El Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto de un delito de prevaricación administrativa al que fuera interventor del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) y condenado por la Audiencia de Las Palmas en el denominado caso Faycán, Enrique Orts Herrera.

El juez considera que Orts Herrera no cometió, tal y como le achacaba el Ministerio Fiscal (que reclamaba una condena de 12 años de inhabilitación especial) una prevaricación administrativa por presuntas irregularidades en la concesión de fondos públicos a una persona física y otra jurídica a sabiendas de que no cumplían con los requisitos para obtener ese dinero.

Según la sentencia facilitada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los hechos declarados probados no pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, tal y como entendía el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Telde, denunciante de la causa.

Detalla el juez que para ser sancionado por este delito, la autoridad o funcionario público, “a sabiendas de su injusticia”, debe dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, y que en esta ocasión, los hechos probados no reflejan dicho ilícito.

Según los hechos probados, Orts Herrera, como interventor del Ayuntamiento de Telde, certificó como deudas del consistorio dos pagos por valor de 3,7 millones de euros en concepto de precio por expropiación de dos terrenos, amparándose para ello en el Real Decreto Ley 4/2012 para el mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales.

Estas deudas tenían su origen en sendos procedimientos judiciales con condena firme al Ayuntamiento de Telde, que tenía que pagar esas cantidades como justiprecio de las expropiaciones forzosas.

Es por ello, reza la sentencia, que el que fuera interventor municipal certificó dichas deudas al considerar, “según su leal saber y entender”, que eran obligaciones de pago del Ayuntamiento que podían incluirse en dicho mecanismo legal, puesto que no recogía “expresamente” las deudas por obligación de pago de indemnizaciones recogidas por resolución judicial firme.

Sin embargo, la Fiscalía consideraba en su escrito de acusación que Orts Herrera certificó esos pagos “a sabiendas de que esas deudas no podían incluirse en el Real Decreto Ley 4/2012 al no cumplirse dos de los tres requisitos establecidos para ello”, ya que no contaba con facturas o solicitudes de pago equivalentes, ni se trataba de un contrato de obra, servicio o suministro incluido en el ámbito de aplicación.

Pese a estos argumentos, el juez entiende que la Fiscalía no pone en duda que esa deuda existiera realmente, ni que ellas derivaran de la ejecución de dos resoluciones judiciales firmes.

Ahonda además en que uno de los trabajadores del área de Hacienda del Ayuntamiento que declaró en el juicio afirmó tener conocimiento de que, siguiendo las instrucciones de ese decreto, el consistorio “decidió endeudarse para pagar esas obligaciones”.

La sentencia recoge que la normativa de aplicación amplió su ámbito objetivo de aplicación en 2013, incorporando al mecanismo las obligaciones que atienden a indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme por el concepto ya liquidado judicialmente, como ocurre en este caso, que data de 2012.

Y sostiene que no resulta “descabellado” sostener, tal y como hizo el acusado en su declaración, que era necesario disminuir la deuda municipal y remover en lo posible la situación de insolvencia o quiebra en la que se hallaba el Ayuntamiento de Telde, que tampoco “ha sido puesta en duda en el procedimiento”.

Su decisión para incluir esa deuda por expropiación forzosa, admite el juez, “no puede, en ningún caso, ser considerada como insostenible jurídicamente, puesto que, esos tres Reales Decretos dictados en menos de dos años tenían todos el mismo objetivo aunque no el mismo contenido, que se fue ampliando progresivamente”.

La resolución judicial puede ser recurrida en apelación para que sea la Audiencia Provincial de Las Palmas la que dilucide. 

El magistrado Salvador Alba, que deberá sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados para responder por la presunta comisión de cinco delitos en la operación maquinada contra la también jueza Victoria Rosell para perjudicar su carrera política y profesional, ha aprovechado el voto particular emitido en la sentencia de caso Faycán para criticar el “escarnio” al que, en su opinión, someten los medios de comunicación a los procesados en causas de corrupción como la que se ha enjuiciado, que se ha prolongado, desde la primeras detenciones, más de una década.

“Diez años de publicación en medios de comunicación, de calificativos hacia todos los implicados y de evidente intención de crear una corriente de opinión que, desde luego, no ha debido resultar fácil de soportar o llevar para ninguno de los hoy acusados. Ni para los que reconocieron los hechos ni para aquellos que, sin reconocerlo, se sometieron a un juicio de tres meses y, ante la ausencia de pruebas, hoy son declarados absueltos”, expone el magistrado en el último punto de su voto particular.

Alba sostiene que este tipo de causas no puede tener una duración de diez años, pues “detrás de todo procedimiento, hay personas, justiciables, que gozan de la presunción de inocencia hasta que en un tribunal se demuestre su culpabilidad”.

El polémico juez ha explicado que esta es la razón de haber aplicado a los 21 condenados, los acusados arrepentidos, la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por la que ninguno de ellos deberá ingresar en prisión, “algo que ha sido solicitado por el Ministerio Fiscal y que muestra la sensibilidad de esta imprescindible institución”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su sesión del pasado 19 de julio la suspensión de funciones del juez Alba como consecuencia del auto de apertura de juicio oral en su contra decretado el pasado 8 de mayo por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Casi cuatro meses después de que la instructora emitiese esa resolución, Alba sigue siendo, a todos los efectos, un magistrado en servicio activo, aunque de baja médica, puesto que aún no se le ha podido notificar la decisión del órgano de gobierno de los jueces.

La sentencia del caso Faycán, notificada este miércoles a las partes, reduce la trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007, con el Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) en el gobierno local, a “una suerte de empresa familiar” dirigida por la ya fallecida María Antonia Torres, a la sazón concejala de Obras Públicas, junto a su marido, Enrique Orts, entonces interventor municipal, y su asesor, Francisco Gordillo, “el conseguidor”. El tribunal sostiene que, de las pruebas practicadas durante el juicio, no puede deducirse que el alcalde en la época enjuiciada, Francisco Valido, del PP, hubiera percibido alguna mordida de los empresarios ni que tan siquiera estuviera al tanto de los manejos de su compañera de partido. 

El voto particular del magistrado Salvador Alba, asumido, en lo que se refiere a la responsabilidad de Valido, por sus compañeros de sala -Carlos Vielba y Oscarina Naranjo-, califica los indicios contra el exalcalde de Telde de meras “conjeturas” sobre las que “no puede construirse una condena penal” La resolución judicial, que a lo largo de sus 145 páginas deja varias píldoras contra la investigación de la Brigada de Información de la Policía Nacional, resta valor al informe de la Agencia Tributaria que atribuyó al dirigente popular y a su esposa ingresos sin justificación por valor de 90.000 euros y lo contrapone a la pericial “armada y contundente” presentada por la defensa de Valido.

Alba y sus compañeros de Sala se alinean con la tesis del acusado para concluir que el desfase entre los ingresos percibidos y declarados por Valido (la nómina como regidor y parte del alquiler de dos viviendas y un local comercial) y su mujer y las rentas disfrutadas durante ese periodo, unos 90.000 euros más, no tiene por qué significar que ese dinero procediera de comisiones ilegales. “Una persona puede gastar dinero procedente de otros ingresos -préstamos de un familiar, préstamo bancario, un premio de juegos de azar, el crédito de una tarjeta de crédito, una herencia o por dedicarse a actividades laborales o empresariales no declaradas”, expone el presidente del tribunal en su voto particular.

En su extensa y vehemente argumentación para explicar su decisión de absolver a Francisco Valido, redunda Alba: “No es lógico que si una persona pública está percibiendo comisiones ilegales vaya a ingresarlas en su cuenta bancaria y a tributar por ellas. Es, simplemente, disparatado. Pero es que si continuamos analizando el informe del señor Artecho (el perito de parte) y los informes de la Brigada Provincial de Información, reafirmamos nuestra convicción de que los ingresos del señor Valido tenían un origen lícito, puesto que corresponde a la acusación demostrar la licitud del origen de los mismos”.

La sentencia sostiene que esos ingresos no justificados, reducidos a unos 6.000 euros en consonancia con lo mantenido por el perito de la defensa de Valido, pueden proceder de “su importante patrimonio inmobiliario en explotación”. Durante su declaración en el juicio en calidad de peritos, los técnicos de la Agencia Tributaria descalificaron el informe de parte, al considerar que su planteamiento era “absurdo”, puesto que las cuentas bancarias, los ingresos y los pagos están controlados “y de lo que se trata es de conocer el origen del dinero”.

El tribunal no concede ninguna importancia como prueba de cargo a las anotaciones contenidas en la libreta de María Antonia Torres, el bloc donde supuestamente apuntaba las mordidas, entre ellas una supuesta comisión de 46.700 euros de la empresa Cobra a alguien con las iniciales “Alc” (de alcalde, según los investigadores y la acusación). “No podemos presumir que las cifras que aparecen en las anotaciones se refieran a sumas de dinero, a euros” ni que “los guarismos o siglas situados a la izquierda de la página 39 de la libreta se refieran a las iniciales de los concejales”.

El voto particular de Alba para exculpar a Valido se apoya, además, en los testimonios de los arrepentidos Enrique Orts, que dijo “no haber visto jamás al alcalde percibir dádiva alguna”, y Francisco Gordillo, de cuya declaración “tampoco se deduce el cobro de comisiones ilegales” por parte del regidor, puesto que aseguró desconocer ese extremo. La confianza del magistrado en las palabras del asesor de Torres parece, en cualquier caso, selectiva, ya que en la misma sentencia, apenas unos pasajes más adelante, le otorga “poca fiabilidad” al valorar una de sus aseveraciones, aquella en la que recordaba que su jefa le había comentado en alguna ocasión que iba a repartir “algún dinero” a Valido.

Con respecto al silencio del acusado, que se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio, Alba considera que el actual secretario político del PP en Telde ya dio suficientes explicaciones a través del mencionado informe pericial. Y añade: “No olvidemos que en el caso de señor Valido, al igual que el resto de personas públicas acusadas, han sufrido (sic) un envite de los medios de comunicación difícil de soportar y en un juicio público que ha durado meses, con cámaras de televisión y periodistas de muy diferentes medios presentes en la sala. El hecho de negarse a declarar puede interpretarse como un deseo o necesidad de no ser sometido a nuevas imágenes y un nuevo escarnio mediático como el ya sufrido durante más de diez años”.

Tampoco aprecian los magistrados la comisión del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía. Según el Ministerio Público, el alcalde había obviado la obligación legal de aprobar un plan de disposición de fondos en el Ayuntamiento con el objetivo de eludir la prelación de pagos y poder así beneficiar así a las empresas que pagaban las mordidas. “No consta probada una voluntad, una acción deliberada tendente a la no elaboración del referido plan con una finalidad torticera, ilícita, con la intención de retorcer la legalidad”, reza la sentencia, que no hace ninguna referencia al testimonio más incriminador contra Valido con respecto a este delito, el que prestó en fase de instrucción el extesorero José Rodas, que falleció antes de que se celebrara el juicio. El funcionario municipal manifestó entonces que el dirigente popular priorizó, mediante decreto, el pago a las empresas de la trama sobre las nóminas.

María del Carmen Castellano

Aparte de Valido, otros seis acusados del caso Faycán, los que no reconocieron los hechos (otros 21 confesaron), han sido absueltos. Entre ellos se encuentra María del Carmen Castellano, concejala de Desarrollo Local durante aquel mandato y, posteriormente, líder del PP en Telde y alcaldesa del municipio. La resolución judicial la exculpa de cualquier responsabilidad en el desvío de fondos municipales, mediante la emisión de facturas falsas, hacia las obras de reforma de la sede de su formación política en la zona de Arnao. “El Ministerio Fiscal se aferra a unas conversaciones telefónicas en las que no interviene la acusada”, expone.

Con respecto al delito de cohecho, la acusación de la Fiscalía se basaba en un informe de la Agencia Tributaria que cifraba en 57.332 euros sus ingresos no justificados. Sin embargo, a diferencia de Valido, ese informe patrimonial no se extendió a la pareja de Castellano. Al ser la cuenta investigada de titularidad conjunta entre la exalcaldesa y su marido, el tribunal concluye que esa cantidad podía provenir de los ingresos de su cónyuge y, en ese caso, “la duda sobre el origen de esos ingresos sólo puede favorecer la acusada”.

El Partido Popular ha anunciado este viernes que recurrirá la sentencia condenatoria del caso Faycán, sin tener todavía conocimiento de ella y el alcance de la misma. La Audiencia de Las Palmas, por medio de su presidente, Emilio Moya, ha comunicado ya el sentido del fallo del tribunal, que ha decidido absolver a los siete acusados que no se conformaron con las penas propuestas por el fiscal Anticorrupción, entre ellos dos ex alcaldes del PP, y declarar al Partido Popular responsable civil subsidiario por utilizar dinero público para la reforma de una oficina en el barrio de Arnao, en Telde.

La condena al PP de Telde en esta trama de corrupción durante su gobierno municipal entre 2003 y 2007 es la principal discrepancia entre el ponente y presidente del tribunal, el juez Salvador Alba, que ha emitido su voto particular de baja médica y suspendido –sin habérsele notificado tal extremo- por el Consejo General del Poder Judicial al estar acusado de cinco delitos y pendiente de juicio oral por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, y los otros dos miembros del tribunal, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, que consideraron que el PP sí se ha lucrado con dinero público.

En una nota difundida por la agencia Efe, la presidenta del PP de Gran Canaria, María Australia Navarro, ha anunciado que “no pueden aceptarlo” –esa responsabilidad civil subsidiaria- porque la Audiencia ha absuelto, precisamente, a dos exalcaldes del PP de Telde, Francisco Valido y Marí Carmen Castellano, sin entrar en el detalle de que otros 21 acusados han admitido los hechos que les imputaba la instrucción del caso y el fiscal, entre ellos, un asesor de Mari Carmen Castellano, José Luis Sánchez, y Francisco Gordillo, el asesor de la principal cabecilla de la trama, la fallecida Toñi Torres.

Navarro ha destacado que su partido estudiará la sentencia una vez que se conozca, lo que está previsto que ocurra en septiembre, y decidirá qué decisión tomar, aunque lo más probable es que decida recurrirla. Asimismo, ha expresado su satisfacción por esa absolución, aunque considera que llega tarde, pues ambos han estado trece años “sometidos a un procedimiento tortuoso en el que ha habido mucho sufrimiento” y “juicios sumarísimos en la plaza pública”.

Navarro ha dicho que la absolución no le ha sorprendido, pues tanto Valido como Castellano defendieron siempre su inocencia. La defensa del Partido Popular en este juicio corrió a cargo del senador de la formación de derechas Jorge Rodríguez, que fue procesado -y finalmente absuelto- en la pieza separada del Grupo Europa. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas le imputaba en esa causa dos delitos de tráfico de influencias y solicitaba para él un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación para empleo público por interceder en nombre de la empresa del mismo nombre en ayuntamientos gobernados por el PP.

Permítanme que ahora hable como ciudadano, más que como periodista. Habla mi yo que vive en sociedad, que paga impuestos, que intenta mantener valores cívicos, que deja pasar a personas con menos movilidad en la guagua, que pone un euro en la zona azul, que procura ejercer y difundir buenos valores, que recoge la caca de mi perra, que respeta a ancianos y pequeños… El Raúl ciudadano de Telde, que acata leyes para vivir en sociedad y que, en la medida de lo posible y lo aceptable, cumple normas, sobre todo tributarias, aunque algunas les parezca injustas. Con todo, como ciudadano y como periodista, dos partes que no se pueden disociar, estoy indignado. Mi cabeza no para de preguntarse cómo se puede permitir tanta impunidad, cómo arruinar totalmente a un municipio, uno de los cuatro más poblados de las Islas, sale gratis. Y lo que más me indigna es la falta de respuesta, la indiferencia, el manido y falso “todos los políticos son iguales”, que pone a la misma altura a justos de perniciosos.

Les voy a describir el camino hacia la impunidad. Robar y salir de rositas es gratis. Una vez gane las elecciones, cree un sistema clientelar entre el empresariado amigo y cobre comisiones ilegales por el trato de favor. Con ese dinero, no solo financie ilegalmente a su partido sino que, según la Fiscalía considera probado, aumente su patrimonio personal. Una vez salga a la luz la trama, escenifique una persecución política. El alcalde saldrá indignado a pedir que se esclarezcan los hechos. Cuando la luz se encienda del todo y el alcalde resulte imputado, lo mejor para acallar las voces críticas es dimitir. No dude de que, a pesar de todo, puede volver a ganar las elecciones. Antes, la cabecilla, según la Fiscalía, se quitará de en medio. Con la amenaza del proceso, gobierne como si no hubiera un mañana, ahonde en la ruina del municipio y aléjese todo lo que pueda del pueblo que maltrata. Perderá, lógicamente las elecciones, pero el legado de miseria que quedará no será fácil de ignorar.

Más de una década después comenzará el juicio, con un retardo injustificado y con un caso instruido de una manera cuanto menos sospechosa. 21 de los 28 imputados que quedan por el camino reconocerán los hechos, pero eso no impedirá que los siete restantes sean absueltos, el último día hábil antes de las vacaciones. Tampoco será óbice los delitos de malversación, cohecho o tráfico de influencias, que asesores municipales, familiares de Toñi Torres, empresarios o concejales admitieron en su momento. Los ex alcaldes, entre otros, se irán de rositas de una trama ilegal reconocida y que pasó por delante de sus ojos en lo que, según indican desde la Audiencia Provincial, representan “conjeturas” y no pruebas.

Los ladrones siguen campando por nuestras calles, sentados en nuestras plazas y comprando en nuestros comercios, quien sabe si gracias al enriquecimiento ilegítimo. En la sentencia solo ha sido condenado el Partido Popular como responsable civil subsidiario. El PP de Telde debe estar copado por marcianos que no pueden ser condenados y cuyas culpas se condonan con una multa de menos de 1.000 euros, calderilla para las cantidades manejadas en la red mafiosa creada y que saldrá de una sede, la del partido en Telde en el barrio de Arnao, cerca de San Gregorio, construida con los fondos obtenidos por esta estafa a los ciudadanos teldenses. Unos ciudadanos abnegados y valientes que supieron salir a la calle para gritarle a José Manuel Soria que no querían petróleo y que mucho menos lo querían como Hijo Predilecto. Ese día los concejales del PP, algunos, como la alcaldesa, implicados en el caso, decidieron ir a comer a una pizzería cerca de la Plaza de San Juan, donde había en torno a 2.000 manifestantes. Algunos se dedicaron a provocar a esos manifestantes con gestos de desprecio, una estupenda metáfora.

Telde es hoy un municipio endeudado, con problemas para cubrir los servicios esenciales y con muchas carencias. En buena medida la culpa la tienen los que jugaron con el dinero de todos para enriquecimiento personal. Si los ciudadanos tenemos que confiar en la Justicia, la Justicia ha de atender a los hechos probados y no dictar sentencia sin tomar en cuenta las evidencias, el abuso que los malhechores han perpetrado contra Telde y el retardo excesivo en el comienzo del juicio, lo que ha reducido la indignación en la ciudad. Una ciudad que seguirá siendo de los Faycanes, a pesar de que ese término identitario en la ciudad ha sido manchado por los que nos miraron a la cara y nos despreciaron, dando nombre a la famosa trama. La luz está encendida y las cucarachas bien visibles. Ha fallado la Justicia y genera un precedente peligrosísimo con el ejemplo de impunidad. Los rateros no tienen vergüenza y se seguirán paseando por nuestro Telde, el que nos ha costado tanto construir y que no podemos reparar porque ellos lo dejaron en la más absoluta de las ruinas. No se trata de pisar a las cucarachas, sino de quitarles la máscara de impunidad.

La Audiencia de Las Palmas ha soltado la bomba del verano minutos antes de dar por concluida la última jornada laboral hábil de la magistratura: los jueces del caso Faycán han adelantado el sentido del fallo de una sentencia que no notificarán hasta el primer día hábil de septiembre, y han absuelto a los siete acusados que no se conformaron con las penas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción.

Los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo han dado por válida, en parte, la sentencia emitida la semana pasada por el juez Salvador Alba a modo de “voto particular”, a pesar de estar de baja médica –en ese momento, el TSJC no tenía constancia oficial de que hubiera solicitado el alta- y suspendido por el Consejo General del Poder Judicial al estar pendiente de juicio, acusado de cinco delitos por conspirar para acabar con la carrera de su colega Victoria Rosell.

De este modo, el juicio abierto a 28 acusados por su presunta participación en una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde bajo el gobierno del PP (2003-2007), se cierra con 21 de ellos condenados al haber admitido su culpa, con rebajas sustanciales de sus penas que no sobrepasan los dos años de cárcel, pero con dos exalcaldes del PP, Mari Carmen Castellano y Paco Valido, absueltos, sin que se sepa hasta dentro de un mes los argumentos de los jueces para declararlos inocentes.

En una nota oficial emitida por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el máximo órgano de los jueces adelanta la absolución de esos siete acusados (además de los dos exalcaldes, el exjefe de Urbanismo de Telde José Luis Mena, en prisión por otras condenas; el arquitecto Emilio Hernández, el auxiliar administrativo Luis Felipe Martín, el secretario del partido Ciuca, Agustín León y el empresario Domingo Campos), pero a la vez declara la responsabilidad civil subsidiaria del PP “en la cantidad reclamada por el ministerio fiscal”.

Esa responsabilidad civil subsidiaria se refiere a uno de los presuntos delitos por los que se acusó a la exalcaldesa Mari Carmen Castellano, y asumiendo en su totalidad su culpa, fue condenado uno de sus asesores, José Luis Sánchez: la reforma de una oficina del partido en el barrio de Arnao, costeada con fondos de la Unión Europea destinados a combatir el desempleo. Parte de ese dinero se utilizó para sufragar la apertura de esa sede del partido, con el visto bueno documental de la exalcaldesa.

La Audiencia de Las Palmas, a través de su presidente, Emilio Moya, se ha limitado a informar por medio de su gabinete de prensa de esa decisión absolutoria de los otros dos magistrados del caso, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, admitiendo en parte el voto particular dictado la semana pasada por Salvador Alba. Pero no dejan clara en qué situación quedarían los otros 21 acusados conformados.

En este sentido, al inicio del juicio ya se produjo una controversia jurídica en el momento en que esta veintena de acusados admitía su culpabilidad de los hechos de los que les acusaba el fiscal Anticorrupción, Luis del Río. El presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Salvador Alba, nunca llegó a dictar esas condenas in voce, sino que se remitía al texto final de la sentencia, por el que habrá que esperar todo un mes para conocer el alcance real de la misma.

Ese hecho insólito dio pie a que algunos juristas presentes en el juicio dieran por válida la posibilidad de reclamar la nulidad de todo el proceso si al final del mismo se vieran perjudicados sus clientes. Salvador Alba siempre sostuvo que no era necesario dictar sentencia en la sala para dar legalidad a las penas conformadas.

El caso Faycán fue una de las primeras tramas de corrupción del PP de Canarias, investigada por la recién creada Fiscalía Anticorrupción entre 2004 y 2006, cuando saltó a la luz pública con las primeras detenciones en el municipio de Telde, entre ellas, su cabecilla ya fallecida, la expresidenta local del PP María Antonia Torres.

De ese caso se desgajó una pieza separada, el entramado en torno a la política de viviendas oficiales de Grupo Europa en el Ayuntamiento de Telde, que fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con condenas varias, salvo para el entonces diputado regional aforado y ahora senador Jorge Rodríguez Pérez, ahora abogado defensor del Partido Popular en esta trama del caso Faycán.

Tal y como anunció a principios de semana, el juez Salvador Alba, suspendido de sus funciones por el Poder Judicial al estar acusado de cinco delitos por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, ha remitido a la Audiencia de Las Palmas su “voto particular” sobre el caso Faycán, una trama de corrupción del PP en el municipio grancanario de Telde de la que el magistrado suspendido es ponente.

Salvador Alba ha “dictado sentencia” estando todavía de baja médica, suspendido por el Consejo General del Poder Judicial desde el jueves pasado y con el sumario de este caso en el que están pendientes de sentencia dos exalcaldes de Telde a 15 kilómetros de su domicilio, la distancia que hay hasta la Ciudad de la Justicia.

La remisión de su sentencia, a modo de voto particular, adelantada este viernes por Canarias7 ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El TSJC ha informado que en el alto tribunal no consta formalmente que Salvador Alba haya recibido el alta médica, ni que tampoco haya recibido la notificación del Poder Judicial sobre su suspensión cautelar al abrirse juicio oral contra él.

La causa del caso Faycán fue una de las que la comisión judicial encontró en su despacho al día siguiente de su suspensión, así como otras causas menores, al entrar en sus dependencias con secretaria judicial. De este modo, la sentencia la ha trabajado el ponente a distancia, o por medios clonados del voluminoso sumario de este proceso en el que ya se han conformado y reconocido su culpabilidad una veintena de acusados, mientras otros ocho, entre ellos los exalcaldes Paco Valido y Mari Carmen Castellano, defienden su inocencia.

La Audiencia Provincial debe ahora decidir qué hacer con el parecer del ponente de baja médica y suspendido por el CGPJ. Según indican fuentes oficiales, los otros dos magistrados que componen la sala, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, estudian si procede admitirla, de qué forma, ya sea como sentencia o como voto particular, o rechazarla por la situación legal en la que se encuentra su colega.

Otras fuentes judiciales conocedoras del caso han confirmado a Canarias Ahora que Alba no ha recibido todavía la notificación de su suspensión por el CGPJ. Emilio Moya, presidente de la Audiencia de Las Palmas, había dado instrucciones expresas de que le fuera notificada la suspensión a Alba en el momento que apareciera por la Ciudad de la Justicia, lo que da a entender que no fue Salvador Alba quien llevó su sentencia a la misma sala donde trabaja Emilio Moya. Y que a esa persona no se le notificó la suspensión del juez.

El juez Salvador Alba ha sugerido este viernes que pondrá la sentencia del caso Faycán antes de que le notifiquen la suspensión decretada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado en su contra por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 8 de mayo.

En declaraciones a la Cadena Cope, Alba ha afirmado que está “en condiciones de dictar la sentencia del caso Faycán”, aunque admite que existe un “obstáculo”, que es su baja médica. No obstante, recalca que, “como todo el mundo sabe la baja médica se puede acabar por decisión del médico, e incluso también por decisión personal, si solicito el alta voluntaria”.

No se ha mostrado sorprendido por su suspensión y ha admitido que era la decisión “esperada”. “No es ninguna sorpresa. Aún no he recibido ninguna notificación” e insiste en que todavía es un juez en activo. “Hay tendencia a anticipar acontecimientos, yo no anticiparía acontecimientos en el caso Faycán”.

Sobre su baja médica, firmada por un pediatra, el magistrado ha preferido no aclarar esta polémica y ha amenazado a Canarias Ahora con “una serie de acciones legales” por “haberse lanzado a la piscina publicando datos que son especialmente protegidos”.

Así, ha asegurado que su baja está firmada por su médico de atención primaria en los últimos 15 años. “Si la baja es correcta o no le corresponde decirlo a la administración, que nunca me ha comunicado nada en relación a este asunto ni el CGPJ, ni el TSJ, ni la inspección sanitaria. Las bajas que se han presentado son absolutamente correctas”.

Cuestionado por sus vacaciones en las Maldivas a pesar de su baja, hecho que le ha afeado el CGPJ, ha defendido que “un juez o cualquier persona que esté de baja puede viajar y cuento con una autorización médica al respecto. Y puede hacer una serie de actividades si cuenta con una autorización médica al respecto. Puede hacer cualquier cosa que no sea contraria a la recuperación de la dolencia que padece”.

“El CGPJ no dice que una baja me imposibilite hacer un viaje transoceánico. Entre otras cosas, porque no lo puede decir. Toda esta noticia de Maldivas se ha montado porque yo aporté una reserva de un billete de avión, que no había sido emitido ni se emitió. Había reservado esos vuelos. Habrá que aclarar ese extremo. Y por qué ha trascendido eso a la opinión pública, por qué se ha dado por cierto algo que habrá que acreditar”, advierte.

Asegura no entender por qué no le llegan las notificaciones

También dio su punto de vista sobre las dificultades para contactarle formalmente para avisarle de sus sanciones, obligando al CGPJ a publicar anuncios en el BOE para hacer oficial las notificaciones.

“Si el CGPJ realiza la notificación de forma normal, es decir, por correo, no va a ser necesario más nada. Cuando el promotor de la acción disciplinaria hace un año hace ese tipo de cosas en el BOE pues fue demandado por mí en ese momento y actuaba con un interés en perjudicarme. Esto provocó la dimisión del promotor de la acción disciplinaria. La dirección que tiene el CGPJ de mi domicilio es correcta. El problema lo habrá tenido el CGPJ a la hora de notificar usando una vía incorrecta, como han dicho a través de la secretaria de la Audiencia y yo no estoy en la Audiencia, estoy de baja. Así que, o esa señora viene a mi casa, o no me puede notificar. No podemos corroborar que no ha habido éxito en notificar en ocho ocasiones. Cuando me llegó, no me habían enviado ninguna antes”, atestigua.

“Si la gente supiera lo que pasa, se escandalizaría aún más”

Admite estar con ganas de que llegue el juicio porque sigue sosteniendo que “va a causar cierto impacto”. En su opinión, el caso Alba “se ha organizado expresamente sobre la base de aquella famosa grabación manipulada y editada, es decir, sobre pruebas que no tienen validez. Esto ha beneficiado a Miguel Ángel Ramírez Alonso, sin ninguna duda”.

“Él ha tenido ese detalle de invitar a compañeros míos al palco VIP de la UD Las Palmas, que tiene buenas relaciones con ellos, que se dictan resoluciones que le son favorables. Todo ese tipo de cosas que han sido destapadas por mí pues han provocado que me encuentre en la situación en la que estoy actualmente. Todo ese tipo de cosas, con detalle, tendrán que salir a la luz”, sostiene.

“Si la gente supiera lo que pasa de verdad, se escandalizaría aún más. Mucho más. Si la gente supiera de verdad qué es lo que hay en la Justicia en Canarias pues habría mucho más escándalo, muchísimo más. No sé si a usted le parece normal que exista una querella interpuesta contra el presidente de un Tribunal Superior de Justicia en la sala segunda del Tribunal Supremo, la cual me he visto forzado a interponer dada la situación que se está viviendo en la justicia en el Archipiélago. Si eso le parece normal, pues entonces tenemos un problema de base o de valores. A mí eso no me parece normal”, insiste.

Sin embargo, preguntado por si es normal que un juez grabe a sus compañeros, como él ha hecho, ha dicho que “no es normal tampoco” y se ha defendido argumentando que “tampoco es normal que se grabe a un juez en su despacho por el empresario que tiene la seguridad del edificio y se monte una grabación manipulada”.

“Tampoco es normal que ese empresario se codee con los jueces que resuelven pleitos suyos en el palco, de lo cual hay pruebas gráficas, cientos de fotos. Pero son pocos, el 95% de los jueces de este país son honestos. Pero sí hay ese tipo de relaciones y hay que aclararlas. Al órgano que le corresponda aclarar eso debe decirlo y si hay que hacer algún tipo de limpia aquí, que se haga”.

El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ya ha enviado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un oficio informando de las soluciones que a su juicio pueden aplicarse para resolver el bloqueo al que está sometido el caso Faycán. Visto para sentencia el 12 de marzo pasado, el ponente de esa sentencia, el magistrado Salvador Alba, acaba de ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial sin haber puesto la sentencia correspondiente, lo que conduce a una situación que pudiera obligar a repetir el juicio, con 28 encausados.

Salvador Alba no llegó a proponer a sus otros dos compañeros de tribunal, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, su parecer tras el plenario, en el que 20 de los 28 acusados reconocieron los hechos pactando con la Fiscalía Anticorrupción conformarse con penas menores. Ante esa tesitura, Emilio Moya, que fue quien puso a Salvador Alba al frente de ese tribunal conociendo el riesgo de que resultara suspendido, se ha decantado por que sean los otros dos magistrados los que dicten sentencia. Eso siempre y cuando ambos estén de acuerdo en el fallo, porque en el caso de que haya discrepancia, la repetición del juicio sería inevitable.

Todo indica que Moya ha hecho esta propuesta al TSJC previa consulta con los magistrados Naranjo y Vielba, que en principio se han mostrado de acuerdo con la resolución.

El juez Alba no solo puso en peligro el juicio aceptando presidirlo y ser el ponente de la sentencia, sino también decidiendo durante la vista oral pasar a la condición de testigos a los acusados que se conformaron con sus penas y reconocieron los hechos sin, previamente, haber dictado sentencia. Los abogados de las defensas se reservarán su derecho a recurrir conforme resulten perjudicados o no sus clientes.

El caso Faycán, que estalló en 2006, levantó por los aires al grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde cuando estaba gobernado por el Partido Popular y la agrupación local Ciuca. Una trama de comisiones repartidas entre algunos de los concejales para favorecer a contratistas de la corporación fue denunciada por una empresaria a la que se le exigió un 20% de su facturación a cambio de agilizarle el pagos de sus facturas. La principal encartada, la líder local del PP Toñi Torres, acabó suicidándose durante la instrucción sumida en una profunda depresión.

En el banquillo permanecen, entre otros, dos exalcaldes de la ciudad, ambos del PP, Mari Carmen Castellano y Francisco Valido. Para la primera de ellas la Fiscalía pide cinco años de cárcel, y para el segundo, dos, cuatro menos de los iniciales.

El juez Salvador Alba Mesa se encuentra desde este domingo disfrutando de sus vacaciones en el archipiélago de Maldivas, donde permanecerá hasta el próximo día 17. Acusado de la comisión de cinco presuntos delitos por conspirar contra su compañera la magistrada Victoria Rosell, Alba ha viajado más de 14 horas en avión pese a encontrarse de baja por enfermedad, pendiente de ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin haber puesto la sentencia del caso Faycán, juicio del que es ponente y que finalizó el pasado 12 de marzo.

Alba viajó este domingo a Madrid para, desde allí, tomar un vuelo de Emirates a las 15:20 rumbo a Dubái. Tras aterrizar a las 00:45 hora local, el juez tomó otro vuelo de la misma compañía rumbo a Malé, la capital de la República de Maldivas, donde debió tomar tierra a las 07:40 horas de este lunes, hora local (cuatro más sobre la hora canaria).

En Maldivas pasará el polémico magistrado nueve días de vacaciones porque tiene previsto regresar a España, con el mismo itinerario inverso, el día 17. Volará cuatro horas desde Malé a Dubái y, a las 07:35, regresará a Madrid tras siete horas y cuarto de vuelo. En total, el magistrado estará a bordo de un avión poco más de 14 horas de ida y otras tantas de vuelta. El viaje por persona con ese itinerario en estas fechas es de alrededor de 800 euros, según la web de la compañía Emirates.

Salvador Alba tomó la baja médica pocos días después de que la magistrada Margarita Varona, que lo investigaba por cinco delitos, decretara la apertura de juicio oral el 10 de mayo pasado. Esa baja fue firmada por un facultativo que no se encuentra en su cuadro médico, el doctor Sergio Hernández, que está a punto de sentarse en el banquillo, ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de haber falsificado la historia clínica de su exmujer en pleno proceso de divorcio, añadiéndole patologías psiquiátricas. Se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y a la inhabilitación como médico del Servicio Canario de la Salud, donde actualmente ejerce.

A partir de la apertura de juicio oral al juez Alba debió activarse el expediente disciplinario que contra él permanece hibernado en el Consejo General del Poder Judicial desde mayo de 2016; pero dos meses después del auto de Margarita Varona, el juez sigue en activo.

Aunque el CGPJ no informa de la marcha de ese expediente, este periódico ha sabido que fue el pasado viernes, día 29 de junio, cuando pudo localizársele para notificarle formalmente el plazo legal de 10 días que la ley le otorga para alegar contra su suspensión provisional como juez.

En el CGPJ se limitan a informar de que “se están llevando a cabo todas las gestiones necesarias para cumplir con lo dispuesto en los artículos 383.1 y 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 190.3 del Reglamento de la Carrera Judicial”.

De baja por enfermedad y sin ser suspendido en sus funciones como juez, Salvador Alba tiene en su mano la sentencia del caso Faycán, de la que es ponente. No puede deliberar con sus dos compañeros de sala, Carlos Vielva y Oscarina Naranjo, porque está de baja por enfermedad, lo que mantiene bloqueado el proceso.

Sobre ese juicio pende el riesgo de nulidad si, llegada la suspensión de Alba como juez y su imprevisible alta médica, la sentencia sigue sin ser deliberada y redactada. Sólo cabría una posibilidad: que los otros dos magistrados pidieran autorización al CGPJ para ser ellos quienes pusieran esa sentencia y evitar así la repetición de un juicio en el que 20 de los 28 acusados se conformaron con las penas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso Faycán están acusados, entre otros, dos exalcaldes del Partido Popular en la ciudad de Telde.

“La sentencia está muy avanzada. Aunque esté de baja, y haciendo un esfuerzo con lo que sea necesario, mi intención es deliberarla con el resto de miembros del tribunal este viernes (…) Hay una deliberación señalada y, si Dios quiere, se celebrará el viernes”. A pesar de este anuncio realizado por el magistrado Salvador Alba en una entrevista concedida a Antena 3 a principios de semana, la deliberación del caso Faycán ha sido suspendida sine die porque el juez procesado por cinco delitos, designado presidente del tribunal y ponente de la sentencia, no ha recibido aún el alta. 

Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han confirmado a este periódico que la deliberación no se ha celebrado este viernes y que no se ha señalado una nueva fecha para que los tres magistrados de la Sala, Salvador Alba, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, discutan el fallo sobre esta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado en coalición por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) durante el mandato 2003-2007.    

Las manifestaciones públicas de Alba habían generado cierto estupor en el foro judicial. Magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa ya advirtieron a este periódico de que era “imposible” que el juez pudiera participar en la deliberación y fallo o en cualquier otra actividad vinculada a su cargo mientras se encontrara en situación de incapacidad temporal, pues supondría una “transgresión de la buena fe contractual”.

La sentencia del caso Faycán sigue, por lo tanto, bloqueada. Hasta que Alba no reciba el alta, y aunque el juez haya redactado la resolución, no se podrá deliberar. A ello se le suma la amenaza de suspensión provisional que se cierne sobre el magistrado después de que el TSJC decretara el pasado 8 de mayo el auto de apertura de juicio oral por la presunta comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) en la operación urdida, junto a un empresario al que investigaba por fraude fiscal, contra la también jueza Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no recibió hasta este miércoles el auto dictado una semana antes por la magistrada instructora de la causa contra Alba, Margarita Varona. El retraso del tribunal canario en remitir la resolución al órgano de gobierno de los jueces impidió que la Comisión Permanente del CGPJ pudiera adoptar una decisión, previsiblemente la suspensión de Alba, en la sesión celebrada el jueves.

Tras recibir este auto, el servicio de personal del Poder Judicial tiene tres días de plazo para dar audiencia a Alba y al representante del Ministerio Fiscal, un trámite requerido antes de elevar la propuesta de separación temporal. De llegar esta propuesta al orden del día de la próxima sesión del Consejo Permanente, Alba deberá dejar de ejercer como juez a partir del próximo jueves y hasta que haya sentencia firme.

El pleno del CGPJ mantiene en suspenso desde mayo de 2017 una propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria que propone la expulsión de la carrera judicial de Salvador Alba por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias judiciales. Se le acusa de interrogar al empresario Miguel Ángel Ramírez por hechos ajenos a los que investigaba con el objetivo de obtener datos para favorecer la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria había presentado contra Victoria Rosell, rival política del también expresidente del PP de. Canarias en las elecciones celebradas en diciembre de 2015. La decisión definitiva se encuentra paralizada a expensas del futuro de la causa penal.

El magistrado se enfrenta a peticiones de cárcel que van desde los diez años que pide para él la Fiscalía hasta los trece y medio que solicita Rosell, que ejerce de acusación particular en calidad de víctima.

Incertidumbre con el caso Faycán 

El caso Faycán quedó visto para sentencia el 12 de marzo. El juicio se había iniciado dos meses antes, el 15 de enero, doce años después de que se abriera la instrucción. Este macroproceso judicial, reducido de forma drástica por el arrepentimiento de 21 de los 28 encausados, juzga una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde en la etapa 2003-2007. En el banquillo de los acusados se han sentado, entre otros, los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano, además de empresarios y funcionarios de la corporación.

La confesión de la mayoría de los procesados, tras pactar con la Fiscalía, y las dilaciones indebidas durante la instrucción han diluido las peticiones de condena hasta el punto de que ningún procesado pisará la cárcel, puesto que todos ellos se enfrentan a penas de dos o menos años de prisión.

En una entrevista concedida al periódico Canarias 7 la pasada semana, Alba denunciaba haber sufrido presiones para poner la sentencia de Faycán y citaba entre ellas la decisión del TSJC de liberarlo la última semana de abril del reparto de recursos para poder centrarse en este caso. Señalaba entonces que el procedimiento es muy voluminoso, que no se daría prisa en redactar la sentencia (días después dijo que ya estaba prácticamente finiquitada) y que había cuestiones previas “importantes” que resolver, entre ellas su controvertida decisión de convertir en testigos a los procesados arrepentidos sin haber dictado formalmente sentencia.

Con la participación de Alba en el aire por su baja médica y la amenaza de expulsión, desde la Audiencia Provincial de Las Palmas se da por sentado que serán sus dos compañeros, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, quienes pongan la sentencia. El TSJC ya advirtió, en la nota difundida tras la apertura de juicio oral a Alba, de que intentará evitar “si es posible” la repetición de la vista oral del caso Faycán.

La baja médica del juez Salvador Alba bloquea la deliberación y fallo del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) durante el mandato 2003-2007, y aplaza la ejecución de la medida cautelar que previsiblemente adoptará la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la de suspender al magistrado en el ejercicio de sus funciones ante el reciente auto de apertura de juicio oral en su contra decretado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Alba, acusado ya formalmente de cinco delitos por conspirar contra su compañera de profesión Victoria Rosell, anunció este lunes, en una entrevista concedida a Antena 3, que ya tiene prácticamente redactada la sentencia del caso Faycán y que participará junto a los otros dos magistrados que conforman la sala, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, en la deliberación señalada para el próximo viernes aunque no haya recibido el alta y que, para ello, hará “un esfuerzo con lo que sea necesario”.

Sin embargo, fuentes expertas de la jurisdicción contencioso-administrativa consultadas por este periódico se han mostrado tajantes a la hora de rechazar esta posibilidad. Si el magistrado se encuentra en situación de incapacidad temporal, como afirma, es “imposible” que pueda deliberar o desarrollar cualquier trabajo vinculado a su cargo. El Tribunal Supremo ha dictaminado en abundante jurisprudencia que la realización de actividades por cuenta propia o ajena en una situación de baja médica constituye una transgresión de la buena fe contractual, ya que durante este periodo el paciente debe seguir rigurosamente las prescripciones médicas para recuperarse y abstenerse de todo trabajo para el que se encuentre incapacitado temporalmente.

Si Alba no recibe el alta antes del viernes, no debe participar en la deliberación del caso Faycán, lo que abocaría a su suspensión, afirman las mismas fuentes, ya que faltaría uno de los tres jueces de la sala. Supuesto distinto sería aquel en el que los magistrados ya hubieran deliberado y que tan sólo faltase redactar la sentencia. En este caso, uno de los otros dos jueces podría asumir la función de ponente aunque no haya sido designado para ello en un principio. Se trata de un procedimiento que cuenta con precedentes en la justicia española, aunque por otras causas (jubilación o fallecimiento del magistrado).

A la situación de baja laboral de Alba se le suma su inminente suspensión cautelar por parte del Consejo General del Poder Judicial. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, encargada de adoptar la decisión, se reúne este jueves, pero este periódico no ha podido confirmar si entre los puntos del orden del día se encuentra la separación temporal de Alba de la judicatura, ya que este martes es festivo en la comunidad de Madrid, que celebra el día de su patrón, San Isidro.

En caso de que Alba sea suspendido este mismo jueves, el Poder Judicial dará audiencia al magistrado y al Ministerio Fiscal en el plazo de tres días desde la comunicación de la medida. Aunque sobre este particular existen más dudas, uno de los magistrados consultados por este periódico, que ejerce en la jurisdicción contencioso-administrativa, sostiene que la suspensión tendría “efectos inmediatos”, lo que, en la práctica, también impediría al juez participar en la deliberación del próximo viernes.

En cualquier caso, el Poder Judicial no podrá ejecutar la suspensión cautelar del juez Alba mientras siga de baja médica. Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 2 de junio de 2015 avala esta interpretación. Esa resolución judicial estima el recurso presentado por un magistrado contra la decisión del Poder Judicial de ejecutar una suspensión de empleo en un momento en el que se encontraba en situación de incapacidad temporal. “No puede suspenderse de funciones por vía de sanción a quien ya las tiene suspendidas por vía de enfermedad”, expone el fallo, que recuerda que cada uno de los estados conlleva derechos económicos (retribuciones) para el juez de alcance diferente.

En el caso de incapacidad temporal de jueces y magistrados, las remuneraciones se regulan en el artículo 375 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Del primer al tercer día de baja, perciben el 50% de las retribuciones, tanto básicas como complementarias. Del cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, reciben el 75% y desde el día 121 al 180, la totalidad de su sueldo.

Durante el suspenso provisional de sus funciones por motivos disciplinarios, previsto en el artículo 363 de la LOPJ, los jueces tienen derecho a percibir una retribución básica, cuantificada en 22.755,96 euros más antigüedad, pero no podrán cobrar el complemento de destino y el complemento específico, los conceptos de mayor cuantía, por lo que sus ingresos se ven más mermados.

Según esta tesis, la suspensión de funciones del juez Alba se ejecutaría una vez reciba el alta médica.

HEMEROTECA Una ‘bomba de relojería’ preside el tribunal del caso Faycán

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas hizo todo lo posible por aligerar la duración del juicio del caso Faycán alcanzando acuerdos con 20 de los 28 acusados por esta trama de corrupción que protagonizaron dos exalcaldes y altos cargos del Partido Popular en la ciudad de Telde en el mandato 2003-2007. Luis del Río, el fiscal, pretendía así evitar que el juicio pudiera sufrir las consecuencias derivadas del proceso penal que ya pendía sobre el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Salvador Alba. Y los hechos parecen confirmar los peores presagios.

El juez ha informado que está de baja médica y que es muy probable que no pueda estar disponible para la deliberación y voto de la sentencia con sus otros dos compañeros de tribunal el próximo día 18. Y no solo por su incapacidad laboral, que ha relatado al periódico Canarias7 sin especificar la dolencia por motivos de privacidad, sino también porque, si funciona el protocolo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su comisión permanente habría de suspenderlo en su reunión del día 17, una vez se reciba en ese organismo el auto de apertura de juicio oral que dictó esta semana la magistrada instructora de su causa, Margarita Varona.

Alba tendrá que ir a juicio, en fecha aún por determinar, para responder por la presunta comisión de cinco delitos (cohecho, prevaricación, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionario público). Su expediente disciplinario en el CGPJ está paralizado a la espera de que se sustancie la causa penal que se sigue contra él en el TSJ de Canarias desde mayo de 2016 por haber conspirado contra su compañera de carrera Victoria Rosell, por entonces diputada de Podemos. El acuerdo de la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces contempla una suspensión cautelar del juez a la apertura de juicio oral (ya) y la expulsión definitiva de la carrera en caso de sentencia condenatoria firme, lo que se puede demorar varios años.

El acusado, para el que la Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel, se ha tomado con paciencia la tarea de poner la sentencia del caso Faycan. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 13 de marzo, hace dos meses, y todavía no se ha reunido el tribunal para deliberar. Y eso que hubo 20 acusados que se conformaron con la pena que les ofreció el Ministerio Fiscal a cambio de convertirse en testigos de cargo, lo que el tribunal ejecutó sin dictar sentencia, algo que ya fue objeto de duda y discusiones entre las defensas.

Alba ha señalado al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, como responsable de las presiones que dice haber estado recibiendo para que se apresure con esta polémica sentencia. Una de las presiones que dice haber sufrido es la que se transformó en liberarlo la última semana de abril de las tareas de reparto (resolver los recursos que por reparto aleatorio debían caer en ese periodo en sus manos) para dedicarse en exclusiva a la sentencia de Faycán. Sostiene el magistrado que esa licencia le fue concedida de oficio, y no a petición propia, lo que en declaraciones a Canarias7 ha traducido como una presión.

Y, efectivamente, fue Emilio Moya el que tramitó esa descarga de trabajo para Salvador Alba temeroso de que, como parece que va a ocurrir, la sentencia no salga antes de su suspensión como juez. Moya es, además de presidente de la Audiencia Provincial, presidente de la Sección Sexta, de la que también forma parte Alba. “Es legal, es legal”, fueron sus únicas palabras a este periódico cuando un periodista le preguntó por la conveniencia de que designara a este polémico juez para presidir el caso Faycán y redactar su sentencia.

Todo apunta a que se cumplirán los peores presagios, que Alba no pondrá la sentencia, lo que abre un escenario con dos posibles soluciones: la primera es la repetición del juicio desde el momento anterior a que el fiscal acordara conformidades con una veintena de acusados, lo que coloca al Ministerio Público en una posición de desventaja por el conocimiento que las partes ya tienen de la estrategia empleada. Y la segunda, que los otros dos magistrados que formaron el tribunal sean los que pongan la sentencia en ausencia de Alba. Se trata de una solución extraordinaria que solo se ha dado en Canarias recientemente ante la muerte de un magistrado que ejercía como ponente. Carlos Vielba y Oscarina Naranjo tendrán que recibir las órdenes del TSJC, a propuesta de Emilio Moya, para resolver de ese modo el desaguisado que la decisión de poner a Alba ha terminado por provocar.

El juez de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, al que este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió abrir juicio oral por cinco delitos relacionados con el ejercicio de su profesión, ha indicado sobre la sentencia del caso Faycán, que está pendiente de dictarla tras haber presidido el juicio al principio de este año, que “no voy a correr ni a darme prisas por el hecho de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral”.

En declaraciones al periódico Canarias 7, Alba señala que “a mí se me ha presionado para dictar la sentencia con toda velocidad, cuando es un fallo que, solo en el procedimiento, es muy voluminoso”. El caso Faycán, que terminó de juzgarse en marzo, investiga una trama de cobro de sobornos en el Ayuntamiento de Telde para conseguir ventajas en la contratación en el periodo en el que Francisco Valido y María del Carmen Castellano, ambos del Partido Popular, eran alcaldes de la ciudad grancanaria.

“Si llega el CGPJ y me suspende de forma cautelar”, añade, “el problema ya no será mío, sino de la Fiscalía y el TSJC. No voy a correr ni a darme prisas por el hecho de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral. Ya está bien de presiones con el caso Faycán. No voy admitir ni una más”. El TSJC  había eximido al juez del reparto de asuntos en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas hasta el pasado 1 de mayo para que se pudiera dedicar en exclusiva a redactar la resolución de ese procedimiento.

En una decisión contra la que no cabe recurso, la magistrada del TSJC Margarita Varona ha establecido que Alba sea juzgado por prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, al existir indicios de manipuló una causa penal para tratar de perjudicar a su colega Victoria Rosell, en un momento en que esta era diputada de Podemos en el Congreso.

El TSJC ya adelantó el jueves que si Alba fuera suspendido antes de dictar sentencia, la Audiencia de Las Palmas “adoptará la decisión que proceda, evitando en lo posible la repetición del juicio”.

Sin embargo, no todos los expertos tienen claro cómo se podría conseguir ese propósito: mientras algunos sostienen que los otros dos magistrados de la sección sexta pueden fallar el caso por sí solos, otros defienden que necesariamente se tendría que repetir el juicio.

Y en ese último caso, tampoco está claro para cuántos de los 28 procesados se repetiría el juicio, porque 21 de ellos se declararon culpables y aceptaron las penas propuestas por el fiscal, dentro de los límites que fija la ley para entender que ya han sido condenados de forma oral a la espera de que se redacte la sentencia. 

El juez, abocado a la suspensión

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de abrir juicio al magistrado por cinco delitos relacionados con el ejercicio de su profesión obliga al Poder Judicial a plantearse su suspensión cautelar.

La situación en la que se encuentra Salvador Alba entra directamente en el supuesto previsto en el artículo 190 del Reglamento de la Carrera Judicial de 2011.

Ese artículo dispone que “se acordará la suspensión provisional” de un juez cuando se haya “procedido” contra él “por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones”.

Y precisa que “procederá” acordar esa medida cautelar “cuando en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral (como ocurrió ayer con Alba), de prisión provisional, de libertad bajo fianza o de procesamiento, una vez que adquieran firmeza”.

La magistrada que ha procesado a Alba precisa en su auto que contra la apertura de juicio oral ya no cabe recurso alguno y pide que se comunique su decisión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Cuando el CGPJ reciba formalmente la comunicación del auto de apertura de juicio oral contra este magistrado de la Audiencia de Las Palmas, corresponde tomar la decisión a su Comisión Permanente, “previa audiencia del Ministerio Fiscal y del interesado”, dispone el Reglamento de la Carrera Judicial.

Y una vez que se adopte esa medida cautelar, añade, su efecto “durará hasta tanto en el procedimiento penal no recaiga sentencia o auto de sobreseimiento”. 

Salvador Alba se enfrenta en este procedimiento a una de las condenas más altas solicitadas en los últimos años por la Fiscalía en España contra un juez: diez años de cárcel y 29 de inhabilitación.

Entre los casos que han tenido notoriedad en las últimas décadas, el Ministerio Público solo pidió una condena más severa contra Luis Pascual Estevill, para el que demandó 13 años de cárcel por delitos cometidos en los años noventa, cuando era juez de Instrucción en Tarrasa y Barcelona.

El TSJ de Cataluña, primero, y el Supremo, después, le impusieron nueve años y cuatro meses de cárcel por delitos de cohecho, amenazas condicionales, prevaricación, detención ilegal y alzamiento de bienes.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha eximido al magistrado Salvador Alba de reparto (recibir más recursos para resolver) en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde tiene su plaza. El juez podrá así dedicarse prácticamente en exclusiva a poner la sentencia del caso Faycán, cuyo juicio presidió desde el 15 de enero hasta el 12 de marzo.

Esta autorización se extiende hasta el 1 de mayo, por lo que la resolución sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde en el mandato 2003-2007, con un total de 28 encartados, se dictará, previsiblemente, antes de esa fecha.

La decisión del órgano de gobierno del alto tribunal canario se produce ante la inminente apertura de juicio oral contra el polémico juez. La magistrada Margarita Varona, instructora de la causa contra Alba en el TSJC, abrió en febrero procedimiento abreviado, el paso previo a la vista oral. En esa resolución, imputa a Alba la comisión de cuatro delitos (prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos) en la operación maquinada para perjudicar a Victoria Rosell cuando la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El auto de apertura de juicio oral activará de forma inmediata la suspensión de Alba como juez. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene paralizada desde mayo de 2017 una propuesta del anterior promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca Herrera, para separar (expulsar) al magistrado de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de sus deberes judiciales. Una infracción disciplinaria que cometió, a juicio del promotor, por haber preparado un interrogatorio junto a un empresario al que investigaba con el objetivo de obtener datos para favorecer la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria había presentado contra Victoria Rosell, rival del también expresidente del PP canario en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.

El pleno del Poder Judicial, conformado por 21 magistrados, adoptará la decisión final en torno a Alba cuando finalice la causa penal en la que está inmerso, es decir, cuando haya sentencia firme. Sin embargo, el auto de apertura de juicio oral ya acarrea su suspensión cautelar en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Las partes personadas en la causa contra Alba ya han presentado sus escritos de calificación. La Fiscalía solicita diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el juez. La acusación particular, ejercida por Victoria Rosell en calidad de víctima, y las acciones populares, representadas por el partido político Podemos y por el periodista Carlos Sosa, pareja de la jueza, reclaman penas de entre 12 y 13 años y medio de cárcel, de hasta 41 años de inhabilitación y multas que oscilan entre los 103.00 y los 135.000 euros. Rosell ha cifrado además en 80.000 euros la indemnización por los daños y perjuicios morales que le han ocasionado las actuaciones del juez.

Alba presidió el tribunal del caso Faycán y fue designado ponente de la sentencia. En esta causa hay 28 encartados, de los cuales 21 han reconocido los hechos y han pactado con la Fiscalía una reducción considerable de penas. Los siete restantes, entre los que se encuentran los exalcaldes de Telde Francisco Valido y María del Carmen Castellano, tampoco ingresarán en prisión, después de que el representante del Ministerio Público rebajara las peticiones de condena a un máximo de dos años de cárcel por concurrir el atenuante “muy cualificado” de dilaciones indebidas.

La Sala presidida por Alba adoptó al principio de la vista una decisión controvertida que, según abogados de las defensas, abre la puerta a solicitar en un futuro recurso ante el Tribunal Supremo la nulidad de actuaciones. El tribunal acordó que los procesados arrepentidos en el caso Faycán, aquellos que se confesaron autores de los hechos, prestaran declaración como testigos sin dictar formalmente sentencia, una medida “de difícil encaje” en el ordenamiento jurídico español, como calificó entonces el letrado de uno de los acusados. Una hipotética nulidad de las declaraciones de los procesados conformados podría restar valor a otros medios de prueba como la documental o los pinchazos telefónicos.

Sustituciones del juez Alba

El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial detectó el año pasado en una visita a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas una elevada pendencia judicial, esto es, un considerable número de asuntos por resolver. Aunque determinó que los indicadores de los magistrados que la conforman entraban dentro de los parámetros razonables, el CGPJ incorporó en sus conclusiones, a modo de recomendación, la indicación de que los jueces de este órgano colegiado no ejercieran sustituciones en otros juzgados.

A pesar de ello, Alba acumuló durante el año 2017 sustituciones, refuerzos o comisiones de servicio en al menos dos secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Tercera y la Cuarta.

Siete quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y siete archivos. El órgano de gobierno de los jueces ha tumbado la última denuncia de Salvador Alba contra Victoria Rosell, esta vez por un mensaje publicado por la magistrada en su cuenta de Twitter a propósito del inicio del juicio por el caso Faycán, que presidió el polémico juez.

El comentario de Rosell, enlazado a una noticia difundida por la Cadena Ser el 14 de enero, un día antes del comienzo de la vista oral, era el siguiente: “Aquí quería llegar el juez Alba, imputado por 6 delitos. Retrasa su propio juicio con mil maniobras (recusaciones múltiples, querellas) para presidir éste (Faycán) con demasiada relación con el PP de su gran amigo Soria (2005). Tendría que repetirse. Y lo saben”.

En el escrito remitido al Poder Judicial, Alba acusaba a Rosell de sembrar dudas sobre su imparcialidad e independencia entre los “más de 26.000 seguidores” de la magistrada en Twitter. El polémico juez hablaba en su queja de una “auténtica persecución mediática” y de un “acoso personal” que, en su opinión, eran merecedores “cuando menos” de reproche disciplinario.

El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ no aprecia en las palabras de Rosell el “atentado contra la independencia judicial, el honor y la dignidad personal” que denunciaba Alba. Ricardo Conde Díaz considera que las “personalísimas manifestaciones y valoraciones” de la jueza en la red social no exceden los límites de la libertad expresión ni alcanzan una significación “ultrajante u ofensiva”.

Más allá de que se pueda percibir como “inapropiado desde el prisma del respeto que debe mediar entre colegas”, el mensaje de Rosell contra Alba se limita a “cuestionar implícitamente la conveniencia de haberse abstenido” en el caso Faycán debido a su situación procesal, puesto que al juez, ya procesado, se le investigaba por la presunta comisión de seis delitos en la operación maquinada para perjudicar a la magistrada. 

Tal y como explicaba tanto el mencionado artículo de la Cadena Ser como otra publicación de Canarias Ahora, el juicio del caso Faycán, que tenía prevista una duración de cuatro meses (finalmente se redujo hasta los dos), corría peligro ante la posibilidad de que Alba, designado presidente del tribunal y ponente de la sentencia, fuera apartado cautelarmente de la carrera judicial durante la celebración de la vista. Sobre el magistrado pesa una propuesta de suspensión del Poder Judicial que se encuentra paralizada a expensas de la causa penal en su contra, por lo que deberá dejar de ejercer en cuanto la magistrada instructora, Margarita Varona, dicte el auto de apertura de juicio oral, un trámite inminente después de que las acusaciones hayan presentado sus escritos de calificación. Ya ha transcurrido un mes desde la finalización del juicio de Faycán y aún no hay sentencia.

Las “llamativas actuaciones” de Alba

En el informe remitido al promotor de la Acción Disciplinaria para responder a las acusaciones de Alba, Rosell sostiene que no son sus palabras las que ponen en duda la imparcialidad del juez, sino sus “llamativas actuaciones” en el ejercicio del cargo. Entre ellas citaba su decisión de anular las grabaciones iniciales del caso Unión, una de las principales tramas de corrupción de las Islas, en un auto que la Fiscalía criticó “en términos muy duros”; su reunión con un empresario investigado “para amañar pruebas” en su contra; la grabación que realizó a sus compañeros de sección mientras deliberaban; su intercambio de correos con un delincuente para tratar de obtener información comprometedora contra la magistrada, o sus constantes recusaciones, tanto contra el promotor de la Acción Disciplinaria como contra la jueza instructora de la causa en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según Rosell, el tuit recoge la opinión “no sólo legítima, sino fundada” de que el juicio del caso Faycán corría “un riesgo cierto de ser anulado y repetirse”. “No es ofensivo ni irrespetuoso, ni actúo en el ejercicio de mi cargo, Opino en el legítimo ejercicio de mi libertad de expresión y como víctima de los presuntos delitos de Alba”, añade.

La magistrada y exdiputada de Podemos denuncia en ese informe la “utilización espuria de la vía disciplinaria” por parte de Alba y la “indebida publicidad” de las denuncias a través del portal Confilegal, vinculado a uno de los abogados del juez, Nicolás González-Cuéllar, con la pretensión de “seguir dañando el honor personal y profesional” de la jueza. 

Rosell también responde a una de las afirmaciones que vierte Alba en su queja sobre el “respeto” que profesa a sus compañeros en general y a la denunciada “en particular”. Un comentario que, a juicio de la magistrada, “podría ser tomado como un mal chiste si no estuviera incluido en una denuncia disciplinaria”. La exdiputada de Podemos recuerda que el juez procesado realizó “al menos cuatro informes” contra ella, remitidos al Poder Judicial y al Supremo, que obran en la causa por presunta falsedad.

El órgano de gobierno de los jueces ha expedientado a Alba en dos ocasiones. Además de la propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial por la operación urdida contra Rosell, ahora en suspenso mientras se resuelve la causa penal por los mismos hechos, el magistrado fue multado con 500 euros por falta de consideración a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a quienes grabó mientras hablaban de varios casos, entre ellos del juicio por la trama Unión.

El juicio del caso Faycán ha quedado este lunes visto para sentencia. La vista ha finalizado con los informes finales de las defensas, que han arremetido contra la Brigada de Información de la Policía Nacional que destapó la trama y el magistrado que instruyó la causa en un juzgado de Telde.

Álvaro Campanario, abogado del exjefe de Urbanismo José Luis Mena (actualmente en prisión por otras causas), y Juan Sánchez Limiñana, letrado del exalcalde Francisco Valido y del técnico municipal Esteban Cabrera, han sido los más duros. “Han pasado casi trece años. Es difícil de olvidar el estado de excepción que se creó en 2005, 2006 y 2007 en Telde, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Estamos de acuerdo con el fiscal en que la corrupción es una lacra, pero no hay mayor corrupción posible que la que vulnera nuestros derechos fundamentales”, ha dicho el primero.

El abogado de Mena ha denunciado que la Brigada de Información de la Policía Nacional redactó un informe “dirigido directamente al Juzgado de Instrucción 3 de Telde”, cuyo titular era Javier García García-Sotoca. “El juez se eligió a dedo y eso tiene sus consecuencias. Afecta a un principio básico, el de la división de poderes”, sostiene Campanario, que cree que no se trata “de un caso aislado”. El letrado ha asegurado que se produjeron “constantes filtraciones a la prensa” antes de que el caso llegara a los juzgados y que eso contribuyó a crear “un circo y linchamiento mediático” contra los detenidos, una presión que, en su opinión, llevó a la cabecilla de la trama, María Antonia Torres, a suicidarse

En la misma línea, Sánchez Limiñana ha lamentado la publicación de “cientos de informaciones periodísticas” antes de que se judicializara la causa. “Los medios sabían a quién se iba a detener para poder hacerle las fotos”, ha afirmado el abogado, que ha recordado que a uno de los acusados “lo fueron a detener en helicóptero”. El letrado de Valido ha asegurado que su representado se puso a disposición del juez instructor cuando estalló el caso Faycán y que, a pesar de ello, no fue llamado, sino arrestado un domingo, por lo que tuvo que pasar una noche en el calabozo. Además, ha tratado de defender su honradez al afirmar que desde el primer momento “dio la orden de que no se moviera un papel del Ayuntamiento” y que presentó su dimisión cuando recibió la acusación. “Debe ser el único de este país”.

También María Rosa Díaz-Bertrana, abogada de María del Carmen Castellano, exalcaldesa de Telde, cargó contra los responsables de la investigación. Además de adherirse al informe de sus compañeros en lo relativo al inicio de la instrucción, recordó que su clienta, entonces concejala de Desarrollo Local, durmió “tres días en comisaría” tras una detención “pública, con publicidad y hasta con alevosía”. Teresa Campanario, letrada de los funcionarios municipales Juan Felipe Ramos y Emilio Hernández, y José Manuel Santana, abogado del empresario Domingo Campos, han tildado de “calvario” la situación sufrida por sus representados desde que comenzara a instruirse la causa hace más de doce años.

Piden la absolución

Estos son los argumentos que han esgrimido las defensas para pedir la absolución de los acusados:

El abogado de Francisco Valido, Juan Sánchez Limiñana, ha comenzado su informe replicando al fiscal, que ha considerado que el silencio del exalcalde de Telde durante el juicio es un “elemento corroborador” de las pruebas que lo incriminan. El letrado defensor ha recordado que su representado ya declaró durante la fase de instrucción y respondió a todas las cuestiones formuladas y que el representante del Ministerio Público “jamás le hizo una pregunta”.

Sánchez Limiñana ha eximido a Valido de cualquier responsabilidad en la organización de la ordenación de pagos, que ha atribuido al concejal de Hacienda y al interventor, y ha reducido su actuación a la firma de los mandamientos como uno de los tres claveros, a su ejecución material y no a su planificación. También ha descargado la responsabilidad de la elaboración del plan de disposición de fondos en el edil de Hacienda. Con respecto al cobro de comisiones, sostiene que no hay ninguna escucha ni prueba que lo incrimine, más allá de una anotación en la libreta de María Antonia Torres sujeta a “interpretaciones”. El abogado del exalcalde también ha intentado justificar el incremento patrimonial en la explotación de sus propiedades, dos viviendas y un local comercial, y en su actividad profesional. “Cuando dejó de vender fruta y verdura, se presenta a alcalde y gana”, afirmó.

Para Rosa María Díaz-Bertrana, abogada de María del Carmen Castellano, ni de las conversaciones reproducidas en el plenario ni de los documentos que obran en el sumario se puede colegir que la exalcaldesa tuviera conocimiento de que las obras en la sede del PP se hubieran pagado con fondos públicos. La letrada ha acusado al fiscal de incurrir en varios errores en su exposición, de obviar que José Luis Sánchez dejó de ser asesor de la entonces concejala de Desarrollo Local en octubre de 2005, que María Antonia Torres nunca la implicó en el desvío de fondos y que no conocía a Felipe Ojeda, empresario de la ferretería que falsificó facturas para cargar al Ayuntamiento esa reforma. “Lo conoció con posterioridad” y cuando este le planteó devolver ese dinero, le contestó que “no iba a hablar de nada que estuviera judicializado”. La letrada ha defendido que las facturas en las que participó están “perfectamente tramitadas” y esos pedidos sí se sirvieron.

Álvaro Campanario, abogado de José Luis Mena, ha defendido que el exjefe de Urbanismo concedió la cédula de habitabilidad para la vivienda de Francisco Gordillo porque en aquel momento reunía las condiciones para ello y ha insistido en que la pérgola detectada por el arquitecto Emilio Hernández era desmontable, un elemento auxiliar, y por lo tanto no contravenía el proyecto ni el plan general, como si hacía la obra con cerramiento que ejecutó, según su versión, después de que se le hubiesen otorgado los permisos. El letrado ha restado importancia al hecho de que se le hubiera concedido la cédula antes que el reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación, como es preceptivo, y ha precisado que esa acción en ningún caso puede representar un delito de falsedad documental, en todo caso un error administrativo que quedó subsanado cuando se le dio el permiso que debió otorgarse en primer lugar.

La misma tesis ha mantenido Teresa Campanario, que defiende al arquitecto Emilio Hernández, procesado por haber elaborado un informe favorable al reconocimiento final de obra y licencia de primera ocupación a la vivienda del asesor de María Antonia Torres a pesar de la instalación de la mencionada pérgola. “Que Gordillo haya instalado la pérgola con cerramiento después de entregar las llaves es ajeno a mi cliente. Siempre se había hablado de una pérgola desmontable. Sólo se habla de cerramiento a partir de 2008”, ha explicado después de recordar que fue precisamente el técnico municipal quien “se enfadó mucho” cuando comprobó, estando de vacaciones, que se había colocado esa primera instalación en la terraza de la vivienda construida por la empresa Preconte.

La letrada también ha ejercido la defensa del auxiliar administrativo Juan Felipe Martín, a quien la Fiscalía acusa de ser cooperador necesario por haber facilitado las adjudicaciones en los procedimientos negociados sin publicidad a las empresas de la trama. Campanario ha apuntado que su cliente desempeñaba una labor administrativa “pura y simple” que se limitaba a seguir las instrucciones que le daba Francisco Gordillo, la voz de Torres en la consejería, a rellenar las plantillas, cursas invitaciones a las empresas y dejar la documentación en la mesa de su superiora jerárquica. “Quedó como el ayudante del sheriff Gordillo cuando, por su posición, no podía saber nada más”.

Según María del Mar García, abogada de Agustín León, del relato de los hechos del fiscal no se deduce “el más mínimo indicio” de cualquier actuación de su representado, secretario de la plataforma ciudadana Ciuca en el momento de su constitución, para favorecer la adjudicación del aparcamiento de Los Picachos a la constructora Mazotti, la empresa que supuestamente le habría pagado 90.000 euros como comisión ilegal para que intercediese en el procedimiento.

José Manuel Santana, letrado de Domingo Campos, representante de Gráficas Atlanta, considera que las escuchas telefónicas que incriminan al empresario en el pago de comisiones están “sacadas de contexto” en un “ímprobo esfuerzo de retorcer esas conversaciones” para darles acervo probatorio. El abogado ha recordado que Francisco Gordillo dijo en su declaración que, de haberle entregado Campos algún sobre, desconocía qué había en su interior. Santana ha recalcado que su cliente cobró 150.000 euros del Ayuntamiento entre 2005 y 2006, una cantidad muy inferior a la de otras empresas de la trama y que constan más de 600 órdenes de pago por distintos pedidos de material de oficina y trabajos impresos encargados por la corporación local.

El fiscal del caso Faycán, Luis del Río, sostiene que el silencio que han mantenido durante el juicio los dos exalcaldes de Telde procesados en la causa, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, refuerza las pruebas de cargo contra ellos y confirma su culpabilidad. El representante del Ministerio Público ha explicado este lunes, en la presentación de sus conclusiones, que el hecho de que el primero se haya acogido a su derecho a no declarar y la segunda se haya negado a contestar a sus preguntas (sólo respondió a las de su abogada) no se puede valorar per se como prueba, ni siquiera como indicio, pero sí como “elemento de corroboración”. “Es un dato indicativo de que carecen de una explicación razonable sobre los indicios incriminatorios en su contra”, ha manifestado.

Durante algo más de una hora, el fiscal ha descrito en su informe final el modo de operar de la trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde gobernado en coalición por el PP y AFV-Ciuca durante el mandato 2003-2007. Luis del Río ha recordado que estos dos partidos decidieron organizar un sistema para obtener fondos de forma ilícita a través de contrataciones públicas a cambio del pago de comisiones. La financiación irregular del PP, salvo en el caso de la reforma de su sede pagada con fondos públicos, en el fondo era tan sólo “un pretexto”, puesto que la trama sirvió “para enriquecer a casi todos los que participaron” en ella, para aumentar el patrimonio propio.

“Lo esencial eran las comisiones, no el servicio”. Las empresas que accedían a pagar se beneficiaban de la adjudicación de obras del Ayuntamiento (a través de una tramitación formalmente correcta de contratos menores o negociados sin publicidad, los procedimientos más opacos de la administración pública) o de un trato prioritario en el cobro de facturas en un momento en el que la corporación local estaba al borde de la bancarrota. A ello se le sumaba la confección de facturas falsas para compensar a los empresarios por las pérdidas que les suponía el pago de esas comisiones, según ha relatado Del Río.

Para poder llevar a cabo todas estas actuaciones, el grupo de gobierno formado tras las elecciones de 2003 anuló nada más asumir el bastón de mando, “sin criterio objetivo y de forma parcial”, órdenes de pago del Ayuntamiento, en concreto, 13 de los 26 millones pendientes de abono (20 del ejercicio corriente y 6 del ejercicio cerrado), y no aprobó un plan de disposición de fondos para poder priorizar los pagos. En este sistema orquestado por la cabecilla de la trama, María Antonia Torres, entonces concejala de Obras Públicas, “se dejaba fuera al tesorero”. “El listado (de empresas beneficiarias de la trama) lo elaboraban el concejal de Hacienda (Carmelo Oliva) y el interventor (Enrique Orts) y el alcalde (Francisco Valido) consentía la situación”, ha narrado el fiscal, que ha precisado que el asesor de Torres, Francisco Gordillo, era quien “gestionaba las comisiones”.

Luis del Río considera que la abundante documental que obra en la causa, las conversaciones telefónicas interceptadas, las pruebas periciales y las declaraciones de los coimputados convertidos en testigos (los veinte de los 28 procesados que confesaron) dan por acreditados los hechos. Para el representante del Ministerio Público, “la sucesión de actos de esta naturaleza llevan a una situación tan escandalosa como la vivida en Telde”, con una deuda millonaria que aún arrastra. “No podemos hablar de que la corrupción está generalizada, sería incierto, pero el nivel es preocupante y así lo percibe el ciudadano (…) Es necesario dar una debida respuesta”, pues, de lo contrario, “las empresas que quieran trabajar honradamente serán espantadas”.

La declaración de Francisco Gordillo, asesor de la ya fallecida María Antonia Torres, cabecilla de la trama, ha sido uno de los aspectos más controvertidos del juicio. El fiscal Anticorrupción ha recurrido a la doctrina del Tribunal Constitucional para otorgar valor a su testifical (fue uno de los acusados arrepentidos) a pesar de las contradicciones en las que incurrió. El alto tribunal entiende que las declaraciones de los coimputados son aptas siempre que aparezcan corroboradas por datos, aunque la coincidencia no sea plena. Basta con que sea “mínima”. Del Río ha precisado, no obstante, que la comparecencia de Gordillo sólo ha sido utilizada por su parte para incriminar a dos acusados, Agustín León y Domingo Campos, y que en relación al resto su testimonio es “un indicio más”.

Acusaciones con pruebas

En la lectura de sus conclusiones, el fiscal ha desgranado las pruebas con las que cuenta para pedir la condena de los procesados, que en cualquier caso se librarán de entrar en prisión debido a la sustancial rebaja de penas que ha planteado tras aplicarles la atenuante “muy cualificada” de dilaciones indebidas.

El representante del Ministerio Público acusa a Francisco Valido, alcalde de Telde en el momento de los hechos y actual secretario político del PP en el municipio, de anular las órdenes de pago y evitar elaborar un plan de disposición de fondos para permitir que María Antonia Torres y Francisco Gordillo pudieran establecer el sistema de comisiones ilegales. Las testificales de los interventores delegados, de los responsables de la Tesorería y el reconocimiento de los hechos por parte del concejal de Hacienda y del interventor general, unidas a las firmas en los mandamientos de pago con carácter prioritario a las empresas de la trama, demuestran, en opinión del fiscal, que Valido sabía cómo y a quién se pagaba.

Con respecto a la imputación de cohecho, ha aludido al informe de la Agencia Tributaria que detectó ingresos sin justificar en la unidad familiar del exalcalde por un valor total de más de 90.000 euros y a dos documentos hallados en el registro a la casa de María Antonia Torres, una libreta y una hoja de un bloc de un hotel de Venecia, que señalan a Valido como uno de los perceptores de los sobornos de los empresarios. El fiscal sostiene que el informe de parte presentado por su defensa para tratar de justificar ese desfase incurre en numerosos errores que lo invalidan.

En cuanto a María del Carmen Castellano, la acusación del Ministerio Público se sustenta en conversaciones telefónicas y en facturas que demostrarían que la entonces concejala de Desarrollo Local, luego alcaldesa y presidenta del PP de Telde, participó en la operación para financiar la sede del partido con fondos públicos, a través de un programa de empleo de ese departamento. Para ello, una de las empresas de la trama, Felipe y Nicolás Ojeda, habría emitido con cargo a esta concejalía facturas falsas, con pedidos que nunca se sirvieron.

Las llamadas telefónicas interceptadas durante la investigación también son claves para incriminar a otros cinco acusados. En su informe de conclusiones, el fiscal trató de demostrar que José Luis Mena, exjefe de Urbanismo, y Emilio Hernández, arquitecto municipal, concedieron la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad para la vivienda de Francisco Gordillo a pesar de que este había instalado una pérgola “con cerramiento” en la terraza que contravenía el proyecto y el Plan General.

Por su parte, el auxiliar administrativo Juan Felipe Martín figura como cooperador necesario de delitos de prevaricación, cohecho y contra el mercado. En la investigación se registraron varias conversaciones telefónicas con Francisco Gordillo en las que el asesor de María Antonia Torres le decía qué empresa se debía llevar la adjudicación en los procedimientos negociados sin publicidad que tramitaba. Tal y como recordó el fiscal en su informe, el funcionario municipal reconoció en su primera declaración durante la fase de instrucción que ya se sabía de antemano a qué empresa se le iba a adjudicar el contrato y que se invitaba a otras dos “para cubrir el expediente”.

Con respecto a Agustín León, secretario de la plataforma ciudadana Ciuca en el momento de su constitución, y al empresario Domingo Campos Barreto, de Gráficas Atlanta, la principal prueba de cargo es la declaración de Gordillo. Al primero lo sitúa como perceptor de la mitad de una comisión de 180.000 euros de la constructora Mazotti para facilitar la adjudicación del proyecto del aparcamiento de Los Picachos. Al segundo lo acusa de pagar dádivas a cambio de un trato prioritario en el cobro de facturas municipales. También en estos casos la acusación se refuerza con las conversaciones interceptadas.

El octavo procesado es el arquitecto municipal Esteban Cabrera, que reconoció los hechos en su declaración, y para el que ha pedido que se dicte una sentencia de conformidad en los términos planteados en la anterior sesión.

María del Carmen Castellano, expresidenta del Partido Popular (PP) en Telde, ha asegurado este jueves que nunca tuvo conocimiento de que la reforma de la sede del partido en el municipio, situada en la zona de Arnao, se había financiado de forma irregular, con cargo a un programa de empleo del Ayuntamiento financiado con fondos europeos. El desvío de fondos se materializó mediante facturas falsas cargadas a las arcas públicas a través de la Concejalía de Desarrollo Local, que entonces regía Castellano.

La también exalcaldesa de Telde se ha negado, por consejo de su abogada, a contestar a las preguntas del fiscal en la undécima sesión del juicio del caso Faycán, la última antes de la lectura de los informes finales, y sólo ha respondido a las cuestiones formuladas por su letrada, Rosa María Díaz Bertrana.

Castellano ha explicado que accedió a la presidencia del PP de Telde en marzo de 2006, tras la detención de María Antonia Torres, y que ordenó los primeros pagos del comité local del partido en junio de ese mismo año. Unos meses antes, en diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Telde había reconocido una serie de facturas emitidas por la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda, una empresa de la trama, por supuestos pedidos para proveer de material fungible a la Concejalía de Desarrollo Local. Las escuchas interceptadas en la investigación evidenciaron que esos pedidos nunca llegaron a ser servidos porque en realidad estaban destinados a financiar la sede del partido.

La exalcaldesa ha limitado su participación en los hechos a una visita al local junto a otros miembros del comité local del PP para valorar su ubicación y ha señalado a Francisco Gordillo, el asesor de María Antonia Torres, como el muñidor de la financiación irregular de la sede, en sintonía con lo manifestado por uno de los acusados arrepentidos del caso Faycán, José Luis Sánchez, que ejerció como personal de confianza de Castellano entre 2003 y 2005. “Sánchez nunca me habló de ello, nunca lo hubiera consentido”, ha respondido tajante sobre su posible implicación en el desvío de fondos.

El nombre de Castellano aparece en una de las grabaciones reproducidas ante el plenario en varias sesiones. Se trata de una llamada telefónica en la que Gordillo insiste a Sánchez en la necesidad de que mantuviera informada a su entonces jefa de todas los movimientos vinculados a la reforma de la sede. La exalcaldesa ha restado importancia a esa conversación y a un mensaje de texto que obra en el sumario en el que elige, de entre tres opciones, el color del piso de la sede. “Me preguntaron cuál me gustaba más y respondí. Nada más”.

Castellano ha precisado que su firma no era imprescindible para aprobar los pedidos, que las solicitudes partían de los responsables de cada proyecto (el coordinador del curso o el director de la escuela taller), pasaban por la responsable de compras y contaban, no en todos los casos, con su visto bueno. Su abogada ha interesado que se mostraran en la sala varias facturas rubricadas por su clienta para comprobar que coincidían con albaranes de entrega. La expresidenta del PP de Telde ha asegurado que nunca habló con el responsable de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda hasta que estalló el caso Faycán y que fue después de leer el sumario cuando se reunió con él. El empresario le solicitó entonces devolver las facturas cuestionadas por las Fiscalía, pero Castellano se negó porque “el caso estaba ya judicializado”.

También ha negado cualquier responsabilidad en la pieza referida a las obras de la iglesia de Lomo Magullo y ha limitado su actuación en este expediente a la firma de la adjudicación a Preconte en calidad de concejala accidental de Obras Públicas, con una propuesta de resolución favorable de la jefa de Negociado y de la secretaria.

Con respecto al incremento patrimonial detectado por la Agencia Tributaria al investigar sus cuentas, cifrado en algo más de 57.000 euros, la exalcaldesa se ha escudado en que Hacienda no analizó los ingresos de su marido, a pesar de que está casada en régimen de bienes gananciales y de que en todas las cuentas corrientes ambos figuran como cotitulares.

Vivienda de Gordillo

Los otros dos acusados que declararon este jueves ante el tribunal presidido por el magistrado Salvador Alba son Emilio Hernández y José Luis Mena, arquitecto técnico y jefe de servicio, respectivamente, del área de Urbanismo en la época enjuiciada. Ambos están acusados de falsedad documental. El primero elaboró el informe técnico que avalaba la concesión del reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación para la vivienda de Francisco Gordillo. El segundo firmó el informe propuesta para otorgar la cédula de habitabilidad al mismo inmueble una semana antes de aquel informe, a pesar de que la tramitación administrativa exige que sea a la inversa.

El fiscal Luis del Río sometió a ambos procesados a un interrogatorio en el que trató de poner de manifiesto que habían permitido que se le otorgaran los permisos al asesor de María Antonia Torres a pesar de que había instalado una pérgola que no se ajustaba al proyecto.

Emilio Hernández ha explicado que cursó una visita a la vivienda, construida por Preconte, una de las empresas de la trama, en julio de 2005 y comprobó que se ajustaba a los parámetros urbanísticos. Sin embargo, un mes después, “estando de vacaciones”, se percató de que Gordillo había instalado una pérgola en la cubierta. “Me encabroné y llamé a la promotora para decirle que tenían que proceder a su desinstalación. Estuvieron 12 o 13 días con la batalla de la pérgola y al final la quitaron. Cuando vuelvo a acercarme a la zona y veo que no está, procedo a culminar el expediente”.

El arquitecto ha asegurado que en aquel momento había una pérgola desmontable y que el cerramiento ilegal, la habitación, aparece en 2008, después de que se hubiera otorgado el reconocimiento final de obra. “La pérgola es un elemento auxiliar, no hay edificabilidad, ocupación, no infringe los parámetros urbanísticos”, ha apuntado Hernández, quien, no obstante, pidió a la promotora que lo quitase “por el cabreo”. “Que un particular lo haga en su vivienda, lo puedo entender, pero que lo haga una promotora… Me pareció una tomadura de pelo”.

Hernández negó haber recibido presiones de Mena para sacar adelante los permisos, a pesar de las evidencias de las conversaciones reproducidas en la sala, y trató de justificar el hecho de que se concediera la cédula de habitabilidad antes que el reconocimiento final de obra en la tramitación paralela de ambos expedientes y en la comunicación a los administrativos, una vez cursada la visita al edificio, de que el informe que se disponía a redactar iba a ser favorable.

José Luis Mena, por su parte, manifestó que había firmado la cédula de habitabilidad tras recibir “una orden verbal” del concejal de Ordenación Territorial, Guillermo Reyes (Ciuca), y que esa es la razón por la que aparece el nombre del edil y no el suyo en el documento.

El exjefe de Urbanismo explicó que en el año 2001 el Ayuntamiento firmó un convenio para trasladar las disposiciones del decreto 169/2001 del Gobierno de Canarias, por el que se delegaba en las corporaciones locales la concesión de las cédulas de habitabilidad. El objetivo era “acercar la administración al ciudadano, hacerla más eficaz y agilizar los trámites”.

Mena se ha parapetado en ese decreto para explicar la razón por la que la cédula de habitabilidad se concedió antes que el reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación, en contra de lo dispuesto en la normativa de aplicación. “Se tramitaban de manera conjunta, simultánea, para agilizar (…) En este caso concreto, me imagino que (Emilio Hernández) visitó la obra y como la relación con los servicios de administración era diaria, fueron los propios administrativos los que configuraron la cédula. Yo sólo firmé”, aseveró.

Los acusados del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el PP y AFV-Ciuca durante el mandato 2003-2007, no pisarán la cárcel. La Fiscalía ha modificado este jueves su escrito de acusación para reducir la petición de penas, hasta un máximo de dos años de cárcel, a los siete procesados que no han reconocido los hechos, entre ellos los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano, y al técnico municipal Esteban Cabrera, que confesó en la declaración que prestó el pasado martes ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El representante del Ministerio Público les aplica el atenuante “muy cualificado” de dilaciones indebidas por el retraso acumulado en la causa desde que comenzara la instrucción, en 2006.

En la primera sesión del juicio, celebrada el 15 de enero, veinte de los 28 encausados admitieron su participación en la trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de una sustancial rebaja de penas, tras un pacto con la Fiscalía. Ahora, con la modificación de las conclusiones planteada por Luis del Río, los restantes ocho acusados también eluden el ingreso en prisión por esta causa.

La condena de prisión sólo afectaría a José Luis Mena, exjefe del servicio de Urbanismo de la corporación local, que ya cumple una pena de tres años y medio por un delito de falsedad documental en el caso Los Alisios y otra de cinco años y tres meses por cohecho y falsedad en Grupo Europa, una pieza separada de Faycán.

La satisfacción entre los abogados de la defensa a la salida de la sala era evidente . Alguno de ellos incluso se aventuraba a afirmar que la inmensa mayoría de los procesados, si no todos, serían absueltos por el tribunal presidido por Salvador Alba, sobre quien pesa un auto de procesamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) por la presunta comisión de cuatro delitos en la operación urdida para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell. El devenir de la causa contra Alba es clave para el caso Faycán, ya que la apertura de juicio oral contra el magistrado conllevaría su suspensión y, por lo tanto, la imposibilidad de dictar la sentencia, con lo que previsiblemente habría de repetirse la vista.

Estas son las penas solicitadas por la Fiscalía tras la modificación de las conclusiones provisionales:

Francisco Valido. Exalcalde de Telde y actual secretario político del PP en el municipio. La Fiscalía, que solicitaba para él seis años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho, reduce su petición a dos años de prisión, doce de inhabilitación y una multa de 640.000 euros.

María del Carmen Castellano. Exconcejala de Desarrollo Local, exalcaldesa y actual edil del PP en el Ayuntamiento de Telde. Está acusada de blanqueo de capitales, malversación, falsificación y fraude. En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía para ella cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación. Ahora solicita un año y tres meses de prisión y ocho de inhabilitación.

José Luis Mena. La pena de cárcel solicitada para el exjefe de Urbanismo se reduce a la mitad, de los cuatro a los dos años de cárcel y de los tres años al año y medio de inhabilitación. Además se le impone una multa de cinco meses con una cuota diaria de 15 euros por un delito de falsedad.

Esteban Cabrera. Arquitecto técnico en la Concejalía de Deportes. Era el acusado que se enfrentaba a la mayor condena: trece años y nueve meses de cárcel y 32 de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad. Tras reconocer los hechos y aplicarle el atenuante de dilaciones indebidas, acepta dos años de cárcel y seis de inhabilitación, además de tres multas (una de 2.650 euros y otras dos de tres y cinco meses con una cuota diaria de 10 euros), y la devolución de los 10.600 euros que cobró como comisiones ilegales.

Juan Felipe Martín. Auxiliar administrativo en el área de Contratación. La Fiscalía reduce la pena de los seis años y tres meses de cárcel y 19 años de inhabilitación a los dos años de prisión, nueve de inhabilitación y dos multas, una de 19.000 euros y otra de nueve meses a razón de 10 euros por día. Está acusado de prevaricación, cohecho y delitos contra el mercado.

Agustín León. Exsecretario de la plataforma ciudadana Ciuca. Se enfrenta a un año de cárcel, cuatro de inhabilitación, una multa de 45.000 euros y otra de seis meses con una cuota diaria de 10 euros. En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía para él tres años de cárcel y seis de inabilitación por cohecho y delito contra el mercado.

Domingo Juan Campos. Administrador de Gráficas Atlanta. El único empresario que no ha reconocido haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones o preferencia de cobro inició el juicio con una petición de cinco años de cárcel por cohecho que ahora se ha rebajado a dos y una multa de 9.000 euros.

Emilio Hernández. Arquitecto técnico en la Concejalía de Urbanismo. La petición de pena se reduce de cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad a dos de prisión, un año y seis meses de inhabilitación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 15 euros.