, la llei de fosses, que va marcar un abans i un després en aquesta història d'incertesa col·lectiva i va canviar la relació de les Illes Balears amb un dels capítols més foscos del seu passat recent, ha complert deu anys. En aquest temps, la norma ha permès recuperar fins ara les restes de 334 víctimes i identificar-ne 68 mitjançant tècniques forenses i proves genètiques.

L'obertura de la fossa de Sant Joan, el 2014, va demostrar que els desapareguts podien ser trobats i que dècades de silenci no havien aconseguit esborrar les seves petjades. Dos anys després, el Parlament aprovava per unanimitat la seva llei de fosses, que ha permès recuperar les restes de més de 330 víctimes i identificar-ne més de mig centenar

El seu impact resulta significatiu en un territori on la repressió franquista va ser especialment cruenta. Després que, el 19 de juliol de 1936, el recent proclamat comandant militar de Balears Manuel Goded declarés l'estat de guerra i assumís el control absolut de Mallorca i Eivissa, es va deslligar una intensa violència que, com sosté l'historiador Bartomeu Garí Salleras, ja havia estat planificada mesos abans del conflicte i seria perfectament executada per falangistes, militars, autoritats civils, xarxes clientelars de dretes, capellans i, fins i tot, per familiars de les pròpies víctimes. 

“Es va iniciar una autèntica caça de sospitosos, que serien afusellats sense contemplacions a les cunetes de les carreteres o davant les tàpies dels cementeris, sense cap mena de judici i sovint per motius inconfessables”, afirma Garí. L'historiador, autor de La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, es basa en les investigacions recollides a Guerra Civil i repressió a Mallorca, de Josep Massot i Muntaner, un dels estudiosos que més esforços va dedicar durant la Transició a esclarir com es va desenvolupar el conflicte bèl·lic a l'illa. Prop de 2.000 persones van ser assassinades a les Balears i més de 10.000 van passar per la presó. A aquestes víctimes s'hi afegeixen les que van patir condemnes injustes, execucions extrajudicials i desaparicions forçades. Es calcula que encara queden 56 fosses repartides entre Mallorca, Eivissa i Formentera.

Des de l'aprovació de la llei de fosses, les exhumacions s'han dut a terme seguint protocols arqueològics i forenses homologats internacionalment. Els equips delimiten les àrees de recerca a partir de l'estudi d'arxius, testimonis orals, documentació històrica i plànols antics, i posteriorment excaven de manera manual i estratigràfica per preservar qualsevol evidència que pugui contribuir a la identificació de les víctimes. Un cop localitzades les restes, els especialistes documenten minuciosament la posició de cada individu, recuperen els objectes associats a l'enterrament i traslladen els ossos als laboratoris d'antropologia forense.

Allà, els experts analitzen possibles lesions compatibles amb execucions extrajudicials, determinen el perfil biològic de les víctimes -edat, sexe o característiques físiques- i, quan és possible, duen a terme proves genètiques per contrastar-les amb les mostres d'ADN aportades pels familiars. Aquest procediment ha permès no només recuperar centenars de desapareguts, sinó també restituir-ne la identitat i oferir una resposta a famílies que, en molts casos, han hagut d'esperar més de vuit dècades per saber on eren els seus éssers estimats.

La llei balear de fosses ha permès recuperar les restes de més de 280 víctimes i identificar-ne més d'un centenar en un territori on la repressió franquista va ser especialment cruenta. Més de 2.000 persones assassinades. Es calcula que encara existeixen 56 fosses repartides entre Mallorca, Eivissa i Formentera

Molt més que exhumar restes

Cada exhumació permet reconstruir biografies, documentar la repressió i retornar històries a l'espai públic. Per a Guillem Mir, la recerca del seu avi va acabar convertint-se en una part inseparable de la seva pròpia vida. Quan li van comunicar que les proves d'ADN havien confirmat la identitat de les restes, va sentir una punxada al pit. “Va ser una emoció enorme”, rememora encara avui amb llàgrimes als ulls. Durant anys havia perseguit documents, testimonis i pistes disperses per reconstruir la història de Joan Canyelles. De sobte, aquella recerca deixava de ser una hipòtesi per convertir-se en una certesa. “El vam trobar”, resumeix. Per primera vegada des de 1937, la família sabia on havia estat tot aquell temps. Allò que havia començat com una inquietud familiar es va acabar transformant en una necessitat íntima, gairebé en una obligació moral cap a un home que mai no va arribar a conèixer, però l'absència del qual havia marcat diverses generacions.

Guillem reconeix que la desaparició d'un familiar deixa seqüeles que travessen el temps. En el seu cas, el silenci heretat, les històries explicades a mitges i la incertesa sobre el parador del seu avi van acabar formant part de la identitat familiar. La identificació de les restes va permetre posar fi a aquella recerca. “El dia de l'entrega és un dia que tampoc no oblidaré mai”, recorda. Quan els forenses van demanar a la família si volien obrir la capsa que contenia les restes de Joan Canyelles, van acceptar. “El primer que vaig veure va ser el crani. Era petit, cabia dins una capsa així. I hi havia un forat molt gros”. L'emoció va poder més que les paraules. “No ho vaig poder evitar. Vaig anar cap a ell, el vaig abraçar i li vaig fer un petó”. Més de vuitanta anys després del seu assassinat, el seu avi deixava definitivament de ser un desaparegut per tornar a casa.

“El dia del lliurament és un dia que tampoc no oblidaré mai”, recorda. Els forenses van demanar a la família si volia obrir la caixa que contenia les restes de Joan Canyelles. Van acceptar. “El primer que vaig veure va ser el crani. Era molt petit, cabia dins una caixa així. I hi havia un forat molt gros”. L'emoció va poder més que les paraules. “No ho vaig poder evitar. Vaig anar cap a ell, el vaig abraçar i li vaig fer un petó”. Aquell gest va posar fi a més de vuitanta anys d'incertesa i va permetre que el seu avi deixàs de ser un desaparegut per tornar, finalment, amb la seva família.

Guillem mai no va conèixer el seu avi, assassinat pels franquistes, però per a ell 'va ser una emoció enorme' quan li van comunicar que l'ADN havia confirmat la identitat de les restes. Recorda, amb llàgrimes als ulls, que va sentir una punxada al pit: 'No ho vaig poder evitar. Vaig anar cap a ell, el vaig abraçar i li vaig fer un petó'

En conversa amb elDiario.es, insisteix que la recuperació dels cossos transcendeix l'àmbit estrictament familiar. “La història del meu avi és la història de tots aquells a qui van voler matar”, sosté. Per això considera que les exhumacions no només reparen les víctimes i els seus descendents, sinó que també contribueixen a reconstruir una part de la història col·lectiva que durant massa temps va romandre soterrada sota el silenci i la por.

Des de llavors, continua investigant i recopilant documentació sobre altres represaliats d'Esporles. “No aturam”, explica en referència a l'arxiu que ha anat construint juntament amb altres investigadors locals. Potser aquesta sigui la gran herència de la llei de fosses. No només ha permès recuperar cossos: ha ajudat a rescatar vides senceres de l'oblit i a restituir històries que la repressió va intentar esborrar per sempre.

La història del meu avi és la història de tots aquells als qui van voler matar

Guillem Mir — Nét de Joan Canyelles Capllonch, represaliat pel franquisme

L'ordenança detingut a la sucursal del Banc d'Espanya

A centenars de quilòmetres de Madrid, on havia nascut el 1899, Emilio García-Peñuela va construir una nova vida a Mallorca. Havia arribat a Palma el 1929 després d'obtenir una plaça d'ordenança a la sucursal del Banc d'Espanya. Socialista, laic i compromès políticament, freqüentava la Casa del Poble i col·laborava econòmicament amb iniciatives obreres, malgrat les limitacions econòmiques d'una família treballadora amb dues filles petites. Deu dies després del cop d'Estat, la policia es va presentar a la sucursal per detenir-lo. Des d'allà fou traslladat al castell de Bellver, convertit aleshores en centre de reclusió per a centenars de republicans. Era el 28 de juliol de 1936.

El seu nét, Miquel Rabal, ha dedicat anys a reconstruir aquella història. La família sabia que Emilio havia estat detingut, però desconeixia bona part del que havia succeït després. La investigació li va permetre descobrir fins a quin punt havia estat vigilat per les seves idees polítiques i com va acabar convertit en objectiu de la repressió. “No era precisament l'Stalin de Mallorca”, ironitza, “però sí una persona prou significativa perquè no el deixassin en llibertat”. Aquella persecució acabaria conduint-lo a una de les fosses comunes de Porreres, on romangué desaparegut durant més de vuit dècades.

El meu avi no era precisament l''Stalin' de Mallorca, però sí prou interessant com per què no el deixassin en llibertat

Miguel Rabal — Nét d'Emilio García-Peñuela, assassinat pel franquisme

Molt abans que les anàlisis genètiques confirmessin la identitat del seu avi, Miguel ja tenia una esperança. Quan van començar les exhumacions i la recollida de mostres d'ADN, la seva mare i la seva tia van aportar les seves convençudes que algun dia podrien trobar-lo. Aquella possibilitat va deixar de semblar remota durant la segona campanya d'excavacions en la fossa de Son Coletes, en la localitat de Manacor, quan desenes de familiars van poder contemplar per primera vegada les restes que emergien de la terra després de vuit dècades de silenci. A tot just uns metres de distància, dins de la mateixa fossa, havien estat localitzats les restes d'Aurora Picornell, batejada com la 'Passionera balear' i icona del republicanisme a Mallorca. Formava part de les conegudes com 'Roges del Molinar', assassinades pel franquisme la nit de reis de 1937.

“Semblava que ens cridaven: 'A la fi ens heu trobat'”

El nét de García-Peñuela rememora especialment un petit acte celebrat al costat de la fossa, sense tribunes ni grans discursos. Els familiars es trobaven a escassos metres dels esquelets recentment exhumats. “Podíem gairebé tocar-los”, recorda. Sonaven un violoncel i una flauta mentre els assistents observaven aquells cossos que, durant dècades, havien romàs ocults sota terra. Va ser llavors quan va sentir una cosa difícil d'explicar. “Semblava que els senties”, diu. “Com si ens estiguessin cridant: 'A la fi ens heu trobat'”. La imatge continua emocionant-li anys després. “Fins llavors tots ells eren desapareguts”, reflexiona. Enfront de la fossa oberta, envoltat de familiars que portaven dècades esperant respostes, va tenir la sensació que els qui jeien allà baix recuperaven per fi allò que els havia estat arrabassat: un nom, una història i el dret a ser trobats.

Igual que Guillem i tants altres familiars, Miquel Rabal tampoc no oblidarà mai la telefonada que va rebre el novembre de 2022. Caminava tot sol per la Comuna de Bunyola quan va sonar el telèfon. A l'altra banda de la línia hi havia Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca i una de les persones que més ha lluitat durant les darreres dècades per localitzar els desapareguts del franquisme. Dos dies abans li havia enviat diverses fotografies del seu avi per a una exposició dedicada a les víctimes de la repressió. En veure el seu nom a la pantalla, va tenir la intuïció que aquella telefonada estava relacionada amb la recerca que havia marcat bona part de la seva vida. No va fer falta gaire més. Amb unes poques paraules, Oliver li va confirmar allò que feia anys que esperava sentir. “Miquel, el teu avi ha estat identificat”, recorda que li va dir.

“Va ser com si s'hagués trencat un dic”

Rabal explica que va intentar contenir l'emoció durant la conversa. Sabia que l'activista havia acompanyat desenes de famílies en moments semblants -“té una espatlla per a això i per a tot el que li tirin”, subratlla- i va procurar mantenir la serenor. “Vaig aguantar com vaig poder”, rememora. Amb el pas del temps, gairebé no recorda què li va respondre. “Ja no importava el que jo digués”. Va ser després de penjar quan tot es va desbordar. “Va ser com si s'hagués trencat un dic”, recorda. De cop van aflorar dècades de preguntes, documents consultats, històries familiars reconstruïdes i esperances acumulades. La recerca havia acabat. Més de vuitanta anys després del seu assassinat, Emilio García-Peñuela deixava de ser un desaparegut per tornar, finalment, amb la seva família.

S'emociona de nou en recordar el dia en què la família va rebre les restes del seu avi. L'acte es va celebrar al cementiri de Son Valentí seguint un minuciós protocol, dissenyat per respectar els temps i els desitjos de cada família. Els forens els van preguntar si volien obrir la caixa que contenia els ossos recuperats de la fossa. També els van consultar si permetien la presència de representants institucionals i observadors internacionals. “Tot estava fet amb una delicadesa extraordinària. Entenien que cada família viu això d'una manera diferent”, rememora.

Entre els assistents es trobava Favián Salvioli, relator especial per a la promoció de la veritat, la justícia, reparacions i garanties de no repetició de l'ONU. Lluny de percebre-ho com una presència aliena, Rabal ho va interpretar com un reconeixement a la dignitat del seu avi. “Per a mi va ser un honor majúscul”, explica. “Era una persona que representava la humanitat acompanyant una altra persona anònima i modesta en un moment tan important”, afegeix. La imatge el continua emocionant: un treballador del Banc d'Espanya, assassinat i desaparegut durant dècades, rebent finalment l'empara i el reconeixement que li havien estat negats. Quan van obrir la caixa, Miguel va veure per primera vegada les restes del seu avi. Es va apropar al crani i el va tocar: “El vaig conèixer en aquell moment”.

Miguel Rabal continua emocionant-se en recordar l'acte d'homenatge al seu avi: un treballador del Banc d'Espanya, assassinat i desaparegut durant dècades, rebent finalment l'empara i el reconeixement que li havien estat negats. Quan van obrir la caixa, va veure per primera vegada el pare de la seva mare. Es va acostar al crani i el va tocar: "El vaig conèixer en aquell moment"

Lluny d'erigir-se en protagonista, Miguel reivindica la perseverança d'activistes, historiadors i associacions memorialistes i com, amb el pas dels anys, van demostrar que el seu afany estava lluny de ser una extravagància. L'aprovació de la llei balear de fosses el 2016 va ser, per a ell, la prova que aquella obstinació havia valgut la pena. Com Guillem, subratlla que el veritable abast de les exhumacions va molt més enllà de cada cas individual.

L'arqueòloga Almudena García-Rubio, responsable de nombroses de les exhumacions a les illes, explica que els plans de fosses impulsats en Balears van anar incorporant progressivament noves disciplines i eines per a abordar les conseqüències de la repressió. A la labor d'arqueòlegs, antropòlegs forenses i historiadors es van sumar especialistes en restauració, juristes, antropòlegs socials i, fins i tot, equips d'acompanyament psicosocial per a atendre els familiars durant tot el procés. La investigadora, qui aquest divendres va participar en la jornada organitzada per la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a commemorar els deu anys de la llei de fosses, subratlla que aquest enfocament multidisciplinari va convertir a les illes en una referència dins de l'Estat, en entendre que la recuperació dels desapareguts no consisteix únicament a localitzar i identificar restes, sinó també a acompanyar a les famílies i preservar la memòria de les víctimes.

Darrere de cada esquelet hi ha una persona desapareguda i una família que porta dècades esperant resposta

Almudena García-Rubio — Arqueòloga

La llavor del moviment memorialista

Es tracta d'una idea que connecta directament amb l'origen mateix del moviment memorialista. Perquè, per a les associacions i els familiars, mai no es va tractar únicament d'obrir una fossa o de retornar unes restes als seus descendents. També implica reconstruir les històries que la repressió va intentar esborrar, explicar qui van ser aquelles persones i reconèixer públicament les vulneracions de drets humans que van patir.

Maria Antònia Oliver recorda, de fet, que l'origen de Memòria de Mallorca va néixer d'una convicció profundament arrelada. “Tenia clar que en democràcia tenim drets”, explica. No podia entendre que hi hagués famílies que desconeixien on eren els seus pares, germans o marits i que les institucions romanguessin al marge. Molt abans de familiaritzar-se amb conceptes com veritat, justícia i reparació, assegura que ja els sentia com una necessitat vital.

“No els coneixia teòricament, però els sentia”, rememora. Li resultava incomprensible que hi hagués persones cercant els seus desapareguts mentre jutges, fiscals i administracions miraven cap a una altra banda. “Em demanava com era possible que hi hagués gent exhumant i que tot quedàs aquí”, afirma, mentre observava com en altres països les desaparicions forçades eren abordades des de la justícia i els drets humans. Aquella inquietud va néixer d'una experiència personal —la recerca del seu avi, Andreu París— que aviat va descobrir compartida per centenars de famílies.

En els primers anys de recerca, Oliver acudia a historiadors, arxius i testimonis amb una sensació incòmoda. “A vegades em sentia violenta demanant informació. Pensava que no havia de ser jo qui ho fes; havien de ser les institucions o un jutge qui m'ho diguessin”. Allò que havia viscut a la seva pròpia família ho trobava repetit una vegada i una altra en els relats d'altres fills i néts de represaliats. Recorda especialment les històries de dones que havien passat dècades preguntant pels seus marits desapareguts i suportant burles o insinuacions. “Ni tan sols sabien si els havien matat perquè ningú no els ho deia”, lamenta.

Per això insisteix que els avenços assolits durant les darreres dues dècades no van sorgir del no-res. Abans de les lleis, dels plans de fosses i de les exhumacions institucionals hi va haver anys de feina discreta de familiars i activistes recopilant testimonis, localitzant enterraments i elaborant els primers llistats de desapareguts. “Si avui tenim un mapa de fosses és gràcies als familiars de les víctimes”, subratlla. Aquella documentació va permetre demostrar que les fosses existien i que es podien obrir. “Era important demostrar que es podia exhumar, que els polítics no tinguessin por de fer-ho”.

En un context marcat per la recent derogació de la llei balear de memòria democràtica per part de PP i Vox, les víctimes insisteixen que la reparació no acaba quan es localitza un cos. Sense polítiques públiques de memòria, adverteixen, les exhumacions corren el risc de convertir-se en simples operacions arqueològiques desproveïdes de context. Per això continuen reclamant veritat, justícia i reparació per retornar la dignitat als qui van ser assassinats i restituir una part de la història col·lectiva que durant massa temps va romandre enterrada sota la terra i el silenci.

El 15 de diciembre de 1936, dos guardias civiles y varios falangistas irrumpieron en casa de los suegros de Joan Canyelles Capllonch, en Esporles (Mallorca). Tenía 32 años. Picapedrer y afiliado a la Casa del Pueblo, formaba parte de una generación que había abrazado con convicción los cambios impulsados por la Segunda República en un municipio conocido entonces como la “pequeña Rusia” por su intensa actividad sindical y obrera. Tras el golpe militar de julio, intentó esconderse en una barraca del Port des Canonge. Después regresó a Esporles, pero una vecina acabó delatándolo.

Aquel día, sin poder despedirse de su mujer, Francisca, con quien tenía dos hijas pequeñas, Catalina y Magdalena, se lo llevaron a la fuerza, lo ataron y lo arrastraron por la calle. Después lo trasladaron hasta un viejo almacén de maderas situado en el centro de Palma y reconvertido en una de las cárceles más oscuras y trágicas de la represión franquista en Mallorca: la prisión de Can Mir. Un mes después, los carceleros gritaron su nombre. Junto a otros doce presos, fue esposado y conducido en camión, a lo largo de más de 30 kilómetros, hasta el muro de la Cruz de Porreres, el lugar donde, noche tras noche, los escuadrones fascistas llevaban a cabo sus ejecuciones. Allí lo acribillaron a tiros. Las hipótesis apuntan a que fue el último en morir: lo sugieren los disparos hallados en sus piernas, quizás al intentar huir tras presenciar el asesinato de sus compañeros. Su familia tardó más de ocho décadas en recuperar sus restos.

“Yo sabía que tenía que encontrarlo”. Guillem Mir habla despacio y visiblemente emocionado. Han pasado ocho años desde que pudo enterrar por fin a su abuelo, pero todavía recuerda con precisión el momento en que dejó de ser un desaparecido para volver a tener un nombre, una historia y una tumba. Hasta entonces, su familia, como las de tantos otros desaparecidos por el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, convivió con una ausencia suspendida en el tiempo y un duelo imposible de cerrar. “Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convirtiéndose en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida”, confiesa Guillem a elDiario.es.

Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convertido en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida

Guillem Mir — Nieto de Joan Canyelles Capllonch, asesinado por el franquismo

La ausencia heredada

La historia de Joan Canyelles Capllonch condensa la búsqueda incesante de aquellos que durante generaciones ignoraron dónde estaban sus muertos. Mientras los franquistas habían podido recuperar a los suyos casi desde el final de la guerra -el régimen facilitó la localización, exhumación y traslado de quienes habían fallecido en la retaguardia republicana-, los vencidos fueron condenados al silencio y al miedo. Las viudas -estigmatizadas y sin derecho a ningún tipo de reconocimiento ni pensión- recorrían cementerios, preguntaban a enterradores y, de forma infructuosa, seguían cualquier rumor con la esperanza de encontrar una pista, un botón, una prenda de ropa o cualquier rastro que las condujera hasta sus maridos. Los hijos -a quienes después se unirían los nietos- crecieron escuchando relatos fragmentarios, conversaciones susurradas y referencias imprecisas a cunetas, simas y pozos. En paralelo, la dictadura erigía monumentos, concedía honores y construía una memoria oficial que glorificaba a los 'caídos por Dios y por España'.

Sin embargo, casi cuarenta años de régimen no lograron borrar la memoria de los desaparecidos. Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo -cuando gran parte del país había decidido olvidar-, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000 -más de 60 años después de los asesinatos-, a abrirse paso en el debate público. Paul Preston lo llamó “la anomalía de España”: mientras el resto de países condenaban sus dictaduras, afrontando de una u otra forma el legado de sus regímenes autoritarios, la Transición española, en aras a la “reconciliación” nacional, había cerrado la puerta a la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, había optado por mantener a miles de desaparecidos en fosas comunes y había relegado la búsqueda de las víctimas al empeño de sus familias.

Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000, a abrirse paso en el debate público

“Era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'”, ilustra Miguel Rabal, nieto de otro de los represaliados del franquismo en Mallorca, Emilio García-Peñuela, al recordar los inicios de un movimiento memorialista que se enfrentaba a décadas de desinterés institucional, silencio social y ausencia de políticas públicas para localizar a los desaparecidos. En aquel momento, recuerda, no faltaban quienes los consideraban “cuatro viejos dando la paliza” con una guerra que para muchos pertenecía a un tiempo remoto y una historia que gran parte del país creía definitivamente cerrada.

Sin embargo, aquel empeño cristalizó en Balears con la creación de la asociación Memòria de Mallorca. Era el año 2006. La madre de Rabal asistió al acto fundacional, celebrado en el edificio de Sa Riera de Palma. Muchos de quienes acudieron eran ya ancianos que llevaban toda una vida esperando respuestas sobre el paradero de sus padres, hermanos o maridos. En una de las fotografías de aquel día aparecía una larga fila de hijos de represaliados. La reivindicación de todos ellos podía resumirse en una sola frase: “Queremos encontrarlos”.

[La labor inicial del movimiento memorialista tras décadas de silencio] era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'

Miguel Rabal — Nieto de Emilio García-Peñuela, represaliado por el franquismo

La ley que cambió las reglas

Sant Joan (Mallorca), junio de 2014. Bajo el sol abrasador de aquel verano, arqueólogos, forenses y familiares asisten a una escena inédita en Balears: la apertura de la primera fosa común de la guerra civil excavada en las islas. En el pequeño cementerio de esta localidad de 2.300 habitantes, las palas retiran las primeras capas de tierra mientras decenas de ojos siguen cada movimiento con una mezcla de expectación y nerviosismo. Muchos de los presentes llevan toda una vida esperando aquel momento. La intervención no está exenta de dificultades: parte de las sepulturas se encuentran ocultas bajo construcciones de hormigón, lo que obliga a desarrollar una compleja labor previa de investigación histórica, prospección arqueológica y retirada controlada de estructuras.

Durante seis días, la excavación combina documentación de archivo, testimonios orales, arqueología y antropología forense. Coordinados por Memòria de Mallorca y gracias al trabajo voluntario de especialistas del Laboratori de Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, los equipos avanzan centímetro a centímetro. El 20 de junio aparecen los primeros indicios inequívocos de la fosa. Dos días después, en presencia de los familiares, emergen a la luz los tres primeros cuerpos exhumados: corresponden a Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovart y Miquel Salom Ribot, tres campesinos de Maria de la Salut asesinados por los fascistas en octubre de 1936. Un año después, en junio de 2015, los análisis genéticos permiten devolverlos a sus familias.

El investigador Manel Suárez, autor de numerosas investigaciones sobre la Segunda República y el movimiento obrero de Mallorca, recuerda que la elección de Sant Joan para acometer la primera exhumación de una fosa de la guerra civil en Balears no fue casual. La entonces alcaldesa del municipio, la ecosoberanista Catalina Gayà -quien gobernaba con el apoyo del PP-, respaldó desde el primer momento la intervención, lo que facilitó que el proyecto pudiera salir adelante pese a la ausencia de apoyo institucional. “No recibimos ninguna ayuda”, rememora Suárez. Recuerda, asimismo, que, pese a hallar tres cuerpos con evidentes impactos de bala, ni jueces ni fiscales acudieron al lugar para investigar los hechos.

Con todo, el resultado superó todas las expectativas. La exhumación despertó un enorme interés social y mediático y se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en las islas. Ya no había vuelta atrás: la apertura de la fosa de Sant Joan demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, en junio de 2016, Balears daba el paso decisivo: la aprobación, por unanimidad, de la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, una norma que convirtió en obligación pública lo que hasta entonces había sido una lucha sostenida en solitario por familiares y activistas.

“Con esta ley se pretende cumplir con las obligaciones que tiene España con las víctimas de las desapariciones de la Guerra Civil y del franquismo, y también con quienes son sus familiares”, reza la exposición de motivos del texto. El Govern, presidido entonces por la socialista Francina Armengol, pasaba a asumir la responsabilidad de localizar fosas, elaborar mapas de enterramientos, impulsar análisis genéticos y coordinar los trabajos arqueológicos. Esta semana, la 'ley de fosas', que marcó un antes y un después en esta historia de incertidumbre colectiva y cambió la relación de Balears con uno de los capítulos más oscuros de su pasado reciente, ha cumplido 10 años. En todo este tiempo, la norma ha permitido recuperar los restos de 334 víctimas e identificar a 68 mediante técnicas forenses y pruebas genéticas.

La apertura de la fosa de Sant Joan, en 2014, demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, el Parlament aprobaba por unanimidad su 'ley de fosas', que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas e identificar a más de medio centenar

Su impacto resulta significativo en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Después de que, el 19 de julio de 1936, el recién proclamado comandante militar de Balears Manuel Goded declarase el estado de guerra y asumiera el control absoluto de Mallorca y Eivissa, se desató una intensa violencia que, como sostiene el historiador Bartomeu Garí Salleras, ya había sido planificada meses antes del conflicto y sería perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas. 

“Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables”, afirma Garí, autor de La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, con base en lo arrojado en Guerra Civil i repressió a Mallorca, del historiador Josep Massot Muntaner, uno de los estudiosos que durante la Transición se volcó en esclarecer cómo se desarrolló el conflicto bélico en la isla. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en las islas y más de 10.000 pasaron por prisión. A ellas se suman quienes sufrieron condenas consideradas injustas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre la mayor de las Balears y las Pitiüsas.

Desde la aprobación de la 'ley de fosas', las exhumaciones se han llevado a cabo siguiendo protocolos arqueológicos y forenses homologados internacionalmente. Los equipos delimitan las áreas de búsqueda mediante el estudio de archivos, testimonios y planos históricos, excavando después de forma manual y estratigráfica para preservar cualquier evidencia. Una vez localizados los restos, los especialistas documentan la posición de cada individuo, recuperan objetos asociados y trasladan los huesos a laboratorios de antropología forense. Allí analizan lesiones compatibles con ejecuciones, determinan el perfil biológico de las víctimas y, cuando es posible, realizan pruebas de ADN para cotejarlas con las muestras aportadas por familiares.

La ley balear de fosas ha permitido recuperar los restos de más de 330 víctimas e identificar a más de medio centenar en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Más de 2.000 personas asesinadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre Mallorca, Eivissa y Formentera

Mucho más que exhumar restos

Cada exhumación permite reconstruir biografías, documentar la represión y devolver historias al espacio público. Para Guillem Mir, la búsqueda de su abuelo acabó convirtiéndose en una parte inseparable de su propia vida. Cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos, Guillem sintió una punzada en el pecho. “Fue una emoción enorme”, rememora con lágrimas en los ojos. Durante años había perseguido documentos, testimonios y pistas dispersas para reconstruir la historia de su abuelo. De repente, aquella búsqueda dejaba de ser una hipótesis para convertirse en una certeza. “Lo encontramos”, resume. Por primera vez desde 1937, la familia sabía dónde había estado todo ese tiempo. Lo que comenzó como una inquietud familiar acabó transformándose en una necesidad íntima, casi en una obligación moral hacia un hombre al que nunca llegó a conocer, pero cuya ausencia marcó a varias generaciones.

Guillem reconoce que la desaparición de un familiar deja secuelas que atraviesan el tiempo. En su caso, el silencio heredado, las historias contadas a medias y la incertidumbre sobre el paradero de su abuelo acabaron formando parte de la identidad familiar. La identificación de los restos permitió poner fin a esa búsqueda.

“El día de la entrega fue un día que tampoco olvidaré nunca”, recuerda. Los forenses preguntaron a la familia si quería abrir la caja que contenía los restos de Joan Canyelles. Aceptaron. “Lo primero que vi fue el cráneo. Era muy pequeño, cabía en una caja así. Y había un agujero muy grande”. La emoción pudo más que las palabras. “No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso”. Aquel gesto puso fin a más de ochenta años de incertidumbre y permitió que su abuelo dejara de ser un desaparecido para regresar definitivamente a su familia.

Guillem nunca conoció a su abuelo, asesinado por los franquistas, pero para él 'fue una emoción enorme' cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos. Recuerda, con lágrimas en los ojos, que sintió una punzada en el pecho: 'No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso'

En conversación con elDiario.es, insiste en que la recuperación de los cuerpos va más allá del ámbito familiar. “La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar”, sostiene. Por eso considera que las exhumaciones no solo reparan a las víctimas y a sus descendientes, sino que ayudan a reconstruir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada. Desde entonces continúa investigando y recopilando documentación sobre otros represaliados de Esporles. “No paramos”, explica al hablar del archivo que ha construido junto a otros investigadores locales. Esa quizá sea la mayor herencia de la ley de fosas. No solo ha permitido recuperar cuerpos: ha contribuido a rescatar vidas enteras del olvido.

La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar

Guillem Mir — Nieto de Joan Canyelles Capllonch, represaliado por el franquismo

El ordenanza detenido en la sucursal del Banco de España

A cientos de kilómetros de Madrid, donde había nacido en 1899, Emilio García-Peñuela construyó una nueva vida en Mallorca. Había llegado a Palma en 1929 tras obtener una plaza de ordenanza en la sucursal del Banco de España. Socialista, laico y comprometido políticamente, frecuentaba la Casa del Pueblo y colaboraba económicamente con iniciativas obreras, incluso a pesar de las limitaciones económicas de una familia trabajadora con dos hijas pequeñas. Diez días después del golpe de Estado, la policía acudió hasta la sucursal para detenerlo. Desde allí fue trasladado hasta el castillo de Bellver, convertido entonces en prisión para centenares de detenidos republicanos. Era el 28 de julio de 1936.

Su nieto, Miguel Rabal, ha dedicado años a reconstruir aquella historia. La familia sabía que Emilio había sido detenido, pero desconocía muchos detalles de lo ocurrido. La investigación permitió descubrir cómo había sido vigilado durante años por sus ideas políticas y cómo acabó convertido en objetivo prioritario de la represión. “No era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto”, recuerda.

Mi abuelo no era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto

Miguel Rabal — Nieto de Emilio García-Peñuela, asesinado por el franquismo

Mucho antes de que los análisis genéticos confirmaran la identidad de su abuelo, Miguel ya albergaba una esperanza. Cuando comenzaron las exhumaciones y la recogida de muestras de ADN, su madre y su tía aportaron las suyas convencidas de que algún día podrían encontrarlo. Aquella posibilidad dejó de parecer remota durante la segunda campaña de excavaciones en la fosa de Son Coletes, en la localidad de Manacor, cuando decenas de familiares pudieron contemplar por primera vez los restos que emergían de la tierra tras ocho décadas de silencio. A apenas unos metros de distancia, dentro de la misma fosa, habían sido localizados los restos de Aurora Picornell, bautizada como la 'Pasionaria balear' e icono del republicanismo en Mallorca. Formaba parte de las conocidas como 'Rojas del Molinar', asesinadas por el franquismo la noche de reyes de 1937.

“Parecía que nos gritaban: 'Por fin nos habéis encontrado'”

El nieto de García-Peñuela rememora especialmente un pequeño acto celebrado junto a la fosa, sin tribunas ni grandes discursos. Los familiares se encontraban a escasos metros de los esqueletos recién exhumados. “Podíamos casi tocarlos”, recuerda. Sonaban un violonchelo y una flauta mientras los asistentes observaban aquellos cuerpos que, durante décadas, habían permanecido ocultos bajo tierra. Fue entonces cuando sintió algo difícil de explicar. “Parecía que los oías”, dice. “Como si nos estuvieran gritando: 'Por fin nos habéis encontrado'”. La imagen continúa emocionándole años después. “Hasta entonces todos ellos eran desaparecidos”, reflexiona. Frente a la fosa abierta, rodeado de familiares que llevaban décadas esperando respuestas, tuvo la sensación de que quienes yacían allí abajo recuperaban por fin aquello que les había sido arrebatado: un nombre, una historia y el derecho a ser encontrados.

Al igual que Guillem y tantos otros familiares, tampoco olvida la llamada que recibió en noviembre de 2022. Estaba solo, caminando por la Comuna de Bunyola, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, quien lleva décadas luchando por localizar a los desaparecidos del franquismo. Dos días antes le había enviado varias fotografías de su abuelo para una exposición sobre las víctimas de la represión. Al ver su nombre en la pantalla, intuyó que se trataba de aquel asunto. Sin embargo, bastaron apenas unas palabras para confirmar lo que llevaba años esperando: “Miguel, tu abuelo ha sido identificado”, recuerda que le dijo.

“Fue como si se hubiera roto un dique”

Miguel recuerda que intentó contenerse durante la conversación. Sabía que la activista había acompañado a decenas de familias en momentos similares -“tiene un hombro para eso y para todo lo que le echen”, subraya- y no quiso derrumbarse al teléfono. “Aguanté como pude”, rememora. Apenas recuerda qué le respondió. “Ya daba igual lo que dijera. Lo importante era otra cosa”. Fue después de colgar cuando la emoción acumulada durante años terminó por desbordarse. “Fue como si se hubiera roto un dique”, explica. De repente afloraron décadas de preguntas, de documentos consultados, de historias familiares reconstruidas y de incertidumbre. La llamada confirmaba que la búsqueda había terminado.

Se emociona de nuevo al recordar el día en que la familia recibió los restos de su abuelo. El acto se celebró en el cementerio de Son Valentí siguiendo un minucioso protocolo, diseñado para respetar los tiempos y los deseos de cada familia. Los forenses les preguntaron si querían abrir la caja que contenía los huesos recuperados de la fosa. También les consultaron si permitían la presencia de representantes institucionales y observadores internacionales. “Todo estaba hecho con una delicadeza extraordinaria. Entendían que cada familia vive esto de una manera distinta”, rememora.

Entre los asistentes se encontraba Favián Salvioli, relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, reparaciones y garantías de no repetición de la ONU. Lejos de percibirlo como una presencia ajena, Rabal lo interpretó como un reconocimiento a la dignidad de su abuelo. “Para mí fue un honor mayúsculo”, explica. “Era una persona que representaba a la humanidad acompañando a otra persona anónima y modesta en un momento tan importante”, añade. La imagen le sigue emocionando: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, Miguel vio por primera vez los restos de su abuelo. Se acercó al cráneo y lo tocó: “Lo conocí en aquel momento”.

Miguel Rabal continúa emocionándose al recordar el acto de homenaje a su abuelo: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, vio por primera al padre de su madre. Se acercó al cráneo y lo tocó: "Lo conocí en aquel momento"

Lejos de erigirse en protagonista, Miguel reivindica la perseverancia de activistas, historiadores y asociaciones memorialistas y cómo, con el paso de los años, demostraron que su empeño estaba lejos de ser una extravagancia. La aprobación de la ley balear de fosas en 2016 fue, para él, la prueba de que aquella obstinación había merecido la pena. Como Guillem, subraya que el verdadero alcance de las exhumaciones va mucho más allá de cada caso individual.

La arqueóloga Almudena García-Rubio, responsable de numerosas exhumaciones en las islas, explica que los planes de fosas impulsados en Balears fueron incorporando progresivamente nuevas disciplinas y herramientas para abordar las consecuencias de la represión. A la labor de arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores se sumaron especialistas en restauración, juristas, antropólogos sociales e, incluso, equipos de acompañamiento psicosocial para atender a los familiares durante todo el proceso. Durante la jornada organizada este viernes por la Universitat de les Illes Balears (UIB) para conmemorar los diez años de la ley de fosas, la investigadora subrayó que este enfoque multidisciplinar convirtió a las islas en una referencia dentro del Estado, al entender que la recuperación de los desaparecidos no consiste únicamente en localizar e identificar restos, sino también en acompañar a las familias y preservar la memoria de las víctimas.

Detrás de cada esqueleto hay una persona desaparecida y una familia que lleva décadas esperando respuesta

Almudena García-Rubio — Arqueóloga

La semilla del movimiento memorialista

Se trata de una idea que conecta directamente con el origen del propio movimiento memorialista. Porque para las asociaciones y los familiares nunca se trató únicamente de abrir una fosa o devolver unos huesos a sus descendientes. También implica reconstruir las historias que la represión intentó borrar, explicar quiénes fueron aquellas personas y reconocer públicamente las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron. Maria Antònia Oliver recuerda, de hecho, que el origen de Memòria de Mallorca nació de una convicción profundamente arraigada. “Tenía claro que en democracia tenemos derechos”, explica. No podía entender que hubiera familias que desconocían dónde estaban sus padres, hermanos o maridos y que las instituciones permanecieran al margen. Mucho antes de familiarizarse con conceptos como verdad, justicia y reparación, asegura que ya los sentía como una necesidad vital.

“No los conocía teóricamente, pero los sentía”, rememora. Le resultaba incomprensible que hubiera personas buscando a sus desaparecidos mientras jueces, fiscales y administraciones miraban hacia otro lado. “Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí”, afirma, mientras observaba cómo en otros países las desapariciones forzadas eran abordadas desde la justicia y los derechos humanos. Aquella inquietud nació de una experiencia personal -la búsqueda de su abuelo, Andreu París- que pronto descubrió compartida por centenares de familias.

Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En los primeros años de búsqueda, Oliver acudía a historiadores, archivos y testigos con una sensación incómoda. “A veces me sentía violenta pidiendo información. Pensaba que no debía ser yo quien lo hiciera; tenían que ser las instituciones o un juez quienes me lo dijeran”. Lo que había vivido en su propia familia lo encontraba repetido una y otra vez en los relatos de otros hijos y nietos de represaliados. Recuerda especialmente las historias de mujeres que habían pasado décadas preguntando por sus maridos desaparecidos y soportando burlas o insinuaciones. “Ni siquiera sabían si los habían matado porque no se lo decían”, lamenta.

Por eso insiste en que los avances logrados durante las últimas dos décadas no surgieron de la nada. Antes de las leyes, de los planes de fosas y de las exhumaciones institucionales hubo años de trabajo sigiloso de familiares y activistas recopilando testimonios, localizando enterramientos y elaborando los primeros listados de desaparecidos. “Si hoy tenemos un mapa de fosas es gracias a los familiares de las víctimas”, subraya. Aquella documentación permitió demostrar que las fosas existían y que podían abrirse. “Era importante demostrar que se podía exhumar, que los políticos no tuvieran miedo de hacerlo”.

En un contexto marcado por la reciente derogación de la ley balear de memoria democrática -la otra gran norma memorialista de las Islas- por parte de PP y Vox, las víctimas insisten en que la reparación no termina cuando se localiza un cuerpo. Sin políticas públicas de memoria, advierten, las exhumaciones corren el riesgo de convertirse en simples operaciones arqueológicas desprovistas de contexto. Por eso continúan reclamando verdad, justicia y reparación para devolver la dignidad a quienes fueron asesinados y restituir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada bajo la tierra y el silencio.

Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena se vistieron el uniforme de la República para defender al país del golpe de estado franquista. Intentaban volver del frente a su localidad natal de Castro Urdiales a pie por la montaña. Al llegar a la zona de Miera, fueron detenidos y torturados en el Alto del Machorro por un grupo de falangistas que les fusilaron en el pueblo cántabro de Mirones, que guardó la memoria del dramático suceso del 6 de septiembre de 1937.

Portillo tenía 22 años y procedía de una familia humilde de pescadores de Castro Urdiales. Romaña era pescador, padre de cinco hijos y afiliado a la CNT. Miquelarena, también pescador, abandonó la escuela siendo niño para ayudar a su familia y había sido concejal del Ayuntamiento de Castro antes de incorporarse a las filas republicanas. Tenía 27 años cuando fue asesinado.

Fue mucho más que un disparo mortal. Sus verdugos no se conformaron con eso y en aquella amarga madrugada arrojaron sus cuerpos al río, tal vez en la convicción de que la corriente lavaría las huellas de aquel crimen.

Pero, en cuanto desaparecieron los pistoleros, los vecinos de Mirones que lo habían visto todo corrieron hacia la orilla a tiempo de rescatar los cuerpos que enterraron posteriomente en una fosa común junto al cementerio parroquial de Mirones, en el municipio cántabro de Miera.

Allí quedaron enterrados en el silencio cómplice del pueblo, que no identificó el lugar para no provocar más represalias. Fueron sepultados sin nombre, sin ninguna señal junto a un muro de piedra.

Años después el Obispado acabó por integrar este recreo laico y unificó todo el camposanto como cementerio católico.

Sucedió hace 89 años. Sobre aquel terreno creció la hierba y la gente olvidó quienes estaban debajo. El trágico suceso habría caído en el olvido de no ser porque un testigo de aquella noche vivió para contarlo. Uno de los vecinos que enterró a los tres jóvenes le contó a la familia de uno de ellos dónde los habían dado sepultura. Con este testimonio, el año pasado se inició la búsqueda. El pasado mes de noviembre se hallaron por fin los restos.

Sus familiares habían estado buscándolos en Asturias, el último lugar desde donde tuvieron noticias suyas. Descubrir la historia ha sido una sorpresa mayúscula. De hecho, en el lugar instalaron una piedra con sus nombres que les ha identificado durante los últimos años. Solo faltaba abrir la fosa y comprobar que efectivamente ahí descansaban sus familiares.

Ahora, una vez que los cuerpos han sido identificados por los forenses y que se ha comprobado su identidad, el propio ministro de PolíticaTerritorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidirá un acto de homenaje en Castro Urdiales (Cantabria) para entregar los restos de las tres de las víctimas represaliadas a sus familiares.

Casi nueve décadas después sus nombres y su historia salen del olvido. En 2025 se iniciaron los trabajos de búsqueda, exhumación e identificación de los restos encargados por el Gobierno a la Asociación Héroes de la República y desarrollados por la sociedad científica especializada Aranzadi. Según este colectivo la fosa de Mirones no es el único enterramiento clandestino que queda en Cantabria donde calculan que aún existen alrededor de 140 fosas comunes pendientes de abrirse.

Según el mapa de fosas de RTVE.es, hay 154 fosas registradas en Cantabria, de las cuales 15 ya han sido exhumadas.

Casi noventa años después de que el miedo y el silencio se instalaran en Zarza la Mayor, en la provincia de Cáceres, los pozos de la antigua explotación de fosforita vuelven a convertirse en un lugar de búsqueda y memoria. En este enclave, tras el golpe de Estado de julio de 1936, las fuerzas franquistas ejecutaron y arrojaron a una veintena de vecinos de la zona y de municipios cercanos. En la actualidad, un grupo multidisciplinar de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad de Extremadura, con el respaldo de la Diputación cacereña, afronta una labor técnica de enorme dificultad para recuperar los cuerpos y restituir la dignidad de sus familias.

Tras décadas marcadas por mutismos, relatos orales y movilizaciones, las intervenciones arqueológicas iniciadas hace tres años en este paraje lograron un avance relevante el pasado octubre, cuando se localizaron restos humanos en la fosa situada bajo 300 toneladas de roca, a 36 metros de profundidad. Junto a los huesos aparecieron monedas, una cartera, un mechero y la suela de un zapato, además de otros efectos personales. No obstante, durante los últimos días no han surgido nuevas pistas, aunque los especialistas continuarán trabajando hasta el domingo con la esperanza de hallar más evidencias y culminar la recuperación de quienes fueron asesinados, un anhelo que sus descendientes mantienen con firmeza.

Del éxito de la cota 36 al vacío del pozo 3

En este nuevo intento, la búsqueda de las víctimas de La Paloma se ha vuelto a estructurar en torno a las investigaciones del historiador Julián Chaves. El plan original contemplaba la prospección de tres conductos de ventilación y pozos verticales que conectan con galerías subterráneas orientadas de norte a sur.

Los primeros trabajos en el Pozo 1 arrojaron un resultado esperanzador: tras remover toneladas de sedimentos y descender hasta una cota de 36 metros de profundidad, los técnicos de Aranzadi localizaron objetos personales y recuperaron los cuerpos de varias personas aún sin identificar. Aquel hallazgo confirmó de manera científica que la “leyenda” de la mina de La Paloma era una terrible realidad histórica.

Sin embargo, el número de cuerpos recuperados en el primer pozo fue inferior al esperado, lo que obligó a ampliar el radio de acción. El equipo se trasladó en esta nueva operación al Pozo 3, la estructura con un acceso más cómodo por su cercanía a la carretera, donde se sospechaba que también podían haberse arrojado cuerpos. “Empezamos a excavar a -19 metros. Hemos llegado a -26 metros de profundidad y no hay nada; hemos alcanzado el fin de la mina”, explica Asier Izaguirre Pasabán, técnico y especialista en progresión vertical de Aranzadi. “Una pena que no estén allí, pero al menos se confirma y se descarta definitivamente ese lugar”.

La batalla contra el agua en el Pozo 2: una repisa a cinco metros

Con el Pozo 3 descartado, todas las expectativas se centran ahora en el Pozo 2, una chimenea minera vertical que el equipo ha encontrado completamente inundada en todas sus visitas anteriores. Para poder acceder a ella, los técnicos han tenido que meter bombas de extracción y evacuar unos 500 metros cúbicos de agua —el equivalente a 500 cubos de un metro de lado—, aunque todavía queda una lámina de agua por retirar antes de poder excavar el lodo del fondo.

La gran esperanza del equipo radica en un hallazgo estructural inesperado en este pozo. Aunque la vertical del conducto debería caer directamente a 25 metros de profundidad, las tareas de vaciado han revelado una repisa de roca a tan solo 5 metros del brocal. “La esperanza que tenemos es que, si echaron los cuerpos por este pozo, rebotaran en esa repisa a 5 metros antes de caer al agua profunda”, detalla Izaguirre. Aunque los procesos de descomposición y las corrientes de agua suelen desplazar los restos hacia zonas más profundas y estrechas, el equipo confía en encontrar algún indicio óseo o pertenencia personal atrapada en este saliente rocoso antes de que expire la campaña actual el próximo domingo.

El compromiso de un voluntario de altura

La presencia de Asier Izaguirre en las exhumaciones más complejas del país no es casual. Formado en la cultura de la montaña vasca, Izaguirre compaginó durante años el himalayismo profesional junto a Edurne Pasabán y el soporte técnico en altura de expediciones de élite, con su labor de campo en Aranzadi. No obstante, su implicación en Zarza la Mayor responde a una vocación puramente humanitaria.

“Yo no me dedico a esto profesionalmente; pero colaboro como socio activo”, aclara Izaguirre, quien ha trabajado durante años en la poda de árboles de gran altura y actualmente instala líneas de vida en edificios, sistemas de anclaje anticaídas que protegen a los trabajadores que realizan tareas en altura en fachadas, cubiertas y tejados, evitando caídas mortales. “Cojo las vacaciones de mi trabajo para venir aquí a colaborar de manera voluntaria”. Su relación con Zarza comenzó en 2021, cuando visitó el terreno junto a los directores del proyecto, Paco Echeverria y Lourdes Herrasti, confirmando la viabilidad de una operación que hoy encara su fase más decisiva. “Cada vez que venimos a Zarza es una pasada; la gente del pueblo nos trata de manera espectacular y no nos han dejado cenar solos ni un solo día”.

Tensión política y seguridad bajo tierra

Los trabajos en la mina de La Paloma avanzan rodeados de una notable tensión política a la que nadie es ajeno. Recientemente, el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos de PP y Vox, la denominada 'Ley de Concordia', que deroga la anterior 'Ley de Memoria Histórica y Democrática' de la región de 2019. Esta situación ha generado una profunda preocupación en las asociaciones de víctimas y familiares, ya que la nueva normativa paraliza las intervenciones que no estuvieran previamente iniciadas.

A esta incertidumbre política se añade la presión técnica de trabajar en espacios confinados y de alta inestabilidad. Un accidente en un pozo de 26 metros de profundidad no solo pondría en peligro la vida de los trabajadores, sino que sería utilizado políticamente por los sectores opuestos a los procesos de memoria. “Para nosotros, y para todo el mundo, lo más importante es la seguridad”.

La campaña actual tiene como límite el próximo domingo. Si el agua del Pozo 2 no se vacía a tiempo o las excavaciones preliminares no arrojan restos antes de esa fecha, el equipo de Aranzadi se verá obligado a suspender las labores y esperar al próximo año por motivos de logística. Sin embargo, la persistencia de las familias y el compromiso de profesionales como Izaguirre garantizan que, tarde o temprano, la fosa de La Paloma terminará de revelar todos sus tristes y crueles secretos. Por más que, inexplicablemente, le moleste a algunos.

Ian Gibson (Dublín, 1939) lleva toda la vida estudiando a Federico García Lorca. El hispanista tenía 18 años cuando sintió la primera conexión con el universo lorquiano en una librería de ocasión de su ciudad natal. Nunca lo abandonó. Llegó a Granada en 1965 con la intención de hacer una tesis sobre la literatura del poeta español más universal, pero acabó investigando su asesinato y el posible paradero de sus restos, que se cree que fueron arrojados a algún lugar de Alfacar (Granada), tras ser fusilado por los franquistas. El crimen se cometió el 18 de agosto de 1936, solo un mes después de que un grupo de militares encabezados por Franco se sublevaran contra la República.

La obra de Lorca es admirada en todo el mundo y ha sido traducida a decenas de idiomas, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado a pesar de las búsquedas oficiales que se han llevado a cabo desde 2009. Al enigma vuelve otra vez el hispanista en No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido, que publica la editorial Aguilar este 21 de mayo y en el que repasa los “errores, ineficacias y silencios” que han rodeado a los intentos de encontrar los restos, algo a lo que desde el principio se ha opuesto la familia del poeta. “Tenemos que saber dónde están él y el resto de los miles de represaliados desaparecidos porque Lorca los representa a todos”, apunta Gibson.

90 años después de su asesinato hay una pregunta que sigue haciéndose mucha gente: ¿cómo es posible que los restos de Lorca no hayan aparecido aún?

Es una vergüenza que casi un siglo después no se hayan localizado, pero no es solo Lorca. Hablamos de un país que tiene miles de víctimas de la dictadura franquista todavía en cunetas. Aquí todavía la derecha habla de que se reabren heridas, pero en realidad es que no se han cerrado y este país solo se reconciliará cuando tengamos todos los cuerpos decentemente enterrados. Cuando vas a una exhumación te das cuenta de que no hay deseo de venganza, sino de encontrar al abuelo. Lorca es el poeta y dramaturgo español más conocido a nivel mundial, traducido a más de 40 idiomas: representa a esa España que todavía hay que buscar.

¿Qué supondría encontrar sus huesos?

Sería un alivio y algo acorde con su obra, que emana amor hacia el prójimo. Tenemos que saber dónde están él y el resto porque para mí Lorca los representa a todos. No para ponerle un monumento excesivo ni nada parecido, pero los huesos pueden revelar información, por ejemplo, si sufrió tortura. Es nuestra obligación ética e histórica encontrarlo.

Se han hecho varios intentos de búsqueda en Alfacar, el primero en 2009, en el lugar que le señaló a usted y a otras personas Manuel Castilla, el hombre que dijo haberle enterrado, sin embargo, solo se halló una roca. ¿Por qué cree que las prospecciones no han tenido éxito?

Esa es la pregunta. Las búsquedas no se han hecho bien, no han sido rigurosas ni se ha investigado suficientemente. En 2008 supimos que cuando se construyó el parque Federico García Lorca en Alfacar en 1986, la Diputación de Granada halló huesos que fueron enterrados de nuevo en otra parte del parque. Sin embargo, comunicar este hallazgo al juez podía hacer que se paralizara la obra y ya había una fecha elegida para la inauguración.

¿Su principal teoría es que estos podrían ser los restos del poeta?

Bueno, es una posibilidad, una hipótesis, algo que no se puede asegurar, pero que al menos sí debe investigarse a fondo. Según algunos testimonios, llegaron a aparecer trozos de madera que podrían ser de la muleta de Dióscoro Galindo, el maestro republicano que fue fusilado junto a Lorca y dos anarquistas. Ahora esto puede sonar como algo inventado, pero tal vez no... No lo sabemos. Lo que parece probable, según varios testimonios, es que los restos debieron trasladarse a donde hoy está la fuente monumental del parque, pero esta posibilidad no se ha explorado con rigurosidad.

Con lo que ya se sabe, ¿cuáles creen que deben ser los próximos pasos?

Sin lugar a dudas, hay que volver a Alfacar. Buscar en la fuente y en toda la zona porque también hay otros puntos en los que podría estar. Un país civilizado no puede permitirse esto en 2026. Se ha buscado mucho, lo sé, pero habría que poner todos los recursos en intentar encontrar a Lorca y a todas las personas que quedan. No fueron criminales, eran inocentes que luchaban por la República.

La familia de Lorca siempre se ha opuesto a buscar sus restos. En un inicio, uno de sus sobrinos hablaba de “profanación” y temía que se convirtiera en un “circo mediático”. Más actualmente, apuntan a que el poeta no debe distinguirse de los demás. Esto abre un debate sobre hasta qué punto la familia debe decidir o condicionar el proceso de búsqueda. ¿Entiende la posición?

La actitud de la familia no ha ayudado nada. Lorca pertenece a todos los que le aman y no es solo de sus progenitores ni de sus hermanos ni sus familiares, pertenece al mundo. Es mi opinión. Ellos lo ven de otra manera. Han llegado a decir que no se necesitan los huesos, que no nos van a enseñar nada, pero eso no es verdad. Parece que uno de sus asesinos fue diciendo por toda Granada que le había dado dos tiros en el culo por maricón. ¿No interesa saber cómo mataron al poeta español más grande de todos los tiempos? A mí sí.

¿Cree que la posición de la familia ha influido de alguna manera en que no se lleguen a encontrar los restos?

Sí, en parte porque nadie quería molestar a la familia. Y eso ha propiciado silencio y opacidad. En la primera búsqueda, la de 2009, debido a la resistencia de la familia lo que se dijo es que no se buscaba a Lorca, sino al resto. Empezar así cuando obviamente lo que se hacía principalmente era intentar encontrarle a él es empezar mal. Al principio tuve buena relación con ellos y su hermana Isabel apoyó mi proyecto de biografía (publicada en dos tomos en 1985 y 1987), pero fue aflorando el tema de su homosexualidad y se fue complicando. Para mí era central, pero entonces era tabú y se silenciaba. Una mujer burguesa granadina llegó a decirme que si hubiera sabido que era gay, no habría entrado en su casa.

Muchas de las personas que fueron arrojadas a enterramientos clandestinos no podrán ya ser recuperadas porque las fosas son inaccesibles y sobre ellas se ha construido desde viviendas a infraestructura municipal. ¿Puede que algo así haya pasado con Lorca?

Es posible, no lo niego porque muy cerca, a muy pocos metros, al otro lado del camino, hay una urbanización llamada El Caracolar. Allí en 2014 un jardinero encontró de forma fortuita un cráneo y avisó a la Guardia Civil, pero no se supo mucho más. Es posible que debajo de ese edificio haya restos porque siempre se ha dicho que cerca de la acequia que pasa por delante se situaba una zona de enterramientos de fusilados.

Sobre el paradero de Lorca ha habido todo tipo de teorías, se ha llegado a decir que está enterrado con su padre en Nueva York. ¿Es un tema especialmente abonado para los rumores?

Desde luego. Yo no podía ir a Granada sin que alguien me dijera algo sobre los restos. Se ha llegado a decir que lo llevaron a una iglesia y que se demolió, que realmente no lo mataron y 'se lo llevaron' unas monjas... Todo tipo de teorías con las que si se hiciera una investigación rigurosa, se terminaría. Desde hace mucho tiempo hay muchos bulos y ni siquiera estábamos aún en la era de las fake news.

A Lorca lo mataron por ser homosexual, apoyar a la República y atreverse a hacerlo en público. Ante el auge de la extrema derecha, ¿hasta qué punto está en peligro lo logrado en memoria histórica?

Lo está, la ultraderecha con el apoyo de la derecha del PP ya han declarado sus intenciones. Buscan olvidar el pasado y, como decía antes, no reabrir heridas en favor supuestamente de hacer a España grande. Todo ese discurso que tiene que ver con el imperialismo y la nostalgia, el querer conquistar y convencer a los demás con estas ideas me parece repugnante, trasnochado y peligroso. Lorca representó lo contrario. Sus manifestaciones, conferencias, recitales y su obra son revolucionarias, quiere cambiar la sociedad y lucha por la gente. Los franquistas tomaron nota rápido y eso no se puede olvidar.

Al final del libro enumera una serie de reflexiones a modo de ideas. La primera es la creación de una comisión de expertos nombrada por el Gobierno que revise toda la documentación del caso y vuelva a buscar. El actual Ejecutivo, en manos del PSOE y Sumar, lleva desde 2018 en el poder. ¿Debería haber dado más pasos en este sentido?

Quizá tendría que haber tomado cartas en el asunto de una forma más firme y decisiva. Las búsquedas han fracasado por ineficacia y yo creo que a nivel institucional hay en general cierta vergüenza por ello.

Su primer libro sobre Lorca lo publicó en París en 1971. Sufre lo que usted mismo llama “lorcamanía”. ¿De dónde viene?

Cuando tenía 18 años tenía el sueño de ser Catedrático de Francés, había que elegir otro idioma y fue el español. Un día en una librería de ocasión en Dublín me topé con unos libros de autores españoles: Cántico de Jorge Guillén, La voz a ti debida de Pedro Salinas y el Romancero Gitano de un tal García Lorca. Los compré, me encontré con el Romance de la Luna Luna y me enganché al momento. No conocía todas las palabras, pero capté lo que pasaba. Leí los versos en los que dice 'El jinete se acercaba / tocando el tambor del llano“ y pensé: '¿cómo puede un jinete tocar el tambor a la vez?'. Hasta que entendí que eran los cascos de los caballos. Fue mi primer descubrimiento de lo que es una imagen poética.

El proyecto para la identificación de restos exhumados de las fosas clandestinas del cementerio de Castuera (Badajoz) ha permitido poner nombre a dos víctimas de la represión franquista, Antonio Holguín León, natural de este municipio pacense, y Julián Gil Mera, de Villanueva de la Serena.

Los trabajos, desarrollados durante la segunda mitad de 2025, han sido promovidos por el Ayuntamiento de Castuera y la Asociación Memorial del Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través de la convocatoria de ayudas para actuaciones de recuperación de memoria democrática 2024-2025.

El proyecto ha estado dirigido por el Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, mientras que los análisis genéticos han sido realizados por el grupo de investigación BIOMICs de la Universidad del País Vasco, según ha informado el Consistorio castuerano en una nota.

La primera fase consistió en la recogida de muestras biológicas dubitadas de los restos exhumados entre 2011 y 2022, así como en la toma de muestras indubitadas a familiares de referencia incluidos en los listados elaborados por AMECADEC.

El análisis y ordenación de los datos ante mortem y post mortem ha permitido sistematizar toda la información generada y avanzar en un proceso de identificación especialmente complejo por el amplio contexto represivo que sufrió la localidad.

En Castuera existió una prisión del Partido Judicial y uno de los campos de concentración más importantes de la España franquista, por el que pasaron miles de prisioneros, ha recordado el Ayuntamiento. En el entorno de la localidad fueron asesinadas más de 300 personas durante la guerra y la posguerra.

El Ayuntamiento ha indicado que actualmente se mantiene el contacto con las familias para entregarles los restos y repararlos definitivamente.

Además, esta semana ha comenzado una nueva intervención en el cementerio municipal de Castuera para localizar otras fosas y exhumar más víctimas de la represión franquista. 

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

La Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta (AFFCCV) impulsa una nueva cata arqueológica en dicha fosa para recuperar los restos mortales de víctimas del franquismo. Lo han hecho en esta ocasión presentando un nuevo informe que incluye datos de archivos militares que creen que deben tenerse en cuenta y que aporta el investigador Víctor Manuel Martínez Perera. Asimismo una treintena de asociaciones, sindicatos y colectivos se han sumado a la recogida de firmas que está recogiendo la agrupación con el fin de reactivar esta lucha. 

El autor del informe explica que este trabajo de investigación ha surgido mientras realizaba un Trabajo Fin de Grado para la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos. Él mismo es sobrino-bisnieto del represaliado Pedro Perdomo Pérez (topo de La Isleta), encartado en la causa 1/36 en donde se condena a muerte a Los Cinco de La Isleta; otras seis personas son condenadas a reclusión perpetua.

Sus familiares solicitaron en su momento conocer el contenido de la causa judicial que ponía en requisitoria a Pedro Perdomo; así como conocer por qué fusilaron a sus cinco compañeros, todos ellos trabajadores del Puerto de La Isleta. 

Víctor Martínez incide durante el informe en la Causa Militar 1/36 y destaca en las primeras páginas de esta causa consta en el folio del lugar en donde fueron enterrados los dos soldados fallecidos el 20 de julio de 1936, refiriéndose al Cementerio de Vegueta. También menciona más adelante a otros represaliados que fueron enterrados en el Cuartel número 5 de la fosa primera. 

“Los soldados Francisco Andrade Gómez y Juan Jiménez Moriano quedan sepultados en la Fosa número tres uno y dos nichos respectivamente”, según consta en la Causa 1/36, en la página cinco. Tras seguir avanzando en el análisis de esta causa, se especifica “a dónde fueron a parar los cadáveres de los llamados Luis Cabrera Hernández, José Ramírez Alcántara, Nicolás Cordero Bautista, Antonio Betancor Luzardo y Manuel Ramos Gozález”: “Quedando los primeros en el Cuartel número 5 fosa primera y el llamado Ramos González en el nicho número 1.667 del ensanche”. 

El investigador tiene en cuenta además otro informe de la ARDF Desaparecidos que realizó por medio de los registros del cementerio de Vegueta. “Este informe publica que en julio de 1941 se entierran en la Fosa nº1 a 45 personas y en diciembre de 1953 a 53 personas más, cuando ya que las obras de los nichos ya habían sido realizadas, por lo que la numeración de este Cuartel no cambia y lo forman hasta 32 fosas; se continúa enterrando personas en la fosa nº 1 aunque se hayan realizado las obras, lo cual indica que esa fosa no debería estar por debajo de ese edificio”, subraya. 

El nuevo informe plantea que la gran mayoría de los asesinados entre septiembre de 1936 y principios de 1937 fueron enterrados de forma secuencial en el Cuartel nº 5 y esto incluye además de a “los Cinco de La Isleta”, grupos de militares destacados en Sidi Ifni y Cabo Juby y a “Los Cuatro de Telde” . 

“Dada la proximidad temporal de los fusilamientos de Los Cuatro de Telde en enero de 1937 con los Cinco de San Lorenzo en marzo del mismo año, se podía deducir que Juan Santana Vega y Francisco González Santana pueden encontrarse también en ese mismo Cuartel nº 5. También cabe la posibilidad que estas dos personas fueran enterradas en la fosa nº 2 del Cuartel nº6 al verse colmatada el cuartel nº 5 y continuar a la siguiente, la duda es saber si esa información en el registro es correcta”, añade el trabajo de investigación. 

Por ello, los familiares exigen que las administraciones investiguen a fondo las causas de los juicios sumarísimos en los archivos militares para localizar a todas las víctimas y también “que se reanuden las prospecciones y exhumaciones, abarcando todas las fosas si fuera necesario, para atenuar el sufrimiento de las familias y cumplir con el objetivo de reparación moral de la Ley de Memoria Democrática”. 

Con la investigación se exige a las administraciones que estudien a fondo las causas sumarísimas militares y aprueben el nuevo “Proyecto de Prospección” diseñado en 2025 por la entidad científica ArqueoAntro. El objetivo es investigar todas las fosas posibles para no mantener a las familias en una “continuada represión” por no poder recuperar a sus seres queridos. 

El informe apunta que la solicitud se ampara en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y exige que el Estado asuma su responsabilidad en la búsqueda de los desaparecidos.

Asimismo, incluye un anexo con las firmas de varios familiares de represaliados como Francisco González Tejera, Antonio Moriñigo, María Soledad Pérez, Yguarina Brito y Óscar Vizcaíno.

Un tedioso camino para conseguir la exhumación

En 2012 Francisco González Tejera y Juana del Pino González, familiares directos de los asesinados Francisco González Santana y Juan Santana Vega, dos de los denominados Los cinco de San Lorenzo, presentaron una denuncia y solicitaron la exhumación de los cuerpos y la investigación del caso ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta demanda fue desestimada, al igual que el recurso posterior que se interpuso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En 2013 se presenta un escrito en el Ayuntamiento solicitando la exhumación y más tarde se tuvieron en cuenta dos informes, uno de la Comisión Técnica de Memoria Histórica del Consistorio. 

En 2018, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizan conjuntamente un encargo por medio de un Convenio a la Universidad de Las Palmas de gran Canaria (ULPGC) a través de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico y el Departamento de Ciencias Históricas de dicha universidad. 

En ese período se realizaron una serie de sondeos en la fosa y se localizó los restos óseos de una persona. No obstante, el informe concluyó con resultados negativos respecto a la localización de las víctimas del franquismo. “La fosa es ilocalizable”, señaló el estudio. 

El autor del informe insiste en que en 2018 se zanjó la oportunidad de exhumar esta fosa basándose en un informe técnico. A su juicio, el proyecto de la ULPGC fracasó porque se basó en registros civiles incompletos y testimonios orales contradictorios, ignorando por completo los archivos históricos militares. “Es probable que al aportar la nueva prueba de las informaciones sobre una causa militar se tenga en cuenta para volver a investigar”, apunta Víctor Martínez a este periódico. 

“Yo me baso en que se debería excavar ese cuartel número cinco por las pruebas que yo aporto en el informe de esa causa judicial militar y porque puede ser que los registros estén mal porque hay un lapsus de tiempo en el que no hay registros y se empieza otra vez por la fosa número cinco. También incide en que no hay datos de que si se abrió la fosa del cementerio de Vegueta durante la dictadura (como apunta el anterior informe) no se especifica a dónde los llevaron e incide en que eso se debió haber registrado a dónde se llevaron esos cuerpos si es que sucedió así, porque fue en los años 40 o 50. ”Dudo que lo hayan limpiado porque había otros cementerios ya funcionando“, incide. En cualquier caso, cree que las dudas se despejarían cavando la fosa. 

Las familias siempre han reprochado las ilusiones y esperanzas que se les dieron desde las instituciones en todo momento. No obstante, Francisco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de los cinco de San Lorenzo ha seguido luchando en estos años en los que su padre Diego falleció sin poder recuperar los restos mortales de su padre. González llegó a recurrir el informe. 

En 2024, Francisco González mantuvo una reunión con el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana que le informó de que las solicitudes de familiares de represaliados inhumados pueden ser tramitadas por medio de una agrupación o asociación memorística y más si cabe, por la probabilidad de que existan más familiares relacionados con personas que se encuentren en ese lugar en concreto; estas personas también podrían unirse a esas mismas solicitudes. Por ello nace en septiembre de 2024 la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta (AFFCCV).

En octubre de 2024 se procede, por medio de la AFFCCV a realizar una nueva solicitud de exhumación al Ministerio de Memoria Democrática . A la misma vez se hace un llamamiento público por diferentes medios de comunicación de listados de personas fusiladas que según constan en los registros del Cementerio de Vegueta fueron enterradas en sus cuarteles. 

En fecha 20 de marzo de 2025 y tras mantener diferentes reuniones entre la agrupación es redactado y presentado el Proyecto de Prospección para la localización de víctimas del franquismo inhumadas en las Fosas del Cementerio de Vegueta con el objetivo de que sea impulsada una nueva prospección arqueológica desde el Ministerio. 

Por último, en el informe se explica que han presentado denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y que fue derivada a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, no teniendo respuesta en la actualidad de ese organismo u otro.

“Como ya se ha expuesto desde el inicio de este informe, se quiere hacer constar que hasta el momento no se han realizado todos los trabajos e investigaciones necesarios para localizar los documentos que indiquen los lugares en donde fueron inhumados las víctimas del franquismo fusiladas en La Isleta y enterradas en los cuarteles del Cementerio de Vegueta, como pueden ser las causas de juicios sumarísimos”, incide el documento. 

Por parte de la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta, se cree que aún se puede hacer más esfuerzo por parte de las administraciones para obtener esta información. Este jueves dará una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de este informe, el número de colectivos que les apoyan y sobre la denuncia en Fiscalía.

La Agrupación señala que entre los colectivos que han firmado la solicitud para la exhumación de la fosa se encuentran CCOO, UGT, Cobas, Alternativa Sindical Obrera Canaria, Asamblea Reivindicativa Canaria, Asociación de Memoria Democrática Niño Braulio, Asociación Sociocultural y Ambiental La Periferia, Centro Cultural Popular de Canarias, Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui, Federación Sindical Canaria, Foro Memoria Histórica de Canarias, Frente Sindical Obrero de Canarias, Fundación Canaria Juan Brito, Intersindical Canaria, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Realejera, Izquierda Unida Canaria, Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Plataforma Canaria por la Paz, Podemos Canarias, Radio San Borondón, Red Taknara, Reunir, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Guerrilla Urbana, Verdes Canarias y Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias. 

El van ficar de seguida en una furgoneta i des d'aquell dia no el vaig tornar a veure“. Dècades després que, el 28 d'agost de 1936, Antoni Sitges Febrer fos detingut per diversos falangistes a Son Macià (Mallorca), un dels seus fills recordava amb aquestes paraules el dia que s'endugueren el seu pare. Quasi 90 anys després, el Govern balear ha identificat les seves restes al cementeri de Son Coletes, a Manacor, tal com ha anunciat aquest dilluns la directora general de Relacions Institucionals, Francesca Ramis.

Antoni Sitges, conegut com a Morret o des Clot, tenia 46 anys, era foraviler (camperol), estava casat amb Teresa Antich Bisquerra —amb qui tenia tres fills— i exercia com a delegat municipal a Son Macià durant la Segona República. Un paper modest, sense gaire poder, però suficient per convertir-lo en objectiu després del cop franquista de 1936. El 28 d'agost d'aquell any va ser detingut a casa seva i assassinat el 7 de setembre a Son Coletes. No hi va haver judici ni acusació formal.

El relat de la seva detenció i desaparició ha quedat preservat en projectes públics de memòria democràtica com el Memorial de la Paraula, que recull el testimoni de Jaume Sitges Antich, un dels seus tres fills, ja traspassat. Tal com relata el document, diversos homes armats van arribar a casa seva, el van obligar a pujar a una furgoneta i mai no va tornar.

La seva família va intentar salvar-lo: igual que altres dos macianers que, juntament amb ell, havien estat tancats a la presó de Manacor, Lluís i Tomeu, necessitava reunir set signatures que acreditassin que era “persona de bé”, però només en va aconseguir sis. El clima de por al poble va fer impossible recaptar-ne la setena. En el cas de Lluís, la seva mare va trobar set persones que van signar per ell. No així en el cas d'Antoni: “La meva mare va trobar sis signatures, entre elles la del capellà”, explicava Sitges Antich en una entrevista publicada per Cent x Cent.

Una tarda en què la seva mare parlava amb el capellà al carrer, va passar pel seu costat l'amo en Martí Vives. El religiós li va dir: “No signaries per veure si deixen anar en Toni des Clot?”. A uns metres d'ells es trobava el nou batle, cap de la Falange, qui, en veure dubtar el veí, li va etzibar: “En bastaran sis, no importa que signi!”. “No va signar, i no vam trobar ningú més que ho volgués fer. L'endemà van matar el meu pare”.

Tanmateix, el seu assassinat es va conèixer molt més tard. Després de la detenció, la família va rebre informacions contradictòries sobre el seu parador i, durant mesos, les autoritats franquistes van comunicar que Antoni Sitges havia estat traslladat a Can Mir, un antic magatzem de fustes reconvertit en presó franquista. Allí es va implementar i normalitzar la pràctica de les 'saca': els presos eren “alliberats” i, conduïts sota engany per grups de falangistes, acabaven assassinats a les cunetes de les carreteres.

“Ningú ens volia dir res, i així vam passar els mesos sense saber segur si estava mort o viu. Fins que jo vaig fer 16 anys, set anys després, ens va arribar la fe de mort, el primer paper que certificava que al meu pare l'havien matat”, relatava Sitges Antich.

La repressió que no va acabar amb la mort

El testimoni familiar descriu també les conseqüències que van seguir a l'assassinat. Els seus fills van créixer marcats per l'estigma. “Els altres nens no volien que jugués amb ells ni a l'amagatall. Em deien: 'Perquè ets vermell, igual que el teu pare, que per això el van matar'”, recordava Sitges Antich. Les autoritats locals van intentar imposar-los símbols del règim, i la família va viure sota vigilància i marginació social.

Un dia —prossegueix el relat— el capellà va dir a la seva àvia: “Tenc que donar-te un paquetet”. Anava dirigit a la seva filla, Teresa, vídua d'Antoni Sitges. “Eren els sis rals que havíem enviat al meu pare per comprar tabac a la presó, i alguna cosa més, ara no me'n recordo. El capellà, que ho va confessar abans de morir, ho va guardar. Van passar anys abans que això arribàs a casa”.

Amb el pas del temps, la família intuïa que Antoni Sitges havia estat enterrat a Son Coletes, un dels principals escenaris de la repressió a Mallorca: “Surt el seu nom en algun llibre i sabem que és a Son Coletes, dins una fossa, però no sabem ni el lloc. Això és el més dur. Per Tots Sants no sabríem on portar-li un ram de flors”, relatava Sitges Antich.

La identificació mitjançant ADN posa fi ara a aquesta incertesa. Amb aquest cas, ja són 14 les víctimes identificades a Balears des de l'inici de la legislatura.

L'anunci coincideix amb l'inici de noves excavacions al cementeri de Son Servera, dins el V Pla de Fosses, on els equips cerquen noves evidències d'enterraments vinculats a la repressió franquista. Les primeres intervencions han tret a la llum criptes amb restes òssies en molt mal estat de conservació i han obert una nova línia d'investigació en una zona enjardinada on podria existir una fossa comuna amb milicians republicans.

El Govern assenyala que continuarà amb els treballs d'exhumació per retornar les restes a les famílies.

“Lo metieron enseguida en una furgoneta y desde ese día no lo volví a ver”. Décadas después de que, el 28 de agosto de 1936, Antoni Sitges Febrer fuese detenido por varios falangistas en Son Macià (Mallorca), uno de sus hijos recordaba con esas palabras el día en que se llevaron a su padre. Casi 90 años después, el Govern balear ha identificado sus restos en el cementerio de Son Coletes, en Manacor, tal como ha anunciado este lunes la directora general de Relaciones Institucionales, Francesca Ramis.

Antoni Sitges, conocido como Morret o des Clot, tenía 46 años, era foraviler -campesino-, estaba casado con Teresa Antich Bisquerra -con quien tenía tres hijos- y ejercía como delegado municipal en Son Macià durante la Segunda República. Un papel modesto, sin apenas poder, pero suficiente para convertirlo en objetivo tras el golpe franquista de 1936. El 28 de agosto de aquel año fue arrestado en su casa y asesinado el 7 de septiembre en Son Coletes. No hubo juicio ni acusación formal.

El relato de su detención y desaparición ha quedado preservado en proyectos públicos de memoria democrática como el Memorial de la Paraula, que recoge el testimonio de Jaume Sitges Antich, uno de sus tres hijos, ya fallecido. Como relata en el documento, varios hombres armados llegaron a su casa, lo obligaron a subir a una furgoneta y nunca regresó.

Su familia intentó salvarlo: al igual que otros dos macianers que junto a él habían sido encerrados en la cárcel de Manacor, Lluís y Tomeu, necesitaba reunir siete firmas que acreditaran que era “persona de bien”, pero solo consiguió seis. El clima de miedo en el pueblo hizo imposible recabar la última. En el caso de Lluís, su madre encontró a siete personas que firmaron por él. No así en el caso de Antoni: “Mi madre encontró seis firmas, entre ellas la del cura”, contaba Sitges Antich en una entrevista publicada por Cent x Cent.

Una tarde en que su madre hablaba con el cura en la calle, pasó a su lado l'amo en Martí Vives. El religioso le dijo: “¿No firmarías para ver si sueltan a Toni Des Clot?”. A unos metros de ellos se encontraba el nuevo alcalde, jefe de la Falange, quien, al ver dubitativo al vecino, le espetó: “Bastarán seis, ¡no importa que firme!”. “No firmó, y no encontramos a nadie más que lo quisiera hacer. Al día siguiente mataron a mi padre”.

Sin embargo, su asesinato se conoció mucho más tarde. Tras la detención, la familia recibió informaciones contradictorias sobre su paradero y, durante meses, las autoridades franquistas comunicaron que Antoni Sitges había sido trasladado a Can Mir, un antiguo almacén de maderas reconvertido en cárcel franquista.  Allí se implementó y normalizó la práctica de las 'sacas': los presos eran 'liberados' y, conducidos bajo engaño por grupos de falangistas, acababan asesinados en las cunetas de las carreteras.

“Nadie nos quería decir nada, y así pasamos los meses sin saber seguro si estaba muerto o vivo. Hasta que yo cumplí 16 años, siete años después. Nos llegó la fe de muerte, el primer papel que certificaba que a mi padre lo habían matado”, relataba Sitges Antich.

La represión que no terminó con la muerte

El testimonio familiar describe también las consecuencias que siguieron al asesinato. Sus hijos crecieron marcados por el estigma. “Los otros chavales no querían que jugara con ellos ni al escondite. Me decían: 'Porque eres rojo, igual que tu padre, que por eso lo mataron'”, recordaba Sitges Antich. Las autoridades locales intentaron imponerles símbolos del régimen, y la familia vivió bajo vigilancia y marginación social.

Un día -prosigue el relato-, el cura le dijo a su abuela: “Tengo que darte un paquetito”. Iba dirigido a su hija, Teresa, viuda de Antoni Sitges. “Eran los seis reales que habíamos enviado a mi padre para comprar tabaco en la prisión, y alguna cosa más, ahora no me acuerdo. El cura, que lo confesó antes de morir, lo guardó. Pasaron años antes de que esto llegara a casa”.

Con el paso del tiempo, la familia intuía que Antoni Sitges había sido enterrado en Son Coletes, uno de los principales escenarios de la represión en Mallorca: “Sale su nombre en algún libro y sabemos que es en Son Coletes, dentro de una fosa, pero no sabemos ni el lugar. Esto es lo duro. Por Todos los Santos no sabríamos adónde llevarle un ramo de flores”, relataba Sitges Antich.

La identificación mediante ADN pone fin ahora a esa incertidumbre. Con este caso, ya son 14 las víctimas identificadas en Balears desde el inicio de la legislatura.

El anuncio coincide con el inicio de nuevas excavaciones en el cementerio de Son Servera, dentro del V Plan de Fosas, donde los equipos buscan nuevas evidencias de enterramientos vinculados a la represión franquista. Las primeras intervenciones han sacado a la luz criptas con restos óseos en muy mal estado de conservación y han abierto una nueva línea de investigación en una zona ajardinada donde podría existir una fosa común con milicianos republicanos.

El Govern señala que continuará con los trabajos de exhumación para devolver los restos a las familias.