Álvaro García Ortiz se convirtió esta semana en el primer fiscal general del Estado condenado por un delito penal. A falta de conocer si la decisión del Tribunal Supremo supone su expulsión definitiva de la carrera o únicamente le inhabilita para el cargo de fiscal general, el histórico fallo sí pone fin a un agitado mandato de poco más de tres años al frente del Ministerio Público. García Ortiz llegó a la cúpula de la Fiscalía en el verano de 2022. Su antecesora, Dolores Delgado, había renunciado de forma sorpresiva al cargo por motivos de salud. Y él, que había sido su mano derecha desde 2018, fue su relevo natural. Nacido en Lumbrales, Salamanca, en 1967, había desarrollado durante dos décadas largas una carrera sin sobresaltos en Balears y Galicia hasta que empezó a moverse por los pasillos del poder de la sede central de la Fiscalía en la calle Fortuny de Madrid. 

Su aterrizaje fue convulso, lo que daba pistas de lo que iba a ser un mandato repleto de turbulencias y que deja también algunas decisiones controvertidas. El Partido Popular, que ha convertido a la Fiscalía en diana de sus ataques, le recibió con acusaciones de “complicidad y colaboración con ETA” en su comparecencia en el Congreso el 28 de julio de 2022, días después de que el Gobierno lo propusiera para el puesto. El PP arremetió duramente contra él debido al criterio de la Fiscalía sobre la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco para varios exjefes de la banda terrorista. 

En paralelo, la derecha mediática lo acusó de ordenar defender la prescripción de ese brutal atentado por razones políticas. Aquella había sido “una decisión en línea con las cesiones del Gobierno a Bildu”, recogió un editorial del periódico El Mundo, que esta semana escribió en otro editorial que García Ortiz urdió “una operación política” para arrollar los derechos del “ciudadano” Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos años después de aquella primera embestida en el Congreso, en octubre de 2024, la Audiencia Nacional declaró prescrito el asesinato para la etarra Anboto y evidenció la falsedad de esa primera campaña. El PP y la prensa que había espoleado sus ataques optaron por el perfil bajo. 

Entre los bulos que han tratado de desacreditar la trayectoria de García Ortiz destaca la publicación del diario ABC que afirmaba que se había reunido en secreto con el banquero que impulsó la investigación contra Mariano Rajoy en Andorra. Nunca existió tal reunión. También se le acusó de haber influido en un fiscal del Supremo para que cambiase un informe en el que pedía investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en pleno debate sobre la amnistía. El propio Álvaro Redondo, un fiscal conservador de casi 70 años que ejerció durante los años ochenta en el País Vasco, negó por escrito y reiteradamente que en su decisión hubiera tenido algo que ver el fiscal general. 

En plena discusión sobre el olvido penal del procés, el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se remitió a su supuesta “sintonía” con la “campaña de desprestigio” a los jueces en relación al lawfare para no avalar su nombramiento. Era la primera en la historia del órgano de gobierno de los jueces que ocurría algo así. García Ortiz se quejó en el Congreso de que los vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular le sometieron a un “tribunal de honor”. Tiempo después, su respaldo a la ley de amnistía y a su aplicación a todos los delitos profundizó su choque con parte de la cúpula fiscal y elevó el tono contra él por parte de la derecha política, mediática y judicial. 

Dentro de la carrera, ha tenido que afrontar también la férrea hostilidad de los fiscales conservadores y de otros enemigos internos, tal y como ha evidenciado el juicio celebrado en las últimas semanas. Los fiscales ‘pata negra’ de Madrid, representantes de la institución en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, vieron en él a un fiscal de provincias sin más méritos jurídicos que ser de la cuerda de Dolores Delgado. Es precisamente en su estrecha relación con Delgado donde algunos ven su principal talón de Aquiles. 

Las carreras de ambos se ligaron para siempre en una furgoneta que recorrió cientos de kilómetros por España en 2018 para hacer campaña por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en las elecciones internas de la institución. En aquella campaña también estaba Diego Villafañe, quien ha sido su ‘número dos’ durante su mandato. Dos años después, Delgado acabó siendo nombrada fiscal general en una decisión controvertida porque nunca antes un ministro había dejado la cartera de Justicia para alzarse a la cúpula de la Fiscalía.

En aquellas elecciones internas, García Ortiz fue el fiscal más votado de la historia de la institución, pese a concurrir con el cartel de la UPF, una asociación minoritaria si se compara con la conservadora Asociación de Fiscales. Su asociación ha ido perdiendo fuelle tras perder con claridad las últimas elecciones frente a la Asociación de Fiscales y ceder un representante por primera vez a APIF, una entidad también conservadora que hasta 2022 no tenía representación en el Consejo Fiscal. Años después, la APIF ha acabado ejerciendo la acusación contra él en el juicio y ha reclamado la pena más alta: seis años de cárcel. 

La cercanía a Delgado marcó el origen de los dos principales golpes que había enfrentado en su mandato hasta el caso de la pareja de Ayuso. El Supremo anuló dos intentos de ascender a su antecesora a la máxima categoría de la carrera. El alto tribunal decretó que existió desviación de poder y que actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora y no de proveer una plaza cuando la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Tiempo después, el Supremo anuló una segunda tentativa de ascenso de Delgado. 

Previamente, cuando era ‘número dos’ de Delgado, se le acusó de alargar artificialmente un expediente interno contra el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, que llevaba piezas muy sensibles como el caso Villarejo, donde están acusados clientes del bufete de Baltasar Garzón, pareja de Delgado. La investigación interna quedó en nada cuando ya se había cubierto su plaza por un sustituto. Stampa tampoco recibió ningún apoyo de sus compañeros en el Consejo Fiscal en el que se decidió esa renovación. El nombre de Stampa ha vuelto de forma reciente a la actualidad por su reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez y los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero.

Este asunto también terminó en un revés judicial para García Ortiz en el Tribunal Supremo. Hace menos de un mes la Sala de lo Contencioso-Administrativo condenó al Estado a indemnizar a Stampa con 4.000 euros por alargar de forma “innecesaria” esa investigación contra él a instancias de la Secretaría Técnica que entonces dirigía García Ortiz. 

Del Prestige a la Fiscalía General

Antes de su llegada a Madrid en 2020, García Ortiz alcanzó notoriedad en Galicia por ser el fiscal del Prestige, una macrocausa que investigó desde su despacho en Santiago de Compostela enfrentándose a legiones de abogados que defendían al conglomerado empresarial que había detrás del viejo petrolero. Pese a algunas presiones de la Fiscalía, y de un sector del PSOE, García Ortiz rechazó acusar a los altos cargos del Gobierno de José María Aznar responsables de la errática travesía del barco que inundó de chapapote las costas gallegas. Su tesis era que técnicamente esos dirigentes no podían ser acusados porque desde la primera grieta en el petrolero, el daño ya estaba hecho. 

Los choques con el PP llegaron después, cuando Feijóo, todavía como presidente de la Xunta de Galicia, empezó a acusar a supuestas mafias y terroristas de prender los montes siguiendo una estrategia que el PP gallego llevaba utilizándolo más de tres décadas. A las decenas de miles de hectáreas que ardían cada verano, el presidente de la Xunta respondía descargando la responsabilidad en las fuerzas de seguridad por no detener a los integrantes de supuestas tramas ocultas. García Ortiz, que era entonces fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, nunca respondió en público a Feijóo. Lo hacían las memorias de la Fiscalía que atribuían los fuegos a causas diversas tras investigar cada gran incendio con equipos especializados de la Guardia Civil y la Policía autonómica. 

Precisamente su intervención en una mesa redonda sobre incendios forestales organizada por una fundación del PSOE en 2019 fue utilizada por el PP tiempo después para cuestionar su nombramiento. En esa mesa, en la que se abordaron cuestiones técnicas relacionadas con la prevención de los fuegos, se habían sentado también catedráticos de universidad y economistas. Los populares y sus medios afines llegaron a decir que García Ortiz, habitual en este tipo de jornadas, había participado en un mitin socialista. 

En esa etapa en Galicia también se gestó una enemistad que se ha puesto de manifiesto con toda su fuerza en esta causa judicial. Durante años fue el “visador” de otro joven fiscal, llamado Juan Antonio Frago, hoy abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que pidió para él hasta seis años de cárcel. En esos años, García Ortiz llegó a testificar en el expediente que convirtió a Frago, momentáneamente y hasta que los jueces le dieron la razón y revocaron la sanción, en el primer fiscal expulsado de la carrera en España por quejas de sus superiores.

De fiscal silencioso a fiscal general, la carrera de Álvaro García Ortiz se acaba de encontrar con un semáforo en rojo potencialmente definitivo. En la Fiscalía analizan si la condena del Supremo, además de obligarle a dejar el puesto, también le priva de la condición de fiscal que consiguió hace más de dos décadas. Todos los ojos miran ya hacia el Tribunal Constitucional mientras el entorno del que fue el fiscal más votado de España capea un escenario que nadie imaginaba, hace año y medio, en la calle Fortuny. 

España siempre ha sido un país de voluntarios. Muchas personas han querido ayudar cuando otras estaban en su peor momento, lo hemos visto hace días durante los incendios forestales, pero antes lo vimos en la limpieza del chapapote procedente del ‘Prestige’ en las costas de Galicia, en los peores momentos de la pandemia con el reparto de comida, o en la limpieza del lodo en las poblaciones más afectadas por la DANA de Valencia. 

Sin embargo, últimamente vemos cómo esa ayuda está cargada ideológicamente de ideas ultraliberales, casi rozando eslóganes fascistas como aquello de ‘solo el pueblo salva al pueblo’. Consignas que en el fondo esconden el rechazo a la regulación y al gasto público. Hoy hablamos con Yolanda, Joan y Jorge, tres personas que ante estos desastres se lanzaron a ayudar a los demás, para entender mejor qué les impulsó a actuar y qué sensación les ha dejado esta experiencia. Beatriz Muñoz, periodista del elDiario.es en Galicia, ha colaborado en la producción de este episodio.

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El presentador del Hormiguero, Pablo Motos, preguntó este jueves a Mariano Rajoy si creía que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, debía dimitir por su gestión de la DANA, que arrasó multitud de localidades, provocó más de 200 muertos y cuyas responsabilidades dirime ahora un juzgado de Catarroja. El expresidente eludió la respuesta directa para elegir un azaroso camino de crítica al Gobierno de Pedro Sánchez. En un tono de tertulia de bar Rajoy vino a decir que el problema de Valencia era la incomparecencia del Ejecutivo de Sánchez. Y se puso de ejemplo a sí mismo. “Yo viví algo mucho menos dramático que lo de Valencia, el Prestige. (...) Yo estuve un mes allí”. El argumento del expolítico se coronó con la siguiente reflexión: “En Valencia echo de menos al Estado y al Gobierno de España”.

Lejos de provocar un abucheo, las palabras de Rajoy fueron premiadas con un sonoro aplauso del público que seguía en directo el desarrollo del programa. No hubo ni una sola matización sobre las competencias que, en materia de Salvamento Marítimo, son exclusivas del Estado y que en el caso de la DANA lo son de la Comunidad Autónoma, ya que en ningún momento se solicitó la declaración de emergencia nacional. Al poner la gestión del Prestige como ejemplo, Rajoy olvidó decir que fue el Gobierno de Aznar, con Rajoy de vicepresidente, quien decidió alejar el petrolero de la costa primero, intentar llevarlo a aguas francesas después y, por último, ordenarle rumbo sur para ver si los portugueses no estaban atentos y se comían el problema. Portugal esperó al barco con una fragata, mensaje claro que acabó provocando el enésimo cambio de rumbo hasta que el Prestige no dio más de sí y se rompió a 140 millas de la costa, generando una marea negra en toda la costa gallega y que llegó hasta las playas de Portugal y Francia. El ministro de Defensa de entonces, Federico Trillo, también aportó su granito de arena en la gestión de aquella crisis y propuso bombardear el barco con aviones de combate. Esa idea finalmente no se llevó a cabo.

Pero lo que Rajoy quería vender en El Hormiguero es la idea de que él estuvo en Galicia tras la catástrofe y dar a entender que el Gobierno central no está en la reconstrucción de Valencia. No hubo repreguntas de Motos, tan solo aplausos tras la perorata. Ni una sola referencia a aquellas cuatro semanas que él pasó en Galicia, ni a su frase, convertida en parte de la historia, que hablaba de “hilillos de plastilina”, como si la marea negra que se cernía ya sobre la comunidad fuese un invento periodístico o un constructo de la oposición parlamentaria. Tampoco le dijo nada Rajoy a Motos de la crisis política que rompió su partido en dos, cuando los líderes del PP gallego criticaron la gestión de Madrid y se echaban las manos a la cabeza cuando los ministros hablaban de “playas esplendorosas”. Ni siquiera explicó el expresidente que Aznar decidió remplazarle en Galicia tras sus fiascos y se inventó un comisionado, al frente del cual situó al exministro franquista, Rodolfo Martín Villa, que dedicó más esfuerzos a controlar medios de comunicación que a ejecutar el Plan Galicia, un conjunto de inversiones que se vendió como respuesta a la catástrofe.

La pregunta sobre una eventual dimisión de Mazón quedó sin responder en el programa y, tras la ovación del público, la diversión continuó en el programa de Atresmedia. Como gran reflexión sobre competencias, Rajoy deslizó el siguiente argumento: “El Estado está para cosas gordas”.

El Tribunal de Apelación de Londres rechazó este jueves un recurso de España para ejecutar en Inglaterra una sentencia española que obligaba a la aseguradora del naufragado petrolero Prestige a pagar 855 millones de euros por la catástrofe medioambiental causada por su hundimiento en 2002.

Según recoge EFE, esta corte respaldó una decisión de 2023 del magistrado Christopher Butcher del Tribunal Superior que determinó que no podía inscribirse en la jurisdicción inglesa un fallo del 1 de marzo de 2019 de la Audiencia Provincial de A Coruña, que halló a la London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited responsable de indemnizar al Estado por el vertido tóxico en las costas de Galicia.

Los tres jueces del Tribunal de Apelación coincidieron con su colega en que la existencia previa de un laudo de arbitraje emitido el 13 de febrero de 2013 por el abogado Alastair Schaff, que exoneraba a la aseguradora británica de pagar al hacer valer dos cláusulas clave de su contrato con los dueños del buque, impedía el registro de ese dictamen.

Según se señala en el fallo de este jueves, la primera de esas cláusulas exigía a las partes un arbitraje en Londres y la segunda preveía que la mutua, conocida en este proceso como The Club, “sólo sería responsable de pagar si los propietarios lo hacían primero con su propio dinero”.

Los magistrados desestimaron no obstante uno de los argumentos presentados por el Club, que adujo que no era aplicable en territorio inglés una decisión relativa al caso analizada en 2020, antes del Brexit, y emitida en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

El Tribunal de Apelación también concluyó este jueves, a favor de España, que, a raíz de la inmunidad soberana, no se puede exigir ni al Estado español ni a Francia que ofrezcan una compensación a la aseguradora por haber incumplido “la obligación equitativa de arbitraje” en Inglaterra.

El Prestige, con pabellón de Bahamas, se partió cuando transportaba 70.000 toneladas de fuelóleo pesado, causando daños en el litoral norte de España y el occidental de Francia, lo que abrió una larga disputa judicial de estos países con la aseguradora en varias jurisdicciones.

El Club se aferró en todo momento a que su contrato con los propietarios del barco establecía que cualquier litigio sería dirimido a través de un arbitraje en el Reino Unido. 

Cada vez que salen trapos sucios en el PP, el PSOE tiene motivos para alegrarse. Pero también para echarse a temblar. El último ejemplo es reciente. Tenemos un fraude fiscal confeso de la pareja de Ayuso. Pero la cosa se va enredando, la van enredando entre unos cuantos, hasta que el que acaba dimitiendo es el secretario general del PSOE en Madrid, preocupado porque vayan a por él como ya hicieron el Fiscal General del Estado. Hay precedentes de casos similares: el del Prestige, el de la Gürtel o, relacionado con la propia Ayuso, la dimisión del exlíder del PP Pablo Casado.

Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es José Precedo. 

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El 13 de noviembre de 2002 es difícil de olvidar. En Galicia, sin duda; pero también en Euskadi. Más de 24.000 toneladas de fuel, de chapapote, se recogieron en aguas de la costa vasca o en las playas del litoral de Euskadi a lo largo de los meses siguientes a ese día de noviembre en el que el Prestige se hundió frente a las costas gallegas con 77.000 toneladas de fuel a bordo. La crisis de los pellets, que finalmente no ha sido para Euskadi tan grave como parecía en un principio, ha vuelto a poner de actualidad aquella catástrofe ecológica, colocando el foco sobre la necesidad de aumentar la seguridad para cuidar el medio ambiente y evitar que se repita algo similar. Y, en cualquier caso, para estar preparados para actuar con rapidez, por las dificultades que supone eliminar todo resto vertido al medio marino una vez que se produce. De hecho, de todo el fuel recuperado en Euskadi sólo el 63% pudo ser íntegramente reciclado en la refinería de Petronor. El 37% restante fue imposible de separar de otros residuos a los que iba pegado. Pero ¿cómo se recicló el fuel del Prestige que se recogió en Euskadi?

Según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria, todo el residuo recogido en el mar era sometido a tratamiento y filtrado en la planta instalada por el Ejecutivo en Punta Sollana. Tras el proceso de tratamiento de la planta, el 63% de ese residuo, es decir, unas 15.149 toneladas, era fuel “debidamente filtrado que se envió en camiones cisterna a Petronor para su valorización”. El 37% restante eran los restos filtrados mediante mallas en la instalación en los que una parte muy importante era “una emulsión de fuel con agua” y el resto, “residuos impregnados de fuel como big-bags, contenedores, restos sólidos, plásticos, vegetación, peces y restos de aves, etc” 

Estos residuos se sometieron a un “pretratamiento de estabilización-solidificación, también denominado inertización), para su posterior deposición en un vertedero”. Según detalla el Gobierno vasco, al tratarse de “residuos inertizados, se enviaron a aquellos vertederos autorizados para este tipo de residuos en celdas específicas, en concreto, se depositaron en los vertederos ubicados en los términos municipales de Larrabetzu y Lemoa”. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, responde así a una pregunta planteada por la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, que interpela a la consejera por hecho de que se hayan podido verter en vertederos no autorizados restos. “No se vertieron restos de fuel crudo”, zanja la consejera.

Un informe editado por Ihobe, la sociedad de gestión medioambiental del Gobierno vasco, destaca que Euskadi fue “la única comunidad autónoma que recicló el chapapote, sentando a su vez un precedente mundial nunca antes puesto en práctica”. El proceso de valorización arrancaba en la planta de tratamiento del fuel en el dique de Punta Sollana (Zierbana). El fuel emulsionado recogido en el mar se calentaba hasta una temperatura aproximada de 80-90º para que pudiera tener un grado de viscosidad que permitiera su absorción por una bomba que traspasaba este fuel a camiones cisterna. Estos camiones llevaban su carga a la refinería de Petronor en Muskiz, a cuatro kilómetros de esta planta, donde el hidrocarburo fue incorporado como materia prima a su proceso de producción de distintos tipos de fuel.

En el proceso de calentamiento se realizaba un filtrado o desbaste del residuo recogido en el mar. Se separan restos sólidos, plásticos, algas, vegetación y ramas que se habían mezclado con el chapapote y que se separaban y solidificaban. La planta de tratamiento, que ocupaba 15.000 metros cuadrados, llegó a recibir una media de 60-80 camiones, según se recoge en el informe. “En horario nocturno ya que la descarga se realizaba al finalizar la jornada, desde los puertos donde se descargaba el fuel: Hondarribia; Pasaia; Donostia; Getaria; Ondarroa; Lekeitio; Bermeo; y, el propio de Punta Sollana. En esas descargas llegaron a trabajar entre 150 y 200 personas”.

Desde mediados de diciembre las playas gallegas están sufriendo la llegada de un cargamento de pellets que se cayó de un barco frente a las costas de Portugal. Son millones de diminutas bolitas de plástico que la marea arrastra a la orilla y luego se vuelve a tragar. Las tareas de limpieza son complejas y hasta ayer, se articulaban casi exclusivamente a través de voluntarios, vecinos de la zona y cuadrillas municipales. 

Hablamos con Gonzalo Cortizo, director de elDiario.es en Galicia sobre este nuevo desastre medioambiental y la gestión política llevada a cabo por la Xunta de Galicia a pocas semanas de las elecciones autonómicas. Con Raúl Rejón, experto en temas de Medio Ambiente, conocemos mejor el impacto ambiental de estos residuos diminutos, su toxicidad y la dificultad para eliminarlos de las costas.

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Treinta y cuatro de los 37 tripulantes del petrolero griego Andros Patria murieron a no mucha distancia de la costa gallega en la Nochevieja de 1978. El buque vertió entre 50 y 60.000 toneladas de crudo al océano Atlántico. No era la primera vez que pasaba, no sería tampoco la última. Aquel sucedido marcó las vidas de Aida Celanova, su tío Lolo y Xairo del Arrexó, oriundos de una aldea próxima a Valdoviño, en las Rías Altas gallegas, y protagonistas principales de Bailaréis sobre mi tumba (Seix Barral, 2023), la segunda novela de Alba Carballal. Chapapote, neón y las sombras de la normalidad democrática arman una trama en la que personajes de ficción viven y mueren en escenarios reales, las catástrofes ecológicas balizan el paso del tiempo y la contracultura es quizás la única línea de fuga. “Me gusta decir que nada de lo que pasa a estos personajes fue cierto, pero todo fue verdad”, sintetiza Carballal (Lugo, 1992). También el paisaje, físico y político, de la obra.

“A mí me había impresionado mucho el accidente del Prestige. Entonces era una niña [fue en 2002], pero recuerdo su impacto. Decidí escribir una novela con ese telón de fondo”, relata la escritora a elDiario.es, “al investigar y documentarme, me di cuenta de que había una historia cíclica. El naufragio de petroleros se repetía cada 10 o 15 años. Pensé que eso me podía servir para estructurar la narración”. El Andros Patria en 1978, el Mar Egeo en 1992 y el Prestige diez años más tarde le sirven a Carballal para hacer avanzar la trama de unos personajes, también tres, “cada vez más viejos y más cansados, también más hundidos”: una abogada ambientalista, su tío empresario de la noche en Valencia y Xairo, su primer novio, que huye a Vigo y sale del armario en la noche ochentera.

Ajuste de cuentas con el relato oficial

Pero Bailaréis sobre mi tumba es, además, un ajuste de cuentas. Con el relato dominante sobre la España contemporánea y con el año 92 como apoteosis. Con el hedonismo como liberación y con la institución familiar. Con la literatura moderna y con la posmoderna. “El Andros Patria se hunde en el 78. Ese es el año en que se aprueba la Constitución. La historia oficial habla sobre todo del fin de la dictadura y el inicio de las libertades. Pero esa historia no está completa”, considera. Existe la otra cara: expresiones contraculturales amargas, desastres ambientales, la Ruta del Bakalao, la Movida viguesa -no la madrileña, puntualiza-, los naufragios de cargueros. Son episodios al margen del espejo en el que se mira el oficialismo. Y que todavía no han acabado de encontrar su lugar en la literatura. “Sobre la Ruta del Bakalao hay varios ensayos, pero no conozco novelas. La serie de televisión La Ruta apareció cuando este libro ya estaba escrito”, dice, “los referentes eran pocos. Quizás falte distancia y sea necesario que pase por lo menos una generación. Aunque sobre la Movida madrileña sí hay cosas, claro”.

Estos agujeros en la representación la conduce a reflexionar sobre el centro y los márgenes. “Las periferias siempre tardan más en emerger”, entiende, “y eso que a menudo son más interesantes”. En Vigo, aquel desperezarse de la larga noche de piedra coincidía con las luchas obreras contra la reconversión industrial. Los antros más célebres de la época -el Ruralex, el Manco, el Kremlin- y el eco del sindicalismo combativo aparecen a la vez en Bailaréis sobre mi tumba. Cuyo título, por cierto, remite a la popular canción del cuarto disco de Siniestro Total, punks, vigueses y emblema de aquellos años en activo hasta 2022. “Los hechos históricos y políticos nos moldean. Lo hacen con los personajes de la novela, a quien el hundimiento periódico de los petroleros orienta sus vidas. No las explica, pero sí las orienta, asegura Carballal.

No solo sucede en la ficción, añade. También “en alta medida” en la realidad. El individualismo no puede comprender al ser humano. “Nos movemos en ese resquicio” entre la voluntad y las circunstancias, sintetiza. Y eso produce a Aida Celanova o a su tío Lolo o a Xairo, caracteres que dudan y se contradicen y viven existencias muy distintas y sin embargo átonas. Alba Carballal decidió contarlas con una técnica fragmentaria. “Amiga, date cuenta: somos nosotras quienes estamos teniendo una cita a ciegas con lo peor de nosotras mismas a través de los personajes y no al revés”, dice la narradora moderna, una de las instancias narrativas del libro, inspirada en un recurso que la autora encontró en El verano sin hombres, de Siri Hustvedt, impertinente y teorizadora, por momentos despiadada. “Es una mirada que, en muchas cosas, se parece a lo que yo pienso. En otras no”, confiesa.

¿Por qué habla un muerto?

“La de Hustvedt me pareció una herramienta apropiada para escribir episodios históricos que yo no he vivido. Soy millenial”, afirma, “pero es una mirada que no agota la historia”. Según su opinión, “la historia con mayúscula” necesita de una visión poliédrica y “miradas superpuestas”. “Desconfío de los narradores monolíticos que sientan cátedra”, anota. En Bailaréis sobre mi tumba no lo hay. En una página cita, de hecho, a Miguel Delibes: “Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así”. Los tres personajes principales poseen voz propia y centran cada una de las tres partes de la novela -con los tres naufragios como marco temporal. Uno de ellos, Lolo, habla desde el más allá.

¿Por qué habla un muerto? “Un amigo que escribe me lo advirtió. 'Es de primero de escritura, no pongas a hablar a un muerto. No hay que hacerlo nunca'. Pero yo pensé que era la mejor manera, y además divertida, de acercarse a la realidad religiosa de Galicia, tan singular y pagana”, se explica Carballal. Esas reflexiones de ultratumba le permiten a la autora, y a la lectora, disponer de un contexto no omnisciente -es una visión de parte, de la parte de Lolo- pero sí más global de la trama. Que optó por escribir en un castellano poblado de palabras y expresiones en gallego. “Me han preguntado a menudo por esto y la verdad es que no tengo una respuesta política. El castellano en Galicia está muy galleguizado. Quise atender a esta realidad ambiental y reflejarla lo mejor que supe”, argumenta, y remite a otro castellano situado, el de Andrea Abreu en Panza de burro, lengua bastarda, orgullosa.

La muerte y la maternidad, el incendio y la decepción, atraviesan Bailaréis sobre mi tumba. La última de sus tres secciones sucede a partir de que el Prestige embarranca frente a la Costa Morte. Lo que había comenzado con el chapapote del Andros Patria acaba con otro manto de piche sobre el océano. “Y consigue así permanecer ajeno todavía a otra densidad futura, negra y brillante ésta, que en altamar empieza a abrir un camino transitable para sus nimias posibilidades de vover a nacer”, había escrito Alba Carballal al final de la segunda página de la novela.

España afronta desde este miércoles en Londres una vista judicial que puede ser relevante de cara a las dos decenas de condenas que ha recibido ya el país en distintos arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Fondos de inversión especializados en este tipo de litigios llevan meses intentando que la justicia británica decrete el embargo de parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora del petrolero Prestige tiene pendiente pagar a España por el desastre medioambiental que tiñó de fuel las costas gallegas en 2002.

Se trata de los fondos Infraestructure Services Luxembourg y su propietaria es la holandesa Energía Termosolar BV. Esta última, según datos accesibles a través de Insight View, a su vez está en manos de un vehículo luxemburgués, Energy Investments S.C.Sp., que según documentación oficial es propiedad de BCCB Limited, firma radicada en Islas Caimán.

Estos inversores pretenden cobrar un laudo del Ciadi (organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial) que condenó a España en junio de 2018 a pagar 120 millones a un fondo de infraestructuras francés, Antin, por los recortes sufridos por las plantas termosolares Andasol 1 y 2.

Las plantas, con una potencia de 50 megavatios (MW) cada una y localizadas entre los municipios granadinos de Aldeire y La Calahorra, en la comarca de Guadix, fueron promovidas por ACS entre 2008 y 2009 y adquiridas por Antin en julio de 2011 por 139,5 millones de euros.

A esos fondos, que tras el laudo se hicieron con los derechos de esa deuda a favor de Antin, les defiende el bufete estadounidense Kobre & Kim, conocido en España por tener entre sus clientes a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, ex amante de Juan Carlos I, en la causa por presunto acoso del rey emérito en Londres. Este “agresivo” bufete, como se define en su web, está especializado en disputas e investigaciones.

Reino Unido ha reconocido preliminarmente el laudo y los demandantes se aferran en este caso a una ley británica de 1966 sobre arbitrajes internacionales, pero España ha apelado la decisión. En la vista que comienza este miércoles, el tribunal londinense, la sección comercial de la High Court, va a escuchar los argumentos de ambas partes para dirimir si la justicia británica finalmente reconoce el laudo o no.

Fuentes jurídicas aseguran que, de producirse una decisión desfavorable para España en la vista de estos días en Londres, se produciría un efecto “en cascada” sobre el resto de laudos condenatorios. Y esa es la cuestión que se va a dilucidar estos días, en una vista que está previsto que se prolongue durante cuatro jornadas y cuyo arranque estaba inicialmente fijado para el pasado lunes.

Ya para enero de 2024 está prevista una decisión de ese tribunal de Londres sobre el embargo de la indemnización del Prestige. En este caso, el bufete, según fuentes conocedoras del caso, está intentando que se reconozca lo que en la legislación británica se denomina “Third party debt order”, una figura que no existe en España y que consiste en el derecho de un acreedor a reclamar a un deudor el cobro de deudas pendientes de un tercero.

En el punto de mira está parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora británica del Prestige, London P&I Club, tiene pendiente abonar a España por la catástrofe del petrolero hace ya más de dos décadas. Entre los activos susceptibles de incautarse no están inmuebles en el extranjero del servicio exterior español (por la inmunidad diplomática), ni aviones oficiales, explican fuentes conocedoras del caso.

En 2022, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que España tenía derecho a cobrar la indemnización de la aseguradora del Prestige, que fue considerada responsable civil subsidiaria de la catástrofe por el Tribunal Supremo. Los fondos que están intentando embargar esa compensación en Londres están intentando cobrar en diferentes jurisdicciones de Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

Ya han trasladado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las principales agencias de rating la negativa de España a pagar el arbitraje, para que tengan en cuenta esta información “a la hora de hacer su cobertura y de dar la calificación de la deuda soberana”. En enero, consiguieron que la corte británica que va a oír a las partes esta semana denegase la pretensión de la Comisión Europea de tomar parte en el litigio y declarar en favor de España.

El laudo de Antin fue dictado al amparo de la Carta de la Energía, un tratado para la protección de inversiones que España firmó en 1994. España decidió abandonarlo el año pasado junto a otros países como Alemania y Francia, que junto con Polonia han presentado formalmente este jueves su renuncia a ese tratado, que también se plantea abandonar la propia UE.

10.000 millones

El de Antin es uno más de los 51 litigios de inversores extranjeros que se han presentado hasta ahora contra España por el hachazo renovable de Rajoy. El recorte, que vino acompañado de una suspensión a las tecnologías verdes que paralizó este sector durante años, perseguía embridar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), del que quedan todavía por pagar algo más de 10.000 millones y que el Gobierno descartaba este martes que vaya a crecer pese a un 2022 extraordinariamente complicado.

En la actualidad, de los arbitrajes presentados, con reclamaciones que rondaban los 10.000 millones de euros, y que han colocado a España como el país con más arbitrajes en su contra, junto con Venezuela y Rusia, se han dictado 28 laudos, que se han saldado con 21 condenas para España. Estos suman indemnizaciones cuya cuantía ronda los 1.000 millones.

El Estado español no ha pagado por ahora “ni un euro” a los demandantes, recalca el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque la factura en asesoría jurídica para apoyar a la Abogacía del Estado en estos litigios suma varias decenas de millones de euros. Otros dos procedimientos se han anulado y otros 20 están pendientes. Y  tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por un Real Decreto Ley de 2019 que otorgó a las plantas afectadas por el recorte de 2013 una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El departamento de Teresa Ribera defiende que los laudos dictados hasta ahora “han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas”. En los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación y “ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar”.

Según el Gobierno, “los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal”. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración.

“España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales”, concluye Transición Ecológica.

En 1998, la rotura de una presa de residuos de la mina de zinc de Los Frailes, en Aznalcóllar, Sevilla, vertió aproximadamente cuatro millones de metros cúbicos de residuos mineros al río Guadiamar.

Los residuos contenían una serie de sustancias tóxicas, incluidos metales pesados, que causaron daños significativos al ecosistema del Parque Nacional de Doñana y sus alrededores, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El llamado “desastre de Doñana” supuso una contaminación del suelo y el agua, la muerte de numerosas especies vegetales y animales y el desplazamiento de personas. La empresa propietaria, Bolidén, un cuarto de siglo después, se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes, y está pendiente de juicio en 2025.

El desastre de Doñana es un ejemplo claro de ecocidio. Según un panel de expertos internacionales bajo la organización sin ánimo de lucro Fundación Stop Ecocidio, la definición legal de ecocidio es “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. 

Esta organización y otras similares en todo el mundo han presentado en 2021 una solicitud para que el ecocidio se incorpore en una enmienda al Tratado de Roma como un nuevo crimen en el derecho penal internacional. 

Aunque el tratado de Roma ya recoge como crimen causar daños graves al medioambiente en situaciones de conflicto armado, hoy en día la mayoría de los daños más graves se producen en tiempos de paz, y esto hace que no se puedan denunciar ante esta corte internacional.

Muchos casos de ecocidio son negligencias puntuales como el desastre de Doñana o el del vertido del petrolero Prestige. también es el caso del vertido de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, que causó importantes daños al ecosistema marino y a las economías de las zonas afectadas.

Ecocidios a cámara lenta

Algunos de los casos más graves de ecocidio son aquellos en los que hay una destrucción de la naturaleza que se desarrolla a lo largo de muchos años:

Entre los casos más notorios de estos “ecocidios a cámara lenta” está la muerte del Mar Menor en Murcia. La destrucción de este ecosistema encaja dentro de la definición antes mencionada de ecocidio, y podría ser denunciada como crimen internacional si finalmente se incorporase al Tratado de Roma.

En el ecocidio del Mar Menor interviene una sucesión de actos ilegales, como la explotación de pozos ilegales, vertidos tóxicos, así como la negligencia de las administraciones, tanto local como central, que no han intervenido para detener estas actividades ilegales y el daño causado. Los daños a estos 73 kilómetros de costa del Mediterráneo son en su mayor parte irreversibles.

A falta de un tratado internacional que reconozca y persiga el ecocidio, algunos países ya han aprobado leyes nacionales que lo prohíben. Por ejemplo, en 2020, Francia aprobó una ley que tipifica el ecocidio como delito punible con hasta 30 años de prisión y una multa de hasta 4,5 millones de euros.

La ley se aplica a particulares y empresas que causen daños significativos al medio ambiente, incluidos daños a los ecosistemas, el suelo, el agua y el aire. Por su parte los Países Bajos cuentan con una serie de leyes que prohíben los delitos contra el medio ambiente. Entre ellas la Wet Milieubeheer (Ley de Gestión Medioambiental), que tipifica como delito causar daños medioambientales significativos.

En 2014 los jueces del Tribunal de Distrito de La Haya dictaminaron además que el Gobierno de los Países Bajos tenía la obligación legal de actuar en interés de las generaciones actuales y futuras reduciendo sus emisiones de CO2. Suecia, Alemania y algunos estados de Estados Unidos tienen leyes parecidas. 

El largo recorrido del ecocidio español

¿Y en España? La legislación contra los delitos ecológicos se ha endurecido en los últimos años, pero según declaraciones de los abogados de Greenpeace a la agencia EFE, España es la principal infractora de las normas ambientales de la UE.

Una gran parte de los problemas asociados a la persecución de los delitos ambientales en España tienen que ver con la lentitud de la justicia y la complejidad de los procedimientos. 

Para empezar, para perseguir infracciones ambientales por la vía penal, es muy difícil en ocasiones atribuir la responsabilidad personal, uno de los principios del derecho penal en España.

Por otro lado, cuando se procede por la vía administrativa, los procesos pueden llegar a un punto muerto, como en el caso del hotel ilegal El Algarrobico, que a pesar de acumular decenas de pronunciamientos judiciales para exigir su demolición, sigue en pie. 

Como consumidores, poco podemos hacer para evitar los ecocidios más allá del boicot a las empresas contaminantes, algo que se complica cuando no sabemos quién está detrás de nuestros productos de consumo o alimentos.

Por ejemplo, tus tomates pueden proceder de un regadío ilegal en el Campo de Cartagena, que ya no tiene permiso de riego y está contribuyendo a la muerte del Mar Menor, pero ¿cómo lo distingues de un tomate producido de acuerdo a la ley?

La etiqueta europea de sostenibilidad puede ser un avance, pero aún estamos a la espera de su implantación y mientras tanto se anuncian como sostenibles cultivos que no lo son. 

Hay otras leyes y tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que proporcionan cierta protección al medio ambiente y los ecosistemas.

Sin embargo, hasta que no se reconozca el ecocidio como crimen internacionalmente, muchos de los delitos contra el medio ambiente seguirán impunes en todo el mundo. El Panel Medioambiental de las Naciones Unidas lo está considerando.

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Varias playas del municipio pontevedrés de A Illa de Arousa han aparecido la mañana de este martes cubiertas con 'galletas' de chapapote en medio de las algas. El vertido proviene del portacontenedores Wec Vermeer que el pasado domingo realizó un vaciado de bodega en las aguas exteriores de la Ría de Arousa. El sentinazo ordenado por el capitán del buque se produjo tras comprobar que una de las alarmas del navío indicaba la presencia de líquido en las mismas. Según fuentes de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, el capitán del Wec Vermeer decidió vaciar parte de esa bodega sin comprobar si el líquido era agua o combustible.

El daño causado por la acción del buque no es relevante, según informan a esta redacción fuentes del Gobierno. En la Xunta, mientras tanto, apenas barajan información sobre lo sucedido y se limitan a señalar que pusieron a disposición de Salvamento Marítimo al helicóptero Pesca I para labores de comprobación y algunos efectivos con sede en Vilaxoán (Pontevedra) para comprobar la dimensión del vertido en las playas de A Illa.

El Wec Vermeer fue el primero en avisar del vaciado de sus bodegas. Lo hizo el pasado domingo, mientras el temporal acompañaba su viaje con destino al puerto de Vigo. En esa comunicación se limitaron a comunicar que habían vertido líquido al mar, sin aclarar que ese líquido se trataba de fuel oil, proviniente de una de sus bodegas.

Capitanía Martíma de Vigo ha decidido inmovilizar al barco para comprobar si los restos de combustible de sus bodegas coincide con el que se ha recogido en playas como Ribeira do Chaso o Testos. En caso de que los análisis arrojen un resultado coincidente se impondrá una fianza al barco para que este pueda seguir en ruta, como paso previo a la apertura de un expediente que depure las responsabilidades y la asunción del daño causado y el gasto asociado a la gestión del suceso.

Para el Grupo Chévere llevar la catástrofe del Prestige al teatro ha sido como hacer un viaje hacia la memoria colectiva de un pueblo que hace veinte años se reveló contra las mentiras de la clase política y de gran parte del ecosistema mediático. Un viaje para ellos y para el público. A través de una escenografía simbólica que evoca el acto de amor colectivo de aquella sociedad civil y todo el material sonoro hecho público tras el juicio, Chévere elabora “un conjuro para deshacer el hechizo” que todavía hoy enturbia el relato veraz de la catástrofe medioambiental y social que supuso el hundimiento del petrolero. Miguel de Lira (Carnota, A Coruña, 1964) es uno de los creadores de N.E.V.E.R.M.O.R.E., la obra de este veterano grupo de teatro y que ha sido coproducida por el Centro Dramático Nacional. Atiende a elDiario.es en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, desde donde han comenzado a girar la obra por su tierra. También desde uno de los lugares más simbólicos del movimiento cultural surgido en torno a la catástrofe del Prestige: la Plataforma contra a Burla Negra.

¿Qué pasó en este espacio en el que nos encontramos hace ahora veinte años?

Justo en esta sala del Auditorio de Galicia hubo una asamblea poco después del mayday del Prestige. Principalmente, participada por el mundo de la cultura y en la que queríamos saber qué se podía hacer frente a aquella manipulación y ocultación de la realidad, frente a aquella ristra de mentiras… En aquel momento de hiperrealismo y de negación, se convocó aquella reunión espontánea por gente de la comunicación, de la enseñanza, del arte… La cultura nos vertebraba como leitmotiv y no como oficio, necesariamente. Todo esto estaba lleno de gente y hubo un gran debate sobre acciones que podíamos hacer encaminadas hacia un mismo objetivo: que la cultura sirviese de altavoz para denunciar la realidad negra que el Gobierno de Madrid y también del de Galicia trataban de ocultar.

¿Cómo fueron esas primeras horas?

Lo primero que se decidió fue formalizar un colectivo que se acabó llamando Plataforma contra a Burla Negra. Burla negra es el título de una novela de piratas que habla de Benito Soto, uno de los últimos piratas gallegos y sanguinarios (o no tanto, según qué versión). En todo caso, aquella referencia nos servía como metáfora de lo que estaba ocurriendo, también ahora, en el mundo del mar. Toda esa piratería de las grandes navieras, las banderas de conveniencia… Por alguna razón y también por el color negro, fue apropiado darle ese nombre a la plataforma.

¿Qué acciones se plantearon en un primer momento?

La primera que se diseñó en aquella asamblea fue irnos, al día siguiente, a ocupar la Casa da Cultura de Laxe (A Coruña). La intención era servir como un transistor desde la costa. Llegamos y nos encerramos allí durante una semana hasta el 30 de noviembre de 2002, que fue la víspera de la manifestación dos paraugas en Santiago de Compostela. Pero no hubo que ocuparla propiamente porque el Ayuntamiento de Laxe colaboró bastante con la idea de que, desde allí, se desmintiese la versión del Gobierno. Ellos mismos veían que la versión real era negra.

¿Cómo se podía hacer frente a una visión tan contradictoria y distribuida por buena parte de los medios de comunicación?

Pues había unos cuantos ordenadores allí que conectamos y pusimos a funcionar en red. Y eso que internet era muy lento y las redes sociales como tal creo que ni existían. Eran los comienzos de internet: podías sobre todo subir textos y colgar alguna foto de vez en cuando, pero subir un vídeo era una epopeya. Desde allí empezamos a hacer esos trabajos de información. Con marea baja nos poníamos a limpiar las playas de chapapote y con marea alta, como no se podía, nos íbamos a la Casa da Cultura a hacer más un trabajo de limpiar conciencias y la dignidad de la sociedad gallega que también estaba bastante manchada en aquel momento.

Usted, además, es de una de esas villas marineras de la Costa da Morte. ¿Cómo lo vivió a nivel personal?

La zona de Lira estuvo muy afectada y yo fui hasta allí con un amigo [Federico Pérez Rey] precisamente a ver cómo estaba. Los dos vimos aquel manto negro. No se escuchaba romper el mar por el chapapote del agua. Veías olas de fuel en aquel silencio de la costa y era todo negro. Allí recuerdo vivir el momento más duro. Vimos un cormorán pegado al chapapote y según nos aproximábamos a él para salvarlo, al vernos, se asustó, se echó a volar y cayó de lleno con el pico y se quedó con las patas para arriba. Esa primera sensación más dura fue de impotencia. De querer ayudar y hacerlo peor. Vi a mi amigo con una lágrima cayéndole por la cara y yo tenía otra. Pero fue la primera lágrima y la última. Nos dimos cuenta de que el camino de las lágrimas no era el que había que recorrer. Había que actuar. Yo sabía que al día siguiente había esta primera asamblea y me vine con aquella sensación todavía en el cuerpo. También llegué casi como cronista para decirle a la gente cómo estaba todo aquello. Porque no se sabía nada. Sí que había algunas imágenes que se filtraban de televisiones portuguesas, pero aquí había un apagón informativo total.

¿Qué ambiente se respiraba en la asamblea?

Pues de solidaridad y eso que el mundo de la cultura no siempre lo es. Quizás por el tipo de trabajo, no lo sé. Es como si todo se limitase al casting: si entras tú no entra el otro y viceversa. Realmente, la competencia en esta sociedad está servida en el sistema de mercado. Desde la escuela. Si tú eres el número uno, nadie más puede serlo. Lo interesante es, creo, trabajar como lo hacemos en Chévere: el trabajo en equipo. Llevamos 35 años y nos da resultado. Es difícil a veces porque hay que consensuar, pero eso mismo fue lo que hicimos en la primera asamblea de la Burla Negra.

Luego llega la manifestación dos paraugas y también se consolida el movimiento Nunca Máis.

Éramos miles y miles. Nunca Máis fue el motor que aglutinó todo ese movimiento ciudadano y sirvió de catalizador para toda aquella indignación. Nunca Máis éramos todos. Toda la sociedad excepto los políticos que nos gobernaban y la gente de su color que los defendía.

¿No cree que usted, como otras caras visibles de ese movimiento ciudadano, asumieron cierto riesgo profesional a quedar señalados? Especialmente, con algunos de sus trabajos dependiendo de la televisión pública.

Tal vez. Si lo ves ahora podrías decir, 'quizás tenía que haber nadado y guardado la ropa', pero eso pasa en condiciones normales, cuando el mar está bien. Cuando el mar estaba como estaba, lleno de chapapote, no podías hacer como si nada, estábamos todos pringados hasta la médula, hasta las playas del alma. No sé los demás, pero yo no tuve la más mínima duda de lo que tenía que hacer. Nunca me planteé cambiar la prioridad del momento por intereses propios. Sinceramente, en aquel momento me daba igual y me lo sigue dando ahora. Nunca sentí tanta solidaridad en el mundo de la cultura como durante el Prestige. Es cierto que luego hay distintas velocidades. En aquel momento, algunos éramos más populares y teníamos una cara más conocida. Pero, inevitablemente, teníamos que darla, ponerla al servicio de esa limpieza de las conciencias. Y si tu imagen ayuda a que se preste más atención al mensaje que se está mandando y a combatir las mentiras, pues bienvenido sea.

Si no fuese por la sociedad civil…

Sí. Yo tengo la sensación de que me entregué en cuerpo y alma, pero también sé que no era yo solo. Éramos un ejército de gente. Era una revolución y, además, inesperada en Galicia. Existen esos prejuicios sobre nosotros de sociedad achantada con clichés conservadores que nos trabajamos a pulso, la verdad (ríe). Al final siempre acabamos teniendo presidentes de derechas, algunos narcopresidentes... Pero, de repente, se revirtió esa manera gallega de ser tan atávica. En general, fue como un tsunami de indignación y de emoción. Esa mezcla de tragedia y humor. Esa estética de la tragicomedia impregnó casi todos los eventos que hacíamos en el mundo de la cultura. Siempre había aire festivo pero para denunciar aquella tragedia que estábamos sufriendo.

¿Qué es lo que más le ha quedado marcado?

Pues ese acto de amor. Es obvio que fue una catástrofe muy sensorial, te entraba por todos los sentidos. Tienes esas huellas, pero también vivimos la fuerza de la gente y la bravura del Atlántico que hicieron que, en cierta manera, todo aquello se recuperase. Siempre que hago ese ejercicio de memoria, pienso en la explosión de creatividad que produjo todo aquello.

Para terminar. Estamos en el Auditorio de Galicia porque aquí se celebró la primera asamblea de la Burla Negra, pero también porque Chévere está empezando a girar con N.E.V.E.R.M.O.R.E. una obra sobre aquella tragedia.

Nosotros estábamos pensando en hacer algo sobre el Prestige porque creíamos que nos correspondía por haber estado en su momento también en primera línea. En Chévere estamos trabajando el teatro documental desde hace ya algunos espectáculos. Trabajamos con las bases de la honestidad, de la experiencia vivida. O al menos en la medida de lo posible. Un año después de la catástrofe, seguir hablando del Prestige llegó a ser cansado, tenía que haber vida más allá. Aquello nos absorbió demasiado y decidimos apartarlo. Teníamos pensado hacer algo para el veinte aniversario, pero nos llamaron del Centro Dramático Nacional para proponernos producir un espectáculo y abrir temporada en el Teatro María Guerrero de Madrid. Así que aceleramos un poco los plazos.

¿En plena pandemia?

Justo durante la pandemia. Y empezamos a ver conexiones que unían el SOS de la pandemia con el mayday dal Prestige. Veíamos esos chispazos. Uno de los puntos de inflexión fue que el Hospital de Cee (A Coruña) empezó a pedir EPI del Prestige porque no tenían material para el virus. Curiosamente, aparecieron un montón. Un ayuntamiento tenía hasta un container. Hubo falta de medios para afrontar las dos catástrofes y en los dos casos emergió la sociedad civil como garante ante la desaparición de las autoridades. Luego teníamos la parte poética, el nunca máis, el nevermore del cuervo del poema de Edgar Allan Poe. En Chévere partimos siempre desde cero para crear una dramaturgia propia. Queríamos trabajar el espectáculo en base a la escucha de testimonios, pero también del silencio del mar o de las comunicaciones radiofónicas del rescate. Todas esas radiofonías que hubo mientras se decidía qué hacer con el barco ahora son públicas gracias al juicio. Cosas que en aquel momento intuíamos, ahora las sabemos y las ponemos encima del escenario.

Después de seis días siendo remolcado frente a la costa gallega tras lanzar un SOS en medio del temporal, el Prestige se partió en dos y se hundió el 19 de de noviembre de 2002. De su interior, cargado con 77.000 toneladas de fuel, salió buena parte del chapapote que llevaba y la marea negra asoló sin remedio la costa gallega y llegó también a Portugal y Francia. Antes, la mancha negra que iba dejando tras de sí el petrolero había alcanzado ya la Costa da Morte, considerada zona cero de la catástrofe. Este sábado, justo 20 años después de que el petrolero se fuese a pique, la organización ecologista Greenpeace ha rendido homenaje en Muxía a las personas voluntarias que entonces acudieron a retirar chapapote de playas y rocas.

Greenpeace recuerda que la catástrofe alcanzó a casi 3.000 kilómetros de costa en Europa y que los miles de voluntarios llegados de todo el mundo fueron la respuesta ciudadana ante unas administraciones empeñadas en manipular lo evidente. Muxía, señala la organización, es uno de los lugares más simbólicos. Sus representantes han desplegado las pancartas junto al santuario de A Virxe da Barca y han destacado la importancia de “conservar la memoria sobre lo ocurrido”.

Una voluntaria de Greenpeace, Begoña Vila, recalca que la catástrofe fue “dramática”, pero que habría sido “más devastadora sin la heroica reacción de la sociedad civil”, mientras las autoridades “fallaron estrepitosamente”. “Es justo que no lo olvidemos”, señala.

La ONG manifiesta que las condiciones para que un Prestige se pueda repetir “siguen presentes”. Frente a Muxía pasan cada año más de 36.000 barcos y más de una tercera parte de ellos llevan mercancías peligrosas. “La industria de los combustibles fósiles continúa pasando frente a nuestras costas y actuando con total impunidad y opacidad”, denuncia Nerea Davila, otra voluntaria de Greenpeace, que considera necesario que la sociedad se desprenda “cuanto antes” de lo que califica de “adicción a los combustibles fósiles”.

Dos mareas arribaron a las costas gallegas de forma consecutiva hace ahora dos décadas. La primera se empezó a formar el 13 de noviembre de 2002. A las 15.15, el Prestige, un petrolero de bandera bahameña con destino a Gibraltar, envió su primera alerta: una vía de agua se había abierto en su casco cuando navegaba a unas 28 millas de Fisterra. La primera marea, generada probablemente por el impacto de un objeto a la deriva, golpearía con toda su fuerza seis días después, cuando el buque, remolcado mar adentro, se partió por la mitad y descargó al mar y a las playas, sobre todo las gallegas, 63.000 toneladas de petróleo.

La mancha negra afectó a casi 3.000 kilómetros de litoral, según un informe de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela. A 786 de las 1.064 playas del Norte de España, según el MITECO. A 450.000 metros cuadrados de roca, que quedaron impregnados de chapapote. Más de 500 toneladas de fuel se hundieron al fondo marino. Más de 200.000 aves murieron, según Greenpeace. Fue una marea negra y mortal.

La segunda marea fue blanca, de generación espontánea, desinteresada, tenaz y solidaria. Empezó a fraguarse poco después, cuando las imágenes del desastre (aquellas gaviotas negras bañadas en engrudo viscoso y oscuro) golpearon la conciencia de miles de personas. Suele citarse una cifra, 65.000 voluntarios. Otras fuentes hablan de 115.000 o 200.000. El MITECO lo cuantifica por peonadas: 1.382.000 jornadas de trabajo de diciembre de 2002 a julio de 2003, dedicadas a la limpieza de la costa por quienes vivían a cientos de kilómetros de allí, pero que sentían como suya aquella playa teñida.

ElDiario.es en Andalucía ha localizado a cuatro de esos voluntarios, que viajaron desde un extremo geográfico de España, Huelva, a otro, Galicia, para limpiar aquel desastre.

Viaje de madrugada y directos a la playa

“Me lo dijeron y no me lo pensé ni un segundo. Lo que estaba ocurriendo me ponía los vellos de punta y el hecho de ayudar a Galicia era una oportunidad muy bonita”, recuerda Carmen Ruiz, que por entonces tenía 26 años y era la responsable de un periódico en Punta Umbría.

Por aquel entonces, Paco Cordero estudiaba Magisterio y también trabajaba en un periódico local, en este caso en Lepe. Se embarcó en un autobús fletado por su ayuntamiento con la idea de hacer fotos para un reportaje. Para otros, era la oportunidad de hacer un viaje de fin de semana y conocer Galicia por una buena causa.

Tras atravesar Portugal la madrugada del 30 de enero, llegaron a Santiago a las 8 de la mañana. “Yo no me monto más en un autobús en todo lo que me queda de vida”, decía uno de los voluntarios en el reportaje de La Voz de Lepe. Minutos después de completar las quince horas de trayecto, aquel grupo heterogéneo, de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, se metió de nuevo en un autobús para ir a Muxía.

El trayecto a la playa, “amenizado” por un “hippy”

De aquel trayecto que los llevaba del albergue a las playas muchos recuerdan hoy a una especie de guía que les indicaba qué precauciones debían adoptar. “Un hippy”, lo define Juan José Araújo, que tenía 23 años y era fontanero. Se acuerdan bien de él porque durante tres días no paró de meterles el miedo en el cuerpo. “Nos puso en situación, básicamente diciéndonos que íbamos a morir todos”, cuenta Joaquín Cabanillas. “Pero mira, parece que nos hemos salvado”. “Parecía que íbamos al matadero, hasta que le dijimos: ”Illo, no nos quites las ganas“”, se ríe Araújo.

Lo cierto es que el material de trabajo era peligroso: podía causar irritación ocular o respiratoria, dolor de cabeza y náuseas y vómitos. La inhalación prolongada de los vapores podía aumentar el riesgo de padecer cáncer. Recibieron trajes blancos desechables, mascarilla, guantes y botas, selladas al traje. “Equipados hasta las orejas”, describe Carmen Ruiz. Para casi todos, era el primer contacto con los equipos de protección individual. Y pululando entre aquellos puntos blancos, un personaje móvil, del que luego hablaremos.

En la playa: “Galletas” y “manos limpias”

Trabajaban unas cinco horas, para evitar más riesgos para la salud, y para la mayoría, la toma de conciencia de lo que había pasado fue progresiva. “En la primera playa vimos lagrimitas de chapapote”, comenta Araújo. “Pero te choca cuando vuelves al segundo día y está igual o peor. Y el tercer día, peor todavía. Y ves todo el trabajo no ha servido. Era inagotable. Entonces te dabas cuenta del desastre natural que era aquello”.

Todos recuerdan las célebres “galletas”, el chapapote rebozado en la arena de la playa. “El viernes y sábado no fue demasiado impactante porque el tiempo era relativamente bueno. Una vez entrabas en la arena las veías”, recuerda Joaquín Cabanillas. “Pero el domingo fue alucinante”. Habían aprovechado el sábado por la noche para salir por Santiago, y el domingo se encontraron con “un día gallego”: “Lloviendo, con un viento del carajo, y en la Costa da Morte. Ahí sí que impactaba. Era una zona de rocas, completamente negras. Ese día nos dimos cuenta del impacto que había tenido el hundimiento”. Cordero concuerda: “Las zonas de roca impresionaban”.

“Yo decía: ”¿esto de verdad lo vamos a limpiar? Era una imagen tan dantesca que parecía imposible“, comenta hoy Carmen Ruiz, que también recuerda la tarea específica de Joaquín Cabanillas, su ”manos limpias“. ”Los manos limpias estábamos a una distancia prudencial“, explica Cabanillas. ”Cada vez que alguien necesitaba cambiar de guantes, colocarse las gafas, secar el sudor o limpiarse la cara, allí estábamos“. Cada uno atendía a 15 o 20 compañeros que no podían, bajo ningún concepto, tocarse la cara.

¿Qué se trajeron de Galicia?

Después de un intenso sábado noche, y de un domingo sin clemencia, en el viaje de regreso a Huelva no se escuchó ni una mosca. “Aquello fue una paliza: terminar de trabajar el viernes, salir de viaje toda la madrugada, trabajar sábado y domingo, y volver el domingo para trabajar el lunes”, resalta Carmen Ruiz. “Es una de las experiencias más duras y más bonitas que he vivido, y lo bonito fue que estaba todo el mundo volcado”, dice mientras se emociona de nuevo: “Me sigue tocando la fibra”.

Ruiz tiene grabada en la memoria la estampa de las largas mesas alrededor de las que se juntaban a comer voluntarios de todas las edades y todos los territorios de España, y de una mujer mayor removiendo la olla. “El calor humano de la gente de allí me sigue conmoviendo”.

“Había quien quería traerse alguna galleta de recuerdo”, comenta Cordero, pero aquel “hippy” que al tercer día desapareció les había advertido: nada de llevarse un souvenir, pues aquello desprendía vapores tóxicos. En cambio, Cabanillas sí conserva las gafas de protección, y cada vez que las ve recuerda aquel desastre: “Yo no soy un activista medioambiental, pero toparte con un destrozo así te crea una conciencia ecológica diferente”.

Araújo es hijo de pescadores: “Sigo pescando y saliendo con amigos en barco, y cuando lo hago te vuelves a acordar: ¿cómo dejan pasar esos barcos tan cerca de la costa? Fue un destrozo natural y económico. No solo mata fauna, sino que mata pueblos enteros. Y creo que realmente que no tuvieron ayuda ninguna. Fue muy bonito los primeros meses, pero al final terminaron abandonados. Como todos”.

“A mí me alegró ver que la gente es solidaria. Cada vez que lo veo en la tele recuerdo la predisposición de la gente de Lepe: bastó con una llamada del ayuntamiento y 50 personas de todo tipo, de forma altruista, fuimos allí dejando trabajos y estudios. El ser humano no está perdido del todo”, concluye Paco Cordero. 

Han coincidido Ayuso y Villacís en decir que el problema generado por el caos en los puntos de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid se ha politizado. Porque, y esto es de común conocimiento, la política sanitaria es una cuestión completamente ajena a la política. Su propio nombre así lo indica. La política sanitaria es como el cuadro de Magritte con una pipa dibujada bajo la inscripción de “esto no es una pipa”. Ceci n'est pas une gestión política.

Cuenta Gonzo en su capítulo del libro Chapapote (Libros del KO) que mientras el Prestige (del que ayer se cumplieron 20 años) ya había perdido más de tres mil toneladas de fuel, la televisión gallega ofrecía titulares como “tranquilidad total y absoluta”, “no hay peligro inminente” o “disminuye el peligro”. Unos días después, el 1 de diciembre del 2002, en la manifestación más multitudinaria que ha acogido Galicia hasta la fecha, la TVG afirmó en el telexornal que había gente reunida para “mostrar su repulsa por el accidente del Prestige”. Como si los asistentes estuviesen allí gritándole cosas al petrolero o al mal tiempo -“¡nunca máis temporales en el Atlántico!”- y no protestando airadamente por una gestión política posterior al vertido repleta de malas decisiones y mentiras. Por supuesto, la TVG solo reproducía lo que le ordenaban desde arriba, desde el Gobierno gallego y nacional, dispuestos a minimizar la tragedia haciéndoles creer a los vecinos y marineros que lo que veían desde sus ventanas -chapapote por doquier- eran alucinaciones psicotrópicas producidas por el licor café.

En esas anda el Gobierno regional de Madrid esgrimiendo que en los centros de urgencias extrahospitalarias todo va bien, que esto es un boicot de médicos vagos, trabajadores sin cultura del esfuerzo, no sé qué del comunismo, que la manifestación de ayer fue un fracaso. Y, lo mejor, que esto nada tiene que ver con la gestión política porque la sanidad pública está mal en todas partes. Al parecer la menguante inversión en atención primaria nada tiene que ver con la política. Las progresivas privatizaciones en los servicios de limpieza, mantenimiento, comidas, lavandería o recogida de sangre de los hospitales, nada tienen que ver con la política. La concesión de obra pública para la construcción de hospitales nada tiene que ver con la política. El cierre de camas en hospitales públicos nada tiene que ver con la política. Las listas de espera duplicadas en un año nada tienen que ver con la política. Que la Comunidad de Madrid sea la región de España con más ciudadanos con seguro médico privado (casi cuatro de cada diez ciudadanos) nada tiene que ver con la política. Estas cosas dependen únicamente de la posición de los planetas y del mercurio retrógrado.

Lo cierto es que los políticos suelen mentir porque mentir funciona. Especialmente si la enmienda es efectiva y se hace a la mayor. Es decir, tú puedes debatir sobre cómo responder al cambio climático, pero un debate genuino solo es posible si primero se acepta la evidencia de que el clima está cambiando. Lo mismo ocurre con la sanidad pública. Uno puede debatir sobre cómo dotarla de más recursos, pero esto solo es posible si primero acepta que está infradotada. Y que esa infradotación es, evidentemente, una elección política.

El problema de tirar tantos balones fuera, y de forma constante, es que más de un balonazo ha terminado golpeando la conciencia y la movilización de la gente, hastiada de que se menosprecie su derecho más imprescindible. Y los golpes en la conciencia ciudadana no se pueden atender a través de precarias videollamadas en salas de urgencias.

Hace veinte años un petrolero monocasco, que ya no debería andar navegando por viejo y peligroso, quedó a la deriva ante las costas gallegas en medio de una galerna. Se trataba de uno más entre los 7.000 barcos con mercancías potencialmente peligrosas y en condiciones de seguridad semejantes que entonces pasaban cada año por delante de nuestras costas.

Aquel barco llamado Prestige sólo era al principio el último en una larga lista de desastres -Bonifaz, Polycommander, Jackob Maersk, Urquiola, Andros Patria, Casón, Mar Egeo-. La incompetencia, la mentira, la irresponsabilidad y la soberbia del Gobierno de José María Aznar esparcieron el fuel y el chapapote a lo largo de las costas gallegas y provocaron la indignación de un país por el abandono y la indiferencia de sus gobernantes frente a un desastre humano y ecológico que pretendieron despachar a base de negacionismo y propaganda.

Los mismos medios que entonces nos contaban que todo era manipulación y politización, que la culpa era de la oposición y los nacionalistas del Nunca Máis y que con el Prestige se hizo lo único que se podía hacer, nos cuentan ahora que en Galicia poco o nada cambió tras tanta protesta y manifestación, que las gentes de a Costa da Morte nunca vivieron tan bien como aquellos meses, que nunca corrió tan alegremente el albariño y las centollas por las tabernas y que muchos añoran en voz alta otro Prestige y poder dedicarse a estar en casa, cobrando por no trabajar en vez de salir al mar a jugársela. Como prueba siempre nos cuentan que el PP de Manuel Fraga volvió a ganar en la mayoría de los concellos de a Costa da Morte.

Si esos mismos medios y periodistas le pudieran preguntar a Manuel Fraga si algo había cambiado en Galicia, seguramente les contestaría que, tal vez, algo no volvió a ser lo mismo. Pero don Manuel ya hace tiempo que nos dejó. Pueden preguntarle a Núñez Feijóo, a ver si habría acabado de líder y candidato del PP, primero en Galicia durante los cuatro años de gobierno bipartido, y ahora en Madrid.

También podría preguntarse a esos mismo medios y periodistas qué deberían haber hecho de otra manera las gentes del mar, que se vieron privadas de su trabajo y recibieron aquellas ayudas, para que el hecho de cobrarlas no se convirtiera en un cargo en su contra, una prueba irrefutable de que, en el fondo, el Prestige no estuvo tan mal y la mayoría de los gallegos estábamos encantados y rezando por otro.

O sencillamente pueden echar algunas cuentas sencillas. En las elecciones municipales de 1999 el PP superó en más de 25.000 votos a la suma de PSdeG y BNG. En las municipales de 2003, fueron los partidos del bipartito que vino después quienes sumaron unos 85.000 votos más que los populares. En las elecciones gallegas de 2001, Fraga se impuso con más de 110.000 votos de diferencia a la suma de socialistas y nacionalistas. En 2005, el resultado fue al revés: los partidos de bipartito sumaron más de 110.000 votos que los populares del patrón.

Aunque puede que todos esos votantes depositaran su papeleta con la secreta esperanza de que hubiera otro Prestige, para poder volver a forrarse a percebes y vino godello, hacerse mansiones con los millones ganados con el marisco que nunca se pudo faenar tan fácil y sin competencia como entonces, y cobrar ayudas sin más exigencia que salir a gritar un par de veces “Nunca máis, nunca máis!”.  

La catástrofe del Prestige cumple 20 años. El 13 de noviembre de 2002 el petrolero monocasco, cargado con 77.000 toneladas de fuel, lanzaba un SOS en medio del temporal. Ahí comenzó un periplo que paseó a la embarcación, que ya iba dejando un rastro de chapapote, frente a las costas gallegas hasta que seis días después el casco se partió en dos y terminó por hundirse. La marea negra fue el peor desastre ambiental de Galicia y este fin de semana tanto BNG como PSOE y Gobierno central han recordado lo ocurrido. No así la Xunta o el PP, que no han participado en actos de recuerdo. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, tenía un único acto público en su agenda este domingo, una gala benéfica en A Coruña sin relación con el petrolero.

Camariñas (A Coruña), en la Costa da Morte, fue hace 20 años uno de los escenarios a los que primero llegó la carga derramada del Prestige y se ha convertido este fin de semana en el lugar elegido por las organizaciones políticas para recordar lo ocurrido y homenajear a vecinos y voluntarios llegados de todas las puntas de Galicia, España y de otros países que asumieron las labores de limpieza ante la inoperancia de los gobiernos estatal y gallego.

En la localidad se ha organizado este domingo un acto en homenaje al coordinador del dispositivo de limpieza en Camariñas en el que se ha recordado la “marea de solidaridad” llegada en 2002 y se ha reclamado a las administraciones que “no bajen la guardia”. En la conmemoración estuvieron presentes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el delegado del Gobierno, José Miñones; y el presidente de la Diputación de A Coruña y líder del PSdeG, Valentín González Formoso.

Isabel Rodríguez recordó aquella “marea blanca” como una “primera gran manifestación social” por cuestiones ambientales en España. Defendió que en la actualidad hay más herramientas para afrontar este tipo de accidentes. Por su parte, González Formoso consideró que hace 20 años los medios eran “insuficientes” y cargó contra la gestión de los gobiernos central, dirigido por José María Aznar, y gallego, con Manuel Fraga como presidente, empeñados en minimizar la dimensión de la catástrofe: “Un gobierno no debe aplicar la mentira ni la manipulación cuando vienen mal dadas. No se puede esconder. hay que afrontar las cosas con transparencia”.

La actual alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, que entonces tenía 26 años, recordó la “mucha incertidumbre” que había hace 20 años entre los vecinos por el impacto ambienta y económico. Recuerda la “marea humana” de voluntarios que llegó a la Costa da Morte: “No sabíamos ni qué hacer con tanta gente, cómo darles de comer o dónde hospedarlos”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, por su parte, participó el sábado en Camelle en otro acto por el 20 aniversario del Prestige, en el que también hizo un reconocimiento a los voluntarios que acudieron a limpiar la costa y volvió a pedir que las competencias sobre salvamento marítimo sean de la comunidad gallega.

En cuanto a la Xunta, ninguno de sus responsables ha participado en ningún acto relacionado con el Prestige. El Gobierno gallego tampoco ha publicado este fin de semana ningún mensaje al respecto ni a través de un comunicado ni en sus redes sociales, dedicadas en las últimas horas a publicitar inversiones en aparcamientos y cines y a difundir mensajes sobre la participación de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se está celebrando en Egipto.

En Galicia, en 2002, no hubo ninguna “marea negra”.

La del Prestige fue la mayor catástrofe de contaminación marítima de la historia de España y de Europa, y la más dañina, con el Exxon Valdez (Alaska), en los mares del planeta.

Pero, según la versión oficial, no hubo “marea negra”.

El buque monocasco, con bandera de Bahamas, salido de San Petersburgo el 30 de octubre, transportaba 77.033 toneladas de fuel Mazut M100, alias Chapapote, de la peor escoria de los combustibles fósiles. Gran parte de esa carga iba a emponzoñar, en sucesivos embates, el litoral de Galicia, playas, islas y acantilados del antiguo Fin del Mundo convertido en un yacimiento catastrófico.

Pero en Galicia, según el Gobierno central y la Xunta, no hubo “marea negra”.

El fuel Mazut 110, aka Bunker oil C, alias Chapapote, llegó a afectar, con diferente intensidad, a 2.780 kilómetros de costa. Con restos en dispersión durante al menos un año, la avanzadilla del vertido alcanzó Bretaña y puntos costeros del Atlántico Norte.

Pero, según los medios informativos públicos o afines al poder, no hubo “marea negra”.

Los funcionarios de la administración marítima, los competentes en salvamento y gestión portuaria, e incluso oceanógrafos e investigadores del medio marino en entidades oficiales, recibieron por escrito la orden de silencio.

No había “marea negra”.

El piloto del Pesca II, uno de los helicópteros del rescate, reportó desde el primer momento, desde el incidente inicial, con mucha precisión, una información que empezaría a mover los marcos de la realidad. En la transcripción de las cintas grabadas por la Torre de Control del Centro Marítimo de Finisterre, figura esta comunicación a las 19.41 horas del día 13 de noviembre: “Pesca II, procede a base. Nos pasa coordenadas de la contaminación (…) teniendo aproximadamente una longitud de 5,7 millas y un ancho de unos 300 metros”. El mayday, después de un primer SOS a las 15.15, se escucha a las 15.17. Lo que había en el mar, tres horas después, ya era algo más que una mancha. Pero esa noche, en el primer comunicado emitido desde la Delegación del Gobierno sobre el siniestro del petrolero, la palabra elegida fue esa. Se habla de una pequeña “mancha”, en una mención de pasada, imprecisa y minimalista. Fue el prefacio de la versión que tratarían de imponer los portavoces gubernamentales. No importaba que el chapapote, después de moverse, sigiloso, entre aguas, asomase ya hasta la puerta de las casas la Costa da Morte.

Pero la contaminación también entró en los despachos oficiales en esa forma de alternative facts (hechos alternativos, es decir, falsedades) que años después popularizó la estratega de Trump, Kellyane Conway. El Prestige anticipó muchas cosas. También el negacionismo ante la emergencia medioambiental. Y un estilo político hoy bastante galopante, el hipernarcisimo bravucón, que el sociólogo Richard Sennett define como “carisma incívico”. En el imperio de la mayoría absoluta de Aznar, la autocrítica sería un signo de fracaso. ¿Quién era la realidad para venir a desautorizarle? La jactancia se repetiría ante la guerra de Irak y los atentados del 11-M.

Supongo que a estas alturas ya les considero enterados de que en Galicia, en el 2002, no hubo una “marea negra”. Muxía, el llamado Kilómetro Cero, pasó de capital del infierno a ser una 'aldea Potemkin', uno de esos pueblos con fachadas coloristas, de cartón piedra, que le montaban a la emperatriz Catalina de Rusia, con gente vestida de traje regional danzando feliz.

José Luis López-Sors, director general de la Marina Mercante: “No se puede hablar de marea negra; son manchas negras y dispersas”. O Mariano Rajoy: “Afecta a una parte importante de A Coruña, pero no es una marea negra”. Jaime Pita, portavoz de la Xunta, declaró en el Parlamento que la única “marea negra” era la oposición. Y Federico Trillo, ministro de Defensa, descartada como “solución” bombardear el buque por el Ejército del Aire, se sumó al armamento de distracción masiva, lanzando desde un helicóptero una fake news edénica que tuvo mucho repique de campanas navideñas: “Las playas están limpias y esplendorosas, la visión es magnífica”.

No hubo, no podía haber, “marea negra”. Negado este principio de realidad, lo que se emite es desinformación y una escalada de declaraciones de los portavoces gubernamentales que hoy se prestan a una antología que bien podría llevar la firma del Movimiento Pánico, de Roland Topor, y su estilo de “humor tumefacto”. Hay algunas que ya son patrimonio nacional, como el haiku de Mariano Rajoy cuando declaró que del buque hundido solo salían “unos pequeños hilitos como de plastilina”. Pero entre mis preferidas, hay una de Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en Galicia, que merece sobrevivir con el rango de aforismo: “Hay una cifra que está clara y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe”.

Un analista político brasileño, Marcos Nobre, acuñó el la denominación de “política de Atordoamento” (Aturdimiento) para definir lo que caracterizó la pasada campaña electoral. Un incesante bombardeo de fake news, videos montados y otros medios de propaganda basados en el engaño cuyo objetivo en principio sería convencer a los indecisos. Al final, más que indecisa, había mucha gente aturdida. En estado de estupor. Esa estrategia ya se ensayó en España con motivo de la catástrofe del Prestige. Fue laboratorio anticipatorio de muchas cosas. También de la política de Aturdimiento, una vez que en la población había cundido la desconfianza. Se negaba la mayor: lo que los propios ojos veían. Como en un verso de Manuel Antonio, el poeta gallego navegante, mirabas al mar y el horizonte estaba “enfermo”. Gravemente enfermo. Pero, además, se afirmaba, sin margen a la duda, que la decisión de alejar el buque era la única viable. “Lo volveríamos a hacer”, repetían los responsables una y otra vez.

Esta decisión tenía el carácter de “consigna”.

Uno de los enigmas sobre lo que ocurrió en instancias políticas en torno al Prestige es esta “consigna”. A las dos horas del SOS y mayday, a las cinco de la tarde del 13 de noviembre, con el buque a solo 28 millas de Fisterra, y cuando aún se va a proceder al rescate de los tripulantes, el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors utiliza ya esa palabra. Se lo dice así a Pedro Sánchez, jefe de Coordinación Nacional de Salvamento, cuando este consigue conectar con él: “La consigna es alejar el buque hasta que se hunda”. El tono de la frase en la grabación es apodíctico. No hay nada de conversar ni discutir. ¿Quién decidió esa “consigna”, cuándo, por qué? ¿Es creíble que algo así lo decidiese López-Sors por su cuenta, sin consultar con el ministro de Fomento o con el presidente?

Lo que quedó fue un reguero de declaraciones erráticas, sin sentido, como si estuviesen inspiradas en el rumbo del buque hacia ninguna parte.

Hay episodios de desgobierno histórico que parecen urdidos por aquel personaje de Si esto es un hombre , un tal Alex alias Kapo, a quien Primo Levi atribuía la condición de “sólido y compacto en su ignorancia y estupidez”. Después del hundimiento del buque, el 19 de noviembre, los portavoces gubernamentales dan por finalizado el problema, con la previsión de que el fuel que todavía contiene el buque acabará por “solidificarse”, como adoquines en el fondo oceánico. Al tiempo, una imagen tomada por el satélite Envisat, de la Agencia Europea del Espacio, muestra el avance hacia la costa gallega de un frente de chapapote de 170 kilómetros de largo. Cuando la imagen aparece en las pantallas, con un gabinete de crisis en estado catatónico, hay una alerta popular y la gente del mar se dispone a hacer frente con todos los medios posibles a la embestida.

Casi todo, en lo que competía al Estado, con el combustible fósil de las fake news y del Aturdimiento, parecía enmarcado en las coordenadas absurdas de ese viaje hacia ninguna parte. Lo mismo ocurrió con el errático proceso judicial. Se contagió de ese lenguaje. ¿Cómo explicar la asombrosa frase con la que el presidente del tribunal del macrojuicio de 2013 abría la sentencia? Dijo el magistrado Pía: “No debe ser verdad que hasta las cosas ciertas deban probarse”. Y así, en ese viaje hacia ninguna parte, se desaprovechó la oportunidad de avanzar en la jurisprudencia universal para proteger el medio ambiente.

Con anterioridad en uno de los pocos intentos por salvar la realidad, en el primer auto de la Audiencia de A Coruña, en octubre de 2009, que había imputado al alto cargo de Fomento López-Sors, se hablaba de “rumbo suicida”. Está claro que se pretendió hacer desaparecer el problema por una especie de nepotismo mágico. Y así lo revelan conversaciones como esta, el día 14, cuando ya se ha resuelto la “subasta” en el mar y el barco está en manos de Smit Salvage.

Subdelegado del Gobierno (A Coruña): “¿El barco va muy lejos?”

Fomento: “Huy, ya está, madre de Dios, estará a treinta y tantas millas”.

Subdelegado del Gobierno: “¿Treinta y tantas?”.

Fomento: “No, como siga así, este llega a Groenlandia”.

Subdelegado del Gobierno: “Bueno, pues que llegue allá”.

Fomento: “Sí, joder”.

Subdelegado del Gobierno: “Vale, muy bien”.

El otro enigma es qué pasó en el mar en las horas decisivas para el remolque del buque. Remolcanosa, la compañía del remolcador Ría de Vigo, situado muy cerca del siniestro, en Corcubión, tenía un contrato con el Estado para actuar como servicio público. A la hora de la verdad, entra en la pugna por el botín la multinacional Smit Salvage, con sede en Róterdam. En la negociación con la firma armadora, Universe Maritime, de los griegos Coulouthros, Smit comunica que tiene como socio a Remolcanosa, propiedad del poderoso empresario Silveira, por cierto muy bien conectado con el poder político conservador. Materia para un relato de “serie negra” naval.

¿Por qué despierta tanto interés lo ocurrido con el Prestige, veinte años después? Porque fue un gran aviso. Estamos en una situación de emergencia ecológica planetaria. La inseguridad, la sociedad de riesgo, el yacimiento catastrófico, no era patrimonio del “tercer mundo”. Galicia estaba en primera línea de riesgo. En la actualidad, por el llamado “corredor atlántico”, pasan cada año 36.500 buques, de los que unos 12.800 transportan mercancías peligrosas, es decir, 35 cada día.

El del Prestige es ese tipo de acontecimiento histórico que puede ser conjugado como un “presente recordado”. Hablando de recuerdos, poco antes de aquel siniestro que derivó en ecocidio, hubo un debate entre Umberto Eco y Antonio Tabucchi sobre el compromiso de la gente de la cultura en caso de catástrofe social. Eco decía que, en caso de incendio, lo que tienen que hacer los intelectuales, como el resto, es llamar a los bomberos. A lo que Tabucchi respondió: “¿Y si no vienen los bomberos?”. Además, decía el autor de Sostiene Pereira, “yo quiero saber las causas del incendio”.

En Galicia, aquel invierno de 2002, tardaron mucho en llegar los “bomberos”. Y cuando llegaron, los jefes, los gobernantes, negaban que hubiera un gran incendio. En todo caso, conatos de fuego. Las manchas dispersas.

Es en este contexto donde se produce una revolución. Lo que podríamos llamar la Revolución del Mar. En Galicia hay un calendario de catástrofes marítimas graves. En cada DNI podría figurar como marca generacional el nombre de un naufragio.

No es verdad que con anterioridad no hubiera protestas en defensa del mar. Las manifestaciones impidieron, en 1976, que se construyese una central nuclear en Xove (Viveiro), cuando ya se había publicado la aprobación en el BOE. Una gran movilización social, en 1981, y a partir de la expedición de un pesquero de madera, el Xurelo, al cementerio de residuos radioactivos en la Fosa Atlántica, acabó por conseguir en 1985 la prohibición por parte de Organización Marítima Internacional de los cementerios nucleares en el mar. En 1992, con la catástrofe del Mar Egeo, al pie de la Torre de Hércules, las mariscadoras coruñesas gritaron por primera vez: “Nunca Máis!”.

En el 2002 las mentiras se llamaban mentiras. En 2022, hablamos de negacionismo y fake news. A Galicia, en medio de la tempestad, llegó un buque monocasco y herrumbroso, cargado de miles de toneladas de la escoria de los combustibles fósiles, fletado con destino oculto (parada en Gibraltar), al mando de un capitán con problemas cardíacos (el Sintrom a mano) y con una tripulación mal pagada y subalimentada. Podemos ver el Prestige, incluido el sarcasmo de su nombre, como una metáfora del capitalismo impaciente, sucio, sin escrúpulos.

Los primeros días, se aplicó la política del Atordoamento. La gente reaccionó con estupor. Pero esta vez no acabaría metida en su concha. Ante la desinformación y el desgobierno se produjo una revolución de las conciencias. En los discursos políticos se invocaba mucho entonces a la sociedad civil. La teoría, sobre todo por parte de la derecha neoliberal, era: menos Estado, más sociedad civil. Pero cuando surgió la sociedad civil en activo, y eso fue Nunca Máis, los notorios ideólogos de la sociedad civil la declararon improcedente. Quienes se consideran propietarios de la Constitución, ignoraron que en ella se dice que ante una catástrofe es “imprescindible la solidaridad colectiva”. Entre comunidad y caos, la gente eligió la comunidad. Fue una revolución positiva, ecológica, en la que energía mareomotriz fue el civismo. Se limpió el miedo y se limpiaron las playas, las islas, los acantilados. Fue hecho social total. Con una excitación cultural creativa, en la que las armas eran los paraguas, las maletas, las cruces, las caracolas y manifiestos sentipensantes. Esa revolución tuvo su Internacional ecológica, con miles de voluntarios de todo el mundo.

Si hoy hablamos del Prestige, veinte años después, es por una catástrofe agravada por el negacionismo. Pero, sobre todo, por la memoria fértil de una revolución cívica que resistió el bombardeo de mentiras, la intoxicación de las palabras y la política fósil del Aturdimiento.

Apostolos Mangouras

Capitán del ‘Prestige’

Originario de la isla griega de Icaria, llevaba media vida capitaneando petroleros como el Prestige cuando este se accidentó frente a Galicia el 13 de noviembre de 2002. Dos semanas después, Mangouras cumplía 68 años en la cárcel provincial de A Coruña, acusado de desobedecer a las autoridades españolas en las primeras horas de la catástrofe. “No cometí ningún crimen, simplemente soy un náufrago, palabra que tiene mucho significado para los que peleamos con el mar”, escribió desde la cárcel en una carta abierta en la que pedía disculpas a los perjudicados por la catástrofe, defendía la injusticia de haber sido encarcelado y agradecía “el afecto, el calor y la humanidad” que le brindó “el maravilloso pueblo gallego”. El anciano capitán del petrolero, criminalizado por el Gobierno como responsable último del desastre, despertó simpatía entre la gente. Estuvo entre rejas casi tres meses, hasta que sus armadores pagaron una fianza de tres millones de euros. Tuvo que vivir 21 meses en Barcelona en residencia vigilada y luego, al regresar a su país, fichar cada 15 días ante la policía griega. En octubre de 2012, coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe, volvió a instalarse en A Coruña durante los nueve meses que duró el macrojuicio del Prestige, en el que era el principal acusado. Cinco años después, el Tribunal Supremo lo absolvería por desobediencia pero lo condenaría por delito ecológico. Es oficialmente el único culpable. Hoy, a punto de cumplir 88 años, Mangouras vive entre Atenas y su pequeña aldea natal y guarda silencio, por mandato de sus abogados, mientras no se resuelva, en un tribunal británico, el litigio entre España y la aseguradora del barco por las indemnizaciones.

Mijaíl Fridman

Dueño de la carga del ‘Prestige’

Este magnate, de doble nacionalidad ucraniana y rusa, era el socio principal de Alfa Group, un conglomerado multinacional que, a través de su filial suiza, Crown Resources, alquiló un viejo petrolero monocasco, el Prestige, para llevar 77.000 toneladas de fuel de pésima calidad desde San Petersburgo hasta Singapur. A las pocos días de la catástrofe frente a Galicia, con el fin de desaparecer legalmente del mapa y eludir cualquier responsabilidad, Alfa disuelve su sociedad suiza. La Justicia española nunca pudo ir a por el fletador del petrolero que causó el mayor desastre medioambiental de España y uno de los peores de Europa. Fridman, considerado por la revista Forbes uno de los empresarios más ricos de Rusia y Londres, donde está afincado, compró en 2019 los supermercados españoles Dia. Veinte años después de la catástrofe del Prestige, es hoy uno de los oligarcas próximos a Putin sancionados por la Unión Europea “por ser uno de los principales financieros de Rusia”. Dejó, a raíz de esa sanción, su cargo en el fondo de inversiones que gestionaba Dia.

José María Aznar

Presidente del Gobierno

Presidente del Gobierno desde 1996, José María Aznar estaba en el ecuador de su segundo mandato cuando se accidentó el Prestige frente a Galicia hace ahora 20 años. Gobernaba con una cómoda mayoría absoluta cuando tuvo que afrontar el peor desastre ambiental, una marea negra que alcanzó 2.000 kilómetros de costas españolas y francesas. La gestión de la catástrofe, marcada por el empeño de su Gobierno en negarla y censurar la información, le valió una marea de protestas ciudadanas sin precedentes en Galicia. Aznar tardaría un mes en acudir a A Coruña, pero nunca visitó la costa afectada ni dio explicaciones en sede parlamentaria. Aquella rebelión cívica contra las mentiras de su Gobierno abrió una espita que se amplificaría a los pocos meses con el 'No a la guerra', una de las mayores contestaciones sociales de la democracia española, por su decisión de unirse a Bush en la invasión de Irak. Su mandato como presidente acabó en 2004, marcado por los atentados del 11-M tres días antes de las elecciones generales y otra oleada de movilizaciones ciudadanas contra su empeño en atribuir a ETA una masacre terrorista ordenada en realidad por Al Qaeda en represalia por la participación de España en la guerra de Irak. El PP perdió aquellos comicios. Tras su salida del Gobierno, Aznar fue consejero de empresas privadas y preside la fundación FAES, considerada “el laboratorio de ideas” del Partido Popular.

Mariano Rajoy

Vicepresidente y portavoz del Gobierno

Cuando ocurrió la catástrofe del Prestige, hacía apenas cuatro meses que Mariano Rajoy, en la remodelación del Gobierno de Aznar de 2002, había sido ascendido a vicepresidente primero, portavoz y ministro de la Presidencia. A los 15 días del desastre, tomó el mando del comité de crisis y del relato oficial, que consistía en mentir sobre el alcance de una marea negra que se anunciaba gigantesca. Su famosa comparecencia en la que describía como “hilitos de plastilina en estiramiento vertical” las 125 toneladas de fuel diarias que soltaba al mar el petrolero hundido aún le persigue hoy en día. Rajoy, años después, confesaría que la crisis del Prestige había sido el peor momento de su larga carrera política. Al año siguiente de aquel negro invierno 2002-2003, Aznar le entrega el testigo que había rechazado Rodrigo Rato: sucederle al frente del PP y como candidato a presidente. Rajoy pierde aquellas elecciones de 2004 y pasa a liderar la oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero en noviembre de 2011, cuando se cumplían nueve años de la catástrofe, Rajoy se convertía en presidente tras ganar el PP las elecciones generales con una mayoría más amplia que la había tenido Aznar. El político pontevedrés gobernó España durante siete años. Tras la sentencia del caso Gürtel que condena al PP por instaurar “un sistema de corrupción institucional”, fue desbancado por una moción de censura promovida por el socialista Pedro Sánchez. Mariano Rajoy se retiró entonces de la política, a la que se había dedicado 37 años, y recuperó su plaza como registrador de la propiedad.

Francisco Álvarez-Cascos

Ministro de Fomento

Al frente de la cartera de Fomento, era el ministro responsable de decidir qué hacer con el Prestige tras accidentarse frente a Galicia. Se le atribuye la orden de “enviarlo al quinto pino”. Cuando A Costa da Morte amaneció inundada por la marea negra el primer fin de semana del desastre, Álvarez-Cascos estaba en una cacería en Lleida. Minimizó con insistencia, como el resto del Gobierno de Aznar, la marea negra. “El vertido está más compacto y luego se dispersa”, afirmaba. Aún colea hoy en día la cuestionada decisión de alejar mar adentro el barco perdiendo fuel y pasearlo, de norte a sur, en medio de temporales, frente a las costas gallegas. Pero Álvarez-Cascos nunca tuvo que responder por esa decisión ni nadie le pidió responsabilidades. En el macrojuicio por la catástrofe, diez años después, compareció ante el tribunal como simple testigo. Para entonces, ya había abandonado el PP, en el que militó más de 30 años, y había fundado un partido, Foro Asturias, con el que fue presidente del Principado durante diez meses. Expulsado de Foro Asturias en 2020, Álvarez-Cascos, en calidad de expresidente de esa autonomía, integra en la actualidad el Consejo de Comunidades Asturianas, un órgano colegiado con funciones consultivas y de asesoramiento.

Jaume Matas

Ministro de Medio Ambiente

Cuando la primera oleada de fuel del Prestige alcanzó las costas gallegas, Matas estaba de fin de semana en Doñana. Pese a ser competencia directa de su ministerio, jugó un papel casi secundario y discreto en la gestión del mayor desastre medioambiental de la historia de España. Matas nunca se preocupó de planificar medidas para paliar los daños causados. Y brilló por su ineficacia en la limpieza del litoral, que tuvieron que asumir cientos de miles de voluntarios y las poblaciones de la costa sin ayuda institucional. Cuando aún quedaba mucha marea negra por limpiar, dimitió como ministro para presentarse en mayo de 2003 a las elecciones autonómicas en Baleares. Presidió esa comunidad hasta junio de 2007. Al no conseguir formar gobierno para un segundo mandato, Matas decidió retirarse de la política. Empezaron entonces los procesos judiciales por corrupción en su etapa de presidente autonómico. En 2014 ingresó en prisión para cumplir una primera pena de nueve meses. Tres años después, volvió a ser condenado a tres años y ocho meses por el caso Nóos, que también llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, entonces marido de la Infanta Cristina.

Miguel Arias Cañete

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

“Afortunadamente la rápida intervención de las autoridades alejando el barco de las costas ha permitido que no tengamos una catástrofe ecológica”, se felicitaba Arias Cañete el día que llegó la primera oleada de fuel del Prestige y la Xunta se vio obligada a prohibir la pesca y el marisqueo en 200 kilómetros de costa. Fue uno de los más activos ministros de Aznar en minimizar el desastre y negar “daños para las poblaciones pesqueras y las especies marinas”. Su fuerte implicación en la gestión de la catástrofe le sirvió para volver a ser nombrado ministro una década después, cuando Mariano Rajoy se convirtió en presidente del Gobierno. Un segundo mandato en el que añadió Medio Ambiente a su cartera de competencias. En 2014, dejó el ministerio por el Parlamento europeo. Y a pesar de tener participación en empresas petroleras, logró ser nombrado comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático. Se retiró de la política hace dos años, al cumplir su mandato.

Arsenio Fernández de Mesa

Delegado del Gobierno en Galicia

Desde el minuto cero de la catástrofe, fue una de las autoridades más implicadas en la cuestionada gestión gubernamental del desastre. Y memorables son sus comparecencias públicas negando la marea negra o sosteniendo que el fuel que perdía el petrolero una vez hundido se solidificaría y “se reconvertirá en ladrillo en el fondo del mar”. “Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe”, defendía entonces. Fernández de Mesa llegó a estar imputado en la causa judicial, aunque finalmente fue llamado solo como testigo al juicio. “Desempeñó una tarea de coordinación difusa y confusa”, consideró la Audiencia provincial de A Coruña en la primera sentencia del Prestige. Por entonces, su carrera política había dado un salto, dado que Rajoy, en su primer mandato como presidente, decidió auparlo a director general de la Guardia Civil. Ocupó el cargo casi cinco años, en los que hubo sonadas controversias como la de las pelotas de goma que guardias civiles dispararon contra inmigrantes que trataban de alcanzar Ceuta a nado. Apenas tres meses después de dejar el Gobierno, fue nombrado, en 2017, consejero de Red Eléctrica. Dejó el cargo el año pasado.

José Luis López Sors

Director general de la Marina Mercante

Asumió la responsabilidad de haber dado la tan controvertida orden de “coger el barco y llevarlo mar adentro hasta que se hunda”, como se le oye decir en las grabaciones de sus conversaciones con la Torre de Control Marítimo el día del accidente del Prestige. “Esto no es una marea negra, esto son manchas sueltas”, aseguraba cuando la primera oleada de fuel inundó 200 kilómetros de costa. López- Sors fue el único cargo público que se sentó en el banquillo de los acusados, junto al capitán y el jefe de máquinas del Prestige. Ya estaba entonces jubilado y en ningún momento se escudó en sus mandos superiores. Fue finalmente absuelto de toda responsabilidad por la Audiencia provincial de A Coruña, que elogió “el rigor exquisito” de sus decisiones con el barco y lamentó que no fueran procesados sus superiores políticos. “Resulta poco convincente que la responsabilidad no dependiese directamente de otras autoridades”, criticó el tribunal. En 2017 ingresó en la Real Academia del Mar.

Manuel Fraga

Presidente de la Xunta

Llevaba 12 años al frente de la Xunta de Galicia y cuatro mayorías absolutas en las urnas cuando ocurrió el desastre. A Fraga, la primera marea negra también le pilló lejos: se había ido a una cacería en Aranjuez. Tardaría una semana en acudir a la Costa da Morte, la zona cero de la catástrofe. Fue hasta allí al día siguiente de cumplir 80 años, con la promesa de compensar con cuantiosas ayudas económicas a marineros y mariscadoras perjudicados. La contestación social sin precedentes que provocó la nefasta gestión de la catástrofe capitaneada por el Gobierno de Aznar noqueó a Fraga y su gabinete, dividido entre quienes defendían acatar sin rechistar las órdenes de Madrid y los que reclamaba autonomía de acción. El anciano presidente gallego, que seguía sin querer abrir el melón de su sucesión, llegó a reconocer públicamente en 2005 haberse sentido abandonado por el poder central en aquella crisis. En las elecciones gallegas de ese año, el PP de Fraga, candidato por quinta vez a la Xunta, perdería la mayoría absoluta, lo que posibilitó una alianza de socialistas y nacionalistas para gobernar, por primera vez en democracia, en Galicia. Desbancado del poder, el político más veterano de España se marchó para el Senado, donde ocuparía un escaño hasta septiembre de 2011. Falleció cuatro meses después, a los 89 años de edad.

Xosé Cuíña

Conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas

El autodenominado delfín de Fraga, conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas y secretario general del PP gallego, fue el único político obligado a dimitir por la catástrofe del Prestige. Encarnaba la rama más rural del partido, los llamados de la boina, frente al sector más urbanita e ilustrado, los del birrete, en el que se situaba el PP de Aznar y Mariano Rajoy. La batalla que dio Cuíña en el seno del Gobierno gallego por intervenir en la gestión del desastre e intentar aplacar la rebelión ciudadana contra las mentiras gubernamentales y la falta de medios para limpiar el litoral le valieron su defenestración. Fue en enero de 2003, en plena marea negra. Al oír la noticia de que las empresas de la familia del conselleiro habían vendido material de limpieza de playas por valor de 40.000 euros a la empresa pública Tragsa, el PP de Aznar exigió su dimisión. De nada le sirvió demostrar con facturas que se suministró, cuando más hacían falta, trajes de agua y palas a precio de coste, sin ganar un céntimo. Desalojado de la Xunta, Cuíña se quedó sin aliados para sus aspiraciones de suceder a Fraga. Siguió como diputado autonómico del PP hasta su fallecimiento, en diciembre de 2007, a consecuencia de una infección respiratoria. Tenía 57 años.

Alberto Núñez Feijóo

Conselleiro de Política Territorial

Presidente de Correos, fue enviado desde Madrid a Galicia en enero de 2003, en plena catástrofe del Prestige, para sustituir en la Xunta de Manuel Fraga al destituido Cuíña. Nombrado conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas, apenas tardó un año en ascender a vicepresidente primero del Ejecutivo de Fraga. Cuando el anciano presidente gallego perdió el poder, tras las elecciones autonómicas de 2005, Feijóo batalló y ganó la pugna por la sucesión. En 2006, arropado por Mariano Rajoy, se convirtió en líder del PP gallego. Tres años después, ganó las elecciones gallegas por mayoría absoluta y sustituyó al socialista Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta. Gobernó 13 años en Galicia, hasta el pasado mes de abril, cuando ante la fuerte crisis interna que sacudió al PP de Pablo Casado, desembarcó en Madrid para tomar el liderazgo del partido y de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

Álvaro García Ortiz

Fiscal del ‘Prestige’

Originario de Lumbrales, un pueblo de Salamanca de apenas 1.600 habitantes, llegó a la Fiscalía de Santiago de Compostela en 2002, el año de la marea negra del ‘Prestige’. Dos años después, tras convertirse en fiscal especialista en Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, asumió la acusación pública del abultado sumario de la catástrofe, la mayor causa medioambiental jamás instruida en España. En el macrojuicio celebrado entre 2012 y 2013, cargó toda la culpabilidad en el capitán y la maraña empresarial del Prestige, evitando procesar a responsables públicos o políticos por la cuestionada gestión de aquella crisis. Presentó un exhaustivo estudio que cifró en 4.442 millones de euros la factura total de la catástrofe. Ante el sorprendente fallo absolutorio de la Audiencia provincial de A Coruña, García Ortiz promovió, con éxito, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo: 13 años después, el capitán del petrolero fue finalmente condenado por delito ecológico y la aseguradora británica declarada responsable civil. El litigio, 20 años después, sigue abierto, pendiente de una resolución de un tribunal de Londres sobre la demanda de España de cobrar la póliza del barco. Desde el pasado mes de julio, Álvaro Ortiz es el fiscal general del Estado.

Consuelo Castro

Abogada del Estado

Jefa de la Abogacía del Estado primero en A Coruña (2004-2007) y luego en el conjunto de Galicia hasta el año 2018, le tocó el espinoso papel de defender, en el abultado sumario del Prestige, la actuación y los intereses de la Administración española, a la vez víctima principal y acusada. Consuelo Castro defendió al único alto cargo del Estado que se sentó el banquillo de los acusados, José Luis López-Sors. Su absolución, sentenciada por la Audiencia provincial de A Coruña en 2013, representó una importante victoria para España. Es la primera vez que logra quedar libre de toda culpa, penal o civil, por el derrame de petróleo en sus aguas territoriales. Desde junio de 2018, Castro es la abogada general del Estado.

Letizia Ortiz

Periodista de TVE

Presentaba especiales sobre el euro con los que se cerraban los telediarios de TVE cuando fue enviada, junto a otras compañeras de Madrid, para relevar a sus colegas de Galicia en la cobertura informativa del desastre del Prestige. Enrocado en negar la catástrofe y reducir la gigantesca marea negra a un “vertido” de “manchas localizadas y sueltas”, el Gobierno de Aznar ejercía un control férreo sobre lo que se podía o no contar en los medios públicos. Los periodistas de TVE en Galicia habían denunciado públicamente la manipulación y la censura. Fueron relegados y sustituidos para hacer los reportajes del desastre. Cuentan las crónicas rosas que el noviazgo de Letizia Ortiz con el entonces príncipe Felipe se fraguó en secreto a raíz de aquellas retransmisiones de la periodista a pie de la marea negra que nunca mencionaba como tal. Tras su regreso a Torrespaña, pasó a presentar los telediarios con Alfredo Urdaci, el hombre que Aznar colocó en TVE para controlar los informativos. En vísperas del primer aniversario de la catástrofe, en octubre de 2003, la pareja anunció su compromiso, que acabaría en boda siete meses más tarde. En junio de 2014, Felipe fue proclamado rey y Letizia, reina consorte.