El Ministerio de Interior está tramitando actualmente la fecha para que la eurodiputada de Izquierda Unida (IU) Marina Albiol pueda visitar el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife.

La dimisión de la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha destapado los graves problemas que arrastra la delegación de la coalición en Bruselas, que han llevado a la ruptura entre los cuatro eurodiputados que actualmente la componen. La dirección de Alberto Garzón niega las graves acusaciones esgrimidas por Albiol en su carta de dimisión, que adelantó en exclusiva eldiario.es. Pero sí reconocen un agotamiento del proyecto en Europa que estalla en la recta final de la legislatura.

Fuentes de la dirección de IU consultadas por eldiario.es rebajan las denuncias realizadas por Marina Albiol en la misiva de dimisión. “Ha habido dos casos. Uno se resolvió con un proceso de mediación. El otro se notifica el [lunes] 1 de octubre y la dirección lo conoce el martes. Nuestra intención es tratarlo en la Colegiada [la ejecutiva] del próximo lunes”, apuntan las mismas fuentes.

Pero Albiol decidió romper la baraja y envió su carta el miércoles. En ella, acusa al secretario de Organización, Ismael González, y a la de Política institucional, Amanda Meyer, de “falta de respuesta” ante “las dos comunicaciones firmadas por varios trabajadores” en las que se ponía en conocimiento de ambos dirigentes “el acoso laboral, moral y físico que estaban sufriendo por parte de eurodiputados/as”.

“No ha habido ningún tipo de sanción y se ha instado a los trabajadores a continuar trabajando con esas personas”, apunta Albiol.

Desde la dirección de IU sostienen que los dos casos se han abordado. Y que la organización no puede determinar “si hay acoso o no”. “Sí reconocemos que hay un conflicto en la Delegación”, apuntan las mismas fuentes, que aseguran que conminaron a los trabajadores a que denunciaran los hechos formalmente ante una oficina que, para tal efecto, existe en el propio Parlamento Europeo. “Tienen el apoyo de la dirección para ir. Mientras, nuestra solución tiene que ser política”, sostienen.

2014: un arranque complicado de legislatura

La legislatura en Bruselas comenzó muy complicada para IU. Logró seis eurodiputados en las elecciones de mayo de 2014. Cuatro propios, una en representación del partido gallego Anova, Lidia Senra, y otro por ICV, Ernest Urtasun. Este último integró las filas del Partido Verde en el Parlamento.

En aquellas elecciones se constató además la irrupción de Podemos que quedó por detrás de IU por poco más de 300.000 votos. El crecimiento del nuevo partido había cogido desprevenida a la antigua dirección de IU comandada por Cayo Lara, que contaba con un resultado mucho menor para los de Pablo Iglesias. Y mucho mejor para ellos.

Los nervios en aquella dirección de IU se confirmaron poco después. Una información sobre un plan de pensiones del Parlamento Europeo que había sido gestionado por un fondo privado radicado en Luxemburgo del que disfrutaba el que había sido número uno de la candidatura, Willy Meyer, acabó con su dimisión.

IU no podía permitirse en aquel momento un titular que le relacionara con una práctica política que podía asociarse al nuevo significante que dominaba el relato político: “la casta”.

La salida de Meyer apenas un mes después de las elecciones llevó a Albiol al liderazgo de la Delegación y a la entrada de Javier Couso al Europarlamento.

La ruptura del grupo

Los cambios introducidos por Cayo Lara en la dirección de IU, con la entrada de Alberto Garzón, vaticinaban un nuevo ciclo político para la coalición. Su posterior ascenso a la Coordinadora Federal de IU seguían esa senda.

Pero la composición del grupo en Europa respondía a unos equilibrios previos. Allí está, por ejemplo, la que fuera rival de Garzón en las primarias para liderar IU: Paloma López. O la asturiana Ángela Vallina, también contraria a las tesis de Garzón. O la gallega Lidia Senra, de Anova, que es considerada “tránsfuga” después de romper la disciplina de voto.

Fuentes de la dirección de IU recuerdan que con su llegada se revisaron los protocolos económicos en los grupos. También en Europa. Se endureció la carta financiera de los cargos públicos y se puso coto al disfrute de las dietas, por ejemplo. Además, los gastos de oficina parlamentaria se facturan al eurodiputado.

Estas medidas, según las fuentes consultadas, rompieron el equilibrio del grupo. Albiol se quedó en minoría. La ya exportavoz, además, rompió con Garzón y abandonó su cargo en la dirección de IU. “Marina se ha abrasado”, apuntan desde Madrid.

El enquistamiento de la situación a su regreso de la baja de maternidad ha terminado por empujar a Albiol a tirar la toalla. Ahora, la dirección de IU deberá elegir a una nueva persona para dirigir la delegación.

Fuentes de IU señalan que se propondrá una portavocía rotatoria, como se hizo durante la baja de Albiol, entre López y Couso, lo que deja fuera a Ángela Vallina.

La portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha presentado su dimisión irrevocable ante la “falta de respuesta” de la dirección federal en supuestos casos de acoso laboral, según la carta remitida este miércoles por la tarde al coordinador general, Alberto Garzón, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Albiol abandona la portavocía en el Parlamento Europeo a pocos meses de que se cierre la legislatura ante “la falta de respuesta por parte de la dirección de Izquierda Unida a las dos comunicaciones firmadas por varios trabajadores de la Delegación en la que ponían en conocimiento el acoso laboral, moral y físico que estaban sufriendo por parte de eurodiputados/as”.

“La dirección podría haber iniciado de oficio un expediente sancionador ante el conocimiento de hechos tan graves, pero no ha sido así”, afirma Albiol en su carta: “No ha habido ningún tipo de sanción y se ha instado a los trabajadores a continuar trabajando con estas personas”.

“Al no compartir estas actuaciones”, prosigue la eurodiputada, “que contravienen los principios más básicos de una organización de izquierdas, he decidido dimitir como portavoz”.

La dirección de IU niega que no se haya intentado atajar el problema. “No es verdad que no se haya hecho nada. Otra cosa es que no se esté de acuerdo”, asegura la responsable de Institucional de la coalición, Amanda Meyer. 

Meyer, citada expresamente en la carta de dimisión junto al secretario de Organización, Ismael González, por sus respectivas obligaciones orgánicas, asegura que tuvo conocimiento este mismo miércoles de la carta y que lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Albiol. “Le pedí que recapacitara. Queda poco de legislatura y han sido 5 años difíciles”, apunta.

La dirigente de IU relata que trabajadores del grupo en Europa pusieron los hechos en conocimiento de la organización el trato recibido por algunos diputados. “No sé si llamarlo denuncia o queja”, asegura Meyer “Entonces iniciamos un protocolo, nos sentamos con ellos y los eurodiputados antes del verano. Y llevamos la cuestión a la Coordinadora”, uno de los órganos de decisión de IU.

Meyer asegura que sí se han hecho cosas, como excluir a algunas de las personas denunciadas de los turnos rotatorios de portavocía durante la baja de maternidad de Albiol o reunirse con los trabajadores. “Además, los nuevos estatutos de IU incluyen una comisión antiacoso en el trabajo. Hasta ahora teníamos recogidos protocolos para conflictos con militantes, pero no con trabajadores”, explica.

“Tras la reincorporación de Marina, hemos vuelto a recibir un escrito de que nuevamente se está viviendo una situación complicada. Eso fue el lunes. Yo tuve conocimiento el martes. Y luego dimite Marina. Lo llevaremos a los órganos la semana que viene”, zanja la responsable de Institucional de IU.

Meyer asegura que en ningún momento se ha recibido “una denuncia formal que refleje que en un sitio concreto ocurrió algo en tal día” que permita una “investigación contradictoria” de la dirección. “Hemos contribuido todos, más los eurodiputados, a una situación de difícil gestión en el trabajo. Los eurodiputados no han contribuido a tener un clima de trabajo adecuado. Ha habido problemas, siempre los ha habido. Yo soy una vieja militante, hay gente con una cultura política y otra que no la tiene, gente con educación y otra que no, gente que trabaja mejor en equipo y otra que no. La situación ha sido complicada”, resume.

“Pero yo discrepo en que la dirección no haya hecho nada. Hemos hecho lo que hemos podido. Hay que garantizar que el grupo termine la legislatura en las mejores condiciones para preparar las próximas elecciones en las mejores condiciones. Esto no ayuda”, concluye.

Albiol, que meses atrás había dejado su puesto en la Colegiada –ejecutiva de la organización– como responsable de Internacional de IU, figuraba como número dos de la lista de Alberto Garzón en la última Asamblea de IU, en junio de 2016.

La delegación de IU en la Eurocámara está formada por la hasta portavoz, Marina Albiol, y los eurodiputados Ángela Vallina, Javier Couso y Paloma López.

Casi mil millones de euros destina la Comisión Europea a los países para “acciones relacionadas con el retorno de inmigrantes irregulares”. Es decir, para deportaciones. 

Así se desprende de la respuesta del comisario de Migración, Dimitris Avramopouluos, a una pregunta formulada por la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol. 

Albiol preguntaba por la cantidad empleada en garantizar la llegada legal y segura de personas; la información desglosada por Estados miembros y por receptor final de los fondos y por los mecanismos para supervisar que las personas migrantes no son encarceladas, perseguidas o torturadas tras haber sido deportadas desde la UE.

Avramopouluos, que responde a algunas cuestiones con más concreción que a otras, afirma que “en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración, los Estados miembros disponen en sus programas nacionales, para el periodo 2014-2020, de 737 millones de euros para acciones que refuercen el Sistema Europeo Común de Asilo, incluida la prestación de servicios a los solicitantes de asilo y la recepción de los mismos. Además, 53 millones de euros están destinados a apoyar la migración legal desde terceros países a los Estados miembros. Asimismo, se han asignado a los Estados miembros 872 millones de euros en fondos adicionales para apoyar el reasentamiento de los beneficiarios de protección internacional procedentes de terceros países a los Estados miembros”.

Además, Avramopouluos explica que “en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración, se asignan 943 millones de euros como parte de los programas nacionales de los Estados miembros para acciones relacionadas con el retorno. Por lo que se refiere al número de retornos en 2017, la cifra oficial de Eurostat es de 188 905 inmigrantes irregulares devueltos de manera efectiva a terceros países en 2017 por todos los Estados miembros de la UE. Esta cifra incluye tanto los retornos voluntarios como los forzosos.

“Las deportaciones son uno de los elementos centrales de las políticas xenófobas de la UE y esto queda claro cuando vemos que se gastan 70 millones de euros más en deportaciones que en programas de reasentamiento”, reflexiona Marina Albiol: “Su objetivo es reducir el número de migrantes a toda costa y para ello no dudan en realizar deportaciones forzosas, para las que a menudo se utiliza violencia o sedaciones. Devuelven a esas personas a la violencia y la miseria de la que huyeron, o incluso las deportan a terceros países, por los que hayan transitado en su camino hacia la UE, pero con los que no tengan ningún tipo de vínculo”. 

De esos 943 millones de euros, España es el tercer país, con 116,1 millones, que más dinero recibe para deportaciones. El primero es Reino Unido –219,4 millones–, seguido de Grecia –132,8 millones–.

“Que el Estado español sea el tercer estado europeo que más fondos recibe para las deportaciones demuestra el papel de alumno aventajado que tiene en la aplicación de las políticas de la Europa Fortaleza”, prosigue Albiol: “El Gobierno de Sánchez ya ha demostrado con sus acciones que no va a promover ningún tipo de cambio en las políticas migratorias españolas, caracterizadas por las violaciones de derechos humanos en la frontera de Ceuta y Melilla y en los Centros de Internamiento”.

“Estas políticas –continúa Albiol– son además un enorme negocio para unas pocas empresas privadas que, como Air Europa, se lucran con esta industria criminal. Esos 116 millones de euros que de momento ha recibido el Estado español para realizar deportaciones es dinero del conjunto de contribuyentes que viven o trabajan en la Unión, también de personas migrantes en situación administrativa irregular. Sin embargo, las autoridades europeas no tienen reparo en dar ese dinero a empresas privadas para que estas apliquen unas políticas que están dictadas por la extrema derecha”.

La Comisión Europea hace evaluaciones anuales sobre el comportamiento de los Estados en sus fronteras. En el caso español, hay dos informes sobre la frontera sur y las deportaciones. 

La diputada de IU Marina Albiol los ha conocido este miércoles, meses después de haber visitado Ceuta y Melilla y haber denunciado el trato a los migrantes. “Son informes confidenciales sin motivo”, explica Albiol: “No se está poniendo en peligro la seguridad de nadie, son secretos y confidenciales más por mantener ocultas son vergüenzas que porque deban serlos”.

“Son secretos, como lo fueron los del TTIP, y no nos han dado copias; ni nos han dejado tomar notas, ni fotos. No hemos podido entrar con el móvil y hemos tenido que firmar un documento de confidencialidad: no puedo divulgar nada bajo amenazas”, explica Albiol. 

“Ahora vamos a exigir que sean públicos”, prosigue: “Vamos a enviar una carta al comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, para exigirle que, como contienen información relevante para el Estado español, que los publiquen ya”. 

Albiol afirma: “No voy a desvelar el contenido, pero entendemos que si se ha hecho una evaluación y ha visitado los CIE, los aeropuertos, las fronteras, pedimos que las conclusiones de cómo se está aplicando Schengen se conozcan, y más teniendo en cuenta que Ceuta y Melilla son un limbo. Hay devoluciones en caliente; están las devoluciones exprés de Sánchez, y la violencia estructural. Si se está evaluando, pues que lo hagan público. Ellos han estado y lo han visitado: tienen que hacer público lo que han visto”. 

¿Y qué han visto? “Lo que han visto todos, y confirman lo que ya sospechamos. Nosotros siempre hemos denunciado la complicidad de la UE y el Gobierno de España en que todo vale para que no entre nadie en Europa; en la política de externalización de fronteras, de los retornos... España es alumno aventajado y hay complicidad para que no entre nadie en Europa”. 

La UE hace estos informes periódicamente, son evaluaciones anuales sobre la aplicación de Schengen:  “Estamos hablando de cómo se producen las devoluciones en frontera, de las condiciones en las que están detenidos, en los CIE, en el asilo”, explica Albiol.

La portaveu d’Esquerra Unida en el Parlament Europeu, Marina Albiol, ha alertat dels greus efectes que pot causar en la zona d’Aiora la macrogranja porcina que pretén instal·lar una empresa, amb capacitat per a 30.000 animals.

En una pregunta dirigida a la Comissió Europea, Albiol alerta del possible incompliment de diverses directives, en el context “d’una bambolla de granges d’enormes dimensions que poden causar un impacte irreversible en les zones on s’instal·len: risc per als aqüífers, excessius volums de residus, gasos contaminants, males olors, molèsties pel transport, afecció a àrees protegides d’alt valor ecològic…”.

En la seua interpel·lació, Marina Albiol apel·la a anteriors preguntes formulades a la Comissió Europea relacionades amb aquesta bambolla de la carn porcina, davant les quals la CE descarrega les responsabilitats en governs estatals o autonòmics: “La Comissió ha de vetlar pel compliment de les directives europees, i diverses d’elles estan sent presumptament vulnerades, tal com denuncien diferents col·lectius veïnals i ecologistes. Per açò, exigim que les autoritats europees exercisquen un control més exhaustiu sobre aquests projectes. De no actuar davant aquestes alertes, Europa serà corresponsable de possibles danys sobre aqüífers, sobre el medi ambient que hauria de preservar la Xarxa Natura 2000, i de les conseqüències demogràfiques que poden implicar unes granges que tan sols generen una desena d’ocupacions per cadascuna d’elles i no deixa viure a comarques ja castigades per la despoblació”, indica Albiol.

La portaveu d’EU a Brussel·les subratlla en la seua pregunta que les plantes podrien a més patir un ràpid abandó: “Mentre que responen a un fenomen de bambolla, una caiguda de la rendibilitat o l’obertura d’altres mercats que milloren les condicions de proveïment podrien provocar que les explotacions foren ràpidament abandonades, de manera que després d’haver provocat nombrosos problemes en les zones afectades, acaben convertint-se a més en un problema de gestió per a ajuntaments modests”. Concretament, en el cas d’Aiora Marina Albiol reclama al Consell “que supervise l’impacte que una granja d’aquestes dimensions implicarà per a una comarca que ja està patint problemes demogràfics i econòmics, i que per tant necessita, precisament, d’un altre tipus de mesures que impulsen la posada en valor del medi ambient, un model agrícola i ramader sostenible, i les inversions en serveis bàsics i atenció a la ciutadania. Si el Consell realment posa en marxa un pla contra la despoblació de les zones rurals, no pot permetre actuacions que posen en risc el futur d’aquestes localitats”.

La portavoz de Esquerra Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha alertado de los graves efectos que puede causar en la zona de Ayora la macrogranja porcina que pretende instalar una empresa, con capacidad para 30.000 animales.

En una pregunta dirigida a la Comisión Europea, Albiol alerta del posible incumplimiento de varias directivas, en el contexto “de una burbuja de granjas de enormes dimensiones que pueden causar un impacto irreversible en las zonas donde se instalan: riesgo para los acuíferos, excesivos volúmenes de residuos, gases contaminantes, malos olores, molestias por el transporte, afección a áreas protegidas de alto valor ecológico…”.

En su interpelación, Marina Albiol apela a anteriores preguntas formuladas a la Comisión Europea relacionadas con esta burbuja de la carne porcina, ante las cuales la CE descarga las responsabilidades en gobiernos estatales o autonómicos: “La Comisión tiene que velar por el cumplimiento de las directivas europeas, y diversas de ellas están siendo presuntamente vulneradas, tal como denuncian diferentes colectivos vecinales y ecologistas. Por eso, exigimos que las autoridades europeas ejerzan un control más exhaustivo sobre estos proyectos. De no actuar ante estas alertas, Europa será corresponsable de posibles daños sobre acuíferos, sobre el medio ambiente que tendría que preservar la Red Natura 2000, y de las consecuencias demográficas que pueden implicar unas granjas que tan sólo generan una decena de ocupaciones por cada una de ellas y no deja vivir en comarcas ya castigadas por la despoblación”, indica Albiol.

La portavoz de EU en Bruselas subraya en su pregunta que las plantas podrían además sufrir un rápido abandono: “Mientras que responden a un fenómeno de burbuja, una caída de la rentabilidad o la apertura otros mercados que mejoran las condiciones de abastecimiento podrían provocar que las explotaciones fueron rápidamente abandonadas, de forma que después de haber provocado numerosos problemas en las zonas afectadas, acaban convirtiéndose además en un problema de gestión para ayuntamientos modestos”.

Concretamente, en el caso de Ayora Marina Albiol reclama al Consejo “que supervise el impacto que una granja de estas dimensiones implicará para una comarca que ya está sufriendo problemas demográficos y económicos, y que por lo tanto necesita, precisamente, de otro tipo de medidas que impulsan la puesta en valor del medio ambiente, un modelo agrícola y ganadero sostenible, y las inversiones en servicios básicos y atención a la ciudadanía. Si el Consejo realmente pone en marcha un plan contra la despoblación de las zonas rurales, no puede permitir actuaciones que ponen en riesgo el futuro de estas localidades”.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, la castellonense Marina Albiol, considera que tras la sentencia contra el rapero Valtonyc la Unión Europea debería actuar contra el Estado español, “como ya ha hecho con otros Estados miembros”, por vulneración de derechos fundamentales. La eurodiputada advierte de que “Bruselas no puede sancionar a unos países por sus legislaciones regresivas y luego escudarse en su supuesta falta de competencias para hacer la vista gorda con otros estados miembros”, por lo que no tiene dudas de que “se debe accionar el artículo 7 del Tratado de la UE”, que tiene por objeto garantizar que los socios europeos cumplen con los valores de la Unión.

“La libertad de expresión, es un derecho fundamental y sentencia a sentencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, amparados en el Código Penal y las leyes mordaza del Partido Popular, llevan varios años aplicando correctivos a toda voz que se salga del pensamiento generalizado de amor a la patria y a la bandera que ellos pretenden mantener”, ha dicho Albiol.

Para la eurodiputada de IU, “el simple hecho de que se condene a un rapero a tres años y medio de prisión por las letras de sus canciones” debería hacer saltar una alarma en Bruselas. Pero “tanto como que se condene a tuiteros, o se juzgue a artistas, activistas o cómicos”. Todo ello, señala, “forma parte del sistema que la nueva inquisición ha puesto en marcha para neutralizar cualquier expresión de disidencia” y así tratar de mantener “intactos los pilares del régimen” del 78.

Posibles consecuencias

Albiol ha explicado que la activación del artículo 7 del Tratado de la UE “puede conllevar la retirada del voto al Estado español en el Consejo europeo”, es decir “no participar en la toma de decisiones de la UE hasta que se comporte y respete los supuestos valores europeos”. Y eso “incluye la Carta de Derechos Fundamentales” en lo que se refiere, por ejemplo, “a los artículos 10 sobre libertad de pensamiento, 11 sobre libertad de expresión, 13 sobre libertad de las artes y las ciencias, o incluso al 49, que habla de la proporcionalidad de las penas”. La portavoz de IU en Europa ha enviado un email al director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Michael O’Flaherty, con la sentencia contra el rapero.

Estas “son normas que rigen para todos los estados miembros y que las instituciones de la UE deberían hacer respetar, aunque en la práctica nos demuestren cada día con sus políticas que no es más que papel mojado”.

El rap “es una expresión artística como otra cualquiera, un canal para expresar sentimientos, rabia o describir realidades y no debería llevar a nadie a la cárcel por muy crudas que sean sus letras”, y “como es un arte, cualquier tipo de proceso judicial por injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo resulta anacrónico, profundamente regresivo y propio de épocas más oscuras que esta”.

Bruselas, concluye Albiol, “puede seguir haciendo como que los únicos problemas de violaciones de los derechos fundamentales se producen en los países del Este, o actuar de una vez por todas y sancionar al Estado español, porque cuando una democracia comienza a asfixiar poco a poco la palabra, el arte, el humor o el pensamiento crítico, emprende un viaje sin retorno hacia todo, menos la democracia”.

Esquerra Unida del País Valencià en tot moment era, de fet ho és, una d’aquestes veus: des de les Corts, des de les responsabilitats institucionals, des d’alcaldies i regidories i col·lectius locals de tots els racons del País Valencià.

I un exemple ben clar i esclaridor d’aquesta lluita contra l’espoli és Rosa Pérez, representant d’allò que són els càrrecs públics d’Esquerra Unida. No és l’única, afortunadament som una organització amb moltes persones disposades a plantar cara als poderosos, però cal reconèixer la vàlua, el valor i l’orgull col·lectiu que suposa tindre a primera fila una d’aquestes persones valentes, que des de l’aïllament a què se la sotmetia en una Diputació de València corcada pels corruptes, es va enfrontar a Rus i va posar fi a anys de vergonyosa impunitat. Rosa Pérez va investigar, recopilar informació i proves, redactar i signar la denúncia que va obrir el ‘cas Taula’, que va desballestar el PP valencià amb desenes d’imputats, entre ells l’intocable Alfonso Rus i diversos expresidents de la Diputació de València. Tot aquest treball li ha suposat haver d’aguantar insults, amenaces, pressions, i fins i tot cinc denúncies, totes arxivades.

Molta gent va conèixer a Rosa en aquell moment en què s’enfrontava al cacic del PP valencià, però Rosa Pérez ja provenia d’una militància de base a EUPV, i potser sense aquest bagatge personal i polític no s’explicaria aquest compromís i decisió. Les persones d’esquerres anem sumant militàncies, i en això Rosa també és un clar exemple de trajectòria compromesa: des de la militància als anys d’universitat al BEA i la coordinació de Joves d’EUPV, fins a la seua tasca com a cap de llista i regidora a Catarroja, ja que van aconseguir tornar a tindre representació a l’Ajuntament, passant per la seua activitat professional com a advocada i professora universitària de Dret (on a més, va guanyar les eleccions sindicals encapçalant la llista de CCOO). A Esquerra Unida entenem que l’activisme no pot reduir-se a les responsabilitats institucionals: cal lluitar contra les injustícies i la desigualtat a cada espai, a cada àmbit, sempre.

És necessari treballar contra les injustícies i la corrupció, per descomptat, però sobretot cal lluitar per transformar la realitat que ens envolta. Tenim un programa que aspira a capgirar la societat, a canviar de baix a dalt un sistema polític sotmès al poder econòmic i financer, i aconseguir unes institucions i uns recursos públics al servei de la gent. Un model que des de la seua tasca com a diputada provincial Rosa Pérez posa en pràctica a totes les àrees que gestiona. Com a diputada d’Inclusió Social, multiplicant per 4 el pressupost destinat als serveis socials municipals avançant en un model que garanteix els drets socials i posant fi a l’etapa d’assistencialisme de l’època del PP; ho fa com a diputada de Teatres consolidant l’àrea com un referent en producció i exhibició; també en la seua responsabilitat al capdavant de Memòria Històrica, en ser la primera i única administració valenciana que està exhumant les fosses comunes i alhora impulsant el programa ‘Memòria a l’escola’ que farà possible que tots els estudiants de Secundària puguen conèixer com van ser els 40 anys de repressió franquista a aquest país, o amb subvencions a la retirada de vestigis franquistes i la posada en valor de llocs de la memòria i la dignitat.

EUPV és una organització de gent valenta, valuosa i compromesa. Alguns, des de les institucions; la majoria, des de fora d’elles, a cada poble, barri i ciutat, al sindicat, a les organitzacions feministes, als col·lectius ecologistes, a la PAH, a les Marxes, amb altres organitzacions. És una organització que mereix una direcció com la que Rosa Pérez Garijo i el seu equip representen i exemplifiquen.

IU advierte al Consejo de Europa de que el nombramiento de la nueva jueza española María Elósegui para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está en “contradicción” con los principios que defiende la institución y que pone en riesgo su “credibilidad” después de que eldiario.es haya revelado las polémicas declaraciones de la catedrática sobre la homosexualidad, la transexualidad o el aborto.

La eurodiputada Marina Albiol ha enviado una carta al comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, en la que le avisa de las “publicaciones de carácter marcadamente LGTBifóbico” de Elósegui y muestra la “honda preocupación” de su grupo ante el nombramiento de la jueza.

Albiol recuerda en la misiva que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se rige por la Convención Europea de Derechos Humanos, y adviertr de que “a pesar de haber sido redactada en 1950 parece tener posiciones más progresistas que las de la magistrada”.

Igualmente, la portavoz de IU ha trasladado el caso de la elección de Elósegui al intergrupo LGTBi del Parlamento Europeo. Su idea es que ese organismo haga “la labor de seguimiento y fiscalización de todas y cada una de las decisiones que tome”, para “cerciorarnos de que está cumpliendo con lo que dicen las leyes y no con lo que ella ha demostrado pensar en sus libros”.

Albiol sostiene que muchos de los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde se votó el nombramiento de Elósegui, “posiblemente desconocían el tipo de publicaciones que había hecho en contra de las personas LGTBi”. “Los procedimientos de selección de esos candidatos debería ser mucho más exhaustivos y los artículos y manifestaciones de la jueza deberían haberse tenido en cuenta a la hora de esta elección”, agrega.

“Fins hui, la Comissió no ha rebut cap comunicació de conformitat amb l’article 41 del Tractat Ereutosi sobre la intenció d’operar la planta més enllà de la seua vida útil original”.

Això diu una part de la resposta enviada pel director europeu d’Energia Nuclear, Seguretat i ITER, Massimo Garribba, a la portaveu d’Esquerra Unida (EU) en el Parlament Europeu, Marina Albiol, arran d’haver-li preguntat aquesta per la informació que manegen les autoritats europees sobre la construcció d’un magatzem de residus nuclears en la central de Cofrents i sobre la prolongació de la seua vida útil, deixada entreveure públicament nombroses vegades pels responsables de la instal·lació.

En la seua carta, Garribba informa que “si les inversions relacionades amb l’operació a llarg termini de la planta compliren els criteris en termes de tipus i grandària establida pel Reglament (Ereutosi) núm. 2587/1999 del Consell, la comunicació a la Comissió de conformitat amb l’article 41 del Tractat Ereutosi seria obligatòria”.

Sobre això, adverteix que prendran “les mesures legals necessàries contra els estats membres que no complisquen els nous requisits”.

El director europeu d’Energia Nuclear afig que “la solidesa de les centrals nuclears de la Unió Europea (UE) per als esdeveniments externs, inclosa la planta de Cofrents, s’ha millorat com a resultat de les proves de resistència de la UE dutes a terme en resposta a l’accident de Fukushima”.

Tanmateix, recorda que “un informe d’estat actualitzat de cada país participant, incloent-hi Espanya en l’aplicació de les recomanacions de proves d’estrés, s’espera per al final del 2017”.

Sobre això, Albiol ha denunciat que “els responsables de la central nuclear de Cofrents, propietat d’Iberdrola, estan incomplint el tractat europeu Euratom de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, per no haver comunicat a la Comissió la construcció d’un magatzem individualitzat temporal de residus nuclears que operarà a partir del 2021”, any que coincideix amb el de finalització de l’autorització per a funcionar i molt pròxim al del final de la seua vida útil, el 2024, però que la companyia pretén prolongar.

Per a Albiol, es tracta de “una mostra d’irresponsabilitat perillosa”. Segons l’eurodiputada, “si la direcció de Cofrents o els responsables ministerials no són capaços de complir els tràmits dels tractats que han signat, per quina raó podem confiar en el seu criteri a l’hora de decidir si la central pot continuar en marxa o no?”.

La carta ha arribat, a més, en un moment en què s’acaba de conéixer que la planta ha tornat a parar l’activitat perquè torna a estar avariada: “només un mes després de posar-se en marxa després d’haver estat parada durant 75 dies per una reparació, la central torna a tenir una avaria que la manté inactiva”.

Albiol ha comentat que en 10 mesos ha tingut 8 incidents, a banda de les avaries principals que l’han mantinguda inactiva: “Ens sembla més que preocupant que davant del que pareixen signes de fatiga de la infraestructura després de més de 30 anys de funcionament, els seus responsables es plantegen que encara continue funcionant més enllà del 2024”.

Amplien el termini per a la petició de la pròrroga

La central nuclear de Cofrents s’aproxima al final de la seua vida útil. Aquest centre genera un terç de l’electricitat consumida a la Comunitat Valenciana i la possibilitat de la prolongació de la seua vida útil genera conflicte, emmarcat a més en el debat sobre l’energia nuclear. Un debat que posa en risc interessos econòmics i de les grans empreses que operen en el sector.

El director de la central, Tomás Lozano, va comparéixer el mes de juliol passat en les Corts valencianes a petició del PSPV-PSOE i Compromís –amb el suport de Podem– per a donar compte de la construcció del magatzem esmentat.

El director va insistir en el fet que la construcció del magatzem és necessària i independent del procés de continuïtat. Pel que fa a la possibilitat d’allargar la vida útil del centre, va assenyalar que és un debat polític en què ni la central ni Iberdrola entraran, encara que va considerar que l’energia nuclear és “necessària” per a “la transició del model energètic”.

Per la seua banda, el Ministeri d’Energia va comunicar aqueix mateix mes l’ordre per la qual concedeix més temps a la central de Cofrents –també a la de Trillo i Ascó– per a renovar els seus permisos. Si no s’haguera produït la modificació, Iberdrola hauria d’haver sol·licitat la renovació el 2018. Ara es podrà retardar fins al 2020.

Los bebés robados también son memoria democrática. “Pertenecen al modelo represivo del franquismo hacia las mujeres republicanas y después fueron un negocio”, señala Marina Albiol, diputada de Izquierda Unida en el Parlamento europeo.

Esquerra Unida ha analizado este viernes en el Centre Octubre las políticas internacionales y autonómicas sobre bebés robados y memoria democrática, junto a representantes de los colectivos de víctimas.

La parlamentaria ha explicado que la Comisión Europea presentará en los próximos días su informe resultado de la misión de investigación sobre bebés robados en España, que ha intentado frenar el PP. Según ha relatado Albiol, quien ha participado en dicho informe, el fiscal general del Estado se refirió a los casos de bebés robados como “casos aislados” y que el representante de la Iglesia dijo que colaboraría por orden judicial.

Durante la jornada, representantes de las víctimas han expresado la sensación de abandono por parte del Estado y del poder judicial. Según han señalado, de 2086 diligencias, hay 500 judicializadas y solo 5 vivas. “La Fiscalía no actúa de oficio”, ha lamentado la portavoz de la asociación 'Todos los bebés robados son también mis bebés', que ha tachado de incomprensible que la primera condenada por un caso de bebés robados sea una víctima: Asunción López.

Por su parte, la diputada de memoria histórica, Rosa Pérez, ha explicado las actuaciones de la corporación respecto a la exhumación de fosas comunes, en concreto en la fosa 113 del cementerio de Paterna. Además, la Diputación trabaja en un proyecto para recuperar la memoria democrática desde las aulas: “La desmemoria es fundamental para la impunidad”, ha señalado.

L'eurodiputada d'Esquerra Unida, Marina Albiol, ha denunciat davant l'Intergrup per a Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües del Parlament Europeu les manifestacions del diputat autonòmic i secretari general del PP de Torrevella, Joaquín Albaladejo, qui ha demanat el boicot als concerts que se celebraran en la localitat alacantina per a commemorar el Dia Europeu de les Llengües.

Albiol ha remès una carta a aquest organisme a través de la qual recorda que aquesta celebració, impulsada pel Consell d'Europa, pretén posar en valor la diversitat lingüística i promoure la seua preservació. Per tant, les manifestacions del diputat popular “defensen el contrari: aprofitar políticament la nostra llengua per a utilitzar-la com a instrument d'exclusió i enfrontament polític”.

En opinió d'Albiol, Albaladejo “es desqualifica a si mateix quan menysprea la labor de Pep Gimeno 'Botifarra', reconeguda amb la Medalla d'Or de la Generalitat al Mérit Cultural”. “El problema no és que Albaladejo expresse públicament aquest menyspreu, el pitjor és que aquest missatge forma part de l'ideari polític del PP: estimular l'enfrontament per a traure rèdit polític d'avivar l'odi entre comunitats”, ha apuntat l'europarlamentària valenciana, qui ha sentenciat: “Darrere d'aquesta ignorància no hi ha més que el sentiment ultradretà d'espanyolisme monolític que el PP intenta amagar moltes vegades sota un discurs amable i d'estima a la nostra cultura”.

Albiol ha qualificat de “ridícul important” l'actitud Albaladejo per a intentar arreplegar el suport dels sectors “més radicals de la dreta”. “No estem disposats al fet que aquestes conductes queden impunes davant la institució que ha de promoure en tots els territoris europeus els valors de la diversitat lingüística i cultural, i per tota Europa han de conèixer l'escassetat moral que té la dreta valenciana”.

Compromís també rebutja les declaracions del diputat popular i han instat la líder del PPCV, Isabel Bonig, a que expulse immediatament Albaladejo per l'odi que fomenta contra la cultura popular valenciana“, en paraules del diputat autonòmic Josep Nadal.

“Tant Botifarra com Carraixet s'han dedicat a recuperar els sons característics del poble valencià, en la mateixa llengua que cantaven fa anys els nostres avis. Pep Gimeno s'ha dedicat durant anys a salvar cançons i melodies que han sigut a punt de perdre's i que constitueixen un tresor cultural impagable per a tots els valencians visquen on visquen i parlen la llengua que parlen”, ha manifestat Nadal.

La coalició valencianista considera “del tot inacceptable” l'actitud del secretari general del PP de Torrevella que “intenta relacionar les cançons populars de Botifarra i Carraixet amb el procés català, en un intent de criminalitzar qualsevol acte cultural en valencià”. A més, recorda Nadal que no és la primera vegada que Albaladejo confronta llengües i cultures: “Aquest diputat ja va afirmar durant un debat organitzat per les AMPAs del Baix Segura que el Decret de Plurilingüisme del Govern valencià farà que catalans i balears lleven el treball als valencians”.

La eurodiputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha denunciado ante el Intergrupo para Minorías Tradicionales, Comunidades Nacionales y Lenguas del Parlamento Europeo las manifestaciones del diputado autonómico y secretario general del PP de Torrevieja, Joaquín Albaladejo, quien ha pedido el boicot a los conciertos que se celebrarán en la localidad alicantina para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas.

Albiol ha remitido una carta a este organismo a través de la cual recuerda que esta celebración, impulsada por el Consejo de Europa, pretende poner en valor la diversidad lingüística y promover su preservación. Por tanto, las manifestaciones del diputado popular “defienden lo contrario: aprovechar políticamente nuestra lengua para utilizarla como instrumento de exclusión y enfrentamiento político”.

En opinión de Albiol, Albaladejo “se descalifica a sí mismo cuando menosprecia la labor de Pep Gimeno 'Botifarra', reconocida con la Medalla d'Or de la Generalitat al Mérit Cultural”. “El problema no es que Albaladejo exprese públicamente este desprecio, lo peor es que este mensaje forma parte del ideario político del PP: estimular el enfrentamiento para sacar rédito político de avivar el odio entre comunidades”, ha apuntado la europarlamentaria valenciana, quien ha sentenciado: “Tras esta ignorancia no hay más que el sentimiento ultraderechista de españolismo monolítico que el PP intenta esconder muchas veces bajo un discurso amable y de estima a nuestra cultura”.

Albiol ha calificado de “ridículo importante” la actitud Albaladejo para intentar recoger el apoyo de los sectores “más radicales de la derecha”. “No estamos dispuestos a que estas conductas queden impunes ante la institución que debe promover en todos los territorios europeos los valores de la diversidad lingüística y cultural, y por toda Europa deben conocer la escasez moral que tiene la derecha valenciana”.

Compromís también rechaza las declaraciones del diputado popular y han instado a la líder del PPCV, Isabel Bonig, a que expulse inmediatamente a Albaladejo por el odio que fomenta contra la cultura popular valenciana“, en palabras del diputado autonómico Josep Nadal.

“Tanto Botifarra como Carraixet se han dedicado a recuperar los sonidos característicos del pueblo valenciano, en la misma lengua que cantaban hace años nuestros abuelos. Pep Gimeno se ha dedicado durante años a salvar canciones y melodías que han estado a punto de perderse y que constituyen un tesoro cultural impagable para todos los valencianos vivan donde vivan y hablan la lengua que hablan”, ha manifestado Nadal.

La coalición valencianista considera “del todo inaceptable” la actitud del secretario general del PP de Torrevieja que “intenta relacionar las canciones populares de Botifarra y Carraixet con el proceso catalán, en un intento de criminalizar cualquier acto cultural en valenciano”. Además, recuerda Nadal que no es la primera vez que Albaladejo confronta lenguas y culturas: “Este diputado ya afirmó durante un debate organizado por las AMPAs del Baix Segura que el Decreto de Plurilingüismo del Gobierno valenciano hará que catalanes y baleares quiten el trabajo a los valencianos”.

Hace mucho tiempo que las instituciones europeas decidieron que una de sus principales razones de ser es la lucha contra lo que ellos llaman “inmigración ilegal”. Incluido en los planes de seguridad de la Unión Europea, lo asimilan a la lucha contra el tráfico de drogas o de armas ilegales. Sitúan al migrante como un elemento nocivo en sí mismo como si fuera un alijo de heroína, o peligroso como una ametralladora.

Y las políticas que llevan aplicando treinta años para frenar la entrada de personas migrantes en situación administrativa irregular o expulsarlos cuando ya están en territorio UE van desde las vallas de Ceuta y Melilla a las deportaciones forzadas, pasando por las redadas racistas, y las detenciones y muertes que se producen en los CIE.

Ahora, después de todo ese tiempo, parece que los líderes europeos han entendido una cosa muy obvia: para reducir el número de migrantes que llegan a la UE hay que reducir el número de migrantes que salen de África. Si de esta evidencia se derivaran políticas encaminadas a que nadie abandone su lugar de origen por necesidad; a acabar con el expolio de las multinacionales, foco de conflictos armados en todo el continente; a condonar la deuda externa que desangra a muchos países africanos; o a que las farmacéuticas dejen de hacer negocio con enfermedades por las que mueren miles de personas a pesar de existir cura para ellas, sería, sin ninguna duda, una muy buena noticia.

A pesar de ello seguirían existiendo movimientos de población, pues a lo largo de la historia las personas se han trasladado siempre de unos lugares a otros por infinidad de motivos aportando enorme riqueza social y cultural a nuestras sociedades. Pero, desde luego, las cifras serían más bajas.

Sin embargo, esa no es la propuesta. Los dirigentes de la Comisión Europea, siempre bien acompañados de los gobiernos representados en el Consejo Europeo, han pensado que para que los migrantes no salgan de África lo mejor es poner vallas por todo el continente, que con las Ceuta y Melilla no hay suficiente y que, por tanto, hay que ponerlas en Níger, en Senegal o en Libia. Vallas físicas, o en forma de ejércitos, de centros de detención, o de legislaciones en materia de visados. En definitiva, su plan es trasladar las fronteras de la UE a países cada vez más lejanos. Crear muros, sean o no físicos, cada vez más lejos.

A esto es lo que llamamos externalización de fronteras, una serie de acuerdos de la UE con países africanos con los que Bruselas impone sus políticas migratorias a cambio de ayuda técnica e inversiones bajo amenaza de retirarles los fondos de cooperación si no aceptan los dictados de la nueva metrópoli.

La UE tiene acuerdos firmados con decenas de países de África y Asia, pero se ha marcado cinco países como prioritarios: Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía. Hace unas semanas, la Comisión Europea publicó el cuarto Informe sobre el marco de asociación con terceros países, que está dedicado casi en su totalidad a estos cinco países.

Se trata de un documento –con un lenguaje propio de épocas coloniales–, en el que la UE se permite evaluar las políticas migratorias de esos países y definir como “socios proactivos” y “constructivos” a aquellos que aplican las políticas más duras en materia de control de fronteras que la UE ha diseñado. Como si de buenos y obedientes alumnos se tratara.

De este modo, la UE se compromete a sostener políticamente a cualquier gobierno dispuesto a cumplir su mandato. Por cierto, algunos de estos buenos socios son gobiernos autoritarios y represivos, con ejércitos que violan sistemáticamente los derechos humanos. Eso, sin embargo, no aparecerá en los documentos siempre y cuando detengan a todos los migrantes que pasen por allí.

Como ya se ha comentado, el objetivo de estos acuerdos es evitar que salgan migrantes de esos países en dirección a Europa y que pasen los migrantes procedentes de otros países. Para ello, la UE ha desplazado a cada uno de esos Estados a equipos de funcionarios de la Agencia Europea de Control de Fronteras. Su cometido es controlar y analizar los flujos migratorios, entrenar a las fuerzas de seguridad locales o transmitirles “nuestro conocimiento” sobre recogida de huellas dactilares y datos personales. Es, sin duda, una injerencia en las políticas internas de esos países. Algo difícilmente aceptable si se hiciera en sentido contrario, desde el sur hacia el norte.

Ahora bien, la readmisión es, de todos los objetivos, la clave. La UE quiere que estos países acepten a toda costa a las personas que consiguieron llegar a su territorio y que van a ser deportadas. Esas expulsiones se hacen, muchas veces, sin ningún tipo de garantía, con violencia policial, decisiones judiciales no firmes e incluso sin documentos de viaje e identificaciones válidas.

Es en la deportación, en la expulsión de aquellas personas que después de jugarse la vida en la ruta por África, en el Mediterráneo, de pasar por los CIE, de sufrir muchas de ellas la explotación sexual y laboral, donde la UE pone el acento. Devolver al hambre, a la miseria, a la falta de esperanza a miles de personas es, en definitiva, el pilar fundamental de la política migratoria de la UE.

Y es en este punto donde, hay otros dos países clave que sumar a los cinco mencionados: Libia y Turquía. La UE también tiene acuerdos con ellos y a cambio de sumas importantes de dinero se han convertido en plataformas tanto para recibir deportados como para deportar desde ahí a otros países africanos –Libia–, o de Oriente Medio y Asia –Turquía–.

Eso sí, la Comisión alude constantemente en todo el documento a la lucha contra los traficantes de personas. Luchan contra los traficantes deportando y deteniendo a migrantes, y militarizando fronteras. Pero se les olvida señalar que la mejor forma de luchar contra los traficantes es instaurando un sistema de migración legal y garantizando un cumplimiento efectivo del derecho al asilo. Así nadie tendrá que ponerse en manos de mafias criminales. En estos momentos no hay prácticamente forma legal de llegar, residir o trabajar en la Unión Europea. Y hasta que eso no se solucione, la lucha contra los traficantes es sólo la excusa para seguir blindando Europa.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, trasladará al Parlamento Europeo los casos de “maltrato animal” que se repiten “de forma sistemática” en diferentes festividades de la Comunitat Valenciana, “utilizando el sufrimiento de los toros como diversión central de las celebraciones”.

A raíz de la denuncia de colectivos animalistas del reciente caso de seis astados que fueron embolados dentro de un camión en las fiestas del Grau de Castellón, Albiol se pregunta: “¿Hasta cuando se seguirá permitiendo que no se apliquen las normativas contra el maltrato animal en las fiestas patronales”.

En este caso, explica Albiol, se ha violado de forma flagrante la ley que estipula que se respetará la integridad física del animal. “Estamos ante un grado de sufrimiento inaceptable para los animales, a los que se embola juntos y dentro de un camión”, ha apuntado la europarlamentaria de EU, que añade, “a nadie se le escapa la crueldad que supone prender los cuernos de los toros cuando todavía están dentro del camión”.

No obstante, ha puntualizado que se refieren a un caso en concreto: “Hablamos de que los espectáculos con animales, incluidas las corridas de toros en plaza, tienen una naturaleza cruel y deben dejar de subvencionarse con dinero público, ni directa ni indirectamente”.

Albiol recuerda que la eurocámara ya eliminó de las subvenciones agrarias las ayudas a la cría de animales destinados a la tauromaquia. “Seguiremos trabajando en una doble dirección: Por un lado,impedir que se subvenciones este tipo de espectáculos, directa o indirectamente, como en ocasiones hacen algunas administraciones eximiendo de tasas o pagando los seguros; y por otro lado, para establecer una normativa europea que impida cualquier tipo de matrato animal y no pueda ser eludida por los estados miembros para mantener tradiciones aberrantes”.

Dirigentes de Unidos Podemos han enviado una carta al embajador de Turquía en España, Ömer Önhon, en la que piden la liberación del presidente de rama turca de Amnistía Internacional, Taner Kiliç.

El presidente de la rama turca de Amnistía Internacional fue detenido el pasado 6 de junio acusado de tener vínculos con la cofradía de Fethullah Gülen, al que el Gobierno de Turquía acusa de instigar el fallido golpe de Estado.

Junto a Kiliç fueron detenidos otros 22 abogados turcos, todos bajo la misma acusación de lazos con la red de Gülen, a la que el Gobierno turco responsabiliza del fallido golpe militar de julio pasado. Bajo las normas del estado de emergencia, vigente desde julio pasado, la Policía puede mantener a Kiliç detenido durante 14 días antes de llevarlo ante un juez para ser acusado en firme o puesto en libertad.

El portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, afirma: “Esta detención es una muestra más de la deriva autoritaria del gobierno turco. Desde Podemos llevamos meses denunciando esta situación, particularmente lo relativo a las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, a las detenciones arbitrarias de cualquier voz crítica, desde periodistas, hasta militantes y alcaldes del HDP [Partido Democrático de los Pueblos], académicos, profesores, juristas o activistas. La represión y el hostigamiento que el gobierno turco pone sobre estos colectivos es incompatible con un estado de derecho, ni con los Derechos Humanos o con los valores democráticos. Sin embargo la Unión Europea, lejos de ponerse del lado de los Derechos Humanos y proteger la libertad de expresión, se alía con Turquía, para que la gendarmería turca, una de las más criminales y que cuenta con más denuncias por malos tratos, haga el trabajo sucio de gestión de fronteras. No nos cansamos de denunciar el acuerdo de la vergüenza y la política de externalización de fronteras dela UE, que encuentra su máximo nivel de expresión en este acuerdo UE -Turquía”.

La portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, coincide: “La detención de Kiliç se enmarca en el camino hacia el autoritarismo que el AKP [el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo] ha emprendido en Turquía. Ante un recorte de derechos y libertades sin precedentes, la Unión Europea no sólo ha decidido mirar hacia otro lado respecto a un Estado que sigue siendo candidato a entrar en la Unión, sino que lo apoya tácitamente. A cambio de su papel como carcelero a las puertas de la UE, gestionando nuestras fronteras y centros de detención para que nadie llegue a territorio comunitario, Turquía mantiene relaciones privilegiadas con la UE pese a la represión que ha llevado a la cárcel a decenas de activistas y militantes de izquierdas. Esta es la prueba de el escaso interés de la UE por los derechos humanos, y como los utiliza e instrumentaliza de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Exigimos la liberación inmediata de Kiliç, así como la de Demirtas, Yuksekdag, y el resto de militantes, periodistas y funcionarios detenidos por el régimen autocrático turco, y si esto no ocurre, la UE deberá romper de inmediato sus acuerdos con Turquía, incluido el Acuerdo de la Vergüenza y su candidatura a entrar en la UE”.

Según los datos facilitados por el HDP, en estos momentos “todos los líderes están en la cárcel ahora mismo, 13 diputados, 85 alcaldes –la mayoría de ellos mujeres–. Entre 7.000 y 8.000 militantes de nuestro partido han sido encarcelados”, según explican Eyyup Doru, representante del HDP en Europa, y Ayse Berktay, responsable de internacional del HDP en Turquía.

Güliar Tuncer, vicepresidenta del Devrimci Parti y abogada de Figen Yuksekdag, la coportavoz del HDP, calcula que cuando el AKP llegó al gobierno hace 15 años la población reclusa de Turquía era de 59.000 personas, y que en la actualidad hay 200.000 personas encerradas.

No existe ningún elemento para pensar que detrás de los robos de bebés haya existido “un plan sistemático”, “motivaciones políticas” o algún tipo de “organización”. Estamos ante “casos aislados” y, por tanto, no podemos hablar de delitos de lesa humanidad, vino a afirmar el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la reunión que mantuvo con los eurodiputados que visitamos Madrid hace unos días en el marco de la misión de investigación del Parlamento Europeo sobre la trama de los niños robados.

Si bien son ya de sobra conocidas las reticencias y obstáculos de la Fiscalía a las investigaciones de casos de corrupción ligados al Partido Popular –también calificados como “casos aislados” a pesar de los numerosos y sonados casos de miembros del PP investigados–, en esta ocasión Maza intentaba justificar así su inacción ante un robo masivo –entre 30.000 y 300.000– de bebés y niños en España, desde los años cuarenta hasta mediados de los noventa.

“Las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos demostrado anteriormente en otros trabajos y la comprobación de nuestras hipótesis tiene una enorme transcendencia política y social. Si de preferencia militan en el marxismo psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de plaga tan terrible”. Esta es una de las principales conclusiones del Gabinete dirigido por Antonio Vallejo-Nájera, el jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista, y que serviría de sustento pseudocientífico e ideológico para la orden ministerial del 30 de marzo de 1940 y la posterior Ley de 4 de diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados, ley que daba cobertura legal y promovía desde las entrañas fascistas del Gobierno franquista el robo masivo de niños para ser entregados a familias leales al nacionalcatolicismo, con la indispensable colaboración y complicidad de la Iglesia católica.

La existencia de un plan sistémico, la organicidad y la responsabilidad de los poderes públicos ante la trama de los niños robados es clara. Así lo han entendido todas las instituciones internacionales que han investigado el tema, incluido el Consejo de Europa, que en 2006 aprobó una resolución internacional de condena de los crímenes del franquismo que hablaba de las víctimas de la trama de los niños robados como “parte de las víctimas del franquismo” y los definía como “niños enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba a su familia republicana como inadecuada para su formación”.

Y también el Parlamento Europeo que, a pesar del voto en contra de la extrema derecha y del Partido Popular, aprobó en 2013 un informe que incluía un llamamiento a prestar “una atención especial al derecho de las familias víctimas del régimen franquista a la memoria histórica, a la verdad, a la justicia, a una indemnización, así como al derecho de los niños secuestrados en España a conocer la identidad de sus padres biológicos”.

Por tanto, es importante dejar claro que, cuando hablamos de los niños robados, estamos hablando de un ejemplo más de las atrocidades cometidas por el franquismo. Es importante entender que estamos ante un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y con responsabilidad directa del Estado español. Pero también, vista la dejadez del Gobierno, la falta de investigación por parte de la Fiscalía y el abandono que sufren las víctimas, que estamos ante un ejemplo más de cómo la Transición fue un cierre en falso de la dictadura.

Una Transición que, al estar basada en el silencio y la impunidad con una Ley de Amnistía convertida en un agujero negro donde esconder graves violaciones de derechos humanos, imposibilita el derecho de todas las víctimas de la trama de los bebés robados –como al resto de víctimas del franquismo–, a la verdad, la justicia y la reparación, y nos condena a todas a poder ser víctimas en el futuro al no cumplirse esas condiciones mínimas que establece la ONU como garantías básicas para la no repetición.

Ese silencio e impunidad permitió que lo que un principio nació como una incruenta forma de represión a través de la desaparición sistémica de bebés se convirtiera con el paso de los años en un negocio lucrativo.

La misión de investigación en la que participamos la semana pasada –y que fue posible a pesar del rechazo y la actitud mezquina del PP y de sus eurodiputados, que, una vez aprobada, intentaron cambiarle el nombre para que se hablara de bebés “perdidos” y no robados– es consecuencia directa de la inacción y el silencio del Estado español y de la Iglesia católica.

Pero también es el resultado de la persistencia y el trabajo sin descanso de las asociaciones y las víctimas que, a través de decenas de peticiones al Parlamento Europeo, no han dejado de denunciar la violación de derechos fundamentales a la que se ven sometidos por parte del Estado español. Desde derechos generales, como la inviolabilidad de la dignidad humana, a más concretos, como la violación del derecho a una tutela judicial efectiva o la negación de acceso a información de carácter personal (art. 74 y 8.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).

Ante estas vulneraciones, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad subsidiaria frente a un Estado que no cumple derechos fundamentales. De nada nos sirve una UE que impone recortes y privatizaciones, que obliga a cumplir la regla del déficit, pero que se abstiene y se declara impotente e incompetente a la hora de intervenir frente a violaciones de derechos fundamentales.

El reconocimiento de la condición de víctimas del franquismo, la creación de un verdadero banco de ADN, el acceso efectivo a la justicia, una investigación en profundidad por parte de la Fiscalía con la creación de un fiscal especial para la trama de los niños robados o la apertura de los archivos del Estado y de la Iglesia. Cumpliendo con las recomendaciones que salgan de esta misión, el Gobierno tendrá la oportunidad de responder ante la UE con algo más que con el silencio y la mentira como ha hecho hasta ahora.

Asumir responsabilidades desde el Estado y pedir perdón, como se ha hecho en Australia. O seguir el ejemplo de la actuación del anterior Gobierno de Argentina respecto a los niños robados en la dictadura de Videla –un ejemplo que desde el Ministerio de Justicia español afirman no conocer–, pueden ser unos primeros pasos para conseguir que se conozca la verdad sobre una de las atrocidades cometidas por el franquismo y sus herederos, cuya no repetición no estará garantizada hasta que no se cumpla el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Los resultados de las elecciones francesas no deberían sorprendernos. Son el reflejo electoral de la situación que están engendrando las políticas que promueve la Gran Coalición de conservadores, liberales y socialdemócratas que gobiernan la Unión Europea. Son políticas basadas en los recortes a los derechos y servicios públicos, el único mecanismo de redistribución de la riqueza existente en la actual Unión Europea, por lo que su primera y más directa consecuencia es el aumento de las desigualdades. Para cumplir las exigencias de un déficit inferior al 3%, el Gobierno socialdemócrata francés aplicó recortes por valor de 50.000 millones de euros, el 40% de los cuales fueron al sistema de salud y a los sistemas de protección social para las personas paradas o jubiladas.

A pesar de que estas políticas enfrentaron a Hollande con las bases de su organización política y con los sindicatos, el presidente francés hizo los recortes no por una imposición de Bruselas como algunos intentaron vender, sino porque su mismo Gobierno fue parte de ese consenso existente en Europa que criminaliza la inversión pública y premia el beneficio ilimitado de las grandes empresas.

De esta manera, las empresas del CAC-40, que agrupa a las cuarentas principales sociedades de la bolsa de París, sumaron beneficios por encima de 75 millones de euros en el año 2016. Mientras se recortaban los subsidios por desempleo, el director ejecutivo del banco BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, cerraba el año con 7.700 millones de euros más.

Además de ello, el Gobierno de Hollande también ha sido un actor principal en el refuerzo de la Europa Fortaleza. Francia ha sido un actor fundamental en la política de externalización de fronteras de la Unión Europea, y a través de sus relaciones neocoloniales con muchos países africanos ha sido promotor de los acuerdos con diferentes estados de África a través de los cuales la UE está armando y financiando a algunos gobiernos para el control de las rutas migratorias.

Dentro de su propio territorio hemos visto el crecimiento de dos enormes asentamientos informales de personas migrantes y demandantes de asilo en Calais y Dunquerque. No sólo fue un Gobierno incapaz de atender las necesidades de estas personas, que vivían en condiciones de auténtica miseria, sino que su respuesta fue enviar ahí a la Policía antidisturbios para su desmantelamiento inmediato y sin alternativas.

Estas políticas son las que empobrecen a las capas populares y las que presentan a las personas venidas de fuera como enemigas de las trabajadoras y trabajadores que, cada vez más empobrecidos, deben competir por los escasos recursos públicos a su disposición. Estas son, en definitiva, las políticas que han aupado a Le Pen a su posición actual, las responsables de que haya pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los partidos que hasta ahora habían mantenido la hegemonía no tenían intención de enfrentarse a la extrema derecha políticamente. Más bien, al revés, han asimilado gran parte de su discurso para así enfrentarse a ella electoralmente.

Esta situación ha generado una crisis de los grandes partidos tradicionales, el Partido Socialista y Los Republicanos, que han sido incapaces de leer los cambios políticos en los que estamos inmersos a nivel europeo. Sin embargo, las élites económicas de las que dependían han sido capaces de solucionar este problema a través de la creación de un tercer espacio, representado por Macron, que nace para la continuidad del antiguo modelo político. De esta manera, Macron se ha convertido en el defensor del statu quo, pieza fundamental para mantener la senda de recortes en las conquistas sociales de la última mitad del Siglo XX.

En el campo de la izquierda francesa, la campaña de La France Insoumise ha sido capaz de generar un movimiento social fuerte y de obtener unos resultados excepcionales. Sin embargo, no ha podido capitalizar todo el voto perdido por el Partido Socialista y el descontento generalizado con las políticas del anterior Gobierno. A pesar de las movilizaciones que han caracterizado la legislatura de presidencia de Hollande, particularmente las que se produjeron contra la reforma laboral, se encontraban ya en un momento de reflujo. Y si hay algo que en la izquierda no podemos olvidar, es que la lucha social es imprescindible si pretendemos imponer nuestra política. Si no somos capaces de generar y organizar la contestación a unas políticas injustas para la mayoría, no podremos crear una base amplia de personas que apuesten por cambiar el sistema desde su raíz.

Además de esto, el nerviosismo que despertó la buena posición de Mélenchon en las encuestas generó una campaña en su contra del tipo al que desgraciadamente ya estamos acostumbradas en la izquierda del Estado español. Entre los dirigente más derechizados del Partido Socialista, que llamaron a votar a Macron para frenar cualquier opción progresista, y los voceros de los poderosos, que igualaban a Mélenchon y Le Pen en un intento de asimilar dos modelos contrapuestos, consiguieron su objetivo: apuntalar al candidato que representaba los intereses de las élites económicas.

De cara al próximo 7 de mayo es imprescindible ser consciente de que no serán Macron y las políticas que encarna quienes frenen el fascismo de Le Pen. Macron forma parte de ese establishment europeo que está haciendo las políticas de la extrema derecha desde el centro del hemiciclo. Macron, igual que Le Pen, significa reforzar los controles fronterizos y aumentar las deportaciones, pero también significa mantener unas políticas al servicio de la élite económica que seguirán generando desigualdad. Aunque ahora intente presentarse como la candidata que representa los intereses de las capas populares, no podemos olvidar que el programa económico de Le Pen no cuestiona en absoluto el actual modelo, simplemente pretende que la sede de su Banco Central no esté en Frankfurt sino en París.

Y el reto pasa por seguir construyendo ese proyecto político de izquierdas capaz de combatir a la extrema derecha en las calles y en las urnas, que luche contra las fuerzas reaccionarias como el Frente Nacional sin dejar de denunciar a la Gran Coalición de conservadores, liberales y socialdemócratas, que recogen sus propuestas. Solo una alternativa a escala europea, basada en la unidad y en la movilización parará a la xenofobia y sus políticas.

A preguntas de la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, la Comisión Europea ha señalado que el proyecto de construcción de un almacén temporal individualizado para residuos nucleares de la central de Cofrentes requiere de un estudio de los riesgos radiológicos, que apuntan no ha realizado la empresa que desarrolla el proyecto, Iberdrola.

Según Albiol, pese a que la Comisión afirma desconocer el proyecto, “ya se están recogiendo alegaciones”, en su respuesta explica que, de acuerdo con la directiva europea de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto debería necesitar un estudio para estudiar el efecto de los riesgos radiológicos para “evaluar adecuadamente las repercusiones que tendría sobre su entorno”. Esta circunstancia les lleva a preguntarse “porqué la empresa no lo hace”.

Tal y como señalan diversos colectivos ecologistas, “este nefasto almacén, innecesario porque a Cofrentes sólo le queda hasta 2021 de funcionamiento, echa a andar incumpliendo directivas clave para la evaluación de los riesgos en su área de influencia”. Así, la eurodiputada de EU ha anunciado que requerirá a la Comisión a que paralice el proyecto ante esta grave carencia, una instalación “que además afecta a una zona protegida en el marco de la Red Natura 2000 europea”.

Prosigue Albiol explicando que la Comisión Europea, en su respuesta, “apela al cumplimiento de la Directiva Hábitat para la preservación de las áreas incluidas en la Red Natura 2000, por lo que resulta todavía más indignante que el ministerio dé luz verde a un proyecto con tantos riesgos para el medio ambiente y para la salud de las personas”.

“No sabemos qué es más aterrador, si el hecho de que la Administración se muestre negligente en la supervisión de un almacén de combustible nuclear que podría alargar el uso de una central nuclear envejecida o comprobar que detrás de esta iniciativa hay una empresa como Iberdrola, tan exquisitamente tratada por los sucesivos gobiernos españoles gracias a las consabidas puertas giratorias”, concluye la europarlamentaria castellonense.