El ex número 3 de Deportes del Gobierno andaluz imputado por amañar contratos fichó por Acciona el mismo mes que cesó

El ex secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía José María Arrabal, imputado en la presunta trama de amaños de contratos en el estadio La Cartuja (Sevilla) a cambio de comisiones ilegales, fichó por la multinacional privada Acciona el mismo mes en que cesó como alto cargo del Gobierno andaluz, en enero de 2025.

El fichaje de Arrabal por Acciona a los pocos días de abandonar la Junta, que él mismo ha publicado en su perfil de LinkedIn, vulnera el periodo mínimo de dos años que exige Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

La Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía modificó en su Disposición final segunda la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, para limitar por incompatibilidad las actividades que pueden desarrollar dichos altos cargos durante los dos años posteriores a su cese.

Arrabal ha sido el secretario general de Deportes de la Junta, “con rango de viceconsejero”, desde que se constituye el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno, en enero de 2019, hasta hace apenas un año. Entró de la mano del exconsejero de Educación y Deportes, el fallecido Javier Imbroda, y se mantuvo en el puesto durante seis años, dos legislaturas y cuatro consejeros, hasta que dimitió en enero de 2025 para, acto seguido, fichar para Acciona Cultura para dirigir la división de deportes, el mismo ámbito en el que trabajaba para la Junta.

La citada Ley andaluza de Incompatibilidades prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

La Consejería de Justicia es la competente para determinar si un ex alto cargo de la Junta de Andalucía se ha saltado la Ley de Incompatibilidades. Este periódico ha preguntado por el caso de Arrabal al departamento que dirige José Antonio Nieto, sin obtener de momento respuesta. Está por ver si el departamento de Justica autorizó el fichaje del ex secretario general de Deportes de la Junta por Acciona pocos días después de su cese.

No sería el primer caso. En 2024, el entonces viceconsejero de Salud del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Guzmán, fichó por una de las principales compañías de seguros privados de España, el grupo ASISA, que le nombró director médico en Andalucía tres meses después de su cese.

Al hacerse público, la Junta abrió una investigación interna que concluyó que Guzmán había vulnerado el plazo mínimo de dos años que establece la ley para pasarse a la privada. Su contrato quedó en suspenso hasta que pasaron esos dos años, pero Nieto ya advirtió entonces que la Ley andaluza de Incompatibilidades era “muy mala” y anunció su intención de cambiarla.

Antes de ser ascendido a viceconsejero de Salud, Guzmán había sido gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante dos años y medio, en los que adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, que terminaría contratándole tres meses después de dejar la Junta. Guzmán fue imputado por un juez de Sevilla en el caso de los contratos de emergencia del SAS, que posteriormente fue archivado.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye desde hace dos años el llamado 'caso Supercopa', la presunta trama de amaño de contratos ligada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha imputado a Arrabal y al actual gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A., Daniel Oviedo, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía. Un informe de la Guardia Civil les acusa de “contribuir” a la adjudicación irregular de un contrato de 1,1 millones de euros a la empresa Gruconsa S.A. a cambio de supuestas contraprestaciones económicas.

Los trabajos de reforma del estadio de La Cartuja, en 2021, empezaron “39 días antes del inicio de los expedientes de licitación correspondientes a las mismas y 45 días antes de la adjudicación de los mismos a la constructora”. Las obras se finalizaron el 7 de junio de 2021, “cuatro días después de la adjudicación de los expedientes”. La jueza ha autorizado a la Guardia Civil a requisar y clonar los dispositivos móviles y las cuentas bancarias de Arrabal y Oviedo, pero el informe policial ya recoge algunas conversaciones de ambos con los promotores imputados.

En una de las conversaciones de Whatsapp grabadas, dos responsables de la constructora bromean con que la entidad pública les haya adjudicado finalmente la obra cuando, de hecho, estaban a punto de terminarla: “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice Ángel González Segura, responsable de la reforma de Gruconsa. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de la promotora. “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20.