En la vivienda protegida española conviven civilización y barbarie

Como profesional del sector público de la vivienda leo con profunda indignación las noticias sobre el escándalo de la VPO gestionada por el PP en Alicante. De alguna forma, están manchando mi trabajo. Como ciudadano lo hago con aún más honda indignación. Están emponzoñando mi país.

El Tribunal Constitucional ha defendido en múltiples ocasiones que las CCAA son las competentes para decidir su política de vivienda, así como el régimen jurídico de “su” Vivienda Protegida. Lectura literal del texto de la Constitución española. Pero, a la vez, ha negado que pueda existir un tronco jurídico común a las 17 Viviendas Protegidas que en España existen. Grave daño al espíritu de la Constitución. Puede que inconsciente, pero ataque al disfrute de los derechos por parte de la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia y de la pericia o corrupción de sus autoridades autonómicas y locales.

Para la ciudadanía vasca, navarra o catalana (seguro que hay algún ejemplo más, aunque no demasiados) las noticias sobre la VPO alicantina del PP nos suena a escándalo que viene de otro país. De otro continente. Casi de otro planeta. La Vivienda protegida en estas tres Comunidades desde hace ya unos años siempre es protegida. Nunca puede ir al mercado. Siempre se adjudica con registros y procedimientos públicos que implican transparencia, libre concurrencia, objetividad y políticas de discriminación positiva de ciertas situaciones socio-económico-vitales. A años luz del sainete alicantino.

La VPO navarra, vasco o catalana (a partir de las fechas de sus respectivas reformas legales) es y será siempre Vivienda Protegida. Sea de titularidad pública o privada. Se haya hecho sobre suelo legalmente reservado a la Vivienda Protegida u otro tipo de suelo. Haya recibido ayudas públicas o carezca de las mismas. Se utilice por el usuario en alquiler o se detente en diversos tipos de propiedad. Sea en primer acceso (adjudicación), así como cualquier posterior alquiler, venta o herencia están sujetos a autorización administrativa (control de precios máximos legales y requisitos de los optantes a VPO). Las Administraciones tienen el derecho, que ejercen, de comprar toda VPO que se venda por sus titulares (tanteo y retracto). Y, además, tienen servicios de inspección-sanción al efecto. Tan así, que en muchas ocasiones la Administración no compra la VPO que se vende (se le ofrece directamente por el vendedor), sino que designa a un demandante inscrito para que la compre con su supervisión.

Este tipo de VPO una infraestructura público-privada al servicio de la sociedad. Lo cual, por cierto, en modo alguno quiere decir que toda la Vivienda Protegida sea social, o de alquiler o pública. La VPO también puede ser asequible. Disfrutarse en diversos tipos de propiedades (plena, parcial, temporal, colectiva, etc). O ser gestionada por entidades privadas sin ánimo de lucro (fundaciones y cooperativas) o con ánimo de lucro (empresas) limitado. Nadie se hace rico con la Vivienda Protegida “infraestructura”. Y, además, la Vivienda Protegida se intenta hacer en todo tipo de barrios, no solo en los de menos recursos. Todo manifiestamente mejorable. Pero la civilización.

Comprobar que las Viviendas Protegidas del PP en Alicante se han adjudicado fraudulentamente a personas afiliadas a este partido o próximas a cargos de esta formación causa escándalo. Pero, otras cuestiones también nos causan pasmo a millones de vascos, navarros y catalanes. 

Los suelos de titularidad pública para hacer VPO en Alicante se regalan a entidades privadas, en vez de retener su propiedad pública y, si es menester, cederlos en derecho de superficie a un promotor privado que construya Vivienda Protegida que nunca vaya al mercado y con la que nadie dé un pelotazo. El problema no es que una entidad privada pueda operar sobre suelo público dentro de ciertos límites marcados por el interés general, sino que se pierda la propiedad pública del suelo público y sobre el mismo se incentiven los pelotazos privados. 

La VPO alicantina se vende desde el día primer día al doble de su precio máximo (la mitad en blanco y la otra mitad en negro) y se alquila a tres veces su precio máximo oficial (una parte en blanco y dos en negro). Estas Viviendas Protegidas, pasados unos pocos años, de forma totalmente legal, pues así lo ha decidido la Comunitat Valenciana, se pueden alquilar y vender en el mercado al precio que desee su titular. 

Y en esto la VPO alicantina es como la de otras muchas CCAA del PP: muy cara, descalificable en muy poco tiempo y, de facto, Vivienda de Mercado, pues ni se inspecciona ni se sanciona ningún incumplimiento o fraude. Lobos cuidando ovejas. Todo esto, a mi modo de ver, defensor del servicio público, pero también de la colaboración público-privada simbiótica y no parasitaria, es la pura y dura barbarie.

Obviamente, las personas que han sido descubiertas cometiendo estas tropelías deberían sufrir las consecuencias de sus acciones: perder sus cargos o su condición de empleado público, afrontar multas y sanciones y, sobre todo, devolver las VPO injustamente adquiridas. Lo primero puede pasar en el caso de los políticos. Dudo que suceda lo mismo con los “empleados” públicos. Multas ya veremos si las hay. Y lo que en estos momentos parece seguro es que ninguna de las personas afectadas se va a desprender de la vivienda afanada que hoy legalmente vale unos 250.000 euros, ilegalmente cerca de medio millón y en uno pocos años (legalmente) seguro que se acercará a los 750.000 euros. Vivienda (de facto) de Mercado en frente de la playa en la agradable ciudad de Alacant. Preferirán los barcos a la honra. Aunque merecen perder barcos y honra.

Volvamos al Tribunal Constitucional. Dado que las autoridades autonómicas no siempre ni en todo el territorio se conducen con pulcritud, estaría bien que permitiesen que se fijase un mínimo estándar legal para toda la VPO de todo el país. La Ley 12/2023 intentó muy prudentemente hacer algo en esta dirección (impedir solo en ciertos casos la descalificación de la Vivienda Protegida). El Alto Tribunal, entiendo que sin quererlo expresamente, protegió la barbarie, no la civilización.

Se me dirá que cada electorado tiene lo que se merece. Y siendo en parte cierto. Creo que el argumento tiene fallas estructurales. El disfrute de los derechos de la ciudadanía no puede depender de la residencia en un territorio en el que el cuerpo electoral y sus electos en un momento dado sean o no decentes. Cada persona, por el hecho de ser ciudadana, debe estar legal y jurisdiccionalmente protegida contra de la indecencia colectiva territorial de turno. 

Sea como fuere, en materia de Vivienda Protegida (en realidad, en política de vivienda en su conjunto) la disyuntiva es clara: civilización o barbarie. La responsabilidad también es innegable: de la ciudadanía y de los Poderes del Estado (todos ellos dimanantes del Pueblo soberano). Puede que parezca que vamos perdiendo la partida. Pero también puede que estemos empezando a ganarla. Provoca risa que el Alcalde Barcala prometa llevar a la Fiscalía las adjudicaciones si encuentra irregularidades. Lo sorprendente es que encontrase alguna regularidad. Procede que el electorado alicantino (y el de tantos otros sitios) sea decente, retire el apoyo al latrocinio particular y apoye el interés general.