Mosaic Propco, el fondo privado propietario de las 107 viviendas de Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo (Santander), ha cambiado la titularidad del contrato de arrendamiento de los tres bloques de alquiler asequible que adquirió en 2025 a Fundación La Caixa y que quiere vender, conforme concluyan los contratos de arrendamiento. Además, ahora aparece como pagador en el contrato.

Como consecuencia, los vecinos que hasta ahora han percibido bonificaciones en el servicio municipal de aguas y alcantarillado de Santander, externalizado y gestionado por la empresa Aqualia, ya no pueden tener la deducción.

Desde 2015, los vecinos que entraban a vivir como inquilinos en los bloques de Hermanos Calderón, InmoCaixa -inmobiliaria de Fundación La Caixa- figuraba como titular del contrato y el inquilino, como pagador. Por lo tanto, si tenía una situación especial, podía presentar la documentación en Aqualia para obtener la bonificación.

Ahora, al aparecer Mosaic Propco como pagador, las bonificaciones en Aqualia “se han perdido” porque ya no figuran los nombres de los inquilinos y, como resultado, sus condiciones para poder obtenerlas. Así lo denuncia la plataforma vecinal creada tras la venta de las 107 viviendas, en las que viven más de ochenta familias.

Los primeros vecinos que han perdido la bonificación “de forma unilateral” acaban de ser notificados. En un caso, la vecina que transmitido a Aqualia su situación para tratar de recuperar la ayuda. Y ha recibido respuesta de la empresa externalizada de aguas y alcantarillado: “La dirección de referencia corresponde a la persona jurídica propietaria del inmueble desde 2025, según consta en la nota simple”, además, agregan, “también constan los datos bancarios de dicha entidad para la domiciliación de dichos recibos”. Y concluyen: “Al no constar sus datos en el contrato, no podemos facilitarle más información al respecto si no aporta una autorización de la empresa titular del contrato”.

Los vecinos afectados perciben una estrategia por parte del fondo. “Estamos seguros de que se trata de otra medida de presión del fondo buitre para hacer perder ventajas” que corresponden a las familias numerosas, familias monoparentales con dos o más hijos, desempleados, personas con ingresos bajos, casos de vulnerabilidad social y económica...“, cuestionan los vecinos afectados.

A su juicio, “atacan a los más 'débiles' para tratar de hacerles daño complicándoles más aún la vida. Saben que el asunto económico hace daño y están tirando a perjudicar aún más a los vecinos. Es un nuevo mecanismo de presión para que abandonemos nuestros hogares”, cuestionan los inquilinos.

Los vecinos llevan desde marzo de 2026 denunciando públicamente su situación y han pedido, sin éxito, al Ayuntamiento de Santander y a la alcaldesa Gema Igual (PP) que compre las viviendas para que sean vivienda pública o que les ofrezcan alternativas habitaciones específicas, ante una situación en la cual algunos contratos empiezan a vencer en noviembre de este año.

Casa47, la entidad estatal de vivienda, lanzará convocatorias de alquiler asequible con los inmuebles de Cantabria propiedad de la SAREB, “en un plazo estimado no superior a los tres meses” desde que dicha sociedad se los transfiera.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Casa47 después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) cifrara en más de 850 las viviendas de su propiedad en la comunidad que tiene previsto traspasar para destinarlas a alquiler asequible, aunque sin aportar plazos concretos.

Hace unos días, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, afirmó en Laredo que esperaba que “en las próximas semanas” se pueda cerrar el listado definitivo de las viviendas cántabras que la SAREB transferirá a Casa47.

Según la información aportada por la SAREB recientemente a esta agencia, las viviendas que se transferirán en Cantabria se distribuyen en casi una veintena de municipios de la región: Astillero, Castañeda, Hazas de Cesto, Miengo, Piélagos, Polanco, Ramales de la Victoria, Reocín, Ribamontán al Monte, San Felices de Buelna, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Solórzano, Suances, Torrelavega y Villaescusa.

Forman parte de las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos que se van a transferir en todo el país dirigidas a crear un parque público de alquiler asequible.

Las viviendas que se destinen a alquiler asequible deben cumplir una serie de criterios (superficie, ubicación y otros) que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Conforme a ellos, se perimetró la cartera de SAREB para iniciar este traspaso.

A nivel nacional, este proceso arrancó en 2025 y seguirá completándose hasta el cierre de esta sociedad -la liquidación de la sociedad se mantiene en noviembre de 2027, aunque seguirá un tiempo manteniendo su actividad para completar su labor-.

En cuanto a las viviendas de Cantabria, el traspaso empieza de aquí a 2027 aunque luego queden algunas viviendas por transferir.

La SAREB ha aclarado que en estos momentos no dispone ahora mismo de todas esas 850 viviendas en Cantabria que prevé transferir a Casa47 para alquiler asequible (en la actualidad hay unas 650). Y es que faltan, por ejemplo, aquellas que se recibirán cuando se ejecuten los préstamos o finalicen los concursos de acreedores en los que la sociedad está presente.

Además, precisó que en la cifra de traspaso se incluye tanto vivienda vacía como alguna que ya está habitada, esto es con alquileres heredados del anterior propietario o alquileres del programa social. Estos inquilinos pasarán a tener como casero a Casa47 cuando se vayan formalizando los traspasos.

La sociedad sí precisó que lo que no se traspasará serán viviendas ocupadas ilegalmente porque en estos casos SAREB se encarga de recuperar la posesión y sólo cuando el activo está listo para alquilar se transfiere a Casa47 (antes se reforma o adecua si es necesario).

Un esfuerzo inédito en 15 años por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner vivienda a disposición en la ciudad de Toledo.

Para los próximos meses o años estarán disponibles o comenzarán a construirse un total de 612 viviendas destinadas al alquiler “asequible” y hay previstas otras 231 viviendas más para la venta, prevista en dos parcelas reservadas a cooperativas de vivienda, y que en la actualidad se encuentran en periodo de licitación pública.

En pleno proceso para que ciudad pueda dotarse de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), porque el que tiene vigente data, nada más y nada menos, que del año 1986, tras varios intentos de aprobar un nuevo planeamiento que ha sido tumbado en los últimos años en los tribunales.

El nuevo POM que se está preparando recoge una proyección de 17.000 nuevas viviendas en la ciudad (en un primer borrador se habla incluso de más de 31.000), aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de rebajar las expectativas de PP y Vox, y reduce esa necesidad a unas 7.656 hogares más para el año 2039, según ha avanzado Toledodiario.es. Para entonces, Toledo tendría más de 100.000 habitantes. Hoy cuenta con algo más de 87.000.

¿Cómo serán y dónde estarán las nuevas viviendas que se proyectan a corto plazo? Habrá 210 de alquiler asequible, que ya están en construcción, más otras 316 que se van a empezar a construir. A estas deberían añadirse otras 86 viviendas que están inacabadas y que finalmente se dedicarán al alquiler. En total, 612 viviendas.

A esas se sumarán 231 viviendas que se pondrán a la venta, a través de cooperativas.

En septiembre, más obras en el barrio del Polígono

Una de las promociones que empezará a ver a luz ahora es la que corresponde a las 316 viviendas de alquiler asequible previstas en la calle Río Fresnedoso del barrio del Polígono de Toledo. Las obras comenzarán en septiembre, según ha avanzado el director gerente de la empresa pública Gicaman, Roberto Cámara García.

La previsión supone adelantar el inicio respecto a las últimas fechas manejadas por el Gobierno regional, que situaban el comienzo de esta promoción, considerada por la Junta como “la joya de la corona”, a finales de este año.

La promoción, destinada al alquiler “asequible”, fue adjudicada a Clibeal 2030 S.L. (AR Rehabilitación-Sánchez Horneros) después de que la licitación quedase desierta en dos ocasiones. El proyecto cuenta con licencia de obras desde el 13 de mayo de 2025 y contempla un presupuesto estimado de 42,5 millones de euros, con una ayuda máxima de 15,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El desbloqueo de esta actuación ha estado ligado a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla una inversión de hasta 7.000 millones de euros y que, según ha defendido la Junta, permitirá completar la financiación necesaria para poner en marcha la promoción.

El plan estatal prevé que el 40% de sus recursos se destinen a ampliar la oferta de vivienda, mediante nueva construcción o adquisición de viviendas que se incorporen al parque protegido. Incluye además medidas para favorecer el alquiler asequible, la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética, así como ayudas específicas para vivienda en municipios rurales.

Con el inicio de las obras de las 316 viviendas, el Gobierno regional avanza en el despliegue de varias promociones de vivienda protegida en el Polígono. Las otras dos ya están en construcción y acumulan 210 viviendas, aunque ambas han superado el plazo inicialmente previsto para su finalización, fijado en el 30 de junio.

Roberto Cámara ha señalado que la previsión actual es que las 86 viviendas de la calle Río Cabriel terminen en septiembre, mientras que las 124 viviendas del paseo doctor Gregorio Marañón concluirán entre febrero y marzo.

Este último bloque de pisos fue adjudicado a Real Estate Adi 2 S.L., del Grupo Avintia, y obtuvo licencia de obra el 29 de octubre de 2024. La promoción cuenta con una inversión empresarial de unos 12,7 millones de euros y una subvención de la Junta de 6,16 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El precio previsto se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado, con una mensualidad aproximada de 550 euros, a la que habría que sumar los gastos de comunidad y otros tributos repercutibles. La Junta ha señalado que el alquiler final no superará los 700 euros mensuales.

Por su parte, las 86 viviendas de la calle Río Cabriel fueron adjudicadas a ACH Ventura Sport S.L., después de que Avintia renunciase a ejecutar la promoción. La licencia se concedió el 25 de febrero de 2025 y la obra también tenía como fecha límite inicial el pasado 30 de junio.

La actuación cuenta con una inversión de 11,4 millones de euros, de los que más de 4,2 millones proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation. El alquiler máximo también se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado y la Junta ha estimado una mensualidad de alrededor de 646 euros, incluyendo garaje y trastero, a la que podrían añadirse gastos de comunidad e impuestos.

Otra promoción inacabada y dos más para la venta

Además de las citadas, también hay otra promoción inacabada de 86 viviendas públicas en la calle del Río Valdemarías -cuya licitación para una empresa pueda finalizarla quedó desierta a principios de año-, frente al bloque de 86 de la calle Río Cabriel en construcción. Según la licitación fallida, Gicaman las destinaría también al alquiler.

De otro lado, hay dos parcelas en licitación -cedidas por la Junta a Gicaman- para construir en ellas un total de 231 viviendas protegidas, en régimen de precio tasado (VPT). Ambas se ubican en la avenida Río Boladiez y se licitan por un montante global de 4.282.648,64 euros. Tendrán que estar terminadas en el plazo máximo de cuatros años.

Tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este jueves entrará en vigor la calificación de Basauri como zona tensionada en aplicación de la normativa estatal de vivienda de 2023. Basauri se convierte en el decimoctavo municipio vasco declarado zona de mercado residencial tensionado, el cuarto de Bizkaia tras Bilbao, Barakaldo y Galdakao. Según ha dado a conocer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en conjunto ya son más de 1.160.000 personas, el equivalente a cerca del 55% de la población de Euskadi, las que residen en municipios que cuentan con esta consideración.

En el caso de Bizkaia, Itxaso ha especificado que “el porcentaje alcanza el 44,5% de la población del territorio” y ha anunciado que la estrategia “continúa además ampliándose”. Actualmente, permanecen en tramitación los expedientes correspondientes a Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, así como Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia en Gipuzkoa.

La medida influirá en la renta mensual para las viviendas que salgan al mercado y no hayan tenido un contrato de alquiler en los últimos cinco años y será la fijada por el índice de precios de referencia que establece el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con datos de la Hacienda foral. Además, en el caso de las viviendas que sí dispongan de un contrato de alquiler formalizado el precio será el de la última renta, con actualización anual. En este supuesto, existe la posibilidad de incrementar un 10% el precio en el caso de viviendas en las que, en los dos años anteriores a la declaración del municipio como zonas de mercado residencial tensionado se hayan realizado obras de rehabilitación, de accesibilidad o que supongan un ahorro energético del 30%. También en contratos de alquiler con 10 años de duración.

Itxaso ha indicado que la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida”. “El objetivo es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda, movilizando todos los recursos públicos disponibles para equilibrar un mercado que hoy no está dando respuesta a las necesidades de muchas familias trabajadoras, personas jóvenes y clase media en general”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, del PNV, ha reconocido que “gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso a una vivienda de alquiler más asequible”. “Es un hito más dentro de la batería de medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Basauri para aumentar la oferta de vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía basauritarra”, ha resaltado.

Construcción de nuevas viviendas

En cuanto a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Basauri para los próximos tres años se incluye la construcción de 362 nuevas viviendas, el 73% de ellas protegidas, y 42 apartamentos dotacionales gracias al plan de acción que acompaña a la declaración de zona de mercado residencial tensionado. La operación de mayor envergadura se desarrollará en Azbarren, donde se contemplan 416 viviendas protegidas y 24 apartamentos dotacionales, promovidos conjuntamente por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y otros agentes públicos. Durante el periodo 2026 -2029 comenzará la primera fase de este desarrollo con 242 viviendas protegidas, distribuidas entre promociones impulsadas por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Basauri y Harri Iparra, además de los 24 alojamientos dotacionales promovidos por el Ejecutivo autonómico.

A estas promociones se sumarán las previstas en San Miguel Oeste, donde comenzarán 18 nuevos alojamientos dotacionales junto con 24 viviendas tasadas, así como una nueva fase del ámbito de San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta, que incorporará 36 viviendas libres, reservando además suelo para futuros alojamientos dotacionales. Igualmente, la Actuación Integrada AI-02 permitirá iniciar 60 nuevas viviendas, de las cuales 24 serán viviendas de protección social y 36 libres.

Además de las actuaciones previstas durante la vigencia de la declaración, el planeamiento municipal incorpora ya nuevas operaciones como el desarrollo de Basconia Noreste, “una de las mayores bolsas residenciales del municipio”, ha anunciado el consejero, para avanzar que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, prevé promover 392 viviendas destinadas mayoritariamente al alquiler asequible, “una actuación llamada a convertirse en uno de los principales proyectos públicos de vivienda en Euskadi durante los próximos años”. También tendrán continuidad las siguientes fases de Azbarren , así como los desarrollos previstos en Basconia Sureste, San Miguel Oeste, San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta y otros ámbitos de transformación urbana contemplados en el planeamiento municipal. En conjunto, estas actuaciones permitirán completar el objetivo de 1.476 viviendas y 62 alojamientos dotacionales.

Un estudio sobre las viviendas vacías

Además de la construcción de nuevas viviendas, el plan del Ayuntamiento busca movilizar la vivienda vacía para el alquiler a través de un estudio específico sobre la vivienda vacía existente en Basauri que permitirá conocer con mayor precisión la dimensión del fenómeno, identificar los inmuebles susceptibles de incorporarse al mercado del alquiler y planificar nuevas actuaciones. Para conseguir llevar al mercado esas viviendas vacías, el plan combina medidas de incentivo con instrumentos de carácter fiscal. En este sentido, desde el Ayuntamiento informan de que continuarán impulsando las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que incorporen sus viviendas a programas públicos de alquiler como Bizigune o ASAP. Actualmente, estas viviendas disfrutan de una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y seguirán endureciendo el tratamiento fiscal de aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente, para lo que el Ayuntamiento ya aplica un recargo del IBI sobre vivienda vacía del 150%.

Otra de las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda es impulsar la conversión de locales comerciales en viviendas. Desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal en 2021, se han autorizado 113 conversiones de locales convertidos en casas. En cuanto a las ayudas disponibles, desde el Ayuntamiento han informado de que actualmente 188 jóvenes de 24 a 29 años residentes en viviendas de alquiler libre en Basauri son beneficiarios del programa Gaztelagun, aunque son 610 los que han solicitado la ayuda en algún momento. “La declaración de zona tensionada permitirá ampliar los límites de renta subvencionable y los umbrales de ingresos para acceder a Gaztelagun”, ha detallado Itxaso. Mientras que el dato del acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades económicas, recoge que actualmente 443 unidades convivenciales de Basauri tienen reconocido el derecho subjetivo a la vivienda y 135 personas perciben la Prestación Económica de Vivienda (PEV).

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, “una fecha para recordar” y “otro paso adelante” hacia el objetivo “irrenunciable” de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene “rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara” para esta comarca, que “nadie va a frenar”. Y también, de que esta comarca “importa, cuenta y tiene futuro”.

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un “magnífico” edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un “acabado excelente” y “máxima calificación energética”.

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. “Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo “extraordinario”, puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia “la realidad” del mercado de la vivienda en Cantabria: “hay demanda, pero sigue faltando oferta”.

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y “muy pronto” arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa “nuevamente” y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Buruaga pide “agilidad” al alcalde Balbotín

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), “la máxima implicación y agilidad posible” para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas “ya adjudicadas” en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

“Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal”, ya que “son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya”, puesto que, además, según la presidenta tienen “gran valor” a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos“, ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de “actuar en todos los frentes” para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

El seu fill petit corre pel menjador mentre Saray reconstrueix la decisió que, fa deu anys, li va canviar la vida. Asseguda al menjador auster d'un habitatge situat en un bloc de pisos de la perifèria de Palma, espera una resposta que pot determinar si podrà continuar vivint-hi amb la seva família. La seva història, però, transcendeix el seu cas personal. Stop Desahucios Mallorca sosté que la batalla de Saray posa de manifest una de les principals llacunes en l'aplicació de la Llei pel Dret a l'Habitatge: la manca d'activació de la mediació prevista per a determinats procediments de desnonament promoguts per grans tenidors abans de reprendre els llançaments suspesos durant la pandèmia.

Mentre la plataforma denuncia que aquesta garantia gairebé no s'està aplicant, Saray continua intentant regularitzar la seva situació mitjançant un lloguer social per a l'habitatge de la Sareb on resideix des de fa una dècada. I és que, més enllà del debat jurídic, aquesta mare de 29 anys descriu una llarga espera per arribar fins a aquest moment. Mentre la Sareb sosté en seu judicial que l'afectada va rebutjar inicialment un lloguer social, els correus electrònics intercanviats amb l'empresa que gestiona l'immoble per compte de l'anomenat “banc dolent” -que no ha respost a les preguntes d'aquest mitjà- mostren que la companyia continuava comunicant-li mesos després que la seva sol·licitud de regularització romania “en estudi”, i l'instava a tornar a contactar-hi si, transcorreguts 45 dies, no havia rebut cap notícia.

Dies abans de la data fixada per al desnonament, Saray es va tornar a adreçar a l'empresa per intentar arribar a un acord i, posteriorment, va comunicar que continuava sense tenir cap gestor social assignat ni informació sobre l'estat del seu expedient. La jove insisteix que l'únic que pretén és regularitzar la seva situació. “Em varen telefonar perquè enviàs tota la documentació i la vaig enviar. Em varen dir que complia els requisits”, afirma, tot reconeixent que està “una mica nerviosa” davant la incertesa sobre el seu futur residencial. “Jo només vull pagar un lloguer”, comenta. Rep l'ingrés mínim vital i viu pendent d'una resolució que encara no arriba.

La Saray viu pendent d'una resposta que no arriba mentre continua la incertesa sobre el seu futur residencial: "Jo només vull pagar un lloguer"

El pis buit que la Saray va convertir en la seva llar

Saray va arribar al pis després d'una etapa complicada en què compartia sostre amb la família del seu marit. “Jo no podia continuar vivint allà, volia la meva intimitat”, explica. Treballava a l'aeroport de Palma, però el seu sou amb prou feines li permetia cobrir les despeses del dia a dia i accedir a un lloguer al mercat lliure era una opció completament fora del seu abast. Amb una filla petita i sense cap alternativa habitacional, va començar a cercar qualsevol opció que li permetés independitzar-se. En aquell moment, els preus del lloguer començaven a disparar-se a Mallorca i trobar un habitatge assequible s'havia convertit en una missió pràcticament impossible per a moltes famílies amb ingressos modestos.

Un dia, va sentir una companya parlar amb un home que, segons li van explicar, es dedicava a obrir habitatges buits d'entitats financeres. Es va interessar per un d'aquells pisos, propietat de la Sareb. Va pagar 130 euros perquè li obrissin la porta i va entrar en un habitatge abandonat i gairebé sense condicions per ser habitat. I és que, després de la crisi immobiliària del 2008, van començar a proliferar en diferents ciutats persones que localitzaven habitatges buits de bancs o de la mateixa Sareb i en facilitaven l'accés a famílies sense recursos, una pràctica que va conviure tant amb xarxes de suport a l'ocupació com amb episodis de frau.

“La casa estava plena de pols, fatal”, recorda Saray. Mai no va signar un contracte de lloguer. Amb el pas del temps, però, aquell pis es va convertir en la llar on ha criat els seus dos fills. La seva situació va començar a canviar anys després, quan la Sareb va iniciar accions per recuperar l'habitatge. El procediment judicial va acabar derivant en un desnonament que va quedar suspès durant la pandèmia a l'empara de la moratòria estatal aprovada mitjançant el Reial decret llei 11/2020.

'La casa estava plena de pols, fatal', recorda Saray. Mai no va signar un contracte de lloguer. Va pagar 130 euros perquè li obrissin la porta del pis, propietat de la SAERB. Amb el temps, però, aquell lloc es va convertir en la llar on ha criat els seus dos fills

La disposició que pot canviar un desnonament

El seu cas ha acabat convertint-se en un exemple de les dificultats que, segons denuncia Stop Desnonaments Mallorca, està trobant l'aplicació de la disposició transitòria tercera de la Llei estatal pel Dret a l'Habitatge. El precepte estableix que, abans de reprendre determinats procediments promoguts per grans tenidors -els que són titulars de més de deu immobles urbans d'ús residencial-, s'ha de seguir un procediment de conciliació o d'intermediació destinat a valorar la situació de vulnerabilitat de la família afectada i a explorar solucions que evitin el desnonament, com ara ajuts públics o alternatives residencials.

La finalitat d'aquest tràmit no és únicament intentar un acord entre les parts, sinó també permetre l'activació de recursos públics destinats a evitar que una família vulnerable sigui desnonada sense una alternativa residencial.

L'entitat, però, denuncia que aquesta previsió amb prou feines s'està aplicant. Com assenyala Joan Segura, portaveu de Stop Desnonaments Mallorca, nombrosos òrgans judicials estan reprenent procediments sense aplicar el mecanisme previst en la disposició transitòria tercera o responen a les sol·licituds amb resolucions que no tenen res a veure amb el contingut de la norma. La plataforma sosté, a més, que la sentència del Tribunal Constitucional que va avalar la Llei d'Habitatge reforça l'aplicació d'aquest precepte i que els jutjats l'haurien d'aplicar d'ofici quan concorrin els requisits legals.

Stop Desnonaments Mallorca denuncia que nombrosos òrgans judicials estan reprenent procediments sense aplicar el mecanisme previst en la disposició transitòria tercera o responent a les sol·licituds amb resolucions que res tenen a veure amb el contingut de la norma

Aquest diari s'ha posat en contacte amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per comprovar com s'està aplicant la disposició transitòria tercera. Al web del màxim òrgan de govern dels jutges, al qual aquest mitjà ha estat remès pel mateix CGPJ, hi figuren estadístiques sobre els llançaments, però no hi ha cap apartat que permeti conèixer quants procediments s'han reprès després d'acreditar la mediació prevista a la llei. Davant aquesta manca de dades, elDiario.es ha revisat resolucions judicials dictades des de l'entrada en vigor de la Llei pel Dret a l'Habitatge. Aquesta anàlisi posa de manifest que encara no existeix un criteri uniforme: algunes resolucions analitzen l'obligació dels grans tenidors d'oferir un lloguer social o de complir determinats requisits previs al desnonament d'acord amb la normativa autonòmica. D'altres es limiten a resoldre qüestions processals o relatives a la situació de vulnerabilitat, sense entrar a valorar expressament l'aplicació d'aquest precepte.

Stop Desnonaments Mallorca explica que l'advocada de Saray va ser una de les primeres a les Illes Balears a sol·licitar l'aplicació d'aquesta disposició, ja l'any 2024, quan tot feia pensar que la moratòria aprovada mitjançant el Reial decret llei 11/2020 -i prorrogada successivament des de l'inici de la pandèmia- podia arribar a la seva fi. Enguany n'ha tornat a reclamar l'aplicació. Tanmateix, el jutjat no s'ha pronunciat expressament sobre aquesta petició i el procediment va romandre pràcticament inalterat fins que, tres dies abans de la data fixada per al llançament, la mateixa Sareb va sol·licitar al jutjat la suspensió del procediment al·legant que les parts es trobaven “en vies d'assolir un acord”. El jutjat va estimar la petició i va suspendre tant el procediment com el llançament durant trenta dies.

Activació d'ajuts econòmics

La mediació no constitueix un mer tràmit formal. Segons explica Stop Desnonaments Mallorca, és precisament durant aquest procediment quan es poden activar ajuts econòmics destinats a garantir una alternativa residencial per a les persones en situació de vulnerabilitat. Per això considera que, si el gran tenidor no promou aquesta mediació i el procediment continua igualment, la família afectada pot perdre l'oportunitat d'accedir a aquests recursos públics.

La mediació no constitueix un mer tràmit formal: és precisament durant aquest procediment quan es poden activar ajuts econòmics destinats a garantir una alternativa residencial per a les persones en situació de vulnerabilitat. Si el gran tenidor no promou aquesta mediació i el procediment continua igualment, la família afectada pot perdre l'oportunitat d'accedir a aquests recursos públics

“Jo vull un lloguer”

Més enllà del debat jurídic, Saray descriu una llarga espera per intentar regularitzar la seva situació. “Jo vull ca meva. Jo vull un lloguer”, afirma. Segons explica, va rebre una comunicació perquè aportàs documentació amb l'objectiu d'estudiar la possibilitat de concedir-li un lloguer social al mateix habitatge. “Em van telefonar perquè enviàs tota la documentació i la vaig enviar. Em van dir que complia els requisits”, explica.

Els correus electrònics intercanviats entre Saray i l'empresa gestora mostren que aquesta va obrir un expedient de regularització, va confirmar que la sol·licitud de lloguer social estava en estudi i va emplaçar l'afectada a tornar-hi a contactar si, transcorreguts 45 dies, no havia rebut cap notícia. No obstant això, pocs dies abans de la data prevista per al desnonament, la mateixa Saray va comunicar que continuava sense tenir cap gestor social assignat i que ningú no s'havia posat en contacte amb ella.

Si finalment ha de marxar, reconeix que només contempla dues alternatives: tornar temporalment a ca son pare o sol·licitar una plaça en un centre d'acollida per no quedar-se sense allotjament. La dona viu pendent d'una resposta que no arriba, mentre la incertesa sobre el seu futur residencial continua. “Estic una mica nerviosa perquè ja han passat els trenta dies del termini i no m'han dit res. A la meva advocada tampoc no li contesten”, relata. Rep l'ingrés mínim vital i assegura que els mateixos gestors de l'expedient li van comunicar que reunia els requisits per optar a un lloguer social a causa de la seva situació de vulnerabilitat.

La incertesa ha acabat passant factura a la seva salut. “M'estan marejant”, resumeix. Recorda que, quan estava previst un dels llançaments, va passar setmanes sense gairebé dormir mentre anava d'un jutjat a l'altre, parlava amb la seva advocada i acudia als Serveis Socials intentant esbrinar què passaria. “Vaig estar un mes així, sense dormir. Tres setmanes anant al jutjat, parlant amb la meva advocada i als Serveis Socials, movent papers. No contestaven fins a l'últim moment”, explica.

Jo vull la meva casa. Jo vull un lloguer

Saray — Afectada per un desnonament promogut per la SAREB

Els gestors del 'banc dolent'

Stop Desnonaments Mallorca considera que el cas de Saray obre interrogants sobre la gestió dels lloguers socials de la Sareb per part dels servicers, les empreses privades contractades per gestionar una part important dels actius immobiliaris del “banc dolent”, inclosos els expedients de lloguer social. Diverses companyies han assumit durant anys funcions de comercialització, administració i gestió d'habitatges i crèdits de la Sareb en virtut dels contractes subscrits amb la mateixa societat.

Aquests gestors concentren bona part de la tramitació dels expedients de lloguer social, però els procediments, denuncia l'organització, manquen de transparència i, en ocasions, s'allarguen durant mesos sense una resposta clara per a les famílies. Stop Desnonaments sosté que l'actual model de gestió incentiva la venda d'actius per damunt de la consolidació de lloguers socials, una valoració que relaciona amb el sistema de remuneració dels servicers. Segons l'entitat, aquestes empreses poden obtenir una rendibilitat econòmica més elevada amb la venda d'actius que amb la gestió de contractes de lloguer, una circumstància que, al seu parer, pot desincentivar les solucions residencials estables per a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Segons explica la Sareb al seu web, la societat va néixer amb l'objectiu de maximitzar la venda d'actius per amortitzar el deute avalat per l'Estat. Des del 2022, però, afirma haver incorporat un mandat orientat també a la sostenibilitat i a la utilitat social, així com al traspàs d'habitatges al parc públic. La Sareb assenyala igualment que una part significativa dels actius que gestiona estan habitats i que, des del 2022, ha desenvolupat un model de gestió dual que permet treballar amb famílies vulnerables, a les quals ofereix un Programa de Lloguer Social amb Acompanyament per ajudar-les a superar la seva situació de risc d'exclusió. Per desenvolupar aquesta tasca, explica, compta amb empreses especialitzades en mediació social.

La via de les Nacions Unides

Segura també critica que Espanya continuï sense donar un efecte efectiu a les mesures cautelars sol·licitades pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) de les Nacions Unides en determinats procediments de desnonament sense alternativa residencial. En el cas de Saray, la seva advocada ha presentat, amb el suport de Stop Desnonaments Mallorca, una comunicació davant aquest òrgan internacional, encarregat de vetllar pel compliment del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Espanya va ratificar aquest tractat juntament amb el seu Protocol Facultatiu, que permet a les persones que consideren vulnerats els seus drets acudir al Comitè una vegada exhaurides, en determinades circumstàncies, les vies internes.

Juntament amb aquesta comunicació, Stop Desnonaments va sol·licitar l'adopció de mesures cautelars perquè el llançament quedés suspès fins que es garantís una alternativa residencial adequada. La plataforma sosté que, en la seva experiència, quan el Comitè DESC formula aquest tipus de peticions a l'Estat espanyol, els procediments se suspenen de vegades per decisió del gran tenidor o del jutjat sense fer cap referència expressa a la intervenció de les Nacions Unides, fet que -al seu parer- invisibilitza el paper que exerceixen aquestes mesures cautelars internacionals. Aquesta és, tanmateix, la valoració de l'entitat i no implica que existeixi un pronunciament general sobre el grau de compliment per part d'Espanya de les sol·licituds del Comitè en tots els casos.

Su hijo pequeño corretea por el salón mientras Saray reconstruye la decisión que, hace diez años, cambió su vida. Sentada en el austero comedor de una vivienda situada en un bloque de pisos de la periferia de Palma, aguarda una respuesta que puede determinar si podrá seguir viviendo allí con su familia. Su historia, sin embargo, trasciende su caso personal. Stop Desahucios Mallorca sostiene que la batalla de Saray pone de manifiesto una de las principales lagunas en la aplicación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda: la falta de activación de la mediación prevista para determinados procedimientos de desahucio promovidos por grandes tenedores antes de reanudar los lanzamientos suspendidos durante la pandemia.

Mientras la plataforma denuncia que esa garantía apenas se está aplicando, Saray continúa intentando regularizar su situación mediante un alquiler social para la vivienda de la Sareb en la que reside desde hace una década. Y es que, más allá del debate jurídico, esta madre de 29 años describe una larga espera para llegar hasta ese momento. Mientras la Sareb sostiene en sede judicial que la afectada rechazó inicialmente un alquiler social, los correos intercambiados con la empresa que gestiona el inmueble por cuenta del llamado 'banco malo' -que no ha respondido a las preguntas de este medio-, muestran que la compañía seguía comunicándole meses después que su solicitud de regularización permanecía 'en estudio', instándola a volver a contactar si transcurridos 45 días no recibía noticias.

Días antes de la fecha fijada para el desahucio, Saray volvió a dirigirse a la empresa para intentar alcanzar un acuerdo y, posteriormente, comunicó que seguía sin tener un gestor social asignado ni información sobre el estado de su expediente. La joven insiste en que lo único que pretende es regularizar su situación. “Me llamaron para enviar toda la documentación y la envié. Me dijeron que cumplía los requisitos”, afirma, reconociendo estar “un poco nerviosa” ante la incertidumbre de su futuro residencial. “Yo solo quiero pagar un alquiler”, comenta. Percibe el ingreso mínimo vital y vive pendiente de una resolución que todavía no llega.

Saray vive pendiente de una respuesta que no llega mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro residencial: "Yo solo quiero pagar un alquiler"

El piso vacío que Saray convirtió en su hogar

Saray llegó al piso después de una etapa complicada en la que compartía techo con la familia de su marido. “Yo no podía seguir viviendo allí, quería mi intimidad”, explica. Trabajaba en el aeropuerto de Palma, pero su salario apenas le permitía cubrir los gastos del día a día y acceder a un alquiler en el mercado libre era una posibilidad completamente fuera de su alcance. Con una hija pequeña y sin una alternativa habitacional, comenzó a buscar cualquier opción que le permitiera independizarse. Para entonces, los precios del alquiler comenzaban a dispararse en Mallorca y encontrar una vivienda asequible se había convertido en una misión prácticamente imposible para muchas familias con ingresos modestos.

Un día, escuchó a una compañera hablar con un hombre que, según le contaron, se dedicaba a abrir viviendas vacías de entidades financieras. Se interesó por uno de esos pisos, propiedad de la Sareb. Pagó 130 euros para que le abrieran la puerta y entró en una vivienda abandonada y sin apenas condiciones para ser habitada. Y es que, tras la crisis inmobiliaria de 2008 comenzaron a proliferar en distintas ciudades personas que localizaban viviendas vacías de bancos o de la SAREB y facilitaban el acceso a familias sin recursos, una práctica que convivió con redes de apoyo a la ocupación pero también con episodios de fraude.

“La casa estaba llena de polvo, fatal”, recuerda Saray. Nunca firmó un contrato de alquiler. Con el tiempo, sin embargo, aquel piso se convirtió en el hogar donde ha criado a sus dos hijos. Su situación comenzó a cambiar años después, cuando la Sareb inició acciones para recuperar la vivienda. El procedimiento judicial acabó derivando en un desahucio que quedó suspendido durante la pandemia al amparo de la moratoria estatal aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020.

'La casa estaba llena de polvo, fatal', recuerda Saray. Nunca firmó un contrato de alquiler. Pagó 130 euros para que le abrieran la puerta del piso, propiedad de la SAERB. Con el tiempo, sin embargo, aquel lugar se convirtió en el hogar donde ha criado a sus dos hijos

La disposición que puede cambiar un desahucio

Su caso ha acabado convirtiéndose en un ejemplo de las dificultades que, según denuncia Stop Desahucios Mallorca, está encontrando la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda: el precepto establece que, antes de reanudar determinados procedimientos promovidos por grandes tenedores -aquellos que poseen más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial-, debe seguirse un procedimiento de conciliación o intermediación destinado a valorar la situación de vulnerabilidad de la familia afectada y explorar soluciones que eviten el lanzamiento, como ayudas públicas o alternativas habitacionales.

La finalidad de ese trámite no es únicamente intentar un acuerdo entre las partes, sino permitir la activación de recursos públicos dirigidos a evitar que una familia vulnerable sea desalojada sin alternativa habitacional.

La entidad, sin embargo, denuncia que esa previsión apenas se está aplicando. Como señala Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios, numerosos órganos judiciales están reanudando procedimientos sin aplicar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera o respondiendo a las solicitudes con resoluciones que nada tienen que ver con el contenido de la norma. La plataforma señala, además, que la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la Ley de Vivienda refuerza la aplicación del precepto y que los juzgados deberían aplicarla de oficio cuando concurren los requisitos legales para ello.

Stop Desahucios Mallorca denuncia que numerosos órganos judiciales están reanudando procedimientos sin aplicar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera o respondiendo a las solicitudes con resoluciones que nada tienen que ver con el contenido de la norma

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para comprobar la aplicación de la disposición transitoria tercera. En la web del máximo órgano de los jueces, a la que ha sido remitido este diario por parte del CGPJ, figuran estadísticas sobre lanzamientos en las que, sin embargo, no existe ningún apartado que permita conocer cuántos procedimientos se han reanudado tras acreditar la mediación prevista en la ley. Ante esta circunstancia, elDiario.es ha revisado resoluciones judiciales dictadas desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Esa búsqueda refleja que no existe todavía un criterio uniforme: algunas resoluciones analizan la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social o de cumplir requisitos previos al desahucio conforme a la normativa autonómica. Otras se limitan a resolver cuestiones procesales o de vulnerabilidad sin entrar a valorar expresamente la aplicación del precepto.

Stop Desahucios explica que la abogada de Saray fue una de las primeras en Balears en solicitar la aplicación de esa disposición, ya en 2024, cuando todo apuntaba a que la moratoria aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020 -y sucesivamente prorrogada desde el inicio de la pandemia- podía llegar a su fin. Este año ha vuelto a reclamar su aplicación. Sin embargo, el Juzgado no ha resuelto expresamente esa petición y el procedimiento ha permanecido prácticamente inalterado hasta que, tres días antes de la fecha fijada para el lanzamiento, la propia Sareb solicitó al juzgado la suspensión del procedimiento alegando que las partes se encontraban 'en vías de alcanzar un acuerdo'. El juzgado accedió a la petición y suspendió el lanzamiento durante treinta días.

Activación de ayudas económicas

La mediación no constituye un mero trámite formal. Como explica la entidad, es precisamente durante ese procedimiento cuando pueden activarse ayudas económicas destinadas a garantizar una alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. De ahí que considere que, si el gran tenedor no promueve esa mediación y el procedimiento continúa igualmente, la familia afectada puede perder la oportunidad de acceder a esos recursos públicos.

La mediación no constituye un mero trámite formal: es precisamente durante ese procedimiento cuando pueden activarse ayudas económicas destinadas a garantizar una alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Si el gran tenedor no promueve esa mediación y el procedimiento continúa igualmente, la familia afectada puede perder la oportunidad de acceder a esos recursos públicos

“Yo quiero un alquiler”

Más allá del debate jurídico, Saray describe una larga espera para intentar regularizar su situación. “Yo quiero mi casa. Yo quiero un alquiler”, afirma. Según explica, recibió una comunicación para aportar documentación con el fin de estudiar la posibilidad de concederle un alquiler social en la misma vivienda. “Me llamaron para mandar toda la documentación y la envié. Me dijeron que cumplía los requisitos”, afirma.

Los correos intercambiados entre Saray y la gestora muestran que la empresa abrió un expediente de regularización, confirmó que la solicitud de alquiler social estaba en estudio y emplazó a la afectada a volver a contactar si transcurridos 45 días no recibía noticias. Sin embargo, pocos días antes de la fecha prevista para el desahucio, la propia Saray comunicó que seguía sin tener un gestor social asignado y que nadie se había puesto en contacto con ella.

Si finalmente tiene que marcharse, reconoce que solo contempla dos alternativas: volver temporalmente con su padre o solicitar una plaza en un centro de acogida para no quedarse sin alojamiento. La mujer vive pendiente de una respuesta que no llega mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro residencial. “Estoy un poco nerviosa porque pasan los treinta días del plazo y no me han dicho nada. A mi abogada tampoco le contestan”, relata. Percibe el ingreso mínimo vital y asegura que los propios gestores del expediente le comunicaron que reunía las condiciones para optar al alquiler social debido a su situación de vulnerabilidad.

La incertidumbre ha acabado pasando factura a su salud. “Me están mareando”, resume. Recuerda que cuando estaba previsto uno de los lanzamientos pasó semanas sin apenas dormir mientras recorría juzgados, hablaba con su abogada y acudía a Servicios Sociales intentando conocer qué iba a ocurrir. “Estuve un mes así, sin dormir. Tres semanas yendo al juzgado, hablando con mi abogada y a Servicios Sociales moviendo papeles. No contestaban hasta el último momento”, explica.

Yo quiero mi casa. Yo quiero un alquiler

Saray — Afectada por un desahucio promovido por la SAREB

Los gestores del 'banco malo'

Stop Desahucios considera que el caso de Saray abre interrogantes sobre la gestión de los alquileres sociales de la Sareb por parte de los servicers, las empresas privadas contratadas para gestionar gran parte de los activos inmobiliarios del 'banco malo', incluidos los expedientes de alquiler social. Diversas compañías han asumido durante años funciones de comercialización, administración y gestión de viviendas y créditos del llamado “banco malo” en virtud de contratos suscritos con la propia sociedad.

Estos gestores concentran buena parte de la tramitación de los expedientes de alquiler social, pero los procedimientos, critica la organización, carecen de transparencia y, en ocasiones, se prolongan durante meses sin una respuesta clara para las familias. Stop Desahucios sostiene que el actual modelo de gestión incentiva la venta de activos frente a la consolidación de alquileres sociales, una valoración que la organización relaciona con el sistema de remuneración de los servicers, quienes, según la entidad, pueden obtener una mayor rentabilidad económica con la venta de activos que con la gestión de contratos de alquiler, lo que en su opinión puede desincentivar las soluciones habitacionales estables para familias vulnerables.

Según señala la Sareb en su web, nació con el objetivo de maximizar la venta de activos para amortizar la deuda avalada por el Estado, aunque desde 2022 incorporó un mandato desinversor en términos de sostenibilidad y utilidad social y, más recientemente, el traspaso de viviendas al parque público. Asimismo, indica que un porcentaje relevante de los activos que recibe están habitados con diferentes casuísticas: señala que desde 2022 ha desarrollado un modelo de gestión dual que permite trabajar con las familias vulnerables a las que se les ofrece un Programa de Alquiler Social con Acompañamiento que les permita superar su situación de riesgo de exclusión. Para el desarrollo de esta labor la sociedad se apoya, afirma, en la experiencia de empresas especializadas en mediación social.

La vía de Naciones Unidas

Segura también critica que España siga sin otorgar un efecto efectivo a las medidas cautelares solicitadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas en determinados procedimientos de desahucio sin alternativa habitacional. En el caso de Saray, su abogada ha promovido, con el apoyo de Stop Desahucios, una comunicación ante este órgano internacional, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El tratado fue ratificado por España junto con su Protocolo Facultativo. Ese mecanismo permite a personas que consideran vulnerados sus derechos acudir al Comité una vez agotadas, en determinadas circunstancias, las vías internas.

Stop Desahucios explica que, junto con la comunicación, solicitó medidas cautelares para suspender el lanzamiento hasta que se garantizara una alternativa habitacional adecuada. La plataforma critica que, en su experiencia, cuando el Comité DESC solicita este tipo de medidas al Estado español, los procedimientos se suspenden en ocasiones por decisión del gran tenedor o del juzgado sin hacer referencia expresa a la intervención de Naciones Unidas, lo que -a su juicio- invisibiliza el papel que desempeñan esas cautelares internacionales. Esa valoración, no obstante, refleja la posición de la entidad y no implica que exista un pronunciamiento general sobre el cumplimiento por España de las solicitudes del Comité en todos los casos.

El Parlamento de Navarra ha cerrado este jueves el curso político con un pleno muy centrado en materia de vivienda. Los socios del Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai y Contigo7Zurekin) y EH Bildu han impulsado dos leyes con las que se busca reforzar la protección de los inquilinos: por un lado, ha salido adelante una norma que vuelve permanente la calificación de las VPO de alquiler y, por otro, se ha aprobado la regulación del alquiler de habitaciones y del alquiler de temporada.

Así, el Parlamento navarro ha dado luz verde a una ley que elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. La norma alcanza a 2.248 viviendas que perderían su protección.

Esta previsión se completa con la extensión de la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las VPO en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.

La modificación aprobada incluye una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto. Se ha agregado un nuevo párrafo dirigido a reservar a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas), con el fin de destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público. Esta prioridad se restringe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.

“Días como hoy hacen que la política merezca la pena”, ha celebrado el parlamentario Kevin Lucero, del PSN, uno de los partidos impulsores de la ley. “La calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo”, ha añadido el portavoz de Contigo/Zurekin, Daniel López.

Con todo, los grupos proponentes ya han anticipado que habrá “una batalla judicial” por la aprobación de esta ley, “porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos”, ha apuntado Mikel Zabaleta, de EH Bildu. “La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha apostillado.

Navarra, pionera en regular el alquiler de habitaciones

Por otro lado, la comunidad foral se ha convertido en la primera en la que el alquiler de habitaciones va a estar regulado con la aprobación de una norma que también afecta al alquiler de temporada. Se pretende con esta ley evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Así, los contratos de alquiler de habitaciones para vivienda habitual deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales ligados a vivienda habitual deberán estar vinculados a “causas reales” -como motivos laborales, formativos o asistenciales-. Estos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

La segunda modalidad se corresponde con el arrendamiento de habitación de temporada, destinado a “satisfacer necesidades puntuales o transitorias de alojamiento no equivalente a vivienda habitual”, y comprende usos vacacionales, turísticos, lúdicos o recreativos. En cuanto a la modalidad de hospedaje, el contrato puede alcanzar a la vivienda entera o a una sola estancia y debe incluir la prestación de unos servicios mínimos (al menos limpieza y suministros), entre otras cuestiones.

En las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

La Plataforma Ciudadana de Vivienda de Huesca considera que las 27 viviendas de alquiler social de La Merced cuyas llaves se han entregado este lunes son una “cantidad ínfima” para la gran necesidad residencial que existe y urgen a tomar “medidas de carácter estructural”. A lo largo de 2026 se sumarán otros 61 pisos de las Fases II y III de esta promoción, ubicada en el antiguo cuartel.

En representación de este colectivo, Margarita Alfaro se ha hecho eco de la entrega de llaves por parte del Gobierno de Aragón de las 27 viviendas de alquiler asequible de La Merced. Además de considerar que es una cantidad ínfima, ha lamentado que hayan tardado demasiado en hacerlas realidad. “Estas viviendas ya vienen de legislaturas anteriores, han pasado ocho años y para resolver el problema se necesitarían cientos de viviendas. Si en ocho años han entregado 27, el ritmo es muy lento”, ha dicho Alfaro, para quien “de alquiler asequible tienen poco, teniendo en cuenta el nivel de los sueldos que hay actualmente”.

Ha asegurado que en Huesca se construye, pero no pensando en las personas que necesitan realmente una vivienda, sino en quien la puede adquirir y así de ser un derecho, la vivienda ha pasado a ser una mercancía: “Vemos que se construye algo, pero no pensando en las personas que tienen un problema con la vivienda, sino en otras personas que las pueden adquirir, pero así el problema no se solventa”.

Por todo ello, la Plataforma apuesta por medidas estructurales, por un sistema más garantista que proteja al propietario y pueda poner con tranquilidad su vivienda en alquiler y que haya dialogo con la administración para atender a la necesidad real.

Los inquilinos de las viviendas de la Fase I de La Merced de Huesca ya disponen de las llaves para acceder a su nuevo hogar. A lo largo de 2026, a estas 27 viviendas se sumarán otras 61, con lo que sumarán en total 88 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible.

Representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Huesca, las tres administraciones públicas que han colaborado para sacar adelante esta promoción, se han dado cita a las puertas para hacer entrega de las llaves a los adjudicatarios y firmar los correspondientes contratos. El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha dado la “enhorabuena” a los adjudicatarios a los que por sorteo les tocó una vivienda en La Marced.

Ha dicho que hoy en para ellos “un día muy importante”, al igual que para las administraciones que lo han hecho posible. “Hoy es el principio de una nueva vida para todos vosotros” y “estamos orgullosos los que tenemos responsabilidad institucional y pública en la gestión de la vivienda de que podáis asentar en la ciudad de Huesca a vuestra familia, desarrollar vuestra actividad profesional y personal y que lo hagáis integrados los que sois de fuera y los que de aquí de Huesca lo sois de toda la vida, en una ciudad como esta, que cada vez va a crecer más y va a tener más posibilidades de éxito y de desarrollo”.

Las viviendas, de entre 35 y 92 metros cuadrados útiles, tienen de uno a cuatro dormitorios, plaza de garaje y trastero, así como eficiencia energética de clase A, gracias a un diseño que incorpora aislamientos térmicos de última generación, sistemas de aerotermia y materiales de bajo impacto ambiental. Los precios de estas viviendas oscilan entre los 283 y 631 euros como máximo.

En su intervención, López ha destacado el “drama social” que para muchas familias supone el acceso a la vivienda y por ello el “esfuerzo” de las administraciones públicas ha ido dirigido a facilitar viviendas sociales de alquiler asequible.

“Bienvenidos”

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, se ha dirigido a los adjudicatarios con un “bienvenidos a vuestro nuevo hogar”, a los que les ha felicitado, porque detrás de cada llave, ha dicho, hay un proyecto de vida y en esta ocasión en un histórico barrio de Huesca, como es el de San Lorenzo. “Quiero felicitar a todas las familias y personas a las que se os adjudican estas viviendas porque detrás de cada llave hay un proyecto de vida y hay ilusión y, en muchos casos, hay mucha espera y hoy esta espera se va a convertir en realidad”.

La alcaldesa ha insistido en que se trata de una actuación que permite recuperar parte de este barrio y mejorar varias de sus calles. “La vivienda no se entiende sin un espacio que la rodea y por eso en paralelo estamos trabajando y mejorando el entrono con la actuación en tres tramos de calle, los dos vinculados a las obras de La Merced, con la calle de San Lorenzo y también la calle del Padre Huesca”. Otro de los objetivos de esta actuación es la de atraer población a las zonas antiguas de la ciudad.

Por su parte, el subdelegado de gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha manifestado su “satisfacción” por el trabajo conjunto de las tres administraciones públicas y ha dicho que los adjudicatarios a los que hoy se les hace entrega de sus llaves ponen rostro al objetivo de dar solución al acceso de la vivienda. Campo ha indicado que “ellas y ellos ponen rostro al gran reto que todas las administraciones nos hemos fijado, la gran exigencia que nos pide la sociedad y es dar solución al acceso de vivienda”.

Ha añadido que “esta promoción ha sido un ejemplo de cómo el trabajo conjunto de las administraciones da frutos y esta primera fase cuenta con 1,20 millones de euros del Plan de Recuperación del Gobierno de España para ejecutar los fondos europeos, mientras que las otras fases tienen 2,7 millones de euros”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de haber entregado 5.000 viviendas de alquiler asequible con el Plan Vive que gestionan sobre todo Avalon y Sogeviso. Pero no responde al descontento que crece entre centenares de los inquilinos, que ya han creado una plataforma de afectados. Protestan por unos gastos de comunidad, garajes, trasteros e IBI que les duplican el precio inicial del alquiler y unas deficiencias que van desde limitación del agua caliente hasta goteras. Desde Colmenar Viejo hasta Pinto, pasando por Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Tres Cantos, Móstoles o Arganda del Rey y Valdebebas, los vecinos de hasta 9 municipios están indignados.

El enfado ya toma forma en una plataforma con 130 miembros que surge de la ampliación de la Asociación de Valdebebas, que es la que tiene unos precios más altos del alquiler. En todos los casos, a los gastos excesivos que han provocado incluso una denuncia, con garajes por encima de mercado y hasta 150 euros por plaza, se les suma el descontento por una falta de mantenimiento y unos problemas estructurales que no se resuelven con premura pese a los elevados costes de comunidad. 

Aunque han intentado sin éxito resolver sus quejas con las empresas, especialmente Avalon, esta envió recientemente un comunicado a los inquilinos sugiriendo que no hablaran con la prensa y recordándoles que no tenían derecho a compra. Lo dijo porque Avalon, conrolada por Aes Management, estudia vender sus viviendas del Plan Vive, según publicó Cinco Días. La recién creada asociación propone crear una mesa de seguimiento en que estén representados los inquilinos y se les reconozca colectivamente.

Denuncia contra el pago del IBI

En Móstoles, Antonio Gamez, que es abogado, fue el precursor de una de las primeras denuncias que se han presentado contra estas promociones. En su caso lo hizo por el IBI, por el que paga 50 euros y que asegura que la Comunidad no le puede cobrar. Usa como antecedente que le avala una sentencia del Supremo de 2024, también de Madrid, que determinó que las viviendas públicas de gestión privada no pueden cargar el IBI porque no es un servicio. 

En su contra juega el hecho de que Ayuso ya previó en el reglamento del Plan Vive que pudiera cobrarse este impuesto, como también dejó por escrito la obligación de aceptar la plaza de garaje y el trastero o pagar los gastos de comunidad, de forma que el alquiler acaba disparándose hasta, en muchas ocasiones, superar el 35% de esfuerzo económico que también prevé el Plan Vive. 

Además de los 50 de IBI, Antonio paga en su promoción del barrio de Humanes, donde hay 150 pisos, 50 euros por el trastero, 110 euros de comunidad y 80 euros por cada plaza de garaje, que en el mismo barrio están a 50 euros en Idealista. “Además, nos obligan a coger dos plazas y eso que los pisos están en un solar donde hay muchísimo aparcamiento”, se queja Antonio. Sumándolo todo al alquiler, paga 638, un precio algo por debajo del mercado en el barrio pero que duplica los 340 euros a los que se publicitaba el anuncio. 

Los anuncios en el portal de Idealista de viviendas por el barrio muestran un piso en el centro de Humanes de 35 metros cuadrados por 750 euros, precio idéntico a un bajo de 70 metros y algo inferior a un piso de 58 metros cuadrados y dos habitaciones a 850 que sale más barato el metro cuadrado que el del Plan Vive donde reside Antonio. Pero para él “no se trata de compararlo con el mercado libre, sino con que acaba teniendo un precio de dos o tres veces lo que debe ser una vivienda pública”. 

La promoción de Antonio no es de las que presenta más problemas, más allá que el tener conserje solo por la mañana ha generado algunos problemas de seguridad y hay humedades de la piscina que se han filtrado al garaje. También hubo problemas con la jardinería, con crecimiento descontrolado de hierbajos, un clásico en estas promociones pese a que el servicio está incluido en los altos costes de comunidad. 

El mal mantenimiento de una comunidad de más de 100 euros mensuales

Desde Getafe, Diana también denuncia “hierbajos por todos lados” y un conserje que está pocas horas, además de “una piscina que es muy pequeña” para los 111 euros de comunidad que pagan. “En otro piso donde vivía antes, pagaba 50 y estaba todo mucho mejor”, denuncia.

En su caso parte de un alquiler inicial de 500 euros que acaba convirtiéndose en 785 al sumar los 30 euros de trastero, los 88 de un garaje y 70 del segundo, los 112 de comunidad y los 47 de IBI. 

“Te entregan un piso y no te dejan ir a verlo”, denuncia Diana recogiendo un sentir también común entre los vecinos del Plan Vive. “Llegas, tiene placas del baño con humedad, la pintura mal hecha, la aerotermia funciona mal, el ascensor dice que es de ocho personas y con cuatro se sobrecarga y llegan a hacerte cobros duplicados”, denuncia. Además, como denuncian otros vecinos, las revisiones de precio hacen que suba año a año y además lo hace al ritmo del IPC y no del IRAV, el índice de referencia del alquiler, que es inferior, como dictaminó por ley el Gobierno al estallar la guerra de Irán, ya que el Plan Vive se rige por una normativa autonómica. 

Diana buscaba una vivienda donde pagar un precio asumible para él y su pareja, que cobran 1.500 euros cada uno. Pero se encontraron con un precio que, aunque les hizo aceptar la oferta y puede ser mejor que otras opciones de un mercado muy duro, no es precisamente asequible. “Yo lo que quiero es una vivienda digna, no dos plazas de garaje, ni una, o una piscina del tamaño de un jacuzzi”, sentencia. 

El enfado empieza por no poder ver el piso

En Alcorcón, un vecino que prefiere guardar el anonimato empezó ya a molestarse y contactar con otros vecinos cuando vio que no le dejaban ver el piso antes de instalarse y firmar el contrato. “Luego, llegamos a los gastos de comunidad e IBI que no conocíamos antes porque en la publicidad no salía”, denuncia. 

Y así, sumando el garaje y el trastero, el piso de dos habitaciones y unos 50 metros cuadrados se le acaba yendo a 900 euros. “Si no fuera por los más de 100 euros de la comunidad, el IBI de unos 30 euros, el garaje y el trastero, son 650 euros”, dice este vecino que además asegura que ya paga 100 euros más que cuando llegó a este piso, hace dos años, la primera promoción que se entregó, por las subidas del IPC. 

Como se repite una y otra vez en estas promociones y aunque en su caso la gestora es Sogeviso y no Avalon, los vecinos de Alcorcón no han conseguido un informe detallado de los gastos de comunidad. Además, como sucede en la mayoría de promociones, estos alcanzan el máximo permitido, un 18% del alquiler. Desde la plataforma denuncian que las empresas pueden estar financiándose con estos pagos, que superarían por mucho los gastos, independientemente de que en algunos casos hagan algunas devoluciones a los inquilinos. “La verdad, no sé qué servicios de comunidad hay”, lamenta en la línea de otras promociones. 

Goteras y fallas estructurales

Este vecino convive además con una gotera que se filtra por una persiana de la habitación y que nadie ha reparado y denuncia que “la puerta del garaje llegó a estar cinco días abierta de par en par”. “En mi casa tuvieron que hacer una obra porque el suelo estaba inclinado. De hecho, me deben dinero desde hace dos años porque me tenían que cubrir los meses que estaba fuera por la obra”, recuerda. 

Todos estos vecinos y hasta una treintena de seis localidades diferentes compartieron su experiencia y sus propuestas hace unas semanas en la sede de UGT, que les ayuda a organizarse, ya que la propiedad ni siquiera reconoce a la plataforma como interlocutora. Sergio Moreno, de Valdebebas, que creó una primera plataforma con un dosier que recogía las quejas, es su portavoz. 

Pero la indignación va más allá de los vecinos que se han unido a la plataforma e incluso de los municipios que se han incluido. En Arganda del Rey, Arlette se muestra desesperada por todos los problemas que afronta. En un piso de tres habitaciones donde vive con su hija, consiguió frenar que le obligaran a tener dos plazas de garaje para que no le subiera 150 euros más el alquiler. 

Pero aun así cuenta con una y sumando gastos de trastero, 30 euros, los 40 del IBI, los 150 de comunidad, los 80 de la plaza, el alquiler se le dispara de 800 a 1.100 euros. Además, cuando llegó en diciembre los vecinos de abajo protestaban por filtraciones de agua que se habían colado antes incluso de que se instalara. “Queda todavía una mancha en el suelo”, relata.

“El edificio es de muy baja calidad y no sabemos en qué se gastan la comunidad”, relata Arlette, que denuncia problemas con las cerraduras y con el ascensor que no se arreglan con premura pese al elevado coste de la comunidad. En su caso, la gestora es Qube Rent. 

“Aceptas por desesperación”

“Aceptas el piso por desesperación. Me he mudado un montón de veces en pocos años y este piso parecía mejor. Pero cuando te obligan a pagar gastos que no deberían correr de tu cuenta en un piso público y encima la comunidad no responde ante tantos problemas, es frustrante”. 

El sentimiento se repite una y otra vez entre los vecinos. No quieren irse porque han conseguido un piso a un precio a veces levemente por debajo del mercado, otras veces casi a la par, pero nuevo. Y además, se lo han dado, que es en ocasiones lo más difícil en la lucha contra una competición de la demanda desbocada. 

Aceptaron las condiciones movidos por la desesperación de no encontrar nada mejor. Pero eso no les resta la indignación de estar pagando gastos inflados por unos servicios que no se les dan y acabar afrontando alquileres que tienen poco de asequibles.

El Procurador del Común (el Defensor del Pueblo autonómico) de Castilla y León ha abroncado a Somacyl, la empresa pública más grande de la Comunidad autónoma y responsable de la promoción de vivienda pública, por no permitir subsanar documentación a una mujer que quería acceder a un alquiler social en Soria. Según la denunciante se produjo un problema técnico que impedía leer el código de verificación (CSV) de su certificado de empadronamiento, lo que afectaba a su puntuación, y no se le permitió corregir la situación. La afectada tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos, según ha informado la institución.

El Procurador del Común, que dirige Tomás Quintana, ha instado a Somacyl a garantizar que los solicitantes puedan subsanar defectos de la documentación para evitar su indefensión, puesto que se “rechazó de plano” valorar el mérito, lo que es “contrario a los principios de igualdad y objetividad”. La Junta de Castilla y León tiene delegada la gestión de las viviendas del parque de Vivienda Protegida en la sociedad pública Somacyl, “lo que exige el sometimiento pleno a la legalidad vigente”. Se exigen, por lo tanto, unos estándares mínimos de “seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y derecho a no sufrir indefensión”. Una indefensión que, entiende Quintana, se ha producido en este caso.

El responsable de esta institución ha reclamado a Somacyl que revise y corrija la baremación de la denunciante para que se reconozca la validez de los certificados que ha aportado, para que se le asigne la puntuación que legalmente le corresponda.

Somacyl, que se encarga de la Vivienda, Energía, los Recursos medioambientales y la Infraestructuras de la Comunidad, defendió que se valoraron los requisitos exigidos y se baremó la puntuación de los criterios a pesar de que los documentos habían sido entregados de manera “fraccionada”, lo que “inducía a confusión y no podía constatarse adecuadamente con el código seguro de verificación, al menos de uno de los dos documentos aportado”. Para el 'Defensor del pueblo' de Castilla y León, no se puede aceptar esta respuesta como “válida y suficiente”.

“Esta Procuraduría del Común no puede aceptar como una respuesta válida y suficiente a las alegaciones del solicitante, que el afectado tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos. Para Tomás Quintana, no es suficiente con que en la convocatoria se reconozca que el proceso de selección se rige por los principios de ”igualdad, concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia“, sino que estos principios deben ser ”respetados para no convertirse en meras declaraciones de intenciones“.

Podemos Cantabria ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra el Ayuntamiento de Santander por no facilitar la documentación relativa a las viviendas de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.

La formación registró el 5 de mayo una solicitud de acceso a información pública para conocer los convenios, acuerdos, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos existentes entre el Ayuntamiento y la Obra Social “la Caixa”, CaixaBank o entidades vinculadas en relación con estas promociones.

La petición afecta a las 107 viviendas incluidas dentro de este programa de alquiler asequible: 70 entregadas en 2013 y otras 37 en 2016.

Se trata de inmuebles promovidos originalmente por la Obra Social “la Caixa” que han acabado en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo.

Tras no recibir respuesta del Ayuntamiento de Santander dentro del plazo legal, Podemos ha decidido elevar el caso al Consejo de Transparencia.

“No puede ser que Íñigo de la Serna promocionara estas viviendas desde el Ayuntamiento como una obra social y ahora el propio Ayuntamiento no entregue el convenio que explica qué se firmó y qué garantías tenían las familias. Una falta de transparencia que es un patrón de conducta consolidado en las administraciones gobernadas por el PP en Cantabria”, ha denunciado Pablo Gómez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria.

La formación mantuvo este miércoles un encuentro con vecinos afectados, quienes trasladaron su preocupación por el futuro de sus hogares “después de que unas viviendas que nacieron bajo la promesa de ofrecer alquileres asequibles hayan terminado en manos de una sociedad inversora”, ha señalado la formación.

“Queremos el convenio para saber la verdad: cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta, derechos de tanteo o retracto, y qué obligaciones asumieron las partes cuando se presentó este proyecto como una iniciativa social”, han precisado desde Podemos.

La formación ha explicado que la reclamación presentada ante Transparencia afecta a documentación relacionada con una política pública de vivienda y con actuaciones en las que participó una administración, por lo que considera que existe“ un evidente interés ciudadano en conocer todo el expediente”. “No hablamos solo de una compraventa entre empresas. Hablamos de viviendas que fueron presentadas institucionalmente como una solución para familias trabajadoras. Las administraciones que se hicieron la foto entonces tienen que dar explicaciones ahora”, ha sostenido Gómez.

Para Podemos “Lo mínimo que merecen estas familias es respeto y transparencia. Si todo se hizo correctamente, no debería haber ningún problema en enseñar los documentos”, concluye.

700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.

'Moviliza tu vivienda rural'. Es el lema de un programa que busca poner viviendas vacías a disposición de las entidades locales para que puedan ser destinadas al arrendamiento asequible o social, en las zonas afectadas por la despoblación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar una resolución en la que anuncia el lanzamiento de este programa, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Hasta el próximo 8 de julio, cualquier ayuntamiento o entidad dependiente (pedanías etc) de la comunidad autónoma pueden manifestar su interés en este proyecto.

La consulta está dirigida a los Ayuntamientos de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación y a los municipios afectados por la Disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, aquellos donde predomine la actividad agrícola, con menos de 2.000 habitantes y que haya perdido población de forma continuada durante los cinco años anteriores al 1 de enero de 2021.

¿A qué deben comprometerse los ayuntamientos?

Según la resolución el interés debe manifestarse a través de un acuerdo en el Pleno municipal o bien por un decreto de la Alcaldía.

Se aceptará la cesión de viviendas vacías susceptibles de incorporarse al programa “Moviliza tu Vivienda Rural” por un plazo de al menos siete años para su alquiler a terceros como vivienda asequible o social.

Además, el ayuntamiento beneficiario declarará de especial interés o utilidad municipal las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación por concurrir, entre otras, circunstancias sociales. Y por eso se establecerá una bonificación del 95% a favor de estas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

También se eximirá del pago de tasas por el otorgamiento de la licencia para la realización de las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación de las viviendas.

Entre otras cuestiones, se implementará un programa de acompañamiento a la integración de los nuevos inquilinos, que puede incluir ayudas o servicios específicos. El ayuntamiento también gestionará los alquileres y seguros de rentas. En estos dos casos, la resolución indica que los ayuntamientos podrán realizar ambas cosas de forma directa o bien a través de otras entidades públicas o privadas.

Las entidades locales podrán incorporar una breve memoria en el que se señale la necesidad de vivienda, en régimen de alquiler, debido a la actividad socioeconómica propia de su territorio.

También podrán adjuntar cartas de apoyo de empresas de su municipio o de su zona en las que pongan de manifiesto las dificultades para incorporar trabajadores a sus plantillas ante la falta de vivienda en régimen de alquiler. En dicha carta de apoyo, las empresas también podrán manifestar su compromiso de aportar financiación al programa 'Moviliza tu Vivienda Rural' del municipio.

Un círculo irregular de más de cincuenta personas rodea silencioso a una mujer pelirroja, delante de un bloque de pisos, a las afueras de Santander. Ella ejerce de portavoz informal para reconstruir un contexto que los vecinos de tres bloques de la calle Hermanos Calderón conocen. La duda colectiva es el desenlace.

La Obra Social de Fundación La Caixa, a través de su inmobiliaria InmoCaixa, construyó tres bloques de viviendas de alquiler asequible en plena crisis del ladrillo en España. A la colocación de la primera piedra, en 2011, acudió el entonces alcalde, Íñigo de la Serna (PP), quien regresó en 2015 para visitar las obras. Finalmente fueron tres bloques, por un precio de 350 a 500 euros, a cuyos inquilinos les fueron renovando los contratos. Así fue hasta que, en octubre de 2025, los más de 130 vecinos recibieron una inesperada notificación informándoles de que habían vendido en lote sus pisos de alquiler asequible a un fondo privado inmobiliario llamado Mosaic Propco.

Algunos aceptaron rescindir contrato por una baja cantidad. Otros negociaron comprar. Son alrededor de treinta, dicen en voz baja los presentes. El resto, un centenar, la mayoría de inquilinos de las 107 viviendas de esta calle del barrio de Peñacastillo, está este lunes, a las ocho de la tarde, en la calle.

Es una reunión de los afectados de las 107 viviendas con el recien creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria. También asiste una arrendataria de un local (los bajos de los edificios son propiedad aún de InmoCaixa). Mencionan casos similares en municipios de Madrid, como Pinto, o en populosos distritos como Ensanche de Vallecas y Vicalvaro, que también eran de la Fundacion La Caixa y que igualmente han pasado a manos de Mosaic.

Vecinos y sindicato identifican “una operación por lotes” en el cambio de propiedad de los bloques, que se ha repetido en Madrid. Por eso, el sindicato cántabro les cuenta que ha contactado al Sindicato de Inquilinas de Madrid y avanza que buscarán más casos en otras provincias. “Entiendo que esto tiene que ser una negociación colectiva”, dice Yolanda Ceballos, una de las integrantes del sindicato, mientras la gente asiente.

“Hay que unificar los casos a nivel nacional”, dice una vecina de pelo corto, que también ha contactado a la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento Santander para entender si ha jugado algún papel desde antes o después de aquella primera piedra.

El cambio de estrategia, en cuestión de veinte años, en inversiones inmobiliarias de la Obra Social de Fundación La Caixa es real. En 2005, a través de Criteria Caixa, la entidad destinó fondos para construir pisos de alquiler a precios asequibles, cuya gestión correspondería a InmoCaixa. Después, la fundación llegó a alquilar 4.000 viviendas de este tipo en todo el país, incluyendo las 107 de la calle Hermanos Calderón.

Así fue hasta que en 2021, InmoCaixa empezó a dejar de invertir en vivienda residencial, resultando Cataluña una de las comunidades autónomas donde más pisos —alrededor de 2.000— pasarían a manos de la Generalitat, porque tenía derecho preferencial y buscaba aumentar el parque residencial público. En los casos de Vicalvaro y Ensanche de Vallecas, el Sindicato de Inquilinas se ha movilizado para apoyar a los vecinos cuyos pisos alquilados están en promociones libres, es decir, en suelo privado, por lo que el Ayuntamiento no tiene derecho preferencial a compra para plantear promoción pública.

Fuentes de InmoCaixa describen un proceso “responsable y paulatino de desinversión de la vivienda residencial, priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”. La reorientación está implicando la venta de viviendas de protección oficial, “priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”, según van concluyendo los contratos de los programas de alquiler asequible. En el caso de los bloques de la calle Hermanos Calderón, el vencimiento de los contratos oscila entre 2027 y 2030.

Mientras, en Santander, distribuidos entre el parterre y las columnas de uno de los bloques de las 107 viviendas de alquiler, los vecinos escuchan atentos a la portavoz. Ella cuenta cómo, a partir de 2025, empezaron a recibir llamadas, visitas y a veces whatsapp. Recibían, y reciben cada vez más habitualmente, dos opciones: aceptar dinero para finalizar contrato de alquiler —entre 6.000 y 15.000 euros, en los casos consultados— o directamente comprar el piso a un precio que, salvo excepciones, no podían asumir. “A cada vecino le han ofrecido una cosa”, dice la mujer que ha ejercido de portavoz.

La reunión avanza y algunos vecinos se animan a contar sus casos a elDiario.es. Uno cuenta cómo la inmobiliaria Básico Living le ha contactado “para gestionar las incidencias” y otro enseña su móvil con una propuesta de “acompañamiento” para la compra de su piso. Otros también citan a la agencia “de mediación” Imass, para negociar una liquidación de contrato o un contrato de compra. Otro, más al fondo, cuenta que ofreció 145.000 para intentar comprar su piso, en el que lleva diez años. La respuesta, dice sonriente, fue que no, por teléfono.

Siempre de forma individual, en reiteradas ocasiones. Por ahora, dicen, “la presión es amable”. Un vecino dice que le han llamado cinco veces en un mes. “A mí, dos veces la semana pasada”, advierte otro. “Si nos ofrecen dinero, es porque no nos pueden echar”, afirma categórica otra.

Más vecinos enseñan mensajes de Whatsapp como prueba de que, en ningún caso, las ofertas por escrito de las empresas incluyen propuestas concretas de dinero. “De dinero solo nos hablan por llamada o en persona”, dice un vecino que lleva un perro a la reunión: “Me ofrecieron 8.000 por irme y les dije: 'vale, que yo me voy, pero he invertido en este piso, solo me iría por 53.000 euros'. Claro, no les interesa”. Cada caso, es singular. A la mujer que ejerce de portavoz le ofrecieron la compra del piso en febrero de 2025 por 155.200 euros más impuestos, pero no se lo puede permitir.

Desde el Sindicato de la Vivienda preguntan de nuevo si están dispuestos a una lucha colectiva. “Somos muchos aquí, aquí vamos a luchar por todos”, dice tajante la mujer que ha iniciado la reunión.

Los vecinos han hablado varias veces con varios partidos políticos en mayo, pero muchos se preguntan por el papel del Ayuntamiento (PP), que no se ha comunicado formalmente con el centenar de vecinos. Algunos se preguntan de quién es la propiedad del suelo de los bloques, otros sospechan de si tiene derecho de tanteo, y a otros les gustaría saber si el consistorio nunca se ofreció a comprar el lote de 107 viviendas.

Según fuentes consultadas, la propiedad del suelo en Santander era privada, los bloques eran promociones libres y por lo tanto el Ayuntamiento no podía ejercer derecho de tanteo.

Sin embargo, desde el Sindicato de Vivienda demandan la participación del Ayuntamiento: “En este conflicto, el Ayuntamiento debería intentar ser un agente activo; si no es responsable, mínimo debería de mediar porque está sucediendo en su ciudad y aparecieron en la entrega de las viviendas”, cuestiona un día después Yolanda Ceballos, del Sindicato: “Este movimiento social tiene que ser a nivel español porque si dependemos de las instituciones cántabras, se pueden quedar sin casa”.

El Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño propone al equipo de Gobierno de Conrado Escobar adquirir el cien por cien de tres parcelas indivisas que no han recibido ofertas al proceso de licitación, con el fin de destinarlas a la construcción de vivienda protegida y alquiler social a través del IRVI.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, recuerda que en el pleno del mes de mayo ya cuestionó la enajenación de la participación municipal de ocho parcelas para ingresar cerca de 12 millones de euros, especialmente la inclusión de tres solares en los que el Consistorio era prácticamente el único propietario, al considerar que suponía “la vuelta a modelos de especulación inmobiliaria del pasado”.

“El Ayuntamiento solo ha recibido una oferta para una de las parcelas, y no corresponde a ninguno de estos tres solares. Ya advertimos de que esta operación era un error y de que lo razonable era adquirir el porcentaje restante de estos terrenos para impulsar vivienda protegida y alquiler social. Ahora el alcalde tiene una oportunidad perfecta para rectificar”, ha afirmado Antoñanzas. 

En concreto, se trata de la parcela P8 de El Campillo, con un 97,60 por ciento de titularidad municipal y capacidad para unas 64 viviendas; del solar Palazzina 10, en La Guindalera, con un 97,67 por ciento de propiedad municipal y espacio para una docena de pisos; y del terreno E3 de Valdegastea, donde el Ayuntamiento posee el 88,67 por ciento y podrían levantarse cerca de 50 viviendas. En total, estos tres solares permitirían construir hasta 126 viviendas.

Antoñanzas ha reclamado al Gobierno local que complete la adquisición de las participaciones privadas restantes y ceda posteriormente estos terrenos al IRVI para desarrollar promociones públicas de vivienda.

Por último, el edil riojanista ha lamentado que “el fracaso que ha supuesto la política de vivienda del Gobierno de Conrado Escobar, que mantiene bloqueado el desarrollo de 7.400 viviendas en la ciudad, con 6.000 pendientes del desarrollo del sector sur, otras 1.200 vinculadas al soterramiento y estas 126 de las parcelas indivisas que el Ayuntamiento quería vender”.

La angustia pasea con distintas formas por los cuerpos de las 5.000 familias a las que Brookfield pretende echar de los pisos que ha comprado a Blackstone por 1.000 millones en Madrid para venderlos. Primero, sufrieron por dejar de vivir con alquileres sociales (de unos 500 euros la mayoría) cuando en 2013 el fondo los compró al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (1.850), a la Comunidad y a otros municipios como Alcorcón, Getafe o Torrejón de Ardoz. Luego, por las subidas brutales de los alquileres en cada nuevo contrato, al ritmo que marcaba el mercado, casi siempre con precios cercanos a los 1.000 euros. Ahora, se enfrentan a la amenaza de expulsión porque el nuevo propietario con el que no consiguen hablar quiere venderlos uno a uno. Centenares de ellos están organizados por el Sindicato de Inquilinas y se niegan a abandonar sus casas. 

La situación que atraviesa a las familias condensa todas las aristas de la crisis de vivienda: pérdida de vivienda pública para conseguir liquidez en pleno estallido de la burbuja, subida asfixiante del alquiler, pérdida del derecho a compra, cláusulas abusivas con el cobro de extras como la comunidad o el IBI, falta de mantenimiento e interlocución, lucro de fondos sin rostro como Blackstone, que ha conseguido el triple de lo que pagó en solo 13 años con inversiones escasas. Lo próximo será un masivo desahucio invisible, como se conocen las expulsiones que se ejecutan sin orden judicial, mediante fuertes subidas de precio o finalizaciones de contrato sin opción a renovación por decisión unilateral del dueño.

El silencio de Brookfield

Los fondos no tienen rostro no porque no se conozca a sus responsables —Bruce Flatt es el CEO de Brookfield desde hace 25 años y Alfredo Zamarriego su responsable en España—, sino porque nadie da la cara ante los medios o explica nada a los inquilinos sobre el cambio, aunque varios de ellos se concentraron ante la sede de Fidere (la socimi de Blackstone en España que se ha vendido a Brookfield con los pisos) el pasado 28 de abril pidiendo explicaciones. “Para hablar sobre los contratos, nos remiten a un asistente virtual”, relatan varios vecinos, que lamentan que la relación cada vez es menos humana y menos eficiente desde hace ya unos años. 

Rafa, uno de los vecinos del PAU de Carabanchel (Programa de Actuación Urbanística) más implicados en la movilización, resume así la incertidumbre ante la falta de respuestas: “Yo prefiero que me digan que me tengo que ir a que me tengan así. Conseguimos hablar con el vicepresidente de Brookfield tras la junta y nos dijo que no nos podía decir nada, que esto lo llevan desde Londres”, explica el vecino, implicado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid que ha liderado la lucha contra Blackstone y apunta ahora a Brookfield.

Desde Londres, Brookfield prometió a elDiario.es contestar a las preguntas planteadas a principios de la semana pasada. Cuestiones como si existía algún criterio ético que pudiera evitar esta operación o cómo y cuándo pretenden ir vaciando los pisos de inquilinos para poder venderlos, que es su objetivo, o qué pasará con los contratos que vencen estos días y que se han agarrado mediante burofax a la prórroga temporal aprobada por el Gobierno que después decayó en el Congreso. A final de semana, la respuesta es una no respuesta por parte del director de comunicación: “Declinamos hacer comentarios”. Fuentes del sector aseguran que respetarán los contratos vigentes y que después venderán una a una las viviendas, sin más . 

En Madrid, en cambio, no cuesta nada que una decena de vecinos den la cara y sus nombres para explicar los múltiples rostros de la angustia que les genera esta crisis, que se cuela en sus cuerpos como un gusano y hace tiempo que ha hecho saltar por los aires su concepto de hogar, muy lejos ya de ser ese lugar de seguridad y paz donde uno construye su plan de vida. 

En Cristina, Marta, Pili madre, Pili hija, Leyre, César, Rafa, Fanny, Olga, Estrella o Mari Carmen se acumulan algunas de estas miles de precariedades cocinadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ejecutadas por Blackstone y Brookfield. 

Subidas de alquiler y nuevas exigencias

A Cristina López, que vive sola y tiene 58 años, el contrato de alquiler le vence ya el mes que viene. Testa Homes, la gestora que gestiona los pisos que Blackstone acaba de vender a Brookfield y que será sustituida por Clikalia, le envió un correo en enero que le instaba a pagar 1.065 euros al mes si quería firmar un nuevo contrato, además de 107 euros al mes de comunidad que hace tiempo que la empresa no justifica. Son 200 más de los que paga ahora y casi el triple que cuando entró con el piso de alquiler social, en 2011, cuando abonaba 450 euros y que en 2019 pasaron a ser 600.

Pero la cosa no acaba en pagar un 250% más que cuando llegó. Pese a llevar en el piso 15 años, le piden ahora una nueva fianza adaptada al nuevo precio y un certificado de solvencia económica que demuestre que tan solo destinará el 37% de su sueldo al alquiler. Pero Cristina, que es técnico especialista en educación en un instituto, cobra 1.600 euros y no los 3.000 que le piden. 

“Eso son desahucios invisibles”, sentencia sin dudar Olga, otra vecina, aclarando que se ha repetido con otros residentes la petición de certificados de solvencia y nuevas exigencias económicas. Incapaz de cumplir los requisitos, Cristina se aferró a la solicitud de prórroga del alquiler enviando un burofax, pero no ha habido ni respuesta particular ni un posicionamiento de Brookfield sobre qué hará con las peticiones de prórroga. “Mi vida es una angustia, un caos, lo único bueno es que tengo contrato fijo, pero ¿adónde me iría con mi sueldo?”, se pregunta Cristina. 

Agarrarse a los pisos de Brookfield, antes de Blackstone, no es una cuestión sentimental. Incluso cuando están a precios equiparables al mercado, da miedo abandonarlos ante la imposibilidad de encontrar algo al mismo precio o de cumplir los requisitos necesarios para un nuevo alquiler. Son 5.000 familias que pueden quedar prácticamente expulsadas del mercado de la vivienda, posibles víctimas del hacinamiento en habitaciones (que también se da ya en algunos pisos de los bloques del Pau de Carabanchel). 

Cláusulas abusivas y derecho a compra

A sus 11 años, Leyre corrige a su abuela, Pili, cuando relata su historia particular. Se la sabe de sobras a su temprana edad. “Cuando sea mayor, seré abogada para que no te echen”, afirma con gracia. Vive con ella y con su madre, también Pili. Esta familia, con todo, se considera en parte privilegiada, ya que le renovaron contrato hasta 2032 a cambio de retirar la demanda contra Blackstone por negarles a ella y otras familias el derecho a compra de los pisos.

Es otra de las subtramas de este conflicto. En abril del año pasado, el Supremo falló en contra del derecho a compra que 40 inquilinos de los pisos de Blackstone habían reclamado recuperar tras la negativa del fondo, pero unos meses antes el mismo Supremo había reaccionado al revés, a favor del movimiento de inquilinos. El fondo usaba las renovaciones del alquiler para forzar a que otros inquilinos retiren las denuncias por este motivo: si no lo hacen, la renovación se complica. Otros inquilinos denunciaron también sin suerte al fondo por las cláusulas abusivas como el IBI, el seguro del piso o la comunidad. 

Mientras muchos se organizan para combatir al fondo y vislumbran un más que probable desahucio invisible cuando finalice contrato, la incertidumbre pesa entre quienes tienen un contrato a punto de expirar, aunque la prórroga extraordinaria les ha dado un respiro. Es el caso de Fanny, con cáncer de mama y 52 años, que recibió en marzo una carta de Testa Homes diciéndole que no renovará con las mismas condiciones (un alquiler que se disparaba a los 937 con las cláusulas). “Se me comía ya casi todo el sueldo”, dice esta enfermera en una residencia con un salario de 1.200 que está reducido desde que está de baja. 

Para saber cuáles eran las nuevas condiciones, Fanny tenía que pedir un borrador del nuevo contrato por el asistente virtual de Testa Homes, pero la web no funcionaba y por teléfono no le atendían. Así que, entretanto, se aferró al burofax de la prórroga extraordinaria en la que confía para quedarse al menos un par de años en el piso. “Aparte del cáncer, me estoy tratando por problemas de salud mental. Y a mi hijo le ha dado un bajón y no puede estudiar”, cuenta. 

Los vecinos coinciden en que la piscina que pusieron hace un año ha servido de excusa para encarecer los precios y cobrar más comunidad sin justificar el gasto. Pero como no hay propietarios, no existen las reuniones de vecinos y la empresa decide unilateralmente. Tampoco da cuentas de los gastos. El ascensor ha estado hasta un mes o más averiado y el teléfono de incidencias no es eficaz. “Y a mí, que vivo en un cuarto y tengo un problema en las piernas, me ha tocado estar un mes sin salir de casa”, cuenta un vecino. 

Es el mismo silencio impersonal que se encuentran ante el cambio de propietarios y el futuro cercano. Intuyen que se tienen que ir porque los medios informan que los pisos se venderán uno a uno. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de España han acudido a las peticiones de rescate. Pidieron expresamente a Casa 47 que comprara los pisos, pero el primer presupuesto de compra para vivienda vacía de fondos de inversión era 10 veces menor que el coste de los bloques, de 100 millones. Además, Casa 47 prioriza la vivienda vacía para dedicar al alquiler social. Si nadie actúa, será el mayor desahucio invisible de la historia y un nuevo oscuro episodio de la trágica historia reciente de la vivienda en nuestro país. Blackstone, entretanto, se habrá embolsado más de 1.500 millones desde la compra, entre la venta a Brookfield y los alquileres cobrados estos 13 años, a costa del sufrimiento de los vecinos.

Izquierda Unida ha reclamado este miércoles la declaración del municipio como zona tensionada y un refuerzo “decidido” de la vivienda pública en régimen de alquiler al alcalde, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), ante la “grave crisis” habitacional que atraviesa el municipio. Además, ha instado a penalizar fiscalmente a los grandes tenedores y a los contratos de temporada fraudulentos que encubren alquileres habituales, así como ejercer el derecho de tanteo y retracto en subastas o ventas de bloques completos para destinarlos a vivienda pública.

La formación ha denunciado que la principal respuesta del equipo de gobierno municipal se limita a permitir la transformación de locales comerciales en viviendas, una medida que IU considera “insuficiente y alejada” de soluciones estructurales para un problema que afecta de forma creciente a amplias capas de la población.

Según IU, la crisis de acceso a la vivienda en el municipio se refleja en datos “muy preocupantes”, con un precio de venta consolidado entre los 1.700 y 1.800 euros por metro cuadrado, un fuerte encarecimiento del alquiler y una oferta de vivienda para larga duración que se ha reducido a cifras “prácticamente testimoniales”, con menos de diez viviendas disponibles para alquiler estable, en los principales portales inmobiliarios.

“Dejar en manos privadas la solución de este auténtico problema social no puede hacer otra cosa que agravarlo. La máxima preocupación de Soberón son las fiestas y los actos para hacerse la foto”, ha cuestionado la coordinadora local de IU, Verónica C. Montero, quien ha subrayado que “si se compara el gasto en festejos por habitante con la inversión en vivienda, la primera gana por goleada”.

La coalición ha señalado que este déficit no responde a la falta de parque residencial, sino principalmente al trasvase de viviendas hacia el alquiler turístico y vacacional. A ello se suma, han añadido, el impacto de los elevados precios de la vivienda en Santander, que están expulsando a población trabajadora hacia otros municipios de la bahía, como Astillero o Camargo.

En este contexto, IU considera “especialmente preocupante” que la alternativa fundamental planteada por el equipo de gobierno sea legalizar la conversión de antiguos locales comerciales en viviendas de pequeño tamaño, en algunos casos de apenas 50 metros cuadrados, y advierten de que en los servicios técnicos municipales se acumulan ya numerosas solicitudes para este tipo de transformaciones.

Un antiguo supermercado como vivienda

Como ejemplo, IU ha citado lo que está ocurriendo en los números 2, 4 y 6 de la calle Doctor Madrazo, donde se está habilitando el local de un antiguo supermercado para su reconversión en viviendas. En este caso, afirman que las obras se están realizando con maquinaria pesada, “lo que ha generado miedo y malestar entre los vecinos tras haberse producido desperfectos relevantes en el propio edificio”.

Además, la coordinadora local ha instado al alcalde a apostar por la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, recordando que existen terrenos disponibles para este fin en zonas como Las Cacharras o Marqués de la Ensenada, además de edificios que, tras su rehabilitación, podrían ponerse al servicio del vecindario, como San Camilo o Ballestas.

La construcción de 640 viviendas de alquiler social en los barrios zaragozanos de Miralbueno y Rosales del Canal está más cerca. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto la primera piedra para unas promociones que tendrán según el Ejecutivo autonómico un precio máximo de alquiler de 586 euros, mientras que sus inquilinos podrán recibir ayudas autonómicas para que su renta no supere el 30% de sus ingresos.

Los edificios se levantarán en terrenos que el Ayuntamiento ha cedido al Gobierno autonómico: 305 en la confluencia entre las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz, en Miralbueno; 143 en la calle Hipólito Lor, también en este barrio, y 192 entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss, en Rosales del Canal.

El 80% de los beneficiarios de estas promociones serán jóvenes de entre 18 y 39 años, y no pagarán más del 30% de su sueldo de alquiler, ya que el Gobierno de Aragón establecerá ayudas en función de los ingresos, que oscilarán entre el 20 y el 40% del precio.

Estas ayudas se aplicarán según la tipología de la vivienda, fijando una renta mensual de entre 235 a 313 euros al mes en pisos de una habitación, de 352 a 470 euros en los de dos habitaciones y de 440 a 586 euros en los de tres, un precio “muy inferior” al de mercado actual en la ciudad de Zaragoza, ha asegurado Azcón.

A todo ello ha sumado la directriz aprobada por el Ejecutivo autonómico en febrero de 2024, que permite que suelos inicialmente pensados para equipamientos públicos, pero que llevan décadas sin ejecutarse, se puedan destinar a “las necesidades reales” actuales, que pasan por la vivienda.

Impulso de vivienda pública

Todo ello es lo que ha llevado a impulsar un total de 3.081 viviendas públicas en Aragón en menos de dos años, según ha afirmado el presidente: “Nunca en tan poco tiempo se habían impulsado tantas viviendas públicas”, ha dicho, recordando que, a su llegada al Pignatelli, no es que no encontraran “ni un solo proyecto”, es que no había “ni un solo papel”. El objetivo, además, es poner en marcha otras 4.000 en esta legislatura.

Azcón ha participado en el acto junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y directivos de las empresas Urbania –adjudicataria de la concesión demanial para su gestión por 75 años–, Grupo Lobe y Sogeviso, encargadas de la construcción de estas futuras viviendas públicas de alquiler.

El presidente aragonés ha iniciado su intervención hablando de “proyecto histórico” a nivel local y regional: “Los que tenemos memoria sabemos que poner en marcha un proyecto de vivienda asequible de 640 viviendas es histórico, porque hay que remontarse a muchos años, a muchas décadas, para que un proyecto público impulsado por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Zaragoza se pusiera en funcionamiento”.

“En tiempo récord”

Un proyecto, ha continuado, que está relacionado con que la vivienda es ahora “prioridad” para ambas instituciones y con que aplican “fórmulas de gestión que funcionan”, además de la cooperación entre administraciones.

En las tres capitales provinciales, se ha optado por la fórmula de la concesión demanial, por la que suelos públicos se ponen a disposición de empresas para construir viviendas “en tiempo récord” y con un ahorro que ha estimado en el 25% de los costes. Ello permite, asimismo, que los suelos y los inmuebles reviertan en la Administración pasados 75 años.

“La fórmula que estamos aplicando en nuestra comunidad autónoma conjuga la viabilidad técnica de los proyectos, la viabilidad mercantil de los proyectos, con que haya un precio asequible en el que los jóvenes puedan adquirir esas viviendas”, ha destacado.

Por último, el presidente autonómico ha recordado que, cuando él y la alcaldesa de Zaragoza firmaron en febrero de 2024 un documento para impulsar la política de vivienda en la ciudad, muchos les dijeron “no lo conseguiréis”, pero “hoy miramos atrás y vemos que lo que prometimos lo estamos cumpliendo”.

Ello ha propiciado que un primer lote, de 608 viviendas en el Actur y Valdespartera, esté finalizado en los primeros meses de 2027, y este segundo lo esté en el primer semestre del año siguiente.

“Calidades incluso superiores”

El directivo de la empresa Urbania Jeffrey Sújar ha ofrecido detalles técnicos sobre estas viviendas, que han recibido financiación de capital internacional porque el proyecto “demuestra que el sector público y el sector privado pueden colaborar, pueden colaborar de verdad, y cuando lo hacen el resultado genera impacto positivo para el ciudadano”. Ha dejado claro especialmente que estas viviendas no son “peores” ni “más baratas” y que tienen “las mismas calidades o incluso superiores a las viviendas libres”. De hecho, ha estimado su precio en el mercado libre en torno a los 500.000 o 600.000 euros.

Según Sújar, estarán construidas “bajo algunos de los estándares más exigentes”, como el método 'Passive House', que permitirá tener un mejor nivel de aislamiento térmico y acústico, y una certificación internacional en materia de eficiencia energética, que permitirá reducir el gasto energético en calefacción y refrigeración entre el 75 y el 80%, manteniendo siempre una temperatura constante de entre 20 y 25 grados y sin corrientes de aire. Del mismo modo, su sistema de ventilación mecánica continuo, con filtros de alta eficiencia que elimina humedad, ayudará a tener una experiencia de vida que “va a ser de las más elevadas”.