María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, ya amaga con lo que será a buen seguro el leitmotiv recurrente con el que el Partido Popular justificará uno de los mayores fracasos de la legislatura de este Gobierno. El Ejecutivo que preside se había comprometido a reducir sustancialmente las listas de espera, así como los tiempos de demora para los usuarios de la sanidad pública cántabra, pero, a falta de un año del fin de legislatura, los datos no solamente no constatan una mejoría, sino, como mínimo, una tendencia al enquistamiento de la lista de espera quirúrgica.

Cantabria ya es la tercera autonomía con mayor tiempo de espera medio para operarse, con 137 días. Solo por detrás de Andalucía y Cataluña en demora quirúrgica, la comunidad supera también la media nacional de 121 días. Según el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, correspondiente al segundo semestre de 2025, la tasa de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente en Cantabria era de 24,92 por cada 1.000 habitantes, por encima del 17,69 por millar de la media nacional.

Ante estos datos que presagian el estancamiento a futuro de la 'cola' para operarse, el PP ya sabe cómo justificarse: echándole la culpa a otros, en este caso, a la ministra de Más Madrid/Sumar, Mónica García. En un reciente cónclave cántabro-astur del Partido Popular, la presidenta Buruaga ya echaba la culpa a la ministra de este fracaso sin paliativos de los compromisos programáticos de los populares. A esto se le suele llamar 'ponerse la venda antes de la herida'.

Y sin embargo, dinero parece haber, lo que demuestra que lo público sigue siendo un complemento ideal de lo privado para convertir la profesión sanitaria, no en un medio legítimo para ganarse la vida, sino en un negocio antes de que todo estalle y acabe imperando la sanidad privada. Por de pronto, y en virtud de los acuerdos presupuestarios, se abonarán 43 millones de euros al personal sanitario por complementos.

A diferencia de lo que ocurrió con los docentes, los sanitarios en este caso no tendrán que esperar más de un año para ser 'actualizados' ni mucho menos tendrán que encerrarse en la Consejería cuyas puertas siempre tendrán abiertas. Se abrevian las fases para alcanzar el grado profesional y la financiación ya saldrá de algún sitio.

Las competencias sanitarias fueron asumidas por Cantabria hace años y el Partido Popular hizo de la eliminación de las listas de espera un caballo de batalla programático que reforzó su legitimidad como gobernante. El PP iba a acabar con las listas de espera. Echar ahora la culpa a la ministra en una materia cuya gestión es totalmente autonómica no tiene mucho sentido, máxime cuando, con el mismo argumento, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez podía haber acabado con la lista desde Madrid para reforzar al entonces Ejecutivo PRC-PSOE. No lo hizo por la sencilla razón de que es una materia difícilmente controlable desde Madrid al estar transferida la gestión.

No es fácil rebajar las listas de espera. Como ha aventurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, cada vez la sanidad va a costar más con resultados paupérrimos. Como dice, y da a entender, el problema está en que la gente cada vez dura más, léase, que la gente se empecina en no morirse cuando debe, léase, cuando sería lo razonable, léase, cuando le supone más gasto a la sanidad pública.

Visto el escaso sentido del patriotismo público de los cántabros, que se empeñan en envejecer y hasta en enfermar con tal de crearle un problema a su Gobierno, la disyuntiva es clara: esperar la feliz venida de la sanidad low cost a 25 euros al mes, con las prestaciones igualmente low cost, o protestar, que es lo que queda. Dimitir es un verbo cuya conjugación solo es aplicable a los demás, está claro.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) prevé gastar 43,1 millones de euros este año para pagar la regulación de los complementos de 5.024 profesionales del sector sanitario. Este gasto se desglosa en 21 millones del ejercicio de 2025 y 22 millones de 2026 para que los empleados públicos alcancen el grado profesional máximo que les correspondería por antigüedad, eliminando los tiempos de espera obligatorios entre niveles, teniendo en cuenta que en cada tipo de complemento hay cuatro grados.

El monto deriva de una iniciativa enmarcada en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2026. En teoría, la Consejería de Salud busca resolver los acuerdos pendientes de carrera (médicos y enfermeras) y desarrollo profesional (resto de personal sanitario), pero el impacto económico compromete también los presupuestos venideros.

Según la memoria justificativa y económica de la propuesta entregada al Registro del Parlamento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el reajuste favorecería a 2.936 solicitantes de carrera profesional y 2.088 de desarrollo profesional, que saltarían dos grados del que actualmente ostentan.

El reajuste del pago de los complementos técnicamente, se llama “encuadramiento”. En la Ley de Medidas del Presupuesto aparece en dos breves líneas del artículo 11, en el que se faculta al Consejo de Gobierno, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, para pagar los atrasos de los funcionarios, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2025.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico valoran positivamente la medida, pero advierten de que el pago compromete la estabilidad financiera actual. Al no estar consignado en los presupuestos, si no en la Ley de Medidas, el presupuesto del SCS no refleja el gasto real que supone el desembolso por estos complementos. Es decir, se presupuesta por debajo de lo que se va a gastar.

Esto obliga a realizar modificaciones contables posteriormente para afrontar un gasto que abarca también próximos ejercicios presupuestarios: al ser un gasto consolidado, el compromiso presupuestario se mantendrá y aumentará a futuro.

Mejoras laborales

La Consejería de Salud busca corregir así el bloqueo en las mejoras laborales del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Los distintos acuerdos de Carrera y Desarrollo Profesional del SCS establecían que las convocatorias correspondientes al encuadramiento en período ordinario se efectuarán anualmente. El estancamiento en los complementos deriva de dos circunstancias: la suspensión de las convocatorias anuales de los procesos de regulación entre 2010 y 2014, derivados de la crisis económica de 2008, y una serie de sentencias judiciales posteriores ganadas por varios profesionales sanitarios.

La regulación permitirá a los solicitantes que participen en las convocatorias extraordinarias que, “sin necesidad de cumplir con los intervalos entre grados”, se establezcan en “el máximo grado alcanzable” conforme el tiempo de servicios prestados y los créditos acreditados. “Se trata en definitiva de poder encuadrarse en el grado que se hubiera alcanzado en caso de que los procedimientos de carrera y desarrollo profesional no se hubieran visto suspendidos”, indica la memoria justificativa y económica.

El reajuste plantea que cada solicitante se encuadre en dos grados más del que actualmente ostenta. La causa, según la memoria, es doble: “La incorporación más tardía del personal temporal al sistema de carrera profesional (2018 la primera convocatoria ordinaria para personal temporal y 2019 como consecuencia de ejecución de sentencia de la convocatoria de 2016) y por otro lado, el tiempo de suspensión (2010-2014), lo que plantea un escenario con personal ”con gran número“ de servicios prestados, advierte la memoria económica.

En enero de 2024, el Gobierno de Cantabria alcanzó un acuerdo llamado 'Pacto por la Sanidad' con el Sindicato Médico de Cantabria con el que se comprometía al encuadramiento extraordinario en carrera profesional, solo por antigüedad. “Algo que se diseñó para nuestro colectivo como elemento de incentivación y diferenciación salarial respecto a otras categorías profesionales, se ha convertido justo en lo contrario”, argumentó el sindicato, cuestionando que “estas llegan a los últimos grados prácticamente por antigüedad mientras que a nosotros se nos exige un perfil que, prácticamente solo tiene quien puede tener la oportunidad de orientar su carrera a la investigación”. En enero de 2026, el sindicato sumó otra adenda al Pacto por la Sanidad valorada en seis millones anuales, supeditada a la aprobación de los presupuestos.

Ya no hay excusas ni paños calientes. Hay pruebas más que evidentes de cuál es el plan y no hay relato que sostenga a estas alturas la gestión política que se está haciendo del suelo en Cantabria. El PP ha pisado el acelerador en la recta final de la legislatura y va a apretar todos los resortes a su alcance en estos próximos meses para que la liberalización del terreno rústico sea una realidad incuestionable en la comunidad autónoma, si no lo era ya.

Se han quitado todas las caretas con las que habían tratado de enmascarar hasta ahora un objetivo irrenunciable para el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: que no exista ninguna limitación para la construcción y se ponga a la venta hasta el último metro cuadrado de tierra disponible. Al mejor postor, por supuesto. Da igual que sea para segunda o tercera residencia que para el enésimo proyecto turístico.

Quedó lejos esa imagen bucólica con la que se trató de justificar la primera reforma de la Ley del Suelo, aludiendo al hijo del ganadero que se hace una casita al lado de sus padres para permanecer en el pueblo que lo vio crecer. Esto no va de luchar contra la despoblación, ni de facilitar la vida a los jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda libre. Son negocios. No hay nada detrás más que dinero. Otro ladrillazo a la vista.

Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora van en la misma dirección. Primero, esa reforma (y contrarreforma) de la Ley del Suelo que abrió la veda a la construcción en suelo rústico en ciertos supuestos. Después, la Ley de Simplificación Administrativa que relajaba los trámites y aceleraba los procemientos en algunos casos llamativos, incluidos los terrenos que pertenecen a áreas protegidas o parques naturales. Ahora, con la aprobación exprés del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sin escuchar a los colegios profesionales involucrados y levantando las pocas restricciones que quedaban en vigor.

Y por si no fuera poco todo lo que se ha avanzado en la dirección contraria como auténticos kamikazes en esta carrera hacia ninguna parte —si el objetivo real fuera regular el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria en la que estamos inmersos— se sumó a toda esta normativa liberalizadora el decreto para las viviendas turísticas, que después de muchas demoras trasladó la responsabilidad a los municipios e impuso unos plazos larguísimos para su cumplimiento que aún así han necesitado de una moratoria para permitir un verano más de barra libre.

Es muy revelador un dato del que la Consejería de Turismo no ha querido 'presumir' demasiado: durante algo más de siete meses y medio, unos 1.000 propietarios iniciaron los trámites para regularizar su vivienda turística en Cantabria. En tan solo una semana, la que transcurrió desde que el Gobierno anunció la moratoria hasta que finalizaba el plazo para tramitar la legalización de las viviendas turísticas, fueron nada menos que 2.000 los que lo solicitaron. El doble en siete días.

Evidentemente, muchas de esas viviendas turísticas no cumplen siquiera los requisitos mínimos, pero podrán seguir operando con una paraguas legal con tan solo haber iniciado los trámites y hasta que no tengan una respuesta —favorable o desfavorable— que se puede demorar... durante años. Así se explica esta avalancha: en las trampas que se hace a sí misma una administración autonómica que no está dispuesta a poner coto a la turistificación de Cantabria.

La última vuelta de tuerca la ha dado la Consejería que dirige Roberto Media (PP), con competencias en Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda. Como algunos ayuntamientos no estaban siendo 'diligentes' en la autorización de usos turísticos para las viviendas construidas sobre suelo rústico con la nueva normativa que permitía hacerlo en determinados supuestos, siempre como primera residencia, ha dado la orden de que no pongan trabas. Solo falta la aprobación esta legislatura de la futura Ley de Vivienda de Cantabria para acabar de exprimir la gallina de los huevos de oro.

Podemos ha presentado una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria que inadmite el acceso al expediente administrativo relativo al acuerdo anunciado entre el Servicio Cántabro de Salud y Mutua Montañesa para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en traumatología y cirugía ortopédica “con el fin de reducir las listas de espera”.

La formación considera que la resolución del Ejecutivo autonómico constituye “un nuevo episodio de opacidad en la privatización de la sanidad”, al impedir -como se queja el partido- saber si la tramitación del acuerdo se está realizando como convenio singular al amparo del artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, así como verificar la existencia de informes técnicos, jurídicos y económicos que “deberían sustentar una decisión de esta relevancia”.

Podemos subraya en un comunicado además que la propia resolución de la Consejería “confirma” que se está trabajando en el convenio, al “reconocer expresamente” que el acuerdo con Mutua Montañesa se encuentra “en proceso de elaboración”.

Para la formación, esta admisión acredita que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) -que el pasado mes de noviembre anunció que Salud y Mutua Montañesa trabajaban en nuevo convenio para reducir las listas de espera en trauma y cirugía ortopédica- “está avanzando en la tramitación del acuerdo de espaldas a la ciudadanía y negando el acceso a la documentación necesaria para ejercer un control democrático previo, lo que hace aún más injustificada la negativa a facilitar el expediente”.

Al hilo, Podemos se refiere al precedente del convenio con el Hospital Santa Clotilde, tramitado ante el propio Consejo de Transparencia, donde el acceso al expediente administrativo “solo se produjo de forma tardía, progresiva e incompleta, dificultando el control de la legalidad del procedimiento”.

“Estamos ante un nuevo caso de oscurantismo en la gestión de la sanidad pública. Ya lo hicieron con Santa Clotilde y no vamos a permitir que lo hagan de nuevo ahora”, avisan, para exigir “transparencia antes de la firma del acuerdo y no cuando la decisión ya esté consumada”.

La reclamación pide que el Consejo requiera a Salud a identificar la documentación ya existente, confirmar si la tramitación se realiza conforme al artículo 90 bis y facilitar el acceso a las memorias e informes que sustenten el acuerdo con Mutua Montañesa.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado, en su reunión de este jueves, la financiación plurianual de 31 millones de euros para la estación intermodal que construirá Adif en el futuro centro logístico de La Pasiega, según ha anunciado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), que ha señalado que esa terminal ferroviaria será “clave para la industria, la logística y el empleo” en la comunidad autónoma.

“Damos luz verde al cumplimiento del compromiso de inversión en este proyecto estratégico para el desarrollo económico de Cantabria, a la espera de firmar con el Gobierno central el convenio de construcción, que asumirá el 50% del coste de la estación intermodal”, ha recordado la presidenta del Gobierno, que ha celebrado su reunión semanal en el Parlamento cántabro.

Buruaga también ha insistido en que el proyecto convertirá esa zona del municipio de Piélagos “en la principal plataforma logística de nuestra comunidad, generando oportunidades, empleo y actividad económica”. La presidenta ha asegurado que este nuevo trámite para el centro logístico de La Pasiega se lleva a cabo “cumpliendo plazos y acelerando su ejecución para que sea una realidad antes de lo previsto”.

Justo hace un mes, Buruaga adelantó, acompañada del presidente de Adif, Pedro Marco, que el convenio con el Gobierno central para la construcción y financiación de la terminal se podría firmar “posiblemente antes del verano”. Además señaló, sobre las obras del centro logístico, que el Gobierno autonómico está concluyendo ya la primera fase de la urbanización, a falta de tan solo de un viaducto que necesita los permisos de Adif, y que pronto arrancará la segunda fase.

“La Pasiega va a ser una realidad en septiembre de 2030, dos años antes de lo previsto, y queremos que en esa fecha esté operativa la terminal”, subrayó el 9 de marzo la presidenta.

Plazos

En un comunicado, el Gobierno cántabro precisa que para 2027 destinará 1.641.159 euros, en 2028 se elevará hasta 13.583.445 euros y la mayor cuantía será en 2029, con una inversión de 15.766.541 euros.

La Pasiega será la principal plataforma logística de Cantabria, ubicada en el corredor Santander-Torrelavega y estará dotada de conexiones portuarias con el Puerto de Santander.

Con una superficie total de 1.949.204 metros cuadrados, es un proyecto concebido como una actuación integral estratégica y, además, contempla otras infraestructuras de nueva construcción como la nueva terminal ferroviaria intermodal con una superficie de 140.343 metros cuadrados y el vial Villaescusa-Carandía, que será una nueva conexión entre las autovías S-30 y A-8.

Según añade el Gobierno, ese centro logístico será fundamental para el desarrollo del Puerto de Santander, que tiene “necesidad urgente de aumentar su capacidad para atender nuevos tráficos y el crecimiento de los actuales”. 

Los grupos parlamentarios del PSOE y Vox plantearán una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria y de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026.

Vox ya anunció la pasada semana que iba a plantear la enmienda durante la comparecencia parlamentaria del consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), para dar a conocer las cuentas, que ascienden a 3.925,3 millones de euros, 12 millones más que el anterior borrador.

El grupo de Vox dijo entonces que el presupuesto planteado no es el que necesita Cantabria porque recoge un “récord en gasto burocrático” y “no adelgaza nada”. Fuentes del PSOE han indicado además a EFE que también presentarán la enmienda a la totalidad.

Este es el segundo intento del Gobierno para sacar adelante los presupuestos regionales para 2026, después de que el pasado mes de noviembre prosperara la enmienda a la totalidad.

En aquella ocasión fueron todos los grupos de la oposición los que pidieron la devolución de los presupuestos: el PRC, el PSOE y Vox.

En cambio, lo previsible es que en esta ocasión los presupuestos sean aprobados, ya que el PP llegó a un acuerdo a principios de marzo con los regionalistas para que apoyen las cuentas.

El acuerdo entre el PP y el PRC para la aprobación del presupuesto recoge 24 medidas enfocadas a los jóvenes, a facilitar el acceso a la vivienda, a la mejora de los servicios públicos, sobre todo la educación y la sanidad, y al apoyo de las entidades locales, el sector primario y la industria.

Una vez que se planteen las enmiendas a la totalidad, el calendario aprobado por el Parlamento prevé que el próximo jueves, 9 de abril, sea el día en que se celebre el pleno para debatirlas.

Posteriormente, hasta el 15 de abril, los grupos parlamentarios podrán presentar las enmiendas parciales, que se debatirán en comisión los días 21 y 22 de abril, y el día 27 está previsto el pleno para abordar las que queden vivas y para aprobar las cuentas.

Con este trámite cumplido, quedaría publicar los presupuestos y la ley de acompañamiento en el Boletín Oficial de Cantabria para su entrada en vigor, lo que se prevé para principios de mayo.

El Gobierno de Cantabria ha registrado este jueves en el Parlamento el proyecto de presupuestos autonómicos de 2026, que asciende a 3.925,3 millones de euros y ha sido “reforzado” por las aportaciones del PRC tras el acuerdo político entre ambos partidos, según el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, “sin imposición ni cesión alguna”.

El presupuesto, que será tramitado de urgencia con el objetivo de que entré en vigor el 1 de mayo, es 12 millones superior al que se aprobó inicialmente en octubre y que fue tumbado por los grupos de la oposición en el Parlamento, porque se han ajustado las cantidades de las entregas a cuenta.

El documento incorpora las medidas pactadas con el PRC, que el Ejecutivo del PP ha hecho suyas “para acelerar el proyecto de cambio que emprendió al comienzo de la legislatura”, ha dicho Agüeros en la presentación de las cuentas en rueda de prensa.

La salud, la educación y los servicios sociales se llevan casi 63 de cada 100 euros del presupuesto, que avanza en las políticas de reducción de impuestos con nuevas deducciones en el IRPF.

“Cantabria de primera”

El Consejo de Gobierno aprobó esta misma mañana el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y la normativa que lo acompaña, un documento económico que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado que permitirá al Ejecutivo “seguir construyendo una Cantabria de primera”.

Tras la reunión del Ejecutivo en la que se ha aprobado el presupuesto, en su cuenta en X, la presidenta de Cantabria ha afirmado que el presupuesto es “fruto del diálogo y del acuerdo”, en referencia al pacto previo suscrito con el PRC para sacar adelante esas cuentas.

El pasado noviembre, el primer proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 que presentó el Gobierno del PP fue devuelto tras votar en su contra todos los partidos de la oposición en el Parlamento (PRC, PSOE y Vox), que cuentan con mayoría en la Cámara.

Sin embargo, hace ahora un mes, el PP y el PRC retomaron la negociación para sacar adelante este presupuesto que, según la presidenta, “permite seguir avanzando con estabilidad y responsabilidad”. 

Las muertes de seis jóvenes por culpa del puente de El Bocal que se vino abajo sobre el abismo de un estrecho acantilado y las secuelas físicas y emocionales que sufre otra víctima tiene responsables. Precisamente por eso quienes se ven señalados se han apresurado en exculparse y se han hecho los ofendidos porque los medios de comunicación ya estábamos tratando de armar el puzle de lo sucedido antes de lo que a nuestras autoridades les parecía conveniente.

Todas las administraciones están a la espera de la investigación judicial, como si una posible responsabilidad penal pudiera neutralizar o retrasar la responsabilidad política. Para eso no hace falta esperar al veredicto. 

Los hechos no tienen que conocerse solo en el tiempo y en la forma que les interesa a nuestras autoridades. Menos cuando la propia alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), confesó que habían pactado una tregua: “Se ha acordado que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta fase del rescate”, espetó ante los medios en esas primeras horas.

A los periodistas —como a todos los ciudadanos— también nos ha perturbado profundamente la tragedia. Los principales medios de comunicación de Cantabria han realizado un gran trabajo, riguroso y profesional, investigando por su cuenta ante la ausencia de explicaciones oficiales.

Aunque las informaciones que se han publicado hayan molestado a nuestras autoridades. Ha dado la impresión de que todos pueden hacer su trabajo —los responsables de emergencias, los jueces, los médicos— menos los periodistas. Nosotros, según parece, nos tenemos que limitar a retransmitir al dictado única y exclusivamente lo que se nos indica desde las administraciones implicadas. Porque están todas implicadas, aunque alguna insista en lo contrario.

Durante estos días —con el delegado del Gobierno de Cantabria, Pedro Casares (PSOE), de viaje en México en asuntos de su partido porque no ha considerado necesario adelantar su regreso— nadie ha asumido ninguna responsabilidad por no haberse ocupado en más diez años del mantenimiento del maldito puente de madera. El Ayuntamiento de Santander insiste en que es una obra inacabada, aunque estaba en uso y se promocionaba desde carteles y propaganda municipal.

Únicamente el secretario de Estado, Hugo Morán (PSOE), cuyo Ministerio construyó la senda costera hace más una década —aunque fuera con otro partido en La Moncloa—, apuntó a una responsabilidad compartida entre Demarcación de Costas, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Por lo menos no salió de la ecuación como ha hecho la alcaldesa.

Cuando los medios de comunicación desvelaron que el día antes un ciudadano alertó del peligro y la policía local no hizo nada, Gema Igual convocó una rueda de prensa para sacudirse la responsabilidad. Dijo que ella “no va a ser culpable de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”.

Hasta tal punto que ni siquiera pidió disculpas a los familiares de las jóvenes por la negligencia municipal —“la cadena de respuesta no funcionó”, suavizó ella— como si la Policía Local no fuese responsabilidad suya.

Los ciudadanos están ofendidos con la negligente actuación de las administraciones, la falta de disculpas públicas y el lamentable espectáculo de escurrir el bulto que están ofreciendo

La presidenta de Cantabria y la alcaldesa de Santander están equivocadamente ofendidas con las informaciones que se han publicado sobre las competencias del mantenimiento de la pasarela, la actuación del 112 y de la Policía Local. “Que se depuren todas las responsabilidades que se tengan que depurar, pero que lo digan los jueces”, reprochó Buruaga.

Solo hay que salir a la calle, subir a un autobús o echar un vistazo a las redes sociales para ver que nadie está enfadado con los medios de comunicación por contarlo. Los ciudadanos están enfadados con las instituciones. No con nosotros, que seguimos tratando de hacer todo lo posible por informar pese a las dificultades que nos ponen.

Los ciudadanos están ofendidos con la negligente actuación de las administraciones, la falta de disculpas públicas y el lamentable espectáculo de escurrir el bulto que están ofreciendo. ¿En serio alguien es tan ingenuo de pensar que si los periodistas no desvelan la llamada al 112 ellos nos lo hubieran confesado?

Durante estos años hemos escuchado insistentemente a la alcaldesa reclamando a Costas que reponga la arena de las playas de Santander y que finalice la obra de los diques. Piensen cuántas veces la han escuchado elevar la voz para denunciar la situación de la senda costera. Proyectada, por cierto, por uno de los actores principales: el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio —que no sale en la foto ni habla ante los micrófonos— pero debería ser el primero en asumir su responsabilidad. Aunque no el único. El Ministerio también tiene que hacer examen de conciencia con urgencia.

Por su parte, la presidenta Buruaga —que tiene en principio un papel secundario— ha hecho pública una conversación íntima en el velatorio con la madre de una de las víctimas. Lo contó el otro día después de firmar el pacto de Gobierno, en cuanto se levantó el luto oficial. Lo llevaba preparado, escrito en los papeles a los que iba echando miradas para no perder el hilo del relato: “No descansaré hasta que sepa la verdad de lo ocurrido en El Bocal”.

Lo que pasó está cada vez más claro: nadie ha hecho nada en más de diez años y tampoco hicieron caso de la llamada que alertó del peligro. Lo que hace falta ahora es que alguien se haga responsable de ambas cuestiones. 

La formación política Cantabristas ha criticado el acuerdo entre el PP y el PRC para aprobar el presupuesto de Cantabria para 2026 y ha considerado que “los regionalistas han antepuesto su supervivencia política a la defensa de Cantabria”

En un comunicado, Cantabristas ha opinado que el PRC “está insuflando oxígeno” al PP, a quien ha acusado de llevar a cabo “un desmantelamiento sin precedentes del sistema público”.

El secretario general de la formación, Paulu Lobete, ha considerado que los regionalistas son “cómplices del Gobierno más dañino para el futuro de Cantabria que hemos visto en los últimos años” y ha denunciado que el apoyo del PRC al PP “es casi gratis”.

“Ya se ha demostrado durante tres años que no supone ningún cordón sanitario contra Vox, ni sirve para evitar males mayores. El PP está aprobando junto a Vox políticas que suponen un retroceso de derechos a lo largo de la legislatura y seguirá haciéndolo”, ha afirmado Lobete. 

La presidenta de Cantabria y líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, firmarán este viernes en la sede del Parlamento autonómico el acuerdo entre ambos partidos para aprobar el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, en un acto en el que también estará presente la candidata electoral de los regionalistas, Paula Fernández, encargada de pilotar en los últimos días las negociaciones con el Partido Popular.

El pacto para aprobar las cuentas del presente ejercicio llega con algo más de dos meses de retraso y tras recuperarse recientemente las vías de diálogo entre ambos partidos, que atravesaban uno de los momentos más críticos de la legislatura, con mociones de censura y ruptura de acuerdos de gobierno en varios municipios, y retoma de esta forma la senda iniciada al inicio de este mandato, cuando los regionalistas facilitaron la investidura de Buruaga, manteniéndose siempre como “socios preferentes” y aprobando todos los presupuestos hasta la fecha.

Las negociaciones estaban prácticamente cerradas desde hace días, después de una primera reunión presencial entre Buruaga y Fernández el martes pasado en la sede del Ejecutivo autonómico, que sirvió para desbloquear los desencuentros que llevaron al PRC a votar en contra de los presupuestos en el mes de diciembre, y tras el visto bueno de la Ejecutiva regionalista a este nuevo intento de acuerdo. La mesa negociadora de ambos partidos se volvió a ver el viernes pasado y, pese a no hacer declaraciones al respecto, el mensaje que llegaba extraoficialmente es que estaban muy cerca.

El trágico accidente ocurrido esta semana en una pasarela junto a la playa de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes estudiantes, con una única superviviente que se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha frenado que la firma del acuerdo se produjera antes, dado que hasta el jueves al mediodía seguían las labores de rescate del último cuerpo desaparecido y el Gobierno de Cantabria había declarado dos días de luto oficial, con la cancelación total de la agenda pública de los miembros del Ejecutivo.

Intereses mutuos

Una vez que se habían retomado las negociaciones no se esperaban sorpresas, porque desde las filas del PRC ha habido casi más interés por sacar las cuentas adelante que desde el Gabinete de Buruaga, que se ha tomado nada menos que dos meses de margen para descolgar el teléfono y reiniciar un diálogo que se rompió de forma abrupta en diciembre, después de que los regionalistas impusieran una serie de condiciones previas para pactar los presupuestos de este ejercicio y que la negativa del PP provocara el rechazo unánime de la oposición parlamentaria al proyecto de ley que decayó en la Cámara.

Ahora falta por conocer la letra pequeña del acuerdo. Mientras Buruaga ha mantenido que afrontaba esta nueva etapa “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, desde el seno regionalista se ha insistido en que sus peticiones previas “siguen vigentes” y deberán incorporarse a los presupuestos. Dos meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles de cumplir”, relacionadas con el pago íntegro de ayudas al medio rural, la adecuación salarial de los docentes cántabros o varias actuaciones sanitarias e industriales, estas mismas medidas han vuelto a estar sobre la mesa y queda comprobar quién ha dado su brazo a torcer.

En el nuevo escenario también ha tenido mucho que ver el contexto interno en cada uno de los partidos. En el caso del PRC, porque el rechazo a los presupuestos estuvo a punto de convertirse en un cisma a nivel orgánico, ya que muchos alcaldes y alcaldesas presionaban a la candidata electoral, Paula Fernández, para que diera luz verde a unas cuentas a las que podrían sacar rédito en sus propios municipios. Y por parte del PP, porque la catarata de elecciones autonómicas en España están dando un papel fundamental a Vox, lo que ha obligado a Génova a establecer un acuerdo marco para pactar con la extrema derecha, permitiendo su entrada en los gobiernos autonómicos, una posibilidad que Buruaga y su equipo prefieren evitar por el momento.

PP y PRC han retomado este viernes las negociaciones para intentar, de nuevo, sellar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, que fue imposible hace tres meses. Lo han hecho con una reunión de 50 minutos en el Parlamento, sin realizar declaraciones posteriores a la prensa y sin informar de cuándo será el siguiente encuentro.

A la salida de la reunión, los integrantes de las comisiones negociadoras designadas por ambos partidos han abandonado la sala sin pararse a atender a los medios de comunicación, que solo han podido arrancar, y mientras se marchaban de la reunión, apenas unas palabras de la diputada y candidata electoral del PRC en las próximas elecciones, Paula Fernández, que han sido “trabajo, trabajo, trabajo”; y un “muy bien” del portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, cuando ha sido preguntado acerca de cómo había ido el encuentro.

Previamente al mismo, desde ambos partidos se había advertido a la prensa que no habría declaraciones ya que así se había acordado por parte de ambas formaciones, algo que difiere de lo sucedido en la anterior ronda de encuentros, celebrada sin éxito a finales de octubre y en noviembre, cuando al final de cada reunión había declaraciones o rueda de prensa de los representantes de PP y PRC.

En esa ocasión, las conversaciones se rompieron casi sin empezar después de que el PP rechazara las condiciones que la Ejecutiva del PRC aprobó para sentarse a negociar. Ello desembocó en que el 24 de noviembre de 2025 el Pleno del Parlamento aprobara, con los votos de PRC, PSOE y Vox, enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (la conocida como ley de acompañamiento), lo que supuso la devolución de ambos documentos al Gobierno y la prórroga de las cuentas de 2025.

El encuentro de este viernes ha comenzado con apenas un par de minutos de retraso respecto a la hora prevista -las 11.00 horas- y se ha celebrado en el despacho que la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tiene en la tercera planta del Parlamento. Por ahora no han trascendido detalles de lo abordado en la reunión, de si ha habido algún avance y tampoco de cuándo será la siguiente.

La reanudación de los contactos entre PRC y PP para explorar la aprobación de las cuentas de 2026, las terceras de la presente legislatura y tras el respaldo de los regionalistas a los populares en los proyectos económicos de 2024 y 2025, se produce a raíz de una llamada, esta misma semana, de Buruaga a Fernández. Fruto de ese contacto, a primera hora del pasado martes, ambas se reunieron a continuación en la sede del Gobierno. Allí acordaron empezar a negociar “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, para cerrar un acuerdo “lo antes posible”.

Y ello tres meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles” de cumplir, relacionadas con en el pago íntegro de ayudas al medio rural, llegar a un acuerdo con la Junta de Personal Docente para la adecuación salarial y actuaciones sanitarias e industriales que “no pueden seguir esperando”. Tras la entrevista de Buruaga con Fernández, ambas destacaron en declaraciones a los medios que habían encontrado en la otra parte “predisposición” para dialogar.

Este jueves por la tarde el Comité Ejecutivo del PRC aprobó retomar las negociaciones con el PP e “intentar un acuerdo” que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 y hoy se ha celebrado la primera reunión.

En las negociaciones participan, por parte del PRC, la propia Fernández; el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas.

Por parte del PP forman parten de la comisión negociadora la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, en calidad de secretaria autonómica del partido; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y el vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, Roberto Media.

Era un mero trámite formal y así se ha resuelto: en menos de una hora y sin votos en contra. Apenas dos días después de la primera reunión entre la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada autonómica y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, la Ejecutiva regionalista ha avalado este jueves por la tarde la propuesta de retomar las negociaciones de forma urgente con el Gobierno para aprobar a la mayor brevedad posible los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026.

No se esperaban sorpresas, porque desde las filas del PRC ha habido casi más interés por sacar las cuentas adelante que desde el Gabinete de Buruaga, que se ha tomado nada menos que dos meses de margen para descolgar el teléfono y reiniciar un diálogo que se rompió de forma abrupta el pasado mes de diciembre, después de que los regionalistas impusieran una serie de condiciones previas para pactar los presupuestos de este ejercicio y que la negativa del PP provocara el rechazo unánime de la oposición parlamentaria al proyecto de ley que decayó en la Cámara.

Ahora, tras un encuentro por sorpresa entre Buruaga y Fernández el pasado martes, con apenas unos contactos informales previos para rebajar la tensión y relajar las posturas de máximos, PRC y PP se volverán a ver las caras y las comisiones negociadoras de ambos partidos se sentarán este mismo viernes, a partir de las 11.00 horas, en el antigio Hospital de San Rafael. A falta de flecos, todos cuentan con que como muy tarde la próxima semana se pueda rubricar un acuerdo definitivo. No tendría mucho sentido perder más el tiempo de lo que se ha perdido ni mantener una prórroga presupuestaria que dejó en el limbo algunos proyectos que se consideran fundamentales.

Ante este escenario, el Comité Ejecutivo del PRC ha aprobado este jueves sin oposición la propuesta de la candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, para retomar las negociaciones con el Partido Popular e intentar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, tras el “compromiso” de la presidenta María José Sáenz de Buruaga con las medidas planteadas el pasado mes de noviembre.

Condiciones previas

Y aquí está una de las claves, porque mientras Buruaga ha mantenido en las últimas horas que afronta esta nueva etapa “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, desde el seno regionalista se insiste en que sus peticiones previas siguen vigentes y deberán incorporarse a los presupuestos. Dos meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles” de cumplir, relacionadas con en el pago íntegro de ayudas al medio rural, la adecuación salarial de los docentes cántabros o varias actuaciones sanitarias e industriales que “no pueden seguir esperando”, estas mismas medidas volverán a estar sobre la mesa y queda comprobar quién da su brazo a torcer.

“Yo diría que hemos recobrado el espíritu de negociaciones anteriores”, opinó la presidenta el martes tras la reunión con Paula Fernández, y además consideró que “esta vez estamos bastante más cerca del acuerdo presupuestario”. En paralelo, la dirigente regionalista dijo que “se abre un nuevo camino” y defendió que había visto a una Buruaga “receptiva”, que ha “escuchado” las propuestas del PRC y “se ha comprometido a llevarlas a cabo”.

Tras el acuerdo de la dirección regionalista para retomar el diálogo, las comisiones negociadoras de ambas formaciones han concertado un primer encuentro para este viernes 27 de febrero, en el Parlamento de Cantabria.

La delegación del PRC estará integrada por la propia Paula Fernández, diputada además de candidata a la Presidencia de Cantabria en los próximos comicios, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas. Por parte del PP forman parten de la comisión negociadora la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, en calidad de secretaria autonómica del partido; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y el vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, Roberto Media.

La imagen de la presidenta de Cantabria y líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada autonómica y futura candidata electoral del PRC, Paula Fernández, reunidas en la sede del Gobierno en Peña Herbosa, sonrientes, rodeadas de todo el protocolo institucional después de una convocatoria de urgencia para negociar los presupuestos, no solo augura la futura aprobación de las cuentas en un breve periodo de tiempo —algo impensable hace apenas unos días—, sino que anticipa también un simulacro de coalición de cara a la próxima legislatura en la comunidad autónoma.

Paula Fernández necesitaba un giro de guion para salir de la soledad orgánica en la que había quedado paradójicamente tras su clara victoria en las primarias regionalistas. Desde entonces, solo ha perdido apoyos. Se ha encontrado con el portazo más que evidente de muchos alcaldes del PRC, que solo piensan en el corto plazo y habían empujado mucho para que se aprobaran los presupuestos, por incoherente que resultara esto para la estrategia electoral de su partido a un año de la cita con las urnas. Ha sido más común ver a esos mismos regidores municipales en actos y encuentros amistosos con Buruaga y los miembros de su Ejecutivo que con la propia Fernández.

La presión empresarial también ha tenido un papel importante en este cambio de rumbo. Nadie quiere trabajar con unos presupuestos prorrogados. Y es evidente que el grupo parlamentario regionalista no funciona esta legislatura bajo las mismas premisas y una dirección común, sino que cada uno hace la guerra por su cuenta, lo que provoca claros desajustes en las intenciones de la próxima cabeza de lista del PRC de hacer una oposición dura al PP.

La apuesta de Paula Fernández es clara: supervivencia orgánica y confianza en ocupar una Consejería en un hipotético gabinete del PP si se salva del descalabro que anticipan las encuestas

Habrá que ver en los próximos días cómo se escenifica el acuerdo presupuestario y cuál es el tono a partir de ahora entre ambos partidos, que habían llegado al peor momento de su relación en la presente legislatura, con mociones de censura y rupturas de pactos municipales. Por no hablar del papel que jugarán de aquí en adelante en el PRC, presentándose en la futura campaña electoral como socio preferente de un Partido Popular que ha tenido las mayores facilidades que se recuerdan para un Gobierno en minoría. La apuesta de Paula Fernández es clara: supervivencia orgánica y confianza en ocupar una Consejería en un hipotético gabinete del PP si se salva del descalabro que anticipan las encuestas.

En el caso de María José Sáenz de Buruaga, el cambio de actitud también es más que notorio. Se habían preparado para un año de prórroga presupuestaria y así lo indican todos los movimientos que se habían producido hasta la fecha. Las negociaciones no se habían retomado, ni discretamente. En unas pocas horas se abrió el cielo sobre sus cabezas. Por un lado, no es fácil lucir en año preelectoral con las cuentas bloqueadas y sin poder presumir de chequera e inauguraciones. Por otro, Vox aprieta. Y está cerca de ahogar también.

La escalada electoral de la formación de extrema derecha no toca techo y la presidenta de Cantabria ya ha comprobado en piel ajena lo que están sufriendo sus homólogos en otros territorios para cerrar acuerdos de gobierno. El nuevo marco de negociación que han abierto desde Génova con el partido ultra y la posibilidad de que un anticipo de las elecciones generales obligue a todos los presidentes autonómicos del PP a reproducir el pacto de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en 2027 han podido ser buenos incentivos para que se impulse ahora este acuerdo con los regionalistas. Sus declaraciones al respecto no dejan lugar a dudas de lo que está por llegar en Cantabria: “Es más fácil llegar a acuerdos con el PRC”.

Un día después del anuncio del PP nacional de aplicar un decálogo para definir la estrategia a seguir con VOX en los pactos regionales venideros, la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), ha advertido de que “es una directriz” pero “no es una imposición”, porque en la comunidad autónoma, donde el PP gobierna en minoría, “ni es el momento ni el lugar, ni son los protagonistas” —en referencia a Vox— “ni es de aplicación en este momento”.

Buruaga ha señalado que no tiene un pacto con Vox —“nunca lo he tenido, ni antes ni ahora”— y ha matizado que “con el PRC es más fácil llegar a acuerdos, ha sido más fácil en situaciones anteriores y es el único que tiene disposición al acuerdo”. Así se ha expresado dos meses después del rechazo del Parlamento de Cantabria a los presupuestos de 2026 que presentó en la Cámara autonómica.

La propuesta de decálogo aborda desde bajadas de impuestos, construcción de viviendas y el combate a la llamada por el PP y Vox “okupación ilegal” y al “deterioro de la inseguridad ciudadana”. Sin negar las numerosas formas de violencias, como la machista, se abre a “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria” para luchar contra la violencia.

Buruaga ha rechazado que el decálogo sea visto como “una tutela o una imposición”. Para la presidenta, es un marco para “ordenar los pactos” y “dar estabilidad” en territorios donde se han alcanzado acuerdos con Vox. En su opinión, el decálogo que ha impulsado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoó, “parte de nosotros mismos y va de abajo a arriba”. Unas directrices que ya han recibido frontales críticas del líder de Vox, Santiago Abascal.

En Cantabria, Buruaga ha respondido a preguntas de los periodistas en una comparecencia en la sede del Gobierno autonómico, en la que ha anunciado que retoma las negociaciones con el PRC de los presupuestos, que habían quedado bloqueadas a finales de año, después de una enmienda a la totalidad de todo el arco parlamentario, incluidos Vox y PRC.

Buruaga ha convocado a los medios porque este martes por la mañana ha llamado a Paula Fernández, candidata electoral del PRC, para iniciar de nuevo las negociaciones. Tras reunirse con ella, ha respondido a la pregunta de si la llamada al PRC tiene algo que ver con la estrategia del PP de pactar con Vox en las comunidades autónomas. “Entiendo la pregunta, pero nada más lejos, mi cabeza hoy esta en otro lugar. Este proceso coincide en el tiempo, pero el escenario es completamente distinto y la situacion de Cantabria también lo es y no lo es desde hoy”, ha respondido sonriendo.

A continuación, Buruaga ha insistido en que “lo extraño sería que tuviéramos un decálogo para cada autonomía” y ha considerado que se trata de un marco “para fijar las reglas del juego” de cara a los ciudadanos, “que tienen que saber qué esperar a la hora de los pactos” entre el PP y Vox. “Pero no es de aplicación en Cantabria”, ha enfatizado Buruaga.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha descolgado el teléfono dos meses después de que la oposición tumbara el proyecto de presupuestos para 2026 que presentó su Gobierno y ha acercado posturas con el PRC para retomar las negociaciones y explorar un nuevo acuerdo presupuestario. Sería el tercer pacto en este sentido con los regionalistas, que también permitieron su investidura y se han convertido en el socio preferente del Ejecutivo a lo largo de toda la legislatura.

“Tengo la responsabilidad de hacer un último intento como presidenta de Cantabria. Hemos podido mantener un diálogo sereno, franco y constructivo. Y hemos acordado empezar a negociar sin líneas rojas sobre propuestas de mejora del presupuesto”, ha expresado Buruaga en una comparecencia ante los medios desde la sede del Gobierno en Peña Herbosa y tras la reunión de urgencia mantenida este martes con la actual candidata electoral del PRC, Paula Fernández.

“Esta vez estamos bastante más cerca del acuerdo presupuestario”, ha renocido la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha adelantado que esta misma semana se reunirá la comisión negociadora de ambos partidos para acercar posturas. El PRC también ha convocado esta semana a su Ejecutiva para valorar el nuevo escenario que se abre por delante.

“La llamada de la presidenta significa un cambio de actitud. El paso lo tenía que dar la presidenta y, por responsabilidad, los regionalistas no hemos dudado en acudir. Esa responsabilidad no se puede confundir con una postura de 'cheque en blanco'. En octubre planteamos propuestas y hoy me he encontrado con una presidenta receptiva a los planteamientos del PRC y se ha comprometido a llevarlos a cabo. Se abre una nueva vía de diálogo aceptando las propuestas y planteando un inicio de la negociación sin un presupuesto impuesto”, ha explicado por su parte Paula Fernández.

En este sentido, la candidata regionalista ha adelantado que va a plantear a su partido que sea la misma comisión negociadora la que explore la posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo con el PP, con las mismas propuestas que ya trasladaron en octubre. “Será un acuerdo puntual para tener presupuestos en 2026”, ha insistido durante su intervención, en la que ha defendido que “el PRC seguirá haciendo oposición responsable, seria, exigente y vigilante”.

En la negociación previa de los presupuestos el pasado otoño, los regionalistas reclamaron reforzar la atención sanitaria en los hospitales de Laredo y Reinosa, la firma “inmediata” del acuerdo salarial con los docentes, un plan de choque para la prevención del cáncer de mama, el pago de las ayudas pendientes al sector primario y la firma de la opción de compra del Polígono de La Vega en Reinosa. Todo ello, como condición previa para sentarse a hablar de las cuentas de 2026, un planteamiento que desde el PP calificaron de “chantaje” y que ahora parece no ser un impedimiento para retomar el diálogo.

Dos meses de parálisis

El Partido Popular, que gobierna en minoría parlamentaria en la comunidad, vio como el pasado mes de diciembre toda la oposición en bloque —PRC, PSOE y Vox— tumbó el proyecto de presupuestos que el Ejecutivo autonómico había llevado a la Cámara y ha comenzado el presente ejercicio con unas cuentas prorrogadas.

Durante los dos primeros años de legislatura, el Gobierno del PP se había apoyado en el PRC para aprobar los presupuestos, al igual que lo hizo para sacar adelante la investidura de la propia Buruaga como presidenta. En esta última negociación, pese a las diferencias internas que esta decisión generó en las filas regionalistas, —especialmente entre sus alcaldes—, el partido que aún dirige Miguel Ángel Revilla votó por primera vez en contra de las cuentas ante los “reiterados incumplimientos” del Ejecutivo en los pactos presupuestarios anteriores.

A lo largo de este tiempo, las relaciones entre ambos partidos han llegado a una situación crítica a nivel municipal, con la ruptura de varios pactos de gobierno en ayuntamientos que gestionaban conjuntamente, como el caso reciente de Reinosa, y mociones de censura para desalojar a alcaldes regionalistas del poder.

Pese a todo, el PRC lleva lanzando mensajes de diálogo y tendiendo la mano al PP para retomar las negociaciones durante los últimos meses, ante la aparente desgana del Gobierno de Buruaga, que había puesto en marcha la maquinaria para gobernar con unos presupuestos prorrogados y parecía asumir que iba a ser así hasta final de año, tras enterrar la amenaza de una convocatoria electoral anticipada que llegó a estar sobre la mesa como mera hipótesis.

El decálogo para Vox “no es de aplicación”

A preguntas de los periodistas, Buruaga ha valorado el anuncio del PP nacional de un decálogo para definir la estrategia a seguir con Vox en los pactos regionales venideros como un marco de referencia, pero ha sido tajante: “No es una imposición, porque en Cantabria, donde el PP gobierna en minoría, ni es el momento ni el lugar, ni son los protagonistas -en referencia a Vox- ni es de aplicación en este momento”. 

Buruaga ha señalado además que no tiene un pacto con VOX, “nunca lo he tenido, ni antes ni ahora” y ha matizado que “con el PRC es más fácil llegar a acuerdos, ha sido más fácil en situaciónes anteriores y es el único que tiene disposición al acuerdo”, ha considerado transcurridos dos meses desde que le tumbaran los presupuestos de 2026. 

Paula Fernández, después de recibir a primera hora del día la llamada de la presidenta para proponerle una reunión, ha destacado el “cambio de actitud” de Buruaga y ha valorado que, “después de varios meses”, haya asumido que “si quiere contar con presupuestos tiene que actuar con responsabilidad y buscar los apoyos parlamentarios que necesita”.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PRC), acaba de llamar por teléfono a la candidata del PRC en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, para “explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita que Cantabria tenga un nuevo presupuesto en 2026”. Como resultado de esta conversación, ambas dirigentes políticas mantendrán un encuentro este mismo martes a partir de las 12.00 horas en la sede Gobierno en Peña Herbosa.

El Partido Popular, que gobierna en minoría parlamentaria en la comunidad autónoma, vio como el pasado mes de diciembre toda la oposición en bloque —PRC, PSOE y Vox— tumbaron el proyecto de presupuestos que el Ejecutivo autonómico había llevado a la Cámara y ha comenzado el presente ejercicio con unas cuentas prorrogadas.

Durante los dos primeros años de legislatura, el Gobierno del PP se había apoyado en el PRC para aprobar los presupuestos, al igual que lo hizo para sacar adelante la investidura de la propia Buruaga como presidenta. En esta última negociación, pese a las diferencias internas que esta decisión generó en las filas regionalistas, —especialmente entre sus alcaldes—, el partido que aún dirige Miguel Ángel Revilla votó por primera vez en contra de las cuentas ante los “reiterados incumplimientos” del Ejecutivo en los pactos presupuestarios anteriores.

A lo largo de este tiempo, las relaciones entre ambos partidos han llegado a una situación crítica a nivel municipal, con la ruptura de varios pactos de gobierno en ayuntamientos en los que gobernaban juntos, como el caso reciente de Reinosa, y mociones de censura para desalojar a alcaldes regionalistas del poder.

Pese a todo, el PRC lleva lanzando mensajes de diálogo y tendiendo la mano al PP para retomar las negociaciones durante los últimos meses, ante la aparente desgana del Gobierno de Buruaga, que ha puesto en marcha la maquinaria para gobernar con unos presupuestos prorrogados y parecía asumir que iba a ser así hasta final de año, tras enterrar la amenaza de una convocatoria electoral anticipada.

A veces conviene pararse un momento a reflexionar, repasar la cronología y encajar las piezas para ser conscientes de la gravedad lo que está ocurriendo entre una cierta apatía generalizada. Y esta legislatura podemos decir ya que el Partido Popular en Cantabria está consiguiendo llevar su agenda política mucho más allá de los límites que podría esperarse si nos atenemos a los números de un Gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. El ejemplo más sangrante lo tenemos en el 'convenio singular' firmado con el Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios por 256 millones de euros hasta el año 2042 en beneficio de este centro religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y a las empresas privadas del sector sanitario que operan en él.

Desde que el pasado mes de octubre adelantáramos en exclusiva en elDiario.es la aprobación de ese acuerdo por el Consejo de Gobierno, que trataron que ocultar sibilinamente y del que tan solo informaron —mínimamente y con importantes incoherencias— una vez que se publicó esta información en nuestro periódico, hemos podido ir desvelando muchas otras claves que permiten entender más la operación que hay detrás y que hipoteca el futuro del sistema sanitario público de la comunidad autónoma. Hasta ahora hemos contado lo que ya sabemos, que no es poco. En las próximas semanas seguiremos escribiendo de lo que está por venir y despejando muchas otras incógnitas de un asunto capital en la legislatura.

Y es que ya sabemos que el Ayuntamiento de Santander facilitó en 2023 una recalificación urbanística en la finca en el que está situado el Hospital Santa Clotilde que le permitirá ahora ampliar sus instalaciones sobre los actuales jardines y el aparcamiento para adaptarse a las exigencias de ese convenio con el Servicio Cántabro de Salud, firmado recientemente, que a su vez le garantiza la rentabilidad de su gran inversión en infraestructuras. Porque hay que recordar una vez más que se firmó un acuerdo para privatizar servicios sanitarios con un hospital sin los aparatos, ni las camas, ni el personal exigido.

También sabemos que el PP metió de refilón a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025 esta nueva figura del 'convenio singular' que permite otorgar a dedo estos contratos, adjudicándolos sin concurso ni competencia entre empresas hasta un máximo de 24 años. Y que la excusa es que se realizan con entidades “sin ánimo de lucro”, un aspecto cuestionable y que entra en contradicción con el tipo de compañías que operan en el sector sanitario. Ya hemos contado que Santa Clotilde pertenece a una orden religiosa, sí, pero eso no impide que firme acuerdos y subcontrate servicios hasta ahora públicos a empresas privadas y fondos de inversión con claro ánimo de lucro.

A pesar de lo que dijera el consejero de Salud, César Pascual (PP), cuando se vio obligado a dar explicaciones al respecto, llevaban meses negociando con Santa Clotilde y diseñando qué servicios públicos se canalizarían al hospital privado. Nadie pone un precio antes de saber a cambio de qué. Y los 216 millones iniciales del convenio durante 16 años, más otros cuatro años prorrogables, se convirtieron mágicamente y en apenas unos días en 256 millones por el mismo periodo de tiempo. Otra vez más tuvimos que enterarnos por nuestros propios medios, porque el Gobierno de Cantabria se ha abonado a la política oscurantista y opaca de la que incluso presume en privado. Todo ello, con informes oficiales que se ignoraron y que reconocen explícitamente que el “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo “obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público” y compromete “a todo el sector público”.

En cualquier caso, la sorpresa tiene que ser relativa. Los protagonistas de la privatización sanitaria en Cantabria son los mismos fantasmas del pasado que regresaron al poder esta legislatura. No podemos olvidar que Buruaga, como consejera de Sanidad, y Pascual, como director gerente del Hospital Valdecilla, fueron los responsables del megacontrato de 900 millones de euros en favor de la filial de la constructora Ferrovial que hace un lucrativo negocio con nuestra salud desde hace más de una década.

En aquel momento se justificó en que no se privatizaban servicios sanitarios y que se dejaba en manos de una empresa privada los servicios extrahospitalarios, lo que no impidió cuantiosas protestas en la calle y una marea blanca en defensa de la sanidad pública. Ahora han vuelto con aspiraciones aún más ambiciosas: atacan directamente a servicios esenciales y avanzan en su agenda con cierto silencio cómplice, porque ante este relato de los hechos con informaciones exclusivas de elDiario.es son pocos los actores sociales o políticos que han levantado la voz hasta la fecha.

Los ciudadanos acostumbramos a ver con cierto esceticismo el juego político, las maniobras y las proclamas del escenario público con las que los políticos aspiran a saturar el espacio de la comunicación para que otros no tengan oportunidad de ser escuchados.

Esta semana el Gobierno de Cantabria improvisó un Pacto por la sanidad para pagar más dinero a los médicos cuando tengan fondos para poder hacerlo. Su aplicación efectiva estará supeditada a que haya un presupuesto aprobado en 2026 y 2027. Lo cual remite a un futuro impredecible o, al menos, retrasa su entrada en vigor hacia un horizonte temporal de incertidumbre. Se ha firmado algo que, de momento, no se puede cumplir.

Es decir, que hemos asistido a un paripé político huérfano de lo principal: que es el dinero que se ha prometido a los médicos. Pese a ello, cinco hombres -representantes de colectivos médicos- firmaron con desconcertante solemnidad unas mejoras salariales en diferido mientras la presidenta Buruaga resucitaba aquel concepto del ridículo 'cospedaliano'.

Estamos vendiendo la piel antes de cazar el oso. Pero al fin y al cabo, el dinero que se ha firmado para cuando se pueda pagar -nótese el absurdo- no tiene por finalidad satisfacer, que no satisface porque no es una realidad, sino ir enfrentando a diferentes colectivos contra el PRC, culpándoles de que no les apruebe los presupuestos de la comunidad.

Especialmente contra quien Buruaga dirige verbos tan gruesos que cualquiera diría que está tan debil como pregona: Paula Fernández. Para qué tomarse tantas molestias con un adversario en horas bajas, como afea constantemente a la candidata regionalista, cuando el único que le come votos está sentado a la derecha de su propio partido.

El Partido Popular entiende que los regionalistas tienen que aprobar sin rechistar las cuentas públicas que le presenta y como pusieron condiciones -algunas de ellas incluso faltas de ambición- y toda la oposición rechazó los presupuestos la presidenta cántabra comenzó un show dramático -entre la presión y el escarnio público- que lleva de gira por diferentes colectivos. ¡Firmen!, ¡firmen!, que esto es lo que ustedes se han perdido. Vayan a reclamar a otra ventanilla.

En todo caso, el Pacto por la sanidad pública está huérfano de más cosas que del combustible financiero principal. Faltaban más actores en la fotografía. El resto de los profesionales sanitarios, por ejemplo, porque solo con los médicos no arranca un hospital, ni siquiera estaban los profesionales de la enfermería. Su percepción clasista y reducida de la sanidad les retrata. En realidad es un 'Pacto por los médicos públicos', por rebajar las pretensiones de la opereta.

Para rematar el asunto. Conviene advertir a los firmantes que para ellos no hay dinero por culpa de la prórroga del presupuesto. Quizá porque se lo comido todo el millonario convenio privatizador con Santa Clotilde: 256 millones hasta 2042. Ya advirtió un informe oficial que este “elevado” compromiso afectaría a todo el gasto público. No precisamente para bien. Pero a estos, a los del acuerdo con Santa Clotilde, nadie les ha dicho que se pongan a la cola. Sus cheques se pagan desde el 1 de enero en ventanilla preferente.

Es decir, aquí se han firmado dos pactos. El de verdad, millonario, con la sanidad privada, y el del cuento de la lechera, con un talón sin fondos, con la (parte de la) sanidad pública. Del primero no hay fotografía. La vergüenza se delata sola. 

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha autorizado este jueves, en su reunión semanal, una nueva convocatoria de un programa que permite a jóvenes desempleados realizar prácticas en ayuntamientos y entidades supramunicipales para el desarrollo de proyectos de interés general.

Este programa, 'Jóvenes con Talento', busca fomentar la inserción laboral y mejorar la empleabilidad de este colectivo. Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.

También el Ejecutivo ha autorizado el contrato para el suministro e instalación de la infraestructura necesaria para el nuevo Centro de Control Clínico Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, que supone una inversión de unos 585.500 euros, de los que casi 484.000 se sufragarán con fondos europeos.

La actuación permitirá dotar al centro de mando sanitario de mobiliario técnico especializado y un avanzado sistema audiovisual, que incluye un videowall de gran formato y equipos de visualización y supervisión diseñados para el funcionamiento 24/7.

Esta infraestructura posibilitará la gestión coordinada de recursos asistenciales en tiempo real (ocupación hospitalaria, urgencias, quirófanos, transporte sanitario) “reforzando la capacidad de respuesta del sistema de salud”, ha informado el Gobierno.

Además, se ha aprobado un contrato para implantar una plataforma tecnológica que permitirá ofrecer tratamientos de rehabilitación funcional a distancia y con seguimiento clínico en tiempo real o diferido, un proyecto de casi 660.000 euros, de los que 545.000 proceden de fondos europeos.

Rutas culturales senior

Por otra parte, ha dado luz verde al convenio con la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) para desarrollar durante este año el programa 'Rutas Culturales Senior Cantabria', dirigido a mayores de 55 años y que incluye propuestas tanto en España como en el extrajero, diseñadas y comercializadas por las agencias adheridas, siempre bajo autorización previa de la Consejería de Inclusión Social.

Las rutas son comercializadas directamente por las empresas participantes y la Consejería asume funciones de coordinación, autorización, supervisión e impulso del programa.

Además, el Gobierno ha autorizado la firma de 16 convenios con municipios para reforzar la recogida y el transporte de residuos municipales mediante la empresa pública MARE, garantizando la prestación del servicio en ayuntamientos que carecen de medios propios suficientes.

Se trata de Arredondo, Bárcena de Cicero, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Las Rozas de Valdearroyo, Mazcuerras, Pesaguero, Polaciones, Polanco, Potes, Ramales de La Victoria, San Felices de Buelna, Santa María de Cayón, Udías, Valle de Villaverde y Vega de Liébana.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley de Casas de Cantabria y regula el reconocimiento, fusión y revocación de estas entidades, así como la organización y funcionamiento del registro oficial de estos centros.

La norma actualiza el marco jurídico aplicable y establece procedimientos homogéneos para reforzar la relación institucional con las comunidades cántabras asentadas fuera de la región.

Para ello, se introducen mecanismos de verificación periódica, obligaciones de comunicación y criterios claros de inscripción y actualización de datos. La nueva regulación también contempla la posibilidad de fusionar entidades cuando así lo acuerden sus órganos de gobierno, así como la revocación del reconocimiento en los casos de inactividad prolongada o incumplimiento de la ley.

En otro orden de cosas, también se ha autorizado un gasto de 750.000 euros para el convenio mediante el cual la Agencia Estatal de Administración Tributaria continúa prestando el servicio de gestión en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público cuya recaudación corresponde a la comunidad autónoma a través de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

Se ha dado también el visto bueno al convenio específico con la Comisión Europea para que la UE financie con 40.000 euros el funcionamiento del Centro de Información Europe Direct Cantabria durante este año, asegurando la continuidad de este “recurso estratégico” para seguir acercando a la ciudadanía las políticas, programas e iniciativas comunitarias y promover actividades divulgativas, formativas y de participación.

El PSOE de Cantabria ha exigido a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), explicar a los ciudadanos a qué se destinarán los 45 millones de euros del presupuesto prorrogado de 2025 y que su Gobierno “ha movido a la partida de imprevistos para asignar a dedo y a su libre albedrío”.

“Exigimos conocer la verdad que se esconde detrás de tantas buenas palabras y malas acciones”, ha reclamado este jueves en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, que ha lamentado que, “una semana más, la presidenta ha justificado de mentira en mentira, todas las incoherencias con las que nos gobierna”.

Y es que el traspaso de 45 millones de euros del presupuesto a la partida de imprevistos “a oscuras”, y adelantada en exclusiva por elDiario.es, “es solo una de las incoherencias” con las que, para el PSOE, Buruaga ha ofrecido “una vez más su peor versión” en estos últimos días.

Primero, ha dicho Quiñones, porque su Gobierno ha movido esos 45 millones para disponer a “su libre antojo” de un dinero que es de todos los cántabros, “a quienes no se ha dignado a explicar para qué, a dónde y con qué fin se van a destinar”.

“Mover 45 millones del presupuesto prorrogado sin explicar con luz y taquígrafos a dónde va a parar ese dinero es la peor práctica de un gobernante”, ha considerado la portavoz socialista, que ha criticado que lo haga una presidenta que “dice no tener dinero” para otras cuestiones como la mejora salarial de los empleados públicos o la adecuación salarial de los docentes.

Así, la portavoz del PSOE ha criticado que “tenemos una presidenta que dice no tener dinero para mejorar el sueldo de tantos empleados públicos en Cantabria pero vuelve a firmar una adenda para subir el sueldo a los médicos al margen de la negociación colectiva y del diálogo social en el ámbito sanitario, dejando al resto de profesionales de la sanidad al margen de la subida salarial”.

“Hay dinero para privatizar los cribados de cáncer de colon pero no para subir el sueldo a los docentes. Se vende como éxito un pacto opaco con sindicatos médicos cuando da la espalda al resto del sector sanitario. Hay dinero para unos cuantos médicos pero no para las enfermeras y los auxiliares sanitarios, para abrir los consultorios rurales o para dotar con médicos los SUAP”, ha añadido.

De hecho, Quiñones ha recordado que “Buruaga que se hacía llamar la presidenta sanitaria” cuando, en su opinión, “es la principal amenaza para la sanidad pública de Cantabria, como ya lo fue en su época de consejera”, en la que “hipotecó a Cantabria con más de 900 millones de euros para privatizar los servicios no sanitarios de Valdecilla”.

“Ahora ha vuelto a hipotecarnos con un mega contrato de 256 millones con el que privatiza servicios básicos como los cribados de cáncer de mama o de colon”, ha apostillado.

“Pelotazo millonario”

Por otra parte, la portavoz socialista ha denunciado que el Gobierno del PP utilice el “dinero de los cántabros para llenar bolsillos privados” como a su juicio se evidencia en proyectos como “el pelotazo millonario” de la carretera entre Requejada y Suances, la tirolina de Soba o el teleférico de Vega de Pas.

“Todos sus proyectos con inversión pública que acabarán en las manos privadas de algunos amigos habituales de la derecha de esta región”, ha advertido Quiñones, que ha apuntado que los socialistas temen el mismo procedimiento con la obra del puente entre Somo y Pedreña.

Sobre esta actuación, ha cuestionado que el Gobierno del PP “haya tardado más de un año en darse cuenta del deterioro del puente y anuncien a bombo y platillo esas obras de urgencia que triplican el coste inicial” y para las que han aprobado un contrato de emergencia de 5,3 millones de euros que se suma a las obras que ya estaban en marcha por 3,7 millones.

Esta actuación, que pasará de durar 18 meses a cuatro años, evidencia en su opinión, que al Gobierno del PP “su catastrofismo le delata y esconde intereses que deben explicar”, porque es “todo tan oscuro y extraño como el consejero, al que todas las obras en carreteras autonómicas se le retrasan más de un año y medio, como la de Viveda a Duález, o se le paralizan, como de Seña a Laredo”.

“Un consejero negligente e incompetente que actúa de perro de presa de un gobierno en descomposición que en tres años ha sido incapaz de sacar adelante ningún proyecto propio más allá del desmantelamiento de todos los servicios públicos”, ha añadido Quiñones, que ha exigido a Buruaga “abandonar la senda de recortes y privatizaciones”.

Para finalizar, ha pedido a la presidenta que “asuma su gobierno en minoría y se siente a escuchar las propuestas de la oposición” porque “el diálogo es mejor que la soberbia”.

“Lo urgente es dar estabilidad a Cantabria alcanzando acuerdos de región en vez de seguir dando alas a la extrema derecha de Vox que va a ser la soga en la nuca del futuro de una Buruaga incapaz de liderar a la derecha de esta región”, ha concluido.