En el municipio de Cuenca existe un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población residente en condiciones que la hagan asequible. Así lo asegura el informe de apoyo para la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

Publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cuenca, esta es una de las conclusiones que determina el estudio previo para realizar dicha declaración, para lo cual es necesario cumplir uno de los dos criterios de la Ley por el Derecho a la Vivienda en su artículo 18.

En este sentido, el artículo determina que podrán ser declaradas como tales aquellas áreas en las que concurra al menos una de las siguientes condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Asimismo, también es una condición que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente.

En cuanto al criterio uno sobre el esfuerzo económico para comprar o alquilar una vivienda en relación a la renta de los hogares, se comprueba que, aunque no se supera el 30 % requerido, la presión es “muy alta, con bastantes secciones igual o superior al 20 %”.

Asimismo, el informe ha determinado que más del 50 % de las secciones censales cumplen los requisitos contemplados en el segundo criterio y estos datos permiten considerar la “posible idoneidad” de extender la declaración de zona tensionada a todo el municipio.

Las secciones periféricas soportan una mayor inflación

Las secciones periféricas son, en su mayoría, las que han soportado una mayor inflación en los precios de compra, según ha señalado el informe, que ha destacado que son las zonas que “mejor estado de conservación de la vivienda presentan -probablemente por el año de construcción-, así como en las que se han ofertado obras de nueva construcción”.

Por su parte, el Casco Antiguo, barrio de Princesa Zaida (por la mayoría de pisos para estudiantes), zonas del centro de la ciudad (calle Colón y alrededores) y el distrito de Buenavista-Fuensanta son las más afectadas por el incremento del valor del alquiler superiores al 3 % respecto al IPC autonómico en los últimos cinco años.

En este caso, al contrario de lo que ocurre con los precios de la vivienda, son las secciones del centro y la zona universitaria las más tensionadas.

Además, el estudio de mercado ha determinado el déficit detectado en la oferta de alquiler, en especial en las secciones periféricas.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

Movimiento Sumar Toledo ha pedido al Ayuntamiento que las nuevas promociones de vivienda impulsadas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) se destinen prioritariamente al alquiler asequible y no a la venta.

La formación ha reaccionado así tras los dos anuncios realizados la semana pasada por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, en los que planteaba la creación de nuevas viviendas en el edificio municipal del Paseo de San Cristóbal que albergaba las antiguas instalaciones de Radio Nacional, sin concretar más detalles, y una nueva promoción de 13 viviendas protegidas prevista en la avenida de Santa Bárbara que se destinará a la venta, aunque todavía no se ha aclarado en qué régimen de protección.

Desde Movimiento Sumar consideran que la prioridad de la promoción pública debe ser el alquiler asequible. “Si se construye vivienda con dinero público debe servir para garantizar alquiler asequible, no para venderla y perder ese patrimonio público”, ha señalado el portavoz de la formación en Toledo, José Luis Resuela. Una modalidad que, según la formación política, tiene una “fuerte demanda” en la ciudad.

“La reciente adjudicación de cinco viviendas en alquiler en el Corral de Don Diego recibió cerca de 200 solicitudes, mientras que más de 700 personas se han dirigido a la EMV como demandantes de vivienda”, aseguran en el comunicado. Además, desde Movimiento Sumar consideran esta modalidad como “más adecuada” para la situación actual del mercado inmobiliario.

Más alquileres turísticos que residenciales

La formación también advierte de que la presión del turismo está reduciendo la oferta de vivienda residencial en la ciudad, asegurando que existe cinco veces más oferta de viviendas turísticas que de alquiler residencial, una situación que, a su juicio, dificulta aún más el acceso a la vivienda.

“Mientras el Ayuntamiento habla de que el futuro Plan de Ordenación Municipal debe facilitar que quienes trabajan en Toledo puedan vivir en Toledo, sus políticas están contribuyendo a expulsar población hacia los municipios del entorno en busca de vivienda asequible”, ha señalado Resuela.

Desde Movimiento Sumar critican además las declaraciones del alcalde defendiendo la conversión de viviendas en apartamentos turísticos como incentivo para la rehabilitación. A su juicio, esta posición demuestra “escasa sensibilidad con quienes no encuentran vivienda asequible para alquilar”, ya que el cambio de uso turístico de viviendas y edificios completos en el Casco Histórico está reduciendo la oferta residencial.

Por ello, la formación plantea que las administraciones públicas orienten las políticas de rehabilitación hacia el uso residencial permanente, mediante ayudas públicas, incentivos fiscales municipales y apoyo técnico a los propietarios que quieran rehabilitar sus viviendas para destinarlas al alquiler residencial. Asimismo, consideran necesario paralizar la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas y de conversión de edificios completos en apartamentos turísticos, una tendencia que, advierten, amenaza con despoblar y desnaturalizar el Casco Histórico de Toledo.

Han pasado más de cuatro meses desde que los vecinos de María Guerrero número 1 lograron un leve respiro. El 12 de noviembre, a las 10.24 horas, los agentes desplegados en Carabanchel Bajo desde primera hora retiraron el cordón policial que impedía el acceso al edificio. Estaba previsto que esa mañana desalojaran a familias e inquilinos de hasta seis viviendas, casi la mitad del bloque. Pero las tornas cambiaron con un aviso de última hora: el desahucio se frenaba hasta renegociar condiciones con Sareb, el llamado “banco malo” y actual propietario del inmueble. La noticia se celebró con júbilo entre las decenas de personas que acudieron allí como protesta. Pronto, la realidad se impuso: aquella no era una victoria, sino el inicio de una prórroga.

Escasos días antes, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) remitió al Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid un escrito para suspender el “lanzamiento”, que en la jerga judicial se refiere a la fase final de un desahucio, en la que se toma un inmueble que el inquilino no había abandonado voluntariamente. Cuando la comitiva enviada accedió al edificio y, media hora después, se anunció la tregua con el banco malo todo fueron gritos de alegría o suspiros de alivio. Pero el contador hasta la siguiente vuelta ya estaba en marcha, y ahora Sareb vuelve presionar con el dictamen de sus nuevos estudios de vulnerabilidad.

Fuentes de la entidad indicaron a finales de enero que en cuatro de los seis pisos pendientes del desalojo no se habían superado los filtros exigidos. Dos de ellos, afirman, porque “no habían colaborado” en proceso y otros dos por superar el umbral de ingresos, que ronda los 40.000 euros anuales por unidad familiar, cosa que los sindicatos implicados niegan tajantemente. No obstante, desde Sareb insisten en que sus inquilinos serán desalojados próximamente, mientras que sí permanecerán los apartamentos restantes y podrán renovar sus contratos al considerarles un perfil vulnerable.

“Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan desde la nada”, destaca Diego Sanz, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca 'PAH Vallekas'. Se refiere a que los pisos que adquiere Sareb y que, en consecuencia, pasarán a Casa 47, cuando estos se han absorbido después de comprar la deuda que deja una empresa privada en quiebra o números rojos, como ha ocurrido con Inversiones Winner S.L. en el caso de María Guerrero. “Quien ha quebrado ahí es la empresa, no sus inquilinos. Pero ellos sufren igualmente ese efecto dominó cuando ponen su casa a la venta y entra en escena Sareb”, resume.

Según la entidad bancaria, hasta ahora han intentado contactar con los inquilinos acudiendo físicamente al domicilio y por comunicaciones mediante burofax, aunque desde el entorno de los vecinos desmienten que las visitas de Sareb hayan llegado a producirse. Sin embargo, el destino inminente de sus habitantes ya parece sellado. Un año antes, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel –que ha representado al bloque en las negociaciones con Sareb, a excepción de uno de los 15 pisos que lo componen– logró paralizar el primer intento de desalojo y abrir negociaciones con la propiedad. Con la crisis inmobiliaria de 2008 la promotora del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra al poco de construirlo y Sareb adquirió la deuda millonaria que dejaron a su paso, y que había acabado en un concurso de acreedores.

Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan de la nada

Diego Sanz — Portavoz de la 'Pah Vallekas'

Fue ahí cuando comenzó el tiempo de descuento, pues según los representantes sindicales la antigua compañía ni siquiera había registrado el edificio en el catastro, por lo que algunos inquilinos tuvieron problemas a la hora de empadronarse. La sociedad limitada siguió firmando cobros vinculados a los pisos, como los de la factura de la luz, hasta que en mayo del año pasado el banco comenzó a rechazar los pagos y las personas que alquilaban los apartamentos descubrieron toda la maniobra, que afirmaban no conocer hasta ese momento.

Una carta de desahucio con un remitente que no esperaban

Entonces, los vecinos recibieron una carta de desahucio en la que no aparecía el nombre de su arrendador habitual, Inversiones Winner: en su lugar, el escrito lo firmaba la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, originada en 2012 para dar salida a activos tóxicos de la banca y propietaria del bloque desde que adquirió su deuda en 2023. El mandato por el que se creó esta entidad también contemplaba su disolución en 2027, dentro de un año, una vez cumplido su fin como herramienta de liquidación temporal. En ese tiempo, deberá transferir más de 40.000 inmuebles a la futura empresa estatal, Casa 47, con idea de que estos pasen a disposición pública en forma de alquileres sociales o asequibles.

El Gobierno central planea que estos activos, cuyo valor de mercado estiman en casi 6.000 millones de euros, alberguen en total unas 55.000 casas en total. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una figura con capacidad de promover y construir vivienda a precio asequible para venta o alquiler. Pero para ello, antes tendrá que absorber los pisos del banco malo. La persona a caballo entre los dos mundos, el banco de activos tóxicos y la futura empresa estatal de vivienda, sostiene que el modelo de alquiler social “es sostenible desde el punto de vista económico”.

En términos generales, los programas de alquiler social necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios

Pau Pérez de Acha — Director de Vivienda Social y Asequible de Sareb

Pau Pérez de Acha, director de Vivienda Social y Asequible de Sareb y uno de los brazos que trabaja en la cesión de inmuebles a Casa 47, detalla a Somos Madrid que aún así el derecho a estos alquileres ha de ser extensible a “cualquier familia que resida en una vivienda de Sareb”. Si se cumplen los requisitos, ni siquiera cabe la negociación. Este modelo está destinado a los hogares más vulnerables, con ingresos que no superan (como regla general) cuatro veces el IPREM, que son en torno a 40.000 euros brutos anuales por unidad familiar. Las rentas son reducidas —habitualmente entre 100 y 200 euros mensuales— y requieren de fondos públicos porque son deficitarias.

“Hay que tener en cuenta que estas viviendas antes solo generaban gastos [en concepto de IBI, gastos de comunidad, etc.] y, con el pago del alquiler, empiezan a prestar ingresos que ayudan a financiar su manteniento”, insiste. Sin embargo reconoce que, en términos generales, este tipo de programas “necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios”. Un escalón por encima se sitúa el alquiler asequible, dirigido a clases medias con ingresos de entre cinco y siete u ocho veces el IPREM y precios aproximadamente un 20% más baratos. Estas fórmulas tratan de asegurar que el coste del alquiler libre (que fluctúa solo por lo privado) no impida a determinados grupos sociales acceder a una vivienda.

Sin embargo, el encarecimiento del mercado y el estancamiento de los sueldos hacen que incluso los asalariados habituales tengan problemas para encontrar piso. La situación se tensiona especialmente en grandes urbes como Madrid o Barcelona. En la ciudad condal, el precio medio del alquiler alcanzó los 876,83 euros, según datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para el último trimestre de 2025. La capital registró una subida interanual de casi el 10% en base a la información que maneja el portal inmobiliario Idealista, que fijó el metro cuadrado en 22,7 euros al mes.

En adelante, el objetivo del Estado es que las viviendas sociales o destinadas al alquiler asequible que trasnfiera Sareb se cedan por fases, con idea de que su cometido fundacional de liquidación se acerque más a una función de utilidad social. Los sindicatos y plataformas de afectados por la hipoteca ponen en duda que eso ocurra, mientras los vecinos en la calle María Guerrero de Carabanchel aguardan al último capítulo de una historia que se alarga.

Las reacciones al borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid han llevado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a modificar el proyecto. El Ejecutivo rebajará a cinco años el empadronamiento necesario en la región para solicitar alquileres en una vivienda protegida, según ha avanzado este jueves en el Pleno de la Asamblea el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Fuentes de la Consejería de Vivienda explican además, según recoge Europa Press, que el Gobierno regional mantendrá el requisito general de diez años de empadronamiento previsto para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, aunque habrá excepciones. No se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o efectuado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda. Se trata del grupo de perjudicados en una situación más delicada, debido a que habían desembolsado miles de euros sin saber con exactitud cuando les serían devueltos en caso de verse damnificados por la iniciativa.

Rodrigo ha avanzado que el objetivo es aprobar el nuevo reglamento en julio, pese a estos nuevos ajustes. “Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, ha detallado el consejero, quien ha afirmado que están admitiendo todavía enmiendas. Así, ha destacado que mientras en la Comunidad defienden “el arraigo” de todos los madrileños y que tengan la oportunidad de tener una vivienda pública, lo que el PSOE hace es comprometerse “a regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños”.

Estas declaraciones confirman la teoría de muchos de los afectados, que lamentaban una medida autonómica improvisada y tomada en represalia a dicha regularización aunque ello suponga “ir contra una Comunidad de Madrid que siempre se ha caracterizado por su acogida”. Más de 350 adjudicatarios de Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB) de régimen cooperativista en desarrollos urbanos como Los Cerros, El Cañaveral o Los Berrocales se han organizado a través de chats de Telegram para estudiar acciones contra el reglamento actualizado. “Tendríamos que encontrar a tantas personas como salgan para sustituirnos. Hay mucha demanda, pero sería una crisis muy grande para los gestores de estas cooperativas. Creemos que no va a salir adelante la nueva ley, pero si ocurre nos tendremos que ir”, explicaba Adrián, uno de los cooperativistas.

La Comunidad de Madrid habla de “seguridad jurídica” frente a la incetidumbre de los damnificados

Los afectados reprochaban un endurecimiento tan severo de los requisitos en viviendas cuya titularidad ni siquiera es pública, ya que la Comunidad de Madrid solo limita el precio máximo del metro cuadrado. “Vivimos de alquiler y necesito ya una casa. Esta VPPL me cuesta 380.000 euros a través de una cooperativa y es lo único a lo que puedo acceder, no sin sacrificios. Puse 60.000 euros y ahora estamos viendo cómo nos echan”, lamentaba en declaraciones a Somos Madrid otra afectada, Elena.

Con estas modificaciones, la Comunidad de Madrid defiende por contra su intención de reforzar “la seguridad jurídica, proteger a quienes ya habían adquirido compromisos previos y adaptar la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida”. Apostillan que en los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia.

En el Pleno, Rodrigo ha indicado que se va a definir un marco regulatorio de la vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid, adaptándose “a la realidad actual” para impulsar la construcción, facilitar su gestión y al mismo tiempo para aumentar la oferta publica de vivienda disponible. Una de las principales novedades, dice, es ahondar en la simplificación de los trámites administrativos incorporando la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y otros trámites como el visado de contratos de títulos de acceso a las viviendas.

“Vaig veure el render i vaig al·lucinar. Ni en somnis esperava que fos així”. Aquestes paraules, pronunciades per l'investigador cinematogràfic José Antonio Sarrià, condensen el clima d'expectació que ha generat la futura transformació d'un antic cinema, el Fantasio, que durant dècades va marcar milers d'espectadors a la localitat mallorquina de Sóller. L'emblemàtic edifici serà rehabilitat per albergar 11 habitatges de protecció oficial i un espai museístic dedicat a preservar la memòria cinematogràfica local, un projecte en què especialistes i ciutadania veuen una oportunitat de recuperar part de la seva identitat cultural i, alhora, intentar donar resposta a una de les necessitats socials més urgents d'aquest municipi enclavat en plena Serra de Tramuntana: l'accés a un habitatge.

La intervenció, impulsada per l'Institut Balear d'Habitatge (Ibavi) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sóller, pretén recuperar un immoble carregat d'història, conservant-ne la façana, els elements originals i símbols tan reconeixibles com el ròtul lluminós. “Jo vaig flipar quan em van dir que conservarien el neó. Va ser el primer rètol lluminós que hi va haver a un poble fora de Palma”, confessa Sarrià, editor de la revista Sóller Grindhouse, que, amb un disseny inspirat en l'estètica fanzinera dels vuitanta i noranta, ret homenatge als temples del cel·luloide que antany van atreure diverses generacions i van encendre la passió cinèfila de molts joves de la Vall de Sóller, el Fantasio i l'Alcàzar, erigits durant anys en espais clau en la vida cultural i social del municipi. La futura zona expositiva servirà per a rescatar la memòria d'aquells espais.

Per fer-ho, tal com explica Sarrià, el Govern ha demanat la col·laboració de diversos especialistes, entre els quals ell s'inclou, amb l'objectiu d'assessorar en la recreació estètica del Fantasio i actuar com a “catalitzadors” entre els col·leccionistes privats que conserven peces dels antics cinemes, com les marquesines de fusta en les quals setmanalment s'anunciaven les pel·lícules, el característic entapissat vermell dels seients o fins i tot la restauració de l'antic projector, que ja compta amb una partida pressupostària assignada. L'editor de Sóller Grindhouse destaca especialment la sensibilitat patrimonial del projecte i recorda que l'Ibavi ja va actuar de manera similar a Palma amb el cinema Doré, conservant-ne la façana i reconvertint-lo en pisos protegits. En el cas del Fantasio, però, la proposta va molt més enllà.

Sarrià subratlla que el deteriorament del Fantasio és major que el de l'Alcàzar, ja que va tancar una dècada abans –el 1984– i va patir espoliacions durant anys. “Es colava molta gent i s'enduia coses”, lamenta. Tot i així, confia que els elements conservats, la documentació gràfica existent i la implicació d'antics aficionats i col·leccionistes ajudin a construir un espai museístic coherent. “No són molts metres, però si es coordina bé pot quedar molt digne”, subratlla.

El cinema Fantasio va arrencar als anys trenta. L'edifici, construït en ple auge del cinematógraf arran de la seva arribada a l'illa, va ser dissenyat per l'arquitecte Guillem Forteza Pinya, destacat per la seva aportació al regionalisme i al racionalisme arquitectònic a Mallorca. Amb capacitat per a uns 715 espectadors, aviat es va convertir en un dels principals espais culturals del municipi. No obstant això, per comprendre la importància del Fantasio a la vida de Sóller és necessari retrocedir diverses dècades: des del 1840 la localitat va viure una profunda transformació econòmica i social.

Tal com documenta Plàcid Pérez, doctor en Història Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de Sóller (Mallorca): Evolució econòmica i social entre 1840 i 1936, l'auge del comerç de cítrics amb França, la industrialització tèxtil -especialment a la fi del segle XIX, amb l'arribada de les fàbriques mecanitzades- i l'emigració van generar una burgesia dinàmica i una classe treballadora organitzada que van dotar la vila d'un teixit associatiu inusitadament actiu per a la Mallorca de l' època. Societats recreatives, cooperatives agrícoles, mutualitats i entitats culturals van proliferar en un municipi que, malgrat el seu aïllament geogràfic, mantenia una intensa connexió exterior i una marcada consciència cívica.

L'edifici, dissenyat per l'arquitecte Guillem Forteza Pinya, es va construir als anys trenta

Un oasi de llibertat intel·lectual

Es tracta d'un dinamisme que va conduir a l'impuls d'una de les iniciatives culturals més singulars de la Mallorca dels anys vint: el Foment de Cultura de la Dona, impulsat el 1926 per la pedagoga i escriptora Maria Mayol. En plena dictadura de Primo de Rivera, l'entitat va néixer, de la mà de l'Associació per la Cultura de Mallorca, amb l'objectiu explícit de fomentar la formació cultural de les dones. Un petit oasi de llibertat intel·lectual en una societat encara profundament conservadora.

“Jo voldria que les dones, en fer l'entrada a la vida pública a la vida pública, sabéssim desfer la barricada [...]. Jo voldria que les dones que saben inspirar la pau dins la família, sabessin inspirar-la al carrer”, afirmava Mayol. Inspirat en el model de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de Barcelona, el Foment es va articular al voltant d'una biblioteca circulant, cursos formatius, conferències i activitats culturals dirigides principalment a dones, encara que, davant la creixent demanda, la biblioteca acabaria obrint-se també als homes.

L'edifici va acollir el Foment de Cultura de la Dona, impulsat en plena dictadura de Primo de Rivera per la pedagoga i escriptora Maria Mayol per fomentar la formació cultural de les dones: 'Jo voldria que les dones, en entrar a la vida pública, sabéssim desfer la barricada'

En el seu primer any de funcionament ja comptava amb més de 1.500 volums i una intensa programació cultural que incloía concerts, cicles formatius i exposicions, tal com expliquen, per la seva banda, l'artista Neus Marroig Colom i la historiadora Antònia M. Miró Crespí a la seva investigació El lloc és la memòria (espais ludicoculturals, cinemes a Sóller), la publicació de la qual busca rescatar i preservar el record d'espais avui desapareguts, de manera “lenta i oculta”, en un procés d'“esborrat de la memòria col·lectiva”. Una “destrucció planificada i sistemàtica del teixit històric” que, incideixen, ha passat a ser substituït per nous productes urbans i, en altres, “deixat caure a les runes”.

Com assenyalen en el seu estudi, l'ambició del projecte entorn del Foment va portar Mayol a promoure la construcció d'un local propi que s'ubicaria en el mateix solar que anys després ocuparia el Fantasio, resultat d'una ambiciosa operació financera impulsada per l'activista sollerica que va incloure l'émissió d'obligacions per poder costejar la compra del terreny i l'edificació de l'immoble. No obstant això, com subratllen Marroig i Miró, la iniciativa no va obtenir el suport econòmic esperat i la subscripció va resultar insuficient, la qual cosa va obligar Mayol a respondre personalment amb el seu propi patrimoni per fer front als deutes.

Del somni pedagògic al declivi

La pressió financera va acabar resultant insostenible per a l'entitat: el manteniment de l'edifici i la fragilitat dels ingressos van impedir que el projecte pogués seguir endavant, a la qual cosa es va sumar un clima polític cada vegada més advers: la creixent implicació de Mayol en posicions republicanes i progressistes va despertar recels en els sectors més conservadors de Sóller, que van impulsar una campanya de descrèdit contra ella. “L'animadversió que va despertar l'actitud vitalista i progressista de Maria Mayol entre els seus conciutadans de Sóller va traspassar els límits del possible 'escàndol moral'”, documenta, per la seva banda, Isabel Graña, autora de Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona“, el treball més exhaustiu sobre la figura que va desbordar les convencions de la seva època: Mayol va ser acusada d'haver utilitzat la seva posició de presidenta del Foment de Cultura de la Dona en benefici personal per guanyar les oposicions de professora municipal de francès, la qual cosa va deteriorar la seva imatge en un entorn cada vegada més hostil.

El 1934 va dimitir com a presidenta –va acabar traslladant-se a Vilanova i la Geltrú, on va exercir de catedràtica de francès, tornant puntualment a Mallorca per participar en la campanya de 1936 a favor del Front Popular–, la qual cosa va provocar la dimissió en cadena de les seves col·laboradores més properes, Francisca Rotger i Antònia Rullan, i va precipitar la posada a la venda de l'immoble. Poc després, l'edifici iniciaria una nova etapa sota una altra denominació i una altra funció: es convertiria en el cinema Fantasio, obrint un capítol diferent, però igualment determinant, en la vida social i cultural de Sóller.

L'animadversió que va despertar l'actitud vitalista i progressista de Maria Mayol entre els seus conciutadans de Sóller va traspassar els límits del possible 'escàndol moral'

Isabel Graña — Autora de 'Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona'

La presència del cinema a la localitat, no obstant això, va tenir arrels més tempranes: a finals del segle XIX, quan encara no existien sales estables, ja es documenten projeccions ambulants amb estereoscopis i llanternes màgiques en cafès i places de Sóller, mentre que la primera funció cinematogràfica tindria lloc el 1897, al teatre de la Defensora Sollerense, tal com va informar el diari La Almudaina“ en la seva edició del 13 d'octubre d'aquell any –”per mitjà d'aquest meravellós invent segle es presenten multitud d'escenes plenes de vida i moviment“– i documentaria posteriorment l'historiador Cristòfol-Miquel Sbert, autor, entre altres obres, d'El cinema a les Balears (segles XIX i XX). Aquelles sessions pioneres van marcar l'inici d'una tradició audiovisual que, dècades més tard, cristal·litzaria en l'obertura de sales permanents com el Fantasio, consolidant l'hàbit del cinema com a experiència col·lectiva en la vida social de la Vall.

Durant les dècades següents, el Fantasio va conviure amb altres locals i amb fenòmens com el cineclub pioner fundat el 1954, que, segons recull Sbert, projectava pel·lícules poc comercials emmarcades en moviments com la Nouvelle Vague francesa o el neorealisme italià, i generava debats culturals a la Vall. El 1951 es va habilitar l'anomenat Pati Fantasio, un espai a l'aire lliure destinat a projeccions estivals i espectacles populars, fórmula habitual en la postguerra mallorquina per aprofitar els mesos d'estiu. El 1953, l'interior va ser reformat per l'arquitecte Antoni Coll Sancho i, el 1957, va incorporar il·luminació de neó a la façana, reforçant així la seva innovadora imatge dins del paisatge urbà de la Part Forana.

La polèmica de la “pel·lícula pornogràfica”

Durant les dècades de 1960 i 1970, el Fantasio va adaptar la seva programació als canvis del mercat exhibidor, amb la projecció de westerns, pel·lícules bèliques i melodrames, i, ja en la Transició, pel·lícules classificades 'S', fenòmen comú en les sales tradicionals que buscaven mantenir la viabilitat econòmica davant la competència televisiva. El Setmanari Sóller del 14 de juny de 1980 recollia fins i tot, en la seva secció 'Taronges i llimones', el rebombori sorgit entorn dels cartells exhibits al Fantasio. El text desmentia el rumor que apuntava que l'aleshores regidora Aina Colom hagués pujat a la cabina per “parar la proyecció d'una pel·lícula pornogràfica” i aclarava que la seva presència es va produir a petició del fill de l'empresari, “el Sr. Salas”, per examinar els cartells col·locats a l'exterior del cinema. Segons aquesta versió, el propi empresari hauria manifestat que, si l'Ajuntament considerava inadequada l'exhibició pública d'aquelles imatges, es retirarien sense inconvenient. El Fantasio es va veure així embolicat en un debat públic que s'estenia a la resta del país entre la nova permissivitat cultural de l'Espanya postfranquista i la sensibilitat de part de la societat local.

La nova vida del Fantasio

El Fantasio va funcionar amb regularitat fins a principis dels anys vuitanta, quan la crisi del model d'exhibició tradicional va acabar passant-li factura. La competència de la televisió, els canvis en els hàbits d'oci i la progressiva pèrdua de públic van reduir la seva rendibilitat i la sala es va veure abocada a tancar el 1984, amb l'última projecció d' El Padrí, de Francis Ford Coppola, posant fi a mig segle d'activitat cinematogràfica en el cor de Sóller. Des d'aleshores, l'edifici va romandre tancat i sense ús, sotmès al deteriorament progressiu i a episodis d'espoliacions que van agreujar el seu estat de conservació. Al llarg de les dècades següents es van succeir propostes per reconvertir-lo en auditori, escola de música o centre cultural, però cap va arribar a materialitzar-se, ja sigui per falta de finançament o per canvis a les prioritats polítiques municipals.

Com subratllen Marroig i Miró en el seu estudi, els cinemes en aquest enclavament de la Serra de Tramuntana van formar part d'“una història social recordada avui ”per gran part dels ciutadans de la Vall que van viure l'evolució del cinema com una finestra cap al món, a més d'un espai lúdic on poder relacionar-se“. ”Tant grans com joves i nens van gaudir dels cinemes sollerics fins a mitjans dels anys noranta“, data en la qual, recorden, va abaixar la persiana l'últim cinema actiu del moment, l'Alcàzar. ”Les històries de vida són pràcticament el que queda d'aquests espais“, reflexionen.

L'antic Fantasio es va convertir així en una peça més del paisatge urbà en decadència, símbol tant de la memòria col·lectiva com de la dificultat per sostenir els equipaments culturals tradicionals en un nou context econòmic i audiovisual. Aquella situació va fer un gir quan el Govern balear, a través de l'Ibavi, va incorporar l'immoble al seu programa de promoció pública d'habitatge. El projecte preveu la rehabilitació integral de l'edifici per albergar 11 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer -un d'ells adaptat a persones amb discapacitat- i un espai expositiu municipal dedicat a preservar la memòria cinematogràfica de Sóller, combinant així funció social i recuperació patrimonial en un mateix espai.

El projecte preveu la rehabilitació integral de l'edifici per albergar 11 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i un espai expositiu municipal dedicat a preservar la memòria cinematogràfica de Sóller, combinant així funció social i recuperació patrimonial

Lluny de demolir l'immoble per construir un bloc modern, l'Ibavi preveu mantenir elements arquitectònics, decoratius i històrics de l'edifici original, entre els quals es troben la façana principal i els seus ròtuls, que es restauraran per mantenir l'estètica original de l'edifici; la fusteria, les rajoles originals i els forjats que formen part integral de l'estructura; fins a 40 seients de l'antiga sala de projeccions, la barra de l'antic bar i altres peces i vestigis que formaran part de l'exposició museística.

L'editor de Sóller Grindhouse assenyala que, durant mesos, el futur de l'edifici va ser incert. Després del fracàs d'una proposta impulsada per l'entorn de l'actor Daniel Brühl -que, segons explica, actuava com a imatge visible d'un grup inversor interessat en l'immoble-, el risc d'abandó era real. “Una vegada que l'Ajuntament va reconèixer públicament que no tenia capacitat per a rehabilitar-lo, l'única opció era l'enderroc, com va passar amb la Defensora”, assenyala. L'entrada de l'Ibavi, al seu judici, va ser decisiva per a evitar la pèrdua definitiva de l'edifici.

A nivell personal, reconeix que ell no va arribar a conèixer el Fantasio en funcionament -per edat, estava més vinculat a l'Alcázar-, però sent el projecte com una oportunitat històrica. “Això anirà cobrant força quan arrenquin les obres”, anticipa. Ho diu convençut que, aquesta vegada, el Fantasio no serà un record més perdut en la memòria de Sóller, sinó una part visible i viva de la seva identitat col·lectiva.

“Vi el render y aluciné. Ni en sueños esperaba que fuese así”. Estas palabras, pronunciadas por el investigador cinematográfico José Antonio Sarrià, condensan el clima de expectación que ha generado la futura transformación de un antiguo cine, el Fantasio, que durante décadas marcó a miles de espectadores en la localidad mallorquina de Sóller. El emblemático edificio será rehabilitado para albergar 11 viviendas de protección oficial y un espacio museístico dedicado a preservar la memoria cinematográfica local, un proyecto en el que especialistas y ciudadanía ven una oportunidad de recuperar parte de su identidad cultural y, a su vez, intentar dar respuesta a una de las necesidades sociales más acuciantes de este municipio enclavado en plena Serra de Tramuntana: el acceso a una vivienda.

La intervención, impulsada por el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) con la colaboración del Ajuntament de Sóller, pretende recuperar un inmueble cargado de historia, conservando su fachada, los elementos originales y símbolos tan reconocibles como el rótulo luminoso. “Yo flipé cuando me dijeron que iban a conservar el neón. Fue el primer letrero luminoso que hubo en un pueblo fuera de Palma”, confiesa Sarrià, editor de la revista Sóller Grindhouse, que, con un diseño inspirado en la estética fanzinera de los ochenta y noventa, rinde homenaje a los templos del celuloide que antaño atrajeron a varias generaciones y encendieron la pasión cinéfila de muchos jóvenes de la Vall de Sóller, el Fantasio y el Alcázar, erigidos durante años en espacios clave en la vida cultural y social del municipio. La futura zona expositiva servirá para rescatar la memoria de aquellos espacios.

Para ello, tal como explica Sarrià, el Govern ha pedido la colaboración de varios especialistas, entre los que él se incluye, con el objetivo de asesorar en la recreación estética del Fantasio y actuar como “catalizadores” entre los coleccionistas privados que conservan piezas de los antiguos cines, como las marquesinas de madera en las que semanalmente se anunciaban las películas, el característico tapizado rojo de los asientos o incluso la restauración del antiguo proyector, que ya cuenta con una partida presupuestaria asignada. El editor de Sóller Grindhouse destaca especialmente la sensibilidad patrimonial del proyecto y recuerda que el Ibavi ya actuó de forma similar en Palma con el cine Doré, conservando su fachada y reconvirtiéndolo en pisos protegidos. En el caso del Fantasio, sin embargo, la propuesta va mucho más lejos.

Sarrià subraya que el deterioro del Fantasio es mayor que el del Alcázar, ya que cerró una década antes –en 1984– y sufrió expolio durante años. “Se colaba mucha gente y se llevaba cosas”, lamenta. Aun así, confía en que los elementos conservados, la documentación gráfica existente y la implicación de antiguos aficionados y coleccionistas ayuden a construir un espacio museístico coherente. “No son muchos metros, pero si se coordina bien puede quedar muy digno”, subraya.

El cine Fantasio echó a andar en los años treinta. El edificio, construido en pleno auge del cinematógrafo tras su llegada a la isla, fue diseñado por el arquitecto Guillem Forteza Pinya, destacado por su aportación al regionalismo y al racionalismo arquitectónico en Mallorca. Con capacidad para unos 715 espectadores, pronto se convirtió en uno de los principales espacios culturales del municipio. Sin embargo, para comprender la importancia del Fantasio en la vida de Sóller es necesario retroceder varias décadas: entre 1840 y 1936, la localidad vivió una profunda transformación económica y social.

Tal como documenta Plàcid Pérez, doctor en Historia Medieval por la Universitat Autònoma de Barcelona y autor de Sóller (Mallorca): Evolució econòmica i social entre 1840 i 1936, el auge del comercio de cítricos con Francia, la industrialización textil -especialmente a finales del siglo XIX, con la llegada de las fábricas mecanizadas- y la emigración generaron una activa burguesía local y una clase trabajadora organizada que dotaron a la villa de un tejido asociativo inusualmente activo para la Mallorca de la época. Sociedades recreativas, cooperativas agrícolas, mutualidades y entidades culturales proliferaron en un municipio que, pese a su aislamiento geográfico, mantenía una intensa conexión exterior y una marcada conciencia cívica.

El edificio, diseñado por el arquitecto Guillem Forteza Pinya, se construyó en los años treinta

Un oasis de libertad intelectual

Se trata de un dinamismo que condujo al impulso de una de las iniciativas culturales más singulares de la Mallorca de los años veinte: el Foment de Cultura de la Dona, impulsado en 1926 por la pedagoga y escritora Maria Mayol. En plena dictadura de Primo de Rivera, la entidad nació, de la mano de la Associació per la Cultura de Mallorca, con el objetivo explícito de fomentar la formación cultural de las mujeres. Un pequeño oasis de libertad intelectual en una sociedad todavía profundamente conservadora.

“Yo querría que las mujeres, al entrar en la vida pública, supiéramos deshacer la barricada [...]. Yo querría que las mujeres que saben inspirar la paz dentro de la familia, supieran inspirarla en la calle”, afirmaba Mayol. Inspirado en el modelo del Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de Barcelona, el Foment se articuló en torno a una biblioteca circulante, cursos formativos, conferencias y actividades culturales dirigidas principalmente a mujeres, aunque, ante la creciente demanda, la biblioteca acabaría abriéndose también a los hombres.

El edificio acogió el Foment de Cultura de la Dona, impulsado en plena dictadura de Primo de Rivera por la pedagoga y escritora Maria Mayol para fomentar la formación cultural de las mujeres: 'Yo querría que las mujeres, al entrar en la vida pública, supiéramos deshacer la barricada"

En su primer año de funcionamiento ya contaba con más de 1.500 volúmenes y una intensa programación cultural que incluía conciertos, ciclos formativos y exposiciones, tal como explican, por su parte, la artista Neus Marroig Colom y la historiadora Antònia M. Miró Crespí en su investigación El lloc és la memòria (espais ludicoculturals, cinemes a Sóller), cuya publicación busca rescatar y preservar el recuerdo de espacios hoy desaparecidos, de manera “lenta y oculta”, en un proceso de “borrado de la memoria colectiva”. Una “destrucción planificada y sistemática del tejido histórico” que, inciden, ha pasado a ser sustituido por nuevos productos urbanos y, en otros, “dejado caer en el escombro”.

Como señalan en su estudio, la ambición del proyecto en torno al Foment llevó a Mayol a promover la construcción de un local propio que se ubicaría en el mismo solar que años después ocuparía el Fantasio, resultado de una ambiciosa operación financiera impulsada por la activista sollerica que incluyó la emisión de obligaciones para poder costear la compra del terreno y la edificación del inmueble. Sin embargo, como subrayan Marroig y Miró, la iniciativa no obtuvo el respaldo económico esperado y la suscripción resultó insuficiente, lo que obligó a Mayol a responder personalmente con su propio patrimonio para hacer frente a las deudas.

Del sueño pedagógico al declive

La presión financiera acabó resultando insostenible para la entidad: el mantenimiento del edificio y la fragilidad de los ingresos impidieron que el proyecto pudiera seguir adelante, a lo que se sumó un clima político cada vez más adverso: la creciente implicación de Mayol en posiciones republicanas y progresistas despertó recelos en los sectores más conservadores de Sóller, que impulsaron una campaña de descrédito contra ella. “La animadversión que despertó la actitud vitalista y progresista de Maria Mayol entre sus conciudadanos de Sóller traspasó los límites del posible 'escándalo moral'”, documenta, por su parte, Isabel Graña, autora de Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona, el trabajo más exhaustivo sobre la figura que desbordó las convenciones de su época: Mayol fue acusada de haber utilizado su posición de presidenta del Fomento de Cultura de la Mujer en beneficio personal para ganar las oposiciones de profesora municipal de francés, lo que deterioro su imagen en un entorno cada vez más hostil.

En 1934 dimitió como presidenta –acabó trasladándose a Vilanova i la Geltrú, donde ejerció de catedrática de francés, volviendo puntualmente a Mallorca para participar en la campaña de 1936 a favor del Frente Popular–, lo que provocó la dimisión en cadena de sus colaboradoras más cercanas, Francisca Rotger i Antònia Rullan, y precipitó la puesta a la venta del inmueble. Poco después, el edificio iniciaría una nueva etapa bajo otra denominación y otra función: se convertiría en el cine Fantasio, abriendo un capítulo distinto, pero igualmente determinante, en la vida social y cultural de Sóller.

La animadversión que despertó la actitud vitalista y progresista de Maria Mayol entre sus conciudadanos de Sóller traspasó los límites del posible 'escándalo moral'

Isabel Graña — Autora de Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona

La presencia del cine en la localidad, sin embargo, tuvo raíces más tempranas: a finales del siglo XIX, cuando todavía no existían salas estables, ya se documentan proyecciones ambulantes con estereoscopios y linternas mágicas en cafés y plazas de Sóller, mientras que la primera función cinematográfica tendría lugar en 1897, en el teatro de la Defensora Sollerense, tal como informó el diario La Almudaina en su edición del 13 de octubre de aquel año –“por medio de este maravilloso invento siglo se presentan multitud de escenas llenas de vida y movimiento”– y documentaría posteriormente el historiador Cristòfol-Miquel Sbert, autor, entre otras obras, de El cinema a les Balears (segles XIX i XX). Aquellas sesiones pioneras marcaron el inicio de una tradición audiovisual que, décadas más tarde, cristalizaría en la apertura de salas permanentes como el Fantasio, consolidando el hábito del cine como experiencia colectiva en la vida social de la Vall.

Durante las décadas siguientes, el Fantasio convivió con otros locales y con fenómenos como el cineclub pionero fundado en 1954, que, según recoge Sbert, proyectaba películas poco comerciales enmarcadas en movimientos como la Nouvelle Vague francesa o el neorrealismo italiano, y generaba debates culturales en la Vall. En 1951 se habilitó el llamado Patio Fantasio, un espacio al aire libre destinado a proyecciones estivales y espectáculos populares, fórmula habitual en la posguerra mallorquina para aprovechar los meses de verano. En 1953, el interior fue reformado por el arquitecto Antoni Coll Sancho y, en 1957, incorporó iluminación de neón en la fachada, reforzando así su innovadora imagen dentro del paisaje urbano de la Part Forana.

La polémica de la “película pornográfica”

Durante las décadas de 1960 y 1970, el Fantasio adaptó su programación a los cambios del mercado exhibidor, con la proyección de wésterns, películas bélicas y melodramas, y, ya en la Transición, películas clasificadas 'S', fenómeno común en las salas tradicionales que buscaban mantener la viabilidad económica ante la competencia televisiva. El Setmanari Sóller del 14 de junio de 1980 recogía incluso, en su sección 'Taronges i llimones', el revuelo surgido en torno a los carteles exhibidos en el Fantasio. El texto desmentía el rumor que apuntaba a que la entonces concejala Aina Colom hubiera subido a la cabina para “parar el pase de una película pornográfica” y aclaraba que su presencia se produjo a petición del hijo del empresario, “el Sr. Salas”, para examinar los afiches colocados en el exterior del cine. Según esa versión, el propio empresario habría manifestado que, si el Ayuntamiento consideraba inadecuada la exhibición pública de tales imágenes, se retirarían sin inconveniente. El Fantasio se vio así envuelto en un debate público que se extendía al resto del país entre la nueva permisividad cultural de la España postfranquista y la sensibilidad de parte de la sociedad local.

La nueva vida del Fantasio

El Fantasio funcionó con regularidad hasta comienzos de los años ochenta, cuando la crisis del modelo de exhibición tradicional acabó pasándole factura. La competencia de la televisión, los cambios en los hábitos de ocio y la progresiva pérdida de público redujeron su rentabilidad y la sala se vio abocada a cerrar en 1984, con la última proyección de El Padrino, de Francis Ford Coppola, poniendo fin a medio siglo de actividad cinematográfica en el corazón de Sóller. Desde entonces, el edificio permaneció cerrado y sin uso, sometido al deterioro progresivo y a episodios de expolio que agravaron su estado de conservación. A lo largo de las décadas siguientes se sucedieron propuestas para reconvertirlo en auditorio, escuela de música o centro cultural, pero ninguna llegó a materializarse, ya fuera por falta de financiación o por cambios en las prioridades políticas municipales.

Como subrayan Marroig y Miró en su estudio, los cines en este enclave de la Serra de Tramuntana formaron parte de “una historia social recordada hoy por gran parte de los ciudadanos de la Vall que vivieron la evolución del cine como una ventana hacia el mundo, además de un espacio lúdico donde poder relacionarse”. “Tanto mayores como jóvenes y niños disfrutaron de los cines sollerics hasta mediados de los años noventa”, fecha en la que, recuerdan, bajó la persiana el último cine activo del momento, el Alcázar. “Las historias de vida son prácticamente lo que queda de estos espacios”, reflexionan.

El antiguo Fantasio se convirtió así en una pieza más del paisaje urbano en decadencia, símbolo tanto de la memoria colectiva como de la dificultad para sostener los equipamientos culturales tradicionales en un nuevo contexto económico y audiovisual. Esa situación dio un giro cuando el Govern balear, a través del Ibavi, incorporó el inmueble a su programa de promoción pública de vivienda. El proyecto prevé la rehabilitación integral del edificio para albergar 11 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler -una de ellas adaptada a personas con discapacidad- y un espacio expositivo municipal dedicado a preservar la memoria cinematográfica de Sóller, combinando así función social y recuperación patrimonial.

El proyecto prevé la rehabilitación integral del edificio para albergar 11 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y un espacio expositivo municipal dedicado a preservar la memoria cinematográfica de Sóller, combinando así función social y recuperación patrimonial

Lejos de derribar el inmueble para construir un bloque moderno, el Ibavi prevé mantener elementos arquitectónicos, decorativos e históricos del edificio original, entre los que se encuentran la fachada principal y sus rótulos, que se restaurarán para mantener la estética original del edificio; la carpintería, las baldosas originales y los forjados que forman parte integral de la estructura; hasta 40 asientos de la antigua sala de proyecciones, la barra del antiguo bar y otras piezas y vestigios que formarán parte de la exposición museística.

El editor de Sóller Grindhouse señala que, durante meses, el futuro del edificio fue incierto. Tras el fracaso de una propuesta impulsada por el entorno del actor Daniel Brühl -que, según explica, actuaba como imagen visible de un grupo inversor interesado en el inmueble-, el riesgo de abandono era real. “Una vez que el Ayuntamiento reconoció públicamente que no tenía capacidad para rehabilitarlo, la única opción era que se viniese abajo, como pasó con la Defensora”, señala. La entrada del Ibavi, a su juicio, fue decisiva para evitar la pérdida definitiva del edificio.

Desde lo personal, reconoce que él no llegó a conocer el Fantasio en funcionamiento -por edad, estaba más vinculado al Alcázar-, pero siente el proyecto como una oportunidad histórica. “Esto va a ir cobrando fuerza cuando arranquen las obras”, anticipa. Lo dice convencido de que, esta vez, el Fantasio no será un recuerdo más perdido en la memoria de Sóller, sino una parte visible y viva de su identidad colectiva.

Pilar Alonso ha pasado en los últimos meses varias noches en vela. Ha sido “la angustia” por perder su casa, a la que entró a vivir en régimen de alquiler en el año 2006, la que no la ha dejado dormir, reconoce. El próximo 6 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la construcción del edificio de protección oficial, su vivienda perderá esa calificación que fija un precio máximo para el alquiler y pasará al mercado libre. Su 'casero' es el fondo buitre sueco Catella Group que, sin embargo, merced a la limitación de precios en aplicación de la Ley de Vivienda, no podrá subirle la mensualidad. Así se lo comunicó este jueves la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), quien además le avanzó que están negociando con el fondo para que pueda mantener la ayuda pública que recibe todos los meses para pagar el alquiler.

Pilar Alonso es una de las 168 inquilinas de los bloques del barrio de Sarriguren en el Valle de Egüés -municipio situado en la comarca de Pamplona, al este de la capital- que han perdido ya, o perderán el próximo mes, la protección. A ellas se sumarán otras 200 en la comunidad foral a lo largo del 2026. Son viviendas que se construyeron en 2006, cuando la Ley de Vivienda recogía una protección de 20 años para las VPO de alquiler. En junio de 2025 el Ejecutivo foral aprobó una modificación de la norma para que esa calificación en las viviendas de nueva construcción se prolongue hasta los 75 años.

El Departamento de Vivienda ha acordado ya con el fondo Catella Group prorrogar, al menos durante un año, la calificación protegida para mantener las ayudas al alquiler que reciben 28 de los 60 inquilinos que viven en un bloque que en agosto pasó al mercado libre. Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que el fondo, que podía haber solicitado que la ampliación fuese por cinco o diez años, lo ha pedido por un año, aunque confían en que se siga prorrogando. Las viviendas de los 32 inquilinos restantes que no reciben subvención al alquiler del Gobierno foral por no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad sí que han pasado al mercado libre, pero al ser Valle de Egüés una de las 21 localidades que el Ejecutivo navarro declaró como zonas de mercado residencial tensionado, el precio del alquiler está topado por ley.

El límite de precios no es fijo y depende de varios factores como el tamaño de la vivienda, la zona en la que está o la altura. Para calcularlo el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta que ofrece un índice de referencia de precios. Para una vivienda en una primera o segunda planta en uno de los edificios de Sarriguren propiedad del fondo Catella Group, el Ministerio calcula un precio máximo de entre 480 y 560 euros.

Las mismas condiciones pactadas para esos 60 inmuebles son las que el Departamento de Vivienda está negociando ahora con el fondo sueco para las 108 viviendas de Sarriguren que perderán la protección el 6 de marzo, según adelantó la consejera Alfaro este jueves en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta de EH Bildu, coalición que está asesorando a los vecinos afectados por la pérdida de la protección en el Valle de Egüés, municipio gobernado por UPN. “Vamos bien encaminadas”, apostilló.

“Estuvimos con la conejera y salimos más tranquilas”, apunta Pilar Alonso. “Es una relativa tranquilidad”, añaden Elisa Crespo y Encarna Hualde, vecinas de otro bloque propiedad del mismo fondo sueco y que pierde la calificación en 2028, que añaden que de no ser la zona de mercado tensionado estarían “desprotegidas”. Ellas mismas vieron como hace años, cuando aún no se había aplicado el tope a los alquileres, varios vecinos del entorno corrieron otra suerte y tuvieron que abandonar sus casas ante la imposibilidad de pagar el doble, e incluso el triple, de renta. Otros también se vieron obligados a irse al ser informados por el fondo propietario del inmueble de que iba a vender sus viviendas.

Ahora esperan que de cara al 2028 el Gobierno navarro pueda acordar una prórroga y por más tiempo. En el caso de estas 108 viviendas, son 81 los inquilinos que reciben subvención por parte del Ejecutivo foral. “Llevo ya casi 20 años en esta casa y estoy jubilada, ya no estoy en una situación en la que pueda ponerme a buscar otro sitio donde vivir”, explica Elisa Crespo.

“Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir”, destaca la consejera Begoña Alfaro, que critica que haya partidos que “discutan” que la calificación de vivienda protegida no deba de ser indefinida o que digan que regulación del mercado “no tiene ningún efecto”. “Estas vecinas se ven protegidas por las consecuencias de esta declaración que ustedes votaron en contra”, reprochó el jueves a UPN y PP en la Cámara foral.

¿Existe la posibilidad de una solución definitiva? Sí, pero esta pasaría porque el Gobierno de Navarra comprase al fondo Catella Group las viviendas, algo que desde el Ejecutivo ven imposible por falta de presupuesto. En los últimos años, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en la comunidad foral, ha ido adquiriendo varios inmuebles para destinarlos al alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, pero para comprar 168 de golpe se requiere de un presupuesto muy elevado del que no se dispone. “Son situaciones envenenadas que nos dejaron las políticas de la derecha de hace 20 y 30 años”, lamenta la consejera Begoña Alfaro.

Fue en 2018 cuando el fondo sueco Catella Group adquirió estas viviendas a Adania, el principal tenedor de vivienda en la comunidad foral. Desde entonces la “preocupación” de los inquilinos ha ido en aumento, conocedores de la clase de fondo que había comprado sus casas. A ello se le sumaron problemas de interlocución con el nuevo propietario, cuya única sede en España está en Madrid. “Es todo online”, lamenta Pilar, que denuncia que en varias ocasiones le han girado dos mensualidades “de golpe”.

También han tenido estos problemas en otros bloques del barrio propiedad del mismo grupo. Elisa Crespo cuenta que en invierno estuvieron diez días sin agua caliente y calefacción por un fallo en la caldera. Por todo ello, han decidido impulsar una plataforma vecinal para hacer más fuerza en sus reivindicaciones y seguir luchando por sus casas.

El Ayuntamiento de Albacete ya cuenta con el proyecto básico para construir 15 nuevas viviendas que serán destinadas a alquiler social, y que según el concejal de Urbanismo Julián Garijo, “pretenden contribuir a paliar el problema de la escasez de vivienda en la ciudad”.

El Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión Urbanística Urvial ha dado el visto bueno a este proyecto, que supondrá levantar un nuevo edificio de seis plantas (baja más cinco), más dos de sótano. La superficie total a construir es de 2.500 metros cuadrados, de ellos 557 bajo rasante.

Serán en total 15 viviendas, 14 de tres dormitorios (cinco de ellas serán dúplex) y una de un dormitorio, sobre una parcela municipal de 349 metros cuadrados en la calle María Pita del sector 10, con fachada también a las calles San Vicente de Paúl y María José Merlos. El bloque tendrá un único portal con acceso desde la calle María Pita, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El proyecto contempla todas las medidas de accesibilidad y de seguridad, y el plazo previsto de ejecución de las obras (que llevará a cabo la propia Urvial) será de 26 meses. Las obras tendrán un coste máximo de 2.101.199,94 euros incluido IVA, y una vez concluidos los trabajos las viviendas se destinarán a alquiler social.

Las viviendas (salvo la de un dormitorio) tendrán una superficie de entre 75 y 90 metros cuadrados, con cocina, cuarto de baño y cuarto de aseo. También habrá 15 plazas de garaje en las plantas sótano y semisótano, con accesos peatonales y rampa.

Instarán al Gobierno regional a contruir vivienda protegida

El concejal ha recordado que “esta nueva promoción pública viene a sumarse a las 88 viviendas ya construidas y adjudicadas para su venta, así como a las 27 viviendas en alquiler de la calle Santa Marta con otras 10 ya en licitación. Seguimos trabajando por tanto, dentro de nuestras competencias limitadas y con nuestros recursos financieros, para incrementar el parque de vivienda pública y que se pueda atender el máximo de peticiones posibles”.

Garijo ha recalcado además que se puede llevar esta nueva promoción gracias al convenio de suministro eléctrico que se firmó recientemente, y que garantiza el suministro en los próximos años para nuevas viviendas tanto de renta libre como protegida. También, se adquirió “el compromiso en el último Pleno del alcalde Manuel Serrano para elaborar un Plan Municipal Integral de Vivienda que nos permita, en coordinación con el resto de administraciones, tomar medidas eficaces”.

El edil ha asegurado que se instará a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha “a que construyan viviendas con algún grado de protección, como hace el Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades, para así incrementar la oferta para los demandantes de vivienda en nuestra ciudad”. “La puesta a disposición de suelo para construir y el fomento de nuevas fórmulas habitacionales son también instrumentos fundamentales, en todo caso”, ha destacado.

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Toledo ha publicado hoy los listados definitivos de admitidos en el procedimiento de adjudicación de las cinco viviendas ubicadas en el Corral de Don Diego, en régimen de alquiler.

Los listados pueden ser consultados en la página web de la EMSVT, www.emsvtoledo.es, así como en los tablones de la citada la empresa municipal y del Ayuntamiento de Toledo.

El sorteo se celebrará en un único acto público ante notario y tendrá lugar el próximo día 12 de febrero de 2026, a las 10:00 horas en el Centro Social del Distrito del Casco Histórico (Padilla), en la calle Garcilaso de la Vega S/N de la ciudad.

¿Cómo se realizará el sorteo?

Según se recoge en el listado de admitidos publicado en el día de hoy, el desarrollo del sorteo para cada una de las tipologías de viviendas será el siguiente:

-Se incluirán en un bombo o saco tantas bolas numeradas como solicitudes admitidas contenga el listado de admitidos de la tipología de vivienda a sortear.

-Se extraerá una única bola que determinará la primera persona seleccionada, a partir de la cual se tendrán por seleccionadas las que le sigan numéricamente en la lista definitiva de admitidos hasta cubrir el número de viviendas objeto de adjudicación.

Además, el orden de sorteo para las tipologías de vivienda será el siguiente:

Primero: viviendas de tres dormitorios

Segundo: viviendas de dos dormitorios

Tercero: una vivienda de un dormitorio

Las personas seleccionadas formarán el listado de adjudicatarios “provisionales” de cada una de las tipologías de vivienda, que contendrá un número de adjudicatarios equivalente al número de viviendas objeto de la adjudicación, ordenados según el orden de prioridad resultante del sorteo, según establece la base sexta de la convocatoria.

Los adjudicatarios provisionales pasarán a ser definitivos una vez que se compruebe por parte de la EMSVT el cumplimiento de los requisitos descritos en las bases.

Polémicas bases regulatorias: veto a quienes se quejen de ruidos

El 19 de diciembre del pasado año se cerró el plazo para presentar solicitud y optar a a una de estas viviendas y se han registrado casi 200 solicitudes. Según publicó Toledodiario.es el precio de alquiler oscila entre los 350 y 650 euros más comunidad.

Tanto PSOE como IU mostraron su rechazo a las bases regulatorias para adjudicar las cinco viviendas públicas. Criticaron la amplia horquilla de salarios -con máximo de hasta 63.000 euros al año- o el veto a quienes se adjudiquen, si se quejan de ruidos de las actividades que se celebren en el Corral de Don Diego, que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los referentes para citas de ocio en el Casco Histórico de la ciudad.

Juan Antonio Módenes es uno de los pocos demógrafos españoles que lleva décadas analizando las políticas de vivienda. Profesor de Geografía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), recibe a elDiario.es en su despacho del Centro de Estudios Demográficos (CED), organismo académico del que es investigador asociado y que fue fundado en 1984 por la Generalitat para estudiar y asesorar sobre la evolución poblacional en Catalunya. 

Módenes reclama construir con urgencia más vivienda en las grandes áreas metropolitanas españolas para responder al aumento neto de la población y de los nuevos hogares, que en España están sobre todo asociados a la llegada de población extranjera. Un fenómeno, el migratorio, que Módenes advierte que añade dificultad a la planificación territorial por su funcionamiento por oleadas.

En una conferencia reciente lamentaba que el debate político sobre vivienda ha tenido poco en cuenta la demografía en los últimos años. ¿A qué lo atribuye?

En parte, porque la vivienda se considera un bien económico. Por otro lado, porque en España había en las últimas décadas una demanda bastante estable: tanto se construía, tanto se vendía. Cuando los niveles de fecundidad eran relativamente elevados, no había grandes oscilaciones de demanda por el flujo de migración. Era una demanda previsible, cada año parecido al anterior.

¿Cómo ha cambiado el escenario para que ahora sea tan importante la evolución demográfica en las políticas de vivienda?

Porque la demanda ya no es fija debido a los cambios demográficos, a los migratorios, a la crisis de la fecundidad, al envejecimiento de la población… Desde la demografía lo tenemos claro, mientras que desde otros ámbitos, no.

¿Cuál es su diagnóstico respecto a la creación de nuevos hogares en España y la oferta de vivienda disponible para ellos?

Con la estructura de población actual y con una estimación con base en las migraciones actuales, podríamos dar una cifra de crecimiento del stock de hogares de algo más 250.000 al año. Esto es el saldo neto, que cuenta el flujo de creación de hogares –entre jóvenes y migrantes, unos 500.000– y resta el flujo de disolución de hogares, es decir, aquellas que se vacían y en teoría vuelven al mercado –más de 200.000–. Si aproximadamente se crece en 250.000 hogares, deberíamos construir el mismo número, aunque aquí hay otros aspectos a tener en cuenta.

¿Por ejemplo?

El principal es si todas las viviendas que quedan vacías por la mortalidad de sus ocupantes volverán a ser nuevos hogares. Factores que lo pueden impedir son el derribo de viviendas antiguas o insalubres o que pasen a otros usos, principalmente turísticos. En realidad, hay que construir el saldo neto más todas aquellas viviendas que ya no vuelven a tener un uso estrictamente demográfico. Por lo tanto, la cifra debería ser algo superior a 250.000. En 2025, se construyeron entre 115.000 –las acabadas– y 140.000 –las iniciadas– viviendas. La tendencia es creciente, pero claramente insuficiente.

Además de la construcción, ¿qué peso puede jugar para satisfacer la demanda de vivienda la retirada de pisos turísticos o la rehabilitación de inmuebles degradados?

La rehabilitación no deja de ser intentar que viviendas antiguas liberadas vuelvan a ser ocupadas por demanda joven. Contamos que esos deberes ya deberíamos estar haciéndolos. Rehabilitar es imprescindible, pero debe ser complementario a la construcción. ¿Cuándo no deberíamos construir? Si no viniesen inmigrantes. Entonces el saldo sería prácticamente cero, porque estaríamos creando tantos hogares como los que se disuelven por mortalidad. Solo habría que gestionar el parque.

Hay que construir el saldo neto [de creación de nuevos hogares] más todas aquellas viviendas que ya no vuelven a tener un uso estrictamente demográfico. Por lo tanto, la cifra debería ser algo superior a 250.000. Actualmente en 2025 se construyen entre 115.000 –las acabadas– y 140.000 –las iniciadas– viviendas.

 ¿Considera que el déficit de vivienda disponible se debe principalmente a que la construcción no se ajusta a la llegada de población extranjera?

A principios de siglo, la demanda era mayor aún. Pero se construía lo que se necesitaba y más. El problema era de qué manera se construía. Ahora el problema no es que vengan inmigrantes, es que se construye poco. Los inmigrantes han sustituido una demanda que estaba ahí antes, que era la de los jóvenes que llegaban a la emancipación cuando la fecundidad era relativamente alta. Ese flujo de jóvenes ha disminuido y lo hemos sustituido por inmigrantes. Pero el flujo no es mucho mayor. Es decir, la creación de hogares por inmigrantes hoy es igual o menor que la de hace 20, 25, 30 años. Pero actualmente no se construye tanto.

En su conferencia en el Observatori de l’Habitatge de Barcelona (OH-B) recordaba que usted es de Santa Coloma de Gramenet, una ciudad que pasó de 30.000 a 130.000 habitantes en tan solo tres décadas.

Es un modelo urbanístico que no queremos repetir. Se construyó mal. Santa Coloma, Sant Adrià, L’Hospitalet, San Cosme… Pero es cierto que se construyó vivienda para unos inmigrantes que supusieron un shock de demanda en una Catalunya que pasó de tres millones de personas a mediados de siglo a seis millones a finales.

Si no aumenta el ritmo de construcción, ¿cuál cree que puede ser la consecuencia?

Puede pasar que a la larga la demanda se ajuste a la oferta. Desde el punto de vista demográfico, si no hay vivienda suficiente durante un tiempo puede haber procesos de sobreocupación, hacinamiento… Pero llegará un momento en que tanto los jóvenes como los inmigrantes dirán que no pueden continuar igual. Ya tenemos un sistema bastante restringido de demanda de los jóvenes, que hace muchos años que se emancipan de media los 30 años. ¡Pues imagínate! La emancipación puede retrasarse todavía más. Y puede llegar el caso que los inmigrantes digan que no quieren venir a España a vivir debajo de un puente.

Podemos imaginarnos una situación en que la emancipación todavía se retrase más. Y puede llegar el caso de que los inmigrantes digan que no quieren venir a España a vivir debajo de un puente. 

Uno de los temores de los activistas por la vivienda es que construir más no lleve acarreado un descenso de los precios disparados actuales. Como ocurrió con la burbuja de finales de los 2000.

Es que puede pasar perfectamente. El parque social debería ser importante y no marginal como ha sido hasta ahora. No hace falta que todos los jóvenes accedan a una vivienda de alquiler social, eso sería prácticamente utópico, pero sí que una parte significativa de la demanda pueda ser absorbida por estos alquileres, que te permiten jugar luego con los precios. Es lo que pasa en ciudades o países que tienen todavía vivienda social.

¿Cómo de importante es para la demografía de la vivienda que la población viva cada vez más años? ¿Añade tensión al mercado?

¿Qué pasaba antiguamente cuando una mujer quedaban viuda? Se iba a casa de los hijos, por lo tanto, se liberaba una vivienda a lo mejor con la señora de 60, 65 o 70 años. Ahora ya no se va y su esperanza de vida es mucho más alta, con lo cual la última persona en el hogar alcanza los 80, 85, incluso 90. Si antes se liberaba relativamente rápido, ahora se retiene, y eso hace que el flujo de disolución sea menor ahora. ¿Entonces qué hacemos? ¿Fomentamos la autonomía residencial o que vayan a residencias dentro de una red de calidad y liberamos viviendas para los jóvenes? Es interesante tenerlo en cuenta.

En el otro extremo de la pirámide, ¿la crisis de acceso a la vivienda también puede afectar a la fecundidad y a la crianza?

El comportamiento residencial liga con el comportamiento demográfico general y con la precariedad laboral. La fecundidad está muy afectada negativamente por las complicaciones para acceder a la vida adulta completa de la gente joven. No hace falta que un investigador de Barcelona o de otro país lo estudie, es algo que está súper demostrado. También hay interacción entre el acceso a la vivienda y los niveles de fecundidad si es más de propiedad o de alquiler, que genera bastante más inseguridad. El otro día mi hija, de 23 años, me dijo que quería ser madre joven, no esperar a los 30. Pero con su pareja decían que debían tener un piso de propiedad, no querían ser padres estando de alquiler sin saber si les iban a echar.

El parque social debería ser importante, que no sea marginal como ha sido hasta ahora.

¿Es más complicado planificar políticas de vivienda a largo plazo con movimientos demográficos vinculados a las migraciones, que funcionan por oleadas?

Ese es el gran reto que tenemos como demógrafos para seguir siendo útiles. Antes era fácil hacer nuestro trabajo, porque lo único que se necesitaba era la experiencia técnica de cálculo, pero era fácil pensar las hipótesis a partir de la fecundidad. Ahora al demógrafo se le pide imaginarse el futuro. No es tan importante saber calcular, que también, sino cómo dibujar esas hipótesis.

Como la inmigración viene por oleadas, el crecimiento futuro ya no es una línea que puedes proyectar, sino que tienes que imaginarte ciclos ¿Y cómo nos imaginamos los ciclos? Ese es el gran reto de las técnicas demográficas de proyección y de otras ciencias sociales, incluso de la economía. Debemos tener instrumentos de proyección demográfica y planificación territorial que sean fácilmente ajustables y que siempre estén alimentados por los nuevos datos.

Otro de los retos del aumento de la demanda es que no es equitativa territorialmente, sino que se concentra en determinadas regiones. El Banco de España constataba que el 50% del déficit de vivienda acumulado en España se concentra en cinco provincias: Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y Málaga.

El sistema territorial español cada vez más es de concentración en grandes ciudades. También la inmigración llega a estos sitios, es normal.

¿Qué hacemos entonces en ciudades que no pueden crecer muy significativamente en extensión? Es el caso del área metropolitana de Barcelona, por ejemplo.

Primero, reconocer el problema. Es realmente complicado. Si en el área de Barcelona te salen miles de hogares anuales en saldo neto, que tienes que construir, igual no tienes los instrumentos para hacerlo porque no tienes el suelo… ¿Cómo genero tantas decenas de miles de viviendas en esta área? ¿Dónde las sitúo? Eso es cierto que ya no es mi negociado [en referencia al análisis demográfico].

Una de las soluciones que plantea el Govern en Catalunya, y que se puede debatir en otras urbes, es crecer en segundas o incluso terceras coronas metropolitanas.

Esto se exploró en Catalunya por parte de Oriol Nel·lo como secretario de Planificación Territorial (2003-2011), para descongestionar el centro. Me parece bien, es una opción. Pero aquí debemos entender cuál es el sistema de bienestar familiar que tenemos en España, que es muy familiarista. Todavía dependemos mucho de las redes familiares. Para ubicar la demanda de los jóvenes en nuevos espacios urbanos debes garantizar no solo que haya vivienda, sino que haya trabajo, movilidad, y ver cómo quedan las redes familiares, si se necesitan o no.

Está muy bien irte con 25 años a vivir a 200 kilómetros de casa y bajar los domingos a comer, pero cuando tus padres tienen 85 años ya te preocupas más. Con esta anécdota quiero decir que con un sistema de bienestar nórdico de hace unas décadas, con servicios públicos eficientes, no necesitas tanta red familiar y puedes irte a vivir a 500 kilómetros, pero aquí debemos estudiarlo bien para no romper las estructuras de apoyo social. De nuevo no sé si la respuesta a esto corresponde a un demógrafo.

Para ubicar la demanda de los jóvenes en nuevos espacios urbanos debes garantizar no solo que haya vivienda, sino que haya trabajo, movilidad, y ver cómo quedan las redes familiares

En Catalunya ha emergido el debate sobre el crecimiento demográfico a raíz de la posibilidad de saltar de los ocho millones alcanzados actualmente a los diez en 2050. ¿Cómo se prepara ese escenario si las previsiones son tan variables?

Podemos hacer planificación estratégica a largo plazo, a partir de sets de hipótesis. Qué pasaría si la inmigración sigue igual, si la fecundidad es más alta, o si ambos indicadores son negativos. Para mí, nos tenemos que centrar en un plazo de diez o quince años, que ahí sí que el nivel de incertidumbre es más manejable. La planificación dura, la que tiene que ver con hacer tal vía de comunicación, o tantas viviendas, o esa desalinizadora, a diez o quince años.

Partidos de extrema derecha, o de derecha tradicional, afirman que el crecimiento poblacional en Catalunya es insostenible. Como demógrafo, ¿considera el aumento de población algo extraordinario?

Catalunya lleva 150 años creciendo por inmigración. Sin ella, ahora estaríamos a niveles de principios del siglo XX, con dos o tres millones de habitantes. Históricamente, hemos optado por el camino de la modernización y el crecimiento industrial, con Barcelona como motor catalán y español, y eso aquí y en todas partes conlleva inmigración. Holanda ha crecido por inmigración desde el siglo XVII.

Catalunya lleva 150 años creciendo por inmigración. Históricamente hemos optado por el camino de la modernización y el crecimiento industrial, y eso aquí y en todas partes conlleva inmigración.

Para cerrar de nuevo con la vivienda, ¿ha estudio casos recientes de regiones o países que consigan mitigar estos problemas?

La crisis de la vivienda es bastante generalizada. En todas partes se identifica un problema de déficit de oferta: en Inglaterra, en Estados Unidos… Tenemos modelos de éxito antiguos, como Viena, con una presencia importante del parque social que regula el mercado. Otros países, como Holanda, tenían un sistema muy bueno de arquitectura social que servía como un agente importante del mercado de la vivienda, pero este modelo está desapareciendo por las restricciones europeas. China tiene muchísimos problemas de accesibilidad y de burbujas, con lo que tampoco es un modelo de éxito. Estados Unidos, que era un país en el que la movilidad residencial era muy fácil, ahora lo está dejando de ser por los problemas del mercado.

¿Es optimista en el caso español?

Tenemos que perseverar en el optimismo, pero no lo soy. Tenemos que insistir en que la política es útil. Un Gobierno que se supone de izquierdas está teniendo muchos problemas para solucionarlo. Necesitamos políticas de vivienda que sean sensibles a la demanda, y que combinen construir lo que sea necesario con gestionar un parque de vivienda.

El Gobierno de Navarra ha aprobado una resolución por la que se aumenta hasta un 20,7% el pago a personas propietarias que cedan sus viviendas a la Bolsa de Alquiler en este 2026, en localidades como Pamplona y la Comarca, donde el precio máximo a pagar será de 8 euros por metro cuadrado. Un precio, no obstante, que en los municipios navarros declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado dependerá de lo que marque el Índice de Precios de Alquiler del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El programa Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra busca “movilizar vivienda desocupada para incrementar el parque público de vivienda, teniendo en cuenta que la oferta de vivienda protegida no puede satisfacer plenamente la demanda, ofreciendo una serie de beneficios y garantías a las personas propietarias que cedan sus viviendas a dicho programa”.

Así, ha informado el Ejecutivo, con el fin de conseguir hacer atractivo el ofrecimiento de viviendas a la Bolsa de Alquiler, en este 2026 se equiparará el precio de las viviendas ofrecidas al precio de arrendamiento protegido máximo y al precio de arrendamiento asequible establecido para 2026 en el caso de Pamplona y la Comarca, menos el IPC aplicado.

En cifras, el precio mensual máximo a pagar a las personas propietarias de viviendas sitas en Pamplona y Comarca será de 8 euros por metro cuadrado; en Tudela, Estella y Tafalla, de 6,65 euros por metro cuadrado; y en el resto de municipios, de 6,28 euros por metro cuadrado. En todos los casos, el importe mensual a pagar por el garaje será de 73,78 euros y por el trastero y otros anejos, de 2,45 euros por metro cuadrado.

Este precio variará en función de la localización de la vivienda, puesto que, si está situada en un municipio declarado como Zona de Mercado Residencial Tensionado, el precio máximo a pagar será el que marque el Índice de Precios de Alquiler. Por ejemplo, si una persona cede una vivienda de 90 metros cuadrados situada en Pamplona, el importe que recibirá no será de 720 euros mensuales, sino del máximo que fije el mencionado Índice (si este es menor; si es mayor, será de 720 euros mensuales).

La persona que esté interesada en ceder su vivienda a la Bolsa de Alquiler puede acudir a las oficinas de Nasuvinsa (Avenida San Jorge, 8, Pamplona) pidiendo cita previa en el teléfono 848 420 600, o escribiendo a bolsaalquiler@nasuvinsa.es.

Asimismo, Nasuvinsa dispone de un simulador de renta on line que permite comparar el beneficio neto obtenido por el arrendamiento de una vivienda si se hace directamente desde el mercado libre o a través de la Bolsa de Alquiler. Este simulador, ha indicado el Ejecutivo, emplea datos y variables que no incluyen la identificación de la persona propietaria ni de la vivienda que es objeto de consulta, por lo que el proceso garantiza el anonimato.

Los vecinos del edificio de la calle Letonia, número 14, en Tres Cantos (Madrid), perteneciente al Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, llevan algo más de una semana denunciando el mal funcionamiento de la calefacción en sus viviendas. “Es duro no tener calefacción en plena ola de frío”. “Vivimos en una zona cercana a la sierra, y es donde más frío hace”, lamenta Gonzalo Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Letonia y afectado, que denuncia que las empresas responsables “se pasan la pelota”. Arantza López, otra de las vecinas del bloque, resume la situación con ironía: “Lo llamamos Plan Sobrevive”. 

En los tres inmuebles, que aúnan cinco portales, hay en torno a 180 viviendas ocupadas –alrededor de una quincena están vacías– según Gonzalo Ruiz, presidente de la asociación de vecinos. Él mismo relata que la temperatura en el interior de las viviendas baja hasta los 16 grados, una situación especialmente preocupante para las familias con menores y personas vulnerables. “Las casas se quedan heladas. Hay gente con niños pequeños y familias que están pasando mucho frío”, señala.  

Como otros vecinos, Ruiz, que vive con su hijo y su mujer embarazada, se ve obligado a utilizar calefactores eléctricos que, apunta, “repercutirán en la factura de la luz” en unas viviendas que, precisamente, tienen como objetivo ofrecer precios asequibles. Leticia Sobrinho, que vive en el edificio junto a su pareja y su bebé de cinco meses, llegó al piso en agosto de 2024 y, según cuenta, desde entonces han tenido numerosos problemas. “Estamos en casa con abrigos. Es muy triste pasar frío dentro de tu propia casa”, lamenta. Asegura que no pueden permitirse encender la calefacción por el elevado coste de las facturas, que en algunos meses han superado los 200 euros. “Tengo que pagar el alquiler y además tengo un bebé”, explica.

Según la empresa que gestiona los alquileres, Sogeviso, y Acenz, que gestiona la calefacción y aire frío en el edificio, el servicio quedó totalmente restablecido el pasado martes. Por su parte, la Consejería de Vivienda también sostiene que se dio solución al problema. El CEO de Acenz, Álvaro Martínez, admite que el servicio fue “interrumpido en varias ocasiones” y explica: “Estos equipos [dos de las cuatro máquinas que suministran el calor] no están preparados para funcionar con temperaturas inferiores a 10 grados. Lo que ocurre es que con esa temperatura, colapsan”. También reconoce que estas bombas de calor “no son las adecuadas para esta zona geográfica”. 

Sin embargo, la empresa apunta que se trata de una solución “provisional” y no descarta que se vuelvan a producir fallos a medida que las temperaturas sigan bajando en Tres Cantos. Asimismo, asegura que después de las fiestas se valorarán soluciones a largo plazo. 

Este no es el primer caso de incidencias y quejas respecto al estado de viviendas pertenecientes al Plan VIVE. El pasado 30 de diciembre, los vecinos de la calle Bella Dorotea número 3, en Getafe, denunciaban haber estado siete días sin tener agua caliente en sus casas o con un pequeño hilo de agua que llegaba templada. Las mismas empresas, Sogeviso y Acenz, también estaban implicadas en este caso.

Los testimonios recabados tras el anuncio contradicen la versión oficial de que el problema está resuelto. Arantza López, vecina del bloque, asegura que la calefacción sigue sin funcionar correctamente. “Da aire frío”, explica. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”. “Vamos probando, ayer funcionó un momento y luego vuelve a fallar”, añade.

También relata López que la empresa de aerotermia envió un correo a los vecinos asegurando que la situación “estaba solucionada y que si volvían a tener problemas que registraran incidencias en la app”, pero en su caso no ha podido hacerlo porque “la última incidencia que registró antes de que la empresa dijera que lo había solucionado sigue en trámite y no puede registrar una nueva”.

Las quejas se suman: “Es una tras otra”

A los problemas de calefacción se suman otras incidencias. “En viviendas como la mía tenemos un zumbido constante de la máquina de aerotermia”, explica. “Hay gente que se ha tenido que ir por la molestia del ruido constante” y, en su caso, denuncia que tiene que dormir con la televisión puesta para taparlo. También enumera otros desperfectos en la promoción: “Cuando el incendio de este verano, [el fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas el pasado agosto] estaba el garaje lleno de humo y no saltó la alarma, los suelos del jardín se levantan, los armarios no cierran, es una tras otra”. 

Además, critica los costes que asumen los inquilinos por servicios que según ella, no reciben: “Se supone que toda la comunidad va con jardinería, pero no tenemos jardinero”. Y añade: “Este verano tuvieron que venir a desbrozar un par de días porque se nos metían culebras, ratas…”

Arantza López asegura que paga aproximadamente 1.360 euros al mes con gastos incluidos por un piso de 76 metros cuadrados en el que viven tres personas. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”, añade. También señala que “no siempre” tienen agua caliente“ y recuerda que ”este verano dejó de funcionar el aire frío en plena ola de calor“. ”Creo que han metido la maquinaria más barata que han encontrado“, concluye. Tres días después de anunciar la supuesta solución, Borja Rodelgo, vecino, también sigue sin ver cambios y además señala que no tienen agua caliente en su piso y solo sale ”templada“: ”Tuve que calentar agua para bañar a mi hija“.

La situación se repite en otros hogares del bloque. Kamil Pozezynski vive en una vivienda orientada al norte, una de las zonas más frías del edificio. “Estamos con frío, nosotros estamos orientados hacia el norte y no recibes un rayo de sol en todo el día. Es la parte más fría del bloque”. “La casa por las mañanas está a 15 grados”, señala, y reconoce que no suele “poner demasiado la calefacción” porque “llegan facturas de 200 euros”. En una línea similar se expresa Adrián Alarcón, que vive en el edificio desde julio de 2024. “Nosotros llevamos viviendo aquí desde julio de 2024 y desde el principio hemos tenido problemas con la calefacción”, explica. En su vivienda, asegura, “en invierno no sube de 18 grados en ningún momento”.

Ante esta situación, los vecinos han iniciado una votación para cambiar de empresa de aerotecnia. “No deberíamos tener que pagar estas tarifas abusivas por algo que, además, no nos da un buen servicio”, afirma Pozezynski. Por el momento, aunque no todas las viviendas han votado todavía, 136 de ellas respaldan un cambio en la empresa que suministra la aerotecnia y el agua caliente, Acenz. 

El Gobierno de España transferirá a la nueva empresa pública estatal 857 viviendas en Cantabria ubicadas en 18 ayuntamientos procedentes del llamado 'banco malo' para destinarlas a alquileres asequibles con precios por debajo del mercado que no podrán superar el 30% de los ingresos de las familias.

Las viviendas provienen de los desahucios de cientos de ciudadanos cántabros que perdieron su casa en el contexto de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Los bancos no pudieron vender este patrimonio expropiado y acabaron por servir de moneda de cambio para el rescate de las propias entidades financieras: 50.000 millones de euros de dinero público a cambio de este paquete inmobiliario que el Gobierno de España ahora cede para alquileres a bajo precio.

Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. De estas cifras, a Cantabria le corresponden 856 viviendas. De esta manera, estas viviendas que perdieron los ciudadanos retornan para un uso social. “Lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”, dijo la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez cuando se presentó la iniciativa.

El mapa elaborado por elDiario.es indica dónde están ubicadas. Ramales (219), Polanco (143) y Torrelavega (125) son los tres municipios donde se ceden más viviendas. En el entorno de la bahía se liberarán 18 en Santander y 81 en El Astillero. En Bezana habrá 60, en Castañeda 43, en Piélagos 33 y otras 30 en Santiurde de Toranzo.

Algunas zonas turísticas como Miengo y Suances ofertarán 48 y 34 casas, respectivamente, para alquileres a bajo precio. A ellas se suman 16 en Reocín y las restantes se reparten entre San Felices, Santiurde de Reinosa, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Hazas de Cesto y Solórzano.

La Sareb ya había vendido a Cantabria, en años anteriores, 76 viviendas. Entre ellas, 34 ubicadas en Ganzo (Torrelavega) por un importe de 3,3 millones de euros. Los inmuebles fueron adquiridos a través de Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria). En paralelo, la compañía ha estado comercializando el resto de las viviendas en el mercado de particulares a través de Altamira Asset Management, encargada de la gestión comercial de los activos de Sareb.

Más atrás en el tiempo, en 2016, el Gobierno de Cantabria firmó un acuerdo con la Sareb para la cesión temporal de 40 viviendas destinadas a fines sociales que se integraban en el Parque Público de Viviendas. En esa ocasión, la Sareb percibía una contraprestación fija mensual para hacer frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. Por su parte, el Gobierno de Cantabria asumía los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario, entre otros.

40.000 viviendas en toda España

La operación de cesión de inmuebles de la Sareb para alquileres acessibles se puso en marcha en julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó ceder a una nueva empresa pública las más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 casas más, propiedad de la Sareb. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace a través de una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo.

La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.

La operación urbanística para levantar vivienda protegida de alquiler social en Harineras, en Huesca capital, llegará a las Cortes de Aragón. El PSOE ha anunciado que ha registrado sendas solicitudes de comparecencia del presidente Azcón y del consejero de Fomento, Octavio López, para dar cuenta de los pliegos de este proyecto, que ha requerido una corrección de errores por parte del Gobierno del PP en la capital para que sea viable encarecer las rentas por encima de los 800 euros al mes.

Los socialistas consideran “necesario que ambos aclaren la gestión de suelo público para la construcción de viviendas y, más en concreto, si un solar cedido para vivienda protegida por el Ayuntamiento de Huesca en esta zona de la capital altoaragonesa no va a ser destinado a tal fin sino a la construcción de viviendas que permitirían el lucro del empresario que resulte adjudicatario”. Inicialmente eran 71 pisos, pero los pliegos los elevan hasta 90.

Lorena Canales, diputada socialista en las Cortes de Aragón, cree que “ante el grave problema que hay en la comunidad en materia de vivienda, y más en concreto en la ciudad de Huesca, el Ejecutivo autonómico no puede jugar a la especulación urbanística”. Y explica que, “con la corrección de errores del acuerdo de cesión que aprobó este viernes el Ayuntamiento de Huesca, con la oposición del PSOE, las viviendas no tendrán un precio de 7 euros el metro cuadrado como marca la normativa, sino que podrían superar los 11 euros el metro cuadrado”. La iniciativa salió adelante con el voto a favor del PP y de un concejal tránsfuga, mientras que socialistas y Vox la rechazaron.

Haciendo un paralelismo, el Grupo Socialista en las Cortes de Aragón explica que una vivienda protegida de 70 metros de las que aún no se han adjudicado en La Merced (también en Huesca), de 2 habitaciones, salón y cocina tendría un precio de 452 euros al mes, y con la licitación que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón en Harineras, un piso de las mismas características tendrá una renta mensual de más 800 euros, casi el doble. “No vamos a aceptar que el Señor Azcón especule con el Patrimonio Municipal que es de todos los oscenses, son terrenos del Ayuntamiento de Huesca y su destino debe servir para el interés general no para que se haga negocio con ellos”, asevera Canales.

Y recuerda que la cesión del citado solar fue aceptada en 2024 por el Gobierno de Aragón mediante un decreto en el que se indicaba expresamente el destino a vivienda protegida y la condición de reversión si se incumplía el uso. “Algo que ya está ocurriendo, pues en junio de este año, el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial aprobó una orden para sacar a concurso público la explotación del solar dándole una nueva orientación, permitiendo, literalmente obtener rentabilidad económica mediante la explotación de las viviendas a la empresa adjudicataria

Eran las 8:30 h de la mañana cuando Josefa salió por su portal. Allí la esperaban varios familiares y activistas por el derecho a la vivienda que se habían citado para intentar frenar su desahucio, previsto para a las 9 h. Después de cuatro intentos, la Comitiva Judicial logró expulsar este martes a esta anciana de 72 años y a su hijo Manuel, de 55, del piso en el que vivían como ocupas en el barrio barcelonés del Besòs.

Lo que diferencia a esta familia de muchos otros desahucios que se dan en la capital catalana es que el propietario de su hogar no era un fondo de inversión ni un gran tenedor, sino la Generalitat de Catalunya. Madre e hijo entraron al inmueble en 2018, después de abandonar un piso que compartían con otro de sus hijos con quien tuvieron problemas familiares. Debido a su situación económica, no encontraron más remedio que ocupar un piso que entonces era del banco Santander. Pero años después, lo compró la Agència de l'Habitatge de Catalunya para convertirlo en un piso protegido.

Ese giro de guion ha sido el que ha hecho que ni Josefa ni su hijo tengan derecho ahora a ninguna alternativa. Como ambos cuentan con un informe de vulnerabilidad avalado por los Servicios Sociales, si hubieran estado ocupando un inmueble de titularidad privada, habrían podido acceder a un alquiler protegido. Pero el juez considera que, a pesar de su situación económica, el hecho de haber estado en un piso público les impide iniciar cualquier trámite en la mesa de emergencia.

“Estoy fatal, quien más me preocupa es mi hijo”, repetía Josefa durante la mañana de su desahucio. Ambos han pasado sus dos primeras noches en casa de un familiar, aunque la normativa dice que deberían tener acceso a un Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) para pasar los días después del desahucio. A Josefa se le ofreció unas noches en un albergue, pero las descartó porque nadie le pudo asegurar que fuera en Barcelona.

El caso de Manuel es más complejo. El centro al que acudió después de que le echaran de casa no le planteó la opción de hospedarse en un alojamiento temporal. Desde Servicios Sociales no han confirmado a este medio los motivos exactos debido a la política de protección de datos, pero desde el Sindicat d'Habitatge, entidad que ha acompañado a la familia, aseguran que le denegaron la opción debido a un problema de adicción al alcohol que sufre desde hace décadas. Por su parte, desde el Ayuntamiento niegan la mayor y aseguran que “el consumo de alcohol no es motivo de exclusión para acceder a un centro de acogida”.

Por ahora, ambos están en casa de familiares, pero Josefa sabe que es una solución temporal y teme que, próximamente, su hijo se quede sin alternativa. Manuel sigue viviendo con ella porque, debido a su adicción, no tiene ingresos y depende de la pensión de su madre, que apenas supera los 1.000 euros.

A pocos minutos del desahucio y mientras sonaban palmas al compás flamenco y gritos de “Josefa, escucha, tu lucha es nuestra lucha”, la anciana lagrimeaba sentada en la silla que bajó de su casa. Desde allí esperaba a que los mediadores de la comitiva judicial intentaran llegar a un acuerdo con su hija y con miembros del sindicato. “Si es que yo no quiero estar así, yo quiero tener mis cosas en condiciones. Yo soy una mujer digna”, expresó a elDiario.es.

No hubo acuerdo y poco después de que le comunicaran la noticia, los servicios de emergencias médicas tuvieron que intervenir y trasladar a Josefa a un centro de salud, donde quedó ingresada por varias horas. Su presión arterial había subido hasta 200 mmHg.

El informe de vulnerabilidad no sirvió para frenar el desahucio

El pasado lunes se cumplieron cuatro meses del fallecimiento de Antonio, el marido de Josefa, por un cáncer terminal. Siete días antes de su muerte, su abogada logró que pararan la primera orden de desahucio debido a que el hombre se encontraba “en situación terminal”. Aun así, en primera instancia, el juez había desestimado sus pretensiones, que ya incluían un informe de vulnerabilidad de los miembros de la familia y documentación sobre el estado de salud de los tres. 

Cuatro días después de la muerte del hombre, Josefa recibió una nueva carta de desahucio programado para el 15 de octubre, es decir, el miércoles pasado. El día coincidió con la huelga general a favor de Palestina y los Mossos decidieron aplazarlo seis días más. 

Según ha trasladado la Comitiva Judicial a portavoces del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs, el proceso ya no estaba abierto a negociaciones debido a la decisión del juez, que decretó que Josefa y Manuel no tenían derecho a una vivienda protegida por haber ocupado un piso de titularidad pública. Pero desde el Sindicat no lo ven así.

Recuerdan que la familia entró a ocupar el inmueble cuando todavía era propiedad de un banco, que lo había mantenido años vacío. Además, recalcan que hay una disposición transitoria en el reglamento de la mesa de emergencia que determina que, si una familia vulnerable lleva tiempo viviendo en un piso ocupado, el Ayuntamiento puede darles un contrato de alquiler social en lugar de echarlos, si cumplen ciertas condiciones y se demuestra que lo necesitan. A eso se acogerán para resolver la situación de esta anciana, pero reconocen que el camino no será fácil.

Ocho años en el mismo piso

Josefa y su marido Antonio ocuparon en 2018 el piso, el cual estaba vacío y pertenecía al Banco Santander. Lo vieron como la opción más viable ante su situación económica, teniendo en cuenta que se encontraban en riesgo de exclusión social. Únicamente contaban con la pensión por jubilación de Antonio, de la que dependían los tres. A esto se le sumaba el trastorno por alcoholismo de su hijo y varios problemas de salud de ambos progenitores. Ese fue el año en que les echaron de su anterior hogar y, en una ciudad en que los precios de la vivienda habían subido un 33%, no vieron ninguna otra alternativa. 

En 2019, la Agència de l’Habitatge de Catalunya compró el piso para destinarlo a una vivienda social y en 2020 empezaron a llegar las primeras cartas pidiendo el desahucio. Desde entonces, su abogada ha presentado varios recursos en el juzgado, no solo para intentar frenar la expulsión de la familia, sino también para garantizar una alternativa de alquiler social. 

Pero ninguno de los certificados que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, así como los informes médicos que muestran el estado de salud de Josefa, Antonio y Manuel, ha servido para impedir el desahucio de este martes. “No me lo creía. Pensé que, al ser un piso de titularidad pública y al tener el certificado de vulnerabilidad, acabarían ofreciéndoles una solución de alquiler social”, expresa la letrada. 

De hecho, explica que, en su momento, habló con otras abogadas que habían llevado casos similares de familias vulnerables ocupando pisos públicos en los que finalmente se les acababa ofreciendo una vivienda social debido a su situación socioeconómica. elDiario.es ha intentado contactar con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, pero no ha habido respuesta alguna por parte de la entidad pública. 

Desde el Sindicat explican que la administración decidió llevar a cabo el primer intento de desahucio porque la mesa de emergencia consideró que el informe de vulnerabilidad elaborado por los Servicios Sociales “no cumplía los requisitos para acceder a un piso público en ese momento”. La abogada explica que le pedían “acreditar información de la cual no disponía”, ya que esta no existía. Como por ejemplo, “los ingresos de Josefa o su declaración de la renta”, información imposible de acreditar debido a que la mujer no trabajaba.

Señala que aportó “los informes de los servicios sociales, los ingresos de la pensión de jubilación del marido, extractos bancarios e informes médicos”, pero no bastó. “Se está penalizando a estas familias vulnerables por el hecho de que no hay suficiente vivienda social, cuando no es su culpa”, señalan los activistas.

Josefa sufre de diabetes, hipertensión, ciática, depresión, hernia discal, artrosis y artritis, por lo que necesita una persona que la cuide constantemente, tarea de la que se encarga su hija Antonia. Aunque tiene derecho a acceder a un albergue temporal durante unos 15 días, teme que, si la trasladan a uno fuera del municipio, ningún familiar pueda venir a hacerse cargo de su salud. Además, reconoce que le provoca “pánico” verse, con 72 años, compartiendo espacio con desconocidos en un albergue. Todos estos impedimentos han hecho que Josefa haya optado por buscar a un familiar que la acoja, al menos, temporalmente.

Al pie de la montaña de Collserola, enfrente del club de pádel de Sant Just Desvern, en Barcelona, se levanta un edificio cúbico hecho de hormigón y con ventanas de madera. De su techo, aunque no se aprecie desde el exterior, cuelga un gran ventilador que preside un atrio redondo, y que une todas sus plantas por el interior como si fuese un patio de luces. Ese mecanismo innovador permite a ese bloque de viviendas de alquiler público tener la etiqueta A de eficiencia energética. Y no es el único. 

En los últimos años, las instituciones públicas, inmersas en ampliar el parque de alquiler protegido –en Barcelona está por debajo del 2%–, han adoptado distintas innovaciones arquitectónicas en sus promociones. Algunas afectan a la climatización, otras a la distribución de espacios comunitarios o incluso a la perspectiva de género. “Cualquiera de estos edificios estará en pie más de 150 años”, constata Josep Maria Borrell, director gerente del Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), que pertenece al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). “No producimos lo que la gente quiere, sino lo que promueve un cambio de hábitos en la sociedad”, señala.

Su promoción de Sant Just Desvern, a cargo de los arquitectos de DataAE Claudi Aguiló i Albert Domingo, es un ejemplo de esta premisa. El edificio agrupa 30 de las 3.000 viviendas sociales que el IMPSOL, juntamente con la AMB, ha impulsado desde 2019. 

Con unos precios de la vivienda que provocan que los barceloneses destinen de media un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, las administraciones han reaccionado tratando de hacer crecer un parque público de vivienda hasta ahora residual. En el caso del AMB, impulsó la promoción de 5.000 viviendas entre 2019 y 2025 y la rehabilitación de 6.809 casas entre 2022 y 2025, con los fondos Next Generation. Ahora, a caballo del plan de Salvador Illa de levantar 50.000 pisos antes de 2030, su intención es incorporar 6.000 más, así como seguir con la rehabilitación a través de la entidad pública IMPSOL, el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) y también el operador público-privado Habitatge Metropolis Barcelona (HMB).

Las unidades familiares que residen en el edificio desde 2023 han aprendido a hacer uso del espacio para preservar el calor en invierno y el frío en verano sin necesidad de aire acondicionado ni calefacción. Mediante manuales de uso del inmueble y reuniones con los vecinos, las instituciones han facilitado cambios de hábitos, aunque reconocen que no siempre a gusto de todos los inquilinos. 

Con todo, Borrell asegura que las familias que siguen los consejos de los arquitectos consiguen que sus viviendas sean mucho más eficientes térmicamente. 

En el edificio de Sant Just Desvern las ventanas de las zonas comunes y el gran ventilador que corona el atrio central funcionan con una sonda térmica automática que abre y cierra las infraestructuras dependiendo de la temperatura. Eso crea lo que llaman un “espacio bioclimático intermedio”, abierto en verano y cerrado en invierno, que permite, junto a las terrazas de las viviendas, tener lugares a través de los que ventilar y aprovechar la temperatura exterior y la luz solar. 

Los espacios climáticos intermedios, una estrategia de ahorro y eficiencia energética, se han aplicado también en otros edificios mediante cortinas de cristal en las terrazas que permiten convertir un espacio externo en interno en invierno. O con toldos que proveen sombra durante los meses de sol. 

“En invierno casi no tuve que poner la calefacción”, explica una de las vecinas, “y el aislamiento es brutal, cierras las ventanas y ya no escuchas nada”. Esta inquilina, que tiene dos hijos adolescentes, lleva desde 2023 en el edificio. Asegura que han aprendido a vivir de una manera diferente y que ahora “volver a un piso normal sería muy difícil”. “Este es el modelo de vivienda al que se debería de tender”, aprecia.

Una de las peticiones del operador público a sus inquilinos es que confíen en el funcionamiento bioclimático del edificio y no instalen aire acondicionado. “Ha habido casos de quejas de vecinos por calor en verano”, cuenta una vecina del edificio. Explica que no fue su caso y que ella estuvo cómoda tanto en periodos de frío como de calor, pero eso no quita que haya inquilinos que demanden más comodidades o que incluso lo consideren una necesidad. 

Sin embargo, no todas las innovaciones arquitectónicas buscan mitigar los efectos del cambio climático. Estas viviendas también cuentan con un diseño atento a la perspectiva de género. “En una viviendo normal, los espacios nobles son la habitación y la sala de estar, los espacios que tradicionalmente usaba el hombre al llegar a casa”, explica Borrell. “Intentamos promover que los espacios no estén jerarquizados y que los lugares donde se desarrollan las tareas domésticas sean visibles, centrales y lo suficientemente grandes para que quepan dos personas”, argumenta.

Los arquitectos detrás de los proyectos también piensan en el tipo de familia, a menudo con rentas medias o bajas, que van a ocupar esas viviendas sociales. Al pagar el alquiler por metro cuadrado útil, diseñan viviendas sin pasillos y con espacios polivalentes y flexibles para sacar el máximo provecho al espacio sin que suba el precio del arrendamiento. 

Desde la terraza hasta el aparcamiento, las construcciones están pensadas para adaptarse a cómo se vivirá dentro de 150 años. En el edificio de Sant Just Desvern, por ejemplo, el parking tiene luz solar y ventilación. La intención es que pueda ser reconvertido en el futuro en otro tipo de espacio útil, como podría ser una guardería o una oficina, si se consolida la tendencia a la baja en el uso vehículos a motor.

Durante la época en la que más viviendas se construían en España, mucha gente tenía problemas para acceder a un techo bajo el que desarrollar su proyecto vital. Como ahora, durante la burbuja inmobiliaria había jóvenes que no conseguían crédito para comprar o tenían dificultades para acceder a un alquiler, familias vulnerables a las que les costaba llegar a fin de mes y mayores con dificultades para mantener un hogar. En 2007 y 2008, La Caixa inauguró en Vallecas sendas promociones en el marco de su programa social de vivienda asequible, bajo el sello de la 'Obra Social'. Decenas de vecinos de esos dos edificios de ladrillo visto temen ahora un futuro sin alternativa habitacional. La propiedad ha comenzado a enviar cartas en las que notifica a aquellos pendientes de renovación este año y durante los primeros meses del próximo que tendrán que abandonar esas viviendas.

David consiguió uno de estos alquileres en 2007 y fue de los primeros vecinos en acomodarse en el edificio. Cumplía con todos los requisitos: era menor de 35 años, no tenía otra vivienda en propiedad y no llegaba al límite de ingresos. Casi dos décadas después, se ha convertido en las orejas del lobo que empiezan a ver y atemoriza a muchos de sus vecinos. Tras tres renovaciones sin problemas, su contrato finalizó en 2022, en un caso que permanece judicializado desde entonces.

“Vivimos mi hijo y yo en esta casa. Sufro una cardiopatía y hace seis años me operaron de corazón, además padezco ansiedad y un principio de depresión, por lo que me enfrento a una situación complicada”, lamenta. David lleva desde que finalizó su contrato abonando mensualmente su renta, unos 450 euros, pero no ha abandonado la vivienda. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón, la Audiencia Provincial determinó que debía irse. Ahora está pendiente de los próximos pasos de la entidad, que ha solicitado al juzgado un impulso procesal para apurar el desahucio.

María, 45 años, relata una historia similar. Cumplía los requisitos y accedió a la vivienda en 2013. Un contrato de cinco años, que se renovó sin problemas con otro de siete y una renta que se ha ido ajustando según el IPC y que ronda los 450 euros. El contrato actual finaliza el 30 de abril de 2026, pero en agosto recibió una comunicación de InmoCaixa, el brazo inmobiliario de la Fundación La Caixa, comunicándole que, en esa fecha, “deberá hacer entrega de la vivienda”. “Cuando contactamos a través del Sindicato (de vivienda) no contestan o nos dicen que no son de su propiedad. Estamos abiertos a negociar, queremos que nos escuchen”, reclama esta vecina.

La de María no fue la única notificación. Según los datos de la PAH/Sindicato de Vivienda de Vallekas, más de 40 familias, cuyos contratos expiran en los próximos meses, han sido informadas de que no serían renovadas. Una comunicación que, según señalan, se produce “sin una explicación clara ni oferta alternativa o posibilidad de negociar”. Como la de Francisco Javier, que se mudó a ese piso para cuidar de su padre dependientes y se subrogó al contrato cuando fallecieron. Recibe una pensión a favor de familiar y, si tiene que dejar la casa cuando finaliza el contrato, en enero, no ve ninguna opción. “Tal y como están las cosas, te vas a buscar un alquiler y te encuentras 1000, 1200, 1500 euros por un piso. No puedo”, admite.

Desde la Fundación La Caixa indican que “en el proceso de gestión de la cartera inmobiliaria, se pueden generar casos puntuales de desacuerdo con algunos vecinos de esas promociones”, que se intentan resolver “caso a caso”. “Si se detecta una situación de vulnerabilidad acreditada, InmoCaixa actúa de la mano de la Administración para dar tiempo y espacio a que se pueda encontrar una solución residencial a esas personas”, señala una portavoz, que reconoce que “si no hay vulnerabilidad, se intenta buscar una solución amistosa” pero “en caso de que no sea posible, después de un tiempo prudencial se impulsa el proceso legal/judicial”.

Las familias contactadas por elDiario.es afirman que no han recibido ninguna posibilidad de negociar con la compañía y que esta tampoco se ha interesado por su situación de vulnerabilidad o no, lo que ha provocado malestar e inquietud en buena parte del vecindario, que se ha unido para hacer frente a esta situación. El Sindicato de vivienda PAH de Vallekas ha emitido un manifiesto, firmado por 37 inquilinas, en el que denuncian unas prácticas que “ponen en riesgo a decenas de familias”. “Tenemos cuatro casas en las que se acaba el contrato el 31 de diciembre, pero la gente sabe que le va a llegar su momento, así que se están animando a organizarse”, señala un portavoz.

En un momento de emergencia habitacional, en el que un millón y medio de hogares destina más del 30% de sus ingresos —la barrera en la que organismos nacionales e internacionales empiezan a hablar de un gasto excesivo— a pagar el alquiler y la edad media de emancipación supera los 30 años, la Fundación La Caixa indica que ha “reorientado sus líneas de actuación estratégica, centrando los esfuerzos en programas sociales, como los dirigidos al fomento del empleo, la lucha contra la pobreza infantil, el acompañamiento de los mayores, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas o el impulso de iniciativas dirigidas a personas vulnerables a través de sus programas de convocatoria y ayudas”.

La entidad prevé invertir 4.000 millones de euros en los cinco próximos años, según el plan estratégico presentado en junio por su presidente, Isidro Fainé, a los empleados. La nueva hoja de ruta prevé un aumento gradual del presupuesto anual hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2030, frente a los 655 millones de este 2025, que es el mayor de su historia.

Esa desinversión en VPO ha llevado a la Fundación a deshacerse de muchos de sus inmuebles, a medida que van finiquitando los alquileres. La entidad no detalla cuantos tiene en vigor ahora mismo. En algunos casos, estas ventas van a empresas privadas y, en otros, pasan a manos de las administraciones, que tienen derecho de tanteo y retracto. Por ejemplo, a finales de 2024, la Generalitat de Catalunya adquirió más de 450 viviendas sociales de InmoCaixa, por un precio de más de 30 millones de euros.

Esta redacción ha podido reunir a una quincena de inquilinos de los bloques de Vallecas, con diferentes situaciones, pero todos preocupados por la deriva de la antigua obra social y un mercado inmobiliario salvaje. “Estás con la incertidumbre de que te tiene que ir y los alquileres están costosísimos”, dice Míriam, con contrato en vigor hasta agosto de 2026, pero angustiada por su futuro. O Silvia, de 52 años, que entró hace 11 tras acreditar haber sido víctima de violencia de género y que teme perder “un entorno de seguridad que no hay en otro sitio”.

Sara, 41 años, vive con su hijo y su padre en uno de estos pisos que, como todos, tiene una superficie de unos 47 metros cuadrados. Tuvo problemas para renovar en 2020, pero finalmente logró que le mantuviesen el alquiler, con una subida hasta los 520 euros. “A partir de ahí empezaron a hacer contratos distintos”, dice, en una táctica que es, sospechan, para separar a los vecinos. A ella le quedan todavía dos años de contrato, pero no es ajena a que “igual que les pasa a mis vecinos, me va a pasar a mí”.

También está apoyando a sus vecinos Juan, 38 años. En su caso, renovó in extremis hace dos años, así que, por el momento, tiene un lustro blindado por delante, pero explica que, con su sueldo, cercano al salario mínimo interprofesional, no podía afrontar un alquiler a precio de mercado. O Javier, 76 años, que renovó a finales del 2023, pero vive ya con la incertidumbre de una nueva mudanza o de perder a sus médicos, con los que ha establecido una relación de confianza, tras siete años de visitas con su mujer. O Teresa, con la vista puesta en 2027, cuando cumplirá siete años en este piso y a quien le dijeron, como al resto, que se podría quedar “lo que quisiera”.

“Estamos todos aquí porque sabemos que esto lo quieren quitar”, explican casi al unísono en torno a una mesa de madera en la zona común de la urbanización, donde mencionan los casos de Pinto y Vicálvaro, las otras dos promociones que la Obra Social levantó en Madrid. Paloma vivía en la promoción de Pinto, donde se mudó tras un sorteo en 2013. “Cuando nos cumplió, llegó la prórroga del Covid, aunque no nos la querían dar, así que lo tuvimos que pelear. Yo estuve un año y medio pagando sin contrato”, explica. Finalmente, la orden de desahucio llegó, aunque para entonces ella ya se había ido. Dejó, eso sí, una demanda colectiva a través de la Asociación de Vecinos Tomás Bretón por cláusulas abusivas y por la venta de las viviendas al fondo Farley YTG, saltándose el derecho de tanteo y retracto a precio de VPO. “Nos la tenían que vender a nosotros a precio de vivienda social, pero nos la querían vender como vivienda libre porque el suelo se liberó”, explica.

Y en Vicálvaro, los vecinos están empezando a organizarse. “La mayoría se encuentra con que sus contratos sociales se acaban a finales de 2025 o mediados del 26, sin ningún tipo de alternativa por parte de La Caixa, que tiene el objetivo de hacer más negocio con alquileres temporales o vendiéndoselo a empresas externas, en lugar de mantener a familias que están en una situación socioeconómica bastante vulnerable. Por eso les dieron esas viviendas”, indica una portavoz del Sindicato de Vivienda de Moratalaz.

Sin embargo, los vecinos de estas antiguas promociones de los programas de vivienda asequible y alquiler solidario mantienen que la estrategia de la compañía es liberar esos pisos para seguir aumentando sus ingresos. Por ejemplo, algunas de las viviendas de Pinto, que InmoCaixa liquidó, están a la venta en portales inmobiliarios por más de 350.000 euros. Y otros de los apartamentos que han quedado libres en Vallecas, y de los que se ha deshecho la Fundación, se anuncian como alquiler de temporada, de uno a once meses, por 1.000 y 1.100 euros.

Con todo, los vecinos exigen una negociación para poder seguir en las que han sido sus casas durante años, incluso décadas. Algunos mantienen la esperanza y amenazan con seguir el ejemplo de David y quedarse pase lo que pase. Él hace una reflexión: “Con su imagen filantrópica, crees que no pasará esto”.

El acceso a la vivienda es ya la principal preocupación de la población en Catalunya, según constató el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. El 20% de los ciudadanos así lo considera, debido a los elevados precios –tanto de alquiler como de compra– en las grandes ciudades, que centra el debate tanto en el ámbito político y de las administraciones como entre la sociedad civil y el propio sector privado.

Para contribuir a sus soluciones, elDiario.es ha organizado unas jornadas de vivienda en las que han emergido propuestas como un mayor ritmo de cesión de solares y construcción, poner freno al papel de los grandes fondos inversores en vivienda, dar tiempo a la regulación de precios o dotar de mayor músculo al sector cooperativo y social.

En el discurso que ha cerrado la jornada, el president la Generalitat, Salvador Illa ha recetado “construir, construir y construir” como principal receta para superar la crisis de la vivienda, que afecta al conjunto de Europa pero de forma especial a zonas muy habitadas, como el área metropolitana de Barcelona. Illa ha situado la vivienda como el principal foco de la desigualdad actual y ha prometido “ser valiente y escuchar a todo el mundo” para solucionar el problema.

La jornada la ha abierto el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha reclamado a la Unión Europea regulación y “fondos extraordinarios” para que los ayuntamientos y los gobiernos regionales puedan promover o comprar vivienda y garantizar así el “derecho a quedarse” en la ciudad. 

La consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha anunciado que el Govern acabará el año con la cifra récord de 1.800 pisos comprados para vivienda social. El programa del Govern para la construcción de 50.000 viviendas, que comenzó con una llamada a los ayuntamientos para aportar solares, ya ha dado los primeros resultados con el afloramiento de suelo para la construcción de 14.000 pisos, ha agregado la consellera.

La primera mesa de debate, centrada en la colaboración público-privada, ha contado con la participación del cuarto teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), la entidad de gestión de vivienda del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Josep Maria Borrell; la coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hábitat3, Maria Sisternas; y la doctora en Economía, profesora de la Universitat de Barcelona (UB) y codirectora de la Cátedra Barcelona Estudis d’Habitatge, Montserrat Pareja-Eastway.

“No solucionaremos el problema de la vivienda sin el sector privado”, ha afirmado Valls, que ha abogado por “movilizar” recursos económicos, tanto del sector público como del privado, y que este último acepte “rentabilidades limitadas”. “Pero si buscan rentabilidades del 20%, no las tendrán”, ha advertido. 

Borrell ha reivindicado la “mirada metropolitana” que aporta el AMB a la hora de permitir localizar suelo estratégico para nuevas promociones o la gestión delegada de competencias de municipios. “Estamos en un momento histórico y no podemos tener mirada cortoplacista”, ha mantenido Borrell, que ha abogado por un modelo “flexible, adaptable e inclusivo” que cuente con el “liderazgo público”. “Cooperación y mano tendida con el promotor privado, las fundaciones o las cooperativas”, ha agregado.

Sisternas ha comparado la situación actual de la vivienda con la pandemia para reclamar “colaboración”, como la que mantuvieron las farmacéuticas privadas para hallar la vacuna contra el COVID-19 pese a competir entre ellas. “La administración tiene que explicar mejor qué hace y cuantificar sus objetivos”, ha afirmado la arquitecta, que ha propuesto reinvertir el dinero de las fianzas que recauda el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) en vivienda social. Al sector privado, Sisternas le ha reclamado un “cambio cultural” que lleve a entender que “quien haga vivienda protegida no se forrará”.

Pareja-Eastway ha situado la financiación y el suelo como los “cuellos de botella” del sector. “La vivienda es cíclica e imprevisible, que haya estabilidad y riesgo controlado es un incentivo para seducir al sector privado y que colabore con sector público”, ha aseverado, además de poner como ejemplo actuaciones sobre contratos a largo plazo, el derecho a superficie y concesiones.

La segunda mesa ha abordado cómo garantizar el derecho a la vivienda en un debate con la vicepresidenta de Amat Inmobiliarios y miembro del consejo asesor del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, Joana Amat; la socióloga e investigadora del CERES de CCOO, Irene Galí; la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona e investigadora en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), Carme Arcarazo; y el investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònom de Barcelona (UAB) Juan Antonio Módenes.

Amat ha reclamado un “gran pacto nacional para la vivienda” que ponga de acuerdo en unas bases comunes a administraciones públicas, sector privado, fundaciones y cooperativas y propietarios e inquilinos. Para Amat, es necesaria “seguridad jurídica” y “respeto” para el propietario. “La crispación no nos ayuda, tenemos que colaborar”, ha indicado.

Galí ha echado de menos una mirada a largo plazo. “No conseguimos salir del día de la marmota y solo nos hacemos preguntas sobre el momento actual”, ha lamentado, además de recordar el “olvido histórico y la falta de atención al derecho a la vivienda” en España. “La cuestión de fondo es que el negocio inmobiliario es el más rentable que hay, pero el negocio de unos pocos se convierte en el problema de muchos”, ha agregado.

Para Arcarazo existen cinco problemas alrededor de la vivienda: el incumplimiento de la legislación actual, como muestra la escapada de vivienda hacia el alquiler de temporada; la falta de inspectores para hacer cumplir la norma; la inestabilidad vital que comporta el alquiler; la vivienda como inversión y la falta de vivienda “pública y asequible”.

Módenes ha puesto los datos encima de la mesa: en Catalunya se forman cada año 75.000 hogares y se disuelven (generalmente, por mortalidad), 25.000, pero solo se construyen 20.000 al año, con lo que hay un déficit en la construcción de viviendas. “El principal problema es el desajuste entre oferta y demanda: no se está construyendo lo que indica la proyección de población y no se está garantizando que se mantenga el uso residencial del parque actual”, ha defendido.

Las alternativas ante la crisis de la vivienda, de la mano de modelos como el sector cooperativo, ha protagonizado la última mesa de debate, en la que han participado el comisionado para el impulso de las políticas de mejora urbana, ambiental y social de los barrios de la Generalitat, Carles Martí; el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera; la directora de proyectos de la cooperativa Sostre Cívic, Eva Ortigosa; y el codirector de la Cátedra Barcelona Estudis d’Habitatge, David H. Falagan.

Riera ha reivindicado el “modelo Barcelona” para ceder suelo al tercer sector y entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones o cooperativas, y levantar 1.000 pisos en diez años, además de promover ayudas para rehabilitación. “Tenemos que cooperar con todo el mundo: entre administraciones públicas, con el sector privado y con el tercer sector”, ha expresado.

Martí ha incidido en el “papel muy importante” del sector social en la rehabilitación, como por ejemplo en los cascos urbanos de las poblaciones. “Hay una gran convergencia entre los planteamientos del tercer sector y del cooperativismo con los de la Llei de Barris de la Generalitat, entendemos la vivienda de una misma manera”, ha celebrado. 

Desde Sostre Cívic, Ortigosa ha ensalzado el “impacto creciente” del sector cooperativo en la vivienda en los últimos años, lo que ha permitido incrementar el parque de viviendas de calidad, estable e indefinida “siempre sin ánimo de lucro”. “Hemos sentado las bases de otra manera de hacer al margen de la economía capitalista, podemos ser un motor de transformación social”, ha defendido.

Falagan ha hecho hincapié en las diferencias “estructurales” entre España y los países europeos en materia de vivienda asequible y protegida. Frente al 2,5% de vivienda pública y social de nuestro país, el porcentaje asciende al 30% en Países Bajos, el 24% en Austria o el 15% en Reino Unido o Francia. “El modelo en Europea es de resistencia frente a la mercantilización de la vivienda, el parque público y social es la tendencia a consolidar”, ha señalado.

Al Ministerio de Vivienda, a las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla y a los diez ayuntamientos más poblados del país. El Defensor del Pueblo ha puesto en marcha una macroactuación de oficio para solicitar a estas administraciones información sobre las políticas públicas que hayan puesto en marcha “para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada”, ante lo que Ángel Gabilondo considera “un problema grave, debido a los altos precios” y los “retrasos considerables en la gestión de las ayudas” destinadas a paliarlo, que “ahondan en la desigualdad entre los ciudadanos y condicionan su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos”.

En total, desde la institución se han iniciado un total de 30 actuaciones. Además de solicitar a estas administraciones información relativa a las medidas que estén o que planeen llevar a cabo “para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada”, el Defensor les pide conocer a cada una de ellas “información concreta” sobre el número total de viviendas protegidas y asequibles que existen en su territorio, el número de personas en lista de espera para la adjudicación de una de estas casas de protección pública y las medidas dirigidas a incrementar el parque público.

El Defensor del Pueblo defiende que “se necesitan más viviendas protegidas”, puesto que “España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social, que solo representa el 3,3%”, frente a países como Francia, con el 17%, o Países Bajos, con el 30%. O de la misma media europea, que se sitúa en el 10%, tres veces más.

Esta macro actuación de oficio señala a todas las administraciones porque “la situación de dificultad de acceso a al vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes”, aunque “es más intensa en aquellos territorios con más población y receptora de más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados y a las personas y unidades familiares con ingresos medios”, advierte la institución.

Además de al Ministerio y a las comunidades y ciudades autónomas, Gabilondo ha requerido información a las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, por criterios de población, que deberán responder —también las comunidades— si en sus territorios hay zonas tensionadas. Por el momento, de los municipios citados, solo Barcelona ha aplicado esta herramienta que permite la Ley Estatal de Vivienda, para controlar las subidas de precios, además de algunos territorios de Euskadi, Navarra, Asturias y en A Coruña.

El Defensor del Pueblo recuerda que “el acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que los poderes públicos deben hacer realidad, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo”. Aunque por el momento no esté ocurriendo: el precio del alquiler ha subido casi un 40% en una década y 1,5 millones de hogares dedican más del 30% de sus ingresos, la línea roja que marcan organizaciones nacionales e internacionales, a pagar la renta.

En su último informe anual, el Defensor ya había hecho hincapié en “la existencia de un problema grave de acceso que lleva tiempo preocupando”, como había venido plasmando en otros anuarios. En el de 2024, recordaba que “los poderes públicos han de actuar con la mayor determinación en la promoción de las condiciones necesarias y en la adopción de las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. En ese sentido, señalaba que “los ciudadanos se dirigen a esta institución expresando las dificultades que encuentran para acceder a una vivienda a precio de mercado” y para denunciar “las demoras que se producen en la recepción de las ayudas existentes”.

Al margen de las políticas destinadas a paliar la crisis residencial, el Defensor ha pedido información al Ministerio de Vivienda sobre el nuevo Plan Estatal. La ministra Isabel Rodríguez lleva meses manteniendo reuniones en este sentido. En concreto, según fuentes de este departamento, se han mantenido contactos con Euskadi, Catalunya, Navarra, Asturias, Canarias y con Galicia, la única comunidad con mayoría del PP en aceptar, por el momento, los tres requisitos que puso el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes: triplicar la inversión en políticas de vivienda y aumentar la cofinanciación para que estas asuman el 40%, frente al 60% del Estado; que las viviendas financiadas con fondos públicos formen parte del parque público a perpetuidad; y que se ofrezcan datos oficiales de forma transparente.

“Si todas las comunidades autónomas asumen esos compromisos, la ministra Isabel Rodríguez convocará una conferencia sectorial para abordar de forma conjunta el nuevo plan. De lo contrario, las negociaciones se llevarán a cabo de forma bilateral”, dicen fuentes ministeriales, que recuerdan que “el Estado tiene potestad para dirigir y condicionar las políticas de vivienda que se llevan a cabo con sus fondos”. Es decir, el Gobierno cerrará el grifo de la financiación a quien no asuma sus condiciones, que consideran “de mínimos y de sentido común”.