Nace el Sindicato de Vivienda de Cantabria para movilizar ante “la mercantilización y la dinámica turistificadora”
“La vivienda es un derecho humano fundamental para la dignidad de las personas, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución Española”. Así ha arrancado su presentación ante los medios el nuevo Sindicato de Vivienda de Cantabria. “Actualmente vivimos en un país donde se entiende la vivienda como un bien de mercado con el que poder hacer negocio y destinarse a usos distintos al de vivir: especulación, segundas o terceras residencias o turismo descontrolado”, ha señalado David Ayala, uno de sus portavoces.
A juicio del recién formado sindicato, este cambio hacia “un mercado salvaje” no es casual, es el resultado de “decisiones políticas, conscientes, de un capitalismo voraz que desarticula las bases sociales que hacen posible la vida”, según ha subrayado Ayala durante su intervención en rueda de prensa.
A juicio de este nuevo colectivo social, “la vivienda juega un doble papel contradictorio, como función social y a la vez, un activo financiero que genera beneficios”. Desde esta organización recuerdan que el conflicto que se plantea en este punto es anteponer el interés económico por encima del derecho a un hogar y “un conflicto social que enfrenta a dos clases con intereses opuestos, las inquilinas y los caseros” y “los beneficios de unos suponen el empobrecimiento de otros”. “Ante esta situación, ¿cómo vamos a poder asegurar la vivienda como un derecho?”, ha cuestionado Ayala.
“El 42% de nuestro sueldo lo dedicamos al alquiler”
Inés González, otra de las portavoces del Sindicato de Vivienda, ha destacado que “la situación de la vivienda en Cantabria es crítica”, con un aumento significativo en los precios del alquiler que ha duplicado su costo en la última década, “mientras que los ingresos medios de las familias solo han crecido un 20%”.
Gonzaléz ha detallado que según los datos más recientes de 2026, el coste del alquiler se sitúa ya en torno a 11,2 euros el metro cuadrado al mes, con Santander por encima de 11,9 euros el metro cuadrado y en Castro Urdiales en 11,6 euros el metro cuadrado. “Esto implica que una vivienda de tamaño medio de unos 80 metros puede rondar los 900 o 950 euros al mes”, ha explicado.
A juicio de la plataforma, esto resulta “inasequible para muchos, especialmente jóvenes y familias de bajos ingresos”, según han lamentado, ya que este crecimiento “está muy por encima de la evolución de los ingresos medios de los hogares, que han subido solo un 20%”. Y es que, en Cantabria, “las familias dedicamos el 42% de nuestro sueldo al alquiler”, ha señalado la portavoz.
De otro lado, desde el sindicato insisten en que a pesar de la afirmación de que falta vivienda, muchas propiedades nuevas se destinan a segundas residencias y hay un gran número de viviendas vacías en España. “En Cantabria nos repiten que falta vivienda, que la población está aumentando y que la ley del mercado hace subir los precios, pero incluso en municipios donde más se está construyendo o en aquellos que se están despoblando, el precio de la vivienda se dispara”.
Según González, “más de la mitad de la vivienda de nueva construcción se usa para segundas o terceras residencias”. Mientras tanto, ciudades como Santander o Torrelavega cuentan con centenares de solares sin edificar y en abandono, “a la espera de que la empresa privada y la especulación decidan su uso”. Esto se combina con viviendas vacías y sin uso, cuatro millones en toda España. “Construir sin regular no sirve”, han denunciado desde el sindicato.
Abusos de las inmobiliarias
Yolanda Ceballos ha explicado que el sindicato pretende ser “una organización plural y asamblearia” y entre sus objetivos figura “acabar con los abusos de las inmobiliarias”. “No toleraremos que nadie se tenga que ir de su casa para que quienes más tienen puedan especular con ella y lucharemos contra la dinámica turistificadora que las instituciones promueven para nuestro territorio, que no hace más que expulsar a quienes vivimos aquí”, ha denunciado.
Ceballos ha incidido en el posicionamiento expreso del colectivo, formado actualmente por unas 20 personas, “contra las viviendas y edificios de uso turístico y desde ya anunciamos que anteproyectos que amenazan con deshacer nuestros barrios, pueblos y nuestra vida comunitaria nos tendrán enfrente”. En este sentido ha señalado el apoyo y aprendizaje adquirido de otras organizaciones ciudadanas como Cantabria No Se Vende y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
“Hay que tener en cuenta que en el centro de Santander, la mayoría de las remodelaciones que se están haciendo no es para que haya viviendas de uso para vivir, sino que se quiere especular con ellas”, han advertido. Como ejemplo de ello han mencionado el edificio perteneciente a la orden religiosa de Los Franciscanos en Santander, “que lo ha comprado una empresa que pretende hacer más de 25 viviendas de uso turístico denominadas de lujo”, ha detallado González.
“Estamos haciendo una campaña en contra de este tipo de bloques turísticos que lo que hacen al final es quitar del mercado habitual las viviendas para convertirlas solo en uso turístico, con lo que ello implica”, han sostenido.
Ausencia de zonas tensionadas
Finalmente, el sindicato ha avanzado su intención a largo plazo de reclamar una ley propia para Cantabria ante la ausencia de zonas tensionadas declaradas e instar a las instituciones a que “no se haga efectivo ningún desahucio sin alternativa habitacional”.
Respecto al decreto de viviendas turísticas que aprobó el Gobierno de Cantabria y que ha dado una nueva moratoria a los propietarios, han considerado que “el Gobierno no deja de instaurar a los municipios de que sean flexibles con el tema de las viviendas turísticas, porque claramente su forma de gobernar es el enriqueciendo a los mismos y empobreciendo de los barrios y las ciudades que solamente ven que crece el turismo”.
Si bien no descartan llevar a cabo iniciativas legislativas populares e integrarse en la red de otros colectivos a nivel nacional, como la Confederación de Sindicato de Inquilinas de España, consideran que en Cantabria es necesario empezar por incentivar la presión en la calle. “La intención es llegar a poder hacer esa incidencia a nivel político, pero hasta ahora la presión en vivienda en Cantabria no ha sido una cosa que pudiera tener tanta relevancia y, sin embargo, estamos viviendo como en otras ciudades, en otros territorios, la presión en la calle ayuda mucho”, han considerado.
Sobre el Plan de Vivienda estatal que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, han señalado que “de nuevo es una normativa que deja a los más desfavorecidos al margen y regula para quienes tienen”, han argumentado. “Ni siquiera podemos pensar que es el principio de algo porque no creemos que vaya a cambiar las cosas”.
La organización ha instado a la comunidad a participar en sus asambleas y actividades, enfatizando la importancia de la solidaridad y la presión social para lograr cambios legislativos. Las reuniones se celebrarán todos los miércoles a las 19.00 horas de la tarde en la Biblioteca Municipal de Santander, así como una asamblea este jueves 23 de abril, que es por la mañana, por la prórroga de los alquileres. Igualmente, el Sindicato de la Vivienda ha organizado una 'vermutada' de carácter más lúdico para darse a conocer, y que tendrá lugar este sábado 25 en el local de la asociación Eureka, en Santander.
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