Las concesiones de Netanyahu a los judíos ultraortodoxos apuntalan sus privilegios con las elecciones en el horizonte
En su última semana de legislatura, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afianzado la alianza con los partidos judíos ultraortodoxos que integran la coalición gobernante y que, en varias ocasiones, amenazaron con abandonarla y con provocar un adelanto electoral. Finalmente, las elecciones generales tendrán lugar el 27 de octubre, fecha límite fijada por la Justicia del país, y Netanyahu se convierte así en el único primer ministro que logra completar los cuatro años de gobierno en más de tres décadas.
La coalición que lo apoya dio la semana pasada el visto bueno a dos leyes en la Knéset (Parlamento israelí) que, en la práctica, mantienen fuera del Ejército a los jóvenes ultraortodoxos que se dedican al estudio de los textos religiosos judíos. Una de esas leyes no establece una exención militar explícita, pero establece un marco jurídico que permite mantener la actual exención de los ultraortodoxos o haredim, considerada ilegal por el Tribunal Supremo en 2024.
Ese privilegio levanta ampollas en amplios sectores de la sociedad israelí, sobre todo después del 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, donde mantiene hasta el día de hoy amplias operaciones militares, además de en Líbano, Siria y Cisjordania. De hecho, el Ejército reclama más efectivos –apuntan al menos a 12.000 soldados adicionales–. Según las cifras oficiales, entre 70.000 y 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años podrían ser llamados a filas, pero la mayoría de los que han sido llamados no se ha presentado.
La ley aprobada el pasado martes —suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Supremo— congela durante siete meses los procedimientos penales abiertos contra quienes no han obedecido a las órdenes de reclutamiento y extiende esa protección a futuras convocatorias. También elimina la posibilidad de sancionar económicamente a los responsables de las yeshivás (los centros donde se estudia la Torá y el Talmud) que presenten declaraciones falsas sobre la situación militar de sus estudiantes. Además, otra ley aprobada a principios de la semana pasada reconoce el estudio de la Torá como un “valor fundamental del Estado”, lo cual lo equipara de alguna forma al servicio militar.
Los socios religiosos de Netanyahu
Para buena parte de la oposición, de la ciudadanía y la cúpula del Ejército, la norma consolida un sistema desigual, mientras que la mayoría de los analistas creen que la nueva legislación no puede entenderse únicamente como un asunto relacionado con el sistema de reclutamiento. Forma parte de un pacto político mucho más amplio entre Netanyahu y sus socios para garantizar la supervivencia de la coalición gobernante. Aunque el partido del primer ministro, el Likud, es el principal del Gobierno, los pequeños partidos ultraortodoxos tienen capacidad de presión y la han ejercido repetidamente.
Los dos partidos protagonistas de la polémica son Judaísmo Unido de la Torá y Shas. El primero representa principalmente a la comunidad ultraortodoxa askenazi y cuenta con siete diputados. Shas, el partido ultraortodoxo sefardí, tiene 11 escaños y mantiene una gran influencia dentro del bloque religioso. En los últimos meses, Shas ha amenazado varias veces con retirar el apoyo a Netanyahu si no se aprobaba una legislación que garantizara la continuidad de las exenciones del servicio militar. Recientemente, estuvo a punto de precipitar unas elecciones anticipadas que Netanyahu trataba de evitar a toda costa.
“Los partidos pequeños tienen un papel decisivo en Israel debido al sistema de coaliciones”, explica a elDiario.es Leonie Fleischmann, experta en política israelí de la Universidad de St. George de Londres. “Existen numerosos indicios de acuerdos entre Netanyahu y los partidos haredim para asegurar su apoyo de cara a las próximas elecciones”, explica.
La analista considera que el objetivo no es atraer el voto ultraortodoxo, sino asegurarse que ambas formaciones vuelvan a apoyar al Likud para formar gobierno en el futuro. “Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado”.
Pero la estrategia también entraña riesgos, advierte Fleischmann. Mientras que la ley puede reforzar la alianza de Netanyahu con sus socios religiosos, también puede alejar a sectores de la derecha nacionalista y de su propio partido que consideran que todos los ciudadanos deben tener las mismas obligaciones. “Es probable que otros partidos intenten utilizar esta ley para convencer a votantes del Likud de que cambien de opción”, señala.
Además, también ha habido oposición a este tipo de legislación dentro del Likud y de la coalición. “Puede ayudar a Netanyahu a mantenerse como primer ministro un poco más de tiempo, pero difícilmente fortalecerá su campaña electoral”, concluye la experta.
De la excepción a la desigualdad
El origen de la cuestión se remonta a los primeros años del Estado de Israel. Tras su creación en 1948, se permitió que un pequeño grupo de estudiantes religiosos quedara exento del servicio militar para reconstruir el mundo de las yeshivás, prácticamente destruido durante el Holocausto. Ese acuerdo inicial se convirtió en el sistema conocido como Torato Umanuto (“la Torá es su profesión”), según el cual determinados estudiantes podían aplazar su incorporación al ejército.
Con el paso de las décadas, aquella excepción dejó de afectar a unos pocos miles de estudiantes para convertirse en uno de los debates políticos más sensibles de Israel, puesto que la comunidad haredí representa aproximadamente el 13% de la población y recibe ayudas públicas para dedicarse al estudio de la religión.
El principal reto reciente llegó en 2024, cuando el Tribunal Supremo determinó que no se podía seguir aplicando la exención porque violaba el principio de igualdad nacional. El alto tribunal ordenó que los ultraortodoxos aptos debían ser llamados para hacer el servicio militar, obligatorio para todos los hombres y mujeres de 18 años judíos.
Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado
Empezó entonces una batalla entre el sistema judicial, que defiende que no puede existir una excepción permanente; el Ejército, que reclama más soldados; los partidos ultraortodoxos, que exigen mantener el estatus privilegiado, y el Gobierno de Netanyahu, atrapado entre sus socios religiosos y la presión de otros miembros de la coalición y la propia sociedad.
En Mea Shearim, el tradicional barrio de población ultraortodoxa de Jerusalén, los pocos residentes que aceptan hablar con la prensa explican que el estudio religioso es una forma de servicio al país. “Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente”, explica un estudiante que pide que no se publique su nombre.
Para él, obligar a los jóvenes ultraortodoxos a ir a filas supone una amenaza para una forma de vida construida durante generaciones. Sin embargo, no toda la comunidad comparte la misma posición. En el Ejército, existen unidades pequeñas y adaptadas a las normas religiosas más estrictas, con separación de géneros y condiciones específicas para respetar los preceptos judíos.
Pero buena parte de la comunidad haredí sigue rechazando el servicio militar. “Prefiero no hablar de ellos. No merecen ni un segundo de mi tiempo”, responde otro vecino del barrio cuando se le pregunta por los haredim que sí deciden alistarse.
Nuevo choque institucional
La aprobación de la ley ha provocado un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo. Partidos de la oposición, junto con organizaciones civiles israelíes, han presentado recursos ante el alto tribunal argumentando que la norma perpetúa una desigualdad incompatible con las decisiones anteriores del propio tribunal.
La respuesta del Supremo llegó en menos de 24 horas: ha congelado temporalmente la aplicación de la nueva ley y ordenado al Gobierno explicar por qué la norma no debería ser anulada. El tribunal ha señalado que los argumentos de los demandantes tienen peso considerable y, en los próximos días, llevará a cabo un análisis urgente de la legalidad de esta ley.
En 2024, el Tribunal Supremo ya dejó claro que era necesario determinar si el Gobierno podía dejar de aplicar la ley general de reclutamiento sin aprobar antes una nueva legislación que justificara esa excepción. Entonces recordó que la ley que permitía aplazar el servicio militar de los estudiantes de los textos religiosos había expirado en 2023 y que el Ejecutivo no podía mantener esa exención mediante una simple decisión gubernamental. Además, consideró que un asunto de tal magnitud no podía resolverse con una resolución gubernamental porque afectaba directamente al principio de igualdad.
Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente
Según explica a elDiario.es Barack Medina, profesor de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén y especialista en derecho constitucional israelí, la decisión del Tribunal Supremo se apoya en una interpretación amplia del derecho a la igualdad. “En este caso, la exención es consecuencia del poder político de ese colectivo y el tribunal ha establecido que el Ejecutivo tiene límites a la hora de conceder este tipo de privilegios”, explica Medina, que agrega que el Gobierno no puede excluir a un determinado grupo de una ley general que obliga a toda la población a hacer el servicio militar, excepto muy pocos que queden exentos —la objeción de conciencia es castigada—.
Para el experto, la resolución de este caso no debería ser especialmente compleja, ya que la sentencia coincide con la posición de una amplia mayoría de la sociedad israelí. “Incluso muchos diputados de los partidos que forman parte de la coalición gubernamental y que votaron a favor de la ley parecen respaldar en la práctica el criterio del tribunal”, concluye Medina.
El nuevo enfrentamiento ha elevado la tensión institucional, y algunos dirigentes ultraortodoxos han cuestionado abiertamente la autoridad del Tribunal Supremo. Incluso el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha criticado la intervención del tribunal y ha defendido que el Gobierno y la policía no deberían acatar una orden que suspenda una ley aprobada por el Parlamento.
El Ejecutivo de Netanyahu se ha enfrentado al alto tribunal, a la fiscal general y a otros órganos judiciales desde su llegada al poder a finales de 2022 y ha impulsado numerosas medidas para tratar de restar prerrogativas a la Justicia y eliminar los mecanismos de supervisión del poder Ejecutivo por parte de otras instituciones del Estado.
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