Los peritos de Hacienda atribuyen a los dos exalcaldes de Telde acusados en Faycán ingresos sin justificación por valor de 150.000 euros
Los técnicos de la Agencia Tributaria que han declarado este viernes en calidad de peritos en la octava sesión del juicio del caso Faycán han atribuido a los dos exalcaldes de Telde que permanecen procesados en esta causa, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, del Partido Popular (PP), ingresos sin justificación entre los años 2003 y 2006 por un valor total cercano a los 150.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de haber percibido dinero de las comisiones ilegales que la cabecilla de la trama, María Antonia Torres, a través de su asesor, Francisco Gordillo, exigía a las empresas para adjudicarles obras y servicios o para darles prioridad en el cobro de facturas pendientes en distintas concejalías del Ayuntamiento de Telde.
En el caso de Valido, actual secretario político del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Telde, el desfase entre los ingresos percibidos y declarados (su nómina como regidor y parte del alquiler de dos viviendas y un local comercial) y las rentas disfrutadas durante ese periodo asciende a 34.539,43 euros. A esa cantidad se le suman las discrepancias patrimoniales detectadas por Hacienda al extender su investigación a las cuentas de la esposa de Valido, Inmaculada Concepción León. En concreto, 56.232,02 euros, cifra que eleva los ingresos de origen desconocido de la unidad familiar a 90.771,45 euros.
En cuanto a María del Carmen Castellano, concejala de Desarrollo Local en el momento de los hechos, el desfase se sitúa, tras la última revisión de los peritos de Hacienda, en 57.332 euros. En el caso de la exalcaldesa, la investigación no se amplió a los ingresos de su marido, Miguel Ángel Garcerá, apoderado de Toldos Garcerá. Su abogada defensora, María Rosa Díaz-Bertrana, ha puesto de relieve este hecho en la sesión de este viernes y es de prever que lo utilice para tratar de hacer ver al tribunal que esos ingresos que la Agencia Tributaria considera no justificados tenían su origen en los ingresos obtenidos y declarados por su marido, que figuraba en las cuentas bancarias de Castellano como cotitular. Según la documentación que obra en la causa, Garcerá percibió entre los ejercicios 2003 y 2006 un total de 101.378,72 euros.
Gema Martín y Mario Jiménez son los técnicos que han ratificado ante el plenario (el segundo a través de videoconferencia) los informes patrimoniales elaborados durante la instrucción de la causa. Los peritos han explicado que durante el periodo investigado tanto Valido como su esposa ingresaron en efectivo en la cuenta bancaria o pagaron en metálico cantidades sin ninguna correlación con los ingresos que percibían por sus trabajos (una nómina de entre 1.100 y 1.200 euros en el caso de Inmaculada Concepción León) o a través de cualquier otra entrada de dinero de origen lícito.
La perito Martín precisó que Hacienda revisa los pagos en efectivo superiores a 3.000 euros con un solo proveedor para conocer su procedencia y que, con relación a Valido, detectaron algunos no justificados por su renta, entre ellos 6.000 euros para un coche o 18.000 para la instalación de aire acondicionado. “El caso de la esposa de Valido es muy evidente. La nómina no es muy elevada y consume toda la nómina en un mes, se gasta todo lo que gana. Sin embargo, realiza pagos en efectivo que no pueden tener un origen legal”.
La técnica de la Agencia Tributaria también ha refutado los argumentos esgrimidos en el informe de parte aportado a la causa por la defensa de Valido, un documento que, en síntesis, mantiene la tesis de que la pareja disponía de ingresos suficientes como para satisfacer esos gastos. “Crea una confusión para que el lector pueda llegar a la conclusión de que todas las cantidades están justificadas, pero el planteamiento es absurdo”, ha apuntado Martín, que ha recordado que las cuentas bancarias, los ingresos y los pagos, están controlados y de lo que se trata es de conocer el origen del dinero.
La perito reconoció que Valido tenía en los alquileres otra fuente de ingresos, aparte de la nómina. Los inquilinos abonaban una parte de los mediante transferencias en cuentas bancarias, pero otra parte no se declaraba, se pagaba en efectivo. “En ningún caso esos ingresos eran suficientes para hacer frente a los pagos no justificados”, puntualizó.
Martín ha explicado todas estas cuestiones en respuesta a una pregunta formulada por el presidente del tribunal, Salvador Alba, que se ha interesado por el procedimiento utilizado por los técnicos para llegar a esas conclusiones sobre los desfases patrimoniales y ha cuestionado si se detectaban “por ingresos en cuentas bancarias o, por ejemplo, por compras en supermercados”.
Antes, al inicio de su intervención, los peritos han puntualizado que había una salvedad con respecto a las conclusiones de sus informes sobre Valido y Castellano. En el correspondiente al exalcalde, las discrepancias patrimoniales ascendían a 49.035 euros, una cifra a la que, según Martín, habría que restar 14.495,57 euros que “sí deben considerarse acreditados”. En lo que respecta a la exconcejala y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, el primer informe hablaba de 81.466,02 euros, cantidad que después se redujo en más de 17.000 euros y, por último, en otros 10.100 por tres ingresos en cuenta que sí ha logrado justificar.
Los peritos también ratificaron el apartado del informe relativo al técnico municipal Esteban Cabrera, el acusado que más pena arriesgaba, trece años de prisión, y al que un pacto con la Fiscalía reducirá la condena hasta los dos años de cárcel y diez de inhabilitación, según ha anunciado su abogado, Juan Sánchez Limiñana, el mismo que defiende a Francisco Valido. Sin embargo, a diferencia de los otros dos, los técnicos no especificaron la cifra exacta del desbarajuste patrimonial al no ser preguntados por este extremo por parte del fiscal.
Peritos de la Audiencia de Cuentas
En la octava sesión del juicio por el caso Faycán también han declarado como peritos dos técnicos de la Audiencia de Cuentas que han confirmado que el Ayuntamiento de Telde no sólo carecía de un plan de disposición de fondos en esa época a pesar de que era “obligatorio y preceptivo” para toda entidad local, sino que además se pagaba con preferencia a determinadas empresas, las que accedían a pagar comisiones que oscilaban entre el 6 y el 20%, saltándose lo estipulado en la ley.
José Enrique Salvador y Mercedes Rocío han aclarado que en la relación de pagos de una corporación local debía priorizarse, hasta la modificación del artículo 135 de la Constitución en 2011, los abonos de las nóminas municipales, seguido de las obligaciones sobre ejercicios cerrados por orden de antigüedad. Es decir, las facturas pendientes de años anteriores tenían preferencia sobre las del ejercicio en curso, aunque había excepciones: los gastos de personal, los intereses y amortizaciones de deuda, los suministros de energía eléctrica y telefonía y otros conceptos que se debían justificar porque habían sido financiados por una administración o entidad externa. Ninguno de los pagos a las empresas amigas de la trama de Faycán cumplían estas salvedades, según los técnicos de la Audiencia de Cuentas. “En su práctica totalidad no tenían preferencia, debían esperar”.
Los peritos recordaron que en julio de 2003 el gobierno municipal anuló órdenes de pago de la anterior corporación por valor de trece millones de euros. Cuando el PP y Ciuca asumieron el bastón de mando municipal en 2003, el Ayuntamiento debía un total de 26 millones de euros, seis del ejercicio en curso y veinte de años precedentes. “El criterio para anularlos era teóricamente correcto, las órdenes de pago tenían que acomodarse a un plan de disposición de fondos. (…) Sin embargo, nunca se cumplió esa finalidad, nunca se aprobó el plan”, señaló José Enrique Salvador, que añadió que el gobierno municipal no especificó por qué anuló las órdenes de pago que sumaban trece millones de euros y no las de los siete millones restantes, a pesar de que se trataba de obligaciones similares.
Los técnicos de la Audiencia de Cuentas ratificaron en su comparecencia el informe en el que figura el dinero facturado al Ayuntamiento de Telde por las empresas de la trama, las que pagaban comisiones, entre 2003 y 2007. Gráficas Atlanta, cuyo máximo responsable es el único empresario que se mantiene en el banquillo de los acusados sin haber confesado los hechos, recibió en ese periodo 150.644 euros; Felipe y Nicolás Ojeda, 1,34 millones de euros; Cobra, 780.539 euros; Moncobra, 499.893,04 euros; Planos, Gestión y Construcción, 333.216,46 euros; Patrimonial Pacific, 1,04 millones; Cementos Las Torres, 695.140 euros; Desra, 680.001 euros; Mazotti, 68.904 euros; Dragados, 4,88 millones, y Acinox, 149.802 euros.
En ese informe se analizaron un total de 51 muestras de órdenes de pago, de las que once estaban firmadas por el concejal de Hacienda, Carmelo Oliva, por delegación del alcalde y el resto, 40, por el propio Valido. Los técnicos de la Audiencia de Cuentas relataron que el gobierno del PP y Ciuca “marginó” al tesorero, el funcionario competente según la ley, en el proceso para ordenar los pagos y convirtió el interventor, Enrique Orts, uno de los acusados que han reconocido los hechos, en el órgano gestor. “Las órdenes las firmaba el alcalde o el concejal de Hacienda e iban a la tesorería, que no tenía otra alternativa que pagar, es obligatorio si está fiscalizado”. Cabe recordar que el entonces tesorero municipal, el ya fallecido José Rodas, denunció en instrucción que el alcalde se saltó sus advertencias y priorizó el pago a acreedores sobre las nóminas municipales.
También han comparecido este viernes ante la Sala tres peritos de documentoscopia de la Policía Nacional, que han ratificado que la letra que aparece en la libreta con el logotipo de Mickey Mouse donde se apuntaba el reparto de las comisiones entre los concejales del equipo de gobierno de Telde corresponde a la de María Antonia Torres.
El juicio se reanudará la última semana de febrero con tres sesiones que se celebrarán lunes, martes y jueves. La señalada para el viernes 2 de marzo, en la que estaba prevista la lectura de las conclusiones finales, se ha suspendido, por lo que las partes deberán exponer su último alegato el lunes 12 de marzo o el martes 13.
