El Gobierno vasco ha decidido intervenir en el mercado de la vivienda en Donostia con una inversión próxima a los 100 millones de euros para retener en el parque público 510 viviendas de alquiler social construidas con la normativa previa a 2003 y que en 2028 iban a perder la calificación, es decir, iban a pasar a ser libres. Por diferentes movimientos, habían acabado en manos de una filial del fondo Blackstone y es la operación de este tipo de mayor calado en España.

La compra equivale a un 15% del presupuesto total de Vivienda para 2026, unos 600 millones, y sigue a otra operación anunciada en verano para comprar por 5,7 millones 100 viviendas del banco vasco Kutxabank.

La promoción de Benta Berri, donde residen del entorno de 1.700 personas en total, es de mediados de la década de 1990. Se adjudicó a Metrovacesa y Vallehermoso. Luego pasó a manos de Merlin y finalmente recayó en Testa Homes, una filial de Blackstone. Dice el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del PSE-EE, que levantar un bloque para alojar a tantas familias tendría un coste similar, por lo que merece la pena el gasto. “Se quedan. Es un acuerdo histórico. Es un éxito colectivo”, ha promocionado en sus redes sociales Itxaso, que comparecerá de urgencia este miércoles para dar los detalles del plan.

En paralelo, el Gobierno vasco prepara una modificación legislativa a través de los presupuestos de 2027 para hacer que todas las casas previas a 2003 no pierdan a los treinta años la calificación si están en zonas tensionadas. Por esta vía se han perdido del orden de 55.000 pisos protegidos y todavía quedan algunos en riesgo hasta 2033.

El caso de Benta Berri había motivado ya movilizaciones. Algunas familias estaban recibiendo ya cartas de no renovación. Un alquiler libre en la misma zona de Donostia podría dispararse a 1.600 euros, cuando ahora está entre 600 y 900, lo que podrá perpetuarse ahora. Habían recibido cartas de no renovación de los contratos por parte de la propiedad. Significativamente, Blackstone era titular solamente del vuelo y no del suelo, ya que era una operación en derecho de superficie. Las parcelas siempre han sido públicas.

Ghariba hace dos años que vive, junto a su hijo de 9 años, en un piso del barrio del Clot de Barcelona. Este martes ha sido desahuciada de su casa, a pesar de que pagaba religiosamente su renta. El motivo: el contrato no estaba a su nombre, sino que ella pagaba a un hombre que le realquilaba y que jamás llegó a transferir ese dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL.

Esa es la razón que ha esgrimido la Justicia para no suspender la expulsión de esta madre en base al decreto de vivienda que prohíbe los desahucios a familias vulnerables y que viven en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple todos los requisitos expuestos en la ley, la letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona considera que, al no estar a su nombre el contrato, “carece de legitimación” para que se le suspenda el desahucio, tal como se expone en el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este razonamiento se basa en el artículo 2 del decreto de vivienda, que es el que establece la suspensión de los desahucios. En el texto no se habla en ningún momento de inquilinos, sino de “parte demandada” y eso es a lo que se acoge la Justicia para considerar que Ghariba, a la que se considera “tercera parte”, no está amparada por la ley.

“Eso es absurdo, porque al final a quien van a desahuciar es a ella, no a quien le realquiló la habitación”, apunta una fuente jurídica consultada por este medio, que afea al tribunal que se haya acogido a un “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular”. “Es imposible legislar para todas las casuísticas y, en este caso, ha habido mala voluntad”, zanja.

“Los beneficios económicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”, lamentan desde el Sindicat d’Habitatge del Clot. Además, alertan de que hay muchas más personas que, como Ghariba, están subarrendadas y que podrían quedar desprotegidas.

A pesar de que los activistas del barrio llamaron a parar el desahucio y a la presencia de diversos vecinos, estos no pudieron impedir que la policía entrara en casa de Ghariba y acabaran desahuciándola. Decenas de personas, en su mayoría muy jóvenes, han acudido a las puertas del hogar de esta mujer para intentar impedir que los agentes antidisturbios de los Mossos, que han movilizado seis furgonas, ejecutaran el lanzamiento, pero han sido desalojados uno a uno.

Se trata de la tercera vez que se intentaba ejecutar esta expulsión: la primera vez, el 5 de octubre, fue suspendido por las lluvias, que obligaron al Govern a decretar la alerta roja. El segundo intento fue el 14 del mismo mes, ya con el decreto de vivienda en vigor; en ese caso se suspendió por “falta de un dispositivo policial”. La nueva fecha fue fijada para este martes a las 9:00; la comitiva no ha llegado hasta las 11:30 y la expulsión se ha acabado efectuando dos horas más tarde.

Víctima de una estafa

Esta madre supo que había sido víctima de una estafa cuando le llegó la denuncia por impago. A partir de entonces, se acercó al sindicato de inquilinas del barrio, que fueron quienes la ayudaron a entender lo sucedido y descubrieron que, aunque Ghariba no había dejado de pagar, su dinero no llegó nunca a la propiedad.

En ese momento, los activistas intentaron mediar con Rambert 2001 SL, pero lamentan que no obtuvieron respuesta. La empresa desoyó las peticiones de regularizar la situación de Ghariba o de ofrecerle un alquiler social, al que esta madre tendría derecho por ley. Porque, aunque su proceso de desahucio empezó antes de que se aprobaran los llamados ‘decretos Maricarmen’, en Catalunya ya existía la ley 24/2015, que lleva más de 10 años en vigor.

Esta dicta que si la propiedad es un gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, antes de interponer cualquier demanda por impago de alquiler, se debe ofrecer un alquiler social. Y eso no ha sucedido.

Con todo, esta madre cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. Pero todavía nadie le ha ofrecido un lugar en el que reubicarse junto a su hijo de 9 años. Ghariba lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social.

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 20, de la convocatoria de ayudas a las entidades sin ánimo de lucro que gestionan viviendas destinadas al alquiler social, perteneciente a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, que se publicará mañana miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el próximo jueves, día 22, hasta el 30 de octubre de este año. 

El objetivo de estas ayudas, reguladas por la Orden 6/2017, de 25 de octubre, es favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada a las familias con menos recursos económicos, desde la colaboración y la suma de esfuerzos entre la Administración autonómica y los colectivos sociales que promueven la inclusión de las personas más vulnerables.

A efectos de esta Orden, serán subvencionables los gastos soportados durante el último año vencido a la fecha de la convocatoria, en este caso el ejercicio 2025, que sean relativos al equipamiento básico de las viviendas; las altas en los contratos de suministros; los gastos de consumos de agua, electricidad y gas; los gastos de comunidad; los impuestos y tasas; los seguros de hogar y de edificio; las cuotas de alquiler, y otros gastos de análoga naturaleza.

La convocatoria actual cuenta con un presupuesto total de 50.000 euros. La cuantía máxima de la ayuda será de hasta 1.200 euros por vivienda y año, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad soportada por la entidad, una vez descontadas, en su caso, las aportaciones de los inquilinos. 

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley navarra de vivienda que blinda de forma permanente la calificación de las VPO de alquiler. La norma fue aprobada por el Parlamento foral en junio para impedir que 2.248 viviendas protegidas pierdan su calificación, que está próxima a vencer tras pasar 21 años desde su construcción.

“La ley navarra vulnera claramente la seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica no se va a construir una sola vivienda en la comunidad foral. Ya los navarros están pagando de manera dramática las consecuencias de una política de vivienda sectaria e intervencionista que está practicando María Chivite, que es exactamente la misma que Pedro Sánchez está practicando a nivel nacional”, ha asegurado este el presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas. Navarra, donde los precios de los alquileres están topados en 21 municipios, es de las comunidades donde menos ha subido el precio de la vivienda.

Desde el Gobierno de Navarra han defendido la legalidad de la norma aprobada en el Parlamento navarro, que fue avalada “por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada”. La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha afeado al PP que pretenda dar “inseguridad jurídica” a las familias que residen en esas viviendas que iban a perder su calificación y que se han visto “beneficiadas” por la nueva ley.

Alfaro ha anunciado que si el Constitucional admite el recurso, el Gobierno de Navarra se personará para “defender a las familias”. “Ya le dejamos al Partido Popular la defensa de los buitres”, ha dicho para apostillar: “Si forma parte de una estrategia electoralista, será todavía más ruin”. El PP ha presentado el recurso un día después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre y en pleno debate por los decretos de vivienda.

De las 2.248 viviendas de alquiler cuya calificación fue blindada con la nueva ley navarra, 123 la perderían en febrero del 2027 y otras 67 en agosto de ese mismo año. Según fuentes del Gobierno de Navarra consultadas, si el Constitucional adoptase como medida cautelar la suspensión de la norma a la espera de estudiar el recurso, esas viviendas se podrían ver afectadas por la pérdida de la calificación, si bien confían en que los magistrados no adopten esa medida.

Representantes de los afectados de las viviendas de Hermanos Calderón, junto a los de otras promociones adquiridas por “fondos buitre”, han mantenido este martes una reunión en el Congreso de los Diputados con representantes de Izquierda Unida para trasladar una propuesta legislativa destinada a proteger a las familias que residen desde hace años en viviendas que inicialmente eran de alquiler asequible.

Según han informado los afectados de Hermanos Calderón en un comunicado, durante la reunión se han abordado distintas vías de actuación, concretadas en cuatro compromisos fundamentales.

Así, la Plataforma de Hermanos Calderón ha trasladado una propuesta de articulado legislativo destinada a establecer un régimen especial de protección para los arrendatarios de viviendas que anteriormente formaban parte de promociones de alquiler social o asequible y que hayan sido adquiridas por debajo de su valor de mercado por fondos de inversión.

La iniciativa contempla garantizar la continuidad indefinida de los arrendamientos mientras los residentes cumplan sus obligaciones contractuales, impidiendo que estas viviendas pierdan su finalidad social por el mero vencimiento de los contratos.

En relación con los dos reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros y cuya convalidación está prevista para este viernes, los representantes de IU han señaldo que estas iniciativas no cierran las posibilidades de intervención legislativa y se han comprometido a trabajar para impulsar la propuesta de los afectados.

Desde la Plataforma consideran que esta previsión, además de proteger a las familias actualmente afectadas, tendría un “importante efecto disuasorio” frente a futuras operaciones especulativas.

Su carácter específico, limitado a fondos constituidos expresamente para adquirir estas promociones por debajo de su valor de mercado, podría facilitar un consenso parlamentario amplio, incluso entre aquellos grupos más reticentes a establecer limitaciones generales sobre el mercado del alquiler, han opinado.

En segundo lugar, se ha acordado promover contactos con Casa 47 para explorar fórmulas de negociación y colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos que permitan la adquisición pública de estas promociones y su recuperación para el parque de alquiler asequible.

La Plataforma ha insistido en que existen “alternativas reales para evitar la expulsión de las familias” y que la colaboración entre administraciones “puede resultar decisiva para devolver a estas viviendas la función social para la que fueron construidas”.

La reunión, auspiciada por el coordinador autonómico de IU y candidato a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha contado con la participación de los diputados de IU en el Congreso, Enrique Santiago y Toni Valero, y de la responsable federal de Vivienda de la formación, Carolina Cordero.

Así, los representantes de Izquierda Unida se han comprometido a impulsar la comparecencia de los afectados ante la Comisión de Vivienda del Congreso para que puedan trasladar directamente a los distintos grupos parlamentarios su situación, explicar las consecuencias de estas operaciones inmobiliarias y reclamar medidas concretas de protección, han indicado los afectados.

Reunión con el delegado del Gobierno

La actividad institucional de la Plataforma continuará este viernes con una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a quien trasladarán la misma propuesta legislativa, junto con otras reivindicaciones relacionadas con la situación de las familias de Hermanos Calderón.

Asimismo, se han abierto contactos con Podemos a nivel nacional para mantener una próxima reunión y ampliar los apoyos a esta iniciativa.

La Plataforma ha valorado positivamente el encuentro y subrayado que el objetivo es conseguir “el máximo consenso político posible” para que esta protección legislativa pueda articularse cuanto antes. “Una medida que permitiría garantizar la continuidad de miles de familias en sus hogares y evitar que viviendas concebidas para cumplir una finalidad social terminen convertidas en instrumentos de especulación inmobiliaria”, ha concluido.

La Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón ha lanzado la campaña 'Hay una carta para ti', para que los ciudadanos envíen una carta a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) por correo postal en la que piden que el Ayuntamiento compre las 107 viviendas en las que residen propiedad de un fondo privado que quiere venderlas.

En origen, fueron promovidas como alquiler asequible por InmoCaixa, inmobiliaria de Fundación La Caixa y así funcionaron hasta que, en 2025, fueron vendidas al fondo Mosaic Propco. La nueva propiedad pretende vender las viviendas a precio de mercado conforme vayan venciendo los contratos, lo que amenaza con expulsar de sus hogares a cientos de personas, algunas en situación de especial vulnerabilidad y con hasta 15 años de residencia.

La carta estará disponible en las redes de la Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, del Sindicato de Vivienda de Cantabria y de sindicatos de otras comunidades, así como de distintas organizaciones sociales y políticas.

La campaña propone que los participantes se graben un vídeo corto mientras rellenan la carta, se prepara el sobre, se echa al buzón o de cualquier otra forma que a cada persona se le ocurra para que lo suban a sus redes sociales con la etiqueta #ConLosVecinosDeHermanosCalderónNoALosFondosBuitre o alguna etiqueta similar.

Según indican desde la plataforma, la carta contiene una petición concreta: que el Ayuntamiento estudie “de inmediato” las fórmulas jurídicas y económicas disponibles y adopte las medidas necesarias para adquirir las viviendas, por la vía que resulte más adecuada, “de manera que sigan siendo asequibles y las familias puedan permanecer en ellas”.

Los afectados esperan que estas cartas den lugar a “un verdadero intercambio epistolar”. Esperan que, después de recibir cientos o miles, la alcaldesa responda de la con actuaciones concretas “y que ponga las necesidades de sus vecinos por encima de las de un fondo especulador extranjero”, subrayan en el comunicado.

Como ejemplo, plantean el del Ayuntamiento de Málaga, también del PP, que ya ha adquirido viviendas de otra promoción de InmoCaixa con ese fin: “Es un precedente que demuestra que existe margen para actuar y que la decisión de explorar esa vía depende exclusivamente de la voluntad del Ayuntamiento de Santander”.

Para participar, basta con descargar la carta, rellenarla, firmarla, meterla en un sobre, ponerle un sello y enviarla a Gema Igual Ortiz, alcaldesa de Santander con la dirección Plaza del Ayuntamiento, s/n 39002 Santander.

Varios inquilinos de las 107 viviendas de la calle Hermanos Calderón en Santander han denunciado en el juzgado las presiones en forma de constantes llamadas y mensajes para forzarles a abandonar sus pisos de alquiler social por parte de una empresa contratada como mediadora por los nuevos propietarios del edificio, el fondo de inversión, Mosaic Propco.

Una denuncia por presunto acoso inmobiliario y delito de coacciones a la empresa Administración y Gestión de Inmuebles Sociales, S.L. (IMASS), dedicada profesionalmente a la desocupación y a la posesión de inmuebles, refieren los denunciantes.

En concreto, los vecinos se quejan de que han empezado a recibir llamadas, mensajes y comunicaciones dirigidas a conseguir que abandonen sus viviendas antes de que venzan sus contratos o que las compren.

A finales de enero de 2026, un hombre se presentó sin previo aviso en uno de los domicilios en nombre de Mosaic. Preguntó quiénes vivían en la vivienda, cuántas personas componían la familia y cuál era su nivel de renta y les dijo que el fondo de inversión no pretendía prorrogar los alquileres, que quería que abandonasen las viviendas cuanto antes. Después preguntó por cuánto dinero estarían dispuestos a marcharse.

Una semana más tarde volvió a las diez de la noche y empezó a tocar el timbre de forma insistente. Les pidió 248.000 euros por adquirir la vivienda y como los propietarios no aceptaron les manifestó -“de malas formas”, recoge la denuncia- que en ese caso “se iban a la calle”.

A partir de entonces, las llamadas, los mensajes al whassap y en el contestador fueron constantes a través de números desconocidos y otra persona que también representaba a IMASS.

Reclamación a la Agencia de Protección de Datos

En paralelo, también han presentado una reclamación formal ante la Agencia de Protección de Datos por la utilización de datos personales por parte de esta empresa sin consentimiento. Además de los números de teléfonos aseguran que esta empresa mediadora ha “intentando recopilar circunstancias personales” sobre los inquilinos.

En las mismas solicitan al organismo regulador que abra una investigación para determinar cómo “una sociedad especializada en desocupación y recuperación de inmuebles” ha accedido a su información privada con el objetivo de negociar su desalojo.

Los escritos remitidos a la Agencia Española de Protección de Datos, explican que las viviendas pertenecían originariamente a una entidad vinculada a La Caixa y posteriormente se transmitieron a Mosaic Propco, S.L., que ha trasladado a los residentes su intención de no prorrogar los contratos de arrendamiento a su vencimiento para vender los inmuebles.

En este contexto, según señalan las reclamaciones, trabajadores de IMASS han iniciado contactos directos con los arrendatarios manifestando actuar en representación de la nueva propiedad para instarles al abandono anticipado de las casas.

Los afectados viven una situación de incertidumbre después de que 'la Caixa' -que construyó las viviendas asequibles en el marco de un programa de su fundación- decidiera vender los pisos a un fondo de inversión que quiere alquilar de nuevo las viviendas a precios de mercado.

Algunas de las familias que residen en los inmuebles son vulnerables o pasan por circunstancias muy delicadas. Otras familias se enfrentan a su posible salida, ya que su contrato vence próximamente, en concreto este mes de noviembre, tal como relataban recientemente a elDiario.es.

Otras medidas de presión

La gestión del fondo también ha generado otros conflictos que los inquilinos califican como “otras medidas de presión”. Hace escasas semanas, los inquilinos denunciaron que un cambio en la titularidad de los contratos de agua, por el que Mosaic Propco pasó a figurar como pagador, les ha impedido acceder a las bonificaciones municipales de la empresa de gestión de aguas (Aqualia) vinculadas a determinadas situaciones económicas. La plataforma vecinal considera que la pérdida de estas ayudas supone un nuevo perjuicio para las familias y existe una clara intencionalidad de perjudicarles con el objetivo de expulsarles de los pisos.

A Maricarmen le han echado de su casa. A los 87 años. A través de un desahucio que se había prorrogado y que la perseguía desde 2018. Lo ha efectuado la empresa Urbagestión, cuyas cabezas visibles son Fernando Fuentes Alonso y Ricardo Fernández Alonso. Hacemos un repaso de su caso. La historia de Mari Carmen nos conmueve y nos cabrea porque cuenta muchas cosas: habla del problema estructural de la vivienda en España a lo largo de décadas, que ya no perdona ni a una señora mayor y porque nos demuestra que el sistema nos puede echar a cualquiera de nuestras casas.

¿Qué ha fallado? Lo analizamos, y reflexionamos de qué manera este caso es estructural y cuenta décadas de vivienda en España, con el periodista de elDiario.es que lleva meses siguiendo la historia de Maricarmen, Germán Aranda. 

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'Nos quedamos'. Eso es lo que pone en un cartel colgado en una de las ventanas del piso de alquiler donde viven María L. Brizuela y F. Manuel Saiz, de 55 años y con dos hijos. Muchos carteles decoran los cristales de las 107 viviendas de renta asequible de la calle Hermanos Calderón, en Santander, que fueron vendidas por Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco.

En otras casas pone 'Nuestros hogares no son un negocio', 'Lucho por mi techo', o, 'Gema, te da igual el artículo 47'. La diferencia es que Brizuela y su marido son los únicos cuyo contrato vence en 2026, en concreto en noviembre, tras siete años en ese piso. Esta es la primera familia que afronta su posible salida. “Es mi casa, es nuestra casa, en noviembre no nos vamos, nos quedamos aquí”, defiende Brizuela con firmeza, sentada con Saiz, en una cafetería debajo de su bloque, en Peñacastillo, a las afueras de Santander.

La pareja acepta dar sus datos, pero pide no ser retratada. Acceden a que se vean sus manos y las entrelazan. Cuentan que, para acceder al piso de alquiler asequible, siete años atrás, tuvieron que pagar el mes de alquiler, el mes de fianza y un depósito de 1500 euros: “Suma que estaba sin amueblar, con los consiguientes gastos”. Entonces, Brizuela trabajaba en residencias de mayores y su marido era autónomo.

En junio de 2025, esta familia cuenta –con resignación– que estaba negociando la posible compra del piso. “El último precio que nos dio La Caixa eran 150.000 euros y nosotros ofrecimos 135.000 y ya nunca nos contestaron”. Cuando, en octubre, fueron notificados como los demás de la venta de los tres bloques de alquiler asequible al fondo de inversión, dice que llamaron a su arrendadora, “pero se desentendieron completamente”, afirma Brizuela.

En enero de 2026, “un señor con traje” llamó a su puerta para “tomar contacto con los vecinos”. Llevaba la ficha de la familia. “Sabía que habían intentado comprar. Nos dijo que el precio de venta era 248.000 euros... Y nunca más”, evoca Saiz, que hoy es panadero y su mujer tiene plaza de auxiliar en el hospital Valdecilla.

La tensión ha marcado a esta familia y a las más de ochenta restantes que han visto cómo, si no acceden a pagar el precio que oferta en cada caso el fondo de inversión, se quedan sin su casa. Saiz es pesimista –dice–, Pero Brizuela es optimista. En 2026, el Gobierno de España anunció un Real Decreto que permitía una prórroga de 2 años en vivienda habitual siempre que el contrato venciese antes de 2027. Brizuela y su familia solicitaron acogerse a la prórroga, pero fue rápidamente derogada.

Aun así, confían en que puedan quedarse, amparándose en la vigencia de la prórroga cuando la pidieron. Cuentan que les ha ayudado que su hija mayor es jurista, para entender que los procesos jurídicos se dilatan. Consultado al respecto, Juan Manuel Brun, abogado de las familias residentes en los 107 pisos dice a elDiario.es que “sería extraño que el juez contemplara el desalojo, en caso de que fuera instado –por Mosaic–”.

En el resto de mesas, cerca de las siete de la tarde de un día entre semana, la gente charla tranquila. Con dos vasos de café ya vacíos, Saiz dice que fue “más batallador” en su juventud, pero que ya no. Y Brizuela, que tiene la misma edad que su marido, se siente “cada vez más reivindicativa, cada vez más luchadora, cada vez más peleona”. En lo que ambos coinciden es en una idea que repite Saiz varias veces: “No me va a presionar nadie para largarme de aquí”.

Mosaic Propco, el fondo privado propietario de las 107 viviendas de Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo (Santander), ha cambiado la titularidad del contrato de arrendamiento de los tres bloques de alquiler asequible que adquirió en 2025 a Fundación La Caixa y que quiere vender, conforme concluyan los contratos de arrendamiento. Además, ahora aparece como pagador en el contrato.

Como consecuencia, los vecinos que hasta ahora han percibido bonificaciones en el servicio municipal de aguas y alcantarillado de Santander, externalizado y gestionado por la empresa Aqualia, ya no pueden tener la deducción.

Desde 2015, los vecinos que entraban a vivir como inquilinos en los bloques de Hermanos Calderón, InmoCaixa -inmobiliaria de Fundación La Caixa- figuraba como titular del contrato y el inquilino, como pagador. Por lo tanto, si tenía una situación especial, podía presentar la documentación en Aqualia para obtener la bonificación.

Ahora, al aparecer Mosaic Propco como pagador, las bonificaciones en Aqualia “se han perdido” porque ya no figuran los nombres de los inquilinos y, como resultado, sus condiciones para poder obtenerlas. Así lo denuncia la plataforma vecinal creada tras la venta de las 107 viviendas, en las que viven más de ochenta familias.

Los primeros vecinos que han perdido la bonificación “de forma unilateral” acaban de ser notificados. En un caso, la vecina que transmitido a Aqualia su situación para tratar de recuperar la ayuda. Y ha recibido respuesta de la empresa externalizada de aguas y alcantarillado: “La dirección de referencia corresponde a la persona jurídica propietaria del inmueble desde 2025, según consta en la nota simple”, además, agregan, “también constan los datos bancarios de dicha entidad para la domiciliación de dichos recibos”. Y concluyen: “Al no constar sus datos en el contrato, no podemos facilitarle más información al respecto si no aporta una autorización de la empresa titular del contrato”.

Los vecinos afectados perciben una estrategia por parte del fondo. “Estamos seguros de que se trata de otra medida de presión del fondo buitre para hacer perder ventajas” que corresponden a las familias numerosas, familias monoparentales con dos o más hijos, desempleados, personas con ingresos bajos, casos de vulnerabilidad social y económica...“, cuestionan los vecinos afectados.

A su juicio, “atacan a los más 'débiles' para tratar de hacerles daño complicándoles más aún la vida. Saben que el asunto económico hace daño y están tirando a perjudicar aún más a los vecinos. Es un nuevo mecanismo de presión para que abandonemos nuestros hogares”, cuestionan los inquilinos.

Los vecinos llevan desde marzo de 2026 denunciando públicamente su situación y han pedido, sin éxito, al Ayuntamiento de Santander y a la alcaldesa Gema Igual (PP) que compre las viviendas para que sean vivienda pública o que les ofrezcan alternativas habitaciones específicas, ante una situación en la cual algunos contratos empiezan a vencer en noviembre de este año.

Casa47, la entidad estatal de vivienda, lanzará convocatorias de alquiler asequible con los inmuebles de Cantabria propiedad de la SAREB, “en un plazo estimado no superior a los tres meses” desde que dicha sociedad se los transfiera.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Casa47 después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) cifrara en más de 850 las viviendas de su propiedad en la comunidad que tiene previsto traspasar para destinarlas a alquiler asequible, aunque sin aportar plazos concretos.

Hace unos días, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, afirmó en Laredo que esperaba que “en las próximas semanas” se pueda cerrar el listado definitivo de las viviendas cántabras que la SAREB transferirá a Casa47.

Según la información aportada por la SAREB recientemente a esta agencia, las viviendas que se transferirán en Cantabria se distribuyen en casi una veintena de municipios de la región: Astillero, Castañeda, Hazas de Cesto, Miengo, Piélagos, Polanco, Ramales de la Victoria, Reocín, Ribamontán al Monte, San Felices de Buelna, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Solórzano, Suances, Torrelavega y Villaescusa.

Forman parte de las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos que se van a transferir en todo el país dirigidas a crear un parque público de alquiler asequible.

Las viviendas que se destinen a alquiler asequible deben cumplir una serie de criterios (superficie, ubicación y otros) que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Conforme a ellos, se perimetró la cartera de SAREB para iniciar este traspaso.

A nivel nacional, este proceso arrancó en 2025 y seguirá completándose hasta el cierre de esta sociedad -la liquidación de la sociedad se mantiene en noviembre de 2027, aunque seguirá un tiempo manteniendo su actividad para completar su labor-.

En cuanto a las viviendas de Cantabria, el traspaso empieza de aquí a 2027 aunque luego queden algunas viviendas por transferir.

La SAREB ha aclarado que en estos momentos no dispone ahora mismo de todas esas 850 viviendas en Cantabria que prevé transferir a Casa47 para alquiler asequible (en la actualidad hay unas 650). Y es que faltan, por ejemplo, aquellas que se recibirán cuando se ejecuten los préstamos o finalicen los concursos de acreedores en los que la sociedad está presente.

Además, precisó que en la cifra de traspaso se incluye tanto vivienda vacía como alguna que ya está habitada, esto es con alquileres heredados del anterior propietario o alquileres del programa social. Estos inquilinos pasarán a tener como casero a Casa47 cuando se vayan formalizando los traspasos.

La sociedad sí precisó que lo que no se traspasará serán viviendas ocupadas ilegalmente porque en estos casos SAREB se encarga de recuperar la posesión y sólo cuando el activo está listo para alquilar se transfiere a Casa47 (antes se reforma o adecua si es necesario).

Un esfuerzo inédito en 15 años por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner vivienda a disposición en la ciudad de Toledo.

Para los próximos meses o años estarán disponibles o comenzarán a construirse un total de 612 viviendas destinadas al alquiler “asequible” y hay previstas otras 231 viviendas más para la venta, prevista en dos parcelas reservadas a cooperativas de vivienda, y que en la actualidad se encuentran en periodo de licitación pública.

En pleno proceso para que ciudad pueda dotarse de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), porque el que tiene vigente data, nada más y nada menos, que del año 1986, tras varios intentos de aprobar un nuevo planeamiento que ha sido tumbado en los últimos años en los tribunales.

El nuevo POM que se está preparando recoge una proyección de 17.000 nuevas viviendas en la ciudad (en un primer borrador se habla incluso de más de 31.000), aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de rebajar las expectativas de PP y Vox, y reduce esa necesidad a unas 7.656 hogares más para el año 2039, según ha avanzado Toledodiario.es. Para entonces, Toledo tendría más de 100.000 habitantes. Hoy cuenta con algo más de 87.000.

¿Cómo serán y dónde estarán las nuevas viviendas que se proyectan a corto plazo? Habrá 210 de alquiler asequible, que ya están en construcción, más otras 316 que se van a empezar a construir. A estas deberían añadirse otras 86 viviendas que están inacabadas y que finalmente se dedicarán al alquiler. En total, 612 viviendas.

A esas se sumarán 231 viviendas que se pondrán a la venta, a través de cooperativas.

En septiembre, más obras en el barrio del Polígono

Una de las promociones que empezará a ver a luz ahora es la que corresponde a las 316 viviendas de alquiler asequible previstas en la calle Río Fresnedoso del barrio del Polígono de Toledo. Las obras comenzarán en septiembre, según ha avanzado el director gerente de la empresa pública Gicaman, Roberto Cámara García.

La previsión supone adelantar el inicio respecto a las últimas fechas manejadas por el Gobierno regional, que situaban el comienzo de esta promoción, considerada por la Junta como “la joya de la corona”, a finales de este año.

La promoción, destinada al alquiler “asequible”, fue adjudicada a Clibeal 2030 S.L. (AR Rehabilitación-Sánchez Horneros) después de que la licitación quedase desierta en dos ocasiones. El proyecto cuenta con licencia de obras desde el 13 de mayo de 2025 y contempla un presupuesto estimado de 42,5 millones de euros, con una ayuda máxima de 15,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El desbloqueo de esta actuación ha estado ligado a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla una inversión de hasta 7.000 millones de euros y que, según ha defendido la Junta, permitirá completar la financiación necesaria para poner en marcha la promoción.

El plan estatal prevé que el 40% de sus recursos se destinen a ampliar la oferta de vivienda, mediante nueva construcción o adquisición de viviendas que se incorporen al parque protegido. Incluye además medidas para favorecer el alquiler asequible, la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética, así como ayudas específicas para vivienda en municipios rurales.

Con el inicio de las obras de las 316 viviendas, el Gobierno regional avanza en el despliegue de varias promociones de vivienda protegida en el Polígono. Las otras dos ya están en construcción y acumulan 210 viviendas, aunque ambas han superado el plazo inicialmente previsto para su finalización, fijado en el 30 de junio.

Roberto Cámara ha señalado que la previsión actual es que las 86 viviendas de la calle Río Cabriel terminen en septiembre, mientras que las 124 viviendas del paseo doctor Gregorio Marañón concluirán entre febrero y marzo.

Este último bloque de pisos fue adjudicado a Real Estate Adi 2 S.L., del Grupo Avintia, y obtuvo licencia de obra el 29 de octubre de 2024. La promoción cuenta con una inversión empresarial de unos 12,7 millones de euros y una subvención de la Junta de 6,16 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El precio previsto se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado, con una mensualidad aproximada de 550 euros, a la que habría que sumar los gastos de comunidad y otros tributos repercutibles. La Junta ha señalado que el alquiler final no superará los 700 euros mensuales.

Por su parte, las 86 viviendas de la calle Río Cabriel fueron adjudicadas a ACH Ventura Sport S.L., después de que Avintia renunciase a ejecutar la promoción. La licencia se concedió el 25 de febrero de 2025 y la obra también tenía como fecha límite inicial el pasado 30 de junio.

La actuación cuenta con una inversión de 11,4 millones de euros, de los que más de 4,2 millones proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation. El alquiler máximo también se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado y la Junta ha estimado una mensualidad de alrededor de 646 euros, incluyendo garaje y trastero, a la que podrían añadirse gastos de comunidad e impuestos.

Otra promoción inacabada y dos más para la venta

Además de las citadas, también hay otra promoción inacabada de 86 viviendas públicas en la calle del Río Valdemarías -cuya licitación para una empresa pueda finalizarla quedó desierta a principios de año-, frente al bloque de 86 de la calle Río Cabriel en construcción. Según la licitación fallida, Gicaman las destinaría también al alquiler.

De otro lado, hay dos parcelas en licitación -cedidas por la Junta a Gicaman- para construir en ellas un total de 231 viviendas protegidas, en régimen de precio tasado (VPT). Ambas se ubican en la avenida Río Boladiez y se licitan por un montante global de 4.282.648,64 euros. Tendrán que estar terminadas en el plazo máximo de cuatros años.

Tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este jueves entrará en vigor la calificación de Basauri como zona tensionada en aplicación de la normativa estatal de vivienda de 2023. Basauri se convierte en el decimoctavo municipio vasco declarado zona de mercado residencial tensionado, el cuarto de Bizkaia tras Bilbao, Barakaldo y Galdakao. Según ha dado a conocer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en conjunto ya son más de 1.160.000 personas, el equivalente a cerca del 55% de la población de Euskadi, las que residen en municipios que cuentan con esta consideración.

En el caso de Bizkaia, Itxaso ha especificado que “el porcentaje alcanza el 44,5% de la población del territorio” y ha anunciado que la estrategia “continúa además ampliándose”. Actualmente, permanecen en tramitación los expedientes correspondientes a Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio y Elorrio, así como Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati, Orio y Hondarribia en Gipuzkoa.

La medida influirá en la renta mensual para las viviendas que salgan al mercado y no hayan tenido un contrato de alquiler en los últimos cinco años y será la fijada por el índice de precios de referencia que establece el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con datos de la Hacienda foral. Además, en el caso de las viviendas que sí dispongan de un contrato de alquiler formalizado el precio será el de la última renta, con actualización anual. En este supuesto, existe la posibilidad de incrementar un 10% el precio en el caso de viviendas en las que, en los dos años anteriores a la declaración del municipio como zonas de mercado residencial tensionado se hayan realizado obras de rehabilitación, de accesibilidad o que supongan un ahorro energético del 30%. También en contratos de alquiler con 10 años de duración.

Itxaso ha indicado que la declaración de Basauri como zona de mercado residencial tensionado “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar allí donde el mercado está expulsando a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida”. “El objetivo es claro: proteger a la demanda mientras aumentamos la oferta de vivienda, movilizando todos los recursos públicos disponibles para equilibrar un mercado que hoy no está dando respuesta a las necesidades de muchas familias trabajadoras, personas jóvenes y clase media en general”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, del PNV, ha reconocido que “gracias a la declaración como zona tensionada se podrán limitar los precios de los alquileres y favorecer el acceso a una vivienda de alquiler más asequible”. “Es un hito más dentro de la batería de medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Basauri para aumentar la oferta de vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía basauritarra”, ha resaltado.

Construcción de nuevas viviendas

En cuanto a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Basauri para los próximos tres años se incluye la construcción de 362 nuevas viviendas, el 73% de ellas protegidas, y 42 apartamentos dotacionales gracias al plan de acción que acompaña a la declaración de zona de mercado residencial tensionado. La operación de mayor envergadura se desarrollará en Azbarren, donde se contemplan 416 viviendas protegidas y 24 apartamentos dotacionales, promovidos conjuntamente por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y otros agentes públicos. Durante el periodo 2026 -2029 comenzará la primera fase de este desarrollo con 242 viviendas protegidas, distribuidas entre promociones impulsadas por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Basauri y Harri Iparra, además de los 24 alojamientos dotacionales promovidos por el Ejecutivo autonómico.

A estas promociones se sumarán las previstas en San Miguel Oeste, donde comenzarán 18 nuevos alojamientos dotacionales junto con 24 viviendas tasadas, así como una nueva fase del ámbito de San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta, que incorporará 36 viviendas libres, reservando además suelo para futuros alojamientos dotacionales. Igualmente, la Actuación Integrada AI-02 permitirá iniciar 60 nuevas viviendas, de las cuales 24 serán viviendas de protección social y 36 libres.

Además de las actuaciones previstas durante la vigencia de la declaración, el planeamiento municipal incorpora ya nuevas operaciones como el desarrollo de Basconia Noreste, “una de las mayores bolsas residenciales del municipio”, ha anunciado el consejero, para avanzar que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, prevé promover 392 viviendas destinadas mayoritariamente al alquiler asequible, “una actuación llamada a convertirse en uno de los principales proyectos públicos de vivienda en Euskadi durante los próximos años”. También tendrán continuidad las siguientes fases de Azbarren , así como los desarrollos previstos en Basconia Sureste, San Miguel Oeste, San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta y otros ámbitos de transformación urbana contemplados en el planeamiento municipal. En conjunto, estas actuaciones permitirán completar el objetivo de 1.476 viviendas y 62 alojamientos dotacionales.

Un estudio sobre las viviendas vacías

Además de la construcción de nuevas viviendas, el plan del Ayuntamiento busca movilizar la vivienda vacía para el alquiler a través de un estudio específico sobre la vivienda vacía existente en Basauri que permitirá conocer con mayor precisión la dimensión del fenómeno, identificar los inmuebles susceptibles de incorporarse al mercado del alquiler y planificar nuevas actuaciones. Para conseguir llevar al mercado esas viviendas vacías, el plan combina medidas de incentivo con instrumentos de carácter fiscal. En este sentido, desde el Ayuntamiento informan de que continuarán impulsando las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que incorporen sus viviendas a programas públicos de alquiler como Bizigune o ASAP. Actualmente, estas viviendas disfrutan de una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y seguirán endureciendo el tratamiento fiscal de aquellas viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente, para lo que el Ayuntamiento ya aplica un recargo del IBI sobre vivienda vacía del 150%.

Otra de las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda es impulsar la conversión de locales comerciales en viviendas. Desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal en 2021, se han autorizado 113 conversiones de locales convertidos en casas. En cuanto a las ayudas disponibles, desde el Ayuntamiento han informado de que actualmente 188 jóvenes de 24 a 29 años residentes en viviendas de alquiler libre en Basauri son beneficiarios del programa Gaztelagun, aunque son 610 los que han solicitado la ayuda en algún momento. “La declaración de zona tensionada permitirá ampliar los límites de renta subvencionable y los umbrales de ingresos para acceder a Gaztelagun”, ha detallado Itxaso. Mientras que el dato del acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades económicas, recoge que actualmente 443 unidades convivenciales de Basauri tienen reconocido el derecho subjetivo a la vivienda y 135 personas perciben la Prestación Económica de Vivienda (PEV).

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, “una fecha para recordar” y “otro paso adelante” hacia el objetivo “irrenunciable” de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene “rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara” para esta comarca, que “nadie va a frenar”. Y también, de que esta comarca “importa, cuenta y tiene futuro”.

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un “magnífico” edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un “acabado excelente” y “máxima calificación energética”.

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. “Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo “extraordinario”, puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia “la realidad” del mercado de la vivienda en Cantabria: “hay demanda, pero sigue faltando oferta”.

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y “muy pronto” arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa “nuevamente” y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Buruaga pide “agilidad” al alcalde Balbotín

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), “la máxima implicación y agilidad posible” para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas “ya adjudicadas” en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

“Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal”, ya que “son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya”, puesto que, además, según la presidenta tienen “gran valor” a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos“, ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de “actuar en todos los frentes” para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

El seu fill petit corre pel menjador mentre Saray reconstrueix la decisió que, fa deu anys, li va canviar la vida. Asseguda al menjador auster d'un habitatge situat en un bloc de pisos de la perifèria de Palma, espera una resposta que pot determinar si podrà continuar vivint-hi amb la seva família. La seva història, però, transcendeix el seu cas personal. Stop Desahucios Mallorca sosté que la batalla de Saray posa de manifest una de les principals llacunes en l'aplicació de la Llei pel Dret a l'Habitatge: la manca d'activació de la mediació prevista per a determinats procediments de desnonament promoguts per grans tenidors abans de reprendre els llançaments suspesos durant la pandèmia.

Mentre la plataforma denuncia que aquesta garantia gairebé no s'està aplicant, Saray continua intentant regularitzar la seva situació mitjançant un lloguer social per a l'habitatge de la Sareb on resideix des de fa una dècada. I és que, més enllà del debat jurídic, aquesta mare de 29 anys descriu una llarga espera per arribar fins a aquest moment. Mentre la Sareb sosté en seu judicial que l'afectada va rebutjar inicialment un lloguer social, els correus electrònics intercanviats amb l'empresa que gestiona l'immoble per compte de l'anomenat “banc dolent” -que no ha respost a les preguntes d'aquest mitjà- mostren que la companyia continuava comunicant-li mesos després que la seva sol·licitud de regularització romania “en estudi”, i l'instava a tornar a contactar-hi si, transcorreguts 45 dies, no havia rebut cap notícia.

Dies abans de la data fixada per al desnonament, Saray es va tornar a adreçar a l'empresa per intentar arribar a un acord i, posteriorment, va comunicar que continuava sense tenir cap gestor social assignat ni informació sobre l'estat del seu expedient. La jove insisteix que l'únic que pretén és regularitzar la seva situació. “Em varen telefonar perquè enviàs tota la documentació i la vaig enviar. Em varen dir que complia els requisits”, afirma, tot reconeixent que està “una mica nerviosa” davant la incertesa sobre el seu futur residencial. “Jo només vull pagar un lloguer”, comenta. Rep l'ingrés mínim vital i viu pendent d'una resolució que encara no arriba.

La Saray viu pendent d'una resposta que no arriba mentre continua la incertesa sobre el seu futur residencial: "Jo només vull pagar un lloguer"

El pis buit que la Saray va convertir en la seva llar

Saray va arribar al pis després d'una etapa complicada en què compartia sostre amb la família del seu marit. “Jo no podia continuar vivint allà, volia la meva intimitat”, explica. Treballava a l'aeroport de Palma, però el seu sou amb prou feines li permetia cobrir les despeses del dia a dia i accedir a un lloguer al mercat lliure era una opció completament fora del seu abast. Amb una filla petita i sense cap alternativa habitacional, va començar a cercar qualsevol opció que li permetés independitzar-se. En aquell moment, els preus del lloguer començaven a disparar-se a Mallorca i trobar un habitatge assequible s'havia convertit en una missió pràcticament impossible per a moltes famílies amb ingressos modestos.

Un dia, va sentir una companya parlar amb un home que, segons li van explicar, es dedicava a obrir habitatges buits d'entitats financeres. Es va interessar per un d'aquells pisos, propietat de la Sareb. Va pagar 130 euros perquè li obrissin la porta i va entrar en un habitatge abandonat i gairebé sense condicions per ser habitat. I és que, després de la crisi immobiliària del 2008, van començar a proliferar en diferents ciutats persones que localitzaven habitatges buits de bancs o de la mateixa Sareb i en facilitaven l'accés a famílies sense recursos, una pràctica que va conviure tant amb xarxes de suport a l'ocupació com amb episodis de frau.

“La casa estava plena de pols, fatal”, recorda Saray. Mai no va signar un contracte de lloguer. Amb el pas del temps, però, aquell pis es va convertir en la llar on ha criat els seus dos fills. La seva situació va començar a canviar anys després, quan la Sareb va iniciar accions per recuperar l'habitatge. El procediment judicial va acabar derivant en un desnonament que va quedar suspès durant la pandèmia a l'empara de la moratòria estatal aprovada mitjançant el Reial decret llei 11/2020.

'La casa estava plena de pols, fatal', recorda Saray. Mai no va signar un contracte de lloguer. Va pagar 130 euros perquè li obrissin la porta del pis, propietat de la SAERB. Amb el temps, però, aquell lloc es va convertir en la llar on ha criat els seus dos fills

La disposició que pot canviar un desnonament

El seu cas ha acabat convertint-se en un exemple de les dificultats que, segons denuncia Stop Desnonaments Mallorca, està trobant l'aplicació de la disposició transitòria tercera de la Llei estatal pel Dret a l'Habitatge. El precepte estableix que, abans de reprendre determinats procediments promoguts per grans tenidors -els que són titulars de més de deu immobles urbans d'ús residencial-, s'ha de seguir un procediment de conciliació o d'intermediació destinat a valorar la situació de vulnerabilitat de la família afectada i a explorar solucions que evitin el desnonament, com ara ajuts públics o alternatives residencials.

La finalitat d'aquest tràmit no és únicament intentar un acord entre les parts, sinó també permetre l'activació de recursos públics destinats a evitar que una família vulnerable sigui desnonada sense una alternativa residencial.

L'entitat, però, denuncia que aquesta previsió amb prou feines s'està aplicant. Com assenyala Joan Segura, portaveu de Stop Desnonaments Mallorca, nombrosos òrgans judicials estan reprenent procediments sense aplicar el mecanisme previst en la disposició transitòria tercera o responen a les sol·licituds amb resolucions que no tenen res a veure amb el contingut de la norma. La plataforma sosté, a més, que la sentència del Tribunal Constitucional que va avalar la Llei d'Habitatge reforça l'aplicació d'aquest precepte i que els jutjats l'haurien d'aplicar d'ofici quan concorrin els requisits legals.

Stop Desnonaments Mallorca denuncia que nombrosos òrgans judicials estan reprenent procediments sense aplicar el mecanisme previst en la disposició transitòria tercera o responent a les sol·licituds amb resolucions que res tenen a veure amb el contingut de la norma

Aquest diari s'ha posat en contacte amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per comprovar com s'està aplicant la disposició transitòria tercera. Al web del màxim òrgan de govern dels jutges, al qual aquest mitjà ha estat remès pel mateix CGPJ, hi figuren estadístiques sobre els llançaments, però no hi ha cap apartat que permeti conèixer quants procediments s'han reprès després d'acreditar la mediació prevista a la llei. Davant aquesta manca de dades, elDiario.es ha revisat resolucions judicials dictades des de l'entrada en vigor de la Llei pel Dret a l'Habitatge. Aquesta anàlisi posa de manifest que encara no existeix un criteri uniforme: algunes resolucions analitzen l'obligació dels grans tenidors d'oferir un lloguer social o de complir determinats requisits previs al desnonament d'acord amb la normativa autonòmica. D'altres es limiten a resoldre qüestions processals o relatives a la situació de vulnerabilitat, sense entrar a valorar expressament l'aplicació d'aquest precepte.

Stop Desnonaments Mallorca explica que l'advocada de Saray va ser una de les primeres a les Illes Balears a sol·licitar l'aplicació d'aquesta disposició, ja l'any 2024, quan tot feia pensar que la moratòria aprovada mitjançant el Reial decret llei 11/2020 -i prorrogada successivament des de l'inici de la pandèmia- podia arribar a la seva fi. Enguany n'ha tornat a reclamar l'aplicació. Tanmateix, el jutjat no s'ha pronunciat expressament sobre aquesta petició i el procediment va romandre pràcticament inalterat fins que, tres dies abans de la data fixada per al llançament, la mateixa Sareb va sol·licitar al jutjat la suspensió del procediment al·legant que les parts es trobaven “en vies d'assolir un acord”. El jutjat va estimar la petició i va suspendre tant el procediment com el llançament durant trenta dies.

Activació d'ajuts econòmics

La mediació no constitueix un mer tràmit formal. Segons explica Stop Desnonaments Mallorca, és precisament durant aquest procediment quan es poden activar ajuts econòmics destinats a garantir una alternativa residencial per a les persones en situació de vulnerabilitat. Per això considera que, si el gran tenidor no promou aquesta mediació i el procediment continua igualment, la família afectada pot perdre l'oportunitat d'accedir a aquests recursos públics.

La mediació no constitueix un mer tràmit formal: és precisament durant aquest procediment quan es poden activar ajuts econòmics destinats a garantir una alternativa residencial per a les persones en situació de vulnerabilitat. Si el gran tenidor no promou aquesta mediació i el procediment continua igualment, la família afectada pot perdre l'oportunitat d'accedir a aquests recursos públics

“Jo vull un lloguer”

Més enllà del debat jurídic, Saray descriu una llarga espera per intentar regularitzar la seva situació. “Jo vull ca meva. Jo vull un lloguer”, afirma. Segons explica, va rebre una comunicació perquè aportàs documentació amb l'objectiu d'estudiar la possibilitat de concedir-li un lloguer social al mateix habitatge. “Em van telefonar perquè enviàs tota la documentació i la vaig enviar. Em van dir que complia els requisits”, explica.

Els correus electrònics intercanviats entre Saray i l'empresa gestora mostren que aquesta va obrir un expedient de regularització, va confirmar que la sol·licitud de lloguer social estava en estudi i va emplaçar l'afectada a tornar-hi a contactar si, transcorreguts 45 dies, no havia rebut cap notícia. No obstant això, pocs dies abans de la data prevista per al desnonament, la mateixa Saray va comunicar que continuava sense tenir cap gestor social assignat i que ningú no s'havia posat en contacte amb ella.

Si finalment ha de marxar, reconeix que només contempla dues alternatives: tornar temporalment a ca son pare o sol·licitar una plaça en un centre d'acollida per no quedar-se sense allotjament. La dona viu pendent d'una resposta que no arriba, mentre la incertesa sobre el seu futur residencial continua. “Estic una mica nerviosa perquè ja han passat els trenta dies del termini i no m'han dit res. A la meva advocada tampoc no li contesten”, relata. Rep l'ingrés mínim vital i assegura que els mateixos gestors de l'expedient li van comunicar que reunia els requisits per optar a un lloguer social a causa de la seva situació de vulnerabilitat.

La incertesa ha acabat passant factura a la seva salut. “M'estan marejant”, resumeix. Recorda que, quan estava previst un dels llançaments, va passar setmanes sense gairebé dormir mentre anava d'un jutjat a l'altre, parlava amb la seva advocada i acudia als Serveis Socials intentant esbrinar què passaria. “Vaig estar un mes així, sense dormir. Tres setmanes anant al jutjat, parlant amb la meva advocada i als Serveis Socials, movent papers. No contestaven fins a l'últim moment”, explica.

Jo vull la meva casa. Jo vull un lloguer

Saray — Afectada per un desnonament promogut per la SAREB

Els gestors del 'banc dolent'

Stop Desnonaments Mallorca considera que el cas de Saray obre interrogants sobre la gestió dels lloguers socials de la Sareb per part dels servicers, les empreses privades contractades per gestionar una part important dels actius immobiliaris del “banc dolent”, inclosos els expedients de lloguer social. Diverses companyies han assumit durant anys funcions de comercialització, administració i gestió d'habitatges i crèdits de la Sareb en virtut dels contractes subscrits amb la mateixa societat.

Aquests gestors concentren bona part de la tramitació dels expedients de lloguer social, però els procediments, denuncia l'organització, manquen de transparència i, en ocasions, s'allarguen durant mesos sense una resposta clara per a les famílies. Stop Desnonaments sosté que l'actual model de gestió incentiva la venda d'actius per damunt de la consolidació de lloguers socials, una valoració que relaciona amb el sistema de remuneració dels servicers. Segons l'entitat, aquestes empreses poden obtenir una rendibilitat econòmica més elevada amb la venda d'actius que amb la gestió de contractes de lloguer, una circumstància que, al seu parer, pot desincentivar les solucions residencials estables per a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Segons explica la Sareb al seu web, la societat va néixer amb l'objectiu de maximitzar la venda d'actius per amortitzar el deute avalat per l'Estat. Des del 2022, però, afirma haver incorporat un mandat orientat també a la sostenibilitat i a la utilitat social, així com al traspàs d'habitatges al parc públic. La Sareb assenyala igualment que una part significativa dels actius que gestiona estan habitats i que, des del 2022, ha desenvolupat un model de gestió dual que permet treballar amb famílies vulnerables, a les quals ofereix un Programa de Lloguer Social amb Acompanyament per ajudar-les a superar la seva situació de risc d'exclusió. Per desenvolupar aquesta tasca, explica, compta amb empreses especialitzades en mediació social.

La via de les Nacions Unides

Segura també critica que Espanya continuï sense donar un efecte efectiu a les mesures cautelars sol·licitades pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) de les Nacions Unides en determinats procediments de desnonament sense alternativa residencial. En el cas de Saray, la seva advocada ha presentat, amb el suport de Stop Desnonaments Mallorca, una comunicació davant aquest òrgan internacional, encarregat de vetllar pel compliment del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Espanya va ratificar aquest tractat juntament amb el seu Protocol Facultatiu, que permet a les persones que consideren vulnerats els seus drets acudir al Comitè una vegada exhaurides, en determinades circumstàncies, les vies internes.

Juntament amb aquesta comunicació, Stop Desnonaments va sol·licitar l'adopció de mesures cautelars perquè el llançament quedés suspès fins que es garantís una alternativa residencial adequada. La plataforma sosté que, en la seva experiència, quan el Comitè DESC formula aquest tipus de peticions a l'Estat espanyol, els procediments se suspenen de vegades per decisió del gran tenidor o del jutjat sense fer cap referència expressa a la intervenció de les Nacions Unides, fet que -al seu parer- invisibilitza el paper que exerceixen aquestes mesures cautelars internacionals. Aquesta és, tanmateix, la valoració de l'entitat i no implica que existeixi un pronunciament general sobre el grau de compliment per part d'Espanya de les sol·licituds del Comitè en tots els casos.

Su hijo pequeño corretea por el salón mientras Saray reconstruye la decisión que, hace diez años, cambió su vida. Sentada en el austero comedor de una vivienda situada en un bloque de pisos de la periferia de Palma, aguarda una respuesta que puede determinar si podrá seguir viviendo allí con su familia. Su historia, sin embargo, trasciende su caso personal. Stop Desahucios Mallorca sostiene que la batalla de Saray pone de manifiesto una de las principales lagunas en la aplicación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda: la falta de activación de la mediación prevista para determinados procedimientos de desahucio promovidos por grandes tenedores antes de reanudar los lanzamientos suspendidos durante la pandemia.

Mientras la plataforma denuncia que esa garantía apenas se está aplicando, Saray continúa intentando regularizar su situación mediante un alquiler social para la vivienda de la Sareb en la que reside desde hace una década. Y es que, más allá del debate jurídico, esta madre de 29 años describe una larga espera para llegar hasta ese momento. Mientras la Sareb sostiene en sede judicial que la afectada rechazó inicialmente un alquiler social, los correos intercambiados con la empresa que gestiona el inmueble por cuenta del llamado 'banco malo' -que no ha respondido a las preguntas de este medio-, muestran que la compañía seguía comunicándole meses después que su solicitud de regularización permanecía 'en estudio', instándola a volver a contactar si transcurridos 45 días no recibía noticias.

Días antes de la fecha fijada para el desahucio, Saray volvió a dirigirse a la empresa para intentar alcanzar un acuerdo y, posteriormente, comunicó que seguía sin tener un gestor social asignado ni información sobre el estado de su expediente. La joven insiste en que lo único que pretende es regularizar su situación. “Me llamaron para enviar toda la documentación y la envié. Me dijeron que cumplía los requisitos”, afirma, reconociendo estar “un poco nerviosa” ante la incertidumbre de su futuro residencial. “Yo solo quiero pagar un alquiler”, comenta. Percibe el ingreso mínimo vital y vive pendiente de una resolución que todavía no llega.

Saray vive pendiente de una respuesta que no llega mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro residencial: "Yo solo quiero pagar un alquiler"

El piso vacío que Saray convirtió en su hogar

Saray llegó al piso después de una etapa complicada en la que compartía techo con la familia de su marido. “Yo no podía seguir viviendo allí, quería mi intimidad”, explica. Trabajaba en el aeropuerto de Palma, pero su salario apenas le permitía cubrir los gastos del día a día y acceder a un alquiler en el mercado libre era una posibilidad completamente fuera de su alcance. Con una hija pequeña y sin una alternativa habitacional, comenzó a buscar cualquier opción que le permitiera independizarse. Para entonces, los precios del alquiler comenzaban a dispararse en Mallorca y encontrar una vivienda asequible se había convertido en una misión prácticamente imposible para muchas familias con ingresos modestos.

Un día, escuchó a una compañera hablar con un hombre que, según le contaron, se dedicaba a abrir viviendas vacías de entidades financieras. Se interesó por uno de esos pisos, propiedad de la Sareb. Pagó 130 euros para que le abrieran la puerta y entró en una vivienda abandonada y sin apenas condiciones para ser habitada. Y es que, tras la crisis inmobiliaria de 2008 comenzaron a proliferar en distintas ciudades personas que localizaban viviendas vacías de bancos o de la SAREB y facilitaban el acceso a familias sin recursos, una práctica que convivió con redes de apoyo a la ocupación pero también con episodios de fraude.

“La casa estaba llena de polvo, fatal”, recuerda Saray. Nunca firmó un contrato de alquiler. Con el tiempo, sin embargo, aquel piso se convirtió en el hogar donde ha criado a sus dos hijos. Su situación comenzó a cambiar años después, cuando la Sareb inició acciones para recuperar la vivienda. El procedimiento judicial acabó derivando en un desahucio que quedó suspendido durante la pandemia al amparo de la moratoria estatal aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020.

'La casa estaba llena de polvo, fatal', recuerda Saray. Nunca firmó un contrato de alquiler. Pagó 130 euros para que le abrieran la puerta del piso, propiedad de la SAERB. Con el tiempo, sin embargo, aquel lugar se convirtió en el hogar donde ha criado a sus dos hijos

La disposición que puede cambiar un desahucio

Su caso ha acabado convirtiéndose en un ejemplo de las dificultades que, según denuncia Stop Desahucios Mallorca, está encontrando la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda: el precepto establece que, antes de reanudar determinados procedimientos promovidos por grandes tenedores -aquellos que poseen más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial-, debe seguirse un procedimiento de conciliación o intermediación destinado a valorar la situación de vulnerabilidad de la familia afectada y explorar soluciones que eviten el lanzamiento, como ayudas públicas o alternativas habitacionales.

La finalidad de ese trámite no es únicamente intentar un acuerdo entre las partes, sino permitir la activación de recursos públicos dirigidos a evitar que una familia vulnerable sea desalojada sin alternativa habitacional.

La entidad, sin embargo, denuncia que esa previsión apenas se está aplicando. Como señala Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios, numerosos órganos judiciales están reanudando procedimientos sin aplicar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera o respondiendo a las solicitudes con resoluciones que nada tienen que ver con el contenido de la norma. La plataforma señala, además, que la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la Ley de Vivienda refuerza la aplicación del precepto y que los juzgados deberían aplicarla de oficio cuando concurren los requisitos legales para ello.

Stop Desahucios Mallorca denuncia que numerosos órganos judiciales están reanudando procedimientos sin aplicar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera o respondiendo a las solicitudes con resoluciones que nada tienen que ver con el contenido de la norma

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para comprobar la aplicación de la disposición transitoria tercera. En la web del máximo órgano de los jueces, a la que ha sido remitido este diario por parte del CGPJ, figuran estadísticas sobre lanzamientos en las que, sin embargo, no existe ningún apartado que permita conocer cuántos procedimientos se han reanudado tras acreditar la mediación prevista en la ley. Ante esta circunstancia, elDiario.es ha revisado resoluciones judiciales dictadas desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Esa búsqueda refleja que no existe todavía un criterio uniforme: algunas resoluciones analizan la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social o de cumplir requisitos previos al desahucio conforme a la normativa autonómica. Otras se limitan a resolver cuestiones procesales o de vulnerabilidad sin entrar a valorar expresamente la aplicación del precepto.

Stop Desahucios explica que la abogada de Saray fue una de las primeras en Balears en solicitar la aplicación de esa disposición, ya en 2024, cuando todo apuntaba a que la moratoria aprobada mediante el Real Decreto-ley 11/2020 -y sucesivamente prorrogada desde el inicio de la pandemia- podía llegar a su fin. Este año ha vuelto a reclamar su aplicación. Sin embargo, el Juzgado no ha resuelto expresamente esa petición y el procedimiento ha permanecido prácticamente inalterado hasta que, tres días antes de la fecha fijada para el lanzamiento, la propia Sareb solicitó al juzgado la suspensión del procedimiento alegando que las partes se encontraban 'en vías de alcanzar un acuerdo'. El juzgado accedió a la petición y suspendió el lanzamiento durante treinta días.

Activación de ayudas económicas

La mediación no constituye un mero trámite formal. Como explica la entidad, es precisamente durante ese procedimiento cuando pueden activarse ayudas económicas destinadas a garantizar una alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. De ahí que considere que, si el gran tenedor no promueve esa mediación y el procedimiento continúa igualmente, la familia afectada puede perder la oportunidad de acceder a esos recursos públicos.

La mediación no constituye un mero trámite formal: es precisamente durante ese procedimiento cuando pueden activarse ayudas económicas destinadas a garantizar una alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Si el gran tenedor no promueve esa mediación y el procedimiento continúa igualmente, la familia afectada puede perder la oportunidad de acceder a esos recursos públicos

“Yo quiero un alquiler”

Más allá del debate jurídico, Saray describe una larga espera para intentar regularizar su situación. “Yo quiero mi casa. Yo quiero un alquiler”, afirma. Según explica, recibió una comunicación para aportar documentación con el fin de estudiar la posibilidad de concederle un alquiler social en la misma vivienda. “Me llamaron para mandar toda la documentación y la envié. Me dijeron que cumplía los requisitos”, afirma.

Los correos intercambiados entre Saray y la gestora muestran que la empresa abrió un expediente de regularización, confirmó que la solicitud de alquiler social estaba en estudio y emplazó a la afectada a volver a contactar si transcurridos 45 días no recibía noticias. Sin embargo, pocos días antes de la fecha prevista para el desahucio, la propia Saray comunicó que seguía sin tener un gestor social asignado y que nadie se había puesto en contacto con ella.

Si finalmente tiene que marcharse, reconoce que solo contempla dos alternativas: volver temporalmente con su padre o solicitar una plaza en un centro de acogida para no quedarse sin alojamiento. La mujer vive pendiente de una respuesta que no llega mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro residencial. “Estoy un poco nerviosa porque pasan los treinta días del plazo y no me han dicho nada. A mi abogada tampoco le contestan”, relata. Percibe el ingreso mínimo vital y asegura que los propios gestores del expediente le comunicaron que reunía las condiciones para optar al alquiler social debido a su situación de vulnerabilidad.

La incertidumbre ha acabado pasando factura a su salud. “Me están mareando”, resume. Recuerda que cuando estaba previsto uno de los lanzamientos pasó semanas sin apenas dormir mientras recorría juzgados, hablaba con su abogada y acudía a Servicios Sociales intentando conocer qué iba a ocurrir. “Estuve un mes así, sin dormir. Tres semanas yendo al juzgado, hablando con mi abogada y a Servicios Sociales moviendo papeles. No contestaban hasta el último momento”, explica.

Yo quiero mi casa. Yo quiero un alquiler

Saray — Afectada por un desahucio promovido por la SAREB

Los gestores del 'banco malo'

Stop Desahucios considera que el caso de Saray abre interrogantes sobre la gestión de los alquileres sociales de la Sareb por parte de los servicers, las empresas privadas contratadas para gestionar gran parte de los activos inmobiliarios del 'banco malo', incluidos los expedientes de alquiler social. Diversas compañías han asumido durante años funciones de comercialización, administración y gestión de viviendas y créditos del llamado “banco malo” en virtud de contratos suscritos con la propia sociedad.

Estos gestores concentran buena parte de la tramitación de los expedientes de alquiler social, pero los procedimientos, critica la organización, carecen de transparencia y, en ocasiones, se prolongan durante meses sin una respuesta clara para las familias. Stop Desahucios sostiene que el actual modelo de gestión incentiva la venta de activos frente a la consolidación de alquileres sociales, una valoración que la organización relaciona con el sistema de remuneración de los servicers, quienes, según la entidad, pueden obtener una mayor rentabilidad económica con la venta de activos que con la gestión de contratos de alquiler, lo que en su opinión puede desincentivar las soluciones habitacionales estables para familias vulnerables.

Según señala la Sareb en su web, nació con el objetivo de maximizar la venta de activos para amortizar la deuda avalada por el Estado, aunque desde 2022 incorporó un mandato desinversor en términos de sostenibilidad y utilidad social y, más recientemente, el traspaso de viviendas al parque público. Asimismo, indica que un porcentaje relevante de los activos que recibe están habitados con diferentes casuísticas: señala que desde 2022 ha desarrollado un modelo de gestión dual que permite trabajar con las familias vulnerables a las que se les ofrece un Programa de Alquiler Social con Acompañamiento que les permita superar su situación de riesgo de exclusión. Para el desarrollo de esta labor la sociedad se apoya, afirma, en la experiencia de empresas especializadas en mediación social.

La vía de Naciones Unidas

Segura también critica que España siga sin otorgar un efecto efectivo a las medidas cautelares solicitadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas en determinados procedimientos de desahucio sin alternativa habitacional. En el caso de Saray, su abogada ha promovido, con el apoyo de Stop Desahucios, una comunicación ante este órgano internacional, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El tratado fue ratificado por España junto con su Protocolo Facultativo. Ese mecanismo permite a personas que consideran vulnerados sus derechos acudir al Comité una vez agotadas, en determinadas circunstancias, las vías internas.

Stop Desahucios explica que, junto con la comunicación, solicitó medidas cautelares para suspender el lanzamiento hasta que se garantizara una alternativa habitacional adecuada. La plataforma critica que, en su experiencia, cuando el Comité DESC solicita este tipo de medidas al Estado español, los procedimientos se suspenden en ocasiones por decisión del gran tenedor o del juzgado sin hacer referencia expresa a la intervención de Naciones Unidas, lo que -a su juicio- invisibiliza el papel que desempeñan esas cautelares internacionales. Esa valoración, no obstante, refleja la posición de la entidad y no implica que exista un pronunciamiento general sobre el cumplimiento por España de las solicitudes del Comité en todos los casos.

El Parlamento de Navarra ha cerrado este jueves el curso político con un pleno muy centrado en materia de vivienda. Los socios del Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai y Contigo7Zurekin) y EH Bildu han impulsado dos leyes con las que se busca reforzar la protección de los inquilinos: por un lado, ha salido adelante una norma que vuelve permanente la calificación de las VPO de alquiler y, por otro, se ha aprobado la regulación del alquiler de habitaciones y del alquiler de temporada.

Así, el Parlamento navarro ha dado luz verde a una ley que elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. La norma alcanza a 2.248 viviendas que perderían su protección.

Esta previsión se completa con la extensión de la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las VPO en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.

La modificación aprobada incluye una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto. Se ha agregado un nuevo párrafo dirigido a reservar a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas), con el fin de destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público. Esta prioridad se restringe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.

“Días como hoy hacen que la política merezca la pena”, ha celebrado el parlamentario Kevin Lucero, del PSN, uno de los partidos impulsores de la ley. “La calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo”, ha añadido el portavoz de Contigo/Zurekin, Daniel López.

Con todo, los grupos proponentes ya han anticipado que habrá “una batalla judicial” por la aprobación de esta ley, “porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos”, ha apuntado Mikel Zabaleta, de EH Bildu. “La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha apostillado.

Navarra, pionera en regular el alquiler de habitaciones

Por otro lado, la comunidad foral se ha convertido en la primera en la que el alquiler de habitaciones va a estar regulado con la aprobación de una norma que también afecta al alquiler de temporada. Se pretende con esta ley evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Así, los contratos de alquiler de habitaciones para vivienda habitual deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales ligados a vivienda habitual deberán estar vinculados a “causas reales” -como motivos laborales, formativos o asistenciales-. Estos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

La segunda modalidad se corresponde con el arrendamiento de habitación de temporada, destinado a “satisfacer necesidades puntuales o transitorias de alojamiento no equivalente a vivienda habitual”, y comprende usos vacacionales, turísticos, lúdicos o recreativos. En cuanto a la modalidad de hospedaje, el contrato puede alcanzar a la vivienda entera o a una sola estancia y debe incluir la prestación de unos servicios mínimos (al menos limpieza y suministros), entre otras cuestiones.

En las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

La Plataforma Ciudadana de Vivienda de Huesca considera que las 27 viviendas de alquiler social de La Merced cuyas llaves se han entregado este lunes son una “cantidad ínfima” para la gran necesidad residencial que existe y urgen a tomar “medidas de carácter estructural”. A lo largo de 2026 se sumarán otros 61 pisos de las Fases II y III de esta promoción, ubicada en el antiguo cuartel.

En representación de este colectivo, Margarita Alfaro se ha hecho eco de la entrega de llaves por parte del Gobierno de Aragón de las 27 viviendas de alquiler asequible de La Merced. Además de considerar que es una cantidad ínfima, ha lamentado que hayan tardado demasiado en hacerlas realidad. “Estas viviendas ya vienen de legislaturas anteriores, han pasado ocho años y para resolver el problema se necesitarían cientos de viviendas. Si en ocho años han entregado 27, el ritmo es muy lento”, ha dicho Alfaro, para quien “de alquiler asequible tienen poco, teniendo en cuenta el nivel de los sueldos que hay actualmente”.

Ha asegurado que en Huesca se construye, pero no pensando en las personas que necesitan realmente una vivienda, sino en quien la puede adquirir y así de ser un derecho, la vivienda ha pasado a ser una mercancía: “Vemos que se construye algo, pero no pensando en las personas que tienen un problema con la vivienda, sino en otras personas que las pueden adquirir, pero así el problema no se solventa”.

Por todo ello, la Plataforma apuesta por medidas estructurales, por un sistema más garantista que proteja al propietario y pueda poner con tranquilidad su vivienda en alquiler y que haya dialogo con la administración para atender a la necesidad real.

Los inquilinos de las viviendas de la Fase I de La Merced de Huesca ya disponen de las llaves para acceder a su nuevo hogar. A lo largo de 2026, a estas 27 viviendas se sumarán otras 61, con lo que sumarán en total 88 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible.

Representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Huesca, las tres administraciones públicas que han colaborado para sacar adelante esta promoción, se han dado cita a las puertas para hacer entrega de las llaves a los adjudicatarios y firmar los correspondientes contratos. El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha dado la “enhorabuena” a los adjudicatarios a los que por sorteo les tocó una vivienda en La Marced.

Ha dicho que hoy en para ellos “un día muy importante”, al igual que para las administraciones que lo han hecho posible. “Hoy es el principio de una nueva vida para todos vosotros” y “estamos orgullosos los que tenemos responsabilidad institucional y pública en la gestión de la vivienda de que podáis asentar en la ciudad de Huesca a vuestra familia, desarrollar vuestra actividad profesional y personal y que lo hagáis integrados los que sois de fuera y los que de aquí de Huesca lo sois de toda la vida, en una ciudad como esta, que cada vez va a crecer más y va a tener más posibilidades de éxito y de desarrollo”.

Las viviendas, de entre 35 y 92 metros cuadrados útiles, tienen de uno a cuatro dormitorios, plaza de garaje y trastero, así como eficiencia energética de clase A, gracias a un diseño que incorpora aislamientos térmicos de última generación, sistemas de aerotermia y materiales de bajo impacto ambiental. Los precios de estas viviendas oscilan entre los 283 y 631 euros como máximo.

En su intervención, López ha destacado el “drama social” que para muchas familias supone el acceso a la vivienda y por ello el “esfuerzo” de las administraciones públicas ha ido dirigido a facilitar viviendas sociales de alquiler asequible.

“Bienvenidos”

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, se ha dirigido a los adjudicatarios con un “bienvenidos a vuestro nuevo hogar”, a los que les ha felicitado, porque detrás de cada llave, ha dicho, hay un proyecto de vida y en esta ocasión en un histórico barrio de Huesca, como es el de San Lorenzo. “Quiero felicitar a todas las familias y personas a las que se os adjudican estas viviendas porque detrás de cada llave hay un proyecto de vida y hay ilusión y, en muchos casos, hay mucha espera y hoy esta espera se va a convertir en realidad”.

La alcaldesa ha insistido en que se trata de una actuación que permite recuperar parte de este barrio y mejorar varias de sus calles. “La vivienda no se entiende sin un espacio que la rodea y por eso en paralelo estamos trabajando y mejorando el entrono con la actuación en tres tramos de calle, los dos vinculados a las obras de La Merced, con la calle de San Lorenzo y también la calle del Padre Huesca”. Otro de los objetivos de esta actuación es la de atraer población a las zonas antiguas de la ciudad.

Por su parte, el subdelegado de gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha manifestado su “satisfacción” por el trabajo conjunto de las tres administraciones públicas y ha dicho que los adjudicatarios a los que hoy se les hace entrega de sus llaves ponen rostro al objetivo de dar solución al acceso de la vivienda. Campo ha indicado que “ellas y ellos ponen rostro al gran reto que todas las administraciones nos hemos fijado, la gran exigencia que nos pide la sociedad y es dar solución al acceso de vivienda”.

Ha añadido que “esta promoción ha sido un ejemplo de cómo el trabajo conjunto de las administraciones da frutos y esta primera fase cuenta con 1,20 millones de euros del Plan de Recuperación del Gobierno de España para ejecutar los fondos europeos, mientras que las otras fases tienen 2,7 millones de euros”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de haber entregado 5.000 viviendas de alquiler asequible con el Plan Vive que gestionan sobre todo Avalon y Sogeviso. Pero no responde al descontento que crece entre centenares de los inquilinos, que ya han creado una plataforma de afectados. Protestan por unos gastos de comunidad, garajes, trasteros e IBI que les duplican el precio inicial del alquiler y unas deficiencias que van desde limitación del agua caliente hasta goteras. Desde Colmenar Viejo hasta Pinto, pasando por Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Tres Cantos, Móstoles o Arganda del Rey y Valdebebas, los vecinos de hasta 9 municipios están indignados.

El enfado ya toma forma en una plataforma con 130 miembros que surge de la ampliación de la Asociación de Valdebebas, que es la que tiene unos precios más altos del alquiler. En todos los casos, a los gastos excesivos que han provocado incluso una denuncia, con garajes por encima de mercado y hasta 150 euros por plaza, se les suma el descontento por una falta de mantenimiento y unos problemas estructurales que no se resuelven con premura pese a los elevados costes de comunidad. 

Aunque han intentado sin éxito resolver sus quejas con las empresas, especialmente Avalon, esta envió recientemente un comunicado a los inquilinos sugiriendo que no hablaran con la prensa y recordándoles que no tenían derecho a compra. Lo dijo porque Avalon, conrolada por Aes Management, estudia vender sus viviendas del Plan Vive, según publicó Cinco Días. La recién creada asociación propone crear una mesa de seguimiento en que estén representados los inquilinos y se les reconozca colectivamente.

Denuncia contra el pago del IBI

En Móstoles, Antonio Gamez, que es abogado, fue el precursor de una de las primeras denuncias que se han presentado contra estas promociones. En su caso lo hizo por el IBI, por el que paga 50 euros y que asegura que la Comunidad no le puede cobrar. Usa como antecedente que le avala una sentencia del Supremo de 2024, también de Madrid, que determinó que las viviendas públicas de gestión privada no pueden cargar el IBI porque no es un servicio. 

En su contra juega el hecho de que Ayuso ya previó en el reglamento del Plan Vive que pudiera cobrarse este impuesto, como también dejó por escrito la obligación de aceptar la plaza de garaje y el trastero o pagar los gastos de comunidad, de forma que el alquiler acaba disparándose hasta, en muchas ocasiones, superar el 35% de esfuerzo económico que también prevé el Plan Vive. 

Además de los 50 de IBI, Antonio paga en su promoción del barrio de Humanes, donde hay 150 pisos, 50 euros por el trastero, 110 euros de comunidad y 80 euros por cada plaza de garaje, que en el mismo barrio están a 50 euros en Idealista. “Además, nos obligan a coger dos plazas y eso que los pisos están en un solar donde hay muchísimo aparcamiento”, se queja Antonio. Sumándolo todo al alquiler, paga 638, un precio algo por debajo del mercado en el barrio pero que duplica los 340 euros a los que se publicitaba el anuncio. 

Los anuncios en el portal de Idealista de viviendas por el barrio muestran un piso en el centro de Humanes de 35 metros cuadrados por 750 euros, precio idéntico a un bajo de 70 metros y algo inferior a un piso de 58 metros cuadrados y dos habitaciones a 850 que sale más barato el metro cuadrado que el del Plan Vive donde reside Antonio. Pero para él “no se trata de compararlo con el mercado libre, sino con que acaba teniendo un precio de dos o tres veces lo que debe ser una vivienda pública”. 

La promoción de Antonio no es de las que presenta más problemas, más allá que el tener conserje solo por la mañana ha generado algunos problemas de seguridad y hay humedades de la piscina que se han filtrado al garaje. También hubo problemas con la jardinería, con crecimiento descontrolado de hierbajos, un clásico en estas promociones pese a que el servicio está incluido en los altos costes de comunidad. 

El mal mantenimiento de una comunidad de más de 100 euros mensuales

Desde Getafe, Diana también denuncia “hierbajos por todos lados” y un conserje que está pocas horas, además de “una piscina que es muy pequeña” para los 111 euros de comunidad que pagan. “En otro piso donde vivía antes, pagaba 50 y estaba todo mucho mejor”, denuncia.

En su caso parte de un alquiler inicial de 500 euros que acaba convirtiéndose en 785 al sumar los 30 euros de trastero, los 88 de un garaje y 70 del segundo, los 112 de comunidad y los 47 de IBI. 

“Te entregan un piso y no te dejan ir a verlo”, denuncia Diana recogiendo un sentir también común entre los vecinos del Plan Vive. “Llegas, tiene placas del baño con humedad, la pintura mal hecha, la aerotermia funciona mal, el ascensor dice que es de ocho personas y con cuatro se sobrecarga y llegan a hacerte cobros duplicados”, denuncia. Además, como denuncian otros vecinos, las revisiones de precio hacen que suba año a año y además lo hace al ritmo del IPC y no del IRAV, el índice de referencia del alquiler, que es inferior, como dictaminó por ley el Gobierno al estallar la guerra de Irán, ya que el Plan Vive se rige por una normativa autonómica. 

Diana buscaba una vivienda donde pagar un precio asumible para él y su pareja, que cobran 1.500 euros cada uno. Pero se encontraron con un precio que, aunque les hizo aceptar la oferta y puede ser mejor que otras opciones de un mercado muy duro, no es precisamente asequible. “Yo lo que quiero es una vivienda digna, no dos plazas de garaje, ni una, o una piscina del tamaño de un jacuzzi”, sentencia. 

El enfado empieza por no poder ver el piso

En Alcorcón, un vecino que prefiere guardar el anonimato empezó ya a molestarse y contactar con otros vecinos cuando vio que no le dejaban ver el piso antes de instalarse y firmar el contrato. “Luego, llegamos a los gastos de comunidad e IBI que no conocíamos antes porque en la publicidad no salía”, denuncia. 

Y así, sumando el garaje y el trastero, el piso de dos habitaciones y unos 50 metros cuadrados se le acaba yendo a 900 euros. “Si no fuera por los más de 100 euros de la comunidad, el IBI de unos 30 euros, el garaje y el trastero, son 650 euros”, dice este vecino que además asegura que ya paga 100 euros más que cuando llegó a este piso, hace dos años, la primera promoción que se entregó, por las subidas del IPC. 

Como se repite una y otra vez en estas promociones y aunque en su caso la gestora es Sogeviso y no Avalon, los vecinos de Alcorcón no han conseguido un informe detallado de los gastos de comunidad. Además, como sucede en la mayoría de promociones, estos alcanzan el máximo permitido, un 18% del alquiler. Desde la plataforma denuncian que las empresas pueden estar financiándose con estos pagos, que superarían por mucho los gastos, independientemente de que en algunos casos hagan algunas devoluciones a los inquilinos. “La verdad, no sé qué servicios de comunidad hay”, lamenta en la línea de otras promociones. 

Goteras y fallas estructurales

Este vecino convive además con una gotera que se filtra por una persiana de la habitación y que nadie ha reparado y denuncia que “la puerta del garaje llegó a estar cinco días abierta de par en par”. “En mi casa tuvieron que hacer una obra porque el suelo estaba inclinado. De hecho, me deben dinero desde hace dos años porque me tenían que cubrir los meses que estaba fuera por la obra”, recuerda. 

Todos estos vecinos y hasta una treintena de seis localidades diferentes compartieron su experiencia y sus propuestas hace unas semanas en la sede de UGT, que les ayuda a organizarse, ya que la propiedad ni siquiera reconoce a la plataforma como interlocutora. Sergio Moreno, de Valdebebas, que creó una primera plataforma con un dosier que recogía las quejas, es su portavoz. 

Pero la indignación va más allá de los vecinos que se han unido a la plataforma e incluso de los municipios que se han incluido. En Arganda del Rey, Arlette se muestra desesperada por todos los problemas que afronta. En un piso de tres habitaciones donde vive con su hija, consiguió frenar que le obligaran a tener dos plazas de garaje para que no le subiera 150 euros más el alquiler. 

Pero aun así cuenta con una y sumando gastos de trastero, 30 euros, los 40 del IBI, los 150 de comunidad, los 80 de la plaza, el alquiler se le dispara de 800 a 1.100 euros. Además, cuando llegó en diciembre los vecinos de abajo protestaban por filtraciones de agua que se habían colado antes incluso de que se instalara. “Queda todavía una mancha en el suelo”, relata.

“El edificio es de muy baja calidad y no sabemos en qué se gastan la comunidad”, relata Arlette, que denuncia problemas con las cerraduras y con el ascensor que no se arreglan con premura pese al elevado coste de la comunidad. En su caso, la gestora es Qube Rent. 

“Aceptas por desesperación”

“Aceptas el piso por desesperación. Me he mudado un montón de veces en pocos años y este piso parecía mejor. Pero cuando te obligan a pagar gastos que no deberían correr de tu cuenta en un piso público y encima la comunidad no responde ante tantos problemas, es frustrante”. 

El sentimiento se repite una y otra vez entre los vecinos. No quieren irse porque han conseguido un piso a un precio a veces levemente por debajo del mercado, otras veces casi a la par, pero nuevo. Y además, se lo han dado, que es en ocasiones lo más difícil en la lucha contra una competición de la demanda desbocada. 

Aceptaron las condiciones movidos por la desesperación de no encontrar nada mejor. Pero eso no les resta la indignación de estar pagando gastos inflados por unos servicios que no se les dan y acabar afrontando alquileres que tienen poco de asequibles.

El Procurador del Común (el Defensor del Pueblo autonómico) de Castilla y León ha abroncado a Somacyl, la empresa pública más grande de la Comunidad autónoma y responsable de la promoción de vivienda pública, por no permitir subsanar documentación a una mujer que quería acceder a un alquiler social en Soria. Según la denunciante se produjo un problema técnico que impedía leer el código de verificación (CSV) de su certificado de empadronamiento, lo que afectaba a su puntuación, y no se le permitió corregir la situación. La afectada tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos, según ha informado la institución.

El Procurador del Común, que dirige Tomás Quintana, ha instado a Somacyl a garantizar que los solicitantes puedan subsanar defectos de la documentación para evitar su indefensión, puesto que se “rechazó de plano” valorar el mérito, lo que es “contrario a los principios de igualdad y objetividad”. La Junta de Castilla y León tiene delegada la gestión de las viviendas del parque de Vivienda Protegida en la sociedad pública Somacyl, “lo que exige el sometimiento pleno a la legalidad vigente”. Se exigen, por lo tanto, unos estándares mínimos de “seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y derecho a no sufrir indefensión”. Una indefensión que, entiende Quintana, se ha producido en este caso.

El responsable de esta institución ha reclamado a Somacyl que revise y corrija la baremación de la denunciante para que se reconozca la validez de los certificados que ha aportado, para que se le asigne la puntuación que legalmente le corresponda.

Somacyl, que se encarga de la Vivienda, Energía, los Recursos medioambientales y la Infraestructuras de la Comunidad, defendió que se valoraron los requisitos exigidos y se baremó la puntuación de los criterios a pesar de que los documentos habían sido entregados de manera “fraccionada”, lo que “inducía a confusión y no podía constatarse adecuadamente con el código seguro de verificación, al menos de uno de los dos documentos aportado”. Para el 'Defensor del pueblo' de Castilla y León, no se puede aceptar esta respuesta como “válida y suficiente”.

“Esta Procuraduría del Común no puede aceptar como una respuesta válida y suficiente a las alegaciones del solicitante, que el afectado tiene abierta la vía judicial civil para hacer valer sus derechos. Para Tomás Quintana, no es suficiente con que en la convocatoria se reconozca que el proceso de selección se rige por los principios de ”igualdad, concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia“, sino que estos principios deben ser ”respetados para no convertirse en meras declaraciones de intenciones“.