Los trabajos para demoler la Residencia Cantabria ya han comenzado y se prolongarán previsiblemente hasta el próximo verano. Derribar el edificio costará 16 millones de euros y generará 4.000 toneladas de amianto, material cancerígeno, que se almacenarán en el vertedero de Castañeda. En julio comenzará a extraerse. Después, quedará una parcela lista para ser nuevamente urbanizada y sobre ella se edificará el futuro Parque de lnnovación en Salud.

El Gobierno de Cantabria ha tenido claro desde el principio que la gestión del parque estará en manos de una fundación privada -con participación institucional- y ahora tendrá que valorar las cinco propuestas que ya ha recibido para definir exactamente cómo se concretará el proyecto. Fruto de un concurso de ideas convocado para transformar este solar en un espacio destinado a investigación, innovación y emprendimiento en salud.

Así, contará con laboratorios biomédicos, un nuevo centro de investigación, biobanco, espacios de innovación y simulación, incubadora de empresas, áreas administrativas y zonas comunes, con otros servicios complementarios.

El Gobierno de Cantabria asegura que tiene “la hoja de ruta perfectamente definida” y que está “avanzando en el proyecto científico y la captación de alianzas estratégicas”. “Vamos a jugar en primera división”, ha proclamado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Será un parque dedicado a la medicina personalizada, a la salud digital y a la inteligencia artificial, y a las nuevas tecnologías médicas y la biotecnología. “Pero hay algo más importante aún: ayudar a que surjan empresas, atraer proyectos, retener talento y generar retorno económico, científico y social”, ha considerado.

Desde el año pasado, ya funciona un Consejo Consultivo constituido por la bioquímica y exsecretaria de Estado de Investigación en el Gobierno de Rajoy, Carmen Vela; el investigador cántabro José Carlos Flórez, profesor de Medicina de Harvard y jefe de endocrinología del Hospital General Massachusetts. La neurobióloga Mara Dierssen; Ángel Font, director del área de salud de la Fundación La Caixa, y el físico del Instituto de Física de la Universidad de Cantabria, Alberto Ruiz Jimeno, entre otros. Un organigrama que “ya ha abordado los pilares clave del proyecto”, reconoció la presidenta en el Debate de Orientación Política del Parlamento de Cantabria.

El futuro Parque de la Salud ya tiene redactado un borrador de los estatutos de la fundación responsable de su gobernanza cuyo nombre se desconoce. La fórmula será privada con participación institucional del Gobierno de Cantabria -no se ha concretado de qué manera- “porque este es el modelo de gestión ágil y flexible que necesita el sector de la innovación y la investigación para atraer fondos y talento”, ha dicho la presidenta.

El Parque de Innovación en Salud es -en su opinión- el proyecto estratégico “más transformador impulsado en esta legislatura y la apuesta más ambiciosa que ha hecho nunca esta comunidad para convertir la salud, la ciencia y la innovación en motor de progreso compartido y bienestar”. Buruaga ha ofrecido también algunos cálculos sobre su rentabilidad: por cada euro invertido, el retorno económico será de 1,3 “pudiendo alcanzar los 5 euros a los diez años de desarrollo del proyecto”, ha estimado.

El proyecto va a crecer “alrededor del mayor activo sanitario de Cantabria”: la excelencia asistencial, docente e investigadora del hospital Valdecilla, “de nuestros prestigiosos institutos de investigación y nuestra gran Universidad, porque esto es generación y transferencia de conocimiento que ya está aquí entre nosotros y que vamos a hacer crecer”, ha explicado.

En este sentido, ha consdierado “muy importante entender el concepto, o mejor dicho, el cambio de paradigma, porque estamos hablando de la sanidad no solo como servicio público esencial, sino como motor de desarrollo regional y una fuente de actividad económica, empleo cualificado y alto valor añadido”.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que ya se está promoviendo un primer Plan Singular de Interés Regional (PSIR) en Castro Urdiales para construir 1.700 viviendas sobre suelo rústico, de las que solo la mitad serán de protección oficial, gracias a la modificación introducida en la ley del suelo que permite facilitar suelo público para usos privados. En este caso para que un promotor particular construya viviendas a precio de mercado. Será la primera vez que se active este mecanismo, aprobado ya con cierta polémica por el Gobierno del Partido Popular.

De hecho, el PRC denunció en enero de 2025 que el Gobierno de Buruaga (PP) pretendía modificar el artículo 20 de la Ley del Suelo, a través del proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, para incluir en los PSIR (Planes Singulares de Interés Regional) la posibilidad de construir vivienda libre. “Es el pelotazo de la legislatura”, declaró entonces el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando.

La medida fue finalmente aprobada y ahora Castro será el primer municipio en el que se aplique.  El propio consejero de Fomento, Roberto Media (PP) reconoció que la intención era construir viviendas en los PSIR, un 30% de ellas protegidas. “Como cualquier promotor que desarrolla vivienda en suelo comprado por su bolsillo”, denunció Hernando.

Según Buruaga, el proyecto urbanístico de Castro es “de marcado carácter social” porque permitirá construir 808 viviendas a precios asequibles y un “triple objetivo”.

El primero será la cesión llave en mano al Gobierno de 100 viviendas que se integrarán en el parque público regional; otro la obtención de suelo público por parte del Gobierno para construir en su ámbito alrededor de otras 400 viviendas de protección oficial y, en tercer lugar, lograr suelo urbanizado para construir un Hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales, que el Ayuntamiento “no ha podido o no ha querido” facilitar al Ejecutivo“, ha reprochado la presidenta.

El hospital fue una de las promesas electorales de Buruaga que no se verá satisfecha a estas alturas de legislatura para la próxima cita con las urnas en mayo de 2027.

“En esta legislatura vamos a lanzar al mercado más vivienda pública y protegida que en toda la historia de la comunidad y ello sin necesidad de declarar zonas tensionadas”, ha subrayado.

550 viviendas públicas

Buruaga también ha anunciado que el segundo plan autonómico de vivienda que va a lanzar el Gobierno regional para lo que resta de legislatura permitirá generar, al menos, 550 viviendas públicas más, en todas las modalidades de compra y alquiler en casi una veintena de municipios.

Concretamente, por ahora serán 17 los municipios beneficiados: Santander, Los Corrales de Buelna, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Meruelo, Guriezo, Valdáliga, Val de San Vicente, Ruiloba, Penagos, Cabuérniga, Los Tojos, Valdeolea, Valdeprado del Río, la Hermandad de Campoo de Suso o Pesquera.

El desarrollo de las viviendas se llevará a cabo, bien en terrenos del propio Gobierno regional o con acuerdos de cesión de suelo con los ayuntamientos y también a través de la compra de inmuebles de la SAREB, como en Los Corrales, donde ya ha adquirido 63 viviendas sin finalizar por 2,6 millones. “No regala nada. No hay manera. Venga a hacer caja a costa de la gente que no tiene vivienda en Cantabria”, ha afeado Buruaga.

También en relación a la vivienda, Buruaga ha anunciado que Cantabria va a recuperar la fórmula de viviendas a precio tasado para aumentar la oferta y ayudar a las clases medias que quedan fuera del régimen de vivienda protegida pero que tienen dificultades para acceder al mercado libre.

'Plan Cantabria Alquila'

Además, va a poner en marcha el nuevo 'Plan Cantabria Alquila', que permitirá captar voviendas para el alquiler mediante un sistema que garantice el pago íntegro de la renta al propietario, la devolución del inmueble en el mismo estado de conservación y la estabilidad y seguridad también para el inquilino.

Entre las “múltiples ventajas” de este programa, que sustituirá al “fracasado” Plan Moviva, figura el pago adelantado de la renta del primer año a los propietarios, el acceso a incentivos fiscales y ayudas y una duración mínima garantizada de siete años.

Permitirá que los inquilinos tengan una vivienda “a previo asequibles, con una renta estable y las subidas previamente pactadas”.

“Este modelo nos permitirá sacar vivienda vacía al mercado, ofreciendo garantías a los propietarios y asegurando un alquiler asequible al inquilino”, ha resumido.

“Aquí no puede haber turismofobia”, ha proclamado la presidenta de Cantabria en el debate sobre el estado de la comunidad celebrado en el Parlamento de Cantabria. Muestra de ello han sido los proyectos vinculados al turismo a los que María José Sáenz de Buruaga (PP) ha hecho referencia en un discurso de casi cuatro horas. El más llamativo de ellos, la construcción de una gran piscina de olas artificiales para hacer surf en Ribamontán al Monte. Una inversión privada de más de 40 millones de euros -“provista de la tecnología número uno del mercado”, ha adornado- que según la presidenta creará 60 puestos de trabajo directos.

El Gobierno de Cantabria impulsará su tramitación a través de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR), “convencido de su potencial transformador y de su alto impacto económico, deportivo y social”. El PSIR es una figura urbanística que permite agilizar la tramitación de proyectos de importancia para la comunidad.

La previsión de la promotora del denominado 'Olucas Surf Center', es atraer más de 200.000 visitantes anuales. Una circunstancia que Buruaga ha considerado “ilusionante” porque permitirá “consolidar y reforzar el papel de Cantabria como referente nacional y europeo en el ámbito del surf”.

A su juicio, esta iniciativa privada “refleja la confianza de los inversores en Cantabria” y la capacidad del Ejecutivo “de seguir construyendo crecimiento económico, cohesión social y oportunidades de futuro”. Para Buruaga es una oportunidad para “capturar un turismo de mayor valor añadido, que valora las experiencias premium y la autenticidad de los destinos, y de diversificar el mix con viajeros de distintos perfiles y propósitos”.

Una actuación que -en su opinión- contribuirá a ampliar la actividad vinculada al surf durante todo el año, favoreciendo la desestacionalización en beneficio de la comarca de Trasmiera.

“No hay agua suficiente”

El anuncio llega un año después de que el consejero de Fomento Roberto Media diese la voz de alarma sobre el problema del agua. Advirtió que Cantabria tiene un problema “muy importante” en torno a la escasez de agua que se agravará si se prolongan las altas temperaturas. “No hay agua para todos y tenemos que ser conscientes de que en estos tiempos, en verano, no podemos tirar el agua, no podemos regar como se hace en otros momentos”, dijo. “Aunque sea la Cantabria verde que todos conocemos, no hay agua suficiente y no podemos desperdiciarlo”, insistió.

De hecho, el propio Plan Territorial de Ordenación Urbana (PROT) que tramita su departamento alerta de que Cantabria tiene un gasto “excesivo” de agua, el más alto del país, por la creciente actividad turística y la falta de pantanos. A pesar de que llueve con relativa frecuencia, es paradójicamente una comunidad con un “déficit hídrico estructural” y advierte de la “insuficiente garantía de suministro” para el abastecimiento de agua para consumo doméstico en Santander y en la zona oriental de la comunidad autónoma.

Una sociedad creada hace un año

La inversión se realizará en un municipio con una fuerte movilización social contra el proyecto de instalación de la macroplanta de tratamiento de purines y otros residuos para su transformación en biometano y biofertilizante orgánico, promovido por la empresa Verdalia Bioenergy en el pueblo de Praves, en Hazas de Cesto, con una inversión de 25 millones de euros.

La promotora de la piscina de surf, Olucas Cantabria Sociedad de Responsabilidad Limitada, se constituyó hace un año -en mayo de 2025- con el objeto social declarado de gestionar, explotar y desarrollar instalaciones deportivas “con especial enfoque en la construcción y operación de una piscina de olas artificial para la práctica de surf y otras actividades recreativas y deportivas”, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

La sociedad, que figura a nombre de Ignacio Martínez-Peñalver como socio único, se constituyó con el capital social mínimo de 3.000 euros e hizo una ampliación de 85.000 euros la semana pasada.

Gestión sin ideología, triunfalismo y una comunidad que intenta alcanzar la locomotora del tren del crecimiento económico. Son los diferentes diagnósticos que en los tres últimos años ha hecho de la comunidad la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en los debates anuales sobre el estado de la autonomía. “El mayor logro de Cantabria se llama estabilidad política”, ha proclamado en esta ocasión.

El Parlamento de Cantabria cierra el curso político con el acostumbrado Debate de Orientación Política -bautismo oficial-, una ocasión para que el presidente de turno haga balance y anuncie algunas novedades antes de rendirse al calendario más festivo del verano.

En esta ocasión, es también, el último debate antes de las elecciones de mayo de 2027 y una de las pocas ocasiones en las que la presidenta da explicaciones, más allá de las respuestas a preguntas parlamentarias sobre asuntos concretos, que hace una vez al mes en el propio Parlamento.

Por lo demás, la comunicación es prácticamente inexistente. A pesar de que asumió desde el principio de su mandato la portavocía del Gobierno nunca ha ejercido esta función, hasta el punto de que dejaron de convocarse las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. Por tanto, levanta cierta expectación su comparecencia anual en la Cámara autonómica.

El primer año de legislatura, la presidenta María José Saénz de Buruaga, presumió de gestión “sin ideología” enarbolando, por contra, bajadas de impuestos y otras medidas de marcado sesgo ideológico sobre todo en materia fiscal con deducciones para las rentas más altas. El discurso de su primer debate se centró en la economía, asegurando que Cantabria ahora tenía “rumbo, ritmo y un horizonte de futuro”.

El segundo discurso ante la Cámara fue de exaltado triunfalismo: este Gobierno “está haciendo historia, sus resultados son excelentes y su proyección, extraordinaria”, dijo la presidenta autonómica. “Cantabria avanza en todos los frentes” pero “lo único que obstaculiza un balance aún mejor es la anarquía política nacional”. Todo lo bueno es gracias a su gobierno y todo lo que sale mal es culpa de Pedro Sánchez.

“Vamos a salir del furgón de cola”, vaticina Buruaga

Ahora, en su último balance antes de pasar por las urnas ha recuperado la gestión sin ideología - “llegamos con soluciones reales y no banderas ideológicas para responder a las principales preocupaciones de los ciudadanos: la vivienda y el empleo”, empezó su discurso-, y el mantra de la “anarquía nacional”: buena parte del discurso ha sido en clave nacional, con una ardorosa proclama contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero en esta ocasión, ha rebajado el ímpetu del crecimiento económico. Cantabria crece a menor ritmo que otras comunidades, así que Buruaga se ha limitado a decir que “estamos mucho más cerca de la locomotora” de crecimiento “y, si las cosas discurren conforme a lo previsto, al final de la legislatura habremos alcanzado una meta histórica como región, salir del furgón de cola del crecimiento y situarnos entre las comunidades de vanguardia”.

Al tiempo, ha reconocido que las estructuras ferroviarias “lastran” la competitividad de la comunidad, el déficit energético “condiciona” el despegue de los “proyectos tractores” de la comunidad autónoma y también se ha quejado de la “infrafinanciación” de los servicios públicos autonómicos.

Pese a ello, ha dicho que en estos 36 meses de gobierno, se han “dejado la piel por devolver el crédito a la acción política” y ha aseverado que “Cantabria es hoy una región ordenada, previsible y bien gestionada, con rigor, sin improvisaciones y con una administración más eficiente”. Buruaga ha presumido de que han conseguido bajar los impuestos, reducir la burocracia, alcanzar importantes acuerdos con los profesionales médicos y enfermeros, con el sector ganadero, acuerdos para la justicia, la educación y la universidad y reforzar el diálogo social.

“No falta trabajo, falta mano de obra en determinados sectores”, ha subrayado en su relato sobre Cantabria, la comunidad autónoma con la menor tasa de paro del país que bate récord en afiliación a la Seguridad Social, ha dicho.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha asegurado este viernes que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), llega al Debate de Orientación Política del Gobierno, previsto para los días 25 y 26 de junio, con “más titulares que resultados” y con la Comunidad Autónoma “completamente paralizada”, después de tres años de “propaganda, anuncios reciclados y problemas sin resolver”. Por ello, ha anunciado propuestas de su partido.

“La vivienda es hoy más cara e inaccesible, tenemos un sector sanitario tensionado y los proyectos estratégicos, que podrían ser transformadores si fueran viables, solo han sido humo”, ha señalado.

Así lo ha manifestado la regionalista en una rueda de prensa, en la que ha adelantado las prioridades a las que espera que la presidenta dé respuesta después de tres años de “humera constante” para “tapar su inacción, incapacidad y falta de respuestas a los desafíos que Cantabria tiene que afrontar”.

Fernández Viaña ha avanzado que el PRC presentará propuestas de resolución para “intentar arreglar el desaguisado”. Entre ellas, un pacto cántabro para financiar el sistema de atención a la dependencia y mejorar las condiciones laborales del personal.

Además, ha defendido la necesidad de un convenio colectivo de ámbito autonómico para actualizar las tablas salariales y “dignificar su profesión y su trabajo con las personas mayores y dependientes, que es fundamental en la sociedad”.

También ha destacado que Cantabria necesita “respuestas y soluciones” en materia de vivienda, un ámbito que, a su juicio, resume “el fracaso social” del Gobierno del PP, con “alquileres disparados, jóvenes expulsados y ausencia de soluciones eficaces”.

“Buruaga habla de vivienda, pero los cántabros pagan más, encuentran menos pisos y se emancipan más tarde”, ha denunciado.

En este sentido, ha detallado que la Comunidad Autónoma ocupa el anteúltimo lugar en el ranking de emancipación juvenil, con una “cifra demoledora”: solo 1 de cada 10 jóvenes se emancipa en esta tierra.

La candidata regionalista ha sido igualmente crítica con la situación sanitaria, “cada vez más tensionada” y marcada por “las demoras, la falta de profesionales y el deterioro de la atención”, “en contra de las promesas de la presidenta”. A Buruaga le ha reprochado que haya pasado de “intentar resolver el déficit de médicos en verano a comunicar qué días van a estar cerrados”.

Precariedad sanitaria

“La presidenta y el consejero de Salud han pasado de buscar soluciones a gestionar directamente la precariedad que ellos mismos han generado”, ha añadido.

En cuanto a los proyectos estratégicos, ha señalado que el Campus Tecnológico Altamira se ha convertido en “el símbolo del modelo Buruaga”, que ha resumido en “grandes anuncios, poca transparencia y demasiadas preguntas sin respuesta”.

De hecho, ha recalcado que lo único que avanza es el polígono de La Pasiega, iniciado por el PRC en la pasada legislatura, aunque ha lamentado que la intermodal haya pasado de contar con financiación asumida íntegramente por el Estado a costar “más de 30 millones de euros a los cántabros”.

También ha cuestionado la falta de capacidad del Ejecutivo para atraer nuevas inversiones, después de que Cantabria haya perdido “la inversión transformadora” del fabricante chino de vehículos MG, que se instalará finalmente en Galicia, con una inversión de 200 millones de euros y 2.300 empleos directos.

En su opinión, Cantabria “está dejando pasar oportunidades: crece menos que España, reduce el paro con menos intensidad y pierde dinamismo productivo, mientras los motores tradicionales de la economía, como la productividad, la tasa de inversión y el tejido empresarial, caen preocupantemente”.

De hecho, ha afirmado que “algunas empresas se plantean abandonar Cantabria” porque el Gobierno “es incapaz de lograr la energía necesaria para desarrollar su actividad”, mientras el consejero de Industria, Eduardo Arasti, “ni está, ni se le espera”.

Ante esta situación, ha concluido que el PRC afronta el debate de la próxima semana con el objetivo de “poner verdad frente a la propaganda”, porque Cantabria “merece un Gobierno que haga menos anuncios y dé más soluciones”.

Los últimos días de la primavera han estimulado la generosidad en el reparto de dinero público. El Gobierno de Cantabria ha hecho coincidir en dos semanas el anuncio de ayudas -a las que cada vez acceden familias con rentas más altas- subvenciones y acuerdos que reparten dinero a diferentes colectivos. Ayudas para autónomos, para hipotecas, para contratar trabajadores, dinero para el Plan de Empleo Joven y más margen económico para acceder a ayudas a la natalidad y las becas de comedores escolares

Esta semana se ha firmado un Plan de Empleo Joven dotado con 80 millones de euros para los próximos dos años. Treinta de ellos para formación y reciclaje profesional y otros tantos para lo que ha bautizado como 'oportunidades laborales', dirigido a incentivar la contratación, la creación de empleo y el mantenimiento de puestos de trabajo. El acuerdo se ha firmado con los agentes sociales dos semanas después de que el Consejo de gobierno del 4 de junio autorizase las subvenciones a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Casi medio millón de euros a cada uno “por su participación institucional” y para la realización de actividades sindicales. En la misma reunión se aprobó la misma cantidad para la patronal CEOE.

En paralelo, se han anunciado ayudas para los autónomos cántabros que a partir de ahora cobrarán una ayuda de hasta 750 euros por estar de baja. 12 euros al día durante los primeros dos meses de baja para “aliviar” la carga económica que supone mantener el pago de las cotizaciones sociales. Al día siguiente se conocía que el Gobierno de Cantabria avalará a partir del próximo mes de julio el 20% de las hipotecas a los menores de 45 años que compren su primera vivienda para residencia habitual. Podrán adquirirla tanto de obra nueva como de segunda mano y con un precio límite de 300.000 euros.

Unos días antes, el Gobierno de Cantabria amplió el umbral para acceder a las ayudas a la natalidad y a las becas de comedor en los colegios. La consejera de Inclusión Social ya lo había adelantado hace unos meses, pero el Gobierno lo aprobó esta semana.

No es la primera vez que sucede. El Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ya incrementó esa cantidad en 2025, cuando pasó de 42.000 a 50.000 euros. Ahora el límite para percibir la ayuda se eleva hasta las familias con 70.000 euros.

Así, la ayuda de 400 euros pasará a corresponder a rentas superiores a 44.000 euros y hasta 70.000 euros; la de 600 euros, a rentas superiores a 24.000 euros y hasta 44.000 euros; y la de 900 euros, a rentas de hasta 24.000 euros.

Respecto a las becas de los comedores escolares, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha explicado que se incorporará el criterio de renta per cápita en familias con dos o más hijos, lo que permitirá que aproximadamente un 15% más de hogares accedan a becas y alcanzar más beneficiarios.

Lo último ha sido la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria de Cantabria de subvenciones de 8.500 euros por contratar a personas en riesgo de exclusión social. El contrato tendrá que ser a jornada completa durante un año y también se recibirá la ayuda los años segundo y tercero.

La formación política Cantabristas ha criticado el “ridículo histórico” que está haciendo el Gobierno del PP de la presidenta Buruaga con el “humo en el que se ha convertido el centro de datos Altamira” y consideran que a la luz de la información que el propio ejecutivo autónomico va ofreciendo, el proyectado centro tecnológico “va a terminar en nada”.

Desde el partido, han recordado que Buruaga anunció que las obras comenzarían en el pasado enero de este año y que, incluso, “creó una figura legislativa ad hoc (Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria) para aupar al centro de datos, por no mencionar las portadas en periódicos que rellenó para promocionar su proyecto estrella”.

Anticipándose a la “maquinaria publicitaria del PP, el secretario general Paulu Lobete vaticina que ahora el Gobierno de Buruaga ”se enrocará“ en la excusa de que todo ha salido mal por culpa del gobierno central. ”Por culpa del famoso enchufe, la conexión energética necesaria para llevar adelante el proyecto“, explica. Sin embargo, Lobete ha cuestionado que, si la conexión eléctrica no estaba garantizada desde un inicio ”¿por qué Buruaga estuvo anunciando a bombo y platillo un proyecto de 3.600 millones de euros diciendo que era el proyecto de la legislatura y la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria?“.

El partido cantabrista, que desde un inicio dijo que el centro de datos Altamira parecía un proyecto “especulativo y poco realista”, también había mostrado su rechazo al mismo, argumentando sus “desastrosas consecuencias medioambientales” y el escaso beneficio que -en su opinión- ofrecen este tipo de proyectos a nivel de generación de empleo para la población local.

Para Lobete, el PP de Buruaga sencillamente “ha estado utilizando el centro de datos Altamira a sabiendas de que en realidad no tenían nada para sacar rédito político y fingir que hacen cosas para ocultar su absoluta inoperancia”.

El tercer y quizá el último presupuesto de Cantabria entrará en vigor con cuatro meses de retraso tras un final feliz después de la escenificación de un desacuerdo que se zanjó de repente, con una inesperada reconciliación. Una maniobra de reanimación del PRC al Gobierno del Partido Popular que se precipitó por sorpresa. No vamos a malpensar que para satisfacer los intereses políticos personales de quienes lo rubrican más que los intereses públicos de todos los cántabros.

Nos dicen que se invertirá más dinero. Otra cosa es que sirva para las prioridades que necesitan los cántabros. En Sanidad, por ejemplo, se va a invertir más que nunca. Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria. Es más, ni siquiera están contentos los propios sanitarios. 

Hay, además, un contraste absoluto entre la gravedad con la que se toman los presupuestos en el ámbito político y la absoluta indiferencia que provoca en los ciudadanos. Tal vez porque las cuentas públicas no van a cambiar sustancialmente nada. Quizá haya un poco más de dinero para poder cortar algunas cintas inaugurales y colocar placas memorialistas antes de las elecciones de mayo del 27 en las que quedan grabados en letras doradas los nombres de los alcaldes, consejeros y presidentes. 

Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria

El pacto retrata la tibieza de las exigencias del PRC respecto a un Ejecutivo popular que ahora abraza la xenófoba 'prioridad nacional' para cerrar acuerdos de gobierno en otras comunidades y que aquí ya se aplicó al principio de legislatura. Cuando la presidenta Buruaga rechazó un centro de acogida para extranjeros en Camargo porque era mejor hacer algo -que no se ha hecho- para los de aquí. 

También se abraza a la ultraderecha cada vez que recurre la llegada de un menor extranjero a Cantabria. Lo hace con todos. Hasta se ha subido al carro de la mal entendida 'okupación' para justificar erróneamente la subida de los alquileres. Aunque los datos desmienten que sea un problema en Cantabria con cifras insignificantes, nuestros gobernantes insisten en el discurso del miedo.

El PRC hizo presidenta a Buruaga para evitar que pactase con Vox y neutralizar sus políticas ultraderechistas, pero ha resultado un rotundo fracaso. Paradójicamente el Partido Popular ha asumido sus discursos sin ninguna necesidad, lo cual resulta más inquietante. 

A su vez, es preocupante que los sucesivos acuerdos de los regionalistas pasen por alto estas cuestiones y algunas otras exigencias. A la privatización sanitaria -un procedimiento dudoso e incompatible con la defensa de la sanidad pública- se une la descarada impunidad urbanística ninguneando a los expertos de la comisión de urbanismo, y alentando a los ayuntamientos a ir más allá de la ley con ese llamamiento a no poner trabas a los alojamientos turísticos hasta en la línea de costa. Hasta se pretender aprobar el PROT por la puerta de atrás sin el consenso de los colegios profesionales.

La protección del territorio, el freno a la masificación turística y la vivienda son los verdaderos desafíos, que no se resuelven con algunas tiritas como el acuerdo salarial con los docentes, exigir que se paguen las subvenciones a los ganaderos o los cinco millones de euros para proyectos estratégicos, cuando el primero de ellos -el centro de datos Altamira- ya despierta notorios recelos porque ni siquiera tiene todavía el enchufe eléctrico que necesita.  

Aparcamientos de caravanas en los parques naturales, a los pies de la playa. Construcciones turísticas en suelo rústico. Mientras las personas que residen en Cantabria -esto ya no es una prioridad sino una emergencia- no pueden acceder a un alquiler ni comprar un piso. Un urbanismo prácticamente a la carta hace que Cantabria esté en riesgo de convertirse en un gigantesco escaparate turístico que deteriore su territorio y su paisaje natural. 

La aprobación de los presupuestos de manera tácita o indiferente bendice o encubre estas políticas. No cambia el rumbo. Quizá hubiese sido deseable algo más de ambición. 

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), no cree que, “en principio”, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que concluye que el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de La Pasiega, en Piélagos, no está en vigor vaya a tener “consecuencias” en el desarrollo de las obras en curso del futuro centro logístico.

El Ejecutivo regional mantiene su hoja de ruta en relación a La Pasiega, cuyas obras de la primera fase se encuentran en un “avanzado” estado de ejecución y continúan “con normalidad”.

Así lo ha afirmado este miércoles, a preguntas de la prensa, Buruaga al ser cuestionada en Argoños por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC conocida este martes, y contra la que no cabe recurso, en la que confirma que el PSIR de La Pasiega no está en vigor dado que no fue publicado su texto íntegro en el BOC tras la aprobación definitiva en abril de 2022. Y es que el tribunal considera que la publicación solamente de un vínculo o link que remita a una web no es suficiente para su entrada en vigor.

Buruaga ha asegurado que la sentencia “en ningún caso cuestiona la validez” del PSIR sino la “vigencia”. “Lo que se cuestiona es si entró en vigor, si es de aplicación y si se puede aplicar como consecuencia de la falta de su publicación íntegra”, ha indicado Buruaga, que también ha añadido que ello le hubiera correspondido al anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Estrategia jurídica

Buruaga ha señalado que se trata de una cuestión jurídica “muy compleja” y que hay que “analizar en profundidad”. Ha garantizado que el Gobierno no solo va a “reaccionar para defender la legalidad de la actuación” por parte de la Administración, sino también “para tratar de ”garantizar“ y ”apuntalar la seguridad jurídica“ del PSIR, así como de todas las actuaciones que ”cuelgan“ y derivan de él y ”proteger el desarrollo de este proyecto y con él el interés general de la comunidad“.

“Eso es lo que estamos haciendo en este momento, analizar jurídicamente esta cuestión para diseñar una estrategia jurídica con detenimiento, con rigor y con prudencia, ha dicho.

Buruaga ha avanzado que se trabaja “en dos vías”. Una pasa por pedir la nulidad de las actuaciones en este procedimiento, algo que no ha descartado, ya que el Ejecutivo ha resultado afectado “sin haber sido parte” (es un recurso del Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander en relación a la liquidación del IBI).

Y por otro lado, se está “valorando la oportunidad y la conveniencia de proceder a la publicación íntegra del PSIR” ya que “lo prioritario en este caso es reforzar la seguridad jurídica de este instrumento y salvaguardar las actuaciones pendientes”, como puede ser la firma del convenio de la estación intermodal de La Pasiega o el desarrollo de la segunda fase del PSIR, que además se pretendía anticipar. En estos momentos se están analizando esas dos vías y “probablemente” el Gobierno adoptará una decisión “antes de que termine la semana”.

María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, ya amaga con lo que será a buen seguro el leitmotiv recurrente con el que el Partido Popular justificará uno de los mayores fracasos de la legislatura de este Gobierno. El Ejecutivo que preside se había comprometido a reducir sustancialmente las listas de espera, así como los tiempos de demora para los usuarios de la sanidad pública cántabra, pero, a falta de un año del fin de legislatura, los datos no solamente no constatan una mejoría, sino, como mínimo, una tendencia al enquistamiento de la lista de espera quirúrgica.

Cantabria ya es la tercera autonomía con mayor tiempo de espera medio para operarse, con 137 días. Solo por detrás de Andalucía y Cataluña en demora quirúrgica, la comunidad supera también la media nacional de 121 días. Según el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, correspondiente al segundo semestre de 2025, la tasa de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente en Cantabria era de 24,92 por cada 1.000 habitantes, por encima del 17,69 por millar de la media nacional.

Ante estos datos que presagian el estancamiento a futuro de la 'cola' para operarse, el PP ya sabe cómo justificarse: echándole la culpa a otros, en este caso, a la ministra de Más Madrid/Sumar, Mónica García. En un reciente cónclave cántabro-astur del Partido Popular, la presidenta Buruaga ya echaba la culpa a la ministra de este fracaso sin paliativos de los compromisos programáticos de los populares. A esto se le suele llamar 'ponerse la venda antes de la herida'.

Y sin embargo, dinero parece haber, lo que demuestra que lo público sigue siendo un complemento ideal de lo privado para convertir la profesión sanitaria, no en un medio legítimo para ganarse la vida, sino en un negocio antes de que todo estalle y acabe imperando la sanidad privada. Por de pronto, y en virtud de los acuerdos presupuestarios, se abonarán 43 millones de euros al personal sanitario por complementos.

A diferencia de lo que ocurrió con los docentes, los sanitarios en este caso no tendrán que esperar más de un año para ser 'actualizados' ni mucho menos tendrán que encerrarse en la Consejería cuyas puertas siempre tendrán abiertas. Se abrevian las fases para alcanzar el grado profesional y la financiación ya saldrá de algún sitio.

Las competencias sanitarias fueron asumidas por Cantabria hace años y el Partido Popular hizo de la eliminación de las listas de espera un caballo de batalla programático que reforzó su legitimidad como gobernante. El PP iba a acabar con las listas de espera. Echar ahora la culpa a la ministra en una materia cuya gestión es totalmente autonómica no tiene mucho sentido, máxime cuando, con el mismo argumento, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez podía haber acabado con la lista desde Madrid para reforzar al entonces Ejecutivo PRC-PSOE. No lo hizo por la sencilla razón de que es una materia difícilmente controlable desde Madrid al estar transferida la gestión.

No es fácil rebajar las listas de espera. Como ha aventurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, cada vez la sanidad va a costar más con resultados paupérrimos. Como dice, y da a entender, el problema está en que la gente cada vez dura más, léase, que la gente se empecina en no morirse cuando debe, léase, cuando sería lo razonable, léase, cuando le supone más gasto a la sanidad pública.

Visto el escaso sentido del patriotismo público de los cántabros, que se empeñan en envejecer y hasta en enfermar con tal de crearle un problema a su Gobierno, la disyuntiva es clara: esperar la feliz venida de la sanidad low cost a 25 euros al mes, con las prestaciones igualmente low cost, o protestar, que es lo que queda. Dimitir es un verbo cuya conjugación solo es aplicable a los demás, está claro.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) prevé gastar 43,1 millones de euros este año para pagar la regulación de los complementos de 5.024 profesionales del sector sanitario. Este gasto se desglosa en 21 millones del ejercicio de 2025 y 22 millones de 2026 para que los empleados públicos alcancen el grado profesional máximo que les correspondería por antigüedad, eliminando los tiempos de espera obligatorios entre niveles, teniendo en cuenta que en cada tipo de complemento hay cuatro grados.

El monto deriva de una iniciativa enmarcada en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2026. En teoría, la Consejería de Salud busca resolver los acuerdos pendientes de carrera (médicos y enfermeras) y desarrollo profesional (resto de personal sanitario), pero el impacto económico compromete también los presupuestos venideros.

Según la memoria justificativa y económica de la propuesta entregada al Registro del Parlamento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el reajuste favorecería a 2.936 solicitantes de carrera profesional y 2.088 de desarrollo profesional, que saltarían dos grados del que actualmente ostentan.

El reajuste del pago de los complementos técnicamente, se llama “encuadramiento”. En la Ley de Medidas del Presupuesto aparece en dos breves líneas del artículo 11, en el que se faculta al Consejo de Gobierno, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, para pagar los atrasos de los funcionarios, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2025.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico valoran positivamente la medida, pero advierten de que el pago compromete la estabilidad financiera actual. Al no estar consignado en los presupuestos, si no en la Ley de Medidas, el presupuesto del SCS no refleja el gasto real que supone el desembolso por estos complementos. Es decir, se presupuesta por debajo de lo que se va a gastar.

Esto obliga a realizar modificaciones contables posteriormente para afrontar un gasto que abarca también próximos ejercicios presupuestarios: al ser un gasto consolidado, el compromiso presupuestario se mantendrá y aumentará a futuro.

Mejoras laborales

La Consejería de Salud busca corregir así el bloqueo en las mejoras laborales del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Los distintos acuerdos de Carrera y Desarrollo Profesional del SCS establecían que las convocatorias correspondientes al encuadramiento en período ordinario se efectuarán anualmente. El estancamiento en los complementos deriva de dos circunstancias: la suspensión de las convocatorias anuales de los procesos de regulación entre 2010 y 2014, derivados de la crisis económica de 2008, y una serie de sentencias judiciales posteriores ganadas por varios profesionales sanitarios.

La regulación permitirá a los solicitantes que participen en las convocatorias extraordinarias que, “sin necesidad de cumplir con los intervalos entre grados”, se establezcan en “el máximo grado alcanzable” conforme el tiempo de servicios prestados y los créditos acreditados. “Se trata en definitiva de poder encuadrarse en el grado que se hubiera alcanzado en caso de que los procedimientos de carrera y desarrollo profesional no se hubieran visto suspendidos”, indica la memoria justificativa y económica.

El reajuste plantea que cada solicitante se encuadre en dos grados más del que actualmente ostenta. La causa, según la memoria, es doble: “La incorporación más tardía del personal temporal al sistema de carrera profesional (2018 la primera convocatoria ordinaria para personal temporal y 2019 como consecuencia de ejecución de sentencia de la convocatoria de 2016) y por otro lado, el tiempo de suspensión (2010-2014), lo que plantea un escenario con personal ”con gran número“ de servicios prestados, advierte la memoria económica.

En enero de 2024, el Gobierno de Cantabria alcanzó un acuerdo llamado 'Pacto por la Sanidad' con el Sindicato Médico de Cantabria con el que se comprometía al encuadramiento extraordinario en carrera profesional, solo por antigüedad. “Algo que se diseñó para nuestro colectivo como elemento de incentivación y diferenciación salarial respecto a otras categorías profesionales, se ha convertido justo en lo contrario”, argumentó el sindicato, cuestionando que “estas llegan a los últimos grados prácticamente por antigüedad mientras que a nosotros se nos exige un perfil que, prácticamente solo tiene quien puede tener la oportunidad de orientar su carrera a la investigación”. En enero de 2026, el sindicato sumó otra adenda al Pacto por la Sanidad valorada en seis millones anuales, supeditada a la aprobación de los presupuestos.

Ya no hay excusas ni paños calientes. Hay pruebas más que evidentes de cuál es el plan y no hay relato que sostenga a estas alturas la gestión política que se está haciendo del suelo en Cantabria. El PP ha pisado el acelerador en la recta final de la legislatura y va a apretar todos los resortes a su alcance en estos próximos meses para que la liberalización del terreno rústico sea una realidad incuestionable en la comunidad autónoma, si no lo era ya.

Se han quitado todas las caretas con las que habían tratado de enmascarar hasta ahora un objetivo irrenunciable para el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: que no exista ninguna limitación para la construcción y se ponga a la venta hasta el último metro cuadrado de tierra disponible. Al mejor postor, por supuesto. Da igual que sea para segunda o tercera residencia que para el enésimo proyecto turístico.

Quedó lejos esa imagen bucólica con la que se trató de justificar la primera reforma de la Ley del Suelo, aludiendo al hijo del ganadero que se hace una casita al lado de sus padres para permanecer en el pueblo que lo vio crecer. Esto no va de luchar contra la despoblación, ni de facilitar la vida a los jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda libre. Son negocios. No hay nada detrás más que dinero. Otro ladrillazo a la vista.

Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora van en la misma dirección. Primero, esa reforma (y contrarreforma) de la Ley del Suelo que abrió la veda a la construcción en suelo rústico en ciertos supuestos. Después, la Ley de Simplificación Administrativa que relajaba los trámites y aceleraba los procemientos en algunos casos llamativos, incluidos los terrenos que pertenecen a áreas protegidas o parques naturales. Ahora, con la aprobación exprés del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sin escuchar a los colegios profesionales involucrados y levantando las pocas restricciones que quedaban en vigor.

Y por si no fuera poco todo lo que se ha avanzado en la dirección contraria como auténticos kamikazes en esta carrera hacia ninguna parte —si el objetivo real fuera regular el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria en la que estamos inmersos— se sumó a toda esta normativa liberalizadora el decreto para las viviendas turísticas, que después de muchas demoras trasladó la responsabilidad a los municipios e impuso unos plazos larguísimos para su cumplimiento que aún así han necesitado de una moratoria para permitir un verano más de barra libre.

Es muy revelador un dato del que la Consejería de Turismo no ha querido 'presumir' demasiado: durante algo más de siete meses y medio, unos 1.000 propietarios iniciaron los trámites para regularizar su vivienda turística en Cantabria. En tan solo una semana, la que transcurrió desde que el Gobierno anunció la moratoria hasta que finalizaba el plazo para tramitar la legalización de las viviendas turísticas, fueron nada menos que 2.000 los que lo solicitaron. El doble en siete días.

Evidentemente, muchas de esas viviendas turísticas no cumplen siquiera los requisitos mínimos, pero podrán seguir operando con una paraguas legal con tan solo haber iniciado los trámites y hasta que no tengan una respuesta —favorable o desfavorable— que se puede demorar... durante años. Así se explica esta avalancha: en las trampas que se hace a sí misma una administración autonómica que no está dispuesta a poner coto a la turistificación de Cantabria.

La última vuelta de tuerca la ha dado la Consejería que dirige Roberto Media (PP), con competencias en Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda. Como algunos ayuntamientos no estaban siendo 'diligentes' en la autorización de usos turísticos para las viviendas construidas sobre suelo rústico con la nueva normativa que permitía hacerlo en determinados supuestos, siempre como primera residencia, ha dado la orden de que no pongan trabas. Solo falta la aprobación esta legislatura de la futura Ley de Vivienda de Cantabria para acabar de exprimir la gallina de los huevos de oro.

Podemos ha presentado una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria que inadmite el acceso al expediente administrativo relativo al acuerdo anunciado entre el Servicio Cántabro de Salud y Mutua Montañesa para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en traumatología y cirugía ortopédica “con el fin de reducir las listas de espera”.

La formación considera que la resolución del Ejecutivo autonómico constituye “un nuevo episodio de opacidad en la privatización de la sanidad”, al impedir -como se queja el partido- saber si la tramitación del acuerdo se está realizando como convenio singular al amparo del artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, así como verificar la existencia de informes técnicos, jurídicos y económicos que “deberían sustentar una decisión de esta relevancia”.

Podemos subraya en un comunicado además que la propia resolución de la Consejería “confirma” que se está trabajando en el convenio, al “reconocer expresamente” que el acuerdo con Mutua Montañesa se encuentra “en proceso de elaboración”.

Para la formación, esta admisión acredita que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) -que el pasado mes de noviembre anunció que Salud y Mutua Montañesa trabajaban en nuevo convenio para reducir las listas de espera en trauma y cirugía ortopédica- “está avanzando en la tramitación del acuerdo de espaldas a la ciudadanía y negando el acceso a la documentación necesaria para ejercer un control democrático previo, lo que hace aún más injustificada la negativa a facilitar el expediente”.

Al hilo, Podemos se refiere al precedente del convenio con el Hospital Santa Clotilde, tramitado ante el propio Consejo de Transparencia, donde el acceso al expediente administrativo “solo se produjo de forma tardía, progresiva e incompleta, dificultando el control de la legalidad del procedimiento”.

“Estamos ante un nuevo caso de oscurantismo en la gestión de la sanidad pública. Ya lo hicieron con Santa Clotilde y no vamos a permitir que lo hagan de nuevo ahora”, avisan, para exigir “transparencia antes de la firma del acuerdo y no cuando la decisión ya esté consumada”.

La reclamación pide que el Consejo requiera a Salud a identificar la documentación ya existente, confirmar si la tramitación se realiza conforme al artículo 90 bis y facilitar el acceso a las memorias e informes que sustenten el acuerdo con Mutua Montañesa.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado, en su reunión de este jueves, la financiación plurianual de 31 millones de euros para la estación intermodal que construirá Adif en el futuro centro logístico de La Pasiega, según ha anunciado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), que ha señalado que esa terminal ferroviaria será “clave para la industria, la logística y el empleo” en la comunidad autónoma.

“Damos luz verde al cumplimiento del compromiso de inversión en este proyecto estratégico para el desarrollo económico de Cantabria, a la espera de firmar con el Gobierno central el convenio de construcción, que asumirá el 50% del coste de la estación intermodal”, ha recordado la presidenta del Gobierno, que ha celebrado su reunión semanal en el Parlamento cántabro.

Buruaga también ha insistido en que el proyecto convertirá esa zona del municipio de Piélagos “en la principal plataforma logística de nuestra comunidad, generando oportunidades, empleo y actividad económica”. La presidenta ha asegurado que este nuevo trámite para el centro logístico de La Pasiega se lleva a cabo “cumpliendo plazos y acelerando su ejecución para que sea una realidad antes de lo previsto”.

Justo hace un mes, Buruaga adelantó, acompañada del presidente de Adif, Pedro Marco, que el convenio con el Gobierno central para la construcción y financiación de la terminal se podría firmar “posiblemente antes del verano”. Además señaló, sobre las obras del centro logístico, que el Gobierno autonómico está concluyendo ya la primera fase de la urbanización, a falta de tan solo de un viaducto que necesita los permisos de Adif, y que pronto arrancará la segunda fase.

“La Pasiega va a ser una realidad en septiembre de 2030, dos años antes de lo previsto, y queremos que en esa fecha esté operativa la terminal”, subrayó el 9 de marzo la presidenta.

Plazos

En un comunicado, el Gobierno cántabro precisa que para 2027 destinará 1.641.159 euros, en 2028 se elevará hasta 13.583.445 euros y la mayor cuantía será en 2029, con una inversión de 15.766.541 euros.

La Pasiega será la principal plataforma logística de Cantabria, ubicada en el corredor Santander-Torrelavega y estará dotada de conexiones portuarias con el Puerto de Santander.

Con una superficie total de 1.949.204 metros cuadrados, es un proyecto concebido como una actuación integral estratégica y, además, contempla otras infraestructuras de nueva construcción como la nueva terminal ferroviaria intermodal con una superficie de 140.343 metros cuadrados y el vial Villaescusa-Carandía, que será una nueva conexión entre las autovías S-30 y A-8.

Según añade el Gobierno, ese centro logístico será fundamental para el desarrollo del Puerto de Santander, que tiene “necesidad urgente de aumentar su capacidad para atender nuevos tráficos y el crecimiento de los actuales”. 

Los grupos parlamentarios del PSOE y Vox plantearán una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria y de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026.

Vox ya anunció la pasada semana que iba a plantear la enmienda durante la comparecencia parlamentaria del consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), para dar a conocer las cuentas, que ascienden a 3.925,3 millones de euros, 12 millones más que el anterior borrador.

El grupo de Vox dijo entonces que el presupuesto planteado no es el que necesita Cantabria porque recoge un “récord en gasto burocrático” y “no adelgaza nada”. Fuentes del PSOE han indicado además a EFE que también presentarán la enmienda a la totalidad.

Este es el segundo intento del Gobierno para sacar adelante los presupuestos regionales para 2026, después de que el pasado mes de noviembre prosperara la enmienda a la totalidad.

En aquella ocasión fueron todos los grupos de la oposición los que pidieron la devolución de los presupuestos: el PRC, el PSOE y Vox.

En cambio, lo previsible es que en esta ocasión los presupuestos sean aprobados, ya que el PP llegó a un acuerdo a principios de marzo con los regionalistas para que apoyen las cuentas.

El acuerdo entre el PP y el PRC para la aprobación del presupuesto recoge 24 medidas enfocadas a los jóvenes, a facilitar el acceso a la vivienda, a la mejora de los servicios públicos, sobre todo la educación y la sanidad, y al apoyo de las entidades locales, el sector primario y la industria.

Una vez que se planteen las enmiendas a la totalidad, el calendario aprobado por el Parlamento prevé que el próximo jueves, 9 de abril, sea el día en que se celebre el pleno para debatirlas.

Posteriormente, hasta el 15 de abril, los grupos parlamentarios podrán presentar las enmiendas parciales, que se debatirán en comisión los días 21 y 22 de abril, y el día 27 está previsto el pleno para abordar las que queden vivas y para aprobar las cuentas.

Con este trámite cumplido, quedaría publicar los presupuestos y la ley de acompañamiento en el Boletín Oficial de Cantabria para su entrada en vigor, lo que se prevé para principios de mayo.

El Gobierno de Cantabria ha registrado este jueves en el Parlamento el proyecto de presupuestos autonómicos de 2026, que asciende a 3.925,3 millones de euros y ha sido “reforzado” por las aportaciones del PRC tras el acuerdo político entre ambos partidos, según el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, “sin imposición ni cesión alguna”.

El presupuesto, que será tramitado de urgencia con el objetivo de que entré en vigor el 1 de mayo, es 12 millones superior al que se aprobó inicialmente en octubre y que fue tumbado por los grupos de la oposición en el Parlamento, porque se han ajustado las cantidades de las entregas a cuenta.

El documento incorpora las medidas pactadas con el PRC, que el Ejecutivo del PP ha hecho suyas “para acelerar el proyecto de cambio que emprendió al comienzo de la legislatura”, ha dicho Agüeros en la presentación de las cuentas en rueda de prensa.

La salud, la educación y los servicios sociales se llevan casi 63 de cada 100 euros del presupuesto, que avanza en las políticas de reducción de impuestos con nuevas deducciones en el IRPF.

“Cantabria de primera”

El Consejo de Gobierno aprobó esta misma mañana el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y la normativa que lo acompaña, un documento económico que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado que permitirá al Ejecutivo “seguir construyendo una Cantabria de primera”.

Tras la reunión del Ejecutivo en la que se ha aprobado el presupuesto, en su cuenta en X, la presidenta de Cantabria ha afirmado que el presupuesto es “fruto del diálogo y del acuerdo”, en referencia al pacto previo suscrito con el PRC para sacar adelante esas cuentas.

El pasado noviembre, el primer proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 que presentó el Gobierno del PP fue devuelto tras votar en su contra todos los partidos de la oposición en el Parlamento (PRC, PSOE y Vox), que cuentan con mayoría en la Cámara.

Sin embargo, hace ahora un mes, el PP y el PRC retomaron la negociación para sacar adelante este presupuesto que, según la presidenta, “permite seguir avanzando con estabilidad y responsabilidad”. 

Las muertes de seis jóvenes por culpa del puente de El Bocal que se vino abajo sobre el abismo de un estrecho acantilado y las secuelas físicas y emocionales que sufre otra víctima tiene responsables. Precisamente por eso quienes se ven señalados se han apresurado en exculparse y se han hecho los ofendidos porque los medios de comunicación ya estábamos tratando de armar el puzle de lo sucedido antes de lo que a nuestras autoridades les parecía conveniente.

Todas las administraciones están a la espera de la investigación judicial, como si una posible responsabilidad penal pudiera neutralizar o retrasar la responsabilidad política. Para eso no hace falta esperar al veredicto. 

Los hechos no tienen que conocerse solo en el tiempo y en la forma que les interesa a nuestras autoridades. Menos cuando la propia alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), confesó que habían pactado una tregua: “Se ha acordado que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta fase del rescate”, espetó ante los medios en esas primeras horas.

A los periodistas —como a todos los ciudadanos— también nos ha perturbado profundamente la tragedia. Los principales medios de comunicación de Cantabria han realizado un gran trabajo, riguroso y profesional, investigando por su cuenta ante la ausencia de explicaciones oficiales.

Aunque las informaciones que se han publicado hayan molestado a nuestras autoridades. Ha dado la impresión de que todos pueden hacer su trabajo —los responsables de emergencias, los jueces, los médicos— menos los periodistas. Nosotros, según parece, nos tenemos que limitar a retransmitir al dictado única y exclusivamente lo que se nos indica desde las administraciones implicadas. Porque están todas implicadas, aunque alguna insista en lo contrario.

Durante estos días —con el delegado del Gobierno de Cantabria, Pedro Casares (PSOE), de viaje en México en asuntos de su partido porque no ha considerado necesario adelantar su regreso— nadie ha asumido ninguna responsabilidad por no haberse ocupado en más diez años del mantenimiento del maldito puente de madera. El Ayuntamiento de Santander insiste en que es una obra inacabada, aunque estaba en uso y se promocionaba desde carteles y propaganda municipal.

Únicamente el secretario de Estado, Hugo Morán (PSOE), cuyo Ministerio construyó la senda costera hace más una década —aunque fuera con otro partido en La Moncloa—, apuntó a una responsabilidad compartida entre Demarcación de Costas, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Por lo menos no salió de la ecuación como ha hecho la alcaldesa.

Cuando los medios de comunicación desvelaron que el día antes un ciudadano alertó del peligro y la policía local no hizo nada, Gema Igual convocó una rueda de prensa para sacudirse la responsabilidad. Dijo que ella “no va a ser culpable de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”.

Hasta tal punto que ni siquiera pidió disculpas a los familiares de las jóvenes por la negligencia municipal —“la cadena de respuesta no funcionó”, suavizó ella— como si la Policía Local no fuese responsabilidad suya.

Los ciudadanos están ofendidos con la negligente actuación de las administraciones, la falta de disculpas públicas y el lamentable espectáculo de escurrir el bulto que están ofreciendo

La presidenta de Cantabria y la alcaldesa de Santander están equivocadamente ofendidas con las informaciones que se han publicado sobre las competencias del mantenimiento de la pasarela, la actuación del 112 y de la Policía Local. “Que se depuren todas las responsabilidades que se tengan que depurar, pero que lo digan los jueces”, reprochó Buruaga.

Solo hay que salir a la calle, subir a un autobús o echar un vistazo a las redes sociales para ver que nadie está enfadado con los medios de comunicación por contarlo. Los ciudadanos están enfadados con las instituciones. No con nosotros, que seguimos tratando de hacer todo lo posible por informar pese a las dificultades que nos ponen.

Los ciudadanos están ofendidos con la negligente actuación de las administraciones, la falta de disculpas públicas y el lamentable espectáculo de escurrir el bulto que están ofreciendo. ¿En serio alguien es tan ingenuo de pensar que si los periodistas no desvelan la llamada al 112 ellos nos lo hubieran confesado?

Durante estos años hemos escuchado insistentemente a la alcaldesa reclamando a Costas que reponga la arena de las playas de Santander y que finalice la obra de los diques. Piensen cuántas veces la han escuchado elevar la voz para denunciar la situación de la senda costera. Proyectada, por cierto, por uno de los actores principales: el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio —que no sale en la foto ni habla ante los micrófonos— pero debería ser el primero en asumir su responsabilidad. Aunque no el único. El Ministerio también tiene que hacer examen de conciencia con urgencia.

Por su parte, la presidenta Buruaga —que tiene en principio un papel secundario— ha hecho pública una conversación íntima en el velatorio con la madre de una de las víctimas. Lo contó el otro día después de firmar el pacto de Gobierno, en cuanto se levantó el luto oficial. Lo llevaba preparado, escrito en los papeles a los que iba echando miradas para no perder el hilo del relato: “No descansaré hasta que sepa la verdad de lo ocurrido en El Bocal”.

Lo que pasó está cada vez más claro: nadie ha hecho nada en más de diez años y tampoco hicieron caso de la llamada que alertó del peligro. Lo que hace falta ahora es que alguien se haga responsable de ambas cuestiones. 

La formación política Cantabristas ha criticado el acuerdo entre el PP y el PRC para aprobar el presupuesto de Cantabria para 2026 y ha considerado que “los regionalistas han antepuesto su supervivencia política a la defensa de Cantabria”

En un comunicado, Cantabristas ha opinado que el PRC “está insuflando oxígeno” al PP, a quien ha acusado de llevar a cabo “un desmantelamiento sin precedentes del sistema público”.

El secretario general de la formación, Paulu Lobete, ha considerado que los regionalistas son “cómplices del Gobierno más dañino para el futuro de Cantabria que hemos visto en los últimos años” y ha denunciado que el apoyo del PRC al PP “es casi gratis”.

“Ya se ha demostrado durante tres años que no supone ningún cordón sanitario contra Vox, ni sirve para evitar males mayores. El PP está aprobando junto a Vox políticas que suponen un retroceso de derechos a lo largo de la legislatura y seguirá haciéndolo”, ha afirmado Lobete. 

La presidenta de Cantabria y líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, firmarán este viernes en la sede del Parlamento autonómico el acuerdo entre ambos partidos para aprobar el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, en un acto en el que también estará presente la candidata electoral de los regionalistas, Paula Fernández, encargada de pilotar en los últimos días las negociaciones con el Partido Popular.

El pacto para aprobar las cuentas del presente ejercicio llega con algo más de dos meses de retraso y tras recuperarse recientemente las vías de diálogo entre ambos partidos, que atravesaban uno de los momentos más críticos de la legislatura, con mociones de censura y ruptura de acuerdos de gobierno en varios municipios, y retoma de esta forma la senda iniciada al inicio de este mandato, cuando los regionalistas facilitaron la investidura de Buruaga, manteniéndose siempre como “socios preferentes” y aprobando todos los presupuestos hasta la fecha.

Las negociaciones estaban prácticamente cerradas desde hace días, después de una primera reunión presencial entre Buruaga y Fernández el martes pasado en la sede del Ejecutivo autonómico, que sirvió para desbloquear los desencuentros que llevaron al PRC a votar en contra de los presupuestos en el mes de diciembre, y tras el visto bueno de la Ejecutiva regionalista a este nuevo intento de acuerdo. La mesa negociadora de ambos partidos se volvió a ver el viernes pasado y, pese a no hacer declaraciones al respecto, el mensaje que llegaba extraoficialmente es que estaban muy cerca.

El trágico accidente ocurrido esta semana en una pasarela junto a la playa de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes estudiantes, con una única superviviente que se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha frenado que la firma del acuerdo se produjera antes, dado que hasta el jueves al mediodía seguían las labores de rescate del último cuerpo desaparecido y el Gobierno de Cantabria había declarado dos días de luto oficial, con la cancelación total de la agenda pública de los miembros del Ejecutivo.

Intereses mutuos

Una vez que se habían retomado las negociaciones no se esperaban sorpresas, porque desde las filas del PRC ha habido casi más interés por sacar las cuentas adelante que desde el Gabinete de Buruaga, que se ha tomado nada menos que dos meses de margen para descolgar el teléfono y reiniciar un diálogo que se rompió de forma abrupta en diciembre, después de que los regionalistas impusieran una serie de condiciones previas para pactar los presupuestos de este ejercicio y que la negativa del PP provocara el rechazo unánime de la oposición parlamentaria al proyecto de ley que decayó en la Cámara.

Ahora falta por conocer la letra pequeña del acuerdo. Mientras Buruaga ha mantenido que afrontaba esta nueva etapa “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, desde el seno regionalista se ha insistido en que sus peticiones previas “siguen vigentes” y deberán incorporarse a los presupuestos. Dos meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles de cumplir”, relacionadas con el pago íntegro de ayudas al medio rural, la adecuación salarial de los docentes cántabros o varias actuaciones sanitarias e industriales, estas mismas medidas han vuelto a estar sobre la mesa y queda comprobar quién ha dado su brazo a torcer.

En el nuevo escenario también ha tenido mucho que ver el contexto interno en cada uno de los partidos. En el caso del PRC, porque el rechazo a los presupuestos estuvo a punto de convertirse en un cisma a nivel orgánico, ya que muchos alcaldes y alcaldesas presionaban a la candidata electoral, Paula Fernández, para que diera luz verde a unas cuentas a las que podrían sacar rédito en sus propios municipios. Y por parte del PP, porque la catarata de elecciones autonómicas en España están dando un papel fundamental a Vox, lo que ha obligado a Génova a establecer un acuerdo marco para pactar con la extrema derecha, permitiendo su entrada en los gobiernos autonómicos, una posibilidad que Buruaga y su equipo prefieren evitar por el momento.

PP y PRC han retomado este viernes las negociaciones para intentar, de nuevo, sellar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, que fue imposible hace tres meses. Lo han hecho con una reunión de 50 minutos en el Parlamento, sin realizar declaraciones posteriores a la prensa y sin informar de cuándo será el siguiente encuentro.

A la salida de la reunión, los integrantes de las comisiones negociadoras designadas por ambos partidos han abandonado la sala sin pararse a atender a los medios de comunicación, que solo han podido arrancar, y mientras se marchaban de la reunión, apenas unas palabras de la diputada y candidata electoral del PRC en las próximas elecciones, Paula Fernández, que han sido “trabajo, trabajo, trabajo”; y un “muy bien” del portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, cuando ha sido preguntado acerca de cómo había ido el encuentro.

Previamente al mismo, desde ambos partidos se había advertido a la prensa que no habría declaraciones ya que así se había acordado por parte de ambas formaciones, algo que difiere de lo sucedido en la anterior ronda de encuentros, celebrada sin éxito a finales de octubre y en noviembre, cuando al final de cada reunión había declaraciones o rueda de prensa de los representantes de PP y PRC.

En esa ocasión, las conversaciones se rompieron casi sin empezar después de que el PP rechazara las condiciones que la Ejecutiva del PRC aprobó para sentarse a negociar. Ello desembocó en que el 24 de noviembre de 2025 el Pleno del Parlamento aprobara, con los votos de PRC, PSOE y Vox, enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (la conocida como ley de acompañamiento), lo que supuso la devolución de ambos documentos al Gobierno y la prórroga de las cuentas de 2025.

El encuentro de este viernes ha comenzado con apenas un par de minutos de retraso respecto a la hora prevista -las 11.00 horas- y se ha celebrado en el despacho que la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tiene en la tercera planta del Parlamento. Por ahora no han trascendido detalles de lo abordado en la reunión, de si ha habido algún avance y tampoco de cuándo será la siguiente.

La reanudación de los contactos entre PRC y PP para explorar la aprobación de las cuentas de 2026, las terceras de la presente legislatura y tras el respaldo de los regionalistas a los populares en los proyectos económicos de 2024 y 2025, se produce a raíz de una llamada, esta misma semana, de Buruaga a Fernández. Fruto de ese contacto, a primera hora del pasado martes, ambas se reunieron a continuación en la sede del Gobierno. Allí acordaron empezar a negociar “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, para cerrar un acuerdo “lo antes posible”.

Y ello tres meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles” de cumplir, relacionadas con en el pago íntegro de ayudas al medio rural, llegar a un acuerdo con la Junta de Personal Docente para la adecuación salarial y actuaciones sanitarias e industriales que “no pueden seguir esperando”. Tras la entrevista de Buruaga con Fernández, ambas destacaron en declaraciones a los medios que habían encontrado en la otra parte “predisposición” para dialogar.

Este jueves por la tarde el Comité Ejecutivo del PRC aprobó retomar las negociaciones con el PP e “intentar un acuerdo” que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 y hoy se ha celebrado la primera reunión.

En las negociaciones participan, por parte del PRC, la propia Fernández; el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas.

Por parte del PP forman parten de la comisión negociadora la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, en calidad de secretaria autonómica del partido; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y el vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, Roberto Media.