Sin dinero para estar a pie de calle: pequeñas asociaciones de Andalucía denuncian las nuevas ayudas de la Junta

La pregunta se repite cada año: ¿quiere marcar la casilla para la Iglesia Católica o para las actividades de interés social? En la declaración de la renta cada uno decide a dónde destina el 0,7% del IRPF. Un impuesto que recauda millones de euros en todo el país con el fin de mejorar la red asociativa mediante los proyectos sin ánimo de lucro. En el caso de Andalucía, la última convocatoria salió con más de 56 millones de euros, de los que 6,5 millones estaban destinados a las entidades de ámbito provincial. Sin embargo, el proceso ha despertado la crítica de varias asociaciones de pequeño y mediano tamaño que han sido descartadas por no cumplir con el requisito de un presupuesto mínimo.

¿Cuál era la cantidad establecida? La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, publicó las instrucciones a cumplir de la convocatoria en mayo del año pasado e indicaba que en los programas de ámbito provincial el dinero mínimo a gastar era 15.000 euros, a excepción de los ámbitos de igualdad de género, LGTBI e intervención del voluntariado, con 5.000 euros.

Esta medida provocó que siete asociaciones formaran la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector, entre las que se encuentran Nexo, Zaqueo, Adhara, Asaenes, el Comité Español de Cooperación al Desarrollo, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Lubna. Con el ánimo de recabar apoyos, publicaron un manifiesto que hicieron circular por los canales de mensajería instantánea al que, aseguran, ya se han adscrito unas 40 asociaciones. En busca de respuestas, se dirigieron al Defensor del Pueblo Andaluz y, tras el período navideño, han retomado el diálogo con la parte responsable de la Junta de Andalucía.

Al respecto, Amparo Morillo, psicóloga de la asociación Zaqueo, asegura en declaraciones a este medio que “hay una falta de transparencia en los criterios de adjudicación”. Sin respuesta desde la resolución definitiva de la convocatoria en diciembre, indica que, pese a que su proyecto obtuviera 63 puntos, como recoge el documento provisional pasando por encima de otros grupos sociales, quedó eliminado por aportación mínima. “El presupuesto parece pequeño, pero el año pasado era el mismo y sí se aprobó, por lo que nos destinaron 23.000 euros que ayudaron a contratar a una trabajadora social”. Esta cantidad suponía el 33% de los ingresos del ente y, ahora, no podrán cubrir los gastos de la trabajadora y deberán prescindir de ella. “Es una frustración, porque hemos visto muchas injusticias y esta es la definitiva: las entidades pequeñas nos vemos fuera de cualquier posibilidad de réplica”, manifiesta.

Inflar los presupuestos

El documento de la convocatoria fue publicado el 28 de mayo del año pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y supera los 56 millones de euros que están distribuidos en cuatro vías de financiación. Dos de ellas dependen del área de actuación de las asociaciones, por lo que se distingue entre área provincial, con más de 6 millones, y área supraprovincial —aquellas asociaciones que actúen en más de una provincia—, con 39,2 millones. Cada ámbito tiene diez líneas de actuación, según a lo que se dedique la entidad social, como, por ejemplo, los programas dedicados a la infancia, adolescencia y juventud, a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad, a la comunidad gitana, al igual que los proyectos dedicados a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres o para las personas migrantes y la garantía de los derechos del colectivo LGTBI.

A tenor de lo sucedido, Ana Cirera, técnica de Asaenes, asevera que someten a las entidades a una difícil diatriba: “Te obligan a presentar proyectos con presupuestos inflados. Por ejemplo, si contratas a una persona, ya son 20.000 euros, pero, ¿y si en la resolución te dan menos dinero de lo que has presupuestado? Lo reformulas y desinflas. Por tanto, no es un presupuesto real, sino inventado”. Ante la falta de financiación, señala que este año se quedarán en un cajón cuatro proyectos, “así que el impacto es, por un lado, los despidos y, por otro, no prestar el servicio a las personas que atendemos”, subraya, “todos eran relacionados con colectivos vulnerables, tanto para aquellas personas con trastorno mental grave, que se encuentran en la calle o dedicados al apoyo de las familias cuidadoras, con las que trabajamos para descargar el peso emocional y físico que sufren día a día”.

El último encuentro que se ha producido entre la administración y la plataforma se dio el pasado lunes 12, donde se le requirió a la Secretaría General de Inclusión Social, dirigida por Ana Vanessa García, que se acordaran criterios claros, públicos y equitativos, aparte de una transparencia “total” en los procesos de evaluación, con acceso a los informes correspondientes. La Coordinadora resalta que “la decisión final de adjudicar la financiación no se basa únicamente en la valoración técnica de los proyectos, sino en una fórmula matemática que considera datos ajenos al conocimiento de las asociaciones, lo que limita su capacidad de planificación presupuestaria y reduce las oportunidades de acceder a financiación”.

Analizamos con la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector las dificultades detectadas en las líneas de subvenciones del IRPF de @IgualdadAND

Nos trasladan que estas trabas dificultan el trabajo de las entidades para llegar a la población, el objetivo último de estas ayudas. pic.twitter.com/uOgvi3SIap

— Defensor P. Andaluz (@DefensorAndaluz) December 17, 2025

A raíz de la movilización de esta plataforma, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad respondió a esta cabecera que las bases reguladoras de la convocatoria fueron “ampliamente trabajadas” por la Mesa del Tercer Sector, teniendo su trámite de audiencia pública y alegaciones. Además, destacan que, por primera vez, se logró sacar la línea 4, destinada a las entidades de ámbito provincial, “una queja histórica” de los afectados dado que “no podían competir” con aquellos grupos de mayor músculo financiero. “Hay un número muy grande de asociaciones que entran en estas subvenciones en concurrencia competitiva, pero es una cuestión que se ha consensuado”, defienden las fuentes consultadas de la cartera de Loles López.

Más autofinanciación

En representación de la Mesa del Tercer Sector, habla Guillermo Bellouard, su secretario técnico, quien destaca el papel de su organización al ser el interlocutor de la Consejería en la Comisión permanente de diálogo con la Mesa. Un papel desempeñado durante largo tiempo y que ha dado ido dando sus frutos, como la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector en Andalucía.

“Llevamos años presentando alegaciones en cada proceso de modificación de bases por las vías legales pertinentes y reuniéndonos con la Consejería en el espacio propiamente adecuado, pero pero ante muchas de nuestras reivindicaciones, propuestas o reclamos, recibimos como excusa final la falta de presupuesto”, indica. Si bien lamenta que la nueva plataforma no se haya puesto en contacto con ellos, admite que el reclamo más urgente es aumentar la cuantía económica de las partidas a través de los recursos autonómicos: “Los fondos del IRPF corresponden a los fondos estatales, no son los propios de la Consejería, por lo que venimos pidiendo en la comisión permanente que se incrementen las subvenciones autofinanciadas por la Junta”, sostiene Bellouard.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final

Otras entidades deciden prescindir del dinero público ante el reiterado rechazo en este tipo de subvenciones y optan por mantenerse en virtud de la aportación de sus socios, aunque el campo de acción disminuya considerablemente, como ocurre en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Diego Boza, coordinador general, critica que esta situación se ha agravado desde la entrada del Gobierno de Juanma Moreno: “El resultado provoca, y así lo ven otras entidades, que el dinero no llegue a los proyectos medios y pequeños, los que tienen una potencialidad de ayudar a la ciudadanía, mientras que muchas de las beneficiadas están participadas por la Iglesia”.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final, “lo que genera una situación paradójica, porque el contribuyente no marca el 0,7% que se destina a la Iglesia Católica y, al final, parece que lo hace”.

La APDHA se mantiene a través de los mil socios que tienen repartidos por la comunidad y diferentes acuerdos y colaboraciones con algunos municipios, como en Cádiz o Córdoba, detalla el representante, así que gozan de cierta “tranquilidad” al no depender directamente de las líneas de apoyo de la Junta de Andalucía. “Esto no quita que, al presentarnos a las convocatorias, veamos que hay una preferencia clarísima a proyectos asistencialistas, aquellos que lo que hacen es sustituir a la administración donde no llega. Además, con la exigencia de un determinado tamaño de proyecto, habrá entidades que no podrán alcanzarlo nunca porque no tienen esos fondos previos, por lo que se discrimina la capacidad de acceder a fondos públicos”, añade. El asunto está ahora en manos del Defensor del Pueblo Andaluz, quien pidió a la plataforma un plazo razonable para que la administración respondiera a sus peticiones.