Greenpeace ha desplegado una pancarta gigante en la Puerta del Sol de Madrid con el mensaje “no a la guerra”, el mismo que movilizó a millones de personas en 2003 contra la participación en la invasión de Irak. Los activistas exigen, al igual que hicieron entonces, el fin de las hostilidades en Oriente Medio. Quieren que las instituciones internacionales y los gobiernos responsables retomen las negociaciones y regresen a la diplomacia. La organización pretende enviar “un mensaje claro a los líderes políticos mundiales: las guerras nunca son la solución”. “Es hora de elegir la paz”, dicen, en una nota de prensa.

“Desde el inicio de la ofensiva los bombardeos y ataques con misiles han provocado miles de víctimas civiles —entre ellas, personas muertas, heridas y desplazadas—y han alcanzado escuelas, hospitales, viviendas e infraestructuras civiles”, denuncian, después de criticar el ataque ilegal que lanzaron Donald Trump y Benjamín Netanyahu el pasado 28 de febrero. Las imágenes de la pancarta ya se están viralizando en redes sociales.

“Las bombas, los ataques militares y las invasiones nunca traen paz: desestabilizan regiones enteras, multiplican el sufrimiento, cuestan la vida de civiles inocentes y destruyen el planeta. Nada justifica bombardear escuelas, hospitales o viviendas”, ha explicado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace en España y Portugal.

La organización recuerda también que las guerras y los bombardeos dejan, además del coste humano, profundas cicatrices en el planeta. “Arrasan los bosques y los campos de cultivo, degradan los suelos y envenenan las reservas de agua, destruyen ecosistemas únicos que proveen de vida y sustento, aceleran la crisis climática y desvían una ingente cantidad de recursos que podrían ir destinados a proteger a las personas de las consecuencias cada vez más graves de los impactos climáticos”.

“Como ocurre con la crisis climática, la población más vulnerable es la que paga el precio más alto de las guerras”, añaden.

Una jueza ha absuelto a dos activistas de Greenpeace acusados de embestir con sus embarcaciones una lancha de la Guàrdia Urbana de Barcelona en una protesta en el mar en 2021, al considerar poco creíble la versión policial. La sentencia, por el contrario, considera que los tres agentes heridos actuaron con “exceso de celo” al entender que los activistas “atentaban contra su principio de autoridad”.

En su sentencia, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del juzgado de lo penal número 7 de Barcelona concluye que existe una “duda más que razonable” sobre lo ocurrido, ya que no se ha acreditado la tesis acusatoria de que las embarcaciones de Greenpeace intentaron embestir a la de la Urbana, lesionando a los tres agentes. La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para los activistas.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2021 cuando, con motivo de un acto organizado por el Círculo de Economía en el hotel “W” de Barcelona, situado en el frente marítimo de la ciudad, y al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Greenpeace llevó a cabo una acción de protesta para exigir una “recuperación verde y justa” tras la crisis por el coronavirus.

En la primera sesión el juicio, los tres agentes heridos aseguraron que las embarcaciones de Greenpeace que pilotaban los dos acusados desoyeron su petición de que se detuvieran para ser identificados, se dieron a la fuga y les intentaron embestir en varias ocasiones, en maniobras de “abordaje”.

Un relato que corroboraron otros agentes de la Urbana que vieron el incidente desde tierra, recorriendo el tramo del litoral entre Barcelona y el embarcadero del Fórum a bordo de un quad, tras oír las llamada de auxilio de sus compañeros.

Por el contrario, la magistrada destaca en su sentencia que los agentes heridos no han aportado al procedimiento el rastro del gps de su embarcación para acreditar que los acusados les habían intentando embestir. Además, los uniformados que vieron el suceso desde la playa lo hicieron “desde una distancia más que lejana, que puede llevar a distorsiones sobre lo apreciado”, apunta la jueza.

También desmienten la versión policial los vídeos que obran en la causa, que acreditan “claramente” que las embarcaciones de Greenpeace estaban participando en un “acto activista” por parte de una “organización pacifista”.

La sentencia remarca que la finalidad de los agentes tenía que ser identificar a los miembros de las embarcaciones y comprobar si habían cometido alguna infracción administrativa y remarca que “no hay duda” de que actuaron con un “exceso de celo”.

“En el malentendido de que estaban socavando su principio de autoridad, se extralimitaron en su cometido”, apunta la jueza, que resalta que los tres agentes ya denunciaron en la vía correspondiente al Ayuntamiento de Barcelona porque no tenían el material adecuado para este tipo de intervenciones.

“Todo ello lleva a una duda más que razonable sobre lo realmente sucedido cuando el cometido de la embarcación policial, no olvidemos, era identificarlos y, en su caso, averiguar si tenían alguna sanción administrativa”, insiste la jueza.

Respecto a la versión de los compañeros de los agentes heridos, que vieron el incidente desde un quad en marcha, la jueza subraya que lo observaron en movimiento y a una distancia “más que lejana”, lo que puede llevar a “distorsiones sobre lo apreciado, en una navegación por mar, con los movimientos de las embarcaciones, las estelas seguidas y los desplazamientos por agua”.

En el juicio, que finalizó el pasado viernes, 27 de febrero, la Fiscalía pidió cinco años y dos meses de cárcel para los dos activistas, acusados de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Durante el juicio, los dos activistas insistieron en que su acción fue una protesta pacífica para reivindicar una transición justa y verde.

En un comunicado, Greenpeace ha celebrado la absolución de sus dos activistas, mientras que su abogado, Jose Manuel Marraco, ha afirmado que “el derecho a la protesta es la base” de la libertad “y nadie debería ser perseguido por ejercerlo”.

El Gobierno presentó hace dos semanas el segundo borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. Entre sus ejes, una red estatal de refugios climáticos frente a las olas de calor, varias medidas para prevenir los incendios, nuevas oportunidades para el medio rural o una Respuesta Nacional que aumente la resiliencia hídrica del país ante sequías e inundaciones.

Cuatro meses atrás, en medio de la oleada de incendios que acongojó al país durante el verano por su abrumadora ferocidad, Pedro Sánchez pronunció estas palabras: “Necesitamos una estrategia que anticipe una mejor respuesta [...] ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país. Y eso exige un gran pacto de Estado [...]”. El PP se apresuró a tachar la propuesta de “cortina de humo” y Vox de “fanatismo climático”, pero en los próximos meses tendrán que dar más explicaciones acerca de este rechazo, ya que el siguiente paso de este documento es el de ser debatido en el Congreso.

Y es que la región mediterránea es un “punto caliente” del cambio climático, en palabras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es por ello que órganos como las asambleas ciudadanas climáticas llevan tiempo demandando algo así.

En su elaboración han participado entidades científicas e investigadores, organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, así como representantes del sector agrario, pesquero, o entidades rurales y urbanas. Entre los implicados ha estado Greenpeace España. Ahora que el segundo borrador es ya una realidad, Eva Saldaña, Directora Ejecutiva de la ONG, valora la trascendencia de esta propuesta.

¿Cómo explicaría la importancia de un Pacto de Estado, teniendo en cuenta que no se trata de un documento vinculante?

Creo que su importancia es la de lograr un gran acuerdo social y político que establezca que tenemos claro que hay una crisis actual enfrente muy grande en la que la respuesta y las soluciones no pasan por las ideologías políticas. Una crisis en la que la especie humana está poniendo en jaque su supervivencia. Lograrlo implicaría que estamos todos y todas en ello, de alguna forma, participando, sintiéndonos responsables y colaborando en las soluciones.

El documento incorpora el reconocimiento al sector primario. Hasta ahora estaba muy invisibilizado 

Si desde Greenpeace tuviesen que ponerle una nota a este último borrador del Pacto, ¿qué nota le darían?

Me voy a situar en un siete. Por un lado, porque avanza de forma importante con respecto al primer borrador. Por otro, porque incorpora el reconocimiento de que la ganadería, la agricultura y la pesca son sectores que pueden transformarse, contribuir a la mitigación del cambio climático, proteger la soberanía alimentaria y lograr ser resilientes a estas crisis. El sector primario hasta ahora estaba muy invisibilizado, pero va a jugar un papel muy relevante en los próximos años. 

También hemos celebrado que incorpora áreas clave como la biodiversidad, los ecosistemas marinos y costeros, el refuerzo al conocimiento científico en todas las políticas públicas, y la parte de lucha contra la desinformación climática. Otros puntos importantes son el del Plan de Empleo Verde, además de esa gran apuesta por los refugios climáticos y el tratamiento de la salud con enfoque integral. No obstante, todavía faltan cosas, como un mayor compromiso con la mitigación. La adaptación y la mitigación son dos caras de la misma moneda.

¿En qué otros aspectos considera que hay que trabajar para que este documento no se quede tan solo en un conjunto de buenas intenciones?

En todo lo que tiene que ver con la gobernanza y con una participación ciudadana efectiva y basada en la ciencia. Creo que, aparte del reto de convencer a todo el espectro parlamentario, este aspecto es lo que puede hacer que se blinde como un pacto de Estado real, en el que la ciudadanía sea absolutamente protagonista. Y el segundo aspecto es la coherencia de políticas. Es muy importante —y empieza a verse que esa es la orientación que se le quiere dar a este Pacto— que haya coherencia entre los ministerios y a nivel nacional, regional y local. Que no sea visto como un asunto que solo es cosa del Ministerio de Transición Ecológica.

Por otro lado, creo que sería crucial que quede reflejado un apartado relacionado con gravar y eliminar ayudas a quienes contaminan para que se dediquen esos recursos a las transformaciones necesarias para mitigar y adaptarnos.

Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar [...]. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia

Cuando ve al PP y a Vox desdeñar o rechazar públicamente este Pacto, ¿qué piensa?

Pues creo que es una irresponsabilidad absoluta y también una inmoralidad, porque ya estamos en la mitad de la década que la comunidad científica marca como decisiva, y ya hemos visto muchas muertes muy cerca, como en Valencia. Hemos vivido, además, uno de los peores años en las últimas décadas de incendios, con pueblos y regiones enteras absolutamente destrozadas. 

Creo que las personas, el planeta y la democracia tienen que estar en el centro, que este pacto tiene que conseguir justo eso, y que todo lo que sean ideologías se tienen que dejar a un lado. Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar por las generaciones presentes y futuras. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia.

¿Cree que se puede conseguir la firma del PP? ¿Qué piensa que tendría que ocurrir para que así fuera?

Yo creo que el PP debería firmarlo, ya que es una responsabilidad no solo política, sino ahora también jurídica. Y creo que la ciudadanía tiene que empujar para que eso suceda, porque es una emergencia que nos toca a todos y todas. No entiende de colores políticos, de lugares de procedencia, de estatus económicos. Tienen que firmarlo: es una obligación moral con toda la ciudadanía. Si no, habrá que recurrir a los espacios de los tribunales, que estamos viendo que también están trayéndonos victorias y pasos adelante.

¿Cree que ha llegado ya el momento, o que así será de forma inminente, en el que no apoyar la causa climática podrá perjudicar seriamente a los partidos?

Yo creo que tendría que haber llegado y me gustaría poder decir que así es. Sin embargo, estamos viendo un panorama europeo y mundial que no nos dice eso, de momento. Pero estoy convencida de que esto con el tiempo se va a decantar y va a caer por su propio peso, porque nos estamos jugando mucho. Ya no solo son todas las pérdidas económicas, sino también las vidas humanas. Y creo que esto la gente lo está sintiendo en su piel con situaciones familiares muy complejas o de pueblos enteros afectados.

Queremos que el Plan de Empleo Verde asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales

¿Cómo un Pacto como este puede impactar positivamente en la realidad cotidiana de las personas?

Este tipo de pactos, aunque de momento no estén en el sobresaliente, sí nos pueden mejorar la vida. Esto tiene que ver con tener viviendas dignas y sostenibles gracias a una climatización adecuada para el invierno y para el verano; con sostener a esos trabajadores del sector primario, que son los que nos alimentan; con una alimentación saludable, sostenible, y asequible para nuestros bolsillos; con que la energía que llegue a nuestras casas sea más barata; con nuestra salud en primer término, con el aire que respiramos.

En ese sentido, ¿podría detenerse en la propuesta del Plan de Empleo Verde Rural?

En el documento está reflejado como algo aún ambiguo. Necesitaríamos entender mucho más cuál es la propuesta que está sobre la mesa. Lo que sí que vamos a pedir y por lo que vamos a luchar es por que se garantice la perspectiva de género y que el plan consiga impulsar empleos sostenibles de calidad en áreas como son la restauración de ecosistemas, la agricultura y ganadería extensivas, la agroecología, la pesca artesanal, la bioeconomía local, la innovación social…

Yo creo que hay mucho espacio para generar empleo que, además, llegue a la gente joven y que pueda ser una bolsa de empleo para las personas que lleguen a esas zonas rurales. Queremos que asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales, como son la despoblación, el envejecimiento de la población, las dificultades para mantener servicios públicos. 

Ha mencionado antes la importancia de que por fin se reconozca al sector primario. ¿Este Pacto tiene el potencial de contribuir a limar las asperezas entre este sector y la causa climática? ¿Se corre el riesgo, por otro lado, de que ocurra lo contrario?

Yo creo que sí, que esta es una oportunidad muy grande para ello. De hecho, en los procesos de participación y de diálogo en los que hemos podido estar —que espero que haya más, se consoliden, y vayamos a por parlamentos ciudadanos permanentes— hemos estado de la mano con los sindicatos agrarios y creo que tenemos mucho en común con lo que avanzar, y este puede ser un gran espacio de diálogo. Por eso decía que es tan importante que sea un acuerdo social y político. Tienen que estar representados todos estos sectores, porque juegan un papel fundamental y lo único que hay que hacer es apoyarles para que puedan transitar. Hay que hacer unas transiciones paulatinas en las que se valore el trabajo que hacen y puedan vivir en condiciones completamente dignas, como pedimos para el resto de la sociedad.

“El planeta, en la cuerda floja”. Este es el mensaje que ha desplegado una activista de Greenpeace en una cinta suspendida a 30 metros de altura entre dos edificios en pleno centro de Madrid. Su objetivo es visibilizar su demanda de “justicia climática” con motivo del inicio de la Cumbre del Clima (COP30) este lunes en Belém, corazón de la Amazonía brasileña, y advertir que esta cita es “una oportunidad única para frenar la deforestación y exigir justicia climática en una década crítica”,

La activista ha caminado a primera hora de la mañana de este lunes entre dos edificios de la plaza de España, en la esquina con la calle Princesa, a 30 metros de altura y sobre una cinta de highline de 55 metros de largo. “Caminar sobre la cuerda floja simboliza la urgencia de avanzar con firmeza hacia adelante y no dejar de dar pasos firmes en la dirección correcta”, explican desde Greenpeace que también recuerda que el Gobierno de España debe liderar “una postura ambiciosa y valiente en esta COP, sin ceder ante los pasos en falso del retardismo climático de la Unión Europea o el negacionismo global de líderes como Donald Trump, que pueden precipitar al planeta al abismo del cambio climático”.

Con esta acción inédita, Greenpeace advertir a los gobiernos reunidos en Brasil y exigirles “fechas para el fin del uso del carbón, gas y petróleo, nuevos impuestos a la industria fósil y un plan para acabar con la deforestación antes de 2030”. “Aunque el planeta se encuentra en un frágil equilibrio ecológico y se acumulan las señales de alerta en forma de danas, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos, tenemos las herramientas necesarias para evitar los peores escenarios”, ha señalado a EFE la directora ejecutiva de Greenpeace España-Portugal, Eva Saldaña.

Saldaña, que estará presente en la COP30, ha insistido en que “solo hace falta voluntad política y cooperación internacional para anteponer la protección de la vida a los intereses económicos particulares”, por lo que “la COP30 es una oportunidad clave para detener esta crisis ecológica global de forma valiente”.

En el caso de España, Greenpeace recuerda que es imposible olvidar los efectos de algunos fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático que han tenido un impacto demoledor sobre la población, los medios de vida y los ecosistemas. Por ejemplo, la dramática dana de 2024 o la ola de incendios forestales de este mismo verano. “Intentamos no perder el equilibrio y tener esperanza, pero la clase política en lugar de incrementar la acción climática da ahora pasos más lentos, más inciertos, más dubitativos”, explican.

Desde la organización ecologista destacan en un comunicado que la 30ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará hasta el 21 de noviembre de 2025 en Belém llega “en un momento crítico para la acción climática mundial”.

En este sentido recuerdan que, a 10 años de la aprobación del Acuerdo de París, por el que los países se comprometían a evitar que el calentamiento global superase 1,5 ºC, es “la primera COP desde que las temperaturas medias globales superaron ese límite físico en 2024, un indicador alarmante de la aceleración de la crisis climática”. “El mundo se encuentra en mitad de lo que la comunidad científica ha llamado una década decisiva frente a la emergencia climática. Es urgente que los líderes mundiales mejoren los planes climáticos presentados en la COP30 de Belém”, reiteran desde Greenpeace, alertando también sobre los compromisos actuales.

De esta manera, aseguran que, incluso aunque cumplieran los compromisos actuales, el calentamiento global se dirige a un preocupante aumento de entre 2,3 ºC y 2,5 ºC, unas cifras muy alejadas del límite de 1,5 ºC del Acuerdo de París, por lo que ven como paso clave “acabar con el uso de los combustibles fósiles”.

Desde el colectivo ecologista también han hecho llegar sus principales demandas de cara a esta COP30, solicitando especialmente “un plan de respuesta global para abordar la brecha de ambición que separa lo que los gobiernos están haciendo respecto a lo que deberían hacer para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC”.

Por ello, reclaman acelerar la reducción de emisiones, especialmente en sectores clave como la energía (incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles), la agricultura, los bosques y el uso de la tierra, en consonancia con los principios de equidad, justicia y transición justa.

También solicitan un nuevo Plan de Acción por los Bosques de cinco años dentro del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para “detener y revertir la deforestación y la degradación forestal antes de 2030”.

Por último, demandan el establecimiento de un nuevo punto permanente en la agenda de la COP30, para “aumentar la financiación pública internacional que los países del Norte global deben aportar, y promover una fiscalidad basada en el principio de ”quien contamina paga“ para desbloquear una mayor financiación pública para los países del Sur global”.

José Pedregal dejará su piso de 60 metros cuadrados, la plaza de garaje y el dinero que quede de su pensión a dos organizaciones sin ánimo de lucro para perpetuar su apoyo a las causas que más le representan. Jubilado de su puesto de celador sanitario, casado y sin hijos, hace dos años decidió hacer el testamento solidario para donar su patrimonio a Greenpeace España y a Médicos del Mundo. Las imágenes de los buques de la organización ecologista impidiendo a los arponeros japoneses capturar ballenas le empujaron a hacerse socio cuando la organización empezaba en España. “Me sentía un poco identificado con ellos, pero no tenía el valor para meterme en eso. Así que, por lo menos, iba a dar dinero para ayudarles. Y hasta la fecha”, explica por teléfono desde su casa en Valencia.

Tenía preparado un testamento ordinario a favor de su esposa cuando conoció esta opción a través de la revista para socios. Tras pensarlo durante un año, decidió modificarlo para que, en ausencia de su mujer, su herencia se repartiera a partes iguales entre las dos ONG. “Estoy en deuda con el planeta que me ha ofrecido tanto y yo a cambio no doy nada más que esto, dinero, para que otros hagan mi trabajo. No es mucho, pero me siento mejor que si no hiciera nada”, comenta José. Su mujer Ángeles, también socia de Greenpeace España desde sus inicios, no solo estaba de acuerdo, también fue al notario con su marido para modificar su testamento.

Las cifras más recientes indican que en 2024 se registraron en España 691.224 testamentos unipersonales abiertos, el tipo más habitual. En los últimos diez años, el número de registros ha aumentado un 13,4%. “Hay una mayor conciencia de los ciudadanos de que no solo facilita las cosas a nuestros familiares cuando llega el momento, además es un documento que nos permite hacer uso de nuestra libertad, aunque tengamos límites, para decidir qué hacer con nuestro patrimonio en el futuro. También tengo la sensación de que la gente que hace testamento es cada vez más joven”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Se desconoce cuántos de estos testamentos son solidarios, pero la plataforma Haz Testamento Solidario, que reúne a 26 entidades no lucrativas humanitarias, médicas, infantiles y ambientales, sitúa en 54,4 millones de euros la recaudación de las organizaciones por esta vía en 2023, la última cifra disponible, lo que supone un incremento del 33% con respecto a 2022. A Leyre Ayastuy, portavoz de la plataforma, le gusta decir que “el testamento es un punto final y el solidario es un punto y seguido. O sea, que nada termina, todo continúa o incluso empieza. Cuando ya no estés, tu solidaridad puede seguir actuando”.

Frédérique R. también es testadora solidaria. Terapeuta canina, esta francesa de 62 años no tiene descendientes y ha nombrado como heredera universal de su “sencillo” piso en Castelldefels (Barcelona) a WWF España, la organización con la que colabora desde hace 40 años, primero en su país de origen y después aquí. “Para mí siempre ha sido fundamental la naturaleza. Si tienes familiares cercanos es lógico que quieras ayudarles. Yo no tengo esa conexión con los míos, pero he pensado que indirectamente, al cuidar del planeta, la biodiversidad… les estoy haciendo un regalo enorme. Porque si no hay un planeta saludable, da igual el dinero que tengamos en la cuenta”, confiesa por videollamada.

Los testamentos son revocables y sustituibles tantas veces como el testador necesite para adaptarlos a las circunstancias vitales que se vayan presentando. Frédérique lo modificó un año después de firmarlo para dejarle a su pareja, mayor que ella, el uso y disfrute vitalicio de la vivienda en caso de fallecer ella primero. Su pareja le dijo que no hacía falta, pero ella, “por amor” y por los 20 años que llevan compartiendo ese hogar, lo quiso cambiar.

Es un compromiso a largo plazo. Desde que la persona se informa de las distintas causas, hasta que pone por escrito su voluntad y ésta se transforma en ayuda directa para las entidades, pueden pasar muchos años. Por ley, y exceptuando las diferencias en las comunidades autónomas que se rigen por derechos forales, si el testador no tiene herederos puede donar la totalidad del patrimonio a las causas que desee y, si hay herederos forzosos, es decir, hijos y descendientes, padres y ascendientes, y viudo/a, es el tercio de libre disposición el que se suele donar a las ONG en su totalidad o asignando un legado: un bien concreto, una cuantía o un porcentaje.

María Teresa Barea, del Consejo General del Notariado, recomienda que la persona acuda a la notaría “con las intenciones claras y dispuesta a sentarse con el notario para acomodar esa voluntad a la ley”. El trámite cuesta unos 50 euros y “es el más barato, con una diferencia abismal en todo el entorno europeo y fuera de Europa, precisamente para que nadie se vea excluido de hacerlo por motivos económicos”, explica.

Buena parte de la labor de visibilizar y sensibilizar sobre esta forma de colaboración consiste “en romper tabúes”, como dice la responsable de Legados y Donaciones Medias en Greenpeace España, Justine Huppert. Por ejemplo, no hay que tener un gran patrimonio. Los testamentos solidarios están exentos de impuestos, de manera que la cantidad donada se recibe íntegra. “Por poco que sea, ya tiene un impacto”, señala Huppert. Tampoco es cierto que perjudique a los herederos, continúa. “Es compatible cuidar a los seres queridos –su parte legítima está respetada– y hacer una contribución, que, por otro lado, muchas veces es motivo de orgullo para ellos”. Por último, hay un tabú cultural en torno al tema de la muerte todavía presente.

Hace 20 años, cuando Leyre Ayastuy empezaba a plantear esta forma de financiación a las entidades sin ánimo de lucro, identificaba ese tabú en las propias organizaciones. Pero asegura que hablar del testamento solidario es reflexionar sobre “los valores que nos importan, decidir cómo quieres que se te recuerde”. Y añade: “Muchas veces es una forma de educar a los que nos siguen, no solo a los hijos sino incluso a los nietos, sobre la importancia de ese valor de solidaridad y esas causas”.

El efecto Félix Rodríguez de la Fuente

WWF y Greenpeace empezaron recibiendo testamentos de forma reactiva y hace casi diez años comenzaron a comunicarlo. La otra gran organización veterana, SEO/BirdLife, ofrece esta posibilidad a través de un colectivo de abogados con el que colabora, pero no cuenta con un departamento propio dedicado a ello.

Bárbara Crespí, gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España, confirma que se va notando una tendencia al alza de este tipo de donaciones que atribuye a diferentes factores: “Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos. Cada vez hay más gente mayor que vive sola con animales y estos les hacen preocuparse por la naturaleza. Y otro factor es Félix Rodríguez de la Fuente, que metió la vida natural en las casas de los españoles. Muchos niños de entonces están haciendo ahora su testamento”.

El perfil mayoritario del testador de causas ambientales es mujer y soltera de entre 46 y 60 años implicada como donante o voluntaria en alguna causa. Sin embargo, Ayastuy lleva midiendo datos desde 2008 y reconoce que la representación por género “cada vez se va equilibrando más”. La diferencia entre los solteros sin hijos, que representaban el 80%, y las personas que sí los tienen también se acorta. El hecho de que la mayor parte de los testadores no tenga descendencia explica por qué la vivienda es la donación más frecuente junto con dinero, aunque también hay quien dona joyas u otros bienes. Las comunidades autónomas más solidarias en este sentido son Catalunya, Madrid, Andalucía y País Vasco.

Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos.

Bárbara Crespí — Gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España

Crespí añade la particularidad de que el 20% de sus testadores son extranjeros. “Gran parte vive en Madrid o Barcelona y, en general, las personas del norte de Europa que vienen a vivir a España cuentan con una conciencia ambiental más arraigada y se enamoran tanto de la naturaleza sin fronteras como del entorno más próximo”.

En este momento, cuentan con 147 testamentos sin abrir y los 27 que sí se han abierto y que suponen un porcentaje muy modesto del presupuesto total de WWF España, en torno al 2%. En Greenpeace, Justine Huppert esboza una situación similar. La contribución al presupuesto de los ecologistas es muy variable, desde el millón de euros que recibieron en 2018 hasta cuantías inferiores a los 10.000 euros otros años. Asegura que toda forma de aportación –tanto las cuotas de los socios como los donativos puntuales o los testamentos solidarios– es muy importante porque “nos permite hacer campañas de manera totalmente independiente, eso nos da mucho poder”. Para Huppert, lo que diferencia a los testamentos solidarios es “el compromiso máximo con la causa de Greenpeace. Para nosotros, cada herencia y cada legado es un motivo de orgullo, gratitud y gran responsabilidad porque detrás hay una voluntad de hacer cumplir y estar a la altura de sus deseos”.

Desgravaciones

Aquí aún se trata de una tendencia incipiente, pero en otros países europeos, como Países Bajos, está experimentando un importante crecimiento. Reino Unido es donde este canal de financiación alcanza las cuotas más altas. En 2024, las ONG recibieron la cifra récord de 4.500 millones de libras (5.300 millones de euros) en testamentos solidarios. El 21% de los donantes a causas mayores de 40 años son además testadores solidarios.

Lucinda Frostick, directora de la plataforma Remember a Charity, que engloba a 200 entidades para ayudarlas a promocionar el mercado de los legados, explica que “el 80% de las donaciones son cuantías de unas 4.500 libras, el resto son porcentajes del patrimonio, con una media de 65.000 libras por donación”. Dos diferencias importantes con respecto al sistema español y que incentivan a los testadores británicos son la desgravación en el Impuesto de Sucesiones al donar al menos el 10% del patrimonio y el hecho de que los propios abogados informan sobre la existencia del testamento solidario cuando se va a tramitar la escritura. En España, puntualiza la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, “la misión del notario no es sugerir a quién dejar las cosas. La voluntad de la persona es sacrosanta”.

Las organizaciones médicas lideran el mercado británico de legados solidarios (38,6%) y la protección de animales es el segundo sector más apoyado (15,8%). “Lo que resulta muy interesante es que la conservación es una de las principales áreas de crecimiento de los últimos cinco años, en particular la protección ambiental. Aunque siempre haya un retraso entre decisión y formalización de esa ayuda, es fabuloso ver la variedad de causas reconocidas en organizaciones de distintos tamaños”, concluye Frostick.

Dar es tan antiguo como pedir. Leyre Ayastuy reflexiona sobre esto: “En España se llevan haciendo testamentos solidarios a la Iglesia toda la vida, lo que pasa es que no se llamaba así. La Iglesia tiene un captador en cada pueblo. ¿Por qué nos choca a las organizaciones que pidamos a nuestros fieles, que son la gente solidaria?”.

Tres Cantos no constaba entre los municipios más vulnerables ante posibles incendios y, por lo tanto, no estaba obligado a impulsar un plan de actuación propio para afrontarlos. Es lo que denuncia la ONG ambientalista Greenpeace poco después del gran fuego que, en cuestión de horas, ha arrasado más de 1.500 hectáreas de terreno. Una portavoz de la entidad, la ingeniera forestal Mónica Parrilla, ha anunciado su sorpresa al comprobar que este municipio no figuraba en el listado para Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZAR).

Esto le exime de impulsar obligatoriamente las medidas del INFOMA, un plan regional para emergencias forestales que fuerza a prevenir los fuegos. De hecho, en Tres Cantos ya existían peligrosos precedentes que pusieron en alerta a la población. En agosto de 2024, el término municipal tricantino fue escenario del primer gran incendio del año en la región, que amenazó algunas viviendas de las afueras y rodeó a la urbanización El Rondelo, situada ya en Colmenar Viejo.

Ante los reproches de Greenpeace, la Comunidad de Madrid se ha abierto a valorar una actualización las ZAR, estas zonas de gran riesgo, para ajustarlas a las exigencias de la última normativa estatal, tal y como ha publicado Europapress aludiendo a fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Por otro lado, en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) insisten en que serán los técnicos forestales y los de Protección Civil quienes propongan una nueva clasificación a través de otro decreto que elabora el INFOMA.

Pero la urgencia no entiende de esperas. “Hemos visto las llamas y tenemos que lamentar la muerte de un vecino. Urge revisar esa lista, e instar a quienes ya a aparecen a que cumplan las normas”, ha declarado a los medios de comunicación la responsable de Greenpeace, que llama a actualizar los requisitos de la Comunidad de Madrid y constatar que las actuaciones municipales de quienes sí deben crear planes municipales propios no queden “olvidadas en el cajón”.

Sus reproches no solo miran hacia el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso: también señalan directamente al Gobierno central, al que piden “poner en marcha el borrador de un real decreto” con “criterios y directrices comunes a todas las comunidades”, para que así estas tengan que renovar planes anuales conforme a la ley de montes. De no hacerlo, el riesgo más temido es que se repitan situaciones tan críticas como esta.

A principios de agosto, el PSOE de Tres Cantos ya advertía que algunas parcelas municipales no estaban correctamente desbrozadas y, por lo tanto, había más posibilidades de propagar un incendio. El aviso se produjo en el momento más crítico para iniciar un fuego: el verano. El concejal socialista en el municipio señaló, además, zonas como el Centro de Intervención y Custodia de Animales (CICA), donde de momento los animales permanecen a salvo.

Casi como una premonición, en pocos días se ha desatado un fuego con consecuencias devastadoras para la población. En escasas horas hubo que evacuar a 180 personas procedentes de varias urbanizaciones, las más próximas a las llamas. También ha habido que lamentar una muerte, la de un hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y falleció por esta causa, así como por complicaciones respiratorias ante la inhalación de humo, al tratar de salvar a decenas de caballos de un centro de hípica.

Los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida pese a la llegada de los servicios de Emergencias y el posterior traslado en helicópetero al Hospital público La Paz de Madrid. Con este y otros precedentes, el temor por los incendios se extiende más allá de Tres Cantos. De hecho, en los últimos días las llamas se han cebado especialmente con Castilla y León, Galicia o Navarra. En León llamas han afectado mayoritariamente a Benuza, Murias de Paredes y Villafranca del Bierzo; en Palencia, por Cervera del Pisuerga; en Zamora, Mozuelas de Carballeda; mientras que en Galicia preocuparon los de A Fonsagrada (Lugo) y Chandrexa de Queixa o Montederrano (Ourense). En Navarra, el de Carcastillo.

Solo 16 de las 52 capitales de provincia en España cuentan con una red de refugios climáticos públicos y ninguno de ellos está en las ciudades de Castilla-La Mancha, a pesar de haber registrado este verano temperaturas por encima de los 40 grados en varias de ellas.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Ciudades al rojo vivo: refugios climáticos y desprotección frente al calor extremo en España en el que la organización alerta sobre “la falta de refugios públicos y las carencias actuales para que sean realmente efectivos frente a las altas temperaturas”.

“Los refugios climáticos son una de las medidas de adaptación más eficaces y sencillas de implementar a corto plazo por los ayuntamientos para proteger a la población mientras se avanza en otras medidas que transformen todo el municipio y aumenten su resiliencia”, sostiene Greenpeace, sobre todo teniendo en cuenta que las personas que viven en ciudades son más vulnerables al calor extremo, sobre todo en el sur de Europa, debido al aumento de olas de calor, los espacio urbanos con pocas zonas verdes y un intenso efecto de isla de calor.

Según Greenpeace, las carencias actuales en la red de refugios climáticos de España ponen de manifiesto “la falta de adaptación generalizada de las ciudades a las altas temperaturas” y cree urgente que se tomen medidas, no solo relacionadas con la transición energética sino transformando el espacio público. A corto plazo, abunda, los refugios climáticos son una solución.

En lo que va de verano son más de 1.800 las muertes por calor extremo en España según MACE, la aplicación que mide mortalidad atribuible al calor en nuestro país. En Castilla-La Mancha, con datos actualizados a 25 de julio, se habían producido un total de 67 muertes por esta causa.

Según Greenpeace, el mayor impacto de las olas de calor es el agravamiento de otras enfermedades ya existentes, fundamentalmente cardiovasculares y respiratorias. Especialmente vulnerables son las personas mayores, niños, niñas, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes. A las condiciones de salud se suman otros factores socioeconómicos que aumentan la vulnerabilidad como la vivienda, los recursos económicos o el tipo de empleo, reflejo de la brecha de desigualdad en los impactos del calor en la población.

Ciudad Real dice que ha instalado tres fuentes de agua fría gratuita

Horas después de conocerse el informe de Greenpeace, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP, anunciaba que ha instalado tres fuentes de agua fría en diferentes puntos de la ciudad “con el objetivo de ofrecer un servicio accesible y saludable a la ciudadanía, al tiempo que se fomenta el uso de botellas reutilizables y la reducción de residuos plásticos”.

Una medida que, añaden, “responde también a la necesidad de ofrecer puntos de hidratación accesibles en espacios públicos de gran tránsito, especialmente durante los meses de altas temperaturas”.

Las nuevas estaciones de llenado de agua fría están ya en funcionamiento en las siguientes ubicaciones:

Estas fuentes, de cuya instalación se ha encargado Aquona, empresa encargada del servicio municipal de aguas en Ciudad Real, están conectadas a la red general de abastecimiento de agua potable y ofrecen agua fría de forma gratuita.

Hace unos días, el Museo Sefardí de Toledo anunciaba la puesta en marcha de espacios en su sede que sirven como refugio climático gratuito hasta el 31 de julio.

¿Qué características deben tener los refugios climáticos?

Greenpeace también ofrece su visión sobre cómo debe ser un refugio climático en una ciudad para que sea efectivo y proteja a las personas. Y es que, alerta, no hay una regulación que defina y garantice unos requisitos mínimos para estos espacios y además los listados de redes de refugios por parte de los ayuntamientos, allí donde los hay, son heterogéneos. En el análisis realizado se han encontrado deficiencias en el cumplimiento de características fundamentales.

En concreto, cree que deben estar abiertos en las horas de mayor calor aunque implique alterar su horario de apertura habitual.

Además, deben estar claramente identificados tanto en el mismo refugio como en otros puntos de información o en las alertas por olas de calor municipales y ser accesibles a personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad.

También deben ser cercanos, gratuitos y de libre acceso, especialmente en los barrios o zonas con mayor impacto del calor y/o con menos recursos, y han de contar con una zona de descanso donde las personas que acudan puedan reposar el tiempo necesario.

Después, deben proporcionar agua de grifo de forma gratuita para mantener la hidratación de las personas que acuden a estos espacios.

La meitat de la superfície de les platges espanyoles —incloses les de la costa balear— podria desaparèixer en només 25 anys. L'augment de la temperatura durant les darreres quatre dècades ha provocat una pujada del nivell del mar que continua accelerant-se a nivell global. L'última onada de calor a la Mar Mediterrània ha provocat anomalies de fins als quatre graus per sobre del que és habitual el juny del 2025, cosa que té un enorme impacte en els ecosistemes marins. Les conseqüències són greus per a multitud d'espècies, entre les quals hi ha la Posidònia oceanica, com posa en relleu l'informe Destrucció sigui com sigui. Impactes de l'urbanisme i el canvi climàtic al litoral, de juliol de 2025, que publica Greenpeace.

Entre les dècades dels 60 i 70, en ple franquisme, es va produir un creixement urbanístic desordenat i sense planificació, fenomen que es va conèixer a l'arxipèlag com balearització, un model turístic-immobiliari que més tard va ser exportat per empreses de Balears al Carib. Així va començar una transformació inèdita del paisatge natural, afectant, sobretot, les zones costaneres, les cales i platges verges de les quals van quedar esquitxades pel formigó.

La saturació turística que va portar aquest model a la costa balear també s'ha traslladat al mar. Mostra d'això és que Balears lidera les matriculacions de vaixells recreatius davant l'augment de la demanda de lloguer de les mateixes i que està “en plena expansió tant amb llicència de navegació com sense”, recull el document. Aquesta massificació “té moltes implicacions, tant ecològiques com socials o econòmiques”, afirma Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles. “Hi ha més vaixells, menys espais i més risc d'abocaments i impactes per fondeigs”, lamenta.

El fondeig il·legal de iots i embarcacions recreatives sobre la posidònia és un dels impactes més nocius per a la planta, coneguda com el pulmó del Mediterrani, i que augmenta la seva mortalitat a partir de temperatures superiors als 28 graus. “Hi ha un risc real que desaparegui en aigües succintes a causa de l'augment de la temperatura de l'aigua i la intensitat de les onades de calor marines, amb greus conseqüències per als hàbitats que conforma i els serveis ecosistèmics associats”, assenyala l'informe.

A més, l'augment de les embarcacions al mar balear, juntament amb el risc que això implica quant a l'incivisme i l'erosió de la qualitat de les zones costaneres, afirma Esteban, “també afecta la qualitat de la nostra experiència al mar”. “Creiem que el sector nàutic és el primer interessat a tenir un mar ben conservat. Un canvi de model és necessari per garantir el benestar de la població i el futur dels sectors clau d'aquestes illes”, assegura l'expert, que també és biòleg marí i economista mediambiental.

Existeix un risc real que [la posidònia] desaparegui en aigües succintes a causa de l'augment de la temperatura de l'aigua i la intensitat de les onades de calor marines, amb greus conseqüències per als hàbitats que conforma i els serveis ecosistèmics associats

Greenpeace

L'actual reglament de Marina Mercant permet llogar embarcacions durant tres mesos a l'any sota alguns supòsits que necessiten autorització expressa. Per exemple, en cas que se sol·liciti un canvi temporal d'ús privat a comercial; quan es demani una autorització puntual per a un viatge o activitat diferent de la que el vaixell o embarcació d'esbarjo està autoritzat o quan un vaixell d'esbarjo amb bandera estrangera (de la UE o de fora) vulgui operar per primera vegada com a embarcació de lloguer en aigües espanyoles. Per això, haurà de passar un control per demostrar que compleix els mateixos requisits legals i de seguretat que s'exigeixen als vaixells amb bandera espanyola.

La saturació impacta sobre els oceans

Aquesta possibilitat, afirma el grup ecologista, ha disparat els anuncis a les plataformes “per part de particulars que busquen rendibilitzar la seva embarcació”. El control de les embarcacions és insuficient, per la qual cosa proliferen a moltes cales i platges. Els fondejos associats als vaixells i iots generen, quan es fa incorrectament, un gran impacte ambiental sobre els hàbitats marins, així com sobre la posidònia.

En aquest sentit, el Govern balear està elaborant un decret per augmentar les limitacions de lloguer d'embarcacions. “El lloguer nàutic és una activitat estratègica per a la nostra comunitat, tant pel seu impacte econòmic com per la necessitat de garantir que es dugui a terme de manera segura, transparent i respectuosa amb el medi”, va afirmar Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua.

D'altra banda, massa velocitat genera un excés de soroll, onatge i moviment de sediments a la costa que afecten la vida marina i poden posar en risc la seguretat dels banyistes. “S'ha aconseguit una limitació de la velocitat de les embarcacions a la reserva marina del Freu de sa Dragonera ”, indica Esteban, un avenç que ha estat possible gràcies al treball de la plataforma Sa Dragonera Blava.

Pel que fa als impactes del canvi climàtic, les zones costaneres són “especialment vulnerables”, destaca l'informe. A la pujada de les temperatures i els canvis al règim de precipitacions s'hi suma l'augment del nivell del mar, la intensitat dels temporals i l'escalfament de l'aigua. “Les projeccions per al canvi climàtic són dolentes”, afirma Xisco Sobrado, tècnic de l'àrea marina del GEN-GOB. “Per a l'any 2030, en principi, hauríem d'haver reduït les nostres emissions a la meitat respecte a les dels anys 90” per limitar l'escalfament global a 1,5 ºC respecte als nivells preindustrials, recorda Sobrado, en la línia dels Acords de París. No obstant això, l'any passat ja es van superar aquests llindars.

L'augment de les temperatures per sobre dels 28 graus és un perill per a la posidònia, però també per a altres espècies marines, com ha alertat Biel Morey, biòleg marí i cofundador de Save the Med. Tot i que no hi ha estudis concloents a Balears sobre la influència que pugui tenir el canvi climàtic en espècies com la ratlla o el tauró, espècies amenaçades també per altres externalitats, Morey ha recordat que les onades de calor marines, com les que hi ha hagut el 2022 i 2023, “molt probablement afecten espècies que viuen a poca profunditat on passen etapes crítiques de la seva vida (zones de cria/creixement, o amb la finalitat de reproduir-se).

Una altra experta assenyala, en el mateix sentit, que “el canvi climàtic produeix escalfament, acidificació i desoxigenació dels mars i oceans, canviant els hàbitats i la seva biogeoquímica”. Raquel Sunyer, doctora en Ciències del Mar i coordinadora de l'Informe Mar Balear, explica que els taurons que es poden veure més afectats per l'escalfament “són els que viuen i es reprodueixen a zones més costaneres”. Aquells que viuen en oceà obert, per altra banda, “podrien estar modificant la seva distribució per desplaçar-se a aigües més profundes i menys càlides”, aprofundeix Sunyer.

La 'tropicalització' del Mar Mediterrani té com a conseqüència, per tant, fenòmens meteorològics més extrems. L'augment d'un grau de temperatura de l'aigua, indica l'estudi, proporciona més energia, “provocant fenòmens meteorològics més intensos i de més durada amb majors impactes a les zones costaneres”.

La ‘tropicalització’ de la Mar Mediterrània té com a conseqüència fenòmens meteorològics més extrems. L'augment d'un grau de temperatura de l'aigua, indica l'estudi, proporciona més energia, 'provocant fenòmens meteorològics més intensos i de major durada amb majors impactes en les zones costaneres'

“Tenim aquests escenaris: ens encaminem cap a un canvi climàtic desbocat i fora de control si superem els dos graus”, lamenta Sobrat. El tècnic de l'àrea marina del GEN-GOB recorda que l'única manera de reduir les emissions contaminants cap a l'atmosfera és adoptar “un decreixement de les activitats econòmiques”. Així, Sobrado reconeix que aquest escenari és complex, però l'altre, el dels pitjors efectes de l'escalfament global “seria un desastre” per a l'economia balear respecte a la seva per a l'economia balear. Seria un problema per als propis éssers humans, per a la seva supervivència. I hi ha molta informació científica sobre aquest tema“, adverteix.

Més d'un centenar de platges perdran sorra

Els efectes del clima sobre els ecosistemes impactaran especialment sobre les zones amb més impacte d'inundació permanent, en els propers 25 anys, per la pujada del nivell del mar i per esdeveniments meteorològics que s'associen principalment a aiguamolls existents o urbanitzats (com el Parc Natural de S'Albufera de Mallorca i la Reserva Natural de S'Albufereta), zones d'influència de torrents i platges de sorra.

Els efectes del clima sobre els ecosistemes impactaran especialment sobre les zones amb major impacte d'inundació permanent, en els pròxims 25 anys, per la pujada del nivell de la mar i per esdeveniments meteorològics que s'associen principalment a aiguamolls existents o urbanitzats, zones d'influència de torrents i platges de sorra

Entre les platges més afectades per inundació s'assenyalen més d'una seixantena a Mallorca, entre elles, algunes de tan conegudes com Es Trenc, Caló des Moro, Alcúdia o Formentor, aquesta última al punt de mira a causa de la reforma d'un hotel de luxe que s'hauria realitzat sense llicència, segons diferents entitats denunciants. Menorca, reserva de la biosfera, té més d'una vintena de cales i espais naturals afectats pels mateixos riscos. Entre ells, el Parc Natural de s'Albufera des Grau, la badia de Fornells —antic port de pescadors— o cala a Turqueta.

A les Pitiüses hi ha una trentena de cales i espais naturals que es veuran afectats. A Eivissa, les properes al Parc Natural de ses Salines —com es Codolar, ses Salines o Cavallet—, bona part de les platges de la zona nord com Cala Pada, Figueral o s'Aigua Blanca i altres de la zona oest i sud-oest, com Cala Gració i Cala Bassa. A Formentera, les més impactades seran ses Illetes, platja de Llevant, Sa Roqueta, Es Pujols i Arenals.

La regla de Bruun assenyala que cada centímetre de pujada del nivell del mar s'estima una pèrdua mitjana d'un metre en superfície horitzontal de costa. En el cas del Mediterrani occidental suposaria “una pèrdua de 76 metres de costa” de mitjana. Per tant, la pujada del nivell del mar i la consegüent reculada de la línia de costa podria suposar la reducció o desaparició de la superfície de les platges, així com l'increment de les inundacions degudes a temporals marins. “Aquest efecte té un impacte especial en platges urbanes, on no hi ha la possibilitat d'un retrocés natural del sistema dunar cap a l'interior”, indica el document.

La regla de Bruun assenyala que per cada centímetre de pujada del nivell de la mar s'estima una pèrdua mitjana d'un metre en superfície horitzontal de costa. En el cas del Mediterrani occidental suposaria “una pèrdua de 76 metres de costa” de mitjana

Xalets de luxe a sòl rústic

L'informe de Greenpeace també posa el focus sobre la construcció d'habitatges a sòl rústic que, segons l'entitat ecologista, “són una de les causes silencioses i imparables d'ocupació de territori”. Així, citant un estudi de Terraferida, els ecologistes destaquen que entre el 2015 i el 2023 s'han construït gairebé 3.000 edificacions en sòl rústic a Mallorca, fet que suposa un creixement del 263% respecte a l'anàlisi anterior, com va explicar elDiario.es.

Els ecologistes sostenen que la construcció es recolza també en l'edificació de “xalets de luxe a parcel·les a preus milionaris”. “La picaresca també es dóna en la construcció de piscines, disfressades com a aljubs per eludir la normativa urbanística”, com va passar en dos hotels de luxe a Menorca. De fet, l'estudi es fa ressò del decret llei aprovat pel Govern el 2024 mitjançant el qual van reformar 50 normatives que permeten regularitzar construccions il·legals en sòl rústic, facilitant tràmits i ampliant terminis de prescripció, cosa que segons Greenpeace, afavoreix “als que han incomplert la llei i promovent un model de creixement urbanístic insostenible”.

La febre edificadora que permetrà construir 20.000 habitatges a Palma i sòl rústic i que s'estendrà per fins a 24 municipis de l'arxipèlag balear també ha preocupat el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB). Bernat Nadal, degà del COAIB, va advertir dels riscos de construir a sòl rústic comú, així com de les regularitzacions previstes. A més, assegura que les illes “deixaran de ser un atractiu” per convertir-se en “un decorat de cartró pedra on serà difícil viure”. La crítica va motivar la resposta de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), que va defensar que la posició del Govern coincidia amb la del CAIB. “S'han de valorar moltes coses del que va dir el Col·legi d'Arquitectes. Van dir que no es pot créixer indiscriminadament en rústic, i des del Govern estem completament d'acord”, va assegurar Prohens.

En el cas particular d'Eivissa, el municipi de Sant Josep de sa Talaia, feu històric del PP, és el que ha patit un urbanisme més desordenat. Un municipi en el qual un exalcalde socialista i regidor d'Urbanisme està sent investigat per un presumpte cas de corrupció urbanística. A la legislatura actual, amb el PP havent recuperat l'alcaldia, s'aprova l'avenç del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) que preveu un creixement de fins al 50% respecte a la població actual. La patronal de la construcció veu amb bons ulls l'actualització del planejament urbanístic, que es demanava fa temps.

La presidenta, Consuelo Antúnez, considera lògic que el nou planejament contempli el creixement als nuclis “consolidats o amb capacitat per absorbir serveis i infraestructures”. “És la millor manera d'evitar la dispersió i reduir l'impacte ambiental”. Tot i això, ha advertit que cal actuar amb cautela a les zones costaneres com Cala Tarida o Cala Vedella. “Són entorns sensibles que no poden assumir més pressió si no s'acompanya d'una planificació molt estricta i sostenible”, assegura.

La mitad de la superficie de las playas españolas —incluidas las de la costa balear— podría desaparecer en tan solo 25 años. El aumento de la temperatura durante las últimas cuatro décadas ha provocado una subida del nivel del mar que continúa acelerándose a nivel global. La última ola de calor en el Mar Mediterráneo ha provocado anomalías de hasta los cuatro grados por encima de lo habitual en junio de 2025, lo cual tiene un enorme impacto en los ecosistemas marinos. Las consecuencias son graves para multitud de especies, entre ellas la Posidonia oceanica, como pone de relieve el informe Destrucción a toda costa. Impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral, de julio de 2025, que publica Greenpeace.

Entre las décadas de los 60 y 70, en pleno franquismo, se produjo un crecimiento urbanístico desordenado y sin planificación, fenómeno que se conoció en el archipiélago como balearización. Se trata de un modelo turístico-inmobiliario que más tarde fue exportado por empresas de Balears al Caribe. Así comenzó una transformación inédita del paisaje natural, afectando, sobre todo, a las zonas costeras, cuyas calas y playas vírgenes quedaron salpicadas por el hormigón.

La saturación turística que trajo ese modelo a la costa balear se ha trasladado también al mar. Muestra de ello es que Balears lidera las matriculaciones de barcos recreativos ante el aumento de la demanda de alquiler de las mismas y que está “en pleno auge tanto con licencia de navegación como sin ella”, recoge el documento. Esta masificación “tiene muchas implicaciones, tanto ecológicas como sociales o económicas”, afirma Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles. “Hay más barcos, menos espacios y más riesgo de vertidos e impactos por fondeos”, lamenta.

El fondeo ilegal de yates y embarcaciones recreativas sobre la posidonia es uno de los impactos más dañinos para la planta, conocida como el pulmón del Mediterráneo, y que aumenta su mortalidad a partir de temperaturas superiores a los 28 grados. “Existe un riesgo real de que desaparezca en aguas someras a causa del aumento de la temperatura del agua y la intensidad de las olas de calor marinas, con graves consecuencias para los hábitats que conforma y los servicios ecosistémicos asociados”, señala el informe.

Además, el aumento de las embarcaciones en el mar balear, junto al riesgo que ello implica en cuanto al incivismo y la erosión de la calidad de las zonas costeras, afirma Esteban, “también afecta a la calidad de nuestra experiencia en el mar”. “Creemos que el sector náutico es el primer interesado en tener un mar bien conservado. Un cambio de modelo es necesario para garantizar el bienestar de la población y el futuro de los sectores clave de estas islas”, asegura el experto, que también es biólogo marino y economista medioambiental.

Existe un riesgo real de que [la posidonia] desaparezca en aguas someras a causa del aumento de la temperatura del agua y la intensidad de las olas de calor marinas, con graves consecuencias para los hábitats que conforma y los servicios ecosistémicos asociados

Greenpeace

El actual reglamento de Marina Mercante permite alquilar embarcaciones durante tres meses al año bajo algunos supuestos que necesitan de autorización expresa. Por ejemplo, en el caso de que se solicite un cambio temporal de uso privado a comercial; cuando se pida una autorización puntual para un viaje o actividad distinta a la que el buque o embarcación de recreo está autorizado o cuando un barco de recreo con bandera extranjera (de la UE o de fuera de ella) quiera operar por primera vez como embarcación de alquiler en aguas españolas. Para ello, deberá pasar un control para demostrar que cumple con los mismos requisitos legales y de seguridad que se exigen a los barcos con bandera española.

La saturación impacta sobre los océanos

Esta posibilidad, afirma el grupo ecologista, ha disparado los anuncios en las plataformas “por parte de particulares que buscan rentabilizar su embarcación”. El control de las embarcaciones es insuficiente, por lo que proliferan en muchas calas y playas. Los fondeos asociados a los barcos y yates generan, cuando se hace incorrectamente, un gran impacto ambiental sobre los hábitats marinos, así como sobre la posidonia.

En este sentido, el Govern balear está elaborando un decreto para aumentar las limitaciones al alquiler de embarcaciones. “El alquiler náutico es una actividad estratégica para nuestra comunidad, tanto por su impacto económico como por la necesidad de garantizar que se lleve a cabo de forma segura, transparente y respetuosa con el medio”, afirmó Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua.

Por otro lado, demasiada velocidad genera un exceso de ruido, oleaje y movimiento de sedimentos en la costa que afectan a la vida marina y pueden poner en riesgo la seguridad de los bañistas. “Se ha conseguido una limitación de la velocidad de las embarcaciones en la reserva marina del Freu de sa Dragonera”, indica Esteban, un avance que ha sido posible gracias al trabajo de la plataforma Sa Dragonera Blava.

En cuanto a los impactos del cambio climático, las zonas costeras son “especialmente vulnerables”, destaca el informe. A la subida de las temperaturas y los cambios en el régimen de precipitaciones se suma el aumento del nivel del mar, la intensidad de los temporales y el calentamiento del agua. “Las proyecciones para el cambio climático son malas”, afirma Xisco Sobrado, técnico del área marina del GEN-GOB. “Para el año 2030, en principio, tendríamos que haber reducido nuestras emisiones a la mitad respecto a las de los años 90” para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales, recuerda Sobrado, en la línea de los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, el año pasado ya se superaron esos umbrales.

El aumento de las temperaturas por encima de los 28 grados es un peligro para la posidonia pero también para otras especies marinas, como ha alertado Biel Morey, biólogo marino y cofundador de Save the Med. Pese a que no hay estudios concluyentes en Balears sobre la influencia que pueda tener el cambio climático en especies como la raya o el tiburón, especies amenazadas también por otras externalidades, Morey ha recordado que las olas de calor marinas, como las que ha habido en 2022 y 2023, “muy probablemente afectan a especies que viven a poca profundidad donde pasan etapas críticas de su vida (zonas de cría/crecimiento, o con la finalidad de reproducirse)”.

Otra experta señala, en el mismo sentido, que “el cambio climático produce calentamiento, acidificación y desoxigenación de los mares y océanos, cambiando los hábitats y su biogeoquímica”. Raquel Sunyer, doctora en Ciencias del Mar y coordinadora del Informe Mar Balear, explica que los tiburones que se pueden ver más afectados por el calentamiento “son los que viven y se reproducen en zonas más costeras”. Aquellos que viven en océano abierto, por otro lado, “podrían estar modificando su distribución para desplazarse a aguas más profundas y menos cálidas”, profundiza Sunyer.

La ‘tropicalización’ del Mar Mediterráneo tiene como consecuencia, por tanto, fenómenos meteorológicos más extremos. El aumento de un grado de temperatura del agua, indica el estudio, proporciona más energía, “provocando fenómenos meteorológicos más intensos y de mayor duración con mayores impactos en las zonas costeras”.

La ‘tropicalización’ del Mar Mediterráneo tiene como consecuencia fenómenos meteorológicos más extremos. El aumento de un grado de temperatura del agua, indica el estudio, proporciona más energía, 'provocando fenómenos meteorológicos más intensos y de mayor duración con mayores impactos en las zonas costeras'

“Tenemos estos escenarios: nos encaminamos hacia un cambio climático desbocado y fuera de control si superamos los dos grados”, lamenta Sobrado. El técnico del área marina del GEN-GOB recuerda que la única manera de reducir las emisiones contaminantes hacia la atmósfera es adoptar “un decrecimiento de las actividades económicas”. Así, Sobrado reconoce que este escenario es complejo, pero el otro, el de los peores efectos del calentamiento global “sería un desastre” para la economía balear. Sería un problema para los propios seres humanos, para su supervivencia. Y hay mucha información científica al respecto“, advierte.

Más de un centenar de playas perderán arena

Los efectos del clima sobre los ecosistemas impactarán especialmente sobre las zonas con mayor impacto de inundación permanente, en los próximos 25 años, por la subida del nivel del mar y por eventos meteorológicos que se asocian principalmente a humedales existentes o urbanizados (como el Parque Natural de S’Albufera de Mallorca y la Reserva Natural de S’Albufereta), zonas de influencia de torrentes, y playas de arena.

Los efectos del clima sobre los ecosistemas impactarán especialmente sobre las zonas con mayor impacto de inundación permanente, en los próximos 25 años, por subida del nivel del mar y por eventos meteorológicos que se asocian principalmente a humedales existentes o urbanizados, zonas de influencia de torrentes y playas de arena

Entre las playas más afectadas por inundación se señalan más de una sesentena en Mallorca, entre ellas, algunas tan conocidas como Es Trenc, Caló des Moro, Alcúdia o Formentor, esta última en el punto de mira debido a la reforma de un hotel de lujo que se habría realizado sin licencia, según diferentes entidades denunciantes. Menorca, que es reserva de la biosfera, tiene más de una veintena de calas y espacios naturales afectados por los mismos riesgos. Entre ellos, el Parque Natural de s’Albufera des Grau, la bahía de Fornells —antiguo puerto de pescadores— o cala en Turqueta.

En las Pitiüses hay una treintena de calas y espacios naturales que se verán afectados. En Eivissa, las cercanas al Parque Natural de ses Salines —como es Codolar, ses Salines o es Cavallet—, buena parte de las playas de la zona norte como Cala Pada, es Figueral o s’Aigua Blanca y otras de la zona oeste y suroeste, como Cala Gració y Cala Bassa. En Formentera, las más impactadas serán ses Illetes, platja de Llevant, Sa Roqueta, Es Pujols y es Arenals.

La regla de Bruun señala que por cada centímetro de subida del nivel del mar se estima una pérdida media de un metro en superficie horizontal de costa. En el caso del Mediterráneo occidental supondría “una pérdida de 76 metros de costa” de media. Por tanto, la subida del nivel del mar y el consecuente retroceso de la línea de costa podría suponer la reducción o desaparición de la superficie de las playas, así como el incremento de las inundaciones debidas a temporales marinos. “Este efecto tiene un especial impacto en playas urbanas, donde no existe la posibilidad de un retroceso natural del sistema dunar hacia el interior”, indica el documento.

La regla de Bruun señala que por cada centímetro de subida del nivel del mar se estima una pérdida media de un metro en superficie horizontal de costa. En el caso del Mediterráneo occidental supondría “una pérdida de 76 metros de costa” de media

Chalets de lujo en suelo rústico

El informe de Greenpeace también pone el foco sobre la construcción de viviendas en suelo rústico que, según la entidad ecologista, “son una de las causas silenciosas e imparables de ocupación de territorio”. Así, citando un estudio de Terraferida, los ecologistas destacan que entre 2015 y 2023 se han construido casi 3.000 edificaciones en suelo rústico en Mallorca, lo que supone un crecimiento del 263% con respecto al análisis anterior, como contó elDiario.es.

Los ecologistas sostienen que la construcción se apoya también en la edificación de “chalets de lujo en parcelas a precios millonarios”. “La picaresca también se da en la construcción de piscinas, disfrazadas como aljibes para eludir la normativa urbanística”, como ocurrió en dos hoteles de lujo en Menorca. De hecho, el estudio se hace eco del decreto-ley aprobado por el Govern en 2024 mediante el cual reformaron 50 normativas que permiten regularizar construcciones ilegales en suelo rústico, facilitando trámites y ampliando plazos de prescripción, lo que según Greenpeace, favorece “a quienes han incumplido la ley y promoviendo un modelo de crecimiento urbanístico insostenible”.

La fiebre edificadora que permitirá construir 20.000 viviendas en Palma y suelo rústico y que se extenderá por hasta 24 municipios del archipiélago balear también ha preocupado al Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (COAIB). Bernat Nadal, decano del COAIB, advirtió de los riesgos de construir en suelo rústico común, así como de las regularizaciones previstas. Además, aseguró que las islas “dejarán de ser un atractivo” para convertirse en “un decorado de cartón piedra en el que será difícil vivir”. La crítica motivó la respuesta de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), que defendió que la postura del Govern coincidía con la del CAIB. “Se tienen que valorar muchas cosas de lo que dijo el Colegio de Arquitectos. Dijeron que no se puede crecer indiscriminadamente en rústico, y desde el Govern estamos completamente de acuerdo”, aseguró Prohens.

En el caso particular de Eivissa, el municipio de Sant Josep de sa Talaia, feudo histórico del PP, es el que ha sufrido un urbanismo más desordenado. Un municipio en el cual un exalcalde socialista y concejal de Urbanismo está siendo investigado por un presunto caso de corrupción urbanística. En la legislatura actual, con el PP habiendo recuperado la alcaldía, se aprueba el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prevé un crecimiento de hasta el 50% respecto a la población actual. La patronal de la construcción ve con buenos ojos la actualización del planeamiento urbanístico, que se pedía hace tiempo.

La presidenta, Consuelo Antúnez, considera lógico que el nuevo planeamiento contemple el crecimiento en los núcleos “consolidados o con capacidad para absorber servicios e infraestructuras”. “Es la mejor forma de evitar la dispersión y reducir el impacto ambiental”. Pese a todo, ha advertido que hay que actuar con cautela en las zonas costeras como Cala Tarida o Cala Vedella. “Son entornos sensibles que no pueden asumir más presión si no se acompaña de una planificación muy estricta y sostenible”, asegura.

La expedición francesa Nossum ha informado este viernes de que tras concluir su misión han localizado un total de 3.350 bidones radiactivos en la Fosa Atlántica y ha dado cuenta de algunas fugas, “probablemente de alquitrán”, aunque no hay lecturas de radiación excesiva. La expedición, que ha contado con 20 científicos franceses, noruegos, alemanes y canadienses, ha empleado el robot submarino Ulyx para fotografiar los bidones, ubicados a más de 4.000 metros de profundidad, explica la misión en una nota de prensa.

Las imágenes de los bidones han permitido realizar una evaluación “preliminar e incompleta” que permite concluir que los bidones están en un “estado de conservación variable, con superficies corroídas y colonización por anémonas”, agrega la misión. También detectaron fisuras abiertas en los bidones y fugas de material “visibles” en algunos de ellos, “de naturaleza desconocida, probablemente alquitrán”.

Países como Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania o Países Bajos descargaron estos desechos radiactivos en la Fosa Atlántica, en aguas internacionales, desde la década de 1940 y más allá de la prohibición formal de estos vertidos, que data de 1993. Estos bidones arrojados al mar con restos contaminados eran rellenados con cemento o alquitrán.

“Entonces las autoridades consideraban que estas profundidades abisales a 4.000 metros de profundidad eran entornos geológicos suficientemente estables y alejados de la costa para arrojar allí los residuos nucleares”, ha indicado uno de los responsables de la expedición, Patrick Chardon, en una rueda de prensa desde Brest recogida por la prensa francesa.

Niveles normales de radioactividad

La misión ha tomado 345 muestras de sedimentos, 5.000 litros de agua y varios animales de las profundidades marinas como peces abisales, anfípodos y pequeños crustáceos para su análisis. “Las herramientas de medición de protección radiológica indican valores al mismo nivel que el ruido de fondo ambiental”, explica la misión.

“No hemos observado ninguna anomalía desde el punto de vista de la radioprotección en los sedimentos con las herramientas que teníamos a bordo”, ha relatado Chardon, especialista en radiactividad en el medio ambiente del Laboratorio de Física de Clermont-Auvergne.

El análisis de laboratorio permitirá obtener unos datos “aproximadamente 100 veces más precisos” sobre radiactividad, según Chardon, que ha explicado que en cualquier caso “hemos mantenido la distancia de los bidones como principio de precaución”.

La misión, respaldada por el Instituto Francés de Investigación y Exploración del Mar (INFREMER) partió de Brest el 15 de junio y regresó el jueves tras explorar una amplia zona situada a unos 600 kilómetros de la costa francesa desde la ciudad de Nantes en busca de estos bidones.

“Nos ha impresionado la cantidad de bidones que pudimos observar y el tamaño del área”, ha señalado Chardon, tras revelar que los bidones están en aproximadamente 163 kilómetros cuadrados, unos 20 bidones por kilómetro cuadrado. “La idea es saber si hemos alterado el ecosistema”, ha resaltado.

El robot submarino autónomo Ulyx ha realizado la que es su primera misión científica real con éxito. “Nos ha sorprendido la calidad de lo que nos envió el sónar. Podemos ver los bidones perfectamente con la imagen acústica. Es una grata sorpresa”, ha añadido Chardon.

200.000 bidones

En cuanto a la posibilidad de recuperar estos bidones, Chardon ha asegurado que es “técnicamente viable, pero el coste de la operación sería astronómico, por no mencionar el riesgo de que los bidones se desintegren en el proceso”. “Una sola inmersión lleva cuatro horas, así que imaginen cuántos viajes harían falta para sacar 200.000 bidones”, ha argüido.

Está prevista una segunda campaña en 2026 o 2027 que permitirá tomar muestras en las inmediaciones e incluso de los propios bidones gracias al robot teledirigido 'Victor' o al sumergible 'Nautile'. “Tenemos mucho trabajo por delante para analizar los resultados y escalar esta campaña”, ha apuntado Chardon.

Greenpeace calcula que se depositaron unos 220.000 bidones con residuos radiactivos en la zona, en lo que califica como “punto con mayor cantidad de residuos radiactivos del planeta”. En 1982 cuando el buque 'Sirius' de Greenpeace, junto a barcos gallegos, se enfrentaron a buques neerlandeses para que detuvieran sus descargas. Tras esta acción, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el Gobierno de Países Bajos anunció la interrupción de los vertidos nucleares al mar.

Diez años mas tarde, en 1993, se firmó el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste, prohibiendo el desecho de los residuos nucleares de baja y media intensidad. Un año después, el Convenio de Londres de la Organizacién Maritima Internacional vetó cualquier vertido radiactivo al mar.

Cinco de los quince activistas de Greenpeace que este jueves han participado en una protesta pacífica frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han sido detenidos y llevados a dependencias policiales, según un comunicado de la organización ecologista.

Desde Greenpeace han explicado que los activistas bloquearon la entrada principal del edificio con 300 cajas vacías de alimentos, como símbolo de la amenaza que sufre el sistema alimentario, y fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a la espera de declarar y conocer los cargos que se les imputan.

La acción busca exigir al Gobierno una transición alimentaria justa y sostenible, según Greenpeace, que denuncia que la seguridad alimentaria está en riesgo por la crisis climática, la dependencia de insumos internacionales y un contexto geopolítico inestable.

Asimismo, los ecologistas critican al ministro de Agricultura, Luis Planas, por no impulsar medidas urgentes, como el fin de las macrogranjas, la pesca industrial o las prácticas agrícolas intensivas que deterioran el medioambiente.

También reclaman la aprobación, aún pendiente, de la futura Ley de Agricultura Familiar, que consideran clave para garantizar un modelo alimentario más sostenible y justo.

Consenso ciudadano: el que contamina debe pagar. Es lo que revela una encuesta internacional realizada por Greenpeace y Oxfam Internacional en 13 países diferentes según la cual el 89% de la población en España respalda la creación de impuestos para que las empresas de gas, petróleo y carbón paguen por los daños derivados del cambio climático, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Los datos españoles, además, superan la media global (81%) y la europea (77%), según el estudio demoscópico lo que refleja un acuerdo social poco habitual en cuestiones fiscales y ambientales.

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2025 en 13 países entre los que, además de España, están incluidos Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Kenia, Italia, India, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, con unas 1200 personas encuestadas en cada uno, muestra que la demanda de responsabilidad climática hacia las grandes empresas energéticas trasciende edades, niveles de ingresos y afiliaciones políticas. Incluso entre votantes de partidos tradicionalmente contrarios a subir impuestos, la mayoría se muestra a favor de estas medidas. De acuerdo con el informe, estos resultados son coherentes con otras encuestas que señalan que más del 80% de la población española demanda más políticas climáticas por parte de sus Gobiernos, también con un amplio consenso social.

Críticas a la influencia de las grandes empresas

La encuesta también pone de manifiesto la desconfianza ciudadana hacia el poder de las grandes empresas contaminantes y las grandes fortunas en la política. Un 67% de los encuestados en España considera que estas compañías y multimillonarios ejercen una influencia negativa en la política nacional, mientras que un 72% opina que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para limitar su poder.

Para Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, estos datos lanzan un mensaje claro: “La gente ya no se cree las mentiras de la industria de los combustibles fósiles. Ven la culpa de las grandes petroleras detrás de las tormentas, inundaciones, sequías e incendios que destruyen sus vidas, como la trágica DANA de Valencia, y quieren que estas empresas asuman su responsabilidad”, ha subrayado durante la presentación del estudio realizado por Dynata.

Otro de los resultados más destacados de la encuesta es que el 88% apoya que los ingresos generados por estos nuevos impuestos se destinen a compensar a las comunidades más afectadas por la crisis climática.

Por su parte, Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, ha acusado a estas corporaciones de lucrarse con la devastación climática. “Saben desde hace décadas el daño que sus productos contaminantes causan a la humanidad y su afán de lucro está destruyendo las vidas y medios de vida de millones de mujeres, hombres y niños, sobre todo en el Sur Global, que son quienes menos han contribuido a la crisis climática”. Asimismo, remarcaba la importancia de incorporar un nuevo impuesto a las, industrias contaminantes ya que podría proporcionar “apoyo inmediato y significativo a los países vulnerables al clima, e impulsar la inversión en energías renovables y una transición justa”.

Los resultados de este estudio han sido presentados durante las negociaciones de Bonn sobre Cambio Climático (SB62).

Llamamiento global

Junto a la encuesta, se ha presentado el Polluters Pay Pact, una alianza global de comunidades afectadas por desastres climáticos que exige a los gobiernos que las empresas de petróleo, gas y carbón paguen por los daños que causan mediante nuevos impuestos y sanciones. El pacto cuenta con el respaldo de más de 60 ONG y colectivos de todo el mundo, incluidos trabajadores de servicios de emergencia, sindicatos, alcaldes y demandantes judiciales en casos climáticos emblemáticos.

La campaña busca conseguir apoyo popular y llevar la demanda de “que los contaminadores paguen” a foros internacionales clave durante 2025, como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla y la COP30 sobre cambio climático.

Un enorme SOS. Ese es el mensaje claro y escueto con el que un rebaño de 800 ovejas de la localidad oscense de Almudévar se ha sumado a Greenpeace para denunciar, en el Día del Medioambiente, la “precaria situación que vive el campo español y el agotamiento del insostenible sistema alimentario del país”. Se trata de un rebaño de ovejas trashumantes en extensivo de raza churra tensina. Una raza autóctona y amenazada, que representa otra forma de entender el modelo agropecuario.

Las ovejas han formado un SOS para denunciar, según la organización medioambiental, los desafíos a los que se enfrenta el sistema alimentario en España, que “amenazan la sostenibilidad ambiental, la social y la salud pública. A medida que el cambio climático se intensifica y la biodiversidad disminuye, los impactos sobre la productividad agraria y pesquera, los recursos hídricos y la seguridad alimentaria son cada vez más evidentes. La producción está sufriendo las condiciones del cambio climático, está desconectada del territorio y genera impactos muy negativos en los ecosistemas, el tejido rural y la salud”, exponen en una nota de prensa.

Consideran que esto se traduce en un “modelo insostenible” con “aumento de las emisiones, extenuación de recursos hídricos, reducción de la biodiversidad y contaminación de aguas y suelos, crisis de rentabilidad para los productores, deterioro de la alimentación y un riesgo constante a los cambios geopolíticos”. Exponen que es “imprescindible” abordar la transición del sistema alimentario y presentan una propuesta al respecto.

Helena Moreno, responsable de agricultura de Greenpeace España, ha declarado que “las personas tienen derecho a una alimentación sostenible y saludable, pero se prioriza el lucro de unas pocas empresas frente a la soberanía alimentaria de la población. La alimentación ha de defenderse como un derecho humano y no como una mercancía con la que se lucren unos pocos bolsillos. En el Día del Medioambiente, lanzamos un SOS porque nuestro sistema alimentario, y quienes lo producen, está en peligro. Es necesario comenzar a trabajar en una transición agroecológica y alimentaria integral o se agravarán aún más los efectos de la crisis climática en nuestro sector primario y nuestra alimentación”.

Según la organización, han querido que sea el propio ganado quien protagonice el llamamiento para pedir esa transición alimentaria capaz de combatir la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Para lo primero, abogan por una transición para reducir las emisiones en un 35% para 2030 y en un 116% para 2050, ya que, en la actualidad, el modelo alimentario genera 107,2 Mt de CO2eq y este dato seguiría incrementándose si no se toman medidas.

En el caso de la biodiversidad terrestre, exponen que con el Modelo Alimentario Sostenible el porcentaje de especies amenazadas sería menor que en la actualidad reduciéndose en un 23 % para 2050. Al contrario, si el sistema alimentario español sigue la senda actual, habrá alrededor de 300 especies más en situación de amenaza. En las plantas terrestres se podrían alcanzar las 304 especies amenazadas y en los artrópodos las 211, representando el 52 % y 39 % de todas las especies amenazadas respectivamente.

En el caso de la biodiversidad marina, si seguimos la tendencia actual, habrá una pérdida de 428 especies en el caladero nacional, siendo la región más castigada el Mediterráneo, con un descenso en la riqueza de especies del 3 %. Sin embargo, si cambiamos el sistema alimentario y, además, se protege el 30 % de la superficie marina (con un 10% de áreas de protección estricta gestionadas de forma eficaz) las capturas y, por tanto, la biodiversidad se podrá incrementar hasta un 22 % para 2050.

La figura de cera del presidente francés, Emmanuel Macron, fue este lunes sustraída del Museo Grévin de París, para, al poco tiempo, ser exhibida frente a la embajada de Rusia en la capital francesa, en una acción reivindicada por Greenpeace.

“Ha sido una acción muy montada, en plan comando. Al menos fueron seis personas que entraron, pagando su entrada y, desviando la atención de los agentes de seguridad, aprovecharon para llevársela”, declaró a los medios el director del museo, Yves Delhommeau, quien compareció en el lugar exacto en el que estaba la obra, en una sala que recreaba el despacho presidencial.

Tras su acción, los militantes de Greenpeace dejaron en el museo una pancarta amarilla que rezaba “Business is Business” y una bandera rusa.

Al poco tiempo, la figura fue exhibida por los activistas frente a la embajada rusa en París, para denunciar que Francia siga comprando gas natural a Moscú, a pesar de las sanciones por la guerra en Ucrania.

“No ha habido nada de violencia, nos han llamado rápidamente para reivindicar la acción (Greenpeace) y para decirnos que la íbamos a recuperar sana y salva, pero sin decir cuándo”, indicó Delhommeau, quien aseguró que todas las autoridades, incluidas la Presidencia francesa, han sido informadas de este robo.

Greenpeace Francia aseguró que su acción busca denunciar cómo Francia ha aumentado sus importaciones de gas natural y de abonos químicos de Rusia en los últimos años, además de que depende de ese país para el uranio reprocesado.

“Esas importaciones financian indirectamente la maquinaria de guerra del Kremlin, que continúa sus ataques mortales en Ucrania”, añadió la organización en un comunicado en redes sociales.

Greenpeace promete devolver la figura, que cuesta unos 40.000 euros

Su director en Francia, Jean François Julliard, aseguró que la acción “no es un robo” sino un “préstamo” y que con ella buscaban “exponer a Macron ante la embajada de Rusia”.

“La devolveremos en buen estado, pero no podemos decir cuándo”, recalcó en declaraciones al canal BFMTV.

La figura, de un coste de unos 40.000 euros, estaba en una sala que recreaba el despacho presidencial del Elíseo, junto a otras como François Hollande y Jacques Chirac.

“Es la primera vez que nos sucede en 50 años”, agregó el director del museo, situado en pleno París 'hausmanniano', en Grands Boulevards.

El Grévin no cerró y ciertos visitantes que se enteraban de la noticia no daban crédito.

La figura se instaló en 2018 en este museo, una institución histórica cuya apertura se remonta a 1882.

La página web del Proyecto GAMA —la macrocelulosa impulsada por la Altri en Palas de Rei (Lugo) a través de la sociedad Greenfiber— presenta a la planta como una iniciativa “de última generación” que se encuentra “a la vanguardia de una nueva industria basada en la sostenibilidad”. Entre las seis características con las que se define están la “autosuficiencia energética” y el funcionar “sin combustibles fósiles”. Sin embargo, la propia documentación aportada por la compañía a la Xunta contradice esas afirmaciones. Por un lado, al reclamar al Gobierno la construcción de una subestación eléctrica para abastecer a la factoría; por otro, al admitir que tendrá una “planta satélite” para almacenar y regasificar un combustible fósil como el gas, que se transportará hasta allí en camiones.

En la Memoria del Estudio de Impacto Ambiental, Altri relata: “El gas natural, almacenado en planta como GNL (Gas Natural Licuado) y regasificado internamente para su uso, será el combustible del horno de cal para el proceso de calcinación y en la caldera de emergencia para la generación de vapor como resguardo a la biomasa” antes de añadir que la celulosa “tendrá una planta satélite de almacenamiento y regasificación del gas natural licuado de 21.000 Nm3/h dentro de las propias instalaciones con una superficie de 3.000 m², siendo el consumo máximo en operación normal de 5.000 Nm3/h”.

Para la organización ecologista Greenpeace, la web de Greenfiber “miente descaradamente” en un claro ejemplo de greenwashing, ya que “no tiene autosuficiencia energética, cuando necesita una subestación eléctrica” y sí usa combustibles fósiles, algo que —según recuerdan— fue “una de las razones” para negarle al proyecto los 30 millones de euros solicitados en el PERTE de Descarbonización. De hecho, “la no utilización de combustibles fósiles en el proceso de producción” y “la reducción de emisiones de CO₂ (dióxido de carbono) en el proceso de producción industrial respecto a las técnicas actuales en el sector” eran dos de los criterios de evaluación recogidos en las bases de la convocatoria de estas ayudas europeas. Según el Ministerio de Industria, GAMA no cumplía los “requisitos mínimos”.

El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, encuentra “sorprendente e indignante” que la empresa niegue ese uso cuando “todas sus materias primas y productos finales se transportarán por carretera” y en su propia documentación prevé la construcción de la planta regasificadora y la utilización de gas natural como combustible. Subraya que Altri “llega a identificar el gas natural como fuente de generación de energía verde, cuando estamos hablando de un combustible fósil de elevado impacto en el cambio climático”.

Santos asegura que han trasladado todas estas contradicciones a la compañía, que les ha respondido insistiendo en que la macrocelulosa “no usará combustibles fósiles”. La organización señala además algo “insólito a estas alturas”: que el proyecto GAMA no incluya una cuantificación pormenorizada de las emisiones totales de todos los gases con efecto invernadero.

La empresa prevé emitir a la atmósfera 0,1 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de producto que saque al mercado, lo que supondrá una huella de carbono anual de 60.000 toneladas de CO₂. En el comunicado en el que anunciaba alegaciones a la decisión del ministerio de dejarla fuera del PERTE, Altri afirmaba que la “contribución” de GAMA a la descarbonización radica “en el proceso de fabricación, que reducirá las emisiones de CO₂ en un 91% en comparación con la producción convencional de pulpa y lyocell” y en el hecho de que la materia prima sea “madera producida en proximidad”.

Como esa madera, según la compañía, “hasta ahora se exportaba fuera de Galicia”, los trayectos de los camiones que la transportan “se verán considerablemente reducidos, emitiendo, por consiguiente, una cantidad inferior de CO₂ a la atmósfera”. Inferior, pero no inexistente, que es lo que todavía hoy afirma Greenfiber en su página web.

Un jurado de Dakota del Norte (EEUU) falló este miércoles que la organización Greenpeace debe pagar más de 600 millones de euros para resarcir a la compañía Energy Transfer por los perjuicios que la energética considera que le causaron las protestas contra la construcción de un oleoducto en 2016.

El caso 30-2019-0V-00180 culminaba una persecución en los tribunales de ocho años, en los que Energy Transfer acusó a la organización de quebrantar la ley contra organizaciones criminales. Energy Transfer ha hablado de “situar ecoterroristas” en las protestas, de impulso de una “agenda extremista” o “diseminación de falsedades” al decir que su oleoducto –hecho para llevar combustibles fósiles– agravaría el cambio climático. Un juez federal archivó la demanda, pero la energética recurrió para volver a sentar a la organización ecologista en el banquillo, esta vez frente a un tribunal de un Estado cuya economía depende en buena medida de la industria petrolera.

Todavía en Dakota del Norte, la directora interina de Greenpeace USA, Sushma Raman, confiesa en una conversación con elDiario.es que el veredicto ha supuesto un shock para la organización, pero que cree que la verdad está de su lado y que ganarán el recurso ante el Supremo.

¿Qué sintió al escuchar el veredicto que les pide 600 millones de euros?

Fue un shock, aunque no una completa sorpresa. Sí esperábamos algo en nuestra contra, pero no sabíamos qué exactamente.

¿Cuáles son sus planes ahora?

Se abre un nuevo capítulo de una larga lucha: esto está lejos de haberse acabado. Vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte [el estado donde ha tenido lugar el juicio] y creemos que los hechos y la verdad están de nuestro lado.

La cifra que ha señalado el jurado de 600 millones de dólares es más de lo que aparecía en la demanda de Energy Transfer

Es inasumible para nosotros. Una cantidad gigante para Greenpeace o cualquier otra ONG, pero una gota en el océano para Energy Transfer y otras petroleras, así que este proceso no va de dinero, no se trata de compensarles por una supuesta pérdida económica.

Se trata de un nuevo capítulo de una larga lucha: esto está lejos de haberse acabado. Vamos a recurrir y creemos que los hechos y la verdad están de nuestro lado

Se trataba de lanzar un mensaje a Greenpeace y a otros grupos ambientalistas: si ponéis el foco en lo que estamos haciendo, vamos a silenciaros.

¿Piensa que si el juicio se hubiera celebrado en otra sede, como intentó Greenpeace que sucediera, el resultado habría sido diferente?

Intentamos cambiar la sede a un lugar donde la población no hubiera estado tan cerca de las manifestaciones de protesta, que no las hubiera vivido en primera persona y donde los ciudadanos no estuvieran necesariamente empleados por la industria petrolera y gasística, pero no tuvimos suerte.

Pero, además, sobre la elección del lugar donde llevar a cabo proceso, se da la circunstancia de que hay otros 34 estados diferentes en EEUU que tienen leyes contra las SLAPP [la litigación estratégica contra la participación pública, en inglés] y que habrían desarticulado la capacidad de la compañía para realizar este ataque.

¿Calificaría este juicio de injusto?

Ha sido un veredicto muy fuerte. Es incomprensible. A la luz de los hechos, que son que Greenpeace mostró solidaridad con los líderes indígenas de la protesta, que participamos en la formación para acciones no violentas, que hicimos colectas junto a cientos de otras organizaciones, consideramos incongruente el resultado. Así que estamos deseando recurrir.

Ha sido un veredicto muy fuerte. Es incomprensible. A la luz de los hechos, consideramos incongruente el resultado

¿Cree que la relación entre Donald Trump, la empresa Energy Transfer y los permisos para este oleoducto han podido influir?

Eso es el telón de fondo. Hemos tenido un juicio con jurado, pero todo eso está ocurriendo. Vemos cómo hay un retroceso en las políticas y salvaguardas ambientales y la eliminación de la financiación para protección ecológica. Eso no puedes separarlo.

Se ha creado toda una atmósfera en contra.

Sí, porque la nueva administración está cargando contra la protesta pacífica e intenta desmantelar los movimientos sociales y los medios de comunicación independientes. Por eso este caso es tan importante, no solo para Greenpeace sino también para el futuro de las libertades y los derechos de expresión, asociación, reunión... que están amenazados ahora mismo.

Nuestro lema es: no nos silenciarán. Si nos encontramos con un asunto en el que creemos, en el que pensamos que podemos aportar y se nos invita a participar, no vamos a echarnos atrás

Viendo el resultado, ¿volverían a hacer lo mismo?

Sí, volveríamos a hacerlo, volveríamos a aparecer allí para apoyar, para ser solidarios y para hablar en contra de las injusticias climáticas. En retrospectiva, considero que hicimos lo correcto. Fuimos un jugador muy pequeño en el gran esquema de las cosas, pero creo que haríamos lo mismo.

Entonces ¿están dispuestos a repetirlo?

Nuestro lema es: no nos silenciarán. Si nos encontramos con un asunto en el que creemos, en el que pensamos que podemos aportar y se nos invita a participar, no vamos a echarnos atrás.

Un jurado de Dakota del Norte considera que Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares a la compañía Energy Transfer por las protestas que tuvieron lugar hace casi una década contra la construcción de un oleoducto.

Energy Transfer Partners, una empresa de petróleo y gas con sede en Dallas con un valor de casi 70.000 millones de dólares y presidida por uno de los principales donantes de Donald Trump, había demandado a Greenpeace por difamación y por orquestar lo que consideraba un “comportamiento criminal” de los manifestantes contra el oleoducto Dakota Access, alegando que la organización había “incitado” a protestar mediante una “campaña de desinformación”. A cambio, reclamaba 300 millones de euros.

El grupo ecologista, que antes del juicio había expresado su preocupación ante el riesgo de que el juicio no fuera justo en un estado donde la industria del gas y el petróleo tiene un enorme peso, había adelantado que una enorme indemnización financiera podrían llevar a la quiebra sus actividades en Estados Unidos. Aunque la cantidad de la indemnización está por determinarse, el jurado ha dado la razón a Energy Transfer en la mayoría de los cargos presentados contra Greenpeace.

El caso ha sido seguido de cerca por diversas ONG y expertos en libertad de expresión ante el temor a su impacto en las protestas sociales y el activismo. Greenpeace ha afirmado en un comunicado después del veredicto que demandas como la de Energy Transfer tienen como objetivo “destruir el derecho a la protesta pacífica”.

“Lo que hemos visto durante estas tres semanas de juicio ha sido el descarado desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock [afectado por el oleoducto]. Y aunque también han intentado distorsionar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en cada acción que tomamos”, ha dicho Deepa Padmanabha, asesora jurídica principal de Greenpeace.

“Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda que regula la libertad de expresión y por demandas como esta, destinadas a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad. Greenpeace seguirá luchando por la protección de estos derechos fundamentales para todos”, afirmó.

Un jurado bajo sospecha

La preocupación sobre la posibilidad de encontrar un jurado imparcial centraron el caso incluso antes de que comenzara, dadas las inclinaciones políticas conservadoras de la localidad de Mandan, en Dakota del Norte, y la posición contraria hacia las protestas de los residentes locales. En los meses anteriores al juicio también se enviaron a los habitantes de la localidad misteriosos sobres que simulaban ser un periódico llamado “Central ND News”, con artículos sesgados sobre las protestas contra el oleoducto o a favor de Energy Transfer.

De hecho, al final más de la mitad de los seleccionados para formar parte del jurado que ha fallado en contra de Greenpeace tenían vínculos con el negocio de los combustibles y opiniones negativas hacia las protestas contra los oleoductos o los grupos de presión que participan en ellas.

Greenpeace intentó trasladar el juicio a otro condado de Dakota del Norte en varias ocasiones, pero sus peticiones fueron rechazadas por el tribunal del condado de Morton y la corte suprema de Dakota del Norte. El juez James Gion, que fue contratado para dirigir el juicio después de que todos los jueces del condado de Morton se recusaran, denegó las solicitudes para emitirlo en directo.

“El veredicto de hoy no es un reflejo de una mala conducta por parte de Greenpeace, sino más bien el resultado de una larga lista de tácticas judiciales y trucos propagandísticos que Energy Transfer utilizó para negar a Greenpeace su derecho a un juicio justo”, ha dicho Kirk Herbertson, abogado de Nueva York y director estadounidense de campañas de EarthRights International. “Esperamos que la Corte Suprema de Dakota del Norte cuestione por qué este caso llegó a juicio en primer lugar”.

Fuentes judiciales han considerado este caso como un ejemplo paradigmático de una demanda estratégica contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés), una forma de litigio civil cada vez más utilizada por grandes empresas, políticos e individuos ricos para desgastar y silenciar deliberadamente a los críticos, incluidos periodistas, activistas y grupos de vigilancia. Estos casos, incluso cuando las entidades demandantes pierden, causan costos legales significativos para los acusados y pueden tener un efecto paralizador.

Por su parte, Kristin Casper, Consejera General de Greenpeace Internacional, ha declarado: “La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy, y sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace Internacional seguirá haciendo campaña por un futuro verde y pacífico. No retrocederemos, no nos silenciarán”.  “Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a Energy Transfer en los tribunales este mes de julio en Ámsterdam”, ha añadido.

La tribu exculpa a Greenpeace

Durante el juicio de cinco semanas, Energy Transfer ha intentado vincular a Greenpeace una serie de sabotajes causados por las protestas a Greenpeace, que ha sostenido que su participación fue pequeña y a petición de la tribu sioux de Standing Rock.

La propia tribu emitió un comunicado tras el inicio del juicio afirmando que había sido ella la que había encabezado las protestas. Según los nativos, Energy Transfer estaba “acusando frívolamente de difamación y buscando una indemnización para silenciar toda voz que apoye a Standing Rock. El caso es un intento de silenciar a nuestra tribu sobre la verdad de lo que sucedió y la amenaza que representa el oleoducto para nuestra tierra, nuestra agua y nuestra gente. La tribu sioux de Standing Rock no será silenciada”, dijo su presidenta, Janet Alkire.

En los últimos días del juicio, Kelcy Warren, el multimillonario fundador de Energy Transfer y uno de los principales donantes de Donald Trump, afirmó en una declaración en video que su compañía había ofrecido incentivos financieros –incluido dinero, un rancho de lujo y una nueva escuela– a la tribu para detener las protestas, que la tribu rechazó, según un grupo de observadores que asistieron al juicio debido a preocupaciones sobre su imparcialidad. Warren dijo que creía que la tribu rechazó la oferta porque Earthjustice, la organización ecologista que ejerce como representante legal de la tribu, le había ofrecido más.

El juicio se produjo después de que Energy Transfer fracasara en una primera demanda presentada ante un tribunal federal estadounidense en 2017. Después de que el caso fuera desestimado el 14 de febrero de 2019, Energy Transfer volvió a presentar una denuncia prácticamente idéntica en el tribunal estatal de Dakota del Norte siete días después. En ese estado, mucho más favorable a sus intereses, ha acabado teniendo éxito.

Parece la vuelta de guion de un thriller judicial de Hollywood, pero no lo es: uno de los jurados elegidos para decidir sobre la demanda multimillonaria que amenaza con estrangular a la organización Greenpeace en EEUU ha trabajado para una compañía con intereses en el oleoducto de la energética que demanda a la ONG.

La relación saltó después de culminado el proceso de selección de jurados y con el juicio –que tiene lugar en el estado de Dakota del Norte– en marcha. De hecho, según relata la periodista independiente estadounidense Allen Brown, ocurrió cuando el interesado vio durante el testimonio de un testigo que se mencionaba a la compañía MPLX: “Creo que mis horas se cargan a veces a MPLX”, apuntó el jurado, según la freelance.

En este proceso se dilucida si Greenpeace debe pagar hasta 300 millones de dólares que reclama Energy Transfer por las protestas contra el oleoducto Dakota Access Pipeline (DAP) llevadas a cabo en 2016 y 2017. La empresa quiere que la ONG se haga responsable civil de todo lo que, asegura, ocurrió allí, aunque Greenpeace no fuera la que convocaba las concentraciones, sino que las apoyaba públicamente.

Así las cosas, el jurado, pues, ha prestado servicios a MPLX que, según la propia corporación, “mantiene un 9,19% de intereses indirectos en una joint venture que posee y opera” el oleoducto que protagonizó las protestas por las que la energética ha perseguido a la ONG en los tribunales hasta sentarla en el banquillo con esta demanda que sirve de aviso para las protestas climáticas en general.

La red de compañías, intereses y participaciones que está detrás de este proyecto hace que sea fácil perder el rastro de quién es quién. También ha hecho que, finalmente, fuera borroso saber si el jurado podía conocer o no con antelación su relación con el caso. Esta MPLX es una especie de filial de Marathon Petroleum que, a su vez, forma parte junto con la sociedad Enbridge de otra joint venture (llamada MarEn) que compró en 2016 por 2.000 millones de dólares el 36% de los intereses en el llamado Bakken pipeline project que incluye dos oleoductos diferentes: el Energy Transfer Crude Oil (ETCO) y el ahora célebre Dakota Access pipeline (DAP), el de las protestas de Greenpeace.

La madeja tiene un cabo final del que tirar en el informe anual de 2023 de Marathon Petroleum que describía que el proyecto de oleoducto, “en el que MPLX tiene un interés minoritario, ha sido sujeto y puede serlo en el futuro, de litigación”.

También admite ese informe que MPLX –la empresa relacionada con el jurado– ha entrado en un acuerdo de contribución de contingencias con los otros compañeros de joint venture para los proyectos de oleoductos por el que se compromete a aportar dinero para “satisfacer” deuda contraída para “la construcción” de la infraestructura. También tendría que pagar la proporción que le toque “de los intereses devengados” y “los costes para remediar las deficiencias para reiniciar las operaciones del oleoducto” si se paralizara el bombeo de crudo por la evaluación ambiental aún pendiente.

El abogado ambientalista Scott Wilson Badenoch –de camino a Dakota del Norte– explica a elDiario.es que “desde luego que así no es como deben parecer los jurados, que tienen que ser imparciales y formados por iguales”.

Con todo, ese jurado continúa ejerciendo, según han contado los que han podido entrar a la sala de vistas. El juez mantuvo, según estas mismas fuentes, una conversación –en presencia de los abogados de la causa– con el jurado para ver si podía seguir en su puesto y, tras esas palabras, el jurado siguió con la misma composición.

Dakota del Norte es un estado cuya economía depende en buena parte de los combustibles fósiles. Un juez federal rechazó en 2019 el caso presentado por Energy Transfer contra Greenpeace, basado en la ley contra organizaciones criminales, pero la justicia estatal sí ha ido adelante con el proceso.

“Recusación retroactiva” sin efecto sobre decisiones

Greenpeace trató de cambiar la sede del juicio porque “un jurado elegido entre los miembros de una comunidad afectada por los hechos que Energy Transfer intenta achacar a la organización no debería cargar con esta responsabilidad”, explicó el abogado principal de Greenpeace, Daniel Simmons. Los ambientalistas temen en realidad que esos jurados sean proindustria petrolera o estén relacionados con ella. El cambio de sede fue denegado.

El grupo de abogados que está monitoreando el juicio ha explicado este martes que el Tribunal Supremo de Dakota del Norte ha denegado sendas peticiones para que el juicio contra Greenpeace se retransmitiera en streaming “por transparencia”. Una de las peticiones era de este mismo grupo y la otra del New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal.

Sin embargo, lo “más chocante”, afirma este grupo, es que tras el rechazo del tribunal, esta misma instancia ha “recusado retroactivamente” a uno de los cinco magistrados que tomaron la decisión. Al parecer, según describen los juristas, este juez se había recusado a sí mismo en el caso de Energy Transfer contra Greenpeace para llevarlo en sala. El hecho de “recursarle, pero dejar la decisión intacta parece que desafía no solo la lógica legal sino el sentido común”, rematan los abogados. 

La organización internacional Greenpeace ha iniciado este viernes en la ciudad asturiana de Avilés una campaña contra el gas fósil con el objetivo de denunciar el coste ambiental, económico y para la salud del gas, y rechazar así el rescate a los proyectos de combustibles fósiles en toda la Unión Europea.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha explicado que el tour que arranca en España seguirá por otros países como Francia, Bélgica, Alemania, Croacia o Grecia “para reclamar algo que es muy importante y es que el gas nos sale caro por muchos motivos, empezando por el climático”.

En un encuentro con la prensa a la llegada al puerto local del legendario rompehielos Arctic Sunrise, Eva Saldaña ha recalcado que, además de ser una de las principales causas del cambio climático, “el gas sale caro también para las víctimas de conflictos bélicos como la invasión de Rusia en Ucrania”.

Las emisiones de las plantas de gas

También a los consumidores le sale caro en su factura, ha indicado la directora ejecutiva de Greenpeace España, por lo que, en su conjunto, son argumentos suficientes para pedir que haya un abandono claro de los combustibles fósiles y, en España, sobre todo, del gas.

En España, las emisiones de las plantas de gas alcanzaron en 2024 los 58,4 millones de toneladas de CO2, un 20 por ciento del total de emisiones del país.

La campaña “El gas nos sale caro” destaca que el gas no es natural ni necesario, sino sucio y contaminante, “además de una trampa para frenar la transición energética y aumentar la dependencia de los combustibles fósiles”.

Todo ello, a pesar del compromiso adoptado por los gobiernos durante la COP28 para su abandono definitivo.

El rescate a las empresas

La campaña de la organización ecologista también pretende evitar que se utilice dinero público o de las personas o entidades consumidoras para rescatar o sostener a las empresas gasistas que, junto a las petroleras, “son las principales responsables del cambio climático”.

Un ejemplo es la regasificadora de El Musel, en Gijón, una planta de importación de gas natural licuado “marcada por la corrupción, los juicios y la mala gestión de fondos públicos”, según sostiene la responsable de la campaña.

Tras haber estado pausada entre 2014 y 2022, esta regasificadora funciona temporalmente desde 2023 como almacén y para exportación al mercado europeo, actividades que apenas se están desarrollando por falta de demanda.

La reconversión

La campaña también pone el foco en la reconversión de la central térmica de Aboño (Gijón) del carbón al gas, estrategia que ha considerado un riesgo tanto para la salud de la población como para la propia transición energética en Asturias.

“El fin del carbón en Aboño para 2025 significa el cese definitivo de la quema de carbón en España y confirma que lo que Greenpeace demandaba era posible, pero si la central se transforma en planta de gas estaremos iniciando una nueva era de dependencia de energías sucias importadas, en vez de dar el salto definitivo a la energía limpia y autóctona”, ha advertido Francisco del Pozo, responsable de la Campaña de Energía en Greenpeace España.

El mítico rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace estará atracado en el puerto de Avilés y se podrá visitar en unas jornadas de puertas abiertas a lo largo del fin de semana para que el público pueda conocer la embarcación y el contenido de la campaña “El gas nos sale caro”. 

Kelcy Warren es el CEO, fundador y máximo accionista de Energy Transfer, la empresa que ha sentado en el banquillo a Greenpeace para exigirle 300 millones de dólares. El ejecutivo es, además, uno de los grandes donantes de las campañas de Donald Trump.

Existe un hilo que une una cosa y la otra: de lo primero que hizo Donald Trump al ser elegido por primera en vez en 2016 fue acelerar los permisos para el oleoducto DAPL planeado por Energy Transfer en Dakota del Norte contra el que protestaba Greenpeace. El proyecto había sido pospuesto por Barack Obama para revisar su impacto ambiental. Tras recibir de Warren unos 100.000 dólares para la campaña y otros 250.000 para el comité inaugural, Trump dio el visto bueno al oleoducto el 24 de enero de 2017, apenas cuatro días después de tomar posesión. El republicano mandó “revisar y aprobar de manera urgente (...) las autorizaciones para construir y operar el DAPL”.

En el momento en el que Donald Trump firmaba sus instrucciones aún estaban en plena actividad los campamentos de protesta contra el proyecto en Stand Rock. Solo un mes más tarde de la orden presidencial, la guardia nacional y la policía desmantelaban el último reducto de manifestantes “de manera militar”, según describió The Guardian.

“Considero que la construcción del oleoducto es de interés nacional”, redactó Trump en enero de 2017. La mayoría del tubo estaba ya completa, así que tras las órdenes presidenciales, el primer bombeo de petróleo de prueba se realizó el 14 de mayo de 2017 y estuvo operativo comercialmente el 1 de junio de ese año. En agosto, Energy Transfer demandó, entre otros, a Greenpeace ante un tribunal federal invocando la ley contra organizaciones criminales por las protestas. En junio de 2020, Kelcy Warren montó un acto para recaudar fondos para Donald Trump en el que obtuvo 10 millones de dólares –él y su mujer ya habían puesto 1,7 millones–.

El oleoducto DAPL ha seguido funcionando desde su bombeo inaugural en 2017 a razón de más de 500.000 barriles al día. Incluso después de que los jueces ordenaran en 2020 que la agencia gubernamental encargada de las autorizaciones para estos proyectos (el Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército) preparara una evaluación de impacto ambiental de la parte del oleoducto sobre la que protestaba la tribu sioux y Greenpeace. Ese Cuerpo decidió en 2021 que el bombeo de crudo se mantendría mientras se redactaba el documento. En mayo de 2024, su director admitió que la evaluación se alargaría hasta 2025. Mientras, el petróleo sigue viajando de los yacimientos a las refinerías.

Suma y sigue

¿Abandonar el petróleo? “Una locura”, afirmaba Kelcy Warren en un acto en 2021 al reflexionar sobre el impacto que los objetivos de emisiones netas cero de CO2 de las empresas podría tener en su empresa. “Mientras yo esté en este negocio, me preocupa más, para ser sincero, el suministro. Creo que la demanda va a continuar”, resumía en un turno de preguntas durante una conferencia en la Asociación de Petróleo y Gas de Texas en Dallas.

Además, el CEO de Energy Transfer se ha destacado en este tiempo como parte del tridente de oposición a una regulación de transparencia climática impulsada por Joe Biden para que las empresas tuvieran que revelar cuáles son sus emisiones de CO2 y sus planes para recortarlas. El grupo ha estado compuesto por Warren, Chris Wright (de Liberty Energy), Harold Hamm (de Continental Resources).

Ayuda a comprender el contexto sobre este asunto de las emisiones de gases que están provocando la crisis climática, el argumentario que distribuye Energy Transfer para describir su oleoducto DAPL: el listado incluye que, según su visión, el tubo que transporta petróleo ahorra emisiones de gases de efecto invernadero porque, de otra manera, ese crudo viajaría igualmente, pero en camión: “3.000 containers al día”.

Sin embargo, esa normativa –impulsada desde el regulador bursátil– fue aprobada en marzo de 2024. Para entonces, Kelcy Warren seguía donando dinero a la campaña de Donald Trump (además de otros candidatos republicanos y al propio partido). La revista Forbes ha calculado que, finalmente, ha puesto unos 5,8 millones de dólares.

Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, los intereses de Warren han salido beneficiados otra vez. De entrada, su co-lobista contra la normativa de transparencia climática, Chris Wright, ha sido nombrado secretario de Energía. El anterior gobernador de Dakota del Norte –donde se celebra el juicio contra Greenpeace “no por azar”, según contaba a elDiario.es el abogado ambientalista Scott Badenoch–, Douglas Burgum, ahora es el secretario del Interior. Burgum ofreció su residencia oficial de gobernador para que la Asociación del Petróleo de ese estado diera su cena de homenaje a los ejecutivos del fracking en 2024.

Finalmente, el 11 de febrero pasado, el mismo regulador que la impulsó –ahora bajo la administración Trump– suspendió la norma: “Tiene graves defectos y podría causar daño a los mercados y a nuestra economía”, justificó el director en funciones de la agencia, Mark Uyeda. Habían transcurrido poco más de 20 días desde la toma de posesión de Donald Trump.

El mismo mes en que se ha permitido que las empresas no tengan que explicar cuáles son sus riesgos climáticos, ha comenzado el juicio multimillonario que amenaza con acabar con Greenpeace en EEUU y succionar al movimiento climático.