El Ejército israelí tardó solo 48 horas en investigar y castigar a dos soldados que destruyeron una estatua de Jesucristo en una aldea del sur de Líbano y fotografiaron la hazaña. El incidente desencadenó condenas internacionales e indignación tras hacerse viral en redes sociales el pasado domingo.

La imagen de un soldado que golpea con un martillo la estatua de Jesús, tras descolgarla de su cruz, fue difundida además en medio del alto el fuego en Líbano, que Donald Trump declaró la semana pasada, aunque Israel no ha detenido todos sus ataques contra objetivos en territorio libanés y sus tropas no se han retirado de una amplia zona del sur del país árabe, donde tuvieron lugar los hechos.

En el marco de la ocupación de una franja de varios kilómetros de profundidad junto a su frontera con Líbano, los militares israelíes han estado destruyendo y arrasando viviendas e infraestructura civil, después de haber ordenado la evacuación forzosa de los cientos de miles de residentes de la zona al principio de su ofensiva, hace poco más de un mes y medio. A pesar de que los dirigentes políticos y militares israelíes afirman que están actuando contra el grupo chií Hizbulá, las aldeas habitadas por cristianos no se han salvado de los bombardeos, la invasión y la destrucción.

Castigo rápido y ejemplar

El martes, el Ejército de Israel (FDI) anunció que el soldado que destrozó la estatua y el que lo fotografió van a ser suspendidos y castigados con una pena de 30 días de detención militar; mientras que otras medidas disciplinarias podrían adoptarse contra los seis soldados que presenciaron los hechos y no actuaron para impedirlo ni informaron de ello.  

“La investigación determinó que la conducta de los soldados se desvió completamente de las órdenes y los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmaron en un comunicado. “Las FDI lamentan profundamente el incidente y recalcan que sus operaciones en Líbano están dirigidas exclusivamente contra la organización terrorista Hizbulá y otros grupos terroristas y no contra civiles libaneses”. Después de conocer los resultados de la investigación, “el Jefe del Estado Mayor condenó el incidente y declaró que constituye una conducta inaceptable y una falta moral, que excede con creces cualquier estándar aceptable y contradice los valores de las FDI y la conducta esperada de sus tropas”, agregó el comunicado.

Además, el mismo martes, las FDI difundieron una foto del nuevo crucifijo que han instalado en la localidad de Debel, “en plena coordinación con la comunidad local”. Y reiteraron que “lamentan profundamente el incidente y están trabajando para garantizar que no vuelva a ocurrir en el futuro”.

En los pasados dos años y medio, desde el comienzo del genocidio en Gaza, el Ejército no había reconstruido o reparado los destrozos causados por soldados que se excedieron en su comportamiento, ni en la Franja ni en Líbano o en Siria –territorios en los que han ocupado amplias áreas desde 2023–.

La rapidez y eficacia con las que han actuado las autoridades ante la destrucción de la estatua de Jesucristo contrasta con otros muchos casos de mala conducta y abusos por parte de los uniformados, que no son investigados ni castigados prácticamente nunca. También llaman la atención las declaraciones del Gobierno de Tel Aviv, que en esta ocasión no pudo defender al “ejército más moral del mundo”, como a menudo se califican a sí mismos, debido a las críticas y presiones internacionales.

“Me sentí consternado y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, dijo en X el primer ministro Benjamín Netanyahu. El mandatario aprovechó para remarcar que Israel es el país donde “la población cristiana prospera a diferencia de otros lugares de Oriente Medio” –una afirmación contraria a la realidad en Jerusalén, donde las autoridades israelíes suelen imponer restricciones a estos fieles que son, en su mayoría, palestinos–.

Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Un caso que dice mucho de Israel y también de Occidente

La profesora de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija, Sonia Boulos, destaca que Israel actuó muy rápidamente en esta ocasión, pero va más allá: “Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza; cuando se difundieron videos de graves actos de violencia sexual y tortura cometidos por soldados israelíes contra detenidos palestinos; o cuando se transmitieron en directo imágenes de niños y civiles muriendo de hambre”.

En una entrevista con elDiario.es, Boulos, que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia, considera que detrás de esa indignación hay “racismo”. “El cristianismo occidental se ha apropiado de Jesús, olvidando que Jesús mismo provenía del Suroeste de Asia y hablaba arameo. A través de esta apropiación, el incidente fue percibido como un ataque a su identidad o a uno de los suyos y no como una anécdota dentro de una trayectoria mucho más larga de violencia colonial que Israel ejerce contra palestinos, libaneses y otros pueblos vecinos”, explica la experta.

“Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar—como suele hacer en relación con el acoso diario a la comunidad cristiana en Jerusalén mediante violencia, escupitajos y vandalismo, incluido el de cementerios—que se trataba de actos de individuos extremistas”, agrega Boulos, destacando que al tratarse de un soldado israelí no podía justificarlo con “las maniobras retóricas” habituales.

La profesora señala que el derecho internacional humanitario proporciona protecciones amplias a los sitios y símbolos religiosos durante los conflictos armados y, por tanto, lo sucedido en Líbano es “grave”. Pero recuerda que “Israel ha sido acusado de violaciones de una gravedad extrema, que implican formas insidiosas de violencia, incluida la utilización sistemática de la tortura, la violencia sexualizada y el hambre contra la población palestina”; además de que relatores especiales de Naciones Unidas y la Comisión Internacional Independiente de Investigación han concluido que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Por ello, Boulos cree que el foco de atención debería estar en “la estructura más amplia de la impunidad de Israel, habilitada por la complicidad occidental”. 

Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar que se trataba de actos de individuos extremistas

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Durante la brutal ofensiva israelí en Gaza –en la que el ejército ha matado a más de 72.000 palestinos desde octubre de 2023 hasta el momento–, se difundieron en redes sociales numerosas imágenes de soldados asaltando y saqueando propiedades de palestinos; maltratando y abusando de los detenidos, tanto en la Franja como en Cisjordania; insultando y mofándose de los presos o de otros. En muchas ocasiones, fueron los propios militares los que publicaban ese material incriminatorio y también alardeaban de que estaban causando una gran destrucción y que la población palestina no tendría ninguna casa a la que regresar.

Según el periódico Haaretz, solo uno de los múltiples casos de saqueo y destrucción de propiedades por parte de soldados israelíes durante las operaciones terrestres en Gaza y Líbano resultó en una acusación penal, que se resolvió el pasado mes de febrero mediante un acuerdo con la Fiscalía militar, que rebajó el delito de saqueo a robo. De acuerdo con los datos obtenidos por ese medio, en 2024 se abrieron al menos otras seis investigaciones penales por saqueo o destrucción de propiedades pero ninguna de ellas derivó en una acusación formal.

A pesar de que existen numerosas fotos y vídeos de soldados cometiendo diferentes tipos de delitos y en las que se pueden identificar a los uniformados, éstos no han sido perseguidos en Israel, aunque sí ha habido algún intento de hacerlo en el extranjero, impulsado por activistas palestinos o propalestinos.

Hay una falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina

Erika Guevara Rosas — Directora de investigación de Amnistía Internacional

Impunidad para los “crímenes contra la población palestina”

El caso más mediático y polémico en Israel se remonta a 2024, cuando cinco soldados fueron acusados de abusar y agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar de Sde Teiman, conocida por las torturas y maltrato que reciben los reclusos.

Este mes de marzo, el fiscal general militar del Estado hebreo decidió retirar todos los cargos contra los acusados, que habían sido defendidos en todo momento por medios israelíes y por el Gobierno de Netanyahu. Tras el archivo del caso, el ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la decisión del fiscal general del Ejército y arremetió contra su antecesora en el cargo al considerar que abrió el caso en febrero de 2025 para “difamar” a los militares. La fiscal Yifat Tomer-Yerushalmi dimitió posteriormente, admitiendo que había filtrado a los medios el vídeo en el que se puede ver a los soldados llevarse al preso a un rincón y someterlo a abuso, aunque trataron de evitar la grabación de los actos con sus escudos antidisturbios. 

“Esta decisión supone un nuevo capítulo inadmisible en la larga trayectoria del sistema judicial israelí de conceder impunidad a los responsables de crímenes graves contra la población palestina”, afirmó tras el archivo del caso Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional. También denunció la “falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina”.

Al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos

Amnistía Internacional

Según Amnistía Internacional, desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, solo un soldado israelí ha sido condenado por torturar a un detenido palestino, “pese a las abrumadoras pruebas de tortura y abusos generalizados —incluida la violencia sexual— contra personas palestinas en centros de detención israelíes”. La ONG destacó en un comunicado que, en los pasados dos años y medios, “al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades israelíes hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos”.

Un artículo publicado en Haaretz, después del castigo a los dos soldados que han protagonizado el caso de Líbano, concluye que “una estatua de Jesús obtiene más empatía que los palestinos en Israel”. La autora señala que “los líderes israelíes examinaron con lupa la conducta de un soldado al que ellos mismos contribuyeron a moldear; una conducta que quedaría impune si se dirigiera contra los 'enemigos adecuados'. Esos 'enemigos' —personas de carne y hueso, víctimas de abusos— reciben menos empatía que un trozo de madera”.

Dos frases de la nueva ley de servicio militar han desatado un debate en Alemania y también la alarma entre los ciudadanos que recelan del rearme en el que el Gobierno de Friedrich Merz ha metido al país:

“Los hombres mayores de 17 años deberán solicitar una autorización al centro de orientación profesional competente de las Fuerzas Armadas alemanas si desean ausentarse de la República Federal de Alemania por un período superior a tres meses. (…) El servicio militar obligatorio finaliza al término del año en el que el recluta cumple 45 años.”

La obligación de los varones civiles entre 17 y 45 años de informar a una autoridad militar pasó desapercibida en la ley de modernización de la Bundeswehr (ejército alemán), aprobada por el Bundestag el pasado año y que entró en vigor el pasado 1 de enero. A principios de este abril, el diario regional Frankfurter Rundschau publicó la nueva obligación, lo que generó una cascada de titulares fuera y dentro de Alemania.

Más de 30 millones de hombres se ven afectados por esta norma, cuya aplicación fue matizada a posteriori por el ministro federal de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, ante las críticas y la presión de la oposición. “Ya sea a los 17, a los 45 o a cualquier edad intermedia, por supuesto que todos pueden viajar y, en estos momentos, tampoco necesitan ningún permiso para ello”, dijo Pistorius a la agencia alemana DPA el pasado 8 de abril.

Servicio militar voluntario

El uso de las palabras “en estos momentos” es clave para entender la desconfianza que la ley genera entre la ciudadanía, especialmente entre las generaciones más jóvenes. El ministro de Defensa argumenta que, mientras el servicio militar sea voluntario como ahora, no habrá ningún procedimiento burocrático que obligue al ciudadano a informar a una autoridad militar de su ausencia del país.

El elemento central de la nueva ley es la reintroducción de un reconocimiento médico obligatorio para aquellos varones nacidos a partir de 2008. El objetivo expreso del Gobierno es aumentar así el personal del Ejército alemán hasta aproximadamente el medio millón de soldados a lo largo de la próxima década. En 2035, debería haber entre 255.000 y 270.000 militares en activo, y 200.000 en la reserva, según especifica la ley.

La gran cuestión es qué pasará si el Gobierno fracasa en su intento de duplicar el personal militar a través de un servicio militar, de momento, voluntario. La nueva ley lo deja claro en su primer artículo: “El Bundestag decide sobre la instauración del servicio militar obligatorio en caso de necesidad, en particular cuando la situación en materia de política de defensa o la situación de efectivos de las Fuerzas Armadas lo requieran”.

Es decir, la ley abre la puerta a que el Parlamento federal apruebe la reintroducción del servicio militar obligatorio —eliminado en Alemania en 2011— en caso de que el Ejército considere que no ha alcanzado los objetivos de aumento de personal militar o si la situación de seguridad nacional así lo exige. Ahí es donde se activaría también con total seguridad la obligación de la población civil masculina de informar a la autoridad militar su intención de abandonar el país por más de tres meses.

Mayor ejército convencional de Europa

El telón de fondo de todo el debate es el objetivo expreso de Friedrich Merz de construir el “mayor ejército convencional de Europa”. El canciller conservador argumenta esa meta como medida preventiva ante un posible ataque de Rusia al territorio de la OTAN. Esto se complementa con un giro armamentístico de una parte de la industria alemana, cuyo modelo se encuentra en una crisis estructural por el fin de la llegada del gas barato, la política arancelaria de Trump y la competencia de la tecnología china.

En Alemania preocupan especialmente los tres Estados bálticos —Letonia, Lituania y Estonia—, que los servicios secretos alemanes consideran el talón de Aquiles de la Alianza Atlántica en Europa. De hecho, Alemania ha instalado de manera permanente una brigada de tanques en Lituania que debería contar con casi 5.000 soldados hasta el próximo año.

La matización pública del ministro de Defensa a la obligación de los ciudadanos a reportarse a la autoridad militar en caso de abandonar Alemania por un largo periodo de tiempo demuestra que el Gobierno había subestimado la resistencia a este tipo de medidas entre una parte de la población.

Una encuesta publicada el pasado mes de diciembre por el instituto DeZIM (Centro Alemán para la Integración y la Investigación Migratoria) apunta que la mayoría de la población alemana —el 58%— está a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio. Sin embargo, ese apoyo cae al 30% entre las personas de 18 a 28 años. Las jóvenes generaciones son las que ven con más recelo la vía del rearme tomada por el mayor país de la Unión Europea. Serán las más afectadas.

Imagina que hoy, al salir a la calle, descubres circulando un coche volador. ¿Qué harías? Seguramente, tras reponerte de la sorpresa, sacarías de tu bolsillo el teléfono móvil para hacer una foto o un vídeo y compartir la inesperada novedad con tu familia y amigos, o en redes sociales.

Pues eso fue lo que le sucedió, salvando las distancias y la técnica, a uno de los moradores hace siglos del poblado de lo que hoy es el yacimiento del Cerro de la Muela, ubicado en la población conquense de Carrascosa del Campo.

En aquel lugar, en algún momento entre finales del siglo IV d.C. y principios del siglo V d.C., una persona cogió un pequeño ladrillo fresco y, antes de hornearlo, grabó en una de sus caras una situación que vio y que para ella era algo inédito: un jinete a lomos de su caballo… con los pies apoyados en estribos.

Este ladrillo es algo “revolucionario”, porque se trata del registro documental más antiguo de uso del estribo del que se tiene constancia hasta el momento en Occidente, tal y como explica Dionisio Urbina Martínez, doctor en Historia Antigua y codirector del yacimiento conocido popularmente como El Pulpón.

El uso de estribo más antiguo del que hay registros en Occidente

Encontrado en una campaña arqueológica en 2018 y publicado su estudio en 2025, Urbina explica que en el grabado, a pesar de que es un dibujo “bastante malo”, se puede identificar un caballo de morro muy alargado –“habitual para representar en la época a equinos u otros animales como ciervos”- con coraza y su jinete. Una imagen típica de una unidad militar romana conocida como catafracto, muy habitual al final del Imperio Romano, en el siglo IV de nuestra era.

En un momento en el que empiezan a llegar los primeros invasores de fuera de la península, una persona intenta explicar a otra ese tipo de nuevo caballería que ha visto y que le ha llamado muchísimo la atención

Por ello, el arqueólogo asegura que, como muy tarde, se puede situar el grabado a principios del siglo V. “En un momento en el que empiezan a llegar los primeros invasores de fuera de la península, una persona intenta explicar a otra ese tipo de nuevo caballería que ha visto y que le ha llamado muchísimo la atención”, añade Urbina.

Y es entonces cuando el ‘grabador’ realiza un dibujo “muy simple”, realizado mediante punzón sobre el mencionado ladrillo, pero poniendo el énfasis en un trazo curvo al final del pie del jinete. “Y eso solo puede ser un estribo”, concluye el arqueólogo.

Dada la ausencia de menciones literarias o representaciones iconográficas a este tipo de soporte en la caballería en Occidente hasta el siglo VII, este hallazgo demostraría que la fecha de adopción del estribo en Europa fue más de un siglo anterior a lo que se pensaba hasta este momento.

Un elemento clave para el desarrollo de la caballería pesada militar

La novedad que atestigua este grabado no es baladí. Los estribos no son un elemento más en la monta de los caballos: se considera que fue el elemento que posibilitó el desarrollo de la caballería pesada militar, ya que, gracias a la sustentación que ofrecía a los jinetes, les permitía realizar cargas de caballería en la batalla reduciendo el riesgo de ser descabalgados.

“En China se conoce el estribo desde los principios del siglo I, novedad que se extendería a través de la ruta de la seda. Todos estos pueblos que están en la zona de Irán, el territorio de conexión con el imperio bizantino, lo usan desde hace mucho tiempo”, explica Jorge Morín, doctor en Prehistoria y Arqueología. Él también es autor, junto a Dionisio Urbina y Rafael Barroso, del artículo científico que da cuenta del hallazgo y la interpretación de este grabado, el cual ha sido publicado en la revista Arqueología y Prehistoria del Interior Peninsular (ARPI) de la Universidad de Alcalá y en la Revista Europea de Arqueologías Postclásicas.

El arqueólogo habla de la batalla de Adrianópolis (año 378 d.C., en la actual Turquía), en la que lucharon fuerzas visigodas contra el Imperio romano de Oriente, como uno de los primeros enfrentamientos en los que el uso del estribo fue decisivo. En la contienda, los jinetes del pueblo germánico contaban con estos soportes para sus pies, lo que les permitió realizar una exitosa carga de caballería contra sus enemigos, “que es la que rompe las filas rivales y les permite ganar la batalla”, afirma Morín.

Sin embargo, la expansión por Europa occidental y su llegada a la península ibérica es algo más tardía. “Cuando al inicio del siglo V entran en la península ibérica tres grupos bárbaros germánicos, los suevos, los alanos y los vándalos, ya vienen con los estribos”, detalla Morín.

Cuando al inicio del siglo V entran en la península ibérica tres grupos bárbaros germánicos, los suevos, los alanos y los vándalos, ya vienen con los estribos

Los suevos se situaron en la zona de la actual Galicia, los vándalos llegaron al norte de África, mientras que, en la zona central de la antigua Hispania, en la que se encuentra el yacimiento de El Pulpón, se ubicaron los alanos.

“Los alanos son un contingente asiático, no son germanos, y llevaban siendo la caballería pesada del Imperio Romano desde hace muchísimo tiempo”, señala Morín, que presupone que a ese grupo pertenecería el jinete con estribos que dejó sorprendido al ‘dibujante’ de El Pulpón.

¿Qué función cumplía El Pulpón?

Más allá del grabado del estribo, las labores de excavación en este yacimiento continúan desarrollándose. Dionisio Urbina, que lleva trabajando en este lugar desde el año 2014 explica que se trata de un antiguo enclave romano en el que destaca un edificio militar “de dimensiones colosales, 7.000 metros cuadrados de extensión”, que data del siglo I d.C. y que, junto a un pequeño poblado anexo, se ocupó durante cuatro siglos.

Sin embargo, el arqueólogo no cree que se repita la casualidad de dar con un hallazgo tan relevante como el grabado del estribo.

Actualmente, la investigación se centra en saber qué función tenía el yacimiento en su época. Y los trabajos están a punto de dar sus frutos: Urbina anticipa que se encuentran preparando una publicación, que verá la luz el año que viene, en la que dan cuenta de que el uso estaría relacionado con las cercanas minas romanas de lapis specularis.

“Habría cien o doscientos soldados romanos que servían para ejercer control. Su presencia, sencillamente, intimidaba”, explica Urbina, que añade que gracias a que el Imperio Romano tenía “el mejor conjunto de técnicos, sobre todo de arquitectos e ingenieros”, su presencia también estaría muy solicitada en las minas.

La empresa GDELS-Santa Bárbara ha concluido el proceso de fabricación de su primer vehículo Hunter destinado al Gobierno letón en la planta que tiene en Trubia (Asturias), con el fin de iniciar la fase de pruebas en Sevilla.

La primera unidad Hunter del contrato letón, que comprende 84 vehículos y soporte integral al ciclo de vida hasta 2037, sale este viernes de la planta de Santa Bárbara en Trubia con semanas de antelación a los plazos inicialmente previstos, según ha informado la compañía este viernes en una nota de prensa.

Eficiencia y solidez

El vehículo parte con destino a la planta de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde completará la fase de verificación y la capacitación inicial del usuario, antes de su envío a Letonia esta primavera, apenas un año después de la firma del contrato.

La compañía, con sede en España e integrada dentro de la empresa estadounidense General Dynamics, ha afirmado que el hecho de que el producto se haya fabricado con semanas de antelación “confirma la eficiencia” de su modelo productivo así como la “solidez” en la cadena de suministro nacional formada por más de 130 empresas españolas.

El encargo

El plazo de entrega de estos vehículos es este año 2026.

El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

El Gobierno letón y Santa Bárbara firmaron, además, un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

La noticia se ha confirmado coincidiendo con la visita que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado a Asturias.

El contrato de los 8x8

En el Principado, Margarita Robles ha apelado a la responsabilidad de los socios que conforman el consorcio Tess Defensa -Indra, Santa Bárbara, Escribano y SAPA- para que se cumpla “en tiempo y forma” el contrato de los 8x8, los blindados destinados a suplir los BMR en el Ejército de Tierra.

“Tengo que decirlo claramente: me preocupa enormemente y hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8 (...) porque el Ejército de Tierra merece lo mejor, y al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad”, ha señalado.

Robles: “Hay incumplimientos”

Al ser preguntada por los problemas técnicos que están dando los 40 blindados 8x8 Dragón que se entregaron el pasado enero a la base de la Legión en Almería, la ministra ha insistido en que hay “incumplimientos claros” por parte de Tess y de las empresas que forman parte del consorcio que son motivo de preocupación desde hace años para el ministerio.

El contrato para la fabricación de los 8x8 Dragón, que asciende a 2.100 millones de euros, contempla la fabricación de 348 vehículos de combate cuya entrega debería llevarse a cabo de forma progresiva hasta 2027.

La preocupación

La fabricación en serie comenzó a finales de 2021 en la factoría de la Empresa Nacional Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), pero los primeros once blindados no se entregaron al Ejército de Tierra hasta mayo de 2025.

“Al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el programa 8x8” porque está habiendo un incumplimiento del compromiso asumido por las empresas de cumplir con los plazos, ha afirmado la ministra.

Robles ha hecho estas declaraciones durante una visita al Regimiento de Infantería ‘Príncipe’ número 3, en el Acuartelamiento 'Cabo Noval', en Siero (Asturias), donde ha asistido a una demostración de la unidad de drones, operativa desde hace un año y medio. 

La relevancia de Asturias

La ministra de Defensa ha asegurado que Asturias “es un lugar clave y esencial para su departamento porque ”tiene y va a tener un papel fundamental“ en cuanto al compromiso que mantiene el Gobierno de llegar a destinar el 2 por ciento del PIB a inversiones en defensa.

“Más que nunca, invertir en defensa es invertir en paz, con la que el Gobierno de España está tan comprometido” ha afirmado la ministra, que ha señalado además que invertir en defensa es hacerlo también en puestos de trabajo.

El papel “fundamental” del Principado

En esta inversión, ha añadido, Asturias tiene y va a tener un papel fundamental ya que en la comunidad está presente la Empresa Nacional Santa Bárbara e Indra, que mantiene planes de expansión sobre los que la ministra no ha querido pronunciarse.

Acompañada por el jefe mayor del Ejército, Amador Enseñat, del coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe, José Miguel Garcés, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la ministra ha comprobado la efectividad de distintos drones que pueden ser utilizados tanto para misiones de observación como para defensa o ataques.

Se trata de drones cargados con proyectiles, equipados con cámaras térmicas o con sistemas de medición, así como otros de fibra óptica o los destinados a labores de observación y vigilancia forman parte del equipamiento del “Pelotón de Observación” de este regimiento, integrado por ocho tiradores de precisión y expertos en el manejo de estos aparatos.

El trabajo con drones

Al frente de ellos, el cabo primero David Domínguez ha señalado que esta unidad especial empezó a funcionar a raíz de la Guerra de Ucrania, que algunos de los drones que utilizan han sido desarrollados por ellos y que también trabajan con equipos antidrones.

En la demostración, un dron cargado con cinco proyectiles los ha ido lanzando sobre los objetivos marcados y otro nodriza (dos acoplados en el que uno de ellos lleva una carga explosiva) ha sido utilizado para atacar un vehículo terrestre, ejercicios que se llevaron a cabo con precisión.

Los militares del Regimiento Príncipe número 3

Según la ministra es un orgullo lo que hace en Asturias el Regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia VII y del que forman parte cerca de 1.200 militares, tanto por su partcipación en misiones internacionales, como Eslovaquia, “donde dejó el pabellón español muy alto” como por ser pionero en todo lo relacionado con los drones.

“Los enfrentamientos con drones están teniendo un gran protagonismo y por eso es importante que el Ejército español sea muy pionero y avance en todo lo relacionado con los sistemas antidrones”, ha añadido. 

Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años necesitan el permiso de las fuerzas armadas del país para viajar al extranjero más de tres meses, según la Ley de Modernización del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero de 2026.

La polémica ha surgido, sin embargo, este sábado, cuatro meses más tarde, después de que se difundiera la declaración de un portavoz del Ministerio de Defensa del Gobierno alemán a la agencia de noticias DPA, en la que afirmaba que desde su departamento pretenden regular la norma para que el permiso “se considere concedido siempre que el servicio militar sea voluntario”. Pero, como estos reglamentos administrativos aún no han sido publicados, sigue vigente la necesidad de una autorización de la Bundeswehr (las fuerzas armadas de Alemania) para ausentarse del país por un periodo superior a los tres meses. El periódico alemán Frankfurter Rundschau había adelantado esta información antes de las declaraciones del portavoz de Defensa.

Este cambio normativo está recogido en el apartado 2 de la Ley de Modernización del Servicio Militar, la reforma legislativa de la Constitución alemana que pone en marcha un nuevo modelo de servicio militar “atractivo y significativo” —en palabras del Ministerio de Defensa—. “Tras cumplir los 17 años, las personas de sexo masculino deben obtener una autorización del centro de reclutamiento competente de la Bundeswehr si desean abandonar la República Federal de Alemania por más de tres meses”. “La autorización se concederá para el período en el que el varón no sea susceptible de ser llamado a filas para el servicio militar”, especifica la norma.

Exámenes de idoneidad

Como novedades, la nueva ley sobre el servicio militar recupera el registro militar obligatorio para los jóvenes que cumplan 18 años y obligará a los varones nacidos a partir de 2008 a someterse a exámenes médicos.

La reforma legal recoge que “debido a la actual ampliación de la capacidad de reclutamiento, los exámenes se realizarán gradualmente y se extenderán a toda la generación nacida en 2008”. “Hasta entonces, quienes manifiesten su voluntad de prestar servicio militar serán invitados a una evaluación tras la revisión del cuestionario y si se determina que son aptos para el servicio en las fuerzas armadas”, asegura el texto, que fija como objetivo “proporcionar una visión más completa de la idoneidad y las cualificaciones de los reclutas”.

'Mili' voluntaria (por ahora)

Esta 'mili' se basa en el voluntariado. Pero esto podría cambiar “si la situación empeora o si no hay suficientes voluntarios para alcanzar los objetivos”, según el ministerio. En ese caso, el Bundestag (el poder legislativo alemán) “podrá aprobar una ley que convierta el servicio militar obligatorio a petición del Gobierno Federal”. “Esto tiene como objetivo reducir la brecha entre las necesidades del Ejército y el número real de efectivos disponibles”, añaden. El servicio militar obligatorio en tiempos de paz fue enmendado en julio de 2011. Con la reforma, se añade una excepción: no solo se levantará al declararse un estado de tensión o defensa, sino también “si la situación de seguridad así lo requiere”.

La ley, que inició su camino en agosto de 2025 tras su aprobación dentro del Consejo de Ministros, busca aumentar el reclutamiento de soldados, inicialmente voluntario, con el propósito de llegar a tener en torno a 260.000 militares activos –cerca de 80.000 más que en la actualidad–, además de aumentar el número de reservistas hasta los 200.000 hombres. La norma fue aprobada por el Parlamento alemán en diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026.

El canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, justificaron los planes aludiendo a la amenaza rusa y a la responsabilidad que tiene Alemania de tener el ejército convencional más grande de Europa para contribuir a la defensa del territorio de la OTAN.

En un momento de tensión máxima entre el Gobierno estadounidense y el español por el “no a la guerra” que enarbola Pedro Sánchez contra Donald Trump, el ejército español ha decidido rescatar, a través de una exposición en Toledo, una gesta histórica que considera “olvidada”: la contribución española a la creación de Estados Unidos. Es más, se trata de una muestra enmarcada en la efeméride principal del Ejército de Tierra para todo este año 2026: ‘El 250 Aniversario del apoyo del Ejército Español a la Independencia de los Estados Unidos’.

Porque el Ejército español quiere hacer memoria con este capítulo de la historia. “Justicia histórica”, incide al respecto el general Amador Enseñat y Berea, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME). Para ello, el Museo del Ejército, perteneciente al Ministerio de Defensa y que alberga el Alcázar de Toledo, ha organizado durante seis meses la exposición España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su Ejército al surgimiento de una nación. Está abierta al público desde el 26 de marzo al 12 de octubre, y es gratuita.

En total, se exhiben más de 60 piezas procedentes del Museo del Ejército, colecciones privadas, otras unidades de las Fuerzas Armadas e instituciones como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de Indias o el Banco de España.

Los argumentos históricos de la exposición

La muestra parte del hecho de que en el siglo XVIII, Gran Bretaña era el principal rival de la monarquía española. Por eso, las tropas españolas de Carlos III no dudaron en embarcarse en una misión, al otro lado del Atlántico, para combatir a los soldados ingleses en favor de la independencia de las trece colonias que el 4 de julio de 1776 se convertirían en la génesis de los Estados Unidos de América. La historia de este imperio ha sido relatada principalmente por los descendientes de esas colonias. Es uno de los motivos por los que el papel de los españoles “ha pasado desapercibido”.

A finales del siglo XIX, algunos escritores como Charles Fletcher Lummis se sorprendieron del alcance de la exploración española de América, calificada, nada más y nada menos, como “la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia”. Otros autores estadounidenses también han puesto en valor una “historia compartida”.

El acto de inauguración se realizó esta semana en el Auditorio del Museo con amplia representación militar del Ejército de Tierra encabezado por el JEME; el embajador de EEUU en España y Andorra, Benjamin Leon Jr., y con alumnado y mandos de la Academia de Infantería de Toledo, así como autoridades institucionales, entre ellas el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; y el viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno castellanomanchego, Javier Vicario.

Ninguno de ellos hizo mención a la tensa relación actual entre el Gobierno de Donald Trump y el de Pedro Sánchez a cuenta de la guerra en Irán y a lo significativo de que coincida con esta muestra. Sí lo hizo, preguntado por este medio, el comisario de la exposición, el historiador y teniente coronel Germán Segura.

“La historia es la que es”, dice el comisario de la muestra

“La historia es la que es. Yo, como historiador, no me siento incómodo de hablar ahora de un periodo que ya está en el pasado. Ese es el fondo de la cuestión, pero no quita que los acontecimientos se tienen que tratar igualmente y hay que analizar qué ha pasado en la historia. Dentro de 200 años analizarán este periodo actual y será otro historiador el que cuente lo de ahora”, afirmó al respecto.

Básicamente, la exposición se compone de unas 60 piezas divididas en tres momentos históricos de ese momento. La primera parte. ‘Tiempo de exploraciones: leyendas tras las leyendas’, está dedicada a las expediciones españolas hacia el actual territorio estadounidense.

La búsqueda de tierras ricas en metales preciosos animó a estas últimas a reconocer las regiones americanas que se hallaban a mayor latitud, llegando con el paso del tiempo a adentrarse hacia lugares tan significativos como el río Misisipi, el cañón del Colorado, o ya en el siglo XVIII, la Alta California y Alaska.

Estas expediciones fueron espoleadas por las leyendas de ciudades míticas, el afán de riqueza y sentido del honor de los primeros exploradores, que recorrieron enormes distancias a través de una geografía agreste, habitada por grupos tribales no siempre dispuestos a aceptar la “acción civilizadora hispana”, en palabras de la dirección del Museo.

La segunda parte de la muestra se titula ‘Tiempo de consolidación: la difícil vida en la frontera norte del mundo hispano’. Se centra en la estrategia de ocupación y control de una “frontera salvaje” que los españoles trataron de defender con escasos recursos.

La colonización de los territorios que hoy conforman los Estados Unidos avanzó muy lentamente hasta el siglo XVIII. Fue “la época del presidio y de la misión”, de los “soldados de cuera” y de los frailes caminantes, hombres y mujeres que dieron consistencia a ese legado hispano en Norteamérica.

Pero a pesar de los conflictos y de los “defectos” del modelo civilizador hispano, su legislación referente a los nativos fue “incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humanitaria que la de Gran Bretaña, la de las colonias y la de los Estados Unidos, todas juntas”, tal y como relata Lummis.

La última gran parte de la exposición es ‘Tiempo de revoluciones: el nacimiento de un gigante’ y se centra en el papel de los españoles y sus ejércitos durante la ‘Revolución Americana’. Siendo Gran Bretaña el principal rival de la monarquía española, España auxilió a los rebeldes de las trece colonias al levantarse contra su metrópoli.

Sin embargo, esta ayuda se realizó “en secreto”, comenta el comisario de la muestra. Se enviaron equipos militares, vestuario y medicinas para el Ejército Continental de George Washington a través de los gobernadores de la Luisiana.

La declaración formal de guerra en 1779 permitió a Bernardo de Gálvez, una de las grandes figuras que destaca la muestra, llevar a cabo sus “brillantes campañas” en el bajo Misisipi y en la Florida occidental, allanando el camino para el éxito estadounidense.

Terminada la revolución, nacía un “gigante” que, como intuyó el conde de Aranda (noble, militar y estadista ilustrado español), constituía “una amenaza para el futuro de las posesiones españolas en Norteamérica”, aunque la Paz de París selló en ese momento el final de la guerra y consolidó los lazos de amistad entre el primer presidente estadounidense, George Washington, y Carlos III de España.

En la exposición se alude a esa “amenaza”, pero hubo otras consecuencias derivadas del apoyo español a la independencia de las colonias. En ellas se ha detenido ampliamente el Instituto de Historia Americana ‘Gilder Lehrman’, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1994 en Nueva York, dedicada a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, mediante becas a docentes y estudiantes. Lleva el nombre Richard Gilder y Lewis E. Lehrman, filántropos estadounidenses.

Este centro de enseñanza relata que la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos fue un “factor decisivo” para el éxito de la revolución norteamericana, pero que irónicamente propició un escenario que, a largo plazo, contribuyó a la pérdida de las propias colonias españolas en América. 

La gesta sirvió como ejemplo de que era posible independizarse de una potencia europea

Instituto de Historia Americana ‘Gilder Lehrman’

“El éxito de la revolución americana influyó profundamente en los líderes criollos de Hispanoamérica, sirviendo como ejemplo de que era posible independizarse de una potencia europea. A pesar de la censura, las ideas de igualdad y libertad llegaron a las colonias españolas, inspirando las futuras revoluciones”, detalla esta institución de enseñanza.

Además, añade que la participación en la guerra contra Gran Bretaña, aunque exitosa, supuso un enorme gasto financiero para la Corona española. Esto, sumado a conflictos posteriores como las guerras napoleónicas, “debilitó la administración española y la capacidad de mantener el control sobre sus extensos territorios”.

Juan Eslava Galán y la “singular miopía” de España

Es un argumento del que también se hace eco el escritor español Juan Eslava Galán en su 'Historia de España contada para escépticos'. En el capítulo 75, califica de “singular miopía” que España apoyara la independencia de las colonias inglesas “sin advertir el funesto ejemplo que daba a sus propias colonias”. “Estas no tardarían en seguir el camino de las inglesas y sacudirse su yugo colonial”, explica en el libro.

De cualquier forma, estos hechos son posteriores a los relatados en la exposición que ahora alberga el Museo del Ejército, y que, según su director, el general de Brigada Francisco Germán Martínez Lozano, que cumple un año en el cargo, espera contar con unos 180.000 visitantes en los próximos seis meses.

Durante el acto de inauguración, el embajador de Estados Unidos en España elogió la cooperación bilateral entre ambos países. También fue significativa esta intervención justo en un momento en el que el Gobierno español ha reafirmado su postura contra la guerra del Ejecutivo de Donald Trump e Israel contra Irán.

El embajador dedicó múltiples elogios al Ejército de Tierra por dedicar este año a “celebrar” el papel de España en la independencia de Estados Unidos, de la que se cumplen 250 años, y por su “importante compromiso institucional con la preservación de este legado compartido”.

Asimismo, agradeció al “pueblo español” sus “contribuciones fundamentales” que han hecho que se produzcan “profundos vínculos históricos que unen a nuestros dos países y sirven como un poderoso recordatorio de nuestra historia compartida”.

De la diplomacia al “servicio compartido”

“Eso nos recuerda que las amistades se forjan no solo en la diplomacia, sino también en el servicio compartido y en un propósito común”, añadió, recordando que su familia tiene sus raíces en las Islas Canarias, una “herencia de gran orgullo” y un recordatorio “de que los lazos que nos unen no son solo históricos, son conexiones vivas, profundamente humanas”-

Finalmente, confió en que esos 250 años desde la independencia de Estados Unidos se sigan celebrando en los próximos meses y ha apelado al dialogar sobre “cómo continuamos construyendo un futuro común a partir de nuestra historia compartida”.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra también se refirió, con motivo de la exposición, a esa “historia compartida entre nuestras dos naciones”. “Un episodio cuya relevancia es incuestionable y que se inscribe en una relación mucho más amplia y profunda en el tiempo”, indicó.

“Ponemos en valor una realidad histórica de gran profundidad: la decisiva implicación de España y muy especialmente de su Ejército de Tierra en aquel proceso fundacional”, dijo.

Para Amador Enseñat y Berea toda la exposición es una “expresión de una memoria compartida”, al tiempo que ha defendido la cooperación bilateral entre ambos países. “Nuestros ejércitos trabajan juntos, se adiestran juntos y operan juntos. Nuestros ejércitos de tierra mantienen una relación basada en la confianza mutua, el respeto profesional y una larga tradición de colaboración. Una relación que, como demuestra esta exposición, tiene raíces profundas”, resaltó.

Y al igual que el embajador, dijo confiar en que la muestra ayude “a fortalecer más” las conexiones entre ambas naciones. “Debería servir como un recuerdo de que somos capaces de lograr juntos, un gran proyecto que coopere con el futuro, para su continuada sucesión e impacto duradero”, concluyó.

La muerte del ex delegado de Defensa en Asturias, Baldomero Argüelles, en un incendio declarado este pasado fin de semana en el concejo asturiano de Grado ha causado una gran consternación en un amplio sector de la sociedad asturiana, donde el coronel retirado era muy conocido tanto por su cercanía y afabilidad como por su carácter tranquilo y discreto.

Baldomero Argüelles, de 71 años, había salido de su domicilio a las 12.30 horas del sábado para realizar labores de desbroce en una finca de Merín de Arriba, en La Mata.

La búsqueda

Al comprobar que no había regresado para el almuerzo, su mujer intentó localizarlo. Ante la falta de noticias, en torno a las cinco de la tarde, llamó a los servicios de Emergencias para tratar de encontrarlo.

Inmediatamente se organizó un dispositivo de búsqueda en el que participaron integrantes de la Guardia Civil y el Grupo de Rescate de Bomberos, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, quienes se desplazaron hasta la zona.

Los avisos

Poco antes de las cinco de la tarde, la sala del 112 recibió un aviso de que quemaba monte bajo en esta misma zona y se procedió a movilizar a los Bomberos del parque de Grado.

Varios vecinos comentaron a los equipos de rescate que “había una persona haciendo una quema y no la encontraban”, según los datos facilitados a elDiario.es Asturias por el 112 Asturias.

La movilización

Al mismo tiempo, desde el Centro de Coordinación de Emergencias se informó a los Bomberos de la llamada recibida donde se indicaba que en esa zona era donde se creía que estaba la persona a la que se estaba buscando -al coronel- porque no había regresado a casa y se había iniciado la movilización de medios para su búsqueda.

En la zona permanecieron los efectivos de Bomberos de Grado y Somiedo, junto al Jefe de Zona Centro y una empresa forestal, trabajando en la extinción del incendio.

La autopsia

Poco después, hallaban el cadáver calcinado del coronel. Al parecer, cuando se encontraba realizando una quema de rastrojos, el fuego se descontroló y se extendió al monte.

La autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal ha revelado que sufrió una indisposición mientras se encontraba cerca del fuego, que le hizo caer cerca de las llamas. Los primeros indicios apuntan a que la causa más probable es que sufriera una intoxicación por la inhalación del humo cuando fue alcanzado por el incendio.

Hoy, el funeral

Baldomero Argüelles, que ejerció como delegado de Defensa en Asturias entre los años 2007 y 2013, estaba casado con Margarita Díez, tenía tres hijos Paula, Carlos y Loreto y cuatro nietos Gonzalo, Manuela, Adriana y Alejo. La capilla ardiente se instaló ayer, domingo, en el tanatorio de Los Arenales de Oviedo.

Hoy lunes, a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Melchor de Quirós, en Oviedo, y acto seguido se procederá a su incineración.

En el episodio de hoy hablamos con Mònica, Francesc y Cristina. Los tres salen en un documental de TV3 que se llama ‘Et faran un home. Morts silenciades’. Los tres tienen en común que son hermanos de personas que, ellos tienen claro, murieron en extrañas circunstancias en la mili o por culpa de la mili. Han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya. Contamos sus historias y les preguntamos cómo se sienten en un contexto internacional en el que la guerra vuelve a ser protagonista y en el que muchos países de nuestro entorno recuperan el servicio militar obligatorio. 

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Familiares de fallecidos en la mili se organizan para buscar justicia: “Lo peor es no saber qué les pasó”

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El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.

“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.

Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.

Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.

Un documental de TV3 pone en contacto a las familias

Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.

Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.

“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.

Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.

El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.

Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.

“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.

El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.

“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.

Opacidad sobre las causas y el número de muertes

Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. 

“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.

La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. 

En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. 

Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. 

En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.

Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com

Había expectación por los discursos de la Pascua Militar del rey Felipe VI y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero ninguno de los dos se ha referido de forma explícita al ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela. Sí lo han hecho de forma velada: el rey ha defendido el “multilateralismo” y el “orden global basado en normas”, mientras que Robles ha asegurado que España defiende el “pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional”, fuera de cuyo marco “no hay actuaciones legítimas posibles”.

“El año 2025 deja una sensación creciente de amenaza, que llega al corazón de Europa y vuelve a evidenciar cuán necesario es tener fuerzas armadas con alto grado de formación y bien equipadas, unos recursos humanos y materiales a la altura de los desafíos”, ha asegurado Felipe VI, para defender a continuación el aumento de gasto en defensa. En el caso de España, el Gobierno pactó con la OTAN que el gasto militar no subiese al 5% y a la vez cumplir con sus compromisos. El rey ha afirmado que “es importante dar continuidad a un esfuerzo compartido”.

Para Felipe VI, la “integración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial o los drones, se convierte en un poderoso motor de transformación, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa en todos los dominios, así como una disuasión creíble”. También ha alabado “el apoyo” del Ejército “a la población y al Sistema de Protección Civil ante las catástrofes naturales”, con un recuerdo para los militares y guardias civiles que participaron en la reconstrucción de las localidades arrasadas por la dana y las tareas de extinción de los “devastadores incendios” de este verano.

Robles sí alude a Ucrania y Gaza de forma explícita

Margarita Robles, la primera en intervenir, sí se ha referido de forma clara a Ucrania y Gaza: “Vamos a seguir apoyando a Ucrania, víctima de una cruel invasión. España seguirá apoyando en todos los ámbitos una paz justa y duradera cuyos términos solo pueden ser decididos por el pueblo ucraniano”, ha argumentado, para añadir a continuación que España está “igualmente comprometida con la paz en Gaza”.

Es la primera Pascua Militar en la que no está presente Pedro Sánchez, que este 6 de enero tiene que acudir a la reunión de la Coalición de Voluntarios de París, el grupo de socios europeos aliados de Ucrania. La cumbre está organizada de forma conjunta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer y también acudirá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Este martes Robles no ha hecho una alusión explícita a Venezuela ni a Estados Unidos, aunque el Gobierno ha condenado “con rotundidad” la “violación de la legalidad internacional en Venezuela”, alineándose con los países con una posición más dura contra Trump frente a la tibieza, al menos hasta ahora, de la Unión Europea. Poco antes de la intervención de la ministra, España y otros seis grandes países europeos (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca) defendieron a Groenlandia ante las amenazas imperialistas de EEUU.

Desde el Ejecutivo han sostenidos estos días que el ataque de Trump es un precedente “peligroso” y que su postura es coherente con la que mantienen en Ucrania y Gaza. El presidente de Estados Unidos, que afirma que está “al mando” de Venezuela, ya ha descartado elecciones próximamente en este país y ha amenazado directamente a Cuba, Colombia y México.

“Era militar, però ante tot defensava la legalitat”. Severa, 97 anys, recorda el seu oncle, Pablo Ferrer Madariaga, sense apartar la mirada d’una de les seves fotografies. La llum entra tamisada per la finestra i dibuixa el seu perfil: les mans, la pell fina, el gest pausat de qui dóna testimoni d’una vida llarga i silenciosa, marcada per l'execució del germà de la seva mare, el 3 de desembre de 1936 a Melilla, per mantenir-se fidel al Govern legítim de la Segona República.

Sobre la taula, una campana daurada i petits objectes quotidians són testimonis del seu relat: “El recordo com una persona seriosa i molt bona”, rememora amb nostàlgia la fillola d’aquell que es va negar a secundar la sublevació feixista, encara que el seu rebuig li costés la vida: la seva negativa el va convertir en objectiu immediat dels militars rebels, sent arrestat d’immediat, sotmès a un consell de guerra sense garanties i, finalment, executat.

Vuit dècades després, asseguda al silló de casa seva, on conserva uns pocs records dispersos del seu padri -no així la carta que els va enviar quan ja sabia que el fusellarien, encara que la recorda com si hagués estat escrita ahir-, Severa Pons reconstrueix la seva memòria en veu baixa, com qui per fi pot explicar el que durant anys la seva família amb prou feines havia murmurat.

El militar mallorquí, nascut a Palma el 1896, era comandant del Batalló de Caçadors número 7 de Ceuta, traslladat en aquell moment a Melilla. Quan va esclatar el cop d’estat de juliol de 1936, Ferrer es trobava en un dels epicentres de l’alçament. “Jo era molt petita quan el van matar. Recordo que venia a veure’ns i sempre li deia a mamà que volia quedar-se amb mi perquè no tenia fills. I la meva mare li responia: 'Ja veurem, ja veurem'. Ja aleshores jo era molt coqueta”, narra.

Era militar, però abans de tot defensava la legalitat. No va voler donar suport al que sabia que era un cop contra un govern legítim

Severa — Fillola de Pablo Ferrer Madariaga

Els militars que no van acceptar el cop

El cas de Pablo Ferrer Madariaga revela una realitat incòmoda per al franquisme: hi va haver oficials que es van negar a trair el seu jurament constitucional i van rebutjar alçar-se contra el Govern republicà, cosa que desmunta el mite difós en la dictadura sobre un Exèrcit homogeni, heroic i “salvador d’Espanya” davant del suposat caos republicà. El record d’aquests militars, sotmesos a afusellaments, execucions durant la postguerra, a condemnes penitenciàries i a la seva expulsió de l’Exèrcit per ser considerats un desafiament directe a la legitimitat que el franquisme deia encarnar, va ser sistemàticament esborrat de la memòria oficial, mentre les seves vídues i famílies eren llançades a una extrema vulnerabilitat: sense pensions, sense reconeixement públic i, en molts casos, assenyalades socialment.

El cas de Pablo Ferrer Madariaga revela una realitat incòmoda per al franquisme: hi va haver oficials que es van negar a trair el seu jurament constitucional i alçar-se contra el Govern republicà, cosa que desmunta el mite difós en la dictadura sobre un Exèrcit homogèni, heroic i "salvador d’Espanya"

Al llibre Leales y rebeldes, l’historiador Carlos Navajas Zubeldia, membre de l'Associació Espanyola d'Història Militar, analitza precisament com nombrosos oficials es van mantenir fidels a la República i com aquesta lleialtat jurídica i constitucional -i no la sublevació- implicava assumir el risc de presó, exili o execució. Ferrer Madariaga no va ser una excepció, sinó part d’un grup més ampli que la historiografia franquista va eliminar dels discursos oficials i dels manuals escolars.

Un comandant “culte i format”

“Era un militar de carrera, culte, format, que entenia que no es podia trencar l’ordre constitucional per la força”, recorda Margalida Rosselló, una de les filles de Severa, qui fa en aquell instant acte de presència. L’origen familiar de Ferrer Madariaga ajuda a entendre tant la seva trajectòria com les seves conviccions. La mare, Severa Madariaga Basterrechea, de Gernika, va ser una dona intel·lectualment activa, una mestra “molt culta” -com subratlla Margalida- i gran defensora de l’accés de les dones a l’educació. Va arribar a Mallorca després de casar-se i acabaria sent reconeguda a la localitat d’Inca com a filla adoptiva de l’Ajuntament per la seva tasca pedagògica, encara que aquest tribut li arribaria a títul pòstum, ja en democràcia. “La mort del seu fill li va provocar un disgust tan enorme que va morir poc després. Les seves exalumnes demanaven que se li fes algun homenatge perquè havia fet una feina importantíssima per les dones de l’època, però no ho van aconseguir mai perquè, per a les autoritats, el seu fill era una taca negra”, relata.

Les exalumnes [de la mare de Ferrer Madariaga, mestra i defensora de l’accés de les dones a l’educació] demanaven que se li fes algun homenatge, perquè havia fet una feina importantíssima per les dones de l’època, però no ho van aconseguir mai perquè, per a les autoritats, el seu fill era una taca negra

Margalida Roselló — Neboda neta de Pablo Ferrer Madariaga

Sobre el pare, Pedro Ferrer Alzina, Rosselló recorda el seu perfil militar -era coronel d’infanteria-, cosa que va motivar que el futur comandant creixés en un entorn castrense. Aquesta mezcla entre una educació il·lustrada i un ambient militar professional explica, segons la família, per què Pablo va seguir la mateixa carrera que el seu progenitor sense renunciar mai al respecte per la legalitat republicana que va defensar fins al seu últim alè. En ell convergien disciplina i valors cívics apresos a casa.

“Amb 16 anys se’n va anar a estudiar a l’Acadèmia de Salamanca i va arribar a coincidir amb Franco. Després va ser destinat al Fort de Cabrerizas a Melilla, al Protectorat del Marroc, i va participar en el desastre d’Annual”, continua relatant Margalida. La seva mare interé: “Recordo sobretot quan l’oncle venia a veure’ns quan vivíem a Palma. La meva àvia també hi era”. Les paraules de Severa s’entrecorten quan recorda la mort del seu oncle: “Va ser perquè Franco...”. Guarda silenci i diu: “Que no em parlin de Franco perquè no sé com dir-lo. I això que va fer amb l’oncle...”.

Severa rememora el seu padri: "Recordo sobretot quan venia a veure’ns quan vivíem a Palma. La meva àvia també hi era". Les seves paraules s’entrecorten quan recorda la seva mort: "Va ser perquè Franco...". Guarda silenci i diu: "Que no em parlin de Franco perquè no sé com dir-lo. I això que va fer amb l’oncle..."

La seva filla pren la paraula i descriu els dies previs a l'afusellament del militar. En el moment en què es va produir el cop d’estat, ell era a Melilla i la consigna que tenien els colpistes que el 17 de juliol “havien de tenir controlats els quarters militars africans per l’endemà fer l’alçament”. Sobre allò, Margalida al·ludeix a un llibre, ¡Marruecos. 17 a las 17!, que narra les setze hores que van transcórrer entre el començament de la sublevació -a les 15.00 hores del dia 17 de juliol de 1936- i la victòria dels militars rebels en territori del Protectorat. Quan es va dur a terme la insurrecció, prossegueix Rosselló, “hi va haver una sèrie de militars d’oficials que no la van secundar perquè allò era un cop d’estat i la raó que els va portar a negar-se va ser la de defensar el govern legítim que havia estat elegit per la gent”. Ferrer Madariaga era un d’ells.

Afusellat al costat d’un altre mallorquí

El militar mallorquí va ser detingut al costat d’altres oficials que tampoc es van sumar al cop. Acte seguit va ser sotmès a un consell de guerra en el qual una primera sentència el va condemnar a trenta anys d’arrest. Tanmateix, Margalida relata que hi va haver “ordres de dalt” -es mostra convençuda que les instruccions provenien del propi Franco- per repetir el consell. La sentència definitiva, datada el 19 de novembre, el va enviar a la paredassa.

La resolució, derivada del Sumari 445/1936 -conservat en l'Arxiu del Tribunal Militar Territorial Segon, a Sevilla-, considerava provat que Ferrer Madariaga va compartir, al costat d'altres “molts caps i oficials”, teories “dissolvents contràries a l'organització de la Nació, als principis d'autoritat i justícia i als més purs ideals patris provat”. I això “amb motiu de les actuació del Govern defensor de les teories de l'anomenat Front Popular encaminades a implantar a Espanya el marxisme i Comunisme, instaurant-se un règim de desordre en el qual van ser atropellades les lleis, vexades les persones d'ordre i desconegut el principi d'autoritat, conduint tal mode de conducta dels governants a la desolació i ruïna de la nació”.

La sentència de mort, derivada del Sumari 445/1936, considerava provat que Ferrer Madariaga va compartir, al costat d'altres "molts caps i oficials", teories "dissolvents contràries a l'organització de la Nació, als principis d'autoritat i justícia i als més purs ideals patris provat". I això "amb motiu de les actuació del Govern defensor de les teories de l'anomenat Front Popular encaminades a implantar a Espanya el marxisme i Comunisme"

Part de la sentència la recull a una de les seves investigacions Joaquín Gil Honduvilla, historiador i tinent coronel del Cos Jurídic Militar, per a qui el cas del militar mallorquí, al costat del de molts altres, evidencia l'arbitrarietat i retroactivitat del dret penal militar franquista i l'ús de consells de guerra com a instruments de legitimació del cop. En aquest aspecte cobra especial rellevància la construcció del delicte de rebel·lió per a silenciar als qui van defensar la legalitat republicana i en com es va utilitzar la reforma penal duta a terme el 30 de juliol de 1936 per a castigar conductes anteriors al cop. “Encara que no ho diguessin els textos legals, aquesta reforma va ser aplicada d'una manera retroactiva contra tot i contra tots aquells que haguessin defensat d'alguna manera la legalitat republicana anterior a la nova situació creada des del 17 de juliol de 1936”, incideix l'investigador en la seva tesi.

La sentència contra Ferrer va ser, segons l'historiador i tinent coronel del Cos Jurídic Militar Joaquín Gil Honduvilla, un exemple paradigmàtic de la justícia militar revoltada, més orientada a sancionar dissidències i fidelitats republicanes que a jutjar delictes reals. La seva figura es perfila com la d'un militar professional executat no per actes violents, sinó per romandre fidel al seu jurament i a l'Estat legítim

Afusellat amb un altre mallorquí

Ferrer Madariaga va ser assassinat el 3 de desembre al costat d’un altre mallorquí, Josep Rotger Canals, del qual “ningú sap res”, assevera. “Els van afusellar als dos, no sabem si junts o per separat el mateix dia. Els colpistes sabien perfectament dies abans qui eren els que no estaven amb ells”, abunda Rosselló.

Ferrer Madariaga va ser detingut al costat d’altres oficials que tampoc es van sumar al cop. Acte seguit va ser sotmès a un consell de guerra en el qual una primera sentència el va condemnar a trenta anys d’arrest. Tanmateix, "ordres de dalt" -segons Margalida, provinents de Franco- van fer repetir el consell. La sentència definitiva el va enviar a la paredassa. El van afusellar al costat d’un altre mallorquí, Josep Rotger Canals, del qual "ningú sap res"

El seu cos va ser enterrat a Melilla. Durant anys, fins i tot la localització exacta de la seva tomba va ser incerta per a la família. Severa recorda que conserven una foto de la làpida, però “ningú hi ha anat mai”. Sí que s’hi van desplaçar fins allà la mare i la dona del comandant, Pilar Vera Santana -amb qui s'havia casat en 1922-, que van pagar la tomba durant cinc anys. “L’àvia va ser disposada a enterrar el seu fill, però ja es va trobar tot arreglat”, assenyala.

A partir d’aquell moment, la memòria del comandant va quedar sepultada dins la família durant dècades. “La seva història es va cobrir amb un espès vel. Ningé parlava d’ell. La meva germana Antònia deia: 'Nosaltres estem amb el règim de Franco i no volem saber res'”, recorda Severa, qui apunta a la “por” que existia “de parlar sobre segons quines coses”. L’atmòsfera que descriu era la del franquisme quotidià. Ella mateixa evoca la contesa i la dictadura com a “molt dures”, especialment quan era nena, quan la vestien amb l’uniforme falangista i havia de conviure amb l’amenaça de la vigilància permanent: “Ara, per exemple, estan les persianes obertes. Però aleshores havies de posar periòdics als cristalls”.

Un dia abans del seu afusellament, Ferrer Madariaga va enviar una carta a la seva família, però mai va tornar a ser vista. Quan Severa es va interessar per la missiva, una de les seves cosines li va respondre contundent: “Els morts estàn bé on estan, no et preocupis”. Va ser la seva tia Pili qui li va explicar què deia el militar en el seu escrit: demanava que la seva memòria i el seu honor fossin algun dia restituïts quan Espanya recuperés la democràcia i que se sabés que va fer “el que havia de fer, que era defensar el govern legítim de la República”. L’Associació per la Memòria Militar Democràtica (AMMD) va sol·licitar al Ministeri de Defensa la presència d’una unitat militar per retre els honors que per ordenança li corresponien com a comandant caigut en acte de servei. La petició, recolzada per la família i per l’Associació Memòria Històrica de Mallorca, va ser ignorada.

La seva història es va cobrir amb un espés vel. Ningú parlava d’ell. La meva germana Antònia deia: 'Nosaltres estem amb el règim de Franco i no volem saber res'

Severa — Fillola de Pablo Ferrer Madariaga

El Govern central sí que va fer arribar a la família la Declaració de Reconeixement i Reparació Personal, emparada per la Llei de Memòria Democràtica, que declara il·legal i il·legítim el procediment que li va condemnar i reconeix la seva figura com a part essencial de la història democràtica.

El passat 3 de desembre, l’Ajuntament d’Inca va dur a terme un acte d’homenatge i reparació de la memòria del comandant mallorquín, qui, com tants militars republicans, va pagar amb la seva vida la seva fidelitat a la legalitat democràtica. La dictadura els va etiquetar com a “traïtors”, una inversió deliberada del significat real de la seva lleialtat jurídica i constitucional. El tribut recentment celebrat trenca el silenci que el va envoltar durant dcades i rescata una memòria que la dictadura no va permetre pronunciar. Severa mira la fotografia del seu oncle i somriu amb la serenitat de qui ha esperat tota una vida per poder explicar allò que li van arrabassar sent nena. La seva fillola s’emociona en recordar: “Estic contenta. Mamà va fer el que va poder i nosaltres també. Ja no es pot fer res més, però ja no serà un desconegut i ell ho reconeixerà allà on estigui”.

“Era militar, pero ante todo defendía la legalidad”. Severa, 97 años de edad, recuerda a su tío, Pablo Ferrer Madariaga, sin apartar la mirada de una de sus fotografías. La luz entra tamizada por la ventana y dibuja su perfil: las manos, la piel fina, el gesto pausado de quien da testimonio de una vida larga y silenciosa, marcada por el asesinato del hermano de su madre, el 3 de diciembre de 1936 en Melilla, por mantenerse fiel al Gobierno legítimo de la Segunda República.

Sobre la mesa, una campana dorada y pequeños objetos cotidianos son testigos de su relato: “Lo recuerdo como una persona seria y muy buena”, rememora con nostalgia la fillola (ahijada) de aquel que se negó a secundar la sublevación fascista, aunque su rechazo le costara la vida: su negativa lo convirtió en objetivo inmediato de los militares rebeldes, siendo arrestado de inmediato, sometido a un consejo de guerra sin garantías y, finalmente, ejecutado.

Ocho décadas después, sentada en el sillón de su casa, donde conserva unos pocos recuerdos dispersos de su padrino -no así la carta que les envió cuando ya sabía que lo iban a fusilar, aunque la recuerda como si hubiera sido escrita ayer-, Severa reconstruye su memoria en voz baja, como quien por fin puede contar lo que durante años su familia apenas había susurrado.

El militar mallorquín, nacido en Palma en 1896, era comandante del Batallón de Cazadores número 7 de Ceuta, trasladado en ese momento a Melilla. Cuando estalló el golpe de Estado de julio de 1936, Ferrer se encontraba en uno de los epicentros del levantamiento. “Yo era muy pequeña cuando lo mataron. Recuerdo que venía a vernos y siempre le decía a mamá que quería quedarse conmigo porque no tenía hijos. Y mi madre le respondía: 'Ya veremos, ya veremos'. Ya entonces yo era muy coquetona”, narra.

Era militar, pero ante todo defendía la legalidad. No quiso apoyar lo que sabía que era un golpe contra un gobierno legítimo

Severa — Ahijada de Pablo Ferrer Madariaga

Los militares que no aceptaron el golpe

El caso de Pablo Ferrer Madariaga revela una realidad incómoda para el franquismo: hubo oficiales que se negaron a traicionar su juramento constitucional y rechazaron alzarse contra el Gobierno republicano, lo que desmonta el mito difundido en la dictadura acerca de un Ejército homogéneo, heroico y “salvador de España” frente al supuesto caos republicano. El recuerdo de estos militares, sometidos a fusilamientos, ejecuciones durante la posguerra, a condenas penitenciarias y a su expulsión del Ejército por ser considerados un desafío directo a la legitimidad que el franquismo decía encarnar, fue sistemáticamente borrado de la memoria oficial, mientras sus viudas y familias eran arrojadas a una extrema vulnerabilidad: sin pensiones, sin reconocimiento público y, en muchos casos, señaladas socialmente.

El caso de Pablo Ferrer Madariaga revela una realidad incómoda para el franquismo: hubo oficiales que se negaron a traicionar su juramento constitucional y alzarse contra el Gobierno republicano, lo que desmonta el mito difundido en la dictadura acerca de un Ejército homogéneo, heroico y "salvador de España"

En el libro Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, el historiador Carlos Navajas Zubeldia, miembro de la Asociación Española de Historia Militar, analiza precisamente cómo numerosos oficiales se mantuvieron fieles a la República y cómo esa lealtad jurídica y constitucional -y no la sublevación- implicaba asumir el riesgo de cárcel, destierro o ejecución. Ferrer Madariaga no fue una excepción, sino parte de un grupo más amplio que la historiografía franquista eliminó de los discursos oficiales y de los manuales escolares.

Un comandante “culto y formado”

“Era un militar de carrera, culto, formado, que entendía que no se podía romper el orden constitucional por la fuerza”, recuerda Margalida Roselló, una de las hijas de Severa, quien hace en ese instante acto de presencia. El origen familiar de Ferrer Madariaga ayuda a entender tanto su trayectoria como sus convicciones. La madre, Severa Madariaga Basterrechea, de Gernika, fue una mujer intelectualmente activa, una maestra “muy culta” -como subraya Margalida- y gran defensora del acceso de las mujeres a la educación. Llegó a Mallorca tras casarse y acabaría siendo reconocida en la localidad de Inca como hija adoptiva del Ayuntamiento por su labor pedagógica, aunque ese tributo le llegaría a título póstumo, ya en democracia. “El fallecimiento de su hijo le provocó un disgusto tan enorme que murió poco después. Sus exalumnas pedían que se le hiciera algún homenaje porque había hecho un trabajo importantísimo por las mujeres de la época, pero no lo lograron nunca porque, para las autoridades, su hijo era una mancha negra”, relata.

Las ex alumnas [de la madre de Ferrer Madariaga, maestra y defensora del acceso de las mujeres a la educación] pedían que se le hiciera algún homenaje, porque había hecho un trabajo importantísimo por las mujeres de la época, pero no lo lograron nunca porque, para las autoridades, su hijo era una mancha negra

Margalida Roselló — Sobrina nieta de Pablo Ferrer Madariaga

Sobre el padre, Pedro Ferrer Alzina, Rosselló recuerda su perfil militar -era coronel de infantería-, lo que motivó que el futuro comandante creciese en un entorno castrense. Esa mezcla entre una educación ilustrada y un ambiente militar profesional explica, según la familia, por qué Pablo siguió la misma carrera que su progenitor sin renunciar nunca al respeto por la legalidad republicana que defendió hasta su último aliento: en él convergían disciplina y valores cívicos aprendidos en casa.

“Con 16 años se fue a estudiar a la Academia de Salamanca y llegó a coincidir con Franco. Después lo destinaron al Fuerte de Cabrerizas de Melilla, en el Protectorado de Marruecos, y participó en el desastre de Annual”, continúa relatando Margalida. Su madre interviene: “Recuerdo sobre todo cuando el tío venía a vernos cuando vivíamos en Palma. Mi abuela también estaba”. Sin embargo, las palabras de Severa se entrecortan cuando recuerda la muerte de su tío: “Fue porque Franco...”. Guarda silencio y dice: “Que no me hablen de Franco porque no sé cómo llamarlo. Y esto que hizo con el tío...”.

Severa rememora a su padrino: "Recuerdo sobre todo cuando venía a vernos cuando vivíamos en Palma. Mi abuela también estaba". Sin embargo, sus palabras se entrecortan cuando recuerda su muerte: "Fue porque Franco...". Guarda silencio y dice: "Que no me hablen de Franco porque no sé cómo llamarlo. Y esto que hizo con el tío..."

Su hija toma la palabra y describe los días previos al fusilamiento del militar. En el momento en que se produjo el golpe de estado, él estaba en Melilla, destacado a las órdenes de Manuel Romerales Quintero -también asesinado por los sublevados-, y la consigna que tenían los golpistas que el 17 de julio “debían tener controlados los cuarteles militares africanos para al día siguiente hacer el alzamiento”. Sobre aquello, Margalida alude a un libro, ¡Marruecos. 17 a las 17!, que narra las dieciséis horas que transcurrieron entre el comienzo de la sublevación -a las 15.00 horas del día 17 de julio de 1936- y la victoria de los militares rebeldes en territorio del Protectorado. Cuando se llevó a cabo la insurrección, prosigue Rosselló, “hubo una serie de militares de oficiales que no la secundaron porque aquello era un golpe de estado y la razón que los llevó a negarse fue la de defender el gobierno legítimo que había sido elegido por la gente”. Ferrer Madariaga era uno de ellos.

La sentencia de muerte

El militar mallorquín fue detenido junto a otros oficiales que tampoco se sumaron al golpe. Acto seguido fue sometido a un consejo de guerra en el que una primera sentencia lo condenó a treinta años de arresto. Sin embargo, Margalida relata que hubo “órdenes de arriba” -se muestra convencida de que las instrucciones provenían del propio Franco- para repetir el consejo. La sentencia definitiva, fechada el 19 de noviembre, lo envió al paredón.

La resolución, derivada del Sumario 445/1936 -conservado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, en Sevilla-, consideraba probado que Ferrer Madariaga compartió, junto a otros “muchos jefes y oficiales”, teorías “disolventes contrarias a la organización de la Nación, a los principios de autoridad y justicia y a los más puros ideales patrios probado”. Y ello “con motivo de las actuación del Gobierno defensor de las teorías del llamado Frente Popular encaminadas a implantar en España el marxismo y Comunismo, instaurándose un régimen de desorden en el que fueron atropelladas las leyes, vejadas las personas de orden y desconocido el principio de autoridad, conduciendo tal modo de proceder de los gobernantes a la desolación y ruina de la nación”.

La sentencia de muerte, derivada del Sumario 445/1936, consideraba probado que Ferrer Madariaga compartió, junto a otros "muchos jefes y oficiales", teorías "disolventes contrarias a la organización de la Nación, a los principios de autoridad y justicia y a los más puros ideales patrios probado". Y ello "con motivo de las actuación del Gobierno defensor de las teorías del llamado Frente Popular encaminadas a implantar en España el marxismo y Comunismo"

Parte del fallo lo recoge en una de sus investigaciones Joaquín Gil Honduvilla, historiador y teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar, para quien el caso del militar mallorquín, junto al de muchos otros, evidencia la arbitrariedad y retroactividad del derecho penal militar franquista y el uso de consejos de guerra como instrumentos de legitimación del golpe. En este aspecto cobra especial relevancia la construcción del delito de rebelión para silenciar a quienes defendieron la legalidad republicana y en cómo se utilizó la reforma penal llevada a cabo el 30 de julio de 1936 para castigar conductas anteriores al golpe. “Aunque no lo dijeran los textos legales, esa reforma fue aplicada de una manera retroactiva contra todo y contra todos aquellos que hubieran defendido de alguna manera la legalidad republicana anterior a la nueva situación creada desde el 17 de julio de 1936”, incide el investigador en su tesis.

La sentencia contra Ferrer fue así un ejemplo paradigmático de la justicia militar sublevada, más orientada a sancionar disidencias y fidelidades republicanas que a juzgar delitos reales, y revelaba así que los “hechos probados” no bastaban para sustentar su condena: su figura, lejos de la caricatura que ofrecieron los sumarios, se perfila como la de un militar profesional ejecutado no por actos violentos, sino por permanecer fiel a su juramento y al Estado legítimo.

La sentencia contra Ferrer fue, según el historiador y teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar Joaquín Gil Honduvilla, un ejemplo paradigmático de la justicia militar sublevada, más orientada a sancionar disidencias y fidelidades republicanas que a juzgar delitos reales. Su figura se perfila como la de un militar profesional ejecutado no por actos violentos, sino por permanecer fiel a su juramento y al Estado legítimo

Fusilado junto a otro mallorquín

Ferrer Madariaga fue asesinado el 3 de diciembre junto a otro mallorquín, Josep Rotger Canals, del que, sin embargo, “nadie sabe nada”, como señala Margalida: “Los fusilaron a los dos, no sabemos si juntos o por separado el mismo día. Los golpistas sabían perfectamente días antes quiénes eran los que no estaban con ellos”.

Ferrer Madariaga fue detenido junto a otros oficiales que tampoco se sumaron al golpe. Acto seguido fue sometido a un consejo de guerra en el que una primera sentencia lo condenó a treinta años de arresto. Sin embargo, "órdenes de arriba" -según Margalida, provenientes de Franco- hicieron repetir el consejo. La sentencia definitiva lo envió al paredón. Lo fusilaron junto a otro mallorquín del que, sin embargo, "nadie sabe nada"

El cuerpo del comandante fue enterrado en Melilla. Durante años, incluso la localización exacta de su tumba fue incierta para la familia. Severa recuerda que conservan una foto de la lápida, pero “nadie ha ido nunca”. Sí se desplazaron hasta allí la madre y la mujer del comandante, Pilar Vera Santana -con quien se había casado en 1922-, quienes pagaron la tumba durante cinco años. “La abuela fue disposta a enterrar a su hijo, pero ya se encontró todo arreglado”.

A partir de ese momento, la memoria del comandante quedó sepultada dentro de la familia durante décadas. “Su historia se cubrió con un tupido velo. Nadie hablaba de él. Mi hermana Antònia decía: 'Nosotros estamos con el régimen de Franco y no queremos saber nada'”, recuerda Severa, quien apunta al “miedo” que existía “de hablar sobre según qué cosas”. La atmósfera que describe era la del franquismo cotidiano. Ella misma evoca la contienda y la dictadura como “muy duras”, especialmente cuando era niña, cuando la vestían con el uniforme falangista y debía convivir con la amenaza de la vigilancia permanente: “Ahora, por ejemplo, están las persianas abiertas. Pero entonces tenías que poner periódicos en los cristales”.

Horas antes de su fusilamiento, Ferrer Madariaga envió una carta a su familia, pero nunca volvió a ser vista. Cuando Severa se interesó por la misiva, una de sus primas le respondió tajante: “Los muertos están bien donde están, no te preocupes”. Fue su tía Pili quien le explicó qué decía el militar en su escrito: pedía que su memoria y su honor fuesen algún día restituidos cuando España recuparase la democracia y que se supiera que hizo “lo que debía hacer, que era defender el gobierno legítimo de la República”. La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) solicitó al Ministerio de Defensa la presencia de una unidad militar para rendir los honores que por ordenanza le corresponderían como comandante caído en acto de servicio. La petición, respaldada por la familia y por la Asociación Memoria Histórica de Mallorca, fue ignorada por Defensa.

Su historia se cubrió con un tupido velo. Nadie hablaba de él. Mi hermana Antònia decía: 'Nosotros estamos con el régimen de Franco y no queremos saber nada'

Severa — Ahijada de Pablo Ferrer Madariaga

El Gobierno central sí hizo llegar a la familia la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal, amparada por la Ley de Memoria Democrática, que declara ilegal e ilegítimo el procedimiento que le condenó y reconoce su figura como parte esencial de la historia democrática.

El pasado 3 de diciembre, el Ayuntamiento de Inca llevó a cabo un acto de homenaje y reparación de la memoria del comandante mallorquín, quien, como tantos militares republicanos, pagó con su vida su fidelidad a la legalidad democrática. La dictadura los etiquetó como “traidores”, una inversión deliberada del significado real de su lealtad jurídica y constitucional. El tributo recientemente celebrado rompe el silencio que lo rodeó durante décadas y rescata una memoria la dictadura no permitió pronunciar. Severa mira la fotografía de su tío y sonríe con la serenidad de quien ha esperado toda una vida para poder contar aquello que le arrebataron siendo niña. Su fillola se emociona al recordar: “Estoy contenta. Mamá hizo lo que pudo y nosotros también. Ya no se puede hacer nada más, pero ya no será un desconocido y él lo reconocerá desde donde esté”.

La Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin han denunciado la “gravedad” y la “nocturnidad” con la que los partidos del Gobierno vasco, el PNV y el PSE-EE —que gozan de mayoría absoluta—, han tramitado una enmienda a la ley vasca de Cooperación que, aseguran, “permitirá la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad. Consideran, además, que se están dando “importantes retrocesos para la cooperación vasca”, tanto en términos porcentuales como absolutos.

Como ya había adelantado este periódico, el retoque en la ley de Cooperación fue una de las tres modificaciones legislativas de cierto calado acordadas a propuesta de PNV y PSE-EE, que suman en el Parlamento Vasco mayoría absoluta. El Ejecutivo, en la enmienda de adición, justifica que, de no haberse aprobado la enmienda, peligraría “la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi”. Los sectores espacial, de la ciberseguridad y de los combustibles renovables, añade, son “estratégicos” y “quedarían sin el respaldo público imprescindible para despegar”.

Abunda el Ejecutivo que con la enmienda se aporta “seguridad jurídica” y que, en cualquier caso, la Estrategia Europea de Seguridad —con la que no cuadran otros usos— es un marco “plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Derecho internacional”. Y remacha: “Esta enmienda no introduce una excepción caprichosa, sino una alineación imprescindible con la Estrategia Europea de Seguridad y con los instrumentos industriales europeos. Sin ese encaje, Euskadi no puede acceder con normalidad a fondos europeos [...] ni competir en igualdad de condiciones con otros territorios”.

Esta modificación legislativa fue presentada el 28 de noviembre como autoenmienda de PNV y PSE-EE al proyecto de presupuestos orignal del Gobierno de Pradales e introducida ya el 12 de diciembre en un debate en el que ni se mencionó. Tampoco la oposición formuló ninguna pregunta sobre ello en la sesión de la comisión de Hacienda. Las cuentas, con las modificaciones, se votarán el 23 de diciembre y la nueva disposición sobre Cooperación entrará en vigor el 1 de enero.

“Doble uso”

La coordinadora y Zehar-Errefuxiatuekin, sin embargo, aseveran que esos tres sectores mencionados por el Ejecutivo —el de la ciberseguridad, el aeroespacial y el de los combustibles renovables— pueden tener un “doble uso” militar, destinarse tanto al uso civil como al militar. “No queremos que el dinero recaudado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se destine a colaborar e invertir en industrias dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso miliar. Queremos que se destine a sectores productivos y reproductivos que favorezcan el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente y de las personas, tanto en Euskadi como en el resto del mundo”, han pedido.

Sostienen que, en el fondo, todo se explica porque la ley de Cooperación “molesta” al Gobierno de Pradales. “Hae dos años sirvió para obtener una foto política de consenso y para que el sector puediera estar satisfecho. Pero lo cierto es que el incumplimiento del texto aprobado es flagrante”, han señalado. “Claro que el artículo que se pretende modificar molesta, especialmente a quien no tiene interés en que el dinero de la ciudadanía vasca se utilice de forma coherente con los derechos humanos”, han añadido.

La Academia de Infantería de Toledo, ubicada en un entorno privilegiado junto al río Tajo, no es solo un edificio emblemático, sino también una institución que lleva ligada a la ciudad más de un siglo.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado una exposición que conmemora el 175 aniversario de la institución militar y que recoge imágenes y documentos a lo largo de su historia. Puede visitarse hasta el 19 de diciembre en el patio cubierto de la Facultad de Humanidades, ubicada en el Casco Histórico de la capital toledana.

El comisario de la exposición, el profesor e historiador José Manuel López Torán, señala que la exhibición nace de la trayectoria de colaboración que existe entre la UCLM y la Academia de Infantería, en un “ejercicio que recupere desde una retrospectiva la evolución que ha tenido la ciudad de Toledo”. A partir de ella, quieren mostrar “la vinculación social que la institución tiene con la ciudad de Toledo, en una clara alusión que tenía la presencia de la Academia en la vida de los toledanos. Por ejemplo, cuando los estudiantes tenían que ir a las sastrerías a comprar sus trajes, o vinculándose también con otros negocios de la ciudad”.

La llegada de la Academia de Infantería es muy anterior a la construcción del edificio actual, pues se remonta al año 1850. López Torán explica que “cuando se establece por primera vez en la ciudad pone a Toledo en el mapa dentro de lo que es la red de enseñanzas de nuestro ejército”. La Academia se traslada de Toledo a Madrid a finales del siglo XIX hasta que en 1875 vuelve a instalarse, esta vez en el alcázar.

Paneles que muestran documentos de hace más de 100 años

Se trata de una exposición compuesta por veinte paneles, que articula su discurso en torno a una comparativa cronológica. El documento más antiguo data de finales del último tercio del siglo XIX y las imágenes más recientes corresponden al año 2025.

El recorrido también reserva un espacio a las personas que integran la institución. “Queríamos dedicar un espacio al alumnado, a quienes nutren la vida de la Academia tanto dentro como fuera de sus instalaciones”, añade el comisario. La propuesta favorece una mirada en perspectiva. “Buscábamos generar ese vínculo o esa mirada en el tiempo retomando el título de la exposición”, señala López Torán.

La Academia de Infantería, al igual que otros emplazamientos, tiene sus luces y sus sombras. El edificio en el que se emplaza actualmente fue construido con mano de obra forzada por presos del franquismo durante las décadas de 1940 y 1960. López Torán explica que “por cuestión metodológica” es un hecho que no ha abordado en la exposición, ya que “no me centro solo en el edificio actual, sino en lo que representa la institución”.

Según explica, uno de los ejes de la exposición es la propia actividad interna de la Academia: “Abordamos cuestiones que quizá para los que no estamos dentro de la institución, pues nos resulta desconocido, relacionado con cuestiones propias de la formación que reciben los alumnos, dando visibilidad a lo que ocurre dentro de la propia institución”.

En segundo lugar, a modo de “reconocimiento” se trata la presencia que tiene la Academia fuera de la propia institución y de su espacio físico. “Tenemos dos paneles destinados al Corpus, uno de los momentos del año donde la academia se hace más visible, también dedicados a la música y a los conciertos benéficos que da la unidad de música de la Academia, o con la celebración de la patrona que ha tenido lugar el 8 de diciembre, culminando con el acto castrense”.

Además de la ciudad de Toledo, en los paneles también hay espacio para la provincia, “como es el caso de Guadamur, con fotografías comparativas entre principios del siglo veinte y esta década, donde la Academia está presente en el castillo de esa localidad”.

Aunque la exposición en la sede universitaria se cierra el 19 de diciembre, se trasladará a la propia Academia de Infantería, donde podrá visitarse durante el mes de enero.

Las autoridades ucranianas han detenido a un instructor militar británico acusado de espiar para Rusia y de planear asesinatos, según medios ucranianos.

Ross David Cutmore, de 40 años, natural de Dunfermline, en Escocia, fue supuestamente reclutado por el servicio de inteligencia ruso, el FSB, para “llevar a cabo asesinatos selectivos en el territorio de Ucrania” entre 2024 y 2025.

La fiscalía de Kiev declaró: “En mayo de 2025, transmitió las coordenadas de la ubicación de las unidades ucranianas, fotografías de las instalaciones de entrenamiento e información sobre el personal militar que podía utilizarse para identificarlos. Además, el análisis de su correspondencia confirmó que había llevado a cabo otras tareas en beneficio de los servicios especiales rusos”.

Cutmore había estado destinado anteriormente en Oriente Próximo con el ejército británico y llegó a Ucrania a principios del año pasado para ayudar a su ejército y, más tarde, a su guardia fronteriza.

Según The Times, el detenido es el principal sospechoso de la investigación, que sostiene que fue reclutado por agentes de inteligencia rusos en Odesa, en el sur de Ucrania, y se le pagaban 6.000 dólares si proporcionaba información confidencial sobre la ubicación de las unidades militares ucranianas en los alrededores de la ciudad. Si es declarado culpable, Cutmore se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión.

Los agentes del FSB, según esta tesis, se pusieron en contacto con Cutmore después de que este aparentemente publicara “anuncios ofreciendo sus servicios” en diferentes grupos prorusos de redes sociales. Cutmore recibió instrucciones para fabricar un artefacto explosivo y las coordenadas de un depósito del que tomó una pistola, según la agencia de inteligencia interior de Ucrania.

Cutmore es sospechoso de proporcionar armas para matar a los activistas ucranianos Demyan Hanul e Iryna Farion, así como al diputado Andriy Parubiy, todos ellos asesinados por sicarios, según medios de comunicación ucranianos.

Miles de personas se han alistado en las fuerzas armadas de Ucrania desde la invasión total de Rusia en 2022, después de que el presidente, Volodímir Zelenski, instara a los veteranos de guerra extranjeros a unirse a la causa y ayudar al país.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores comentó al respecto de la situación: “Estamos proporcionando asistencia consular a un ciudadano británico que se encuentra detenido en Ucrania. Seguimos en estrecho contacto con las autoridades ucranianas”.

Es una bandera blanca, con una cruz roja… ¿de qué nos suena? La vemos en manifestaciones de ultraderecha, en aniversarios de la muerte de Franco, en comisarías de policía o en mítines de Vox… Incluso en fotos de algún dirigente del PP, como Miguel Tellado. ¿Qué bandera es? La respuesta corta es que es la bandera de la Cruz de Borgoña o de San Andrés. ¿La respuesta larga? Eso ya es más difícil.

Hablamos con la periodista de elDiario.es Marta Borraz, que nos pone en la pista de un campamento carlista, para niños y para niñas, que está presidido por esta bandera. ¿Qué es el carlismo? ¿Por qué la derecha y la extrema derecha recuperan ahora esta bandera? Lo analizamos con Julián Sanz, historiador de la Universitat de Valencia especializado en extrema derecha.

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Este viernes, día 14 de noviembre, ha tenido lugar en la plaza de Armas de la Academia el acto de toma de posesión del director de la Academia de Infantería. El teniente coronel Santiago González Rodríguez ha entregado el mando de la Academia al coronel Juan Esteban Rodas como nuevo coronel director.

El coronel Juan Esteban Rodas, procedente del Cuartel General del Eurocuerpo, ha desarrollado una amplia trayectoria en distintas unidades del Ejército de Tierra y la UME, y ejercerá la dirección del centro durante los próximos tres años, informa el Ministerio de Defensa.

Se ha procedido el Acto de Juramento y Firma de la Cédula de Toma de Posesión en la Sala Prim de la Biblioteca de la Academia de Infantería. Una vez finalizado este solemne acto, ha comenzado la parada militar en el Patio de Armas de la Academia de Infantería.

En el acto, que ha sido presidido por el general de división Javier Antonio Miragaya, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (DIEN) del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra, se ha iniciado cuando el teniente coronel saliente ha entregado el Guion de la Academia de Infantería alcoronel entrante. Acto seguido, el coronel Juan Esteban ha dirigido unas palabras a los asistentes.

Uno de los momentos “más emotivos” del acto ha sido la despedida de la Bandera de la Academia del general de brigada Álvaro Díaz Fernández, antecesor del coronel Juan Esteban en el cargo de director de la Academia.

“Con el relevo en el mando en la Academia de Infantería, que el pasado 5 de noviembre cumplió 175 años desde su fundación en Toledo, el Ejército de Tierra pretende dar continuidad a su compromiso con la excelencia en la formación de los futuros oficiales y suboficiales, así como en el mantenimiento de los valores y tradiciones propias del Arma de Infantería”.

La masacre durante la toma y el contraasalto del Palacio de Justicia de Bogotá, hace justo 40 años, fue la desembocadura de todas las aguas putrefactas de la violencia en Colombia. El sanguinario ataque inicial de la guerrilla del M-19, donde militaba el hoy presidente Gustavo Petro, solo queda como preludio de una sangría mucho mayor. Las Fuerzas Militares y de inteligencia se encargaron de consumar la tragedia. Las balas de los soldados, adiestrados en la fiebre anticomunista y los manuales de antiinsurgencia estadounidenses, mataron a magistrados, funcionarios y empleados inocentes.

Pero aquella suerte de esquizofrenia institucional también los arrastró a torturar. A sembrar el horror. Y escribir una de las páginas más aberrantes en la historia del país.

El plan guerrillero, similar al ejecutado por el Frente Sandinista para la Liberación nicaragüense en 1978, consistía en asaltar la sede del poder judicial como represalia por los incumplimientos de los acuerdos de cese el fuego bilateral y búsqueda de caminos hacia una paz negociada con el Gobierno del Conservador Belisario Betancur (1982-1986). Con tan solo 41 insurgentes —seis de ellos no entraron en el recinto— el escuadrón del M-19 inició a las 11:40 de la mañana de aquel 6 de noviembre la toma del monumental edificio de piedra amarillenta en pleno corazón político de Bogotá.

Solo dos guerrilleros saldrían con vida tras un drama que duró 28 horas e incluyó el desembarco de fuerzas especiales en la azotea, uso de explosivos y hasta un tanque de guerra para derribar la entrada principal.

Fueron 95 muertos y 11 desaparecidos. Aquella jornada desnudó una historia de barbarie mayor cuyas piezas aún se hallan dispersas. Algunas de ellas en informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de exagentes o investigaciones de la estatal Comisión de la Verdad.

Con todo, aún no existe un trabajo que condense toda aquella conducta que, a lo largo de los 80 y 90, funcionó como un pilar en la lucha antiguerrilla. Con la misma lógica y crueldad de las dictaduras del Cono Sur, pero en un país que ha vivido una historia democrática casi continua, oficiales de inteligencia dejaron una estela de violaciones de los derechos humanos contra simpatizantes de izquierda.

Todo vale contra el ‘enemigo interno’

Los investigadores del tribunal transicional para el conflicto interno, la Justicia Especial para la Paz (JEP), se hallan en el entuerto de conectar los puntos. Más de uno se confiesa impactado por la cantidad de pruebas que han emergido en los últimos meses. Cada vez queda más claro que, por ejemplo, dentro del mismo marco del Palacio de Justicia, algunos de los miles de víctimas del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) fueron presa de las operaciones de la misma compañía del disuelto batallón Charry Solano, al norte de Bogotá, donde posiblemente fue torturada la guerrillera del M-19 Irma Franco, tal vez el mejor documentado caso de desaparición forzada en los hechos de noviembre de 1985.

Todo apunta que la guerra sucia que se ha tratado de presentar desde sectores políticos como una reacción violenta orquestada por sanguinarios paramilitares, terratenientes de ultraderecha y algunos efectivos aislados de la fuerza pública, fue en realidad un plan cuyo asidero se gestó en el corazón mismo de la estructura de los servicios de espionaje y contraespionaje del Estado.

Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia [...] es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador

Fuente judicial

La magistrada Catalina Díaz, de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, asegura a elDiario.es que hasta ahora no se había investigado “a fondo” el papel de estos aparatos en los crímenes contra la UP. “Hay nueva evidencia, por ejemplo, de que hubo un seguimiento sistemático contra la Unión Patriótica y que la inteligencia militar incluso pudo estar detrás de la estigmatización y construcción de un relato peyorativo para legitimar su accionar”.

El ya mencionado batallón Charry Solano, que en 1986 se convirtió en la Brigada XX, acumula 35 denuncias de tortura, 51 de ejecuciones sumarias y 73 de desapariciones forzadas. Un grupo de organizaciones de derechos humanos ha entregado, desde 2020, pruebas con hechos ocurridos, presuntamente, entre 1977 y 1998. Uno de aquellos denunciantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha sufrido más de 30 años de persecución, acoso y actos ilegales por parte del Ejército. Por ello, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano responder por violaciones contra sus miembros, ligados a la izquierda política, y sus familias.

Una fuente judicial que pide mantener su nombre oculto, resume: “Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia entre los años 1978 y 1989, más o menos, es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador. Es el mismo modelo, bajo la premisa de que el enemigo interno comunista era susceptible del ejercicio de la violencia. Legal o ilegal”.

Los políticos maquillaron la verdad

A medida que se conocen más casos, donde los nombres de algunos generales o coroneles se repiten, y las piezas van dando forma al rompecabezas, la sociedad colombiana empieza a cuestionar más la conducta militar. Jorge Cardona, reportero y exeditor del diario El Espectador, regresa sobre el caso del Palacio de Justicia: “La postura de la clase política, con las excepciones de siempre, fue rodear a las Fuerzas Armadas. Una de las primeras voces institucionales disidentes fue la Procuraduría, que denunció en 1986 al presidente Belisario Betancur y manifestó que hubo exceso de la fuerza y desconocimiento del derecho internacional humanitario”.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin embargo, absolvió al presidente Conservador siete meses después de los hechos. Para Cardona, la “vía política fue decorando la impunidad”. Helena Urán Bidegaín es hija de Carlos Horacio, magistrado muerto durante la retoma del Palacio de Justicia. Ella ha dedicado una parte importante de sus 50 años a entender los hechos: “Parte de los expedientes relacionados con las masacres y las torturas del Estatuto de Seguridad, implementado por el presidente [Julio César] Turbay [1978-1982], se quemaron en el Palacio de Justicia. Todo quedó suspendido. Y la construcción del relato que se ha hecho desde sectores del poder es acomodaticia y solo exalta sus actuaciones, así hayan sido indignas”, dice a elDiario.es.

Otra investigadora que pide no ser identificada, trae a colación las declaraciones televisadas del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, absuelto en 2015 de responsabilidad en dos casos de desaparición forzada, y quien fue una de las cabezas visibles en el asalto de recuperación de la sede judicial en 1985. Mientras el humo y las llamas carbonizaban el edificio, el militar vociferó al ser preguntado por el objetivo: “¡Mantener la democracia, maestro!”. El alcance de su labor, sin embargo, aún deja grandes interrogantes. Porque en Colombia, argumenta la misma fuente, se han normalizado los desmanes de una operación castrense sanguinaria: “Como si en Colombia existiera la pena de muerte”.

El silencio de cientos de víctimas que sufrieron en algún momento aberraciones confirma que el país aún navega la superficie de una etapa negra. “Hay dos momentos. Desde finales de los años 70, los militares mezclan el secuestro, la tortura, y, en menor medida, los homicidios, en instalaciones militares, como el Cantón Norte y el Charry Solano en Bogotá. Hoy la evidencia apunta a que, en algún momento de la segunda mitad de los 80, dejan de hacerlo en los cuarteles porque ya era problemático y se aceleran los asesinatos extrajudiciales en otros contextos. Se ha establecido que los soldados tiraban los cadáveres en zonas de las afueras de Bogotá como Funza, Choachí o el Tequendama”, asegura un investigador.

Algo cambió el 6 de noviembre de 1985

Para el antropólogo David Marín, autor de Pérdida en el fuego (Planeta) —una reconstrucción minuciosa de la “masacre olvidada” del Palacio—, algunos grupos de poder tradicional entendieron, aquella especie de noche de los cuchillos largos del 6 de noviembre de 1985, que habían perdido el control de las cosas. O, cuando menos, que la batalla contra los insurgentes había descarrilado. Se sumaron nuevos y sanguinarios actores potenciados por el narco. Y los métodos de terror se emplearon con más ímpetu que en décadas anteriores.

El marco conceptual se sustentó en los manuales de inteligencia y contrainteligencia inspirados en el adoctrinamiento de la Escuela de las Américas en los años 60. Y el decreto presidencial de 1978 ya citado, que perseguía los mismos objetivos de la Operación Cóndor dirigida desde Washington, aportó el andamiaje legal necesario. En esencia, se trataba de eliminar los focos de oposición mediante un calco de algunas de las brutales actividades de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Pinochet en Chile, o de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo la dictadura de Videla en Argentina.

Esas puertas cimentaron las facultades de “exterminio de facto” para las Fuerzas Armadas colombianas, según escribe Marín en el epílogo de su libro. La represión oficial contra “todo lo que oliera a comunismo” derivó en la multiplicación de las retenciones arbitrarias, los seguimientos y perfilamientos de estudiantes, sindicalistas o maestros: “Se sistematizaron las torturas. Se arrojaba gente a los ríos, a los parques, a las cunetas de las carreteras menos transitadas, a los humedales... Esos eran los que aparecían. De otros no se tiene el menor rastro”, escribe el antropólogo.

La barbarie tras un telón democrático

Entre quienes murieron en el Palacio de Justicia había 11 magistrados de la Corte Suprema. Varios de los mejores juristas de una generación cuya edad promedio no superaba los 60 años. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, de 53 años. Falleció, según los nuevos hallazgos de la investigación de Marín, víctima de una ráfaga de metralla del Ejército colombiano durante la recaptura del Palacio. Pero a lo largo de estas últimas cuatro décadas, en Colombia todavía no se ha publicado un trabajo global concluyente. O una investigación periodística o histórica que sintetice con claridad los resortes más amplios de un capítulo cuya mayor singularidad es que se desenvolvió en un contexto democrático.

Eduardo Carreño, miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, plantea un problema de fondo: “El terror en Colombia aún es muy complicado. Por eso a las víctimas de esa época les cuesta hablar. Las estructuras criminales de aquel entonces cambiaron de nombre, se convirtieron en otros organismos, desmontaron el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero la violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables de esos casos”.

Algunos de esos episodios más recientes son los de los asesinatos de jóvenes pobres que el Ejército presentó como guerrilleros durante las Administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). O la Operación Orión (2002), a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía contra las milicias urbanas de las FARC en los barrios bravos de Medellín. Allí las organizaciones de Derechos Humanos han calculado que se produjeron 300 desapariciones forzadas.

La violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables

Eduardo Carreño — Miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La comparación con las dictaduras de Chile o Argentina se queda coja. En esos países, donde a lo largo del siglo XX hubo procesos políticos de corte socialista que sí avanzaron, la respuesta fue suprimirlos mediante dictaduras militares. En Colombia nunca ocurrió nada similar. Quizás por ello, a las fuentes consultadas aún les cuesta configurar un relato más completo donde, tras el telón de solidez institucional, el mismo Ministerio de Defensa apeló a métodos tan sanguinarios en la trastienda.

Algunos de los jueces más tozudos que murieron en el Palacio ya lo venían advirtiendo. En junio de 1985, un juez del Consejo de Estado implicó al Gobierno de Julio César Turbay y a dos generales en la tortura de la médica Olga López Jaramillo y su hija de cinco años en 1979.

El fallo concluyó que el Ejecutivo empleó métodos irracionales, inhumanos y proscritos por todas las convenciones de derechos humanos. La sección tercera del tribunal responsable del dictamen judicial, alojado en el mismo inmueble que cinco meses más tarde sería devorado por los proyectiles y las llamas, empezó a recibir amenazas de forma reiterada. Algunas de ellas estaban dirigidas con nombre propio contra jueces que investigaban por entonces casos de torturas ejecutadas, según se sospechaba, por parte de algunas unidades del Ejército colombiano.

El desfile militar de la festividad del 12 de octubre ha transcurrido con mucha más tranquilidad que la edición del año pasado, cuando la lluvia y el mal tiempo condicionó el acto hasta el punto de desconvocarse la presencia de unidades aéreas y parte del desfile terrestre. El rey, el presidente del Gobierno y las autoridades del Estado han presidido un desfile en el que se han escuchado, a varios cientos de metros, los silbidos y abucheos de decenas de personas contra Pedro Sánchez a su llegada, y con una ausencia política: la de Santiago Abascal, líder de Vox que unas horas antes acudía a la Plaza de Colón, a kilómetro y medio del desfile, para plantar en solitario al ejecutivo.

Organizadores y autoridades miraban al cielo con preocupación desde primera hora de la mañana por unas nubes que recordaban al aguacero que el año pasado anegó la plaza Cánovas del Castillo –frente a la fuente de Neptuno y las Cortes– y condicionó el desfile: los paracaidistas no bajaron la bandera, las unidades aéreas no despegaron y el desfile de tierra fue acortado mientras la autoridades buscaban refugio de la lluvia. Este año las nubes solo han acortado el desfile aéreo.

La presencia de los abucheos del público ha quedado mitigada por la distancia que separa la zona habilitada para la concentración ciudadana de la tribuna de autoridades. Unos abucheos y pitidos que han podido escucharse con claridad desde la glorieta de Neptuno medio minuto después de la llegada de Pedro Sánchez: cuando los concentrados lo han visto, con algo de retardo, a través de la televisión en sus teléfonos móviles.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha encabezado la delegación madrileña que, junto con el alcalde de la ciudad, han recibido al rey, la reina y las infantas junto con el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles. En la tribuna de autoridades, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha colocado en la esquina más visible y próxima a la tarima central, acompañado de varios de los protagonistas judiciales del año: magistrados del Tribunal Constitucional como Cándido Conde-Pumpido o María Luisa Segoviano y del Tribunal Supremo, como Andrés Martínez-Arrieta o Antonio del Moral, que en un mes juzgarán al hoy ausente fiscal general del Estado.

La gran ausencia política, al margen de algunos presidentes autonómicos y ministros, ha sido la de Santiago Abascal y los representantes de Vox, que han elegido el 12 de octubre para trasladarse un kilómetro y medio hasta la plaza de Colón, lugar predilecto de manifestación para la derecha, y defender el plantón de este domingo a la Corona, el Gobierno y las Fuerzas Armadas: “Hoy también es un día para denunciar que al frente del Gobierno de España hay un indecente, un corrupto y un traidor que ha pactado con todos los enemigos de España y los ha introducido en la dirección del Estado”, ha dicho en declaraciones a los medios bajo la bandera de España de Colón y antes de que frente al Congreso se produjera el izado oficial.

El líder de la extrema derecha parlamentaria española ha negado que celebrar el 12 de octubre en un acto propio y paralelo sea un desplante al rey Felipe VI, ante quien asegura haber dado explicaciones. “No tengo ninguna duda de que su majestad el rey no lo va a interpretar de esa manera. Nos hemos excusado ante el rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad”.

Frente al anuncio de Abascal de no acompañar al Gobierno en ningún acto en el que no pueda tomar la palabra, los representantes del PP se han pronunciado en dirección opuesta: “Yo creo que es mejor estar en la lista de los que venimos y de los que estamos con el rey el día de la Fiesta Nacional que en la lista de aquellos partidos que no vienen, como por ejemplo Bildu, como el PNV, como por ejemplo Junts, como por ejemplo ERC”, ha defendido Almeida en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press. Feijóo y Ayuso, también en declaraciones a los medios, se han pronunciado en sentido similar, poniendo distancia con el líder de Vox.

Ayuso, por su parte, ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno antes de los actos de este domingo: “Sánchez ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y alimenta la guerra de trincheras y odios”, ha lanzado.

La concentración de ciudadanos que han acudido al Paseo del Prado de Madrid para ver el desfile ha contado con gritos y silbidos cuando ha llegado el presidente del Gobierno y también con algunas pancartas contra Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Los aplausos al rey y los abucheos a Sánchez se han mezclado cuando ambas comitivas han abandonado, con poca diferencia, el Paseo del Prado. Los cientos de personas que se han concentrado han coreado cánticos de “dimisión” contra Sánchez y han desplegado pancartas pidiendo una “pitada” contra él.