Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena se vistieron el uniforme de la República para defender al país del golpe de estado franquista. Intentaban volver del frente a su localidad natal de Castro Urdiales a pie por la montaña. Al llegar a la zona de Miera, fueron detenidos y torturados en el Alto del Machorro por un grupo de falangistas que les fusilaron en el pueblo cántabro de Mirones, que guardó la memoria del dramático suceso del 6 de septiembre de 1937.

Portillo tenía 22 años y procedía de una familia humilde de pescadores de Castro Urdiales. Romaña era pescador, padre de cinco hijos y afiliado a la CNT. Miquelarena, también pescador, abandonó la escuela siendo niño para ayudar a su familia y había sido concejal del Ayuntamiento de Castro antes de incorporarse a las filas republicanas. Tenía 27 años cuando fue asesinado.

Fue mucho más que un disparo mortal. Sus verdugos no se conformaron con eso y en aquella amarga madrugada arrojaron sus cuerpos al río, tal vez en la convicción de que la corriente lavaría las huellas de aquel crimen.

Pero, en cuanto desaparecieron los pistoleros, los vecinos de Mirones que lo habían visto todo corrieron hacia la orilla a tiempo de rescatar los cuerpos que enterraron posteriomente en una fosa común junto al cementerio parroquial de Mirones, en el municipio cántabro de Miera.

Allí quedaron enterrados en el silencio cómplice del pueblo, que no identificó el lugar para no provocar más represalias. Fueron sepultados sin nombre, sin ninguna señal junto a un muro de piedra.

Años después el Obispado acabó por integrar este recreo laico y unificó todo el camposanto como cementerio católico.

Sucedió hace 89 años. Sobre aquel terreno creció la hierba y la gente olvidó quienes estaban debajo. El trágico suceso habría caído en el olvido de no ser porque un testigo de aquella noche vivió para contarlo. Uno de los vecinos que enterró a los tres jóvenes le contó a la familia de uno de ellos dónde los habían dado sepultura. Con este testimonio, el año pasado se inició la búsqueda. El pasado mes de noviembre se hallaron por fin los restos.

Sus familiares habían estado buscándolos en Asturias, el último lugar desde donde tuvieron noticias suyas. Descubrir la historia ha sido una sorpresa mayúscula. De hecho, en el lugar instalaron una piedra con sus nombres que les ha identificado durante los últimos años. Solo faltaba abrir la fosa y comprobar que efectivamente ahí descansaban sus familiares.

Ahora, una vez que los cuerpos han sido identificados por los forenses y que se ha comprobado su identidad, el propio ministro de PolíticaTerritorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidirá un acto de homenaje en Castro Urdiales (Cantabria) para entregar los restos de las tres de las víctimas represaliadas a sus familiares.

Casi nueve décadas después sus nombres y su historia salen del olvido. En 2025 se iniciaron los trabajos de búsqueda, exhumación e identificación de los restos encargados por el Gobierno a la Asociación Héroes de la República y desarrollados por la sociedad científica especializada Aranzadi. Según este colectivo la fosa de Mirones no es el único enterramiento clandestino que queda en Cantabria donde calculan que aún existen alrededor de 140 fosas comunes pendientes de abrirse.

Según el mapa de fosas de RTVE.es, hay 154 fosas registradas en Cantabria, de las cuales 15 ya han sido exhumadas.

Casi noventa años después de que el miedo y el silencio se instalaran en Zarza la Mayor, en la provincia de Cáceres, los pozos de la antigua explotación de fosforita vuelven a convertirse en un lugar de búsqueda y memoria. En este enclave, tras el golpe de Estado de julio de 1936, las fuerzas franquistas ejecutaron y arrojaron a una veintena de vecinos de la zona y de municipios cercanos. En la actualidad, un grupo multidisciplinar de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad de Extremadura, con el respaldo de la Diputación cacereña, afronta una labor técnica de enorme dificultad para recuperar los cuerpos y restituir la dignidad de sus familias.

Tras décadas marcadas por mutismos, relatos orales y movilizaciones, las intervenciones arqueológicas iniciadas hace tres años en este paraje lograron un avance relevante el pasado octubre, cuando se localizaron restos humanos en la fosa situada bajo 300 toneladas de roca, a 36 metros de profundidad. Junto a los huesos aparecieron monedas, una cartera, un mechero y la suela de un zapato, además de otros efectos personales. No obstante, durante los últimos días no han surgido nuevas pistas, aunque los especialistas continuarán trabajando hasta el domingo con la esperanza de hallar más evidencias y culminar la recuperación de quienes fueron asesinados, un anhelo que sus descendientes mantienen con firmeza.

Del éxito de la cota 36 al vacío del pozo 3

En este nuevo intento, la búsqueda de las víctimas de La Paloma se ha vuelto a estructurar en torno a las investigaciones del historiador Julián Chaves. El plan original contemplaba la prospección de tres conductos de ventilación y pozos verticales que conectan con galerías subterráneas orientadas de norte a sur.

Los primeros trabajos en el Pozo 1 arrojaron un resultado esperanzador: tras remover toneladas de sedimentos y descender hasta una cota de 36 metros de profundidad, los técnicos de Aranzadi localizaron objetos personales y recuperaron los cuerpos de varias personas aún sin identificar. Aquel hallazgo confirmó de manera científica que la “leyenda” de la mina de La Paloma era una terrible realidad histórica.

Sin embargo, el número de cuerpos recuperados en el primer pozo fue inferior al esperado, lo que obligó a ampliar el radio de acción. El equipo se trasladó en esta nueva operación al Pozo 3, la estructura con un acceso más cómodo por su cercanía a la carretera, donde se sospechaba que también podían haberse arrojado cuerpos. “Empezamos a excavar a -19 metros. Hemos llegado a -26 metros de profundidad y no hay nada; hemos alcanzado el fin de la mina”, explica Asier Izaguirre Pasabán, técnico y especialista en progresión vertical de Aranzadi. “Una pena que no estén allí, pero al menos se confirma y se descarta definitivamente ese lugar”.

La batalla contra el agua en el Pozo 2: una repisa a cinco metros

Con el Pozo 3 descartado, todas las expectativas se centran ahora en el Pozo 2, una chimenea minera vertical que el equipo ha encontrado completamente inundada en todas sus visitas anteriores. Para poder acceder a ella, los técnicos han tenido que meter bombas de extracción y evacuar unos 500 metros cúbicos de agua —el equivalente a 500 cubos de un metro de lado—, aunque todavía queda una lámina de agua por retirar antes de poder excavar el lodo del fondo.

La gran esperanza del equipo radica en un hallazgo estructural inesperado en este pozo. Aunque la vertical del conducto debería caer directamente a 25 metros de profundidad, las tareas de vaciado han revelado una repisa de roca a tan solo 5 metros del brocal. “La esperanza que tenemos es que, si echaron los cuerpos por este pozo, rebotaran en esa repisa a 5 metros antes de caer al agua profunda”, detalla Izaguirre. Aunque los procesos de descomposición y las corrientes de agua suelen desplazar los restos hacia zonas más profundas y estrechas, el equipo confía en encontrar algún indicio óseo o pertenencia personal atrapada en este saliente rocoso antes de que expire la campaña actual el próximo domingo.

El compromiso de un voluntario de altura

La presencia de Asier Izaguirre en las exhumaciones más complejas del país no es casual. Formado en la cultura de la montaña vasca, Izaguirre compaginó durante años el himalayismo profesional junto a Edurne Pasabán y el soporte técnico en altura de expediciones de élite, con su labor de campo en Aranzadi. No obstante, su implicación en Zarza la Mayor responde a una vocación puramente humanitaria.

“Yo no me dedico a esto profesionalmente; pero colaboro como socio activo”, aclara Izaguirre, quien ha trabajado durante años en la poda de árboles de gran altura y actualmente instala líneas de vida en edificios, sistemas de anclaje anticaídas que protegen a los trabajadores que realizan tareas en altura en fachadas, cubiertas y tejados, evitando caídas mortales. “Cojo las vacaciones de mi trabajo para venir aquí a colaborar de manera voluntaria”. Su relación con Zarza comenzó en 2021, cuando visitó el terreno junto a los directores del proyecto, Paco Echeverria y Lourdes Herrasti, confirmando la viabilidad de una operación que hoy encara su fase más decisiva. “Cada vez que venimos a Zarza es una pasada; la gente del pueblo nos trata de manera espectacular y no nos han dejado cenar solos ni un solo día”.

Tensión política y seguridad bajo tierra

Los trabajos en la mina de La Paloma avanzan rodeados de una notable tensión política a la que nadie es ajeno. Recientemente, el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos de PP y Vox, la denominada 'Ley de Concordia', que deroga la anterior 'Ley de Memoria Histórica y Democrática' de la región de 2019. Esta situación ha generado una profunda preocupación en las asociaciones de víctimas y familiares, ya que la nueva normativa paraliza las intervenciones que no estuvieran previamente iniciadas.

A esta incertidumbre política se añade la presión técnica de trabajar en espacios confinados y de alta inestabilidad. Un accidente en un pozo de 26 metros de profundidad no solo pondría en peligro la vida de los trabajadores, sino que sería utilizado políticamente por los sectores opuestos a los procesos de memoria. “Para nosotros, y para todo el mundo, lo más importante es la seguridad”.

La campaña actual tiene como límite el próximo domingo. Si el agua del Pozo 2 no se vacía a tiempo o las excavaciones preliminares no arrojan restos antes de esa fecha, el equipo de Aranzadi se verá obligado a suspender las labores y esperar al próximo año por motivos de logística. Sin embargo, la persistencia de las familias y el compromiso de profesionales como Izaguirre garantizan que, tarde o temprano, la fosa de La Paloma terminará de revelar todos sus tristes y crueles secretos. Por más que, inexplicablemente, le moleste a algunos.

Ian Gibson (Dublín, 1939) lleva toda la vida estudiando a Federico García Lorca. El hispanista tenía 18 años cuando sintió la primera conexión con el universo lorquiano en una librería de ocasión de su ciudad natal. Nunca lo abandonó. Llegó a Granada en 1965 con la intención de hacer una tesis sobre la literatura del poeta español más universal, pero acabó investigando su asesinato y el posible paradero de sus restos, que se cree que fueron arrojados a algún lugar de Alfacar (Granada), tras ser fusilado por los franquistas. El crimen se cometió el 18 de agosto de 1936, solo un mes después de que un grupo de militares encabezados por Franco se sublevaran contra la República.

La obra de Lorca es admirada en todo el mundo y ha sido traducida a decenas de idiomas, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado a pesar de las búsquedas oficiales que se han llevado a cabo desde 2009. Al enigma vuelve otra vez el hispanista en No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido, que publica la editorial Aguilar este 21 de mayo y en el que repasa los “errores, ineficacias y silencios” que han rodeado a los intentos de encontrar los restos, algo a lo que desde el principio se ha opuesto la familia del poeta. “Tenemos que saber dónde están él y el resto de los miles de represaliados desaparecidos porque Lorca los representa a todos”, apunta Gibson.

90 años después de su asesinato hay una pregunta que sigue haciéndose mucha gente: ¿cómo es posible que los restos de Lorca no hayan aparecido aún?

Es una vergüenza que casi un siglo después no se hayan localizado, pero no es solo Lorca. Hablamos de un país que tiene miles de víctimas de la dictadura franquista todavía en cunetas. Aquí todavía la derecha habla de que se reabren heridas, pero en realidad es que no se han cerrado y este país solo se reconciliará cuando tengamos todos los cuerpos decentemente enterrados. Cuando vas a una exhumación te das cuenta de que no hay deseo de venganza, sino de encontrar al abuelo. Lorca es el poeta y dramaturgo español más conocido a nivel mundial, traducido a más de 40 idiomas: representa a esa España que todavía hay que buscar.

¿Qué supondría encontrar sus huesos?

Sería un alivio y algo acorde con su obra, que emana amor hacia el prójimo. Tenemos que saber dónde están él y el resto porque para mí Lorca los representa a todos. No para ponerle un monumento excesivo ni nada parecido, pero los huesos pueden revelar información, por ejemplo, si sufrió tortura. Es nuestra obligación ética e histórica encontrarlo.

Se han hecho varios intentos de búsqueda en Alfacar, el primero en 2009, en el lugar que le señaló a usted y a otras personas Manuel Castilla, el hombre que dijo haberle enterrado, sin embargo, solo se halló una roca. ¿Por qué cree que las prospecciones no han tenido éxito?

Esa es la pregunta. Las búsquedas no se han hecho bien, no han sido rigurosas ni se ha investigado suficientemente. En 2008 supimos que cuando se construyó el parque Federico García Lorca en Alfacar en 1986, la Diputación de Granada halló huesos que fueron enterrados de nuevo en otra parte del parque. Sin embargo, comunicar este hallazgo al juez podía hacer que se paralizara la obra y ya había una fecha elegida para la inauguración.

¿Su principal teoría es que estos podrían ser los restos del poeta?

Bueno, es una posibilidad, una hipótesis, algo que no se puede asegurar, pero que al menos sí debe investigarse a fondo. Según algunos testimonios, llegaron a aparecer trozos de madera que podrían ser de la muleta de Dióscoro Galindo, el maestro republicano que fue fusilado junto a Lorca y dos anarquistas. Ahora esto puede sonar como algo inventado, pero tal vez no... No lo sabemos. Lo que parece probable, según varios testimonios, es que los restos debieron trasladarse a donde hoy está la fuente monumental del parque, pero esta posibilidad no se ha explorado con rigurosidad.

Con lo que ya se sabe, ¿cuáles creen que deben ser los próximos pasos?

Sin lugar a dudas, hay que volver a Alfacar. Buscar en la fuente y en toda la zona porque también hay otros puntos en los que podría estar. Un país civilizado no puede permitirse esto en 2026. Se ha buscado mucho, lo sé, pero habría que poner todos los recursos en intentar encontrar a Lorca y a todas las personas que quedan. No fueron criminales, eran inocentes que luchaban por la República.

La familia de Lorca siempre se ha opuesto a buscar sus restos. En un inicio, uno de sus sobrinos hablaba de “profanación” y temía que se convirtiera en un “circo mediático”. Más actualmente, apuntan a que el poeta no debe distinguirse de los demás. Esto abre un debate sobre hasta qué punto la familia debe decidir o condicionar el proceso de búsqueda. ¿Entiende la posición?

La actitud de la familia no ha ayudado nada. Lorca pertenece a todos los que le aman y no es solo de sus progenitores ni de sus hermanos ni sus familiares, pertenece al mundo. Es mi opinión. Ellos lo ven de otra manera. Han llegado a decir que no se necesitan los huesos, que no nos van a enseñar nada, pero eso no es verdad. Parece que uno de sus asesinos fue diciendo por toda Granada que le había dado dos tiros en el culo por maricón. ¿No interesa saber cómo mataron al poeta español más grande de todos los tiempos? A mí sí.

¿Cree que la posición de la familia ha influido de alguna manera en que no se lleguen a encontrar los restos?

Sí, en parte porque nadie quería molestar a la familia. Y eso ha propiciado silencio y opacidad. En la primera búsqueda, la de 2009, debido a la resistencia de la familia lo que se dijo es que no se buscaba a Lorca, sino al resto. Empezar así cuando obviamente lo que se hacía principalmente era intentar encontrarle a él es empezar mal. Al principio tuve buena relación con ellos y su hermana Isabel apoyó mi proyecto de biografía (publicada en dos tomos en 1985 y 1987), pero fue aflorando el tema de su homosexualidad y se fue complicando. Para mí era central, pero entonces era tabú y se silenciaba. Una mujer burguesa granadina llegó a decirme que si hubiera sabido que era gay, no habría entrado en su casa.

Muchas de las personas que fueron arrojadas a enterramientos clandestinos no podrán ya ser recuperadas porque las fosas son inaccesibles y sobre ellas se ha construido desde viviendas a infraestructura municipal. ¿Puede que algo así haya pasado con Lorca?

Es posible, no lo niego porque muy cerca, a muy pocos metros, al otro lado del camino, hay una urbanización llamada El Caracolar. Allí en 2014 un jardinero encontró de forma fortuita un cráneo y avisó a la Guardia Civil, pero no se supo mucho más. Es posible que debajo de ese edificio haya restos porque siempre se ha dicho que cerca de la acequia que pasa por delante se situaba una zona de enterramientos de fusilados.

Sobre el paradero de Lorca ha habido todo tipo de teorías, se ha llegado a decir que está enterrado con su padre en Nueva York. ¿Es un tema especialmente abonado para los rumores?

Desde luego. Yo no podía ir a Granada sin que alguien me dijera algo sobre los restos. Se ha llegado a decir que lo llevaron a una iglesia y que se demolió, que realmente no lo mataron y 'se lo llevaron' unas monjas... Todo tipo de teorías con las que si se hiciera una investigación rigurosa, se terminaría. Desde hace mucho tiempo hay muchos bulos y ni siquiera estábamos aún en la era de las fake news.

A Lorca lo mataron por ser homosexual, apoyar a la República y atreverse a hacerlo en público. Ante el auge de la extrema derecha, ¿hasta qué punto está en peligro lo logrado en memoria histórica?

Lo está, la ultraderecha con el apoyo de la derecha del PP ya han declarado sus intenciones. Buscan olvidar el pasado y, como decía antes, no reabrir heridas en favor supuestamente de hacer a España grande. Todo ese discurso que tiene que ver con el imperialismo y la nostalgia, el querer conquistar y convencer a los demás con estas ideas me parece repugnante, trasnochado y peligroso. Lorca representó lo contrario. Sus manifestaciones, conferencias, recitales y su obra son revolucionarias, quiere cambiar la sociedad y lucha por la gente. Los franquistas tomaron nota rápido y eso no se puede olvidar.

Al final del libro enumera una serie de reflexiones a modo de ideas. La primera es la creación de una comisión de expertos nombrada por el Gobierno que revise toda la documentación del caso y vuelva a buscar. El actual Ejecutivo, en manos del PSOE y Sumar, lleva desde 2018 en el poder. ¿Debería haber dado más pasos en este sentido?

Quizá tendría que haber tomado cartas en el asunto de una forma más firme y decisiva. Las búsquedas han fracasado por ineficacia y yo creo que a nivel institucional hay en general cierta vergüenza por ello.

Su primer libro sobre Lorca lo publicó en París en 1971. Sufre lo que usted mismo llama “lorcamanía”. ¿De dónde viene?

Cuando tenía 18 años tenía el sueño de ser Catedrático de Francés, había que elegir otro idioma y fue el español. Un día en una librería de ocasión en Dublín me topé con unos libros de autores españoles: Cántico de Jorge Guillén, La voz a ti debida de Pedro Salinas y el Romancero Gitano de un tal García Lorca. Los compré, me encontré con el Romance de la Luna Luna y me enganché al momento. No conocía todas las palabras, pero capté lo que pasaba. Leí los versos en los que dice 'El jinete se acercaba / tocando el tambor del llano“ y pensé: '¿cómo puede un jinete tocar el tambor a la vez?'. Hasta que entendí que eran los cascos de los caballos. Fue mi primer descubrimiento de lo que es una imagen poética.

El proyecto para la identificación de restos exhumados de las fosas clandestinas del cementerio de Castuera (Badajoz) ha permitido poner nombre a dos víctimas de la represión franquista, Antonio Holguín León, natural de este municipio pacense, y Julián Gil Mera, de Villanueva de la Serena.

Los trabajos, desarrollados durante la segunda mitad de 2025, han sido promovidos por el Ayuntamiento de Castuera y la Asociación Memorial del Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través de la convocatoria de ayudas para actuaciones de recuperación de memoria democrática 2024-2025.

El proyecto ha estado dirigido por el Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, mientras que los análisis genéticos han sido realizados por el grupo de investigación BIOMICs de la Universidad del País Vasco, según ha informado el Consistorio castuerano en una nota.

La primera fase consistió en la recogida de muestras biológicas dubitadas de los restos exhumados entre 2011 y 2022, así como en la toma de muestras indubitadas a familiares de referencia incluidos en los listados elaborados por AMECADEC.

El análisis y ordenación de los datos ante mortem y post mortem ha permitido sistematizar toda la información generada y avanzar en un proceso de identificación especialmente complejo por el amplio contexto represivo que sufrió la localidad.

En Castuera existió una prisión del Partido Judicial y uno de los campos de concentración más importantes de la España franquista, por el que pasaron miles de prisioneros, ha recordado el Ayuntamiento. En el entorno de la localidad fueron asesinadas más de 300 personas durante la guerra y la posguerra.

El Ayuntamiento ha indicado que actualmente se mantiene el contacto con las familias para entregarles los restos y repararlos definitivamente.

Además, esta semana ha comenzado una nueva intervención en el cementerio municipal de Castuera para localizar otras fosas y exhumar más víctimas de la represión franquista. 

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

La Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta (AFFCCV) impulsa una nueva cata arqueológica en dicha fosa para recuperar los restos mortales de víctimas del franquismo. Lo han hecho en esta ocasión presentando un nuevo informe que incluye datos de archivos militares que creen que deben tenerse en cuenta y que aporta el investigador Víctor Manuel Martínez Perera. Asimismo una treintena de asociaciones, sindicatos y colectivos se han sumado a la recogida de firmas que está recogiendo la agrupación con el fin de reactivar esta lucha. 

El autor del informe explica que este trabajo de investigación ha surgido mientras realizaba un Trabajo Fin de Grado para la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos. Él mismo es sobrino-bisnieto del represaliado Pedro Perdomo Pérez (topo de La Isleta), encartado en la causa 1/36 en donde se condena a muerte a Los Cinco de La Isleta; otras seis personas son condenadas a reclusión perpetua.

Sus familiares solicitaron en su momento conocer el contenido de la causa judicial que ponía en requisitoria a Pedro Perdomo; así como conocer por qué fusilaron a sus cinco compañeros, todos ellos trabajadores del Puerto de La Isleta. 

Víctor Martínez incide durante el informe en la Causa Militar 1/36 y destaca en las primeras páginas de esta causa consta en el folio del lugar en donde fueron enterrados los dos soldados fallecidos el 20 de julio de 1936, refiriéndose al Cementerio de Vegueta. También menciona más adelante a otros represaliados que fueron enterrados en el Cuartel número 5 de la fosa primera. 

“Los soldados Francisco Andrade Gómez y Juan Jiménez Moriano quedan sepultados en la Fosa número tres uno y dos nichos respectivamente”, según consta en la Causa 1/36, en la página cinco. Tras seguir avanzando en el análisis de esta causa, se especifica “a dónde fueron a parar los cadáveres de los llamados Luis Cabrera Hernández, José Ramírez Alcántara, Nicolás Cordero Bautista, Antonio Betancor Luzardo y Manuel Ramos Gozález”: “Quedando los primeros en el Cuartel número 5 fosa primera y el llamado Ramos González en el nicho número 1.667 del ensanche”. 

El investigador tiene en cuenta además otro informe de la ARDF Desaparecidos que realizó por medio de los registros del cementerio de Vegueta. “Este informe publica que en julio de 1941 se entierran en la Fosa nº1 a 45 personas y en diciembre de 1953 a 53 personas más, cuando ya que las obras de los nichos ya habían sido realizadas, por lo que la numeración de este Cuartel no cambia y lo forman hasta 32 fosas; se continúa enterrando personas en la fosa nº 1 aunque se hayan realizado las obras, lo cual indica que esa fosa no debería estar por debajo de ese edificio”, subraya. 

El nuevo informe plantea que la gran mayoría de los asesinados entre septiembre de 1936 y principios de 1937 fueron enterrados de forma secuencial en el Cuartel nº 5 y esto incluye además de a “los Cinco de La Isleta”, grupos de militares destacados en Sidi Ifni y Cabo Juby y a “Los Cuatro de Telde” . 

“Dada la proximidad temporal de los fusilamientos de Los Cuatro de Telde en enero de 1937 con los Cinco de San Lorenzo en marzo del mismo año, se podía deducir que Juan Santana Vega y Francisco González Santana pueden encontrarse también en ese mismo Cuartel nº 5. También cabe la posibilidad que estas dos personas fueran enterradas en la fosa nº 2 del Cuartel nº6 al verse colmatada el cuartel nº 5 y continuar a la siguiente, la duda es saber si esa información en el registro es correcta”, añade el trabajo de investigación. 

Por ello, los familiares exigen que las administraciones investiguen a fondo las causas de los juicios sumarísimos en los archivos militares para localizar a todas las víctimas y también “que se reanuden las prospecciones y exhumaciones, abarcando todas las fosas si fuera necesario, para atenuar el sufrimiento de las familias y cumplir con el objetivo de reparación moral de la Ley de Memoria Democrática”. 

Con la investigación se exige a las administraciones que estudien a fondo las causas sumarísimas militares y aprueben el nuevo “Proyecto de Prospección” diseñado en 2025 por la entidad científica ArqueoAntro. El objetivo es investigar todas las fosas posibles para no mantener a las familias en una “continuada represión” por no poder recuperar a sus seres queridos. 

El informe apunta que la solicitud se ampara en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y exige que el Estado asuma su responsabilidad en la búsqueda de los desaparecidos.

Asimismo, incluye un anexo con las firmas de varios familiares de represaliados como Francisco González Tejera, Antonio Moriñigo, María Soledad Pérez, Yguarina Brito y Óscar Vizcaíno.

Un tedioso camino para conseguir la exhumación

En 2012 Francisco González Tejera y Juana del Pino González, familiares directos de los asesinados Francisco González Santana y Juan Santana Vega, dos de los denominados Los cinco de San Lorenzo, presentaron una denuncia y solicitaron la exhumación de los cuerpos y la investigación del caso ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta demanda fue desestimada, al igual que el recurso posterior que se interpuso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En 2013 se presenta un escrito en el Ayuntamiento solicitando la exhumación y más tarde se tuvieron en cuenta dos informes, uno de la Comisión Técnica de Memoria Histórica del Consistorio. 

En 2018, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizan conjuntamente un encargo por medio de un Convenio a la Universidad de Las Palmas de gran Canaria (ULPGC) a través de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico y el Departamento de Ciencias Históricas de dicha universidad. 

En ese período se realizaron una serie de sondeos en la fosa y se localizó los restos óseos de una persona. No obstante, el informe concluyó con resultados negativos respecto a la localización de las víctimas del franquismo. “La fosa es ilocalizable”, señaló el estudio. 

El autor del informe insiste en que en 2018 se zanjó la oportunidad de exhumar esta fosa basándose en un informe técnico. A su juicio, el proyecto de la ULPGC fracasó porque se basó en registros civiles incompletos y testimonios orales contradictorios, ignorando por completo los archivos históricos militares. “Es probable que al aportar la nueva prueba de las informaciones sobre una causa militar se tenga en cuenta para volver a investigar”, apunta Víctor Martínez a este periódico. 

“Yo me baso en que se debería excavar ese cuartel número cinco por las pruebas que yo aporto en el informe de esa causa judicial militar y porque puede ser que los registros estén mal porque hay un lapsus de tiempo en el que no hay registros y se empieza otra vez por la fosa número cinco. También incide en que no hay datos de que si se abrió la fosa del cementerio de Vegueta durante la dictadura (como apunta el anterior informe) no se especifica a dónde los llevaron e incide en que eso se debió haber registrado a dónde se llevaron esos cuerpos si es que sucedió así, porque fue en los años 40 o 50. ”Dudo que lo hayan limpiado porque había otros cementerios ya funcionando“, incide. En cualquier caso, cree que las dudas se despejarían cavando la fosa. 

Las familias siempre han reprochado las ilusiones y esperanzas que se les dieron desde las instituciones en todo momento. No obstante, Francisco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de los cinco de San Lorenzo ha seguido luchando en estos años en los que su padre Diego falleció sin poder recuperar los restos mortales de su padre. González llegó a recurrir el informe. 

En 2024, Francisco González mantuvo una reunión con el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana que le informó de que las solicitudes de familiares de represaliados inhumados pueden ser tramitadas por medio de una agrupación o asociación memorística y más si cabe, por la probabilidad de que existan más familiares relacionados con personas que se encuentren en ese lugar en concreto; estas personas también podrían unirse a esas mismas solicitudes. Por ello nace en septiembre de 2024 la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta (AFFCCV).

En octubre de 2024 se procede, por medio de la AFFCCV a realizar una nueva solicitud de exhumación al Ministerio de Memoria Democrática . A la misma vez se hace un llamamiento público por diferentes medios de comunicación de listados de personas fusiladas que según constan en los registros del Cementerio de Vegueta fueron enterradas en sus cuarteles. 

En fecha 20 de marzo de 2025 y tras mantener diferentes reuniones entre la agrupación es redactado y presentado el Proyecto de Prospección para la localización de víctimas del franquismo inhumadas en las Fosas del Cementerio de Vegueta con el objetivo de que sea impulsada una nueva prospección arqueológica desde el Ministerio. 

Por último, en el informe se explica que han presentado denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y que fue derivada a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, no teniendo respuesta en la actualidad de ese organismo u otro.

“Como ya se ha expuesto desde el inicio de este informe, se quiere hacer constar que hasta el momento no se han realizado todos los trabajos e investigaciones necesarios para localizar los documentos que indiquen los lugares en donde fueron inhumados las víctimas del franquismo fusiladas en La Isleta y enterradas en los cuarteles del Cementerio de Vegueta, como pueden ser las causas de juicios sumarísimos”, incide el documento. 

Por parte de la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta, se cree que aún se puede hacer más esfuerzo por parte de las administraciones para obtener esta información. Este jueves dará una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de este informe, el número de colectivos que les apoyan y sobre la denuncia en Fiscalía.

La Agrupación señala que entre los colectivos que han firmado la solicitud para la exhumación de la fosa se encuentran CCOO, UGT, Cobas, Alternativa Sindical Obrera Canaria, Asamblea Reivindicativa Canaria, Asociación de Memoria Democrática Niño Braulio, Asociación Sociocultural y Ambiental La Periferia, Centro Cultural Popular de Canarias, Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui, Federación Sindical Canaria, Foro Memoria Histórica de Canarias, Frente Sindical Obrero de Canarias, Fundación Canaria Juan Brito, Intersindical Canaria, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Realejera, Izquierda Unida Canaria, Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Plataforma Canaria por la Paz, Podemos Canarias, Radio San Borondón, Red Taknara, Reunir, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Guerrilla Urbana, Verdes Canarias y Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias. 

El van ficar de seguida en una furgoneta i des d'aquell dia no el vaig tornar a veure“. Dècades després que, el 28 d'agost de 1936, Antoni Sitges Febrer fos detingut per diversos falangistes a Son Macià (Mallorca), un dels seus fills recordava amb aquestes paraules el dia que s'endugueren el seu pare. Quasi 90 anys després, el Govern balear ha identificat les seves restes al cementeri de Son Coletes, a Manacor, tal com ha anunciat aquest dilluns la directora general de Relacions Institucionals, Francesca Ramis.

Antoni Sitges, conegut com a Morret o des Clot, tenia 46 anys, era foraviler (camperol), estava casat amb Teresa Antich Bisquerra —amb qui tenia tres fills— i exercia com a delegat municipal a Son Macià durant la Segona República. Un paper modest, sense gaire poder, però suficient per convertir-lo en objectiu després del cop franquista de 1936. El 28 d'agost d'aquell any va ser detingut a casa seva i assassinat el 7 de setembre a Son Coletes. No hi va haver judici ni acusació formal.

El relat de la seva detenció i desaparició ha quedat preservat en projectes públics de memòria democràtica com el Memorial de la Paraula, que recull el testimoni de Jaume Sitges Antich, un dels seus tres fills, ja traspassat. Tal com relata el document, diversos homes armats van arribar a casa seva, el van obligar a pujar a una furgoneta i mai no va tornar.

La seva família va intentar salvar-lo: igual que altres dos macianers que, juntament amb ell, havien estat tancats a la presó de Manacor, Lluís i Tomeu, necessitava reunir set signatures que acreditassin que era “persona de bé”, però només en va aconseguir sis. El clima de por al poble va fer impossible recaptar-ne la setena. En el cas de Lluís, la seva mare va trobar set persones que van signar per ell. No així en el cas d'Antoni: “La meva mare va trobar sis signatures, entre elles la del capellà”, explicava Sitges Antich en una entrevista publicada per Cent x Cent.

Una tarda en què la seva mare parlava amb el capellà al carrer, va passar pel seu costat l'amo en Martí Vives. El religiós li va dir: “No signaries per veure si deixen anar en Toni des Clot?”. A uns metres d'ells es trobava el nou batle, cap de la Falange, qui, en veure dubtar el veí, li va etzibar: “En bastaran sis, no importa que signi!”. “No va signar, i no vam trobar ningú més que ho volgués fer. L'endemà van matar el meu pare”.

Tanmateix, el seu assassinat es va conèixer molt més tard. Després de la detenció, la família va rebre informacions contradictòries sobre el seu parador i, durant mesos, les autoritats franquistes van comunicar que Antoni Sitges havia estat traslladat a Can Mir, un antic magatzem de fustes reconvertit en presó franquista. Allí es va implementar i normalitzar la pràctica de les 'saca': els presos eren “alliberats” i, conduïts sota engany per grups de falangistes, acabaven assassinats a les cunetes de les carreteres.

“Ningú ens volia dir res, i així vam passar els mesos sense saber segur si estava mort o viu. Fins que jo vaig fer 16 anys, set anys després, ens va arribar la fe de mort, el primer paper que certificava que al meu pare l'havien matat”, relatava Sitges Antich.

La repressió que no va acabar amb la mort

El testimoni familiar descriu també les conseqüències que van seguir a l'assassinat. Els seus fills van créixer marcats per l'estigma. “Els altres nens no volien que jugués amb ells ni a l'amagatall. Em deien: 'Perquè ets vermell, igual que el teu pare, que per això el van matar'”, recordava Sitges Antich. Les autoritats locals van intentar imposar-los símbols del règim, i la família va viure sota vigilància i marginació social.

Un dia —prossegueix el relat— el capellà va dir a la seva àvia: “Tenc que donar-te un paquetet”. Anava dirigit a la seva filla, Teresa, vídua d'Antoni Sitges. “Eren els sis rals que havíem enviat al meu pare per comprar tabac a la presó, i alguna cosa més, ara no me'n recordo. El capellà, que ho va confessar abans de morir, ho va guardar. Van passar anys abans que això arribàs a casa”.

Amb el pas del temps, la família intuïa que Antoni Sitges havia estat enterrat a Son Coletes, un dels principals escenaris de la repressió a Mallorca: “Surt el seu nom en algun llibre i sabem que és a Son Coletes, dins una fossa, però no sabem ni el lloc. Això és el més dur. Per Tots Sants no sabríem on portar-li un ram de flors”, relatava Sitges Antich.

La identificació mitjançant ADN posa fi ara a aquesta incertesa. Amb aquest cas, ja són 14 les víctimes identificades a Balears des de l'inici de la legislatura.

L'anunci coincideix amb l'inici de noves excavacions al cementeri de Son Servera, dins el V Pla de Fosses, on els equips cerquen noves evidències d'enterraments vinculats a la repressió franquista. Les primeres intervencions han tret a la llum criptes amb restes òssies en molt mal estat de conservació i han obert una nova línia d'investigació en una zona enjardinada on podria existir una fossa comuna amb milicians republicans.

El Govern assenyala que continuarà amb els treballs d'exhumació per retornar les restes a les famílies.

“Lo metieron enseguida en una furgoneta y desde ese día no lo volví a ver”. Décadas después de que, el 28 de agosto de 1936, Antoni Sitges Febrer fuese detenido por varios falangistas en Son Macià (Mallorca), uno de sus hijos recordaba con esas palabras el día en que se llevaron a su padre. Casi 90 años después, el Govern balear ha identificado sus restos en el cementerio de Son Coletes, en Manacor, tal como ha anunciado este lunes la directora general de Relaciones Institucionales, Francesca Ramis.

Antoni Sitges, conocido como Morret o des Clot, tenía 46 años, era foraviler -campesino-, estaba casado con Teresa Antich Bisquerra -con quien tenía tres hijos- y ejercía como delegado municipal en Son Macià durante la Segunda República. Un papel modesto, sin apenas poder, pero suficiente para convertirlo en objetivo tras el golpe franquista de 1936. El 28 de agosto de aquel año fue arrestado en su casa y asesinado el 7 de septiembre en Son Coletes. No hubo juicio ni acusación formal.

El relato de su detención y desaparición ha quedado preservado en proyectos públicos de memoria democrática como el Memorial de la Paraula, que recoge el testimonio de Jaume Sitges Antich, uno de sus tres hijos, ya fallecido. Como relata en el documento, varios hombres armados llegaron a su casa, lo obligaron a subir a una furgoneta y nunca regresó.

Su familia intentó salvarlo: al igual que otros dos macianers que junto a él habían sido encerrados en la cárcel de Manacor, Lluís y Tomeu, necesitaba reunir siete firmas que acreditaran que era “persona de bien”, pero solo consiguió seis. El clima de miedo en el pueblo hizo imposible recabar la última. En el caso de Lluís, su madre encontró a siete personas que firmaron por él. No así en el caso de Antoni: “Mi madre encontró seis firmas, entre ellas la del cura”, contaba Sitges Antich en una entrevista publicada por Cent x Cent.

Una tarde en que su madre hablaba con el cura en la calle, pasó a su lado l'amo en Martí Vives. El religioso le dijo: “¿No firmarías para ver si sueltan a Toni Des Clot?”. A unos metros de ellos se encontraba el nuevo alcalde, jefe de la Falange, quien, al ver dubitativo al vecino, le espetó: “Bastarán seis, ¡no importa que firme!”. “No firmó, y no encontramos a nadie más que lo quisiera hacer. Al día siguiente mataron a mi padre”.

Sin embargo, su asesinato se conoció mucho más tarde. Tras la detención, la familia recibió informaciones contradictorias sobre su paradero y, durante meses, las autoridades franquistas comunicaron que Antoni Sitges había sido trasladado a Can Mir, un antiguo almacén de maderas reconvertido en cárcel franquista.  Allí se implementó y normalizó la práctica de las 'sacas': los presos eran 'liberados' y, conducidos bajo engaño por grupos de falangistas, acababan asesinados en las cunetas de las carreteras.

“Nadie nos quería decir nada, y así pasamos los meses sin saber seguro si estaba muerto o vivo. Hasta que yo cumplí 16 años, siete años después. Nos llegó la fe de muerte, el primer papel que certificaba que a mi padre lo habían matado”, relataba Sitges Antich.

La represión que no terminó con la muerte

El testimonio familiar describe también las consecuencias que siguieron al asesinato. Sus hijos crecieron marcados por el estigma. “Los otros chavales no querían que jugara con ellos ni al escondite. Me decían: 'Porque eres rojo, igual que tu padre, que por eso lo mataron'”, recordaba Sitges Antich. Las autoridades locales intentaron imponerles símbolos del régimen, y la familia vivió bajo vigilancia y marginación social.

Un día -prosigue el relato-, el cura le dijo a su abuela: “Tengo que darte un paquetito”. Iba dirigido a su hija, Teresa, viuda de Antoni Sitges. “Eran los seis reales que habíamos enviado a mi padre para comprar tabaco en la prisión, y alguna cosa más, ahora no me acuerdo. El cura, que lo confesó antes de morir, lo guardó. Pasaron años antes de que esto llegara a casa”.

Con el paso del tiempo, la familia intuía que Antoni Sitges había sido enterrado en Son Coletes, uno de los principales escenarios de la represión en Mallorca: “Sale su nombre en algún libro y sabemos que es en Son Coletes, dentro de una fosa, pero no sabemos ni el lugar. Esto es lo duro. Por Todos los Santos no sabríamos adónde llevarle un ramo de flores”, relataba Sitges Antich.

La identificación mediante ADN pone fin ahora a esa incertidumbre. Con este caso, ya son 14 las víctimas identificadas en Balears desde el inicio de la legislatura.

El anuncio coincide con el inicio de nuevas excavaciones en el cementerio de Son Servera, dentro del V Plan de Fosas, donde los equipos buscan nuevas evidencias de enterramientos vinculados a la represión franquista. Las primeras intervenciones han sacado a la luz criptas con restos óseos en muy mal estado de conservación y han abierto una nueva línea de investigación en una zona ajardinada donde podría existir una fosa común con milicianos republicanos.

El Govern señala que continuará con los trabajos de exhumación para devolver los restos a las familias.

La intervención desarrollada en el cementerio municipal de Berlanga (Badajoz) ha evidenciado, por primera vez, la existencia de una fosa común de la Guerra Civil con, al menos, dos individuos represaliados inhumados en la misma. El hallazgo se ha producido en el marco de una intervención arqueológica promovida por el ayuntamiento, financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la colaboración de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica Campiña Sur, entidad que canalizó la solicitud de la familia de Rafael Sanabria Barragán, asesinado el 28 de septiembre de 1936 en la localidad pacense. 

Esta primera fase del proyecto ha permitido desarrollar labores de investigación histórica y localización de fosas dentro del camposanto. El equipo técnico multidisciplinar se encuentra integrado por Félix Bizarro, arqueólogo y director del proyecto, Adriana Martín, arqueóloga y antropóloga forense y Juan Manuel Lima, historiador.

La intervención arqueológica, desarrollada durante este mes de abril, ha consistido en la ejecución de diferentes sondeos en aquellos espacios donde los testimonios familiares y la memoria oral situaban la ubicación de posibles fosas comunes, tanto en el interior como en el exterior del recinto cementerial, obteniendo finalmente resultados positivos en un patio dentro del recinto.

En la fosa documentada, en forma de zanja, se han identificado, por el momento, los restos óseos de, al menos, dos individuos compatibles con víctimas de la represión. Además, en el relleno de la propia fosa se han recuperado materiales represivos asociados a hechos violentos, entre ellos dos vainas de 7 mm de fusil Mauser y un fragmento de proyectil. 

Este hallazgo supone especial relevancia histórica puesto que el cementerio de Berlanga no figuraba en el Mapa de Fosas de Extremadura, abriendo con ello nuevas líneas de investigación sobre la represión en la comarca. Además, las investigaciones iniciales estimaban en 32 personas el número de víctimas de la represión asesinadas en Berlanga, sin embargo, los nuevos datos obtenidos durante la fase de investigación histórica y arqueológica apuntan a que esta cifra podría verse ampliamente superada, llegando incluso a duplicarse.

Desde la organización del proyecto se subraya que este hallazgo supone “un primer paso fundamental para recuperar la memoria histórica de Berlanga, arrojar luz sobre los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la posguerra, y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas buscando a sus desaparecidos”.

El Govern de Marga Prohens (PP) manté sense difondre una quinzena de treballs sobre memòria democràtica encarregats durant la passada legislatura sobre aspectes clau de la repressió franquista a les Balears. Es tracta d'investigacions de gran abast -amb milers de pàgines en conjunt- i de caràcter multidisciplinari -a nivell històric, psicològic, jurídic...- que van ser promogudes per l'anterior Executiu d'esquerres en el marc del IV Pla de Fosses, desenvolupat a l'empara de la llei autonòmica de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme -més coneguda com 'llei de fosses'-. D'acord amb el propi disseny del pla, aquests treballs havien de revertir en la societat a través d'exposicions, materials pedagògics i presentacions públiques.

Lluny d'aquest objectiu, els informes romanen avui fora de l'abast de la ciutadania. Les investigacions, que reconstrueixen els episodis menys explorats del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista, van ser concebudes com una de les peces centrals de la política pública de memòria democràtica a les Balears. No només van ser encarregades, sinó també executades i remunerades: en total, l'Administració autonòmica ha abonat 218.000 euros als diferents autors sense que el seu treball hagi vist encara la llum.

El conjunt d'estudis traça un ambiciós i complex mapa de la memòria històrica a les illes: des de la relació entre l'arxipèlag i la Vall dels Caiguts, on almenys un centenar d'illencs hi foren enterrats després de ser traslladats durant el franquisme, en molts casos sense coneixement de les seves famílies, fins a una anàlisi en profunditat dels bombardejos provinents de Mallorca, passant per estudis més detallats sobre el desembarcament del capità Bayo -la gran ofensiva que va dur a terme la República amb l'objectiu de recuperar la illa de mans dels sublevats-, els mecanismes de repressió desplegats pel franquisme, l'actualització del cens de persones assassinades per la repressió franquista o informes sobre les pròpies polítiques de 'memòria' impulsades durant la dictadura i com aquesta va construir el seu propi relat sobre la guerra i la repressió mitjançant l'exaltació dels vencedors i el silenciament de les víctimes republicanes.

Així mateix, les investigacions aborden dimensions menys visibles de la repressió, com l'impacte del trauma psicològic derivat de la violència i la seva transmissió generacional des del 1936, ampliant així el focus més enllà dels fets estrictament bèl·lics per incorporar-ne les conseqüències socials i emocionals a llarg termini.

Les investigacions aborden des del trasllat d'illencs a la Vall dels Caiguts a estudis més detallats sobre el desembarcament del capità Bayo

Des de l'Executiu autonòmic atribueixen l'absència de difusió al fet que encara es troba pendent rebre la versió definitiva d'un d'ells, relatiu al “cens de víctimes”, que ha hagut de ser “esmenat per discrepàncies entre els membres amb la categoria de causes de mort”. Fonts implicades en el desenvolupament dels treballs apunten, tanmateix, que la majoria dels estudis porten lliurats des de fa més d'un any i que aquests podrien haver-se fet públics de forma independent, atès que la seva publicació -almenys en format digital- no depèn necessàriament de la finalització dels treballs que poguessin estar pendents.

Fonts de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques consultades per elDiario.es asseguren que els informes acabaran veient la llum, però condicionen la seva publicació a què tots compleixin els requisits tècnics establerts, “tant a nivell de contingut com a nivell de disseny”. Un cop completats, precisen, els estudis hauran de passar per un procés d'unificació formal abans de la seva difusió. “El Servei de memòria democràtica haurà de maquetar tots els estudis un per un, ja que no tenen el mateix format i es necessita unificar el disseny per poder publicar-los tots en les mateixes condicions”, apunten, incidint en què la seva voluntat és publicar-los “tots alhora”.

El Govern assegura que els informes acabaran veient la llum, encara que condicionen la seva publicació al fet que tots compleixin els requisits tècnics establerts, "tant a nivell de contingut com a nivell de disseny"

Per a la seva elaboració, els treballs es van integrar en un conjunt de diversos lots que incloïen des d'exhumacions fins a estudis històrics relatius a diverses fosses comunes, passant per l'elaboració del mapa de fosses de Menorca amb l'objectiu de sumar-lo als ja existents de Mallorca, Eivissa i Formentera i completar així el mapa de fosses de les Balears. L'adjudicació va recaure en la unió temporal d'empreses formada per la Sociedad de Ciencias Aranzadi i la consultora Àtics. L'objectiu era no només avançar en el coneixement acadèmic, sinó també traslladar aquests resultats al conjunt de la societat en línia amb els principis de veritat, justícia i reparació.

El trauma 'heretat' des de 1936

Entre les investigacions figura la duta a terme per la psicòloga clínica Anna Miñarro, autora de l'estudi Evolució del trauma entre generacions des del 1936, en el qual analitza com la repressió política, la tortura o les desaparicions que van patir les víctimes del franquisme a les Balears no solament van marcar els seus familiars més propers, sinó que les seqüeles d'aquell horror van assolir generacions posteriors, manifestant-se encara avui, principalment, en forma de depresió, demència i trastorns psicoafectius. Són les principals conclusions d'un informe inèdit a les illes que va desenvolupar acompanyant les víctimes i els seus familiars en els processos d'exhumació i que posa llum sobre els traumes que arrosseguen els descendents dels assassinats, desapareguts i represaliats, les vides dels quals van quedar marcades per la brutalitat dels revoltats.

Un altre dels treballs inclosos aprofundeix en un aspecte fins ara poc documentat: el paper de l'aviació en la guerra a Menorca i, en particular, els atacs sistemàtics llançats des de Mallorca. L'estudi, elaborat pels historiadors Carlos de Salort Giménez i Miquel López Gual, aporta noves evidències a partir de fonts militars inèdites que permeten reconstruir amb precisió la dimensió real de la guerra aèria sobre l'illa. La principal novetat del treball radica en l'anàlisi de centenars de documents originals -comunicats, telegrames i historials de vol- conservats en arxius militars espanyols a partir dels quals els autors teixeixen un mapa molt més detallat de les operacions aèries sobre Menorca, ampliant i corregint les fonts tradicionals basades en testimoniatges o registres incomplets.

Un dels estudis inèdits és sobre els atacs sistemàtics llançats sobre Menorca; un altre aborda les conseqüències psicològiques de la repressió política, la tortura i les desaparicions

Bombardeigs sistemàtics

En un estudi publicat l'any passat sota el títol La Guerra Civil a Menorca des del cel: noves aportacions al paper de l'aviació en la contesa ambdós autors desmunten la idea que els alçats efectuassin atacs aïllats i revelen, a partir de més de 270 comunicacions directes entre unitats aèries i el comandament franquista, l’existència d’una estratègia molt més àmplia de control del Mediterrani. En aquest esquema, l’aviació va exercir un paper clau en el bloqueig, la pressió sobre la població civil i la consolidació del domini militar des de Mallorca, mitjançant tasques de vigilància, intimidació i bombardeig sobre l’illa, especialment a partir de l’aïllament de Menorca després del fracàs del desembarcament republicà a Mallorca. Des d’aleshores, l’illa va quedar sotmesa durant prop de trenta mesos a operacions aèries constants dirigides des de la base franquista mallorquina, amb la participació determinant de l’aviació italiana.

El treball aporta també dades inèdites sobre la intensitat de la violència aèria: només entre 1936 i 1937 es comptabilitzen desenes d’atacs i centenars de bombes llançades sobre l’illa, amb una evolució clara cap a operacions cada vegada més sistemàtiques i tecnificades. Aquesta escalada va obligar la població civil a adaptar-se progressivament al perill, passant de la curiositat inicial davant els avions a la construcció de refugis i, finalment, a la normalització del bombardeig com a part de la vida quotidiana.

També va participar en els treballs Manel Suárez Salvà, autor de nombroses investigacions sobre la segona república i el moviment obrer a Mallorca -especialment en el nucli municipal de Calvià- així com sobre les presons franquistes que es van implantar a l'illa, entre elles la de Can Mir, una de les presons més fosques i tràgiques de la repressió franquista a l'illa. Després del cop feixista de 1936, aquest magatzem situat en les Avingudes de Palma es va transformar en un centre penitenciari que va confinar, entre misèria i tortures, a més de 2.000 presos durant cinc anys. Una de les pràctiques habituals eren les 'saques': els presos, mitjançant enganys, eren 'alliberats' i, posteriorment, assassinats pels falangistes.

Mallorca com a “laboratori feixista”

Per altra banda, el doctor en Història Manuel Aguilera, autor, entre d'altres, del llibre El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo i un dels principals investigadors entorn del paper de l'Aviació Italiana a la guerra civil, va fer lliurament d'un estudi que reprèn aquesta línia d'investigació, emfatitzant l'ocupació italiana de Mallorca i l'intent de convertir-la “en un laboratori feixista”, com assenyala el propi investigador en declaracions a elDiario.es. La instal·lació del contingent italià va transformar l'illa en un gran portaavions dedicat a bombardejar sense descans el litoral republicà del Mediterrani i bloquejar les rutes marítimes de subministrament de l'URSS.

Tal com sosté l'historiador, els italians van començar a adquirir centenars d'hectàrees i propietats per construir a l'illa 'cases colonials', traslladar una important quantitat de treballadors del país transalpí i crear allà mateix un “centre d'italianitat”. Degut a que la legislació local impedia als estrangers adquirir terrenys costaners sense autorització militar, Mussolini va utilitzar testaferros mallorquins i empreses tapadores, com Celulosa Hispánica S.A., emprada per comprar l'emblemàtica finca de L'Albufera.

En el treball que Aguilera va lliurar al Govern també aborda els vestigis materials de la presència italiana que romanen en territori balear i explora les incògnites que envolten el faraònic bust que va ser manat construir a finals dels anys trenta en homenatge a Benito Mussolini. L'efígie, embolicada en un halo de misteri des d'aleshores, jauria enterrada en aquesta mateixa zona, esperant que algú la tregui algun dia a la llum, cosa que, segons el parer de l'historiador, constituiria una de les principals proves materials sobre la dimensió simbòlica i propagandística que va assolir la presència italiana a Mallorca durant la contesa i del paper de l'illa com a espai estratègic per al feixisme europeu.

En concret, el monument va ser dissenyat pel legionari Italià Heros Giusti i construït el 1939 en un solar situat a uns 100 metres del que avui és el poblat xabolista de Son Banya. Tres anys abans, en aquest mateix punt, havia estat aixecat el quarter de l'Aviazione Legionaria. Les instal·lacions van servir a més per albergar les bateries antiaèries de l'aeròdrom de Son Sant Joan, les pistes del qual van adaptar els italians com a base aèria propera a la capital balear. A l'empara de la carismatització i el culte als líders feixistes de l'època, l'efígie no va trigar a fer-se realitat.

Una de les obres aborda els vestigis materials de la presència italiana que romanen en territori balear i explora les incògnites que envolten al faraònic bust que va ser manat construir a finals dels anys trenta en homenatge a Benito Mussolini

El cementiri de Palma compta, a més, amb un mausoleu que les autoritats italianes van fer construir en 1942 per a conservar “les restes mortals dels camarades que van donar la seva vida en la lluita contra el marxisme”, pel derrocament de la Segona República i per la implantació d'un règim feixista a Espanya. Per a garantir el seu manteniment, el Govern italià abona cada any 449,11 euros a l'Empresa Funerària Municipal (EFM), d'acord amb la documentació consultada en el seu moment per elDiario.es.

“La memòria s'ha de donar a conèixer”

El disseny original del IV Pla de Fosses contemplava diferents vies de difusió. Més enllà de la seva possible publicació digital, es plantejava la difusió d'edicions en paper i la realització d'exposicions vinculades als resultats a iniciativa del Govern, un escenari que Jurado percep llunyà. De fet, creu que els estudis podrien haver-se fet públics fa més d'un any, però fins al moment no han estat difosos ni incorporats al web institucional de memòria democràtica, on, assevera, podrien haver-se consultat almenys en format digital.

Per la seva banda, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subratlla que els estudis es van concebre precisament per treure a la llum una part de la història que encara roman en gran mesura oculta. “Això es va fer amb la intenció de recuperar aquesta part de la memòria”, explica, en referència a uns treballs que qualifica de “molt novedosos” i “imprescindibles”. Oliver denuncia que aquest procés no hagi tingut continuïtat en forma de difusió pública: “No tenim notícies dels estudis ni de les exposicions que devien fer-se”. La responsable de l'entitat memorialista insisteix que l'objectiu d'aquests treballs anava molt més enllà de l'àmbit acadèmic: “La memòria no pot estar només a l'acadèmia, amagada, guardada a les cases o en silenci. S'ha de donar a conèixer, ser de tots, perquè parlem de memòria i de drets humans”.

Oliver rebutja de ple possibles arguments per justificar la paralització. “No tenen excusa”, assevera, recordant que els estudis s'emmarquen en una llei vigent, la de fosses, i que la seva aprovació es va produir dins dels cànons establerts. En la seva opinió, el bloqueig no només afecta la difusió del coneixement, sinó també al treball dels propis investigadors: “És terrible que hagin fet una feina i no en puguin fer res amb ella”.

Els treballs són molt novedosos i imprescindibles. No tenim notícies d'ells ni de les exposicions que havien de fer-se. La memòria no pot estar només a l'acadèmia, amagada, guardada a les cases o en silenci. S'ha de donar a conèixer, ser de tots, perquè parlem de memòria i de drets humans

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mentrestant, el Govern insisteix en la seva intenció de publicar tots els estudis una vegada compleixin els criteris de contingut i disseny i assenyala, en referència a les exposicions, que té previst cedir un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la pròxima celebració d'una jornada sobre la llei de fosses. Des de la Conselleria de Presidència subratllen que la seva pretensió passa per cedir-ho “sempre que sigui lliurat dins del termini i en la forma escaient, abans d'aquesta jornada, per l'empresa adjudicatària”.

En matèria de divulgació, recorden que el Govern ha dut a terme durant aquesta legislatura, malgrat no formar part de les mostres vinculades al IV Pla de Fosses, tots els tràmits administratius corresponents a la cessió de l'exposició Sense Oblit a Can Óleo (exposada des del 29 d'agost al 2 de setembre de 2025), a l'Ajuntament de Lloseta (cedida del 10 al 13 d'octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de març de 2026) i a l'IES CTEIB (des del passat 31 de març fins al 4 de maig). L'exposició també ha estat sol·licitada pel IES Josep Sureda i Blanes de cara a maig.

En paral·lel, expliquen que des de l'Executiu han encarregat a Manuel Aguilera un estudi sobre els bombardejos soferts en Balears durant la guerra civil del qual, segons assenyalen, existia un informe previ que “estava incomplet perquè no incloïa la identificació de les persones víctimes dels bombardejos, que mai han estat reconegudes”. Afegeixen que, amb aquest nou estudi, “més exhaustiu i que determina el nom real de les víctimes, es permetrà avançar en la seva identificació”, permetent així commemorar-les en un acte d'homenatge previst per a aquest estiu. Les mateixes fonts asseveren que a la pàgina web de Memòria Democràtica del Govern es pot trobar “tot tipus d'informació sobre els temes relacionats amb la guerra civil i la dictadura” amb la recomanació de llibres, còmics i documentals, entre altres, així com documentació sobre el cens de víctimes en Balears o el mapa de fosses de Mallorca, Eivissa i Formentera.

El Govern de Marga Prohens (PP) mantiene sin difundir una quincena de trabajos sobre memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en Balears. Se trata de investigaciones de gran alcance –con miles de páginas en conjunto– y de carácter multidisciplinar –a nivel histórico, psicológico, jurídico...– que fueron promovidas por el anterior Ejecutivo de izquierdas en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo –más conocida como 'ley de fosas'–. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos debían revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

Lejos de ese objetivo, los informes permanecen hoy fuera del alcance de la ciudadanía. Las investigaciones, que reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, fueron concebidas como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargadas, sino también ejecutadas y remuneradas: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de las mismas sin que su trabajo haya visto todavía la luz.

El conjunto de estudios traza un ambicioso y complejo mapa de la memoria histórica en Balears: desde la relación entre el archipiélago y el Valle de los Caídos, donde al menos un centenar de isleños fueron enterrados tras ser trasladados durante el franquismo, en muchos casos sin conocimiento de sus familias, hasta un análisis en profundidad de los bombardeos provenientes de Mallorca, pasando por estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo -la gran ofensiva que llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los sublevados-, los mecanismos de represión desplegados por el franquismo, la actualización del censo de personas asesinadas por la represión franquista o informes sobre las propias políticas de 'memoria' impulsadas durante la dictadura y cómo ésta construyó su propio relato sobre la guerra y la represión mediante la exaltación de los vencedores y el silenciamiento de las víctimas republicanas.

Asimismo, las investigaciones abordan dimensiones menos visibles de la represión, como el impacto del trauma psicológico derivado de la violencia y su transmisión generacional desde 1936, ampliando así el foco más allá de los hechos estrictamente bélicos para incorporar sus consecuencias sociales y emocionales a largo plazo.

Las investigaciones abordan desde el traslado de isleños al Valle de los Caídos a estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo

Desde el Ejecutivo autonómico atribuyen la ausencia de difusión al hecho de que aún se encuentra pendiente recibir la versión definitiva de uno de ellos, relativo al “censo de víctimas”, que ha tenido que ser “enmendado por discrepancias entre los miembros con la categoría de causas de muerte”. Fuentes implicadas en el desarrollo de los trabajos apuntan, sin embargo, que la mayoría de los estudios llevan entregados desde hace más de un año y que estos podrían haberse hecho públicos de forma independiente, dado que su publicación -al menos en formato digital- no depende necesariamente de la finalización de los trabajos que pudieran estar pendientes.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas consultadas por elDiario.es aseguran que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, “tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño”. Una vez completados, precisan, los estudios deberán pasar por un proceso de unificación formal antes de su difusión. “El Servicio de memoria democrática tendrá que maquetar todos los estudios uno por uno, ya que no tienen el mismo formato y se necesita unificar el diseño para poder publicarlos todos en las mismas condiciones”, apuntan, incidiendo en que su voluntad es publicarlos “todos a la vez”.

El Govern asegura que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, "tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño"

Para su elaboración, los trabajos se integraron en un conjunto de varios lotes que incluían desde exhumaciones hasta estudios históricos relativos a varias fosas comunes, pasando por la elaboración del mapa de fosas de Menorca con el objetivo de sumarlo a los ya existentes de Mallorca, Eivissa y Formentera y completar así el mapa de fosas de Balears. La adjudicación recayó en la unión temporal de empresas formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la consultora Àtics. El objetivo era no solo avanzar en el conocimiento académico, sino también trasladar esos resultados al conjunto de la sociedad en línea con los principios de verdad, justicia y reparación.

“Había todo un lote, muy potente, dedicado a estudios de investigación”, explica el que fuera secretario autonómico de Memoria Democrática durante la pasada legislatura, Jesús Jurado, en alusión a los quince trabajos 'desaparecidos'. Lejos de tratarse de informes homogéneos, cada uno de ellos fue encomendado a especialistas concretos en función de su ámbito de conocimiento. En este sentido, el exsecretario autonómico subraya que uno de los objetivos era precisamente ampliar el foco más allá del enfoque tradicional centrado exclusivamente en las fosas. “Creo que es importante que la memoria democrática salga un poco del ámbito de los cementerios y que nos centrásemos en otros muchos aspectos”, incide en declaraciones a este periódico.

El trauma 'heredado' desde 1936

Entre las investigaciones figura la llevada a cabo por la psicóloga clínica Anna Miñarro, autora del estudio Evolución del trauma entre generaciones desde 1936, en el que analiza cómo la represión política, la tortura o las desapariciones que padecieron las víctimas del franquismo en Balears no solo marcaron a sus familiares más cercanos, sino que las secuelas de aquel horror alcanzaron a generaciones posteriores, manifestándose aún hoy, principalmente, en forma de depresión, demencia y trastornos psicoafectivos. Son las principales conclusiones de un informe inédito en las islas que desarrolló acompañando a las víctimas y sus familiares en los procesos de exhumación y que arroja luz acerca de los traumas que cargan a sus espaldas los descendientes de los asesinados, desaparecidos y represaliados, cuyas vidas quedaron marcadas por la brutalidad de los sublevados.

Otro de los trabajos incluidos profundiza en un aspecto hasta ahora poco documentado: el papel de la aviación en la guerra en Menorca y, en particular, los ataques sistemáticos lanzados desde Mallorca. El estudio, elaborado por los historiadores Carlos de Salort Giménez y Miquel López Gual, aporta nuevas evidencias a partir de fuentes militares inéditas que permiten reconstruir con precisión la dimensión real de la guerra aérea sobre la isla. La principal novedad del trabajo radica en el análisis de centenares de documentos originales -comunicados, telegramas e historiales de vuelo- conservados en archivos militares españoles a partir de los cuales los autores tejen un mapa mucho más detallado de las operaciones aéreas sobre Menorca, ampliando y corrigiendo las fuentes tradicionales basadas en testimonios o registros incompletos.

Uno de los estudios inéditos es sobre los ataques sistemáticos lanzados sobre Menorca; otro aborda las consecuencias psicológicas de la represión política, la tortura y las desapariciones

Bombardeos sistemáticos

En un estudio publicado el año pasado bajo el título La Guerra Civil en Menorca desde el cielo: nuevas aportaciones al papel de la aviación en la contienda ambos autores desmontan además la idea de que los alzados efectuaran ataques aislados y revelan, a partir de más de 270 comunicaciones directas entre unidades aéreas y el mando franquista, una estrategia más amplia de control del Mediterráneo por parte del bando sublevado, donde la aviación desempeñó un papel clave en el bloqueo, la presión sobre la población civil y la consolidación del dominio militar desde Mallorca mediante la vigilancia, intimidación y bombardeo sobre Menorca, especialmente a partir del aislamiento de ésta tras el fracaso del desembarco republicano. Desde entonces, la isla quedó sometida durante cerca de treinta meses a operaciones aéreas constantes dirigidas desde la base franquista mallorquina, con la participación clave de la aviación italiana.

El trabajo también aporta datos inéditos sobre la intensidad de la violencia aérea: solo entre 1936 y 1937 se contabilizan decenas de ataques y centenares de bombas lanzadas sobre la isla, con una evolución clara hacia operaciones más sistemáticas y tecnificadas. Esta escalada obligó a la población civil a adaptarse progresivamente al peligro, pasando de la curiosidad inicial ante los aviones a la construcción de refugios y la normalización del bombardeo como parte de la vida cotidiana.

También participó en los trabajos Manel Suárez Salvà, autor de numerosas investigaciones sobre la segunda república y el movimiento obrero de Mallorca -especialmente en el núcleo municipal de Calvià- así como sobre las cárceles franquistas que se implantaron en la isla, entre ellas la de Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la represión franquista en la isla. Tras el golpe fascista de 1936, este almacén situado en las Avenidas de Palma se transformó en un centro penitenciario que confinó, entre miseria y torturas, a más de 2.000 presos durante cinco años. Una de las prácticas habituales eran las 'sacas': los presos, mediante engaños, eran 'liberados' y, posteriormente, asesinados por los falangistas.

Mallorca como “laboratorio fascista”

Por otro lado, el doctor en Historia Manuel Aguilera -autor, entre otros, del libro El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo y uno de los principales investigadores en torno al papel de la Aviación Itmanosaliana en la guerra civil-, hizo entrega de un estudio que retoma esta línea de investigación, enfocándose en la ocupación italiana de Mallorca y el intento de convertirla “en un laboratorio fascista”, como señala el propio investigador en declaraciones a elDiario.es. La instalación del contingente italiano transformó la isla en un gran portaaviones dedicado a bombardear sin descanso el litoral republicano del Mediterráneo y bloquear las rutas marítimas de suministro de la URSS.

Tal como sostiene el historiador, los italianos comenzaron a adquirir centenares de hectáreas y propiedades para construir en la isla 'casas coloniales', trasladar una importante cantidad de trabajadores del país transalpino y crear allí mismo un “centro de italianidad”. Debido a que la legislación local impedía a los extranjeros adquirir terrenos costeros sin autorización militar, Mussolini utilizó testaferros mallorquines y empresas tapaderas, como Celulosa Hispánica S.A., empleada para comprar la emblemática finca de L'Albufera.

En el trabajo que Aguilera entregó al Govern también aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini. La efigie, envuelta en un halo de misterio desde entonces, yacería enterrada en esa misma zona, aguardando que alguien la saque algún día a la luz, lo que a juicio del historiador constituiría una de las principales pruebas materiales sobre la dimensión simbólica y propagandística que alcanzó la presencia italiana en Mallorca durante la contienda y del papel de la isla como espacio estratégico para el fascismo europeo.

En concreto, el monumento fue diseñado por el legionario Italiano Heros Giusti y construido en 1939 en un solar situado a unos 100 metros de lo que hoy es el poblado chabolista de Son Banya. Tres años antes, en ese mismo punto, había sido levantado el cuartel de la Aviazione Legionaria. Las instalaciones sirvieron además para albergar las baterías antiaéreas del aeródromo de Son Sant Joan, cuyas pistas adaptaron los italianos como base aérea próxima a la capital balear. Al abrigo de la carismatización y el culto a los líderes fascistas de la época, la efigie no tardó en hacerse realidad.

Una de las obras aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini

El cementerio de Palma cuenta, además, con un mausoleo que las autoridades italianas hicieron construir en 1942 para conservar “los restos mortales de los camaradas que dieron su vida en la lucha contra el marxismo”, por el derrocamiento de la Segunda República y por la implantación de un régimen fascista en España. Para garantizar su mantenimiento, el Gobierno italiano abona cada año 449,11 euros a la Empresa Funeraria Municipal (EFM), de acuerdo a la documentación consultada en su día por elDiario.es.

“La memoria debe darse a conocer”

El diseño original del IV Plan de Fosas contemplaba diferentes vías de difusión. Más allá de su posible publicación digital, se planteaba la difusión de ediciones en papel y la realización de exposiciones vinculadas a los resultados, todo ello a iniciativa del Govern, un escenario que Jurado percibe lejano. No en vano, cree que los estudios podrían haberse hecho públicos hace más de un año, pero hasta el momento no han sido difundidos ni incorporados a la web institucional de memoria democrática, donde, asevera, podrían haberse consultado al menos en formato digital.

Por su parte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subraya que los estudios se concibieron precisamente para sacar a la luz una parte de la historia que aún permanece en gran medida oculta. “Esto se hizo con la intención de recuperar esta parte de la memoria”, explica, en referencia a unos trabajos que califica de “muy novedosos” e “imprescindibles”. Oliver denuncia que ese proceso no haya tenido continuidad en forma de difusión pública: “No tenemos noticias de los estudios ni de las exposiciones que debían hacerse”. La responsable de la entidad memorialista insiste en que el objetivo de estos trabajos iba mucho más allá del ámbito académico: “La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos”.

Oliver rechaza de plano posibles argumentos para justificar la paralización. “No tienen excusa”, asevera, recordando que los estudios se enmarcan en una ley vigente, la de fosas, y que su aprobación se produjo dentro de los cauces establecidos. En su opinión, el bloqueo no solo afecta a la difusión del conocimiento, sino también al trabajo de los propios investigadores: “Es terrible que hayan hecho un trabajo y no puedan hacer nada con él”.

Los trabajos son muy novedoso e imprescindibles. No tenemos noticias de ellos ni de las exposiciones que debían hacerse. La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mientras tanto, el Govern insiste en su intención de publicar todos los estudios una vez cumplan los criterios de contenido y diseño y señala, en lo referente a las exposiciones, que tiene previsto ceder un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la próxima celebración de una jornada sobre la ley de fosas. Desde la Conselleria de Presidencia subrayan que su pretensión pasa por cederlo “siempre que sea entregado en tiempo y forma, antes de dicha jornada, por la empresa adjudicataria”.

En materia de divulgación, recuerdan que el Govern ha llevado a cabo durante esta legislatura, a pesar de no formar parte de las muestras vinculadas al IV Plan de Fosas, todos los trámites administrativos correspondientes a la cesión de la exposición Sense Oblit a Can Óleo (expuesta desde el 29 de agosto al 2 de septiembre de 2025), al Ayuntamiento de Lloseta (cedida del 10 al 13 de octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de marzo de 2026) y al IES CTEIB (desde el pasado 31 de marzo hasta el 4 de mayo). La exposición también ha sido solicitada por el IES Josep Sureda i Blanes de cara a mayo.

En paralelo, explican que desde el Ejecutivo han encargado a Manuel Aguilera un estudio sobre los bombardeos sufridos en Balears durante la guerra civil del que, según señalan, existía un informe previo que “estaba incompleto porque no incluía la identificación de las personas víctimas de los bombardeos, que nunca han sido reconocidas”. Añaden que, con este nuevo estudio, “más exhaustivo y que determina el nombre real de las víctimas, se permitirá avanzar en su identificación”, permitiendo así conmemorarlas en un acto de homenaje previsto para este verano. Las mismas fuentes aseveran que en la página web de Memoria Democrática del Govern se puede encontrar “todo tipo de información sobre los temas relacionados con la guerra civil y la dictadura” con la recomendación de libros, cómics y documentales, entre otros, así como documentación sobre el censo de víctimas en Balears o el mapa de fosas de Mallorca, Eivissa y Formentera.

La memoria colectiva permite que los recuerdos y los acontecimientos nunca se olviden. Sin embargo, a menudo, esos recuerdos dejan de pronunciarse en voz alta. Por miedo, por represión, por el qué dirán, y acaban relegándose al olvido. A lo largo de casi 90 años, muchas historias de personas que fueron asesinadas durante la guerra civil se han ido perdiendo. Otras han permanecido en silencio.

Este es el caso de cinco víctimas de Los Cerralbos, un pequeño pueblo de Toledo. Una madrugada de noviembre de 1936 condujeron a estos cinco hombres hasta un paraje en medio del campo y allí los asesinaron: Pablo, Teodoro, Lucio y dos hermanos, Baldomero y Eulogio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), a petición de los familiares de las tres primeras víctimas, inició un proyecto con el objetivo de conocer las circunstancias de la muerte de estos tres varones y recuperar sus restos. Realizaron dos incursiones en la zona, una en julio de 2021, donde encontraron varios casquillos de bala, y otra en mayo 2022. Sin embargo, no fueron del todo provechosas. Una nueva fase de excavación tuvo lugar durante dos días en febrero de 2026, pero tampoco ha sido fructífera. Marco González, coordinador del proyecto, asegura que “no encontrar esos cuerpos ha sido durísimo para la familia y para el equipo”.

Las víctimas

Pablo Arrogante Alía, nacido en Lucillos (Toledo) en 1907. En el momento de su detención vivía en la localidad toledana de Los Cerralbos. Según su familia, era Miembro de la Casa del Pueblo y afiliado sindical. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Arrogante fue detenido junto a otros seis hombres del pueblo, la noche anterior a su fusilamiento y llevado por la Guardia Civil a Talavera de la Reina. Del grupo de siete solo sobrevivieron dos. Pablo Arrogante tenía 21 años.

Teodoro Dionisio Fernández Fernández, nacido en Los Cerralbos (Toledo) en 1909, era jornalero. Casado y con tres hijos, su familia señala que pudo ser simpatizante de la II República.

Lucio Jiménez Fernández, nacido en 1909 en Los Cerralbos (Toledo). Trabajaba como jornalero y era soltero. Pertenecía a un sindicato y era afiliado a un partido político, aunque no ha trascendido a cuál.

También buscan los restos de Baldomero Díaz Zapata y su hermano Eulogio Díaz Zapata, de los cuales no se conocen más datos, dado que “eran solteros”.

Estos cinco hombres fueron ejecutados de forma extrajudicial aproximadamente el 5 de noviembre de 1936. A través de testimonios de la familia de Teodoro, la ARMH ha conocido parte de este suceso: “Sé por mi abuela, hija de Teodoro, que se fueron a por un cargamento de leña al monte, para calentar sus casas que eran muy pobres. Alguien del pueblo les delató diciendo a la familia rica del pueblo que les estaban robando”. También, esta persona apunta que “a él y a otros cuatro hombres los fusilaron a las afueras del pueblo. Había un sexto, Ángel el maestro, que lo soltaron por pertenecer a buena familia”.

Los inicios del proyecto para encontrar los cuerpos

Marco González, vicepresidente de la ARMH y coordinador del proyecto en Los Cerralbos, explica que el proyecto comienza a raíz de los testimonios de varios familiares de tres de las víctimas -de Pablo, Teodoro y Lucio-. Este paraje “está situado a un kilómetro del pueblo y es la fosa común que se conoce en el propio pueblo”. Sin embargo, a lo largo de las intervenciones han encontrado dificultades.

Además de los propios testimonios familiares, se guiaron a través del libro 'Azulejo: un niño en la gran tormenta', escrito por Francisco Fernández Santos, hijo de Ángel, el maestro que sobrevivió a la matanza. “En él se cuenta cómo matan a esos cinco hombres y los entierran en una finca del maestro de Los Cerralbos, que realmente no era de él, sino de su mujer”, explica Marco González.

Por otro lado, se sirvieron de diferentes investigaciones publicadas durante los primeros años del siglo XXI.

La ubicación del lugar en el que fueron asesinados sigue siendo un misterio. Desde la ARMH, a través de los testimonios recogidos y documentación revisada, creen que sus restos se encuentran en una finca dentro del paraje de 'Los Parrales', a una distancia de un kilómetro del municipio. Dentro de ese paraje, comparando los registros catastrales actuales con imágenes de los vuelos americanos -llevados a cabo en 1946 por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para cartografiar Europa-, han podido hacerse una mejor idea para acotar el terreno.

Tres incursiones sin resultados

Comenzaron buscando en la parcela que pertenece a la familia de Ángel, el maestro que los franquistas liberaron, en una zona que se denomina 'Las siete olivillas', y que se encuentra en el camino de Lucillos, justo en la margen de un arroyo.

Tras esto, en 2021, realizaron la primera incursión en el terreno. Marco González destaca que llevaron a cabo un rastreo de toda la zona “con detectores de metales” y fue entonces cuando encontraron “casquillos de bala Mauser con marcaje de la época”. Para desbrozar la tierra utilizaron dos máquinas simultáneamente para poder cubrir más terreno. Realizaron zanjas, “durante cinco o seis días”

En 2022 lograron un nuevo testimonio y, con él, nuevas pistas. Marco González detalla que les hablaron “de la finca de enfrente y siempre pegado a un reguero”. Tras conseguir los permisos del propietario para intervenir en una zona donde se había realizado una plantación de pistachos, sin que el propietario pusiera objeción alguna siguieron abriendo zanjas durante “dos o tres días más”, sin llegar a encontrar nada, “ni una pista”.

La familia Arrogante, explica, “siempre escuchó que en los años 60, con la concentración parcelaria, alinearon el reguero porque era como más bajo y no tan recto. Nos centramos en el reguero, pero nada, tampoco aparecieron”, pero se muestra convencido: “Está claro que tienen que estar en esa finca, por los testimonios que hemos recogido”.

Tras esta nueva incursión, González asegura que paralizaron la búsqueda, ya que “se perdían las referencias, pero dijimos que si algún día había un nuevo testimonio que nos pudiera afianzar, volveríamos”. Y así fue.

A finales de 2025 se pusieron en contacto de nuevo con ellos dos familiares de Teodoro Dionisio: su hija y la bisnieta del represaliado, Patricia, para interesarse sobre el caso de su familiar. Querían saber si la búsqueda tendría continuidad.

Los integrantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió entonces a realizar un estudio de la zona y se dieron cuenta de que habían dejado “un buen trozo sin cubrir cerca de la zona que habíamos encontrado los casquillos, unos 300 o 400 metros cuadrados”.

En esta tercera búsqueda encontraron “varios casquillos nuevos con marcaje italiano de la época”. Marco González cree que “posiblemente en 2021 estuviesen también pero más profundos”. Es posible que tras haberse labrado la tierra terminasen por salir a la superficie. Trabajaron durante tres jornadas, pero “desgraciadamente no ha habido suerte”.

El problema, tal y como comenta el vicepresidente de esta asociación memorialista, es que la estructura de las parcelas “se desdibujó” como consecuencia de la concentración parcelaria de 1960. “Antes de la concentración la finca tenía cuatro parcelas, pero después se convirtió en una única que debe tener tres o cuatro hectáreas de superficie. Al perder toda referencia, hemos peinado todo el trozo pegado al camino y al reguero, pero ya no sé qué más nos queda”.

Igualmente, en otros documentos que han encontrado de la década de 1950 pudieron confirmar que “hubo traslados al Valle de los Caídos. El gobernador civil de Toledo hizo un listado de fosas comunes. Aparece una con el paraje, el camino y habla de Los Cerralbos y de una fosa con cinco personas, pero no da las coordenadas. Aparece como referencia el Camino de Lucillos, pero no la finca exacta”, expone González.

Otras hipótesis planteadas

Marco González señala que lo que se creía como ubicación popular de la fosa común a través de “la transmisión oral es errónea, al no tener un mapa concreto o unas coordenadas de la finca”, es complicado de determinar.

Ahora barajan la posibilidad de que los cuerpos “estén en unos límites de la finca, porque los asesinos dejaron los cuerpos ahí abandonados y no les dieron sepultura en el cementerio. Luego iban unos mozos del pueblo y los enterraban allí, en campo abierto”.

Otra hipótesis “guiada por la lógica”, apunta, “es que estén en los márgenes o los límites de la finca, pero si abrimos la posibilidad a que estén en otra finca, la de al lado que hay cuatro o cinco y rodean lo que estamos buscando, pues se vuelve infinito”.

La “impresionante” implicación de las familias

Marco González reconoce que esta búsqueda ha sido “tremendamente dura” y que les dio “bastantes problemas”. Primeramente en 2021, porque la incursión se realizó en verano, donde tuvieron que trabajar a más de 40 grados haciendo zanjas: “Las tuvimos que hacer después de que el dueño recogiese la siembra y él nunca puso ningún reparo”, comenta González. En 2022, a pesar de comenzar entre mayo y junio, también “hubo una ola de calor”.

Sin embargo, la intervención más reciente en 2026 la realizaron en febrero, pero “previamente tuvimos que posponerla por los episodios de lluvias e inundaciones”, e igualmente el campo estaba completamente sembrado de trigo “a más de un palmo de altura, pero el propietario nos dijo que sin ningún problema, que pisáramos lo que hiciera falta, que si había que buscar a esa gente había que hacerlo, y nos facilitó muchísimo el trabajo, pues la tierra estaba mucho más blanda”.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, Marco González resalta que la mayor dificultad es la información, “la pérdida de referencias”. Asegura que la implicación de las familias es “impresionante”, ya que una de ellas “llevó por su cuenta un georradar y nos marcaron varias zonas donde se veía incidencias en el terreno”. Aunque ellos consideran que “no somos muy creyentes del georradar, la familia se lo ha currado muchísimo y en estos años no se ha quedado de brazos cruzados”.

Si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura

Marco González apunta que la familia que más presente ha estado es la de Teodoro, y es la que “hizo que estuviéramos allí”. Se creó una vinculación muy estrecha: “Comíamos con ellos y todo, es una putada que no hayan salido bien las cosas y tener que decirle a la hija de Teodoro que no ha habido suerte y no hemos encontrado a su padre. Eso mina a las personas mayores, sobre todo porque nunca han tenido una respuesta del Estado”.

A la espera de nuevos testimonios y pistas para seguir buscando

El coordinador del proyecto expone que hablar con la hija de Teodoro y contarle que “no ha aparecido es durísimo, tanto para ella como para el equipo” y reivindica que “si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura”.

El proyecto de intervención en la búsqueda de la fosa de Los Cerralbos ha sido financiado en exclusiva con fondos propios de la ARMH. Forma parte de la política interna de la asociación. “Creemos que tiene que ser el propio Estado con sus medios, no subcontratando empresas para buscar a personas desaparecidas”, expone González.

Por el momento se encuentra paralizado pero no dejarán de intentarlo: “Si hay una pista solvente, si aparece un testimonio de una persona que nos dice 'está en la finca de al lado, ¿cómo no buscasteis ahí?', alguien que quizá tiene 95 años y no vienen al pueblo de hace muchos años... volveríamos”.

El 17 de noviembre de 1939 fue asesinado en Paterna, junto a otras 45 personas, Ulpiano Alonso Presa, condenado a muerte en un Juicio Sumarísimo en el que fue acusado de Adhesión a la Rebelión. Como era habitual en esos procesos, Alonso no pudo elegir abogado, presentar pruebas, aportar testigos, solicitar careos ni recurrir a una instancia superior. Su cuerpo, junto a los del resto de ajusticiados, fue arrojado a la Fosa 95 del cementerio de Paterna, recientemente exhumada. Todos ellos sufrieron una muerte violenta por arma de fuego y tenían el cráneo atravesado por el impacto del denominado 'tiro de gracia'.

Ahora, más de 86 años después, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y gracias a una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sagunto, ha emitido una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal. Mediante este documento se reconoce que Ulpiano Alonso sufrió persecución por razones políticas e ideológicas por parte del Franquismo. El documento declara ilegal e ilegítimo el tribunal que le juzgó y anula la condena, que se produjo por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.

Según reza el texto, la declaración representa “el compromiso del Estado con la justicia, la verdad y la reparación. Su finalidad es rendir homenaje a la dignidad de las víctimas y preservar su memoria como parte fundamental de la historia democrática de nuestro país”.

Reconocido en el mismo lugar en el que fue condenado

Su nieto, Pedro Luis Alonso, muestra la “gran alegría” que ha supuesto para la familia, amigos y compañeros de las asociaciones de víctimas esta declaración. Y resalta el “valor especial” que supone que esta iniciativa de reconocimiento y reparación haya partido del Consistorio saguntino y se haya iniciado, públicamente, en el mismo espacio, el salón de plenos, donde fue condenado a muerte por un Consejo de Guerra. Un acuerdo municipal que también incluye que una calle o espacio ciudadano lleve su nombre.

Para las asociaciones de víctimas, el respaldo de las instituciones es “especialmente importante”. “En el caso de mi abuelo Ulpiano han sido el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Sagunto, pero no deja de hacernos daño la indiferencia, insensibilidad y falta de interés con la que habitualmente las instancias judiciales atienden las peticiones de los familiares de que se investiguen los crímenes del franquismo y se tipifiquen los mismos como delitos de lesa humanidad tal y como la Ley de Memoria Democrática de 2022 prescribe: 'Todas las leyes del Estado español incluida la Ley de Amnistía de 1977 se interpretarán y aplicarán en conformidad con el Derecho Internacional (…) y en particular con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescindibles y no amnistiables'”, sentencia Pedro Luis Alonso.

La fosa 95 de Paterna es “una más entre muchas, pues el cementerio está abonado con 2.238 víctimas asesinadas”. En abril de 2023, el nieto de Ulpiano presentó una querella “porque no me parece decente en un país democrático que si se abre una fosa de esas características la justicia no investigue de oficio”. Dicho procedimiento judicial, explica, fue archivado sucesivamente por el Juzgado Número 3 de Paterna, la Sala Quinta de la Audiencia Provincial y el Tribunal Constitucional: “En ningún momento se quiso investigar el delito y ninguna de las tres instancias coincidieron en los argumentos con los que justificaban el archivo”.

“Es precisamente por esa desatención a las víctimas de la Judicatura por lo que iniciativas como la que impulsó el Ayuntamiento de Sagunto son tan importantes para nosotros”, sostiene Pedro Luis Alonso.

La figura del sindicalista

Nacido en la localidad palentina de Barruelo de Santullán el 7 de septiembre de 1897, Ulpiano Alonso se estableció en el incipiente núcleo valenciano del Puerto de Sagunto a mediados de 1925 con su mujer y su hija mayor, a las que después se les sumarían otras dos hijas. Trabajó en la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, donde fue capataz del tren 28 de laminación y representó a los trabajadores en el Jurado Mixto del Trabajo de Metalurgia y Siderurgia. Era “el alma de la UGT”.

Presidió el Círculo Recreativo Ferroviario y la Cooperativa de Empleados y Obreros de las compañías Siderúrgica del Mediterráneo, Minera de Sierra Menera y Naviera Sota y Aznar, popularmente conocida como la Cope. También formó parte del grupo de trabajadores que el 24 de abril de 1932 creó la Agrupación Local del PSOE, de la que fue su primer presidente.

En 1936, fue elegido presidente del Comité de Control de la Fábrica, una vez ya había estallado la Guerra Civil. La fábrica se convirtió en la principal industria de armamento de la República, que no decayó en su producción pese a los 134 bombardeos sufridos en sus instalaciones y población y de tener que trasladar parte del proceso de fabricación al municipio murciano de Cieza en septiembre de 1938.

Tras finalizar la guerra, Ulpiano Alonso fue detenido el 24 de abril de 1939 y permaneció siete meses en las prisiones que se habilitaron en Sagunto para recluir a los desafectos al régimen franquista antes de ser juzgado, condenado y ejecutado.

Reconocimiento del Ayuntamiento de Sagunto

El pasado mes de noviembre, cuando se cumplían 86 años de su fusilamiento, el pleno del Ayuntamiento de Sagunto acordaba, a propuesta de Esquerra Unida-Podem, reconocer públicamente la figura de Alonso Presa “por su destacada labor social, sindical y cultural”, así como por su condición de “víctima de la represión franquista”.

Además, se solicitaba al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la concesión a Ulpiano Alonso Presa de la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal, recogida en el artículo 6 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Ley de Memoria Democrática.

Con este acto de reparación, Alonso deja de ser solo un nombre en un sumario ilegal o un número en una fosa común. Su rehabilitación formal no solo honra su compromiso con las libertades y su labor social, sino que cierra un capítulo de silencio para su familia, transformando el dolor de la represión en un legado de justicia y memoria democrática para las futuras generaciones.

El 17 de novembre de 1939 va ser assassinat a Paterna, juntament amb 45 persones més, Ulpiano Alonso Presa, condemnat a mort en un judici sumaríssim en què va ser acusat d’adhesió a la rebel·lió. Com era habitual en aquests processos, Alonso no va poder triar advocat, presentar proves, aportar testimonis, sol·licitar acaraments ni recórrer a una instància superior. El seu cos, juntament amb els dels altres ajusticiats, es va llançar a la Fossa 95 del cementeri de Paterna, exhumada fa poc. Tots ells van patir una mort violenta per arma de foc i tenien el crani travessat per l’impacte del denominat ‘tir de gràcia’.

Ara, més de 86 anys després, el Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica i gràcies a una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Sagunt, ha emés una Declaració de Reconeixement i Reparació Personal. Mitjançant aquest documente es reconeix que Ulpiano Alonso va patir persecució per raons polítiques i ideològiques per part del franquisme. El document declara il·legal i il·legítim el tribunal que el va jutjar i anul·la la condemna, que es va produir per raons polítiques, ideològiques, de consciència o creença religiosa durant la Guerra Civil i la dictadura posterior.

Segons diu el text, la declaració representa “el compromís de l’Estat amb la justícia, la veritat i la reparació. La seua finalitat és retre homenatge a la dignitat de les víctimes i preservar la seua memòria com a part fonamental de la història democràtica del nostre país”.

Reconegut en el mateix lloc en què va ser condemnat

El seu net, Pedro Luis Alonso, mostrava la “gran alegria” que ha suposat per a la família, amics i companys de les associacions de víctimes aquesta declaració. I afegia el “valor especial” que suposa que aquesta iniciativa de reconeixement i reparació haja eixit de l’Ajuntament i s’haja iniciat, públicament, en el mateix espai, el saló de plens, on va ser condemnat a mort per un consell de guerra. Un acord municipal que també inclou que un carrer o un espai ciutadà porte el seu nom.

Per a les associacions de víctimes, el suport de les institucions és “especialment important”. “En el cas del meu avi Ulpiano, han sigut el Govern d’Espanya i l’Ajuntament de Sagunt, però no deixa de fer-nos mal la indiferència, la insensibilitat i la falta d’interés amb què habitualment les instàncies judicials atenen les peticions dels familiars que s’investiguen els crims del franquisme i es tipifiquen aquests com a delictes de lesa humanitat, tal com la Llei de memòria democràtica del 2022 prescriu: ‘Totes les lleis de l’Estat espanyol, incloent-hi la Llei d’amnistia del 1977 s’interpretaran i s’aplicaran de conformitat amb el dret internacional (…) i en particular amb el dret internacional humanitari, segons el qual els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura tenen la consideració d’imprescindibles i no amnistiables’”, sentencia Pedro Luis Alonso.

La fossa 95 de Paterna és “una més entre moltes, perquè el cementeri està adobat amb 2.238 víctimes assassinades”. L’abril del 2023, el net d’Ulpiano va presentar una querella, “perquè no em sembla decent en un país democràtic que, si s’obri una fossa d’aquestes característiques, la justícia no investigue d’ofici”. Aquesta querella, explica, es va arxivar successivament pel Jutjat número 3 de Paterna, la Sala Cinquena de l’Audiència Provincial i el Tribunal Constitucional: “En cap moment es va voler investigar el delicte i cap de les tres instàncies van coincidir en els arguments amb què justificaven l’arxivament”.

“És precisament per aquesta desatenció a les víctimes de la judicatura per les quals iniciatives com la que va impulsar l’Ajuntament de Sagunt són tan importants per a nosaltres”, sosté Pedro Luis Alonso.

La figura del sindicalista

Nascut en la localitat de Barruelo de Santullán (Palència) el 7 de setembre de 1897, Ulpiano Alonso es va establir en l’incipient nucli valencià del Port de Sagunt a mitjan 1925 amb la seua dona i la seua filla major, a qui després se sumarien dues filles més. Va treballar en la Companyia Siderúrgica del Mediterrani, on va ser capatàs del tren 28 de laminació i va representar els treballadors en el Jurat Mixt del Treball de Metal·lúrgia i Siderúrgia. Era, com es deia, “l’ànima de la UGT”.

Va presidir el Cercle Recreatiu Ferroviari i la Cooperativa d’Empleats i Obrers de les companyies Siderúrgica del Mediterrani, Minera de Sierra Menera i Naviliera Sota y Aznar, popularment coneguda com la COPE. També va formar part del grup de treballadors que el 24 d’abril de 1932 va crear l’agrupació local del PSOE, de la qual va ser el primer president.

El 1936, va ser elegit president del Comité de Control de la Fàbrica, una vegada ja havia esclatat la Guerra Civil. La fàbrica es va convertir en la principal indústria d’armament de la República, que no va decaure en la seua producció, malgrat els 134 bombardejos patits en les seues instal·lacions i la població i d’haver de traslladar part del procés de fabricació a Cieza (Múrcia) el setembre del 1938.

Després d’acabada la guerra, Ulpiano Alonso va ser detingut el 24 d’abril de 1939 i va romandre set mesos a les presons que es van habilitar a Sagunt per a recloure-hi els desafectes al règim franquista abans de ser jutjat, condemnat i executat.

Reconeixement de l’Ajuntament de Sagunt

El mes de novembre passat, quan feia 86 anys del seu afusellament, el ple de l’Ajuntament de Sagunt acordava, a proposta d’Esquerra Unida-Podem, reconéixer públicament la figura d’Alonso Presa “per la seua destacada tasca social, sindical i cultural”, així com per la seua condició de “víctima de la repressió franquista”.

A més, se sol·licitava al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica la concessió a Ulpiano Alonso Presa de la Declaració de Reconeixement i Reparació Personal, recollida en l’article 6 de la Llei 20/2022, del 19 d’octubre, de memòria democràtica.

Amb aquest acte de reparació, Alonso deixa de ser només un nom en un sumari il·legal o un número en una fossa comuna. La seua rehabilitació formal no sols honra el seu compromís amb les llibertats i la seua tasca social, sinó que tanca un capítol de silenci per a la seua família, transformant el dolor de la repressió en un llegat de justícia i memòria democràtica per a les generacions futures.

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres ha sacado a licitación los trabajos de dos nuevas investigaciones y exhumaciones en fosas de la Guerra Civil, en este caso en las localidades de Almoharín y Villamesías.

Con un presupuesto de 100.000 euros, provenientes de una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de spaña, la diputación quiere contratar los servicios necesarios para la “investigación previa, localización, sondeos de fosas de la Guerra Civil y, en su caso, exhumación e identificación”.

A estas dos fosas se llegan tras trabajos realizados previamente con fuentes orales, que las sitúan, por un lado, en Almoharín, en las cercanías de la caseta de peón caminero de la carretera N-V, en el camino de Arroyo Molino, y por otro lado en el cementerio municipal de Villamesías.

Tal como informa el responsable del servicio de la diputación cacereña, Fernando Ayala, en próximas fechas saldrán las licitaciones de los trabajos en las fosas de Conquista de la Sierra y del cementerio de Cáceres, con lo que este año serán cinco los proyectos en los que la Diputación de Cáceres trabaje para rescatar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, buscar la verdad y la reparación y justicia de las víctimas y sus familiares, ya que a estas cuatro se suma la nueva fase en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor.

Medio siglo más tarde del fin de la dictadura franquista y casi noventa años desde que se cometieron los asesinatos, el próximo 17 de febrero se realizará el acto de entrega de los restos de Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña a sus familias, en la Casa de la Cultura de la localidad de Mesegar de Tajo (Toledo), a las 12:30 horas.

Ambos fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad toledana, según explican desde la Asociación Manuel Azaña, por “una centuria de falangistas procedente de Las Palmas”. Este acto estaba previsto para el pasado 22 de enero, sin embargo fue aplazado debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Primeramente, está prevista una actuación musical por parte de los Juglares del Campo de Montiel. Después intervendrán los diferentes agentes que han hecho posible la exhumación y análisis de los cuerpos encontrados en la fosa común, así como parte de los familiares de Agustín Labrado. Los restos de las víctimas se trasladarán al cementerio local.

La historia de Agustín y Timoteo

El investigador Francisco González comenzó a indagar en la vida de las dos personas que podían coindicir con los cuerpos hallados en una fosa común en la población toledana. Timoteo Higuera era un joven de 17 años. En el archivo municipal de Mesegar de Tajo no había documentación anterior a 1940, pero sí se sabe que su padre era afiliado a UGT y miembro del PSOE. También averiguó que Timoteo era susceptible de ser fusilado a través de documentación de un consejo de guerra.

Agustín Labrado había nacido en Santo Domingo, hoy Santo Domingo-Caudilla, y se asentó en Mesegar de Tajo, donde se casó y tuvo dos hijos. Su padre era afiliado a UGT y había sido teniente alcalde en el Ayuntamiento de Carriches.

Rosa Labrado, nieta de Agustín, contaba a este medio el año pasado que ellos sabían que a su abuelo paterno lo habían matado en la guerra, pero no en qué condiciones: “No sabíamos que lo habían sacado de su casa y lo habían tirado a una cuneta”.

A pesar de ser un tema tabú en su familia, en lo que ella señala que podría ser “un trauma” de su padre que “no hablaba de nada de lo que pasó”, en este municipio toledano era una historia conocida: dos personas habían sido asesinadas y se encontraban en una cuneta a las afueras del pueblo.

Durante el proceso de exhumación, que se llevó a cabo en agosto de 2025, se rescataron restos óseos de dos cadáveres y el posterior estudio de ADN comparativo con los nietos de Agustín Felipe Labrado permitió la identificación de ambos individuos.

En esta exhumación participaron, además, la Dirección General de Atención a las Víctimas (SEMD), así como parte de la asociación Manuel Azaña que tiene su sede en Talavera de la Reina. El Ayuntamiento de Mesegar de Tajo también colaboró en el proceso.

La exhumación de la fosa común Monumento en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se calcula que puede haber hasta 2.613 represaliados del régimen franquista, se mueve en dos líneas paralelas. Por un lado, las cuatro administraciones (los gobiernos central y andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento hispalense) siguen afinando a ritmo pausado los convenios que hagan posible estos trabajos, mientras que por otro las asociaciones memorialistas mantienen su presión sobre el gobierno municipal del PP, que en teoría debe liderar este proyecto y no hace más que defender un “compromiso sincero” del que desconfían estos colectivos.

Buena muestra de estas posturas encontradas ha sido la reciente reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Memoria Democrática, forzada por los memorialistas reuniendo los votos necesarios que exige su reglamento, en la que el gobierno de José Luis Sanz (PP) insistió en que no se esconderá llegado el momento. “Este Consistorio siempre va a apoyar que las familias recuperen sus seres queridos, mantiene un compromiso inequívoco con el proyecto y con la parte económica que le corresponda”, aseguraron en este sentido fuentes municipales a Europa Press.

Las entidades (en el Consejo están también sindicatos y partidos políticos) admiten que el primer teniente de alcalde, Juan Bueno (PP), transmitió de manera literal su “sincero compromiso” con la exhumación, pero esto no les termina de convencer. “Los hechos hacen que tengamos que poner en duda estas buenas palabras, que se van a quedar en sólo eso”, lamentan desde la Federación Andaluza de Memoria Democrática.

Propaganda frente a sensibilización

“Muy buenas palabras, pero los hechos son los hechos”, insiste su secretario Juan Cruz, que incide por ejemplo en la renuncia municipal a una subvención directa de 200.000 euros por parte del Ejecutivo central. Esta cuestión fue precisamente la que justificó la sesión extraordinaria del Consejo, en la que el PP alegó “excusas administrativas de plazos inasumibles” para no aceptar estos fondos.

A esto unió su desacuerdo con la obligación de reservar una parte para lo que considera “papelería y propaganda”, que para Cruz consiste en una tarea de “difusión y sensibilización”, porque “la ciudadanía debe saber qué ocurrió aquellos años, que se fusiló a demócratas del gobierno legítimo de la República”. En Monumento, que se habría utilizado entre principios de septiembre de 1936 y finales de enero de 1940, estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, funcionarios municipales, los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano o Carmen Díaz, hermana del por entonces secretario general del Partido Comunista.

El Ayuntamiento defendió en esta reunión que se camina a una planificación “mucho más realista”, que asegura se habría consensuado por las administraciones en enero en la primera reunión de la comisión de seguimiento del proyecto. Pero en realidad, lo que defiende como avances ya se habían incluido en el protocolo firmado en junio por las cuatro partes, como la posibilidad de prolongar los trabajos a cuatro años (ya se recoge la opción de 3+1) o la identificación genética y el estudio antropológico.

“Falta voluntad para liderar el proyecto”

Con todo esto, los memorialistas salieron de la reunión convencidos de que al gobierno de José Luis Sanz “le falta voluntad para liderar el proyecto”, algo que –recuerda Cruz– le corresponde como propietario que es del terreno en el que se hará la exhumación. “Está a expensas de lo que hagan las otras administraciones”, y por ello lamentan la resistencia municipal a ofrecer “un compromiso claro o un calendario” para asumir estos trabajos.

Así las cosas, las administraciones siguen trabajando en paralelo en terminar de encajar las piezas, sin renunciar incluso al objetivo inicial de que la exhumación empiece a finales de este año y concluirla así incluso en 2029. Como el Gobierno central ya avanzó una ayuda de 200.000 euros que al final no aceptó el Consistorio, ya no le hace falta firmar un convenio sino que se actualizará el real decreto que recogía esta ayuda para subrayar su compromiso de colaboración y que la financiación está disponible, fórmula que considera más ágil para que así el gobierno local disponga de recursos desde el primer momento.

“Ahora lo que hace falta es que las demás administraciones firmen el convenio (fórmula por la que ellos comprometen sus aportaciones) y que el Ayuntamiento ponga en marcha la licitación de los trabajos”, se apunta en este sentido desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La Diputación, por su parte, ha resuelto que en cada una de las anualidades previstas (2026/2029) abonará un 25% de lo que le corresponde hasta alcanzar los 500.000 euros que en principio le tocan, porque el montante global se cifra en dos millones de euros. Si se superara esta cifra, la diferencia también se repartirá por igual entre las cuatro instituciones.

Lourdes Herrasti (Aretxabaleta, 1958) es una historiadora y antropóloga que trabaja como investigadora en el Departamento de Antropología de la Asociación de Ciencias Aranzadi, donde desde hace décadas participa en proyectos de exhumación e identificación de personas represaliadas durante la Guerra Civil española en el País Vasco y la dictadura franquista. Además de los hallazgos, el trabajo de Herrasti se basa en realizar análisis antropológicos de los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas, que en el caso de Euskadi, gran parte se trata de gudaris o combatientes en la Guerra Civil. Así, con los objetos y restos que encuentra, trata de recabar la historia para poder contársela a la familia cuando trasmite la noticia que llevan toda la vida esperando: la de que han encontrado a su familiar desaparecido. “Es un momento verdaderamente estelar porque eres consciente de que vas a dar una buena noticia, de que por fin van a recibir la noticia que llevan tanto tiempo esperando y, al mismo tiempo, sabes que va a tener una gran carga emocional para ellos. Eso se acaba contagiando y cuando lo transmites sientes su misma emoción”, confiesa la antropóloga.

De esta manera, a través de Aranzadi han desenterrado a más de 5.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Pero también han realizado estudios sobre la violencia de motivación política y decenas de monográficos, históricos y antropológicos, tanto en la época de la memoria histórica (1936-1959) como en la memoria reciente (1960-actualidad), teniendo en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos. “Hay que seguir localizando y exhumando las fosas que existan, porque hay familiares que reclaman a las víctimas que están enterradas en ellas y porque consideramos que es un problema de dignidad de aquellas personas que fueron primero asesinadas y después olvidadas y, al mismo tiempo, porque es fomento del conocimiento de lo que ocurrió y, por tanto, de hacer historia a través de estos pequeños hallazgos”, reconoce Herrasti.

¿Cuándo y cómo supo que quería ser antropóloga? ¿En aquella época había más mujeres dedicándose a ello?

Estudié la carrera de Geografía e Historia y me formé como historiadora pese a que mi objetivo era trabajar en arqueología. Lo de dedicarme a la antropología ha sido un poco sobrevenido, porque en los yacimientos arqueológicos encontrábamos restos humanos y tuvimos la posibilidad de analizarlos y así conformar un grupo de análisis conjunto entre varias personas. En mi época no había muchas antropólogas aunque ahora podríamos decir que es un trabajo casi femenino porque hay muchísimas mujeres dedicadas a la antropología, pero en los años 70 u 80 todavía había un número escaso de mujeres.

Ha trabajado en multitud de proyectos de exhumación e identificación de personas represaliadas durante la guerra civil española en el País Vasco y la dictadura franquista. ¿Qué supone para usted?

Comenzamos trabajando con las fosas casi por casualidad, porque nos llamó el arqueólogo territorial de León y su mujer, que es antropóloga, para decirnos que iban a abrir la primera fosa en Priaranza del Bierzo, hace 25 años, y querían que colaborásemos con ellos. Así empezó un tema que nadie esperaba, que es el conocimiento del que existían numerosas fosas clandestinas en el territorio peninsular de España y, que al mismo tiempo, había un gran desconocimiento sobre la represión que tuvo lugar en la Guerra Civil y en la posguerra. En nuestro caso, en el País vasco, hemos creado un grupo que desde el principio, desde el año 2003, ha estado trabajando con apoyo institucional del Gobierno vasco y del Instituto de la Memoria (Gogora) posteriormente y nos hemos dedicado a ello ininterrumpidamente. Normalmente, lo que encontramos son fosas de combatientes porque son las más comunes en la zona. De hecho hay pocas fosas clandestinas en el País Vasco que conozcamos y que persisten, las que había ya no están.

¿Cómo es el momento en el que le dicen a un familiar “lo hemos encontrado”?

Sin duda es un momento muy emocionante cuando comunicamos a los familiares que hemos localizado a la persona que están buscando. Es un momento verdaderamente estelar porque eres consciente de que vas a dar una buena noticia, de que por fin van a recibir la noticia que llevan tanto tiempo esperando y, al mismo tiempo, sabes que va a tener una gran carga emocional para ellos. Eso se acaba contagiando y cuando lo transmites sientes su misma emoción.

¿Por qué es importante seguir haciendo este trabajo pese a las voces contrarias?

Hay que seguir localizando y exhumando las fosas que existan, porque hay familiares que reclaman a las víctimas que están enterradas en ellas y porque consideramos que es un problema de dignidad de aquellas personas que fueron primero asesinadas y después olvidadas y, al mismo tiempo, porque es fomento del conocimiento de lo que ocurrió y, por tanto, de hacer historia a través de estos pequeños hallazgos. Aquellos que se manifiestan en contra de las exhumaciones, en realidad no tienen motivos claros, salvo los exclusivamente políticos o el desconocimiento, porque la búsqueda de las víctimas malenterradas o enterradas clandestinamente no puede perjudicar a nadie. Lo que se trata es de recobrar la memoria de todas ellas y de retornar a los familiares sus restos. Por lo tanto, no hace mal a ninguna persona, se trata de una lucha por los derechos humanos.

¿Qué supuso el descubrimiento de la mano de Irulegi?

Supuso una alegría porque es un hallazgo muy importante de cara a conocer el periodo del siglo I a. C. y el siglo II a.C y conocer también la existencia de la población vascónica y comprobar que tenían un idioma que además sabían escribir. Siempre se había pensado que eran anepígrafos y, sin embargo, ahora tenemos una escritura y se confirma también a través en las monedas. Es un hallazgo que puede ser el primero de otros muchos.

Gran parte de su trabajo se centra en la divulgación. ¿Por qué es importante?

La divulgación es muy importante para conocer la tarea que se está haciendo. Este trabajo no puede ser en ningún caso privado, porque además de la vertiente íntima y privada de los familiares, tiene una vertiente claramente social, política e histórica y, por lo tanto, debe darse a conocer. Es un conocimiento bueno y válido para toda la sociedad. Cuando hablamos de divulgación deberíamos tener en cuenta en todo momento a los jóvenes. A través de los proyectos Escuelas con Memoria [un programa que acerca la memoria histórica a las aulas] que se están llevando a cabo en muchos lugares, muchos jóvenes pueden aprender qué fue lo que pasó, porque muchos de ellos desconocen los hechos y tienen una visión desvirtuada y falsa de ellos.

¿A las nuevas generaciones les interesa la historia y/o antropología? ¿Está habiendo un retroceso en ese sentido?

La historia suele ser vocacional y de madurez, pero eso no quita que muchos jóvenes tengan interés en los hechos históricos. Creo que el tema de la memoria histórica podría ser uno de ellos. En cuanto a la antropología puede llegar a atraer más a los jóvenes después de que las series que ven hayan puesto de moda el tema de la investigación criminal, de los estudios de los restos humanos y del esclarecimiento de asesinatos y crímenes a través de la investigación de esos restos, pero es importante que sea algo conocido por la sociedad en general y no solo por especialistas.

El compromiso político para exhumar la fosa franquista Monumento, la más grande de Sevilla con al menos 2.613 represaliados, ha cogido un nuevo impulso al que el Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) se está sumando a rastras. Y por ello las asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de Memoria Democrática van a forzar la celebración de una sesión extraordinaria para que el gobierno de José Luis Sanz explique por qué, a finales de año, renunció a una subvención estatal de 200.000 euros para echar a andar los trabajos. El argumento esgrimido por el Consistorio fue que era “imposible” cumplir con los plazos a los que obligaba esta transferencia.

Con este movimiento, las entidades lo que pretenden es azuzar al PP y que saque el proyecto del letargo en el que lo metió al conquistar la Alcaldía en junio de 2023, una actitud abonada por el nulo entusiasmo que en materia de memoria histórica ha demostrado desde el primer minuto, lo que se ha traducido por ejemplo en la casi eliminación de la oficina especializada y en la liquidación de todo rastro de la web municipal. Una inercia, por cierto, que no han ayudado a mejorar los pactos con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

En el escrito registrado para reclamar esta sesión extraordinaria, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que la renuncia a la subvención (nominal y finalista) es “un hecho de especial trascendencia”. No sólo eso, ya que también se considera que esta no aceptación de los fondos estatales “no ha sido ni informada ni consultada” con el pleno de este consejo sectorial, cuestión –recuerdan– a la que obliga su propio reglamento.

Convocatoria obligada

Las asociaciones señalan que la convocatoria es obligada cuando la reclaman al menos un cuarto de los vocales, requisito que se cumple de sobra al solicitarla seis asociaciones, tres sindicatos y dos grupos políticos. La propuesta se ha hecho a petición de las asociaciones Memoria Libertad y Cultura Democrática, RMH Manuel Barrios Jiménez y Adriano Antinoo, miembros de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. A ella se han adherido Nuestra Memoria, PTE-JGR y Unidad Cívica por la República, además de CCOO, CGT y UGT y los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU.

En el escrito, se le exigen explicaciones al regidor por dejar de lado la ayuda estatal, algo que consideran especialmente grave por “la avanzada edad de los familiares de las víctimas y las consecuencias de los constantes retrasos en el inicio de las exhumaciones”. Por ello, reclaman una respuesta sobre unos trabajos en la fosa que consideran “de justicia y reparación”.

El gobierno local, por su parte, ha justificado que no aceptó la subvención (para lo que sólo tenía que mandar su conformidad) porque imponía un plazo a su juicio “imposible” por la tramitación a la que obliga un proyecto de este calibre. Así lo volvió a defender en la primera comisión de seguimiento celebrada recientemente para analizar el cumplimiento del protocolo que en junio suscribieron las cuatro administraciones que, al 25%, financiarán una exhumación cuyo coste no bajará de los dos millones de euros: los gobiernos central y autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento.

Empezar a finales de año

Es precisamente el Consistorio el que debe liderar la iniciativa, ya que es propietario del suelo que alberga una fosa que se ubica en el cementerio de San Fernando, a escasos metros de la de Pico Reja, que se terminó de excavar hace ya casi tres años. Pero el gobierno local del PP alega que no dará un paso hasta que se firmen los correspondientes convenios entre las administraciones, por mucho que Ejecutivo central, Junta y Diputación tengan reservados fondos para estos trabajos.

De hecho, el Ayuntamiento hispalense es el único que no ha previsto en las cuentas para 2026 recién aprobadas una partida para hacer frente a la parte que le corresponda, lo que obligará a esperar a 2027 o a una modificación presupuestaria en el presente ejercicio. Esta posibilidad la sacaría adelante sin problemas con el respaldo de PSOE y Podemos-IU, para disgusto de Vox.

El Gobierno central, por su parte, se ha comprometido a reenviar los 200.000 euros rechazados en su momento, mientras que Junta y Diputación tienen partidas reservadas en las cuentas de este año. Así las cosas, y si nada vuelve a torcerse en un camino que está resultando más tortuoso de lo esperado, se confía en rubricar en breve los correspondientes convenios, lo que daría el pistoletazo de salida a una tramitación administrativa con la vista puesta en iniciar el proyecto sobre noviembre. Si eso es así, e insistiendo en que siempre que no haya más tropiezos, podría mantenerse 2029 (a finales, eso sí) como fecha para concluir los trabajos.