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Javier Burón Cuadrado

Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.

Abogado-economista. Experto en mercado y políticas públicas de vivienda, así como en reforma de la Administración y nuevas formas de gestión público-privadas. Profesor y ponente. Fue letrado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira (área de derecho público). Fue Viceconsejero y Director de Planificación de Vivienda del Gobierno Vasco. Fue asesor legal y económico de grupo parlamentario en el Congreso Diputados y en el Parlamento Vasco. Bloguero.

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Cinco pensamientos mágicos a evitar en materia de vivienda y un corolario ineludible

En Catalunya en estos momentos, y no sólo por razones electorales, abundan los debates sobre vivienda. Hay una muy interesante efervescencia de congresos, jornadas y artículos de prensa. Algo muy necesario, habida cuenta del grave problema que tenemos como sociedad en esta materia. Pero, y esto no es tan positivo, abundan las explicaciones parciales y viciadas por todo tipo de intereses. Supongo que yo también tengo prejuicios, al estar lastrado por una determinada posición profesional e intelectual. Pero, con el único ánimo de ayudar a clarificar el debate, quiero poner de relieve cinco pensamientos mágicos que en materia de vivienda nos impedirán construir soluciones sólidas que faciliten la salida del grave problema social que afrontamos.

Empezaré siendo crítico con mi propio colectivo profesional y llamaré pensamiento mágico primero al de no pocos directivos de empresas públicas de vivienda. Según ellos, con procurar suelo y financiación a las empresas públicas, el problema ya está en vías de solución, pues la producción de vivienda protegida, con una parte de la misma en alquiler, por si misma solucionará todos nuestros problemas. Como con el resto de pensamientos mágicos, debo decir que hay que hacer mucho de esto (de hecho, muchísimo), pero con sólo esto no será suficiente.

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El Tribunal Constitucional falla inconstitucionalmente en materia de vivienda

El pasado martes conocimos la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) interpuesta por el Gobierno de la Nación contra el Decreto Ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. Esta sentencia no solo declara inconstitucional varias de las medidas contenidas en esta norma, sino que además lo hace con una serie de razonamientos, a mi juicio, contrarios a la letra y espíritu de nuestra Constitución.

Partamos primero de la que ha sido jurisprudencia muy consolidada del TC en varios aspectos conectados a la vivienda. En primer lugar, el TC ha repetido hasta la saciedad que los tratados internacionales ratificados por nuestro país son, a todos los efectos, derecho interno, formando el derecho a la vivienda (como derecho a acceso a un techo digno) parte relevante de varios de estos tratados. En segundo lugar, el TC siempre ha recalcado lo evidente, que nuestra Carta Magna regula una propiedad que tiene siempre una función social (no es una propiedad “a la romana” en la que el propietario puede usar e incluso abusar de su propiedad);  dicha función social debe ser concretada, caso a caso, por las diferentes leyes sectoriales; y estas normas sectoriales pueden ser estatales o autonómicas, en función del reparto competencial entre niveles político-administrativos. Por otra parte, nuestro TC ha defendido durante décadas que los aspectos relativos al régimen del suelo y su valoración es competencia estatal, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la definición de su propio modelo de política urbana y de vivienda, a través de leyes y otras normas autonómicas.

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Los programas electorales de vivienda en la agenda

La tarea de comparar los programas electorales, aunque sea sectorialmente, en unas elecciones municipales (más de 8100 ayuntamientos) y 13 autonómicas es difícilmente abordable. Si además tenemos en cuenta que en esta ocasión el número de fuerzas políticas con verdaderas posibilidades de obtener representación es mayor que en otras ocasiones, el esfuerzo se vuelve quimérico.

Yo he hecho mi selección, tan arbitraria e imperfecta como otras. Pero he tratado de cubrir el mayor espectro político y territorial a través de la lectura de los siguientes programas (todos de las inminentes elecciones, salvo los autonómicos andaluces de PSOE y Ciudadanos –el único programa de vivienda de esta formación que he podido localizar:

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Desahucios: ¿se ha iniciado el deshielo?

Ya casi no es noticia que un juez haya paralizado un desahucio de una familia pobre que ocupa la que fue su casa u otra ajena (ejemplos del pasado 2014: GironaMieres y Córdoba). Y ello tiene su origen en dos fuerzas de presión a las que los jueces españoles, afortunadamente, no son ajenos. Por una parte, la movilización social orquestada en torno a la PAH y similares es inmensa, única en Europa y goza del casi unánime apoyo de la ciudadanía. Y por otra parte, el Tribunal de Justicia de la UE ha fallado en repetidas ocasiones contra España por nuestra legislación sobre desahucios.

La situación en sede comunitaria es tan grave que la Comisaria de Justicia está estudiando expedientar a España ante la evidencia de que, más allá del activismo judicial, los cambios realizados en el 2013 en la legislación española no cumplen las sentencias del tribunal europeo y nuestras familias empobrecidas siguen sin poder disfrutar de los beneficios de la normativa europea en materia de consumo. A lo que hay que añadir que recientemente el TJUE ha estimado (en el contexto de un caso eslovaco) que el derecho a la vivienda de los europeos es un derecho fundamental europeo que está por encima de las clausulas civiles o mercantiles que sirvan de garantía a un contrato de consumo o préstamo (TJUE 10/9/2014 Monika Kušionová vs. SMART Capital a.s).

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¿Por qué hay niveles distintos de desahucios entre CCAA?

En primer lugar, hay que señalar que no es nada sencillo dar una opinión técnicamente bien fundada sobre este asunto, habida cuenta de la disparidad existente entre los datos de fuentes tales como el CGPJ, el BdE, el INE, los Colegios de Registradores o la PAH. Aún así, de casi todas estas fuentes se deduce que hemos superado una cota psicológica relevante (los más de 100.000 desahucios al año) y que, en breve, superaremos el medio millón de familias desahuciadas desde el inicio de la crisis.

Dicho todo lo cual, es cierto que se comprueban comportamientos diferentes entre CCAA, como prueban los siguientes datos:

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El Gobierno desteje todo lo que teje Europa en materia de desahucios: ¡es el oligopolio, estúpido!

A cualquier ciudadano le tiene que resultar difícil de comprender que una y otra vez el Tribunal de Justicia de la UE le enmiende la plana al Estado español en materia de desahucios. El TJUE le ha tenido que explicar a los poderes legislativo y ejecutivo que las normas comunitarias sobre contratos, consumo y tutela judicial efectiva deben ser respetadas en España, también en el caso de las familias que de forma repentina sufren una fuerte o total merma en sus ingresos y no pueden hacer frente a su préstamos hipotecario firmado en plena burbuja.

Como jurista me produce una profunda tristeza que el TJUE le tenga que recordar reiteradamente a mi Estado que en los contratos debe haber equilibrio entre las partes y que en los tribunales ambas partes deben gozar de similares armas procesales para la defensa de sus respectivos intereses. Como europeo me alegra que el TJUE se haya convertido en un firme muro ante los ataques a los derechos fundamentales que realizan los legisladores y el Ejecutivo español. Y como defensor del verdadero Estado Social y Democrático de Derecho me alegra mucho que estos procedimientos ante el TJUE se estén produciendo gracias a la acción de jueces españoles que, en sus propias palabras, se han negado a ser los cobradores del frac de la banca.

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