Las cuentas de la Junta de Extremadura para el año que viene dejan muy claro qué le gusta y qué no le gusta al Gobierno de PP y Vox. Con la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo de María Guardiola hay prioridades que han cambiado por completo y la batalla ideológica ultra se comienza a notar.

El primer presupuesto pactado esta legislatura por PP y Vox, el de 2026, se aprobará el 30 de junio y, además de los ajustes para encajarlo en el acuerdo de gobierno, evidencia a qué se refiere la formación ultra cuando habla de prioridad nacional: un recorte sin precedentes en solidaridad sociales, que incluso han criticado las diócesis extremeñas, y un gasto histórico para blindar el negocio de los toros. Es decir, la Junta de Extremadura cerrará el grifo de dinero público para la cooperación internacional, la educación en las aulas de la región contra los mensajes de odio y la ayuda a los migrantes, mientras que, por el otro, abrirá de par en par la ventanilla para regar con subvenciones al sector taurino.

El encargado de poner voz a este giro ha sido el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, el líder de Vox en Extremadura. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea para defender las cuentas de su departamento para este año, el dirigente ultra no ha ocultado que la 'tijera' responde a la implantación de lo que su formación denomina “prioridad nacional”: “Hemos recuperado la prioridad. La solidaridad no consiste en olvidarse de los propios para poner primero a los que acaban de llegar”, dijo en sede parlamentaria.

La aplicación práctica de ese concepto se traducirá en la asfixia económica del tejido asociativo que trabaja con las personas más vulnerables. Fernández Calle anunció la revisión y supresión de las subvenciones nominativas destinadas a programas de inmigración y asesoramiento a extranjeros. Entidades históricas como Accem (encargada de gestionar el centro de acogida de personas refugiadas de Mérida), Cepaim o Progestión se quedarán sin las ayudas de la administración autonómica para estos fines.

El vicepresidente ha justificado la medida alegando que su departamento rechaza seguir “financiando estructuras ligadas a la inmigración ilegal y descontrolada”, y ha llegado a comparar el coste mensual de una plaza para un menor migrante no acompañado (7.100 euros) con el sostenimiento de las residencias de mayores de la región. “Queremos llevar los recursos de los extremeños a las necesidades de los extremeños”, añadió, tras tildar las redes de solidaridad de “coartada ideológica y negocio”.

Pero el recorte a los colectivos sociales no se queda ahí. La nueva vicepresidencia también finiquitará, una vez aprobadas las cuentas regionales, las políticas de cooperación al desarrollo. En 2023, Extremadura destinaba más de 12,7 millones de euros a esta materia, situándose como la tercera región de España que más fondos invertía en relación con su PIB. Tras la entrada de Vox en el Ejecutivo en 2023, la cuantía bajó a 9,4 millones, y el hachazo definitivo llega ahora: el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) se desploma hasta una cantidad casi testimonial de 987.000 euros. Un tijeretazo del 92% que deja a la comunidad a la cola de la solidaridad internacional. Es lo justo para mantener con respiración asistida a un ente público que la extrema derecha no puede hacer desaparecer porque la ley extremeña de Cooperación lo impide, pero su directora, Isabel Belloso, nombrada por el PP, ha dimitido tras conocer los planes ultras.

“La solidaridad no puede convertirse en la coartada ideológica y el negocio que hace de esto su modo de vida”, ha sostenido el vicepresidente ante la comisión parlamentaria, a pesar del llamamiento que han hecho los obispos de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia a PP y Vox para que reconsideren el recorte de fondos. Las diócesis extremeñas han defendido públicamente que la cooperación al desarrollo forma parte del compromiso ético y social de Extremadura y alertan de las consecuencias de la reducción presupuestaria.

Las ONG también estudian protestas contra los presupuestos de la Junta. Han iniciado una ronda de contactos con los grupos políticos para intentar revertir este escenario y “por fin” el PP se reúne con la Coordinadora Extremeña de ONGD este viernes. La CONGDEX ha denunciado que desaparecerán los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas también se finiquitará, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, que se ejecuta en Extremadura, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

El 500% más para los toros

Sin embargo, la prioridad y la austeridad esgrimidas por Vox para desmantelar la red asistencial de los migrantes desaparecen cuando se trata de la tauromaquia, cuyas competencias gestiona la misma formación a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presupuesto taurino en la región va a experimentar una subida sin parangón, escalando de los 297.500 euros previos a los 1,78 millones de euros (un aumento de casi el 500%). Las cuentas incluyen el trasvase de 700.000 euros de fondos públicos directos (el ejercicio pasado recibieron 69.000 euros) al lobby Fundación Toro de Lidia —un ente privado de promoción taurina— para la organización de circuitos de novilladas, además de iniciar los trámites para blindar legalmente las corridas protegiéndolas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

El consejero Juan José García ha justificado este incremento de fondos con criterios meramente económicos. Su departamento sostiene que la tauromaquia genera en la región un impacto económico superior a 28 millones de euros y mantiene a más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, así como que en Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo.

Además de la ayuda a la citada Fundación, Vox ha incluido 300.000 euros para el Circuito de Novilladas, 400.000 euros para el Circuito Conquistadores, 550.000 euros para difusión de la cultura taurina, 200.000 euros en ayudas a peñas taurinas, 150.000 euros para espectáculos taurinos, 150.000 euros en ayudas a la difusión de la cultura taurina y 30.000 euros para la Escuela Taurina de Coria.

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD) ha pedido este martes que “la cooperación internacional se blinde” ante la negociación de PP y Vox para la posible investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Ante la “preocupación creciente” de lo que en otras comunidades como Extremadura o Castilla y León el PP haya “cedido a las exigencias de Vox” en materia de cooperación internacional, Patricia Sánchez, presidenta de la entidad, recuerda que “la cooperación internacional es una seña de identidad y de humanidad de la Andalucía que queremos”.

Por ello, miembros de la CAONGD han acudido esta mañana a las puertas de la sede del PP de Andalucía y, emulando a Moreno, una de sus miembro ha hecho de rey mago Baltasar para recoger cartas simbólicas pero evitando el 'blackface'.

La puesta en escena ha sido muy meticulosa ya que, aparte de no pintarse la cara de negro, el rey mago ha decidido llevar en una mano algo de carbón “representando lo que no queremos recibir” y en la otra manao portando una caja donde se han introducido las cartas. Además de este acto, la CAONGD ya envió la semana pasada una carta a Moreno en la que argumentaba los motivos para mantener la apuesta por esta política solidaria durante la próxima legislatura.

“Una carta de reyes”

En la carta remitida a Moreno se le pide al presidente en funciones “algo sencillo y profundo a la vez: que Andalucía no pierda su humanidad”. “Nuestra tierra sabe lo que significa emigrar, sufrir desigualdades y buscar oportunidades lejos de casa”, pide que se “cuide la cooperación internacional andaluza”, dice la misiva, donde se destaca que “las decisiones importantes dicen quiénes somos como pueblo”.

Ante el precedente del año 2019, donde en el primer acuerdo de investidura entre PP y Vox se incluyeron medidas como “recortes, ataques a organizaciones sociales y cuestionamientos constantes a políticas que, lejos de ser un gasto, son una apuesta por la vida y la dignidad humana”, temen que en las nuevas negociaciones “las exigencias sean todavía más explícitas” y “graves”. 

Ante los acuerdos alcanzados en otras comunidades entre PP y Vox, las ONGD tienen “una preocupación legítima y creciente”, que “la cooperación internacional sea utilizada como moneda de cambio para alcanzar pactos de gobierno”. Además, le pide a Moreno que “se desvincule de esta estrategia para contentar a quienes desprecian la solidaridad, niegan los derechos humanos y alimentan discursos de odio”. Frente a estos discursos reclaman que “Andalucía merece otra cosa” y que tiene que “elegir siempre la humanidad frente al miedo”. Por otro lado, indican que la cooperación internacional andaluza es “motivo de orgullo para nuestra comunidad”.

Por último, piden que cuide de “la educación de la ciudadanía global” y que “quienes gobiernan no les den la espalda a aquellos que más lo necesitan”. Además, apelan a la “coherencia” para que Andalucía “siga siendo una tierra solidaria” en la que no se “permita que el odio y la indiferencia entren en las instituciones”.

La coordinadora de organizaciones de desarrollo de Castilla y León, que integran 73 organizaciones, ha advertido este lunes que la cooperación “ni es un gasto superfluo ni una concesión ideológica”, y ha advertido de que congelar al mínimo las subvenciones supondría un retroceso para esa comunidad.

En un comunicado, la coordinadora ha trasladado su preocupación ante el acuerdo de gobierno de Castilla y León entre el PP y Vox que recoge congelar al mínimo las subvenciones destinadas a cooperación internacional al desarrollo.

“La cooperación no es un gasto superfluo ni una concesión ideológica. Es una política pública basada en derechos humanos, solidaridad, justicia global, igualdad de género, sostenibilidad ambiental y construcción de paz”, han trasladado desde la coordinadora.

Han recordado ademas que “Castilla y León ha sido históricamente una tierra solidaria. Sus organizaciones sociales, ayuntamientos, diputaciones, universidades, centros educativos y ciudadanía han contribuido durante décadas a acompañar procesos de desarrollo, emergencia humanitaria, defensa de derechos, igualdad entre mujeres y hombres, protección de la infancia, acceso al agua, salud, educación, soberanía alimentaria y fortalecimiento de comunidades en países empobrecidos”.

Y se han referido al estudio de Manos Unidas sobre percepciones de la prosperidad señala que el 80% de la población considera que compartir con los demás es una de nuestras mayores riquezas; el 83% cree que compartir prosperidad es esencial para un mundo más justo y cohesionado; el 82% apuesta por una prosperidad que vaya más allá del mero crecimiento económico y promueva un desarrollo humano inclusivo; y el 59% considera importantes las ayudas oficiales de los gobiernos al desarrollo.

Además, han advertido de “que se consoliden discursos que condicionan el acceso a derechos en función del origen, la nacionalidad o la situación administrativa. Los derechos humanos son universales o dejan de ser derechos. Ninguna política pública debe alimentar la exclusión, la sospecha sobre las organizaciones sociales ni la división entre personas merecedoras y no merecedoras de protección”.

Asimismo, han defendido que las “ONGD en toda España y particularmente en Castilla y León trabajamos con rigor, transparencia y control público. Nuestro objetivo no es sustituir a las instituciones, sino colaborar con ellas y con las comunidades para garantizar derechos, fortalecer capacidades locales y responder a necesidades reales desde la dignidad, la participación y la corresponsabilidad”.

La coordinadora ha defendido el trabajo desarrollado durante los últimos años por la Junta de Castilla y León, sus equipos técnicos y los distintos agentes de cooperación en el marco del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.

Y “por respeto a ese trabajo acumulado, consideramos necesario preservar una política pública que cuenta con marco legal propio, experiencia institucional y respaldo social”, han reflexionado desde la coordinadora, que ha apelado al diálogo institucional con la Junta de Castilla y León y con todos los grupos políticos.

Además, ha abogado por que “se garantice la continuidad, estabilidad y mejora progresiva de la política autonómica de cooperación, en coherencia con la Ley de Cooperación de Castilla y León, la Ley estatal de Cooperación, los compromisos internacionales y la trayectoria solidaria de nuestra Comunidad. Defender la cooperación es defender vidas, derechos, paz y dignidad. Castilla y León no debe retroceder en solidaridad”, han concluido.

Lo más grave de la propuesta del presupuesto extremeño de cooperación para 2026 no es el dinero que desaparece, sino la idea que desaparece con él. La cooperación extremeña representará apenas el 0,03 % del presupuesto autonómico y la cooperación efectiva apenas alcanzará el 0,01 %. Si alguien cree que ahí estaban los problemas de Extremadura, está mirando en la dirección equivocada. Lo que reflejan estos presupuestos es algo mucho más profundo: la renuncia del Partido Popular a defender una política pública que durante décadas formó parte del patrimonio común de la democracia extremeña.

La cooperación descentralizada nunca fue una rareza ideológica ni una extravagancia presupuestaria. Ha sido una política institucionalizada, sostenida por gobiernos de distinto signo, diputaciones, ayuntamientos, universidades y organizaciones sociales. Una forma de entender que Extremadura también tiene algo que aportar al mundo y algo que aprender de él.

Ese consenso ha saltado por los aires.

En apenas tres años de gobierno del Partido Popular, la cooperación extremeña ha sufrido un deterioro acelerado. El proceso comenzó en 2024 con un recorte cercano al 26 %. En 2025 la Educación para la Ciudadanía Global fue reducida en más de un 87 %. Y en 2026 llega el golpe definitivo: el cierre efectivo de una política pública que durante décadas formó parte de la identidad institucional de Extremadura.

No estamos ante una simple reordenación presupuestaria. Estamos ante una decisión política que declina el apoyo a las políticas sociales de la región.

Y aquí aparece el fondo del asunto. El PP no solo ha asumido el marco ideológico de VOX sobre cooperación internacional; ha dejado de defender una parte de su propia tradición política. Porque la cooperación descentralizada también fue una construcción del centro derecha autonómico español. Formaba parte de una idea de estabilidad democrática, proyección exterior y cohesión social. Hoy parece que defender la solidaridad internacional genera más costes electorales que beneficios políticos.

Por eso el debate va mucho más allá de la cooperación. Cuando una política pública empieza a etiquetarse como “gasto ideológico”, “lujo innecesario” o “privilegio subvencionado”, se abre una dinámica peligrosa. Primero cae la cooperación porque es fácil enfrentar a los pobres de fuera con los pobres de aquí. Después llegarán las políticas de igualdad, la dependencia, la cultura crítica, la participación social o cualquier derecho que no produzca rédito electoral inmediato.

La receta es conocida: fabricar enemigos simbólicos para evitar afrontar problemas reales y fomentar los discursos de odio, racistas, homófobos y machistas para conseguir la polarización social que vivimos en estos momentos.

Y sí, Extremadura tiene problemas muy serios: salarios bajos, precariedad, despoblación, listas de espera y pobreza estructural. Pero quienes recortan cooperación no llenan automáticamente los centros de salud de médicos, no mejoran la educación pública, no suben los salarios ni frenan la despoblación. Lo que hacen es señalar al más débil y convertirlo en chivo expiatorio.

La cooperación es perfecta para este papel. Demasiado pequeña para resolver por sí sola los grandes problemas de la región, pero también demasiado pequeña para causarlos. Sin embargo, durante años esta política ha contribuido a impulsar proyectos sociales, educativos y de desarrollo local en municipios extremeños, además de fortalecer la presencia internacional de la región. Precisamente por eso resulta tan útil como enemigo político: Lo suficientemente visible para señalarla, pero demasiado insignificante en términos presupuestarios como para explicar los problemas reales de Extremadura.

La lógica del “primero los de aquí” suele terminar igual: menos derechos, menos servicios públicos y más miedo. Porque cuando una sociedad acepta que la solidaridad es negociable, termina descubriendo que los derechos también lo son.

El caso extremeño importa porque revela algo más profundo que un ajuste presupuestario. Muestra cómo un partido en el gobierno deja de defender determinadas políticas públicas no porque hayan fracasado, sino porque considera que ya no compensan electoralmente. Y cuando la política solo protege aquello que resulta rentable, lo público deja de ser un proyecto compartido para convertirse en una simple contabilidad de votos.

Quizá dentro de unos años nadie recuerde las cifras exactas de este presupuesto, pero sí sus consecuencias. La precariedad seguirá ahí, la despoblación seguirá ahí y los problemas reales seguirán esperando respuestas. Lo único que habrá cambiado es que habremos aprendido a convivir con una idea peligrosa: que la solidaridad puede sacrificarse cuando conviene. Y cuando una sociedad cruza esa línea, tarde o temprano descubre que los derechos tampoco estaban tan garantizados como creía.

No nos pararán en la defensa de los derechos humanos desde Extremadura.

Las políticas sociales no son negociables, son nuestros derechos.

La delegación de Manos Unidas en Cáceres ha puesto en marcha una nueva edición de su Rastrillo de Libros Solidarios, una iniciativa con la que pretende dar una segunda vida a los libros usados y recaudar fondos para proyectos de cooperación internacional vinculados a la educación, la salud y la igualdad.

Bajo el lema 'Cada libro puede abrir mentes, cada gesto puede cambiar vidas', la organización anima a la ciudadanía a acercarse al rastrillo y colaborar mediante la adquisición de ejemplares de segunda mano. La campaña permanecerá abierta entre el 3 y el 20 de junio en el número 22 de la avenida de España de Cáceres.

El espacio abrirá en horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, y de tarde, de 18.00 a 20.30 horas. Desde Manos Unidas destacan que la iniciativa busca convertir libros que ya no se utilizan en recursos para financiar proyectos de desarrollo en comunidades vulnerables de distintos países.

La organización subraya que este tipo de actividades permiten implicar a la ciudadanía en la lucha contra la pobreza y las desigualdades a través de pequeños gestos cotidianos. “No los dejes acumulando polvo; transfórmalos en educación, salud e igualdad”, señala la campaña de difusión del rastrillo.

La delegación cacereña recuerda además que la reutilización de libros contribuye a fomentar hábitos de consumo responsables y sostenibles, al tiempo que favorece el acceso a la lectura y la circulación de obras que pueden encontrar nuevos lectores. Este tipo de rastrillos forman parte de las acciones solidarias que Manos Unidas desarrolla habitualmente para financiar proyectos de cooperación y sensibilizar sobre las desigualdades globales.

La actividad está organizada por la Delegación de Manos Unidas Cáceres, cuya sede se encuentra en la calle General Ezponda. Las personas interesadas en colaborar o recibir más información pueden dirigirse a la organización a través de sus canales habituales de contacto.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para revertir, vía enmienda, el recorte de diez millones de euros en cooperación internacional reflejado en el proyecto de presupuestos regionales para 2026, algo que también defenderá en la calle.

“No nos vamos a rendir, vamos a seguir aquí trabajando con o sin presupuesto”, ha manifestado este lunes la presidenta de CONGDEX -que agrupa a 51 organizaciones-, Lidia Rodríguez, momentos antes de reunirse en Mérida con el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

En declaraciones a los medios, ha advertido de que con este recorte son inasumibles las tres líneas de actuación de la Coordinadora, entre ellas la de los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas desaparecen también, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, “que es la que se ejecuta aquí en Extremadura” y que “se llevan cargando tres años consecutivos”, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

Rodríguez ha subrayado que la Coordinadora lleva 31 años trabajando en Extremadura y que tras el “desmantelamiento” que las políticas de cooperación sufren en el presupuesto elaborado por el Gobierno de PP y Vox saldrán a la calle “para reivindicar lo que llevamos haciendo siempre, que es defender a las personas más vulnerables”.

“Vamos a seguir sentándonos con quien quiera sentarse y con quien no quiera sentarse con nosotros a dialogar, los estaremos esperando en la calle ocupando los espacios públicos para que se nos oiga”, ha insistido.

Ha defendido que la solidaridad forma parte de del sistema de valores de Extremadura y que se ha materializado con cooperantes trabajando en zonas como Latinoamérica, Centroamérica y el África subsahariana, que se han convertido en “embajadores” de Extremadura.

Con el recorte presupuestario se está abandonando a muchísimas mujeres, menores y hombres en espacios altamente vulnerados, ha advertido, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque se han mantenido unos 2,7 millones de presupuesto para la infraestructura y personal de la Agencia Extremeña de Cooperación, por lo que se ha preguntado qué políticas van a desarrollar a este organismo sin más fondos.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha recalcado que la región es una “tierra humanista”, por lo que el PSOE hará todo lo posible por enmendar unas cuentas “que acaban con la historia de Extremadura”.

Ha señalado que la cooperación no solo es solidaridad, sino también empleo, dado que genera alrededor de 200 puestos de trabajo en Extremadura, muchos de ellos ocupados por jóvenes.

“No puede ser que se carguen de un plumazo diez millones de euros prácticamente y que dejen la Agencia de Cooperación Internacional y todo aquello que tiene que ver con las ONGs y con la coordinadora absolutamente a cero”, ha aseverado.

Ha manifestado que con esta decisión María Guardiola, “maniatada a los postulados de la ultraderecha”, demuestra que “no es esa presidenta moderada que trata de trasladar a la opinión pública” y ha recordado que ni siquiera el gobierno del 'popular' José Antonio Monago redujo el presupuesto en cooperación internacional. 

La Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD) ha denunciado que los presupuestos municipales del Ayuntamiento hispalense en 2026 recortan la cooperación al desarrollo un 83,17%, al pasar de más de dos millones de euros en 2025 a apenas 43.000 euros. “Todo ello mientras el presupuesto municipal global crece hasta los 1.096 millones”, señala la entidad en un comunicado difundido por esta red que agrupa a organizaciones de Sevilla y provincia comprometidas con la cooperación internacional y la acción humanitaria.

El recorte se enmarca en la alianza consolidada entre PP y Vox para sacar adelante las cuentas de 2026, la misma fórmula utilizada por el Gobierno de Sanz para aprobar el presupuesto de 2025. Las enmiendas planteadas por la formación de ultraderecha y aceptadas por el PP se tradujeron en nuevos recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la cooperación al desarrollo. Fuentes municipales consultadas por este periódico confirman que la reducción presupuestaria en materia de cooperación ronda el 83 %.

En este contexto, ASONGD defiende que “proteger a quienes enfrentan mayores dificultades es una responsabilidad innegociable de las instituciones democráticas y no debe subordinarse a la aritmética de los pactos de gobierno”. La organización recuerda además que el caso de Sevilla “no es aislado”: “En Extremadura y Aragón, los acuerdos entre PP y Vox han aplicado medidas prácticamente idénticas”. También allí, las coordinadoras de ONGD han denunciado que los derechos humanos se conviertan “en herramienta de presión política”.

Desde ASONGD explican que, durante los últimos meses, la organización ha mantenido “una actitud constructiva y abierta al entendimiento con el gobierno municipal de José Luis Sanz” (PP) con el objetivo de buscar una solución al “drástico recorte aprobado en los presupuestos de 2026”. Ante la falta de una “respuesta efectiva” por parte del Ayuntamiento, las ONG para el desarrollo sevillanas han iniciado una campaña de denuncia pública para informar a la ciudadanía “de lo que está en juego”.

¿Qué está en juego?

ASONGD recuerda que la cooperación sevillana desarrolla proyectos en 20 países de África, Sudamérica y Asia, relacionados con el acceso al agua, la igualdad de género, la salud comunitaria o la respuesta humanitaria, entre otros ámbitos, beneficiando a más de 134.000 personas. En Sevilla, además, más de 23.000 personas participaron en acciones formativas sobre derechos, democracia y desigualdad global.

“Este recorte paraliza ese trabajo y aboca a las ONGD a despidos y congelación de contrataciones”, advierten desde la red de organizaciones para el desarrollo. “Con este recorte, Sevilla abandona a las grandes ciudades españolas comprometidas con la solidaridad internacional y rompe una tradición que había caracterizado a todos sus gobiernos municipales anteriores, de distinto signo político”, añaden desde ASONGD.

Asimismo, la coordinadora sevillana denuncia que “la decisión se ha adoptado al margen del Consejo de Cooperación al Desarrollo —instrumento democrático creado para garantizar la participación de la sociedad civil— sin ofrecer explicación pública alguna”.

Por todo ello, las entidades de cooperación al desarrollo instan al Ayuntamiento hispalense “a rectificar y a comprometerse con una dotación presupuestaria digna”. ASONGD asegura mantenerse abierta al diálogo y a la colaboración institucional para construir “una senda de recuperación presupuestaria que devuelva a Sevilla el papel que le corresponde”. En todo caso, advierten de que “para dialogar hace falta voluntad política real” y avisan: “Ante la apuesta por la confrontación y el recorte, encontrarán por nuestra parte movilización y denuncia”.

Los fondos destinados a cooperación al desarrollo por las principales instituciones de Castilla-La Mancha sufren un “estancamiento total” y piden un “mayor esfuerzo”. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla-La Mancha señala la ayuda oficial para la cooperación al desarrollo alcanzó un total de 5,92 millones de euros, según las conclusiones del Informe que han presentado correspondiente a 2025.

El 65% de la financiación llegó desde el Gobierno regional, mientras que el 35% restante a las entidades locales, como diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Desde la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha exponen que la financiación otorgada por el Gobienro autonómico y relacionada con la cooperación al desarrollo representa el 0,03% de su presupuesto total, lo que supone un “porcentaje muy alejado del objetivo de referencia del 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo”. Un objetivo histórico que nunca ha llegado a cumplirse.

En términos de esfuerzo relativo equivalen 2,85 euros por habitantes, cuatro céntimos más que en 2024 “lo que confirma la ausencia de avances significativos en el refuerzo de esta política pública”, han lamentado desde la entidad en una comparecencia ante la prensa celebrada hoy en Toledo.

El presidente de la Coordinadora de ONGD, Fernando Gutiérrez, expresa que cuando preguntan a los ayuntamientos por la razón que les lleva a no dedicar más fondos a la cooperación al desarrollo responden “que hacen lo que pueden”, pero en su opinión, esta postura “es simplemente falta de voluntad política, porque no es un tema que sea de interés para todos”. Advierte también que, en algunos casos, “quieren que la cooperación desaparezca, pero sin argumentos jurídicos ni económicos”.

Hoy ha reclamado en nombre de estas organizaciones que se les escuche “más” y que haya “unos mecanismos más ágiles de diálogo, de encuentro y de debate con la administración”, pues hay casos en los que un Consejo de Cooperación municipal ha durado “diez minutos”.

Gutiérrez aboga por “la necesidad de fortalecer la cooperación descentralizada”, porque “es mucho más fácil trabajar en red frente a una sola decisión que se tome desde Madrid, desde el Ministerio de Economía o de Asuntos Exteriores”.

¿Quién aporta más en las entidades locales?

El Ayuntamiento de Albacete, con 515.826 euros y la Diputación de Ciudad Real, con 475.750 euros, lideran los puestos de la financiación de las entidades locales durante el año 2025. Le siguen el Ayuntamiento de Toledo con 274.843 euros, la Diputación de Albacete con 232.000, el Ayuntamiento de Guadalajara con 181.473 euros, la Diputación de Cuenca con 150.000, el Ayuntamiento de Ciudad Real con 132.610 y la Diputación de Guadalajara con 130.000 euros. Ni el Ayuntamiento de Cuenca ni la Diputación de Toledo destinaron ningún euro a cooperación al desarrollo en 2025.

Fernando Gutiérrez ha señalado que, pese a que las cifras globales han crecido en la región un 15,8% desde 2021 a 2025, el balance de legislatura “es negativo”, y Castilla-La Mancha se sitúa, por ejemplo, detrás de comunidades uniprovinciales como La Rioja o Navarra, por lo que ha considerado que “es el momento de dar un paso adelante”.

“Ningún ayuntamiento, ninguna diputación o la Junta de Comunidades” va “a dejar ningún servicio sin cubrir porque dediquen más dinero a cooperación”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de acometer una “senda clara de crecimiento de fondos”.

A su juicio, el 0,7% no se va a conseguir el año próximo, “pero sí es necesario que, desde las administraciones, haya una planificación de crecimiento progresivo”, y que la Junta de Comunidades “dé un poquito más de ejemplo” y “ejerza este liderazgo sobre el resto de administraciones”.

La acción humanitaria atraviesa un trance que ya no se explica como una única crisis, sino que se asemeja más a un cambio de época. Al mismo tiempo que aumentan los conflictos, los desastres climáticos y los desplazamientos forzosos, el dinero público que sostiene la respuesta humanitaria se está contrayendo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectó para 2025 una caída de la ayuda oficial al desarrollo de entre el 9 y el 17% y advirtió sobre el impacto especialmente en regiones como el África subsahariana.

Al mismo tiempo, se cumple un año desde que la administración Trump de EEUU anunció que eliminaba más del 90% de los contratos de la agencia de ayuda humanitaria USAID, uno de los principales donantes globales, y recortes en decenas de miles de millones de dólares en asistencia internacional. La caída de fondos se mide, además, en cierres y despidos y, por supuesto, en retos para las organizaciones que trabajan en el terreno. Según la Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Rendimiento en Acción Humanitaria (ALNAP), en 2025 ocho agencias de la ONU, ocho grandes organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja recortaron en total más de 31.000 puestos.

El giro de Washington no se lee solo en clave contable. El medio Foreign Policy lo sitúa en un contexto de creciente inquietud por la influencia de China y Rusia en regiones como África y por la capacidad de Estados Unidos de aguantar el pulso en la región. La orden ejecutiva que congela la asistencia exterior marca el comienzo de un nuevo ciclo en el que la ayuda se subordina explícitamente a la agenda America First.

Una oportunidad tras el golpe

El desplome de USAID también está forzando un debate: ¿por qué el sistema está diseñado para que quien pone el dinero desde lejos decida a distancia? Y, sobre todo, si la retirada del principal donante obliga a diversificar fondos, ¿puede eso acelerar un reequilibrio de poder hacia organizaciones y autoridades locales?

Ese debate, a menudo resumido en la palabra “localización”, está en el centro del enfoque que defiende Plan International España. La organización trabaja en la defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, así como la prestación de ayuda humanitaria en guerras, emergencias y contextos de conflicto. Virginia Saiz Gomis, nueva directora general de la organización en España, explica en una entrevista con elDiario.es que el contexto es “muy polarizado” y complejo, con decisiones tomadas desde el Norte Global para recortar cooperación mientras se multiplican crisis y conflictos.

El cambio pasa por trasladar el mando de control. “Si visitas una comunidad donde trabaja Plan International, el trabajo es 100% local y está en manos de jóvenes, grupos de mujeres y autoridades del lugar”, apunta Saiz. El cambio no es “traumático” para la organización, pero sí exige transferir cada vez más decisiones porque “una parte considerable del dinero de la ayuda internacional sigue viniendo desde el norte”.

Prioridades más allá del Norte o Sur Global

El principal nudo del sistema no es que la financiación llega desde el norte, sino que, en general, llega con condiciones. Saiz describe que “los donantes son muy estrictos y muy poco flexibles”, lo cual lleva a una rendición de cuentas compleja. Su diagnóstico es que el cambio no puede quedarse en que “las organizaciones internacionales transfieran”, sino que también implica la movilización de donantes bilaterales y privados, flexibilizar las reglas del juego y aceptar que el control total desde un despacho no es compatible con que se tomen decisiones realmente locales.

Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación

Virgina Saiz Gómez — Directora general del Plan International España

Desde Perú, Amalia Alarcón, gerente regional de Programas para América Latina y el Caribe en Plan International, indica que el efecto de esas reglas es que muchas organizaciones acaban adaptando su agenda a lo financiable. En Colombia, recuerda, algunas iniciativas terminaban “disfrazando” proyectos de igualdad de género como contribuciones a la paz porque ese era el marco que atraía fondos. “La escucha suele darse desde la entidad que necesita dinero hacia quien lo da, y no al revés”, insiste.

Para Saiz, acercar decisiones al terreno tiene varias ventajas inmediatas: por un lado, menos intermediarios, por otro lado, más cercanía respecto a la gente afectada y una tercera ventaja, decisiva, relacionada con la legitimidad. “Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación”, apunta la directora de Plan International.

A su vez, el sector insiste en que la localización no solo debe implicar el traslado de la responsabilidad, con sus riesgos asociados, sino también el de recursos y autonomía. “A veces el socio local no necesita manuales ni más fortalecimiento, pues ya tienen metodologías y auditorías propias”, insiste Alarcón. “Incluso herramientas que se presentan como ‘evaluaciones mutuas’ rara vez lo son de verdad. El ‘mutuo’ termina siendo asimétrico porque la entidad internacional sigue actuando como ‘el donante social’”, añade.

El poder también reside en las entidades internacionales

El cambio no es solo norte-sur, también implica tensiones internas. Alarcón subraya que en organizaciones grandes existen relaciones de poder entre la oficina de un país y las sedes regionales y globales, además de las sedes recaudadoras. “El cambio es lento porque llevar las decisiones cerca del terreno exige tocar presupuestos, recursos humanos y estructuras”, apunta.

Plan International pone un ejemplo concreto con el caso de Bolivia. “Hemos cerrado como Plan International, es decir, como implementador directo. No para salir del país, sino para que sean los socios los que implementen. Nuestro papel ya debe pasar solo por [analizar] la incidencia y [facilitar] el acceso. Tenemos el privilegio de llegar a espacios internacionales que son más difíciles para las entidades locales. Nuestro rol es conectar y abrir puertas”, explica Alarcón.

Si la retirada de USAID implica menos cobertura y endurecer las prioridades, el golpe llevará al colapso. Si, en cambio, se acelera una redistribución del poder, podría abrirse una ventana para los países más afectados: más financiación directa y flexible para actores locales, más cooperación regional y sur-sur, menos cadenas de subcontratación y más capacidad de decisión allí donde se viven las crisis.

Saiz Gomis lo resume como un ajuste de roles, no como un conflicto: “El norte puede aportar recursos y conocimiento, pero debe dominar menos, permitir más y ser más flexible”.

A veces pasa que conseguimos avances. Que la gente corriente, de la calle, los logra. Algo tan grande como regularizar la situación de más de 500.000 personas. Las llegadas a España antes del 31 de diciembre pasado y que acrediten cinco meses de vida aquí. Y, ¿no nos pasa que cuando sucede, mientras los reaccionarios vaticinan mil y un falsos desastres, nosotros, no lo celebramos lo bastante, quizá por verlo lógico o dejándonos llevar por la tumultuosa actualidad? ¡Hay que celebrar, aplaudir, brindar, abrazarnos! ¡Por el exitazo en sí, en medio de este contexto global de ataque fascista a los derechos democráticos! ¡Y porque es un faro, una guía hacia la ruta de avances!

Las noticias y análisis de este tema no son, obviamente, las de lectura más fácil. De un lado, hay aspectos técnicos y burocráticos que, por lo farragosos, echan para atrás y de hecho obligarán a las y los inmigrantes a asesorarse para tramitar sus solicitudes entre abril y junio.

Además, se trata del final de un camino muy largo, con idas y venidas, desde que, en 2022, empezaron a recogerse firmas para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular que, al final, llegó al Congreso avalada por 700.000 personas. Camino que arranca aún antes, pues durante el confinamiento del covid-19, en abril de 2020, 120 organizaciones mandaron al Gobierno una carta pro regularización urgente, avalada por 1.200 firmas, y aquel verano, todavía con mascarillas, ya se celebraron manifestaciones en demanda de reconocer los derechos y garantizar la dignidad a tantos vecinos y vecinas inmigrantes, muchas y muchos de los cuales nos sacaban las castañas del fuego como trabajadores esenciales.

Gracias a Ana Rosado, Mireia Canals, Marta Aguilar, Lidia Bitar y Toché García, que trabajaban en la APDHA cuando recabaron mi firma para la regularización de inmigrantes

Seis años de reivindicación y trabajo incansable, de unidad, mano a mano, de ciudadanas y ciudadanos, activados, activistas, tanto inmigrantes, sudamericanos, africanos, orientales... como locales, que, de forma individual o a través de colectivos, asociaciones, ONG, entidades laicas y religiosas, de lo más diversas, encontraron el común denominador alrededor del cual unirse y hacer presión: REGULARIZACIÓN YA. Y desde ahí, con ese martillo pilón, se pusieron a percutir, nos implicaron a muchos más recabando nuestras firmas, guiaron a través de las etapas necesarias, hasta llevar la ILP al Congreso, cuya toma en consideración, se aprobó en 2024, de forma unánime, con la excepción de los racistas-fascistas de Vox.

Lo refirió, con rigor y emoción, Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, en el sobrecogedor concierto por los derechos humanos en Palestina, que él conectó, muy pertinentemente, con todos los territorios expoliados por el ultracapitalismo occidental, citando expresamente Congo y Sudán (lo podéis ver aquí a partir del minuto 03:21:47).

Política del pueblo que mejora la vida

La regularización podría haberse aprobado entonces, ¡hace dos años! Ojalá que en el Parlamento, con esos 310 votos frente a los 33 de Vox, o bien por el Gobierno. Se habría evitado mucha explotación, abusos, vejaciones y sufrimientos a los que han estado expuestos todas y todos quienes, entre nosotros, ya trabajaban (porque sin ganarse el pan estarían muertos), que estaban deseando cotizar, que gracias a la regularización, al fin van a aportarnos un beneficio fiscal de hasta 4.000 euros por inmigrante. Impuestos ya pagaban, porque cada vez que han comprado, el IVA, como a todos, se les ha cobrado.

Pero la medida también podría seguir en el cajón o no aprobarse, como ahora defienden no ya solo Vox sino ese ala radicalizada del PP liderada por Ayuso y seguida dócilmente por Feijóo, por temor a perder votos frente a la demagogia neofascista.

La organización colectiva ha conseguido que llegue el día en que más de medio millón de personas se levanten regularizadas, sin miedo, con derechos laborales... Reaccionemos frente a las administraciones donde PP y Vox están asfixiando económicamente a ONG para debilitarlas y que no promuevan avances

¿Por qué se ha aprobado ahora? Sin duda por el rol económico fundamental que las y los inmigrantes están jugando en que España esté creciendo el triple que la UE, según reflejan los datos económicos que saben gestores públicos y empresarios, del más modesto al más pujante. Pero, desde luego, por el impulso bien organizado y tenaz, mantenido sin descanso, de las personas y colectivos promotores de la regularización estos seis años.

Aplauso apasionado y gratitud eterna para todas, todos y todes. Algunas de las cuales, trabajadoras de diversas asociaciones, han tenido que dejar sus empleos o sido despedidos, me consta, por la asfixia económica que están aplicando a las entidades sociales administraciones gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, como el ayuntamiento de Sevilla , la Generalitat Valenciana o el gobierno de Aragón.

Gracias a quienes concibieron, concebisteis la iniciativa, la pusisteis en pie y la habéis mantenido viva, inasequibles al desaliento. Recabando apoyos políticos, claro que sí, como representantes de la voluntad popular en el Congreso. Es de justicia agradecer también, pues, que, en aquel en 2020, antes de la espectacular recogida de firmas de la ILP, una serie de partidos aceptaran ser cauce de la petición de regularización registrándola en el Parlamento como Proposición No de Ley (PNL): Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP...

Faro y ejemplo para más progreso

Esto es política útil. Mejora de la vida de la gente, y de la sociedad, por la que merece la pena movilizarse en las calles. Y también, llegada la jornada electoral, ir decidida a votar avances. Puedo daros testimonio directo de una amiga marroquí, a quien conocí como eficacísima y adorable gobernanta de un hotel de calidad allí, que vivía ahora muy apurada con subempleos en Alicante, y respira aliviada, llena de esperanza, ante la posibilidad de que ya puedan contratarla empresas donde aportar su talento y experiencia.

¿No reclamamos siempre política útil que mejore la vida de la gente? ¿No le exigimos a las izquierdas que acuerden, superando diferencias? Pues que el gobierno de PSOE-Sumar y Podemos impulsen juntos esta regularización reconforta y marca el camino

Y por si este logro concreto, multiplicado por el total de casos, fuera poco, la regularización conseguida tiene el mérito añadido de alzarse como faro y, en línea con la resistencia cívica en los EEUU frente a la violencia de Trump, alumbrar la senda de cómo y por dónde construir un mejor presente y futuro. ¡Bravo, gracias y adelante! ¡Así se hace!

A los 15 o 16 años, durante una charla del Domund en su colegio, Peligros Folgado, 'Peli', descubrió que ya no podría vivir de espaldas al mundo. Una misionera hablaba de Ruanda, de niños y niñas desnutridos, de enfermedad y de una pobreza tan extrema que solo permitía una comparación posible: lo que ella tenía frente a todo lo que a otros les faltaba. De aquel impacto nació una certeza que no la ha abandonado en más de cuatro décadas: tenía que hacer algo.

Entonces no existía el concepto de cooperación internacional ni el voluntariado estaba reglado. Era mediados de los años setenta. Pero Folgado entendió que formarse era el primer paso. Decidió estudiar Enfermería porque en aquellas imágenes vio, sobre todo, enfermedad. Su primer viaje a terreno no llegaría hasta 1988, a Guinea Ecuatorial. Entre medias hubo formación, voluntariado y una vocación que se iba consolidando sin ruido, pero sin pausa.

Desde 2004, Sierra Leona ocupa un lugar central en su trayectoria. Llegó poco después del fin de una guerra que durante once años destrozó el país para controlar los diamantes. No fue una guerra tribal, sino una guerra que dejó un país sin edificios, sin escuelas, sin hospitales y con una población completamente desasistida. Las clases se impartían en chozas, enfermar significaba no tener a dónde acudir y los campos estaban arrasados.

Allí conoció a niños soldados y a niñas obligadas a la esclavitud sexual, a adolescentes marcados por adicciones forzadas para poder ser manipulados. “Una guerra de once años rompe el futuro de toda una generación”, explica. La reconstrucción exigía algo más que buena voluntad, así que decidió seguir formándose y cursó un máster en Medicina Tropical y Salud Internacional en Barcelona, con la idea de colaborar con organizaciones sanitarias presentes en el país.

Mientras tanto, su compromiso en Extremadura no se detenía. Llevaba años colaborando con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Badajoz, realizando estudios de salud a los niños y niñas del programa Vacaciones en Paz y viajando a los campamentos de refugiados de Tinduf. Conoció de cerca otra realidad atravesada por el abandono y el exilio. Con el tiempo, entendió que crear estructura aquí podía ser más eficaz que irse definitivamente fuera.

Así nació Atabal. Primero como proyecto dentro de Cáritas en 1986, trabajando en el ámbito de las adicciones, una de las problemáticas más urgentes del momento. En 1993 se constituyó la Asociación Atabal y, más tarde, la Fundación Atabal, independiente pero hermanada, con dos líneas de trabajo inseparables: cooperación internacional para el desarrollo y educación para el desarrollo y la transformación social.

Hoy, la Fundación Atabal desarrolla proyectos en Sierra Leona —principalmente—, pero también en El Salvador, Nigeria, Perú o los campos de refugiados de Palabek, en Uganda. Al mismo tiempo, trabaja en Extremadura con iniciativas educativas, comunitarias y de sensibilización. Tras años de trabajo, Sierra Leona ha dejado de ser un país invisible para muchas personas que hoy saben situarlo en el mapa.

Algunos proyectos combinan ambas líneas y refuerzan su impacto. Uno de los más innovadores es El Prestao, un espacio colaborativo que funciona como una biblioteca de objetos cotidianos que se prestan, se usan y se devuelven, sin dinero de por medio, desde un taladro a una tienda de campaña. A ello se suman intercambios de ropa y trueques que fomentan un consumo responsable y comunitario. El proyecto ha tenido tal acogida que ya se está replicando en otros lugares.

También existen iniciativas que conectan directamente a jóvenes de aquí con jóvenes de allí. En un colegio de Murcia, el alumnado aprovecha los recreos —“recreos solidarios”— para elaborar objetos que luego venden y destinan a una escuela en Sierra Leona, estableciendo una relación directa entre ambos contextos. “Para querer algo hay que conocerlo”, insiste Folgado. Y cuanto antes se conozcan otras realidades, más fácil es que prenda y se aprenda la solidaridad.

En 2025 recibió el Premio Extremeño al Voluntariado Social, una sorpresa que asumió como una responsabilidad. “Me dio un altavoz”, afirma. Un altavoz para reivindicar el valor del voluntariado, que considera una vocación además de una opción. “Siempre que surge un problema social grave es la ciudadanía la que se organiza primero”. Por eso defiende que las organizaciones sociales no son competencia de la administración, sino aliadas imprescindibles.

Le gusta a la extremeña aprovechar este reconocimiento también para elogiar a ASEXTRAS, la Asociación Extremeña de Trasplantados, una entidad a la que admira profundamente y destaca el valor humano de las organizaciones de donantes. “Salvar vidas y acompañarlas atraviesa para siempre a quienes participan”. Cree que ese compromiso explica por qué el voluntariado en este ámbito nunca falta.

En su trabajo con personas vulnerables y en la prevención de adicciones, los desafíos no dejan de crecer. Las sustancias cambian, los perfiles también y las redes sociales han generado nuevos riesgos para los que muchas personas jóvenes no están preparadas. A ello se suma la pérdida de interés por la prevención y las dificultades para trabajar con entornos educativos y familiares, algo que antes era habitual. “La prevención debería ser lo primero”, subraya.

Otro obstáculo permanente es el sistema de subvenciones, cada vez más complejo y competitivo. Folgado insiste en que la administración debe entender a las entidades sociales como aliadas estratégicas y no como competidoras. “Los problemas sociales se resuelven cooperando”.

Sobre la cooperación internacional en Extremadura, recuerda con orgullo los años en que la región estuvo en primera línea y a figuras clave como Rafael Barragán o Pepe Álvarez, hoy ausentes, que defendieron con firmeza el 0,7%. Actualmente, advierte, Extremadura apenas alcanza el 0,13% y la cooperación se ha convertido en una moneda de cambio política. “Es un riesgo extremo”.

Frente a discursos excluyentes, defiende una cooperación transformadora con mirada glocal, desde lo local a lo global. Invertir en cooperación, sostiene, es invertir en personas, en convivencia y en futuro, y una herramienta para combatir el avance del odio, el racismo y la xenofobia.

El Pacto Extremeño por la Solidaridad le parece un avance necesario, aunque insiste en que ahora toca ejecutarlo con realismo y flexibilidad. Cree imprescindible repensar el voluntariado para adaptarlo a las nuevas condiciones de vida, a la movilidad y a la precariedad, especialmente entre la gente joven. “El voluntariado de ahora no puede ser como el de antes”.

A las nuevas generaciones les lanza un mensaje honesto: el voluntariado da alegrías y también frustraciones, pero no hay nada comparable a sentir que formas parte del cambio. En un mundo acelerado, invita a parar, a escuchar y a decidir qué camino quieren transitar. “Solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”, recuerda, citando un proverbio africano.

Sierra Leona

De cara a 2026, la Fundación Atabal seguirá trabajando en Sierra Leona en educación, sanidad, seguridad alimentaria y apoyo a mujeres y a la infancia más vulnerable. Continúan los proyectos de construcción de escuelas y pozos, las becas para que chicas accedan a la universidad y los programas agrícolas que empoderan a las mujeres. También el trabajo con niños y niñas de la calle y la atención a una nueva emergencia: el consumo de kush, una droga devastadora que está arrasando a la juventud.

Tras una guerra prolongada, el ébola, inundaciones mortales, la pandemia y enfermedades endémicas como la malaria o el cólera, Sierra Leona sigue necesitando acompañamiento. Por eso la Fundación Atabal lleva más de veinte años allí. Y por eso, también, sigue trabajando aquí.

Para Peligros Folgado, el voluntariado no es una tarea ni un paréntesis en la vida, sino una forma de habitarla. No se mide en premios ni en cifras, sino en vínculos, en acompañamientos silenciosos y en la convicción de que ninguna injusticia es ajena cuando se mira de frente. Después de más de cuarenta años, sigue creyendo que implicarse es una responsabilidad colectiva y que transformar el mundo empieza por no aceptar como normal aquello que duele. Quizá por eso su trayectoria no habla solo de países, proyectos o décadas, sino de algo más profundo: la certeza de que cuidar también es una manera de vivir.

Todo empieza con un hilo. Una hebra que germina en las aldeas de Aracena (Huelva) y a la que se van sumando otras, hasta formar una urdimbre capaz de acercar realidades distintas y de tejer redes que sostienen la vida. De esos hilos están hechas las Terezinhas, muñecas que están “dando vida a otros niños” en Malanje, una de las provincias más afectadas por la desnutrición infantil en Angola.

Las manos que tejen este proyecto son las de La Urdimbre, una asociación nacida para visibilizar las redes de apoyo que crean las mujeres en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche frente al abandono que sufre el medio rural. Desde ese mismo lugar —el de la sororidad, lo comunitario y lo invisible— surge el proyecto de las Terezinhas, una iniciativa que busca recaudar fondos para financiar el programa de Atención a la Desnutrición Infantil de la ONGD Mundo Orenda.

“Nosotras desde aquí con nuestra urdimbre podemos hacer cosas que, desgraciadamente, otras mujeres no pueden hacer en sus países por el contexto socioeconómico en el que viven, por eso nos propusimos ampliar ese tejido asociativo de un continente a otro, lanzar hilos a otras comunidades”, explican Alba Soriano y Carmen López, fundadoras de la asociación que ha creado estas muñecas de croché y, con ellas, una trama solidaria que ha ido creciendo más allá de la Andalucía rural.

Una casualidad convertida en causa

La idea surgió casi por “casualidad”. Alba y Carmen compraron una muñeca para un regalo y le propusieron a una de las mujeres de la aldea que cosiera para ella un conjunto de croché. “Cuando la vimos terminada, vestida con una ropa preciosa, supimos que había que hacer algo con ella”, recuerda Alba, que entonces se preparaba para participar en el programa de voluntariado que Mundo Orenda organiza durante el verano.

Esta voluntaria tenía la intención de recaudar fondos para algunos de los proyectos de la ONGD sevillana y Rebeca Herrera, la directora de la organización, le habló del programa de desnutridos: “Un proyecto de asistencia humanitaria, de vida o muerte, que requiere muchos recursos”. Fue en ese momento cuando las chicas de La Urdimbre decidieron que, “si vendíamos la muñeca, con el importe íntegro de la venta podríamos apoyar el proyecto contra la desnutrición infantil de Mundo Orenda”.

Y así nació la primera Terezinha, bautizada con el nombre de una de las primeras niñas que formaron parte del programa que la organización sevillana desarrolla en el centro médico de Quessua, en Malanje. Su sonrisa incluso en los momentos más difíciles, su fortaleza y sus ganas de vivir pese a las duras condiciones impulsaron a las chicas de La Urdimbre a crear este proyecto completamente altruista. A partir de ahí, se marcaron el reto de vender 100 muñecas antes de que Alba viajara a terreno y llevara personalmente los beneficios recaudados, convertidos en alimentos y medicinas.

“Para nosotros es una muñeca, pero para ellos es un mes completo de tratamiento contra la desnutrición”, explican las fundadoras de La Urdimbre. Cada pieza tiene un precio simbólico de 25 euros que equivale a un pack compuesto de huevos, harina, azúcar, aceite, jabón y algún medicamento para niños y niñas con desnutrición severa. Las Terezinhas se han convertido así en “un símbolo de la ayuda, de la humanidad, de la empatía” y también en una forma de “unir dos mundos y unir conciencias”, expandiendo ese mismo tejido de apoyo que se despliega entre las mujeres de las aldeas de Aracena.

Un hilo sostenido por muchas manos

A la primera muñeca le siguieron otras cien. Lanzaron el reto en mayo y, cuando Alba partió hacia Angola a primeros de julio, habían entregado 103 muñecas y tenían otras 100 apuntadas en lista de espera. “Tuvimos que parar porque no dábamos abasto: teníamos materia prima, pero faltaban manos para tejer, y eso no se puede comprar, es algo voluntario”, señala Carmen desde Aracena.

A su regreso de Angola, Alba se encontró con que se habían sumado más mujeres de otros pueblos dispuestas a tejer. “Quisimos que fueran de croché o de punto como símbolo de la urdimbre que une a las mujeres en el medio rural y también para poner en valor el esfuerzo de todas ellas, materializado en una muñeca que se convierte en alimento para niños que lo necesitan”, resume Alba, emocionada al “ver en lo que se traduce todo ese trabajo”.

Con el paso de los meses, este tejido colectivo se ha ido ampliando por las provincias de Huelva y Sevilla. Cada viernes, una veintena de ellas —de todas las edades— se reúnen en Aracena para coser, vestir muñecas o empaquetarlas. Un encuentro semanal en el que el hilo circula de mano en mano y hace crecer el proyecto.

El otro extremo de ese hilo lo sujeta la doctora Cleyvy, la responsable al frente del Proyecto de Atención Integral a la Desnutrición en el Centro Médico de Quessua. Desde allí, vive en primera persona el impacto de esta urdimbre que cruza continentes. “Nuestra labor se centra en que se den la mano personas con ganas de ayudar y personas con mucha necesidad de ser ayudadas y, entre medio, estamos nosotras, intentando atar hilos, ideas y acercar realidades muy diferentes, pero con el amor y la humanidad como denominador común”, explica la doctora.

Para Cleyvy, el acompañamiento va más allá del tratamiento médico. “Coger a esas madres de la mano, mirarlas a los ojos y decirles: Estamos juntas, porque ellas también necesitan de nosotras, de esta urdimbre que comenzamos a tejer y que hoy no solo da vida a sus hijos, también les da aliento y fuerza para seguir”. Una semilla sembrada desde lo rural que ha encontrado tierra fértil al otro lado del mundo. “Angola necesita de esta urdimbre”, concluye la doctora desde el centro médico de Quessua.

Un trabajo invisible que alimenta

Desde que arrancó la iniciativa se han vendido más de 700 muñecas. Y el proyecto de La Urdimbre sigue hoy a pleno rendimiento: cada viernes, mujeres y niñas se reúnen para preparar los encargos que continúan llegando desde toda España, e incluso desde más allá de sus fronteras. Desde el corazón de la Andalucía rural, cada Terezinha se prepara con mimo y dedicación, sabiendo que es mucho más que un regalo que alguien recibirá con ilusión en su casa.

Cada muñeca representa, de forma simbólica, a todos esos niños y niñas que, como Terezinha, luchan cada día contra la desnutrición en una de las provincias de Angola más golpeadas por la pobreza, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios básicos. Cada muñeca vendida “es una muestra del poder que tiene la solidaridad para transformar vidas y de las oportunidades que, gracias al apoyo de tantas personas, estos pequeños y pequeñas tendrán para seguir creciendo”, señalan desde Mundo Orenda, agradecidos por la iniciativa que ha impulsado La Urdimbre.

Además, las Terezinhas son la prueba de que los saberes ancestrales de las mujeres del medio rural pueden convertirse en ayuda humanitaria directa para personas en situación de extrema vulnerabilidad. Un proyecto que transforma el trabajo invisible de la mujer —ese que se aprende en casa y se transmite de generación en generación— en una respuesta urgente frente a la desnutrición infantil.

La Urdimbre está convencida de que tanto aquí como allí, en contextos muy distintos, pero atravesados por las mismas desigualdades, son las mujeres quienes sostienen la vida: las que tejen en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y las que cuidan y resisten en Malanje. Unidas por un hilo que atraviesa kilómetros, culturas y realidades, con un mismo propósito. Las Terezinhas son, en definitiva, mucho más que una muñeca: “son un símbolo de vida, esperanza y futuro”.

Una de las primeras medidas de la presidencia de Donald Trump fue anunciar despidos y recortes en la agencia del Gobierno de Estados Unidos que gestiona la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y al desarrollo en países de todo el mundo (USAID). La medida, anunciada poco después de su llegada a la Casa Blanca, causó conmoción en todo el mundo. Muchas clínicas de salud cerraron inmediatamente, dejando a millones de personas sin acceso a medicamentos e instalaciones de importancia vital, con consecuencias potencialmente mortales, especialmente para los pacientes con VIH, niños y adolescentes, y mujeres.

Para muchos, la posterior supresión del 83% de los programas de USAID pareció puro nihilismo, orquestado por ideólogos que querían acabar con la agencia. Pero tras esta destrucción había una visión a largo plazo, según alertan los expertos. El desmantelamiento de USAID ha allanado el camino para la siguiente fase de un plan para transformar el panorama mundial de la salud, según afirman los defensores de la justicia reproductiva.

“Los primeros nueve meses [de la presidencia de DonaldTrump] se deben interpretar como la primera ronda”, afirmó Beth Schlachter, directora de relaciones exteriores de Estados Unidos en MSI Reproductive Choices -una organización internacional de salud que defiende y presta servicios de salud sexual y reproductiva- ante los delegados de la reciente Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar (ICFP) celebrada en Bogotá, (Colombia). “Ahora que han desmantelado el sistema de ayuda exterior estadounidense, el siguiente paso es reconstruirlo y ocupar ese vacío”, añadió.

La clave para “llenar este vacío” son los nuevos acuerdos bilaterales de ayuda que Estados Unidos está negociando con los gobiernos. Según Schlachter, es casi seguro que estos acuerdos incluirán condiciones que dificultarán a las organizaciones la prestación de servicios de planificación familiar. Schlachter no es la única experta que advierte a los gobiernos y a las ONG que estén muy alerta ante los intentos de Estados Unidos y de las organizaciones cristianas ultraconservadoras de socavar los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

The Guardian ha hablado con líderes de organizaciones de justicia reproductiva sobre lo que se avecina, para entender el efecto que estos planes podrían tener en las mujeres y las niñas de todo el mundo.

El plan antiabortista 'Protego'

En octubre, el Instituto para la Salud de la Mujer (IWH) de Washington DC (un think tank conservador que promueve una agenda contraria al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la política internacional) celebró el quinto aniversario de la Declaración de Consenso de Ginebra (GCD). Se trata de un manifiesto firmado en 2020, durante la primera administración Trump, que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los Estados de financiar o facilitar el aborto”.

La declaración fue inmediatamente condenada por los gobiernos más progresistas y las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha señalado que la GCD pone en peligro vidas, va en contra de los derechos humanos y de décadas de investigación en materia de salud.

Durante el evento, Hungría, uno de los países que ha impulsado la GCD desde sus inicios, dio la bienvenida a Guinea como último signatario. Con este país africano, el número total de Estados firmantes asciende a 40, la mitad de ellos en África. Valerie Huber, presidenta del Instituto para la Salud de la Mujer y artífice del GCD, afirmó que el objetivo es llegar a 80 países en los próximos tres años. Su objetivo es crear “una fuerza invencible para la salud de las mujeres, las familias fuertes y la soberanía nacional que ninguna presión internacional pueda quebrantar”, según sus palabras.

Huber lidera los esfuerzos para convertir las bases de la GCD en políticas activas de los países socios a través de su proyecto Protego, una estrategia que ha alarmado a muchos expertos y activistas. “Cualquier política basada en la GCD tiene un impacto catastrófico para la autonomía corporal y los derechos reproductivos. Todos deberíamos estar preocupados y atentos a las acciones que se están impulsando desde Estados Unidos”, alerta Jamie Vernaelde, investigador principal de la ONG de justicia reproductiva Ipas.

En declaraciones a The Guardian, Huber rechaza la idea de que la GCD represente una amenaza para la salud de las mujeres. “Los objetivos reales declarados de la GCD incluyen la reducción de la mortalidad materna, la mejora de los resultados de salud a lo largo de toda la vida y la promoción de la cobertura sanitaria para todos. Las afirmaciones de que 'pone en peligro vidas' contradicen el propio documento”, defiende la líder del grupo antiabortista.

Los objetivos del proyecto Protego se describen en una guía de 62 páginas titulada 'Marco para la salud óptima de las mujeres'. Vernaelde señala que el documento contiene “un lenguaje que reivindica el valor de las mujeres y las niñas”, pero con “pocas recomendaciones específicas”. La estrategia, añade, va en contra de las políticas de salud pública basadas en la ciencia y “apenas menciona ningún método anticonceptivo moderno, excluyendo a las comunidades marginadas, como las personas con VIH, las personas que consumen drogas, las trabajadoras sexuales y las minorías sexuales y de género”. El investigador añade que, además, “no se hace ninguna mención al acceso de los adolescentes a una educación sexual integral; se da prioridad a los derechos de los padres sobre los derechos de los niños”.

“Está tratando de suplantar los marcos [de derechos humanos] existentes”, lamenta. En este sentido, Huber ha negado que no se concreten los detalles y que el proyecto intentara sustituir el consenso existente en materia de derechos humanos. “El marco contiene más de 1.000 citas y proporciona información exhaustiva y basada en pruebas... y ofrece a los países alternativas basadas en la investigación que se ajustan a sus valores culturales y su soberanía”, afirma.

El marco no menciona el aborto, salvo para decir que no es una forma de anticoncepción, pero asegura que es “coherente con los pilares fundamentales de la GCD”. Huber ha hablado públicamente sobre el potencial del proyecto para apoyar a los países en su defensa contra los donantes que, según ella, tratan de imponer a los países una “ideología” progresista, como el acceso al aborto seguro y legal.

Según Huber, el enfoque del IWH “se centra en reducir las circunstancias que llevan a las mujeres a considerar el aborto mediante sistemas de apoyo sólidos, una atención sanitaria de calidad y la educación. Este enfoque favorable a las mujeres aborda las causas fundamentales”. Huber aboga por una educación basada en la abstinencia en lugar de una educación sexual integral (ESI), el proceso respaldado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud que consiste en enseñar información adecuada a la edad sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva

Las investigaciones sobre el impacto de la educación sexual integral muestran que dota a los jóvenes de los conocimientos y habilidades necesarios para mantenerse seguros, mantener relaciones saludables, asumir menos riesgos y comprender la equidad y los derechos de género.

Proyecto piloto en Guatemala

En octubre de 2023 se puso en marcha un proyecto piloto de Protego en Guatemala, que tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes de América Latina y fue designada “capital provida de América Latina” por el expresidente Alejandro Giammattei.

Una de las primeras iniciativas de Protego en el país centroamericano ha sido una “guía de comunicación entre padres e hijos” impulsada por Huber y el entonces ministro de Educación guatemalteco. En este documento se ofrecen consejos sobre cómo abordar temas delicados, incluyendo consejos sobre las relaciones sexuales. En ella se hace hincapié en los derechos de los padres, lo que parece alimentar el pánico moral de la derecha ante la idea de que los padres están perdiendo el control sobre sus hijos.

Los esfuerzos por introducir la educación sexual en las escuelas de Guatemala ya se enfrentaban a numerosas barreras. La guía para padres de Protego socavará aún más esos esfuerzos, al situar el control parental por encima de los derechos de los niños.

Ahora, la atención de Protego se centra en África. Uganda, uno de los primeros patrocinadores del GCD, ha sido uno de los primeros países en adoptar Protego. Su primera dama y ministra de Educación, Janet Museveni, se sumó a este proyecto en febrero de 2024. Al igual que en Guatemala, una de las primeras iniciativas fue un plan de estudios escolar que servirá como alternativa a la ESI y que, según se informa, se ha entregado a Huber para su revisión. Burundi dio su apoyo en octubre de 2025. Vernaelde señala que “este proyecto está ganando terreno”.

“El hecho de que algunas organizaciones se opongan a nuestro enfoque refleja diferencias ideológicas y quizás incomodidad con nuestro rechazo al colonialismo ideológico, no deficiencias en nuestros marcos o enfoque”, señala Huber.

Rahom Maria Bukirwa, directora de programas de la Women's Probono Initiative (WPI), una organización ugandesa de asistencia legal centrada en los derechos de la mujer, alerta los peligros que esconde 'Protego'. Según advierte, este proyecto es solo el último avance de un ataque múltiple por parte de grupos religiosos conservadores. “Como mujer, he experimentado el patriarcado a nivel familiar —soy la primogénita y tengo un hermano menor— y ha estado presente constantemente. Pero al estar en este sector [de organizaciones que promueven derechos], veo cómo se desarrolla a mayor escala”.

Para Bujirwa, los discursos en torno al matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo —estrictamente prohibidos en el país—, los valores familiares, la soberanía nacional y las críticas a la educación sexual integral están influyendo en las leyes, las políticas y las actitudes sociales.

Según señala, ste impacto se debe en parte al acceso directo que tienen estos grupos ultracatólicos a los legisladores, mientras que las ONG como WPI suelen quedar excluidas de los debates. “En el Gobierno, las alianzas se construyen en torno al dinero. La ventaja que tienen los grupos contrarios a los derechos es que cuentan con una red de financiación flexible. Nosotras [las ONG que trabajamos desde un enfoque de derechos] operamos en un entorno de financiación muy restrictivo, lo que dificulta acceder a esos espacios”, añade Bukirwa.

Más riesgo para las mujeres

Tras suspender abruptamente la financiación de USAID en enero, el Gobierno de Estados Unidos está negociando nuevos paquetes de ayuda con gobiernos de todo el mundo. El plan, recogido en la estrategia sanitaria global 'America First', pasa por firmar acuerdos bilaterales con 71 países que, según Washington, serán autosuficientes en unos años. El objetivo principal es la lucha contra el VIH y la prevención y el tratamiento de la malaria, la tuberculosis y la poliomielitis. El borrador del memorando de entendimiento prácticamente no hace mención alguna a la salud sexual y reproductiva.

“Sabemos que la planificación familiar no será una prioridad; el aborto quedará fuera del debate y se pondrá el acento en la abstinencia”, afirma Nelly Munyasia, directora ejecutiva de la organización keniata Reproductive Health Network Kenya.

Kenia dependía en gran medida de USAID para los programas de planificación familiar. La pérdida de esa financiación ha provocado una grave escasez de anticonceptivos. Las estanterías están vacías y las mujeres que acuden a renovar medicamentos o métodos anticonceptivos se encuentran con una puerta cerrada. Sin nuevos fondos, la escasez continuará.

Pero la preocupación no solo se centra en los recortes de la financiación para la salud sexual y reproductiva. También se teme que los acuerdos bilaterales vengan acompañados de condiciones que obliguen a los gobiernos a alinearse con los valores de la Administración estadounidense. “Muchos gobiernos están entusiasmados con la llegada de la financiación estadounidense”, afirma Schlachter. «[Pero] Estados Unidos no da nada sin nada a cambio, [y] no sabemos hasta qué punto llegará la administración Trump a la hora de pedir una contrapartida por la inversión. Es como un caballo de Troya“, añade.

Es probable que estas condiciones se ajusten a la ampliación de la denominada “ley mordaza global”, una política de Estados Unidos que condiciona la ayuda sanitaria internacional a que las organizaciones receptoras renuncien a ofrecer, promover o incluso informar sobre el aborto, aunque lo hagan con fondos propios y sea legal en su país. Cuando la medida entre en vigor a principios de 2026, incluirá por primera vez en su articulado que cualquier receptor de fondos sanitarios estadounidenses debe certificar que ni él ni ninguna otra ONG con la que trabaje promueve o practica el aborto.

A Munyaisa le preocupa que, si la ayuda sanitaria estadounidense pasa a estar condicionada a la ley mordaza global, grupos como el suyo, el mayor proveedor de servicios de planificación familiar del país, corran peligro. Estados Unidos ha declarado que solo canalizará fondos a través de grupos religiosos, y no de ONG, a las que acusa de malgastar el dinero. “Veremos un mayor control sobre las organizaciones que trabajan en torno al aborto y los anticonceptivos para adolescentes”, afirma Munyaisa. “Va a ser terrible; ya es terrible”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”, alerta.

Schlachter se hace eco de los temores de Munyasia. “Los acuerdos bilaterales son la siguiente etapa que limitará aún más el acceso a los servicios [de planificación familiar]. Si los programas se reducen, habrá más embarazos, más abortos inseguros, más mujeres que mueren... Es una continuación de esa fase de destrucción, con más destrucción”, lamenta.

Algunos países, más recientemente Zambia, Zimbabue y la República Democrática del Congo, están aumentando sus propios presupuestos de planificación familiar. Kenia no se encuentra entre ellos. Munyasia cree que esto sitúa a Kenia en una posición especialmente vulnerable. “Los países que ya han encontrado formas de mitigar la situación pueden negociar [con Estados Unidos], tienen la sartén por el mango. Analizarán el memorando de entendimiento y dirán sí a esto y no a aquello. Pero países como Kenia, mi querido país, están a cero [en cuanto a financiación nacional para la planificación familiar]”, señala.

La fase de “diseño”

“Destrucción, consolidación y diseño”, resume Neil Datta, director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, para explicar el modus operandi de la Administración Trump. Si el cierre de USAID es la destrucción y los nuevos acuerdos bilaterales son la consolidación, la fase de “diseño” dará lugar a un nuevo sistema de servicios que ofrecen alternativas a los centros de salud sexual y reproductiva establecidos.

Entre los ejemplos que ya existen se encuentran los centros de crisis para embarazadas, que tratan de disuadir a las mujeres y adolescentes de acceder a los servicios de aborto; los programas educativos basados en la abstinencia, en lugar de una educación sexual integral; y las llamadas clínicas de planificación familiar “natural”, como sustituto de los métodos anticonceptivos modernos.

La mayoría de estos servicios están financiados por gobiernos u ONG gestionadas por iglesias o entidades religiosas que prestan servicios sociales o humanitarios desde una perspectiva confesional, pero no siempre es así. La Unión Europea retiró recientemente la financiación a tres proyectos de World Youth Alliance (WYA), una organización internacional conservadora que promueve una agenda contraria a los derechos sexuales y reproductivos, tras concluir que no se ajustaban a los valores de la UE y presentaban un enfoque parcial o sesgado sobre estos derechos. WYA niega las acusaciones. Uno de los principales servicios que impulsa la alianza es Femm, una aplicación de salud y fertilidad financiada por activistas católicos contrarios al aborto.

Otro de los programas impulsados es Teen Star, un currículo educativo centrado en la fertilidad “natural” que se imparte ya en una treintena de países. “Estos servicios contrarios al enfoque de género no solo se presentan como una alternativa, sino que suponen riesgos reales para la salud”, advierte Datta.

Si antes los servicios contrarios al enfoque de género se consideraban simplemente “molestos” o “peculiares”, hoy en día están ganando apoyo político.

Según un informe elaborado por Datta, entre 2019 y 2023 este “marco alternativo” canalizó en Europa alrededor de 121 millones de euros en financiación, repartidos entre 80 organizaciones. La renovación de la ayuda estadounidense, la ampliación de la ley mordaza global y el apoyo a proyectos como Protego significan que existe un “marco financiero y legal potencial listo para impulsar los servicios contrarios al enfoque de género en todo el mundo. [Esto es] para lo que debemos estar preparados en los próximos meses”, afirma Datta.

La Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha y el Grupo ONGD Toledo denuncian “recortes” en el presupuesto de cooperación al desarrollo por el Ayuntamiento de Toledo. Explican que estos “recortes continuados” contradicen las palabras del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien “manifestó en una reunión reciente con las ONGD su voluntad de mantener el compromiso de la ciudad con la solidaridad con los pueblos más desfavorecidos”.

Exponen que el mundo actual “se enfrenta a una serie de desafíos sin precedentes: pobreza, desigualdades, crisis humanitarias, guerras, militarización global, crisis climática o auge de discursos de odio” y ante ese panorama creen “firmemente que le Desarrollo Humano Sostenible es la única vía posible para construir un futuro más justo, equitativo y sostenible”.

La cooperación al desarrollo es “un instrumento fundamental para lograrlo”. Por ello, están convencidos de “la necesidad de reforzar el sistema de cooperación en nuestro municipio, ya que las políticas de cooperación contribuyen, de manera decisiva, a un mundo más justo y solidario, a la paz y a la garantía de los derechos humanos”.

Desde ambos colectivos señalan que la premisa de 'no dejar a nadie atrás' implica “la necesidad de actuar y cumplir los compromisos internacionales para superar el estado de emergencia global en el que nos encontramos en el mundo”. Exponen que “la cooperación descentralizada, es decir, aquella que se hace desde instancias locales y regionales, es un reflejo de la demanda de una ciudadanía que históricamente ha reclamado el compromiso de sus instituciones con el desarrollo de los pueblos empobrecidos”.

El presupuesto ha disminuido un 54% en 3 años

Denuncian que en los últimos tres años han sufrido “un recorte progresivo del presupuesto destinado a proyectos de cooperación para el desarrollo, que ha pasado de 260.000 euros en 2023 a 141.000 euros en 2025”. Además, en la actualidad “se anuncia un recorte adicional de 20.000 euros en el presupuesto de 2026, lo que supone una disminución del 54% de los fondos respecto al inicio de la legislatura”.

El Grupo de ONGD de Toledo manifiesta el desacuerdo con los recortes en la cooperación y demanda a los grupos políticos del Ayuntamiento de Toledo que voten contra esta medida y se comprometan con la solidaridad.

“Nos preocupa el recorte, nos preocupa la tendencia y nos preocupan los argumentos que se dan para justificarlo. La lucha contra la pobreza debe ser global nos compromete a todos. Por tanto, estaremos encantados y encantadas de poderos atender para hacer llegar a la ciudadanía nuestro firme compromiso con la solidaridad hacia aquellas personas que más lo necesitan”, concluyen.

El Ayuntamiento defiende que destine el dinero a otras partidas

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juanjo Alcalde, ha defendido el recorte en los fondos destinados a Cooperación afirmando que “no se quitan ayudas sociales a nadie”.

Así, ha asegurado que los 20.000 euros no se recortan a Servicios Sociales, sino que que se destinan a otros fines. “Ese dinero que se quita de ayuda a la cooperación se queda en Servicios Sociales. Son 10.000 euros para emergencias sociales, 5.000 para el Banco de Alimentos y otros 5.000 euros a Cáritas”, ha explicado el portavoz.

No se quitan ayudas sociales a nadie.

El sistema humanitario internacional pasa por una crisis profunda: al mismo tiempo que registra la mayor caída financiera de su historia, los actores humanitarios son deslegitimados e, incluso, atacados directamente en el marco de los conflictos armados, en los que ya no rigen las normas básicas humanitarias.

Esta es la dramática conclusión del informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF) titulado “La acción humanitaria en 2024-2025: un sistema en crisis, entre recortes, búsqueda de legitimidad y necesidad de reformas urgentes”, presentado este miércoles en Madrid. 

El año pasado cerró con la mayor caída de financiación jamás documentada, fruto de los recortes de muchos de los principales donantes. La financiación humanitaria fue de 46.100 millones de dólares en 2024, un 10% menos que el año anterior, y se prevé que siga reduciéndose en 2025, entre un 34% y un 45% respecto a 2023. Además, a 1 de octubre de 2025, solo se ha cubierto un 21,1% de las necesidades de la ONU (9.560 millones de dólares de los 45.340 requeridos), lo que evidencia la fragilidad del actual esquema de financiación humanitaria. 

La reducción de los fondos destinados a la acción humanitaria coincide con un aumento en el gasto en defensa y la política exterior agresiva de varios dirigentes mundiales, encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025 ha habido importantes recortes de la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo USAid.

Sin embargo, el informe destaca que ni Trump ni USAid son casos excepcionales, porque “numerosos donantes ya habían comenzado a marcar una tendencia de recortes en la financiación que, lejos de ser coyuntural, parece consolidarse con el paso de los años”. 

Más dinero para Palestina, menos para Ucrania

En el periodo analizado, Palestina se convirtió en el mayor receptor de fondos con un total de 2.900 millones de dólares (un 51% más que en 2023), mientras que Ucrania recibió alrededor del 25% menos de financiación y Siria, menos de la mitad que en 2023.

El informe señala que esta situación ha provocado “la reducción de la financiación directa a actores locales y de los programas de transferencias monetarias”; además, “los recortes anunciados han generado incertidumbre”, especialmente en el caso de EEUU, ya que la información sobre la ayuda exterior no es de dominio público, agrega el informe. 

Los recortes recientes están teniendo graves repercusiones en el acceso a servicios médicos vitales, especialmente en países en conflicto o muy pobres, como Somalia, donde han forzado el cierre de decenas de estructuras de salud, disparando las muertes por desnutrición infantil. Las reducciones han afectado no sólo a los programas de nutrición, sino a la prevención y tratamiento de la malaria, a la lucha contra el VIH y la tuberculosis, y los servicios de salud sexual y reproductiva. La lucha contra la malaria —que en 2023 causó cerca de 600.000 muertes— se ha visto especialmente comprometida en regiones como el Sahel, destaca el informe. 

La directora general de MSF España, Raquel Ayora, alerta en el texto de que “esta crisis no solo refleja limitaciones financieras, sino también un viraje político que desatiende principios humanitarios básicos como humanidad e imparcialidad. La situación actual amenaza con consolidar un enfoque transaccional de la ayuda, en el que millones de personas quedarán excluidas del acceso a servicios de salud esenciales”.

Ataques directos contra actores humanitarios 

El informe denuncia que “los ataques contra misiones médicas y humanitarias se han convertido en la nueva normalidad en los contextos de conflictos armados”, en los que la violencia contra hospitales, personal y transportes médicos no cesa y, en la mayor parte de los casos, “con altos niveles de impunidad”.

En Gaza, los ataques sistemáticos contra los hospitales y clínicas –principalmente por parte del ejército israelí– han devastado el sistema sanitario. Esto también evidencia otra tendencia detectada por los autores del informe: los actores estatales son los principales perpetradores de los ataques. 

Mientras, en Sudán, el personal humanitario es blanco directo de ataques, con secuestros y saqueos frecuentes. El informe señala que “el creciente número de trabajadores humanitarios y médicos muertos en conflictos armados exige medidas urgentes para poner fin a la impunidad y prevenir su recurrencia”. Además, subraya que el personal que sufre la mayor parte de los ataques y asume más riesgos es el personal local, entre otras razones porque los recortes de la financiación llevan a la reducción de la presencia de organizaciones internacionales en las zonas de conflicto.

“El personal contratado localmente paga, cada vez más, las consecuencias. También lo hace en cuanto parte de la comunidad, a la que el derecho y la moral internacionales parece proteger cada vez menos”, lamenta el informe.

En este contexto, la directora general de MSF España concluye que “sin voluntad política y un compromiso genuino, los civiles y el personal médico-humanitario seguirán sufriendo las consecuencias de este desprecio por las normas humanitarias básicas”.

La ayuda española al desarrollo, lejos del objetivo

El informe del IECAH y MSF también analiza la contribución de España al sistema humanitario internacional. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española creció un 11,87 % en 2024, superando los 4.000 millones de euros, pero los fondos destinados a la acción humanitaria descendieron un 18,5%, situándose en poco más de 174 millones (4,3 % de la AOD total). 

Si bien la AOD neta ha experimentado un incremento en términos absolutos, su peso respecto a la renta nacional bruta es reducido y se sitúa lejos del compromiso de llegar al 0,7% como los años previos.

La acción humanitaria de la Administración pública central española experimentó una reducción significativa respecto al año anterior, pasando de 171,29 millones en 2023 a 130,31 millones de euros en 2024, un descenso del 23,92%.

La mayoría de la ayuda al desarrollo española fue destinada a Oriente Medio, África subsahariana y América Latina, con Palestina, Níger, Mali y Venezuela como principales destinatarios de la ayuda.

La inversión de Cantabria en cooperación internacional se ha estancado y, desde 2024, presenta incluso una ligera caída. Así lo recoge el Informe 2025 de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones para el Desarrollo, analizado en la comunidad por la Coordinadora Cántabra de ONGD. El documento confirma que la llegada del Partido Popular al Gobierno autonómico supuso un retroceso en el presupuesto destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), rompiendo una tendencia al alza mantenida durante cinco años consecutivos.

Entre 2018 y 2023, Cantabria incrementó de forma sostenida su inversión en cooperación, alcanzando en 2023 los 4,5 millones de euros y un 0,13% del presupuesto total, su mejor registro reciente. Sin embargo, los primeros presupuestos autonómicos elaborados por el nuevo Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) en 2024 supusieron un recorte significativo: la cuantía se redujo a 3,94 millones. En 2025, lejos de recuperarse, volvió a caer ligeramente hasta los 3,91 millones, un 0,77% menos respecto al año anterior.

En términos porcentuales, Cantabria se sitúa este año en el 0,10% de su presupuesto, una cifra prácticamente idéntica a la de 2018 (0,09%) y muy por debajo del compromiso internacional del 0,7%, recogido en la Ley estatal de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. La comunidad también queda por debajo de la media autonómica del 0,12%, situada igualmente lejos del objetivo global.

Cantabria, en la mitad baja del ranking autonómico

En este sentido, Cantabria ocupa la décima posición entre las comunidades autónomas, por detrás de territorios como Euskadi (0,35%), Navarra (0,31%) o La Rioja (0,26%), aunque supera a Galicia (0,06%), Castilla y León (0,07%), Canarias y Andalucía (0,04%), Castilla-La Mancha (0,03%), Aragón y Madrid (0,02%) y Murcia (0,01%).

Traducido a euros por habitante, Cantabria destina 6,59 euros por persona, una cifra por debajo de la media nacional, situada en 8,50 euros. Las comunidades que más aportan son Navarra (29,62) y Euskadi (26,26). Seguidamente, están La Rioja (16,62), Comunitat Valenciana (13,31) y Catalunya (11,77). En la cara opuesta están Comunidad de Madrid (0,68), Región de Murcia (0,68), Castilla-La Mancha (1,87) y Andalucía (2,17).

En un contexto marcado por crisis humanitarias, conflictos y emergencias climáticas, el informe alerta de que el conjunto de las comunidades ha detenido su avance.

“Resulta desolador comprobar cómo desde 2018 el porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo se mantiene en valores similares al actual 0,12%. Si consideramos la inflación de los últimos años, podemos afirmar que la ayuda en términos reales por parte de las comunidades se encuentra estancada desde hace casi una década”, ha lamentado Carles Xavier López, vocal de cooperación descentralizada de la Coordinadora, durante la presentación del informe en Andalucía.

La política de cooperación del Gobierno cántabro se enmarca dentro del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo. Este año se ha presentado el Plan Bienal de Cooperación al Desarrollo 2025-2026, donde se establecen unos mecanismos y criterios básicos para la ejecución y evaluación del Plan Director.

Sin embargo, según señala la Coordinadora Cántabra de ONGD, en este no se establecen unos objetivos presupuestarios concretos, que sí se fijan en el Plan Director, que se sitúa el objetivo del 0,7% para 2030.

El informe también pone el foco en las administraciones locales. En el caso de Cantabria, destaca el Ayuntamiento de Santander, que destina el 0,14% de su presupuesto a cooperación -357.000 euros en 2024-, situándose por encima de la propia comunidad autónoma.

Finalmente, desde la Red de Coordinadoras Autonómicas, su portavoz, Irene Molero, ha hecho un llamamiento a las instituciones autonómicas y locales para revertir el estancamiento: “Es necesario tomar ejemplo de aquellos gobiernos locales y autonómicos que realizan mayores esfuerzos y en materia de cooperación, y de forma conjunta, dar un paso adelante en un momento crucial para el planeta, debido a la intensificación de los conflictos y el retroceso que han protagonizado donantes históricos”.

“Las políticas de cooperación son catalizadoras de la paz, el cuidado de las personas y el planeta, y la defensa de los derechos humanos”, ha concluido.

En siete años el dinero que la Junta de Andalucía destina a la cooperación para el desarrollo se ha reducido a menos de la mitad. Hoy es apenas un 40% de lo que era en 2018, año en el que la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo empezó a elaborar su informe anual, que coincide con en el que Juan Manuel Moreno y el PP tomaron las riendas de la comunidad autónoma tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas. Con todo, la caída no se detiene, y el proyecto de Presupuestos andaluces para 2026 congela esta partida, lo que en realidad supone una rebaja de su peso relativo, puesto que se trata de unos Presupuestos expansivos que crecen un 5,6%. De los Presupuestos de 2024 a los de 2025 el descenso fue del 13,54%, el más acentuado en todo el país.

“Un año más, y ya van siete, el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía sigue maltratando la política pública de cooperación internacional”, señala la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD), que subraya que desde hace cuatro años el PP gobierna con mayoría absoluta, por lo que achaca los recortes a “su propia idea de la relevancia que debe tener” la cooperación para el desarrollo. “Estamos hablando de un desmantelamiento”, lamenta Patricia Sánchez, presidenta de la CAONGD, que este viernes ha presentado en Sevilla el informe anual que compara la evolución de los 17 presupuestos autonómicos.

Tras conversar con Juan Manuel Moreno durante la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Sevilla, la Coordinadora solicitó formalmente una entrevista con el Presidente de la Junta de Andalucía para “abordar el futuro de la cooperación internacional autonómica”, pero aún no ha recibido respuesta. La Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo estaba invitada a la presentación del informe, pero no ha acudido. La Consejería de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad, donde residen las competencias de esta materia desde el año pasado, no ha respondido a las preguntas remitidas por este medio.

Ocho de cada diez euros recortados desde 2009

Los descensos sostenidos en las partidas que Andalucía destina a la cooperación consolidan una tendencia decreciente que viene ya desde la última década de gobiernos socialistas. Desde su punto álgido en 2009, Andalucía ha pasado de destinar casi 100 millones de euros (99,3) a 18,9. De cada diez euros destinados a cooperación en 2009 apenas mantiene dos, un agujero del 90% en 16 años, que en los últimos ejercicios se ha agrandado.

En términos absolutos, 2025 fue el año con mayor presupuesto autonómico destinado a cooperación: 334 millones de euros entre las 17 comunidades autónomas españolas, frente a los 325 de 2024. En siete años han pasado de destinar 203,9 millones a 334. Casi todas aumentaron la partida de 2018 a 2025, con algunas multiplicándola por diez (Canarias) o por tres (Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja).

Sólo en tres perdió peso, y Andalucía es, con diferencia, la comunidad donde el tajo fue mayor en términos absolutos o porcentuales: de 47,3 millones en 2018 a 18,8 en 2025, menos de la mitad. Ha pasado de destinar a cooperación el 0,14% de su presupuesto a el 0,04%. Es la cuarta comunidad que destina menos dinero por habitante, 2,17 euros por persona y año, una cuarta parte de la media nacional y una sexta parte de lo que se destina en la Comunidad Valenciana, que sin embargo en el último año es la que mayor recorte hace.

Impacto en Andalucía y países empobrecidos

La presentación de los nuevos presupuestos andaluces ha vuelto a desanimar al tejido asociativo, que denuncia un incumplimiento de los compromisos plasmados recientemente en el IV Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2025-2028. Allí se recoge que el programa presupuestario de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo aumentará proporcionalmente al menos en la misma cuantía que el presupuesto de la Junta de Andalucía, que para 2026 crece un 5,6% mayor. Pero, al contrario, el peso relativo de la cooperación no sólo no crece un 5,6%, sino que se reduce ligeramente al mantenerse la cuantía absoluta y crecer el Presupuesto general.

“Este era un año crucial: se ha trabajado mucho desde el sector y la administración para elaborar un plan director con unas metas, objetivos, con cosas positivas, pero luego no se acompaña de una voluntad política real”, protesta Sánchez. La insuficiencia presupuestaria supone que más de un 60% de los proyectos andaluces de cooperación al desarrollo presentados se quedan fuera. Otros se ven interrumpidos abruptamente. “Proyectos educativos, de lucha contra discursos de odio, sensibilización, apoyo a profesorado…”, cuenta. Muchos de ellos a desarrollar también en barrios y ciudades andaluzas donde se han detectado carencias.

El recorte afecta especialmente a los países del Sur global adonde se desarrollan gran parte de los proyectos de cooperación. Lisbeth de León trabaja con APEVIHS en varios programas contra la desnutrición en Retalhuleu, en la costa sur, un punto ciego donde las entidades apenas trabajan. Gracias a la colaboración con Semillas de Esperanza, que recibe ayuda de la Diputación de Jaén, ofrecen una bolsa de alimentos y pautas nutricionales a 500 niños y niñas de hasta cinco años con desnutrición aguda y atienden hasta 2.000 pacientes en unas jornadas médicas de atención nutricional. “Además, con los fondos de la Diputación equipamos un pequeño hospital destinado como centro de atención y cuidados agudos a niños afectados por desnutrición”.

El recorte de fondos autonómicos limita las posibilidades de que las comunidades empobrecidas de ese lugar reciban ayuda, porque la competencia va a ser más amplia. “Con el recorte, las ONG de cooperación priorizarán zonas habituales por tradición, como el Altiplano de Guatemala, con amplia presencia indígena. Pero en la costa sur, donde estamos, también hay bastante pobreza”.

“En un momento en que se intensifican los conflictos, se recortan los fondos a nivel global, por ejemplo a USAID [la agencia estadounidense, que ha despedido miles de empleados, cancelado el 80% de sus programas y suspendido cientos de proyectos tras suspender Donald Trump reducir 8.000 millones de su presupuesto y suspender ya parte de sus pagos] esto tiene un gran impacto en los países del sur, y cuestiona el trabajo de las organizaciones”, observa Sánchez, que pide no solo revertir los recortes, sino aumentar los presupuestos para la cooperación. “Sin herramientas, espacios de participación, asignación presupuestaria real no es posible una política de cooperación”.

No sé si les va a sorprender lo que les voy a contar, pero la primera vez que me preguntaron con 4 años qué quería ser de mayor, yo lo tenía claro: quería ser misionera y hacer casas para los niños pobres. Mi deseo no era un sentimiento religioso, era una cuestión de profundo convencimiento de que hay que atajar las injusticias y luchar por la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de dónde hayan nacido. 

Esa es la esencia de la cooperación al desarrollo, que no tiene nada que ver con la caridad, ni con una política de gestos, sino con la justicia social y el compromiso de avanzar hacia un mundo más justo, más equitativo y más humano. 

Durante 30 años Extremadura ha demostrado que, pese a conocer lo que significa la desigualdad y el atraso histórico, se puede ser referente en solidaridad internacional. Hemos sido una comunidad comprometida con quienes más lo necesitaban. La cooperación al desarrollo extremeña ha configurado nuestra manera de presentarnos ante el mundo como una tierra solidaria, digna y comprometida.

La cooperación extremeña cumple 30 años y, por desgracia, a sus 30 años no goza de muy buena salud. Su salud de hierro se ha deteriorado en los últimos años desde que el PP, para contentar a Vox, ha metido la motosierra en lo que precisamente nos hacía referentes. 

Las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo acumulan un recorte superior al 26% desde la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno de esta tierra. La cooperación al desarrollo ha perdido peso desde entonces en las políticas extremeñas. Ha pasado de representar el 0,21% del presupuesto autonómico en los años 2017 y 2018 al 0,13% en este año. Es el nivel más bajo en los últimos 10 años. El número de proyectos financiados ha pasado de 44 a menos de 33.

Esto que detallo no son solo números. Son personas. Tienen nombre y apellidos. Son personas saharuauis, de Sierra Leona, de Mali, Senegal o gazatíes. Son personas que necesitan de la solidaridad de los demás. Palestina no es el único lugar del mundo en el que actualmente hay un conflicto bélico que está arrasando con la población civil. Sin embargo, en Gaza nos estamos jugando la defensa de los derechos humanos con la que nos dotamos tras la Segunda Guerra Mundial. Parar el genocidio en Gaza es tarea de todos y todas porque en ello va el futuro de nuestra sociedad.

La presión para condenar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino es fundamental que continúe para garantizar que, tras dos años de masacre, comiencen a respetarse los derechos humanos de los palestinos y palestinas, pero no nos engañemos, el genocidio ya ha tenido lugar y no hemos sido capaz de pararlo. Los culpables no pueden ser eximidos por firmar un acuerdo de paz falso y tardío. Tienen que ser juzgados como lo que son, criminales de guerra. A los equidistantes, a los que miraron hacia otro lado, a los que no fueron capaz de condenar un genocidio cuando estaba sucediendo delante de sus narices espero que la historia también les coloque en su lugar.

Como también espero que lo haga con aquellos que reniegan de la cooperación internacional. Es una tremenda pena ver el terrible retroceso al que hemos llegado por la ceguera y el cortoplacismo de políticos que se dejan arrastrar por los discursos del egoísmo, la individualidad y el miedo. 

A pesar de todo, Extremadura sigue siendo una tierra solidaria que no se queda impasible ante la desigualdad, el hambre, la violencia o la guerra y que sabe que invertir en cooperación nos hace mejores, más abiertos, más justos y más conscientes de nuestro papel en el mundo. 

Vamos a seguir empujando porque la cooperación extremeña vuelva a gozar de buena salud y a hacernos sentir orgullosas de una tierra comprometida con su tiempo y que construye un mundo mejor. 

Castilla-La Mancha tiene un “telefóno de denuncia sanitaria” destinado a los ciudadanos y ciudadanas. El número es el 900 23 23 23. “Queremos saber cuándo un ciudadano se queja de un trato incorrecto en la Sanidad pública de Castilla-La Mancha, aunque se les diga: hable usted con Page que es el culpable de todo. Quiero saber qué piensa la gente, pero estoy orgullo del trabajo de los profesionales de mi tierra. Y muy agradecido”, ha comentado el presidente regional durante el Debate sobre el Estado de la Región 2025.

Lo decía durante su intervención esta mañana que se ha prologando durante tres horas y media. En lo que tiene que ver con la Sanidad pública, no se ha referido de forma directa a las críticas vertidas en los últimos días por la Plataforma por la Salud Pública de Toledo que denunciaba interminables listas de espera y una “lluvia fina de privatizaciones”, pero ha defendido que “la gestión del servicio [sanitario] hay que ampliarla” y ha asegurado que en 2026 quiere tener lista la Ley de Tiempos Máximos de Espera en Castilla-La Mancha.

Ha hecho balance en este punto de su propia gestión al frente de la Junta de Castilla-La Mancha. En este 2025 se cumplen diez años desde su llegada a la Presidencia de Gobierno y ha dicho que en la Sanidad pública regional “hoy atendemos el doble que hace diez años. Las acciones sanitarias se traducían en 42 millones de euros para dos millones habitantes, hoy con algo más de población, 2,1 millones, llegamos a 110 acciones sanitarias”.

Sostener el sistema sanitario en la nueva financiación autonómica

En su opinión, “se hace más y mejor, con más profesionales, tecnología e instalaciones”. Y sobre estas cuestiones se ha centrado después en realizar varios anuncios. Por ejemplo, la formalización de ocho nuevas áreas de salud específicas y con autonomía en la comunidad en Torrejón del Rey, Alovera, Pioz y el sector de Los Valles en Guadalajara; Illescas, Yuncos y El Quiñón de Seseña en Toledo; y una nueva área en el entorno del hospital de Ciudad Real.

García-Page se ha referido a la necesidad de mayor financiación autonómica - lo ha hecho en varias ocasiones durante su intervención- en lo relativo a la Sanidad. En este punto afirmo que reclamará un apartado específico para sostener el sistema sanitario autonómico. Además, ha recordado que apuesta por un Pacto de Estado para financiar los medicamentos. “Se puede curar más con menos gasto”, ha opinado.

El cáncer de mama, gestión público-privada: “Una empresa dio la espantada y denunciaremos”

El presidente de Castilla-La Mancha ha exhibido dato de casi 550.000 personas citadas por la sanidad de la región para programas de detección de cáncer, algo que ha salvado la vida “a miles de mujeres” en el caso del cáncer de mama.

Ha dicho en este punto que se ha conseguido con sanidad pública y en alguna ocasión ha reconocido que se ha apoyado en la sanidad privada, insinuando que esta cuestión ha habido una empresa que “ha dado la espantada” y que va a ser denunciada. “Les va a gustar mucho saber quién es”, ha dicho sin dar más pistas.

“Gastamos en tratamiento oncológico el doble que el PP. Y tenemos el doble de supervivencia que con ustedes”, ha dicho García-Page, quien apunta que el 40% del tiempo de quirófanos se dedica a tratamientos contra el cáncer.

Tras esta defensa, ha avanzado que la prevención del cáncer se ampliará, además de los programas existentes para mama, colon y cérvix, al cáncer de pulmón.

Todo ello dentro de un Plan Integral Contra el Cáncer que incluirá potenciar la medicina nuclear en todas las provincias; y un PEC nuevo en Albacete.

Los hospitales

Otro de los clásicos del discurso del presidente ha pasado por nuevos anuncios relacionados con infraestructuras hospitalarias. Habrá una segunda fase del nuevo hospital de Albacete; la finalización de las obras en Puertollano; o la comunicación entre el edificio nuevo y el antiguo en Guadalajara, con 3.000 metros cuadrados más, “algo que no estaba previsto”. A todo ello ha sumado la próxima ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Nuevas reformas de centros de salud engrosan esta propuesta, con los de Alcoba de los Montes, Cabanillas del Campo, Albacete 3, Bargas, Los Valles y Manzanares próximos a su apertura.

Además, se modernizará el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina; medidas sanitarias que se verán acompañadas de 5.400 plazas nuevas de personal, la gran mayoría de las 6.500 nuevas plazas de funcionarios anunciada instantes antes.

Además, en 2026 se aprobará la Ley de Accesibilidad Universal y asegura que será la más “avanzada” de España.

Plan de Conciliación

Además, ha anticipado la puesta en marcha de un Plan de Conciliación en 2026 que incorporará, entre otras ambiciosas medidas, programas y ayudas directas para el cuidado de menores de 14 años y de personas dependientes.

“Vamos a seguir apostando por programas como el Plan Corresponsables, los comedores escolares, las aulas infantiles matinales y toda la red de dependencia, entre otras cuestiones, porque todas ellas van dirigidas a mejorar la conciliación, con especial referencia a las mujeres, porque son ellas quienes soportan en mayor medida el peso de los cuidados, más de lo que lo hacemos los hombres”, ha asegurado.

Nuevos centros para personas con discapacidad

Habrá nuevos centros para personas con alguna discapacidad en Guadalajara, Torrijos, Alcázar de San Juan y Motilla del Palancar; y se abrirá un Centro Regional de Personas con Autismo en Orgaz, todo ello previsto para el próximo ejercicio.

En el capítulo de Atención Temprana, habrá dos nuevos centros que se pondrán en marcha en los hospitales de Cuenca y Guadalajara; y ya se trabaja en un nuevo recurso para facilitar la incorporación laboral de personas con alguna discapacidad intelectual en Guadalajara.

Ha sido aquí donde ha anunciado una nueva Ley de Accesibilidad Universal, “la más ambiciosa de España, muy bien trabajada” gracias a la mano artesana del exconsejero José Luis Escolar.

Una Feria del Mayor en Cuenca

Las políticas de mayores también tendrán hitos en el corto plazo según los anuncios de García-Page, quien ha avanzado una Feria del Mayor en la ciudad de Cuenca, la primera de muchas; y 800 plazas más para el termalismo social.

Y, a más, propone tres nuevas residencias, en Chinchilla de Montearagón, Campillo de Altobuey y Elche de la Sierra, que llegarámn este año; preludio de dos más, en Munera y San Lorenzo de la Parrilla, para 2026.

No solo residencias, sino además tres nuevos centros de mayores, concretamente en Solana del Pino, Villagarcía del Llano y Ontur.

Los avances en Bienestar Social también contemplan un nuevo recurso en Guadalajara para tratar a adolescentes afectados por adicciones con un proyecto piloto en el que se ha depositado “mucha esperanza”.

Ley de Cooperación y regulación de cooperantes voluntarios

En materia de cooperación, ha dicho que la región es la única que apoya estructuralmente al Tercer Sector en estas acciones, a lo que ha añadido una futura Ley de Cooperación Internacional.

En este año, según el presidente, se resolverá además una orden que regulará a voluntarios cooperantes, algo que ya se hacía en el pasado. “Lo haremos poniendo en valor a nuestra gente joven, a la más solidaria”.

El contexto sociopolítico internacional actual está marcado por un aumento alarmante de conflictos armados -como los de Palestina, Ucrania o Sudán-, la expansión de discursos xenófobos y el desplazamiento forzado de millones de personas. Lamentablemente, frente a este panorama muchas instituciones optan por mirar hacia sí mismos y levantar muros, reduciendo los fondos para la cooperación y la ayuda humanitaria, cuando más necesarios son.

Se cumplen 30 años de la cooperación extremeña: en 1995, por un lado, se institucionalizan las primeras ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo desde Extremadura y, por otro, un grupo de organizaciones extremeñas crea la Coordinadora Extremeña de ONGD, una red de diversas organizaciones sociales, que promueven la defensa de las políticas de cooperación en nuestra región.

Esta comunidad autónoma apostó entonces por una política de cooperación descentralizada, que no sólo buscaba apoyar a países del Sur Global sino, también, generar una ciudadanía más crítica, empática y global. A través de proyectos de educación y de sensibilización, se sembró en la región la semilla del compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

No podemos olvidar que Extremadura también ha sido durante décadas una región receptora de ayudas. En los años 90, Extremadura era una de las regiones más desfavorecidas de España. La cooperación internacional se convirtió entonces en una herramienta de transformación económica y social sino, también, de conciencia solidaria con otros territorios del mundo.

En esa cooperación internacional, especialmente la procedente de la Unión Europea, pudo apoyarse Extremadura para realizar cambios económicos y sociales pero, también, para darse cuenta de las realidades de otras regiones y territorios con las que debíamos ser especialmente SOLIDARIAS, en nuestra lucha contra las desigualdades y la pobreza. 

Es un periodo en que la cooperación extremeña pasa de un modelo asistencial a uno basado en derechos, corresponsabilidad y horizontalidad. Tres décadas después, ese compromiso se ha recordado en la Asamblea de Extremadura durante un acto conmemorativo lleno de simbolismo.

La cooperación como identidad compartida

Durante tres décadas, los proyectos impulsados por las organizaciones extremeñas han contribuido al empoderamiento de comunidades locales y han servido como espejo crítico para la sociedad extremeña, impulsando la reflexión sobre el consumo responsable y las conexiones entre lo local y lo global.

En palabras de Lidia Rodríguez, “frente a la desigualdad creciente, la respuesta no puede ser la indiferencia, sino más cooperación, más compromiso y más derechos”.

En un clima global donde crecen la polarización y el miedo, la educación para el desarrollo y la ciudadanía global se consolida como un antídoto esencial frente a la intolerancia. 

Pese a los avances, persisten desafíos importantes. La cooperación y la educación para el desarrollo requieren voluntad política, recursos y continuidad, además de adaptarse a los nuevos retos: digitalización, crisis climática y migraciones forzadas.

Celebramos que el camino recorrido en estas tres décadas demuestra que Extremadura ha sido protagonista de un cambio solidario y consciente. La cooperación y la educación no son sólo herramientas que transforman lugares: son también la llave con la que esta región ha abierto puertas a su propio desarrollo, cultivando una identidad basada en la justicia social, la inclusión y la solidaridad.

Desde Extremadura, se debe seguir apostando por el fortalecimiento de políticas de ayuda humanitaria, educación y cooperación internacional como respuestas éticas y necesarias. Nuestras instituciones políticas deben promover la dignidad, la equidad y los derechos humanos, valores que sostienen la democracia y la convivencia pacífica.

30 años de defensa de lo común como resistencia, de la educación como clave de futuro, de la solidaridad y la justicia como raíces.