Activistas de Greenpeace han desplegado este viernes una pancarta gigante en el arco de Moncloa (Madrid) con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las palabras “Pedro, cumple tu palabra” para “recordarle” que “no debe ceder a la presión del lobby energético y empezar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en 2027”, según el comunicado emitido por la organización ecologista.

Aunque la central extremeña tenía previsto cerrar en el año 2027, el pasado jueves el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento hasta 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

“Como en Greenpeace entendemos que [Pedro Sánchez] tiene encima al oligopolio energético haciéndole una inmensa presión, nuestras escaladoras han querido ponerle el mensaje en grande y cerca de su oficina por si se le olvidara”, han ironizado los ecologistas.

La organización subraya que después del cierre de Amaraz, el Gobierno deberá cerrar progresivamente el resto de centrales españolas hasta terminar con la de Trillo (Guadalajara) en 2035. “Si no las cierra, el admirado modelo energético español, basado en el sol, el viento y el agua; se va al traste”, advierten.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos.

El pleno del CSN emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”. Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

El deterioro de los bidones nucleares sumergidos en la Fosa Atlántica frente a la costa de Galicia es la única certeza que, de momento, ha aportado la nueva expedición submarina del Proyecto Nodssum. Una vez confirmada la situación, las respuestas –y quién tiene que darlas– siguen siendo una incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por aguardar a conocer más datos antes de tomar decisiones. Y Bruselas, espoleada por los diputados gallegos de PSOE y BNG, mira para otro lado: en junio, la Comisión Europea manifestaba que misiones como la liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés está fuera de sus competencias. Las nuevas iniciativas, probablemente, encuentren una respuesta similar.

“Conviene esperar”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que los “escapes y filtraciones” detectadas en los barriles son “señales preocupantes que generan una cierta intranquilidad” pero, aun así, se muestra extremadamente prudente. Las razones son dos y de carácter muy diferente: una, la dificultad técnica para cualquier operación que afecte a 220.000 contenedores situados a 4.000 metros por debajo de la superficie del Atlántico. La otra, el auténtico laberinto burocrático que siguen siendo las aguas internacionales.

“La información que se puede recoger de esta última expedición es lo suficientemente solvente desde el punto de vista técnico para tener una idea cabal de cuál sería el siguiente paso a dar”, responde a elDiario.es. Tras recordar que en el Proyecto Nodssum están presentes el Centro Nacional de Aceleradores y la Universitat de Girona, espera a conocer las conclusiones para saber “a quiénes y cómo corresponde tomar decisiones”. “Como mínimo, debemos saber cuál es el alcance de esas filtraciones”.

Una vez conocida la realidad, cualquier respuesta obligará a buscar soluciones de gran “complejidad técnica”. “Habrá que atender si la solución, en caso de valorar un traslado, generaría más complicaciones que el hecho de tenerlos bajo vigilancia”. La cuestión, para él, no es “que se los lleven”, sino “a dónde, cómo y en qué condiciones”.

El secretario de Estado recuerda que todavía en enero entró en vigor el Tratado BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, con sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que protege la biodiversidad marina en aguas internacionales que, “hasta fechas muy recientes” eran “un espacio de impunidad en el que nadie se hacía responsable de lo que pudiese suceder”. Lo usa para ejemplificar la otra pata de este rompecabezas cuando se le pregunta por una posible implicación tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea.

“Si ha sido prácticamente imposible encontrar una solución a Palomares [la caída de cuatro bombas nucleares en la localidad almeriense en 1966 tras un accidente aéreo] y hablamos de aguas bajo jurisdicción, imagine lo que sería identificar la responsabilidad de la toma de decisión de utilizar ese espacio [la Fosa Atlántica] como vertedero”. Morán se pregunta “a quién habría que reclamárselo si hubiese posibilidad”, si sería a una empresa o a un estado.

Por eso, “más allá de las complejidades técnicas y de seguridad, viene la identificación de las responsabilidades del hecho causado y las consecuencias económicas que se pudiesen derivar de una posible intervención”. Aun así, no niega que haya que acabar introduciéndose en el laberinto. “Si, en último término, hay que tomar una decisión que conlleve una asunción de responsabilidades y unos, hay que identificar quién debería asumirla. Eso es evidente”.

El artículo 35 del Tratado Euratom

El 25 de marzo de 1957 no sólo se firmó el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea –la CEE, la predecesora de la actual Unión Europea–. También se rubricó el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom. Nacía con los objetivos de desarrollar la investigación y difundir los conocimientos, establecer normas de seguridad para proteger a la población y los trabajadores y garantizar que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, “en particular, militares”.

Las demandas de intervención a la Comisión Europea se basan en el artículo 35 del Tratado Euratom: “Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

Ese es el artículo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha invocado en una nueva carta a la Comisión. El pasado verano, tras la primera incursión submarina del Proyecto Nodssum y el hallazgo de 600 barriles, Casares reclamó al órgano ejecutivo de la UE que se implicase en la misión, algo que había rechazado ya en varias ocasiones “a pesar de reconocer, ya en 2017, que no tenía conocimiento del estado de los residuos”.

“La Comisión Europea no puede permanecer al margen de estas investigaciones, habida cuenta de las potencialmente graves consecuencias ambientales transfronterizas que podrían derivarse del progresivo deterioro de estos bidones y de la eventual liberación de material radiactivo al medio marino”, ha insistido el parlamentario, que pidió además que se solicitasen los datos científicos obtenidos por Nodssum “con el fin de permitir una evaluación completa de la situación y determinar las actuaciones más adecuadas”.

Quien había obtenido ya una respuesta negativa del gobierno de la Unión fue la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Expediciones como la del CNRS “exceden el ámbito de aplicación del artículo 35 del Tratado Euratom”, le contestaron en la que fue su cuarta pregunta sobre los vertidos. Miranda, que ha presentado su quinta iniciativa tras las nuevas imágenes, consideraba entonces una “total inacción no sólo de la Comisión Europea, sino por parte del Estado Español” el no hacer “una investigación y una misión de control” como la francesa.

Ecos de la Guerra Fría

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, reclama a la Unión “un monitoreo continuo, en los plazos que digan los científicos, para saber qué pasa con esos bidones y si es peligroso”. “No lo parece porque el océano es enorme y, desgraciadamente, el vertedero de todos” y tanto la columna como la masa de agua “van a ir diluyendo” los radionucleidos. Santos demanda también una investigación “más exhaustiva” que garantice que los 220.000 contenedores guardan en su interior residuos de baja actividad como los 4.000 que han sido mapeados hasta el momento.

Con un punto de ironía, el ecologista recuerda que los barriles fueron arrojados al mar durante la Guerra Fría, “un contexto histórico que dice que puede haber muchas cosas”. Recuerda, por ejemplo, el caso del submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets, hundido en 1989 en el mar de Noruega donde permanece, a 1.680 metros de profundidad, en posición vertical Esta primavera, investigadores del país nórdico comprobaron cómo, 36 años después, el pecio sigue filtrando cesio y estroncio procedente de su reactor. Por casos como éste, Santos cree prioritario “certificar que en la Fosa Atlántica no hay nada más que lo que nos dijeron”.

Hace un año que la Xunta asumió los poderes sobre la gestión del litoral, el primer traspaso de competencias para Galicia en 17 años. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aprovechó el aniversario, el miércoles 1 de julio, para hacer un repaso de la actividad de estos 12 meses. Desde el parador de Muxía, una de las obras incluidas en el plan de inversiones posterior al hundimiento del Prestige, celebró la estabilidad y la aceleración de los trámites y destacó tres cuestiones: los permisos para actividad empresarial, la ampliación de la temporada de chiringuitos y la senda que recorre toda la costa gallega con la intención de atraer visitantes. Las asociaciones ecologistas hacen otro balance: el enfoque es económico, se orienta a la masificación turística y olvida la protección del entorno natural. La propia elección del parador como escenario y el contenido del discurso, dicen, lo confirman.

“Vivimos en la costa y podemos vivir de la costa”, afirmó el presidente gallego en el acto, en el que añadió una referencia vaga a que es necesario cuidar del litoral: “Para disfrutar nosotros, los que nos visitan ahora y en el futuro”. La gestión directa dio estabilidad a la cadena mar-industria (sector en el que se incluyen actividades como la conserva, las depuradoras y los astilleros), pero también a empresas relacionadas con el turismo y la hostelería, destacó Rueda.

Aportó también cifras: en este tiempo la Xunta resolvió más de 1.800 concesiones y autorizaciones para usos e instalaciones en la costa. Ha dado permiso para más de 900 servicios de temporada, buena parte de los cuales son chiringuitos, aunque también hay, por ejemplo, negocios para deportes acuáticos. No solo eso, el Gobierno gallego amplió el periodo en el que pueden funcionar, que ahora va desde Semana Santa al 31 de octubre de forma ininterrumpida, y destinó un millón de euros para que “sean más bonitos”, dijo Rueda. En cuanto a lo que el Gobierno gallego ha bautizado como el Camiño do Litoral, el presidente gallego destacó que son sendas que incluyen 1.300 kilómetros de la costa gallega -prácticamente toda-, desde Ribadeo hasta A Guarda. En realidad, la propuesta se basa en caminos que ya existían en el 90% de los casos. El objetivo, de nuevo, es que haya más visitantes.

La última novedad en este terreno se anunció hace unos días: la Xunta facilita los permisos para actividades como competiciones deportivas, eventos de interés turístico, conciertos y festivales que se realizan el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección. Además, ha eliminado el pago de tasas administrativas asociadas a la solicitud de ocupación temporal de la costa.

“La Xunta ha estado muy concentrada en el aspecto socioeconómico y muy poco en el cuidado ambiental y en la resiliencia, en un contexto de cambio climático en el que la costa es la primera barrera de protección”, dice el portavoz de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos. Repite que la costa gallega era ya un espacio “muy desprotegido” y que el Gobierno autonómico “no ha movido un dedo” ni en estos últimos años ni desde que tiene las competencias de gestión del litoral por aumentar esa resiliencia o por atender a cuestiones como el avance del mar, que indica que ya se ve en casos de viviendas que peligran en varios puntos porque el agua ha erosionado los acantilados sobre los que se construyeron.

Santos critica el enfoque de la Xunta y su Consellería de Medio Ambiente, extensible a los espacios naturales en general, de que el entorno es un reclamo para el turismo, en lugar de centrarse en su protección por sus valores intrínsecos. Un ejemplo de esto es la red de sendas en la costa, que es una apuesta por “llevar a gente a sitios a los que antes no llegaba, incluso a lugares casi vírgenes”. Que se haga en un entorno natural, avisa, no quiere decir que se pueda considerar turismo sostenible y cita los casos de la playa de As Catedrais o de las Cíes, que son ya destinos masificados.

En estas islas, recuerda, hay especies amenazadas, como la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), que está experimentando un declive dramático que ha hecho que los especialistas pidan catalogarla como en peligro de extinción. Eso, reprocha el portavoz de Greenpeace, no ha provocado reacción en el Gobierno gallego. Tampoco que las rías estén “cerca del colapso ecosistémico”, una situación que se hace evidente también en la bajada de producción.

Afrontar el cambio climático, “la absoluta prioridad”

El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, considera que la Xunta actúa con el orden de prioridades equivocado. Lo primero en la gestión del litoral, razona, es protegerlo, mantenerlo en buen estado y recuperar las zonas degradadas. “Después de eso es cuando viene el análisis de si puede haber aprovechamientos turísticos o chiringuitos”, dice. Añade que la industria tiene cabida en la costa, pero con el principio de que lo primero es la protección del entorno y de que “industria que vierte, industria que cierra”. Coincide con Santos en el papel clave de la costa para afrontar el cambio climático: “Es la absoluta prioridad”. Y en que no se han dado pasos en este sentido por parte del Gobierno gallego, al que pide retirar rellenos o espigones.

Eirexas rechaza lo que considera un modelo basado en el turismo masivo para la costa, en especial “sin un estudio previo de capacidad de carga”, es decir, sin un análisis de cuántos visitantes puede acoger Galicia en sus playas. “Ese [ser un reclamo turístico] no es el principal objetivo de un espacio natural”, señala y rechaza que se fomenten los chiringuitos o la reconversión en establecimientos turísticos de edificios que están en desuso. “La Consellería de Medio Ambiente no gestiona el turismo, pero parece que está para que nada estorbe a otros intereses que no son los ambientales”, zanja.

Santos agrega que comprende que, en estos primeros 12 meses, buena parte de la atención de la Xunta en la gestión del litoral la hayan acaparado los trámites administrativos o la gestión de las concesiones, pero avisa de que ni hay que mantenerlas todas —cita, en concreto, el caso de Ence, con la reclamación histórica de que salga de la ría de Pontevedra— ni hay que confundir simplificación administrativa con “impunidad”.

Unas competencias muy peleadas

Galicia asumió las competencias sobre la gestión de la costa el 1 de julio de 2025. Era el primer traspaso en 17 años, tras un periodo en el que la Xunta, dirigida por Alberto Núñez Feijóo, relegó la ampliación de los asuntos que dependen directamente de la comunidad. En septiembre de 2022, Alfonso Rueda, ya al frente del Gobierno gallego, anunció que iba a redactar una ley del litoral. Era una reacción a la negativa del Ejecutivo central de traspasar las competencias en la materia, una histórica reivindicación de la izquierda gallega que el PP había hecho suya en medio de su oposición a la ley estatal de cambio climático que temía que iba a limitar la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra —el Supremo acabó avalando que la celulosa se mantenga en su ubicación actual—.

El Gobierno central recurrió la ley gallega del litoral cuando fue aprobada. Consideraba que se reducía de forma indebida la protección y que la comunidad se estaba atribuyendo más competencias de las que le reconocía su Estatuto. El Tribunal Constitucional dio la razón a Galicia y se abrió entonces la negociación que culminó con el traspaso el año pasado.

En el acto oficial del traspaso, Rueda ya adelantó cuáles iban a ser los puntos de atención para la Xunta: “A las más de 4.000 edificaciones, a las 100 empresas de la cadena mar-industria, a toda la vida económica, a todo el enorme respeto con el que cuidamos nuestro entorno natural le faltaba la capacidad de gestión que acerca la cercanía”.

Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que suele registrar las temperaturas más elevadas del país en olas de calor durante el verano. Los refugios climáticos con una opción para aquellas personas que necesitan de espacios donde protegerse, bien durante su tiempo de trabajo al aire libre, bien para poder salir a la calle y no sufrir los estragos del calor.

Greenpeace acaba de advertir que, pese al aumento de las muertes por calor, solo una de cada tres capitales españolas tiene refugios climáticos. Y en el interior del país, señala a Castilla-La Mancha destacan por la “ausencia total” de estos espacios en las principales ciudades. De hecho, ya el año pasado también lo apuntó así.

La organización no solo alerta del estancamiento en cuanto al número de espacios públicos para protegerse de las altas temperaturas, sino de las “graves carencias que impiden que muchos refugios actuales sean efectivos”.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, ha advertido Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace.

La entidad considera que los refugios climáticos son una “medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo” y, sin embargo, el balance con respecto a 2025 es “desolador”. “Casi el 70% de las capitales de provincia volverán a dejar a las personas más vulnerables sin protección ante un verano al rojo vivo”.

De hecho, a las puertas de un nuevo episodio de calor extremo, el avance en cuanto a su implantación se encuentra “casi congelado” respecto a 2025“, según la asociación ecologista, y frente a las 16 capitales con refugios detectados el año pasado, actualmente son 19 las que cuentan con estos servicios.

Efectivamente, según los indicadores que analiza Greenpeace, no hay refugios climáticos catalogados como tales por parte de las administraciones públicas, pero sí que hay opciones.

Un ejemplo reciente es la medida adoptada por el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla-La Mancha, que ha habilitado todas sus sedes de la región como “refugios climáticos para trabajadores” que desarrollan su labor profesional en la vía pública y no tienen un espacio donde protegerse del calor en los tiempos de descanso.

Una exigencia para las empresas

Esta iniciativa va dirigida especialmente a profesionales de la jardinería, mantenimiento de carreteras, limpieza viaria, recogida de residuos, servicios forestales, de reparto y también del sector agrícola. Así lo anunció Raquel Payo, secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral del sindicato, quien además exigió a las empresas que implanten medidas contra las temperaturas extremas, ya que “el calor mata y enferma”.

A nivel local, en la ciudad de Toledo, por ejemplo, no existe una red oficial, pero existen algunas alternativas. El Museo Sefardí suele habilitar sus espacios refugio climático en verano. Y también hay entornos naturales con mucha sombra y junto al río Tajo que ayudan a disminuir la temperatura, al igual que otros espacios con aire acondicionado como las bibliotecas públicas.

En Guadalajara, tampoco hay una red oficial, pero sí estructuras urbanas para proteger del calor extremo. Son las denominadas “corolas bioclimáticas”, sombrillas inteligentes que generan sombra y reducen la radiación solar. Están situadas en puntos de mucho tránsito como el zoo, la calle Alfonso López de Haro, la Plaza del Jardinillo y la Plaza Mártires Carmelitas.

En Cuenca, hay iniciativas puntuales como el Centro Cultural Pedro Mercedes, que ofrece zonas sostenibles con sombra y vegetación, pero, efectivamente tampoco hay una implantación de refugios, más allá de las zonas verdes y espacios públicos con aire acondicionado.

Es el mismo caso de Ciudad Real. No hay una red oficial, pero el Ayuntamiento activa cada verano un centro de acogida temporal destinado específicamente a personas sin techo durante los episodios de altas temperaturas o planes de protección. De igual forma, hay espacios con abundante sombra y árboles, como el Parque de Gasset, para mitigar las altas temperaturas.

¿Son eficaces estas opciones? Greenpeace recuerda que “no basta simplemente con etiquetar un espacio como refugio climático”. Deben ser efectivos en cuanto a su disponibilidad y accesibilidad para que los puedan utilizar las personas más vulnerables que no encuentran alivio en sus hogares“.

Greenpeace ha visitado seis colegios e institutos de Alicante, Barcelona, Madrid, Ourense y Sevilla para documentar, mediante cámaras termográficas, las elevadas temperaturas que se viven estos días en los centros educativos del país. La organización se suma así a las peticiones históricas de las familias y la comunidad educativa para adaptar de forma sostenible los centros y patios al calor. Reclamaciones que, además, están recorriendo varios puntos del país sumándose a otras reivindicaciones ante las carencias de la educación pública. 

La organización recuerda que, según los estudios científicos, la temperatura óptima para un buen rendimiento escolar se encuentra en torno a los 22 °C-24 °C en climas templados. A partir de los 24 °C hasta los 32 °C se reduce progresivamente el rendimiento por cada 1 °C de aumento de temperatura, según la bibliografía que ha consultado Greenpeace.

A través de una paleta de colores que va desde el azul oscuro (temperatura más baja registrada en cada imagen) al amarillo (mayor temperatura), las cámaras termográficas de Greenpeace muestran cómo las temperaturas para el aprendizaje óptimo se superan en todos los centros visitados. También se superan con las mínimas los 27 °C, temperatura que establece la legislación laboral como máxima para la realización de trabajo sedentario. 

En el colegio de Sevilla visitado, situado en el barrio de Triana, las aulas registran temperaturas superiores a los 31 °C, situación que se repite en otros espacios como el comedor o los pasillos. En el patio, las superficies de las pistas registran temperaturas superiores a 60 °C que, combinadas con las paredes de los edificios, con temperaturas superiores a 35 °C, crean un ambiente sofocante. 

La calidad de la enseñanza, “en jaque”

“El calor excesivo no es ninguna fuente de inspiración para nadie: provoca graves impactos en la salud, como agotamiento por calor y golpe de calor, entre otros”, ha señalado Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace. Además del riesgo sanitario, desde la organización ecologista advierten que las altas temperaturas tienen “efectos sobre la capacidad cognitiva, la concentración y la comprensión, lo que pone en jaque la calidad de la enseñanza”

En esa línea, Greenpeace explica que los menores son un colectivo “especialmente vulnerable a la deshidratación, al agotamiento por calor y al estrés térmico”. Sus mecanismos de termorregulación ante temperaturas extremas, añaden, “no son tan eficientes como los de las personas adultas”. Además, pasan la mayor parte de su día en los centros escolares, tanto dentro de los edificios como en los patios, coincidiendo con las horas de más calor. “Por si fuera poco, la contaminación, presente en muchos entornos escolares de los centros urbanos, actúa como un factor ambiental agravante”, apostillan desde Greenpeace.

La organización también insiste en que “son numerosas las voces expertas que reclaman medidas contra el calor en las aulas”. “Tras el episodio de altas temperaturas vividas en mayo, el Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría ha reclamado medidas de climatización en colegios e institutos, demanda a la que también se ha sumado UNICEF España”, indican.

El caso andaluz, “aún más grave”

Greenpeace apunta asimismo a que “debido al cambio climático, las temperaturas de verano se han alargado cinco semanas, según la Agencia Estatal de Meteorología”. Al respecto, afirman que los episodios de altas temperaturas y las olas de calor se han adelantado a mayo y junio, y se alargan hasta septiembre, “lo que expone a la comunidad educativa a temperaturas límite durante el periodo lectivo”.

“La adaptación de los edificios y patios a la realidad climática no es ningún capricho. Es una cuestión de salud pública y del derecho a una educación de calidad. Las administraciones no pueden seguir mirando para otro lado desoyendo a las familias y las voces expertas. Si estas condiciones se consideran inaceptables en un entorno laboral ¿por qué se aceptan para niños y niñas?”, ha destacado Jiménez.

A pesar de la evidencia científica, así como de las voces expertas y las movilizaciones ciudadanas que reclaman medidas contra el calor en las aulas, Greenpeace lamente que “aún son minoría los centros en los que las autoridades competentes ejecutan proyectos de adaptación tanto dentro de los edificios como en los espacios exteriores, con la falta de financiación y de liderazgo institucional como principales barreras”.

El caso de los colegios andaluces, dicen, “es aún más grave”, puesto que la comunidad cuenta con una Ley de Bioclimatización de Centros Educativos desde 2020. A pesar de que esta ley se marcó como objetivo la adecuación de centros educativos a las altas temperaturas hace ahora seis años, las diferentes FAMPAS, sindicatos y organizaciones sociales como Escuelas de Calor denuncian que la ley solo se ha aplicado al 6,14% de los más de 7.000 centros públicos de Andalucía.

Alumnado andaluz conviviendo con más de 30 °C en las aulas

“La Junta de Andalucía lleva seis años remoloneando para cumplir con su obligación. De todas las posibles intervenciones con criterios bioclimáticos que marcaba la ley, las actuaciones realizadas se limitan a la instalación de sistemas de climatización adiabática, y ni siquiera llegan a todos los centros a los que deberían llegar. La mayor parte del alumnado andaluz convive con temperaturas superiores a los 30 °C en las aulas, en los colegios que son verdaderos hornos. Cada pleno del parlamento andaluz celebrado con aire acondicionado debería ser un aviso para nuestros representantes”, ha declarado Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. 

Ante la insuficiencia de protocolos, desde la organización ecologista urgen “reformas estructurales de climatización eficiente y descarbonizada en los centros educativos para proteger a los usuarios sin agravar el cambio climático”. En los espacios exteriores, la naturalización de los patios es una solución clave que no solo aporta frescor, sino beneficios físicos y cognitivos al alumnado mediante el juego en la naturaleza. Además, cuando se abren al barrio fuera del horario lectivo, las escuelas se transforman en valiosos refugios climáticos y espacios de cuidado comunitario, defienden desde Greenpeace.

En definitiva, la entidad concluye que la adaptación de los entornos educativos “sigue siendo una asignatura pendiente” por parte de la mayoría de gobiernos en España. “Se trata de una medida básica que requiere inversiones urgentes, no solo en los centros educativos, sino también para viviendas y otras edificaciones, espacios públicos y los sectores socioeconómicos afectados por los impactos perjudiciales del cambio climático”, aseveran desde Greenpeace.

Es un festival amarillo y rojo. Greenpeace ha visitado seis centros educativos de Alicante, Ourense, Barcelona, Madrid y Sevilla con cámaras térmicas para comprobar las condiciones en que se encuentran estos días alumnado y profesorado y las imágenes —azul oscuro para la temperatura más baja, amarillo para la más alta— hablan por sí mismas.

Aulas con hasta 31 grados, sobradamente por encima de los 27 grados que fija la ley como el máximo para realizar trabajos sedentarios. Patios que, en algunos puntos expuestos al sol, suben hasta 60. Las zonas buenas, a la sombra, se quedan en 29. Comedores a 30 grados. Ninguno de los seis centros educativos analizados baja de los 24 grados que se consideran el máximo antes de que el rendimiento del alumnado en clase empieza a caer progresivamente.

“Los menores son un colectivo especialmente vulnerable a la deshidratación, al agotamiento por calor y al estrés térmico”, sostiene la organización. “Sus mecanismos de termorregulación ante temperaturas extremas no son tan eficientes como los de las personas adultas (...) y sus patrones de comportamiento, como realizar actividades al aire libre o no hidratarse con la frecuencia adecuada, también afectan a esta vulnerabilidad”, explica la organización.

El calor ha llegado este año más pronto que nunca a las aulas. Todo indica que será habitual a futuro: según Save the Children, los niños y niñas nacidos en 2020 en España están expuestos, de media, a un número de olas de calor unas 4,5 veces superior al de quienes nacieron en 1960. Pero la climatización de los centros avanza despacio, con administraciones, como el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, que desprecian el problema porque “cuando hace calor, hace calor”. En otras comunidades, como Murcia, las familias han organizado rifas para sufragar la climatización que su Ejecutivo les niega.

La Asociación Española de Pediatría exigió medidas de climatización hace unas semanas, petición a la que se sumó Unicef. “Quienes pagan las consecuencias [de las temperaturas extremas] son los niños, niñas y adolescentes, a los que el calor afecta más porque su cuerpo se calienta más rápido que el de un adulto”, explicaba la ONG.

Greenpeace exige a las administraciones que climaticen los centros. “La adaptación de los edificios y patios a la realidad climática no es ningún capricho. Es una cuestión de salud pública y del derecho a una educación de calidad. Las administraciones no pueden seguir mirando para otro lado desoyendo a las familias y las voces expertas. Si estas condiciones se consideran inaceptables en un entorno laboral ¿por qué se aceptan para niños y niñas?”, se preguntan desde la organización.

La ONG recuerda en su lista de peticiones que no todo es instalar aire acondicionado, una intervención a las administraciones son más reticentes porque es cara. Instalar energía renovable y diseños pasivos (ventilación cruzada natural, protección solar, sistemas sostenibles de climatización, aislamiento térmico…) para conseguir confort térmico, naturalizar patios y entornos escolares con más cobertura verde que genere sombra, también sobre las fachadas, vías escolares seguras que incluyan puntos de sombra y agua son algunas de las actuaciones posibles, exige Greenpeace.

La organización ecologista Greenpeace ha dado un paso más en su batalla judicial contra el hotel de El Algarrobico, solicitando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que exija responsabilidades penales tras el último movimiento del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería. En un escrito presentado este 17 de junio , la ONG ha reclamado que se traslade el caso a la Fiscalía por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia que obliga a revisar y anular la licencia de obras del polémico edificio.

La denuncia de Greenpeace se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) haya decidido aplazar este miércoles la votación prevista para este mismo miércoles, en la cual debía declararse la anulación de la licencia municipal concedida en el año 2003 a la promotora Azata del Sol.

El argumento esgrimido por el pleno para posponer la decisión ha sido la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, así como la supuesta necesidad de recabar nuevos informes jurídicos para evaluar las posibles responsabilidades patrimoniales a las que podría enfrentarse el municipio.

Que el TSJA anule la licencia de obras

Ante esta dilatación, la representación legal de Greenpeace exige que, conforme al artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se “deduzca testimonio” de particulares para depurar responsabilidades penales ante la Fiscalía. Asimismo, la organización ecologista solicita que, amparándose en el artículo 108.1.a de la misma normativa, sea la propia Sala del tribunal la que asuma y ejecute directamente el expediente de nulidad ante la inacción del consistorio.

Este aplazamiento supone un nuevo obstáculo en un proceso histórico que parecía encarar su recta final. El pasado 22 de mayo, el Consejo Consultivo de Andalucía había dictaminado que la licencia de construcción resulta “nula de pleno derecho” al invadir los cien metros de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y por ubicarse en el suelo no urbanizable protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Cabe recordar que la anulación oficial de esta licencia por parte del Ayuntamiento es el requisito indispensable que espera la Junta de Andalucía para poder convocar una comisión mixta con el Estado. Esta comisión tiene como objetivo materializar el derribo del inmueble de 20 plantas y proceder a la recuperación integral del paraje natural.

De forma paralela, el Gobierno central, que acaba de personarse en el proceso para anular el permiso, mantiene un pulso por la vía de la expropiación ofreciendo 16.500 euros a la promotora por los terrenos, cifra que choca con los 44,5 millones de euros que exige Azata del Sol al otorgar valor a lo ya construido.

Greenpeace ha sorprendido al barco gallego 'Naboeiro' mientras supuestamente pescaba una especie de tiburón no permitida, cercenando sus aletas y vulnerando la normativa europea, en una zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, cuya actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).

La organización ecologista ha realizado esta actuación en el marco del Día de los Océanos, que se celebra este lunes, para denunciar “la impunidad de la destrucción en alta mar, donde menos del 1% del océano está protegido”. Así, según recoge Europa Press, con su investigación quiere mostrar cómo la pesca industrial opera en las aguas internacionales.

Según Greenpeace, la imágenes obtenidas revelan “cómo el pesquero español captura tres ejemplares de tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus). La pesca dirigida de esta especie no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación. Cuando un buque captura un ejemplar, debe cumplir con ciertas obligaciones que establece la normativa europea y española”.

Así, señala varios incumplimientos en esta actuación pesquera: los ejemplares de tiburón zorro ojón son subidos a bordo, contraviniendo lo que establece la legislación pesquera de la Unión Europea; los animales fueron cortados en piezas y parte de ellas fueron lanzadas por la borda --entre las piezas descartadas, se encontraban zonas del cuerpo con las aletas cortadas, lo que indica que estas aletas habían sido cercenadas a bordo--; también apunta a que, en el caso de que no haya reportado a la Secretaría General de Pesca de esta campaña, “habría incumplido también la normativa europea de control pesquero”.

El 'Naboeiro' es un palangrero con puerto base en Vigo. Tiene 28 metros de eslora y fue dado de alta en el año 1995.

Reclama al Ministerio que estudie la denuncia

Por todo ello, la organización ecologista pide formalmente a la Secretaría General de Pesca que estudie las imágenes y valore, de oficio, la denuncia del caso. “Es necesario redoblar esfuerzos para que no sigan sucediendo estas prácticas”, advierte.

Apunta a que “este hecho demuestra que las normas adoptadas por la UE para proteger a las especies vulnerables son insuficientes, que la gestión pesquera de las OROP, Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (en este caso la ICCAT), es ineficiente para asegurar la protección marina y que la Zona de Convergencia requiere protección adicional en virtud del Tratado Global de los Océanos”.

Esta zona de alta mar frente a la costa occidental de África, es una de las que la organización ecologista considera prioritario proteger bajo el Tratado Global de los Océanos.

“Este caso pone de manifiesto una vez más como algunos barcos usan la impunidad de las aguas internacionales para saltarse la ley. Esto pone en peligro la biodiversidad marina y la supervivencia de los stocks pesqueros y del propio sector. Este saqueo y el bloqueo que han ejercido en las negociaciones las Organizaciones Regionales de Pesca amenazan con herir de muerte al histórico Tratado Global de los Océanos en el mismo año de su entrada en vigor, convirtiéndolo en papel mojado antes de que sus santuarios puedan ser declarados”, ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual.

Los actores, actrices y otros cineastas que han defendido activamente el medio ambiente y la biodiversidad en Galicia, “con su firme implicación en los movimientos ciudadanos de su territorio”, han sido distinguidos con el Premio Rayo Verde 2026. Este reconocimiento, impulsado por la Academia de Cine y Greenpeace, pone en valor el compromiso de estos profesionales del cine español con la justicia social y la protección del medio natural en Galicia, en concreto, en su lucha contra la implantación de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Mabel Rivera, Manuel Rivas, Miguel de Lira, Carlos Blanco, Nerea Barros, Luis Tosar, Martiño Rivas, Luis Zahera, Quico Cadaval e Isabel Risco recibirán este premio de la Academia de Cine y Greenpeace en nombre de los actores, actrices y cineastas reconocidos por su defensa del medio natural en Galicia, según informó en un comunicado la asociación ecologista.

Ellos y ellas “representarán a las actrices, actores y cineastas gallegos, reconocidos 'por su compromiso activo y visible' y su colaboración con movimientos sociales, ecologistas y vecinales como Greenpeace y la plataforma Ulloa Viva, ”en su defensa y conservación de un modelo rural vivo y sostenible frente a la explotación industrial extractivista representada por Altri, el proyecto de la megafactoría que se pretendió construir en la zona gallega de Palas de Rei“, tal y como recoge el fallo.

El jurado destaca también la implicación de actores, actrices y cineastas gallegos en la visibilización de esta movilización, que “supone un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales y defender un modelo de vida respetuoso con el medio ambiente, que ha definido a Galicia durante generaciones”. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el productor y distribuidor José María Morales (2022); los actores Elena Anaya y Carlos Bardem, en representación de los profesionales implicados en la defensa de los océanos (2023); el director, productor y guionista Alvaro Longoria (2024); y la actriz Alba Flores (2025).

Más de 30 colectivos de toda Canarias han exigido este jueves, a través de un comunicado, que la Dirección General de Costas del Gobierno aclare en qué consisten los movimientos de tierra que está llevando a cabo la empresa Lopesan en el entorno natural de Veneguera, en Gran Canaria.

Estos colectivos, entre los que se encuentran Ben Magec, Turcón, Canarias Insumisa, Salvar La Tejita, ATAN, Salvar Chira-Soria o la Fundación Telesforo Bravo, entre otros, han mostrado su preocupación por estos trabajos que lleva a cabo la filial agrícola de Lopesan realizando movimientos de grandes cantidades de cantos rodados y áridos en la propia playa, sin que haya cartel preceptivo.

Los colectivos han advertido que maquinaria pesada eliminó el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando “grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento”, donde ha sido sepultado.

Por ello han exigido a Costas “que aclare en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de renaturalización de Lopesan en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y callados”.

Igualmente, han solicitado “conocer los informes ambientales públicos que los avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno”.

En ese sentido, los colectivos han recordado que Lopesan, según su escrito, “ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales”, al tiempo que, siempre según esta versión, “han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico en 2023 de enorme valor patrimonial, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos”.

Debido a estos antecedentes estos colectivos han advertido de que podría tratarse de “un nuevo episodio de intervención progresiva sobre uno de los últimos lugares semivírgenes” de Gran Canaria, algo que les preocupa “profundamente”.

“Veneguera no pertenece a ninguna empresa: pertenece a la memoria colectiva de quienes la defendieron y al derecho de todas las personas a seguir disfrutándola libremente”, han concluido.

Greenpeace ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario en relación con la solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el proyecto Ocean Citizen en Punta Blanca (Guía de Isora, en el sur de Tenerife). La intervención tendría lugar en plena Zona de Especial Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, una joya natural de la Red Natura 2000 y que alberga el único santuario de ballenas de la Unión Europea. 

La organización ecologista sostiene que este proyecto, financiado con fondos europeos, se presenta en Tenerife bajo una apariencia de investigación científica sin ánimo de lucro, pero es una pieza indisociable –el denominado “Sea Garden”– del macroproyecto turístico Underwater Gardens Park Tenerife, declarado de interés insular en 2022 por el Cabildo de Tenerife y promovido por la misma empresa en Punta Blanca. La organización ecologista solicita la denegación de la solicitud, argumentando entre otras cuestiones que la fragmentación del proyecto —separando la parte marina del complejo terrestre— busca eludir una evaluación ambiental integral y acumulativa, y ocultar la verdadera naturaleza recreativo-turística de la intervención.

Ocean Citizen es un consorcio de más de 20 entidades públicas y privadas de diversos países europeos, entre ellos España, Alemania, Dinamarca, Italia e incluso dos empresas de Israel, pero la solicitud ante Costas ha sido presentada por la empresa Underwater Gardens International, S.L., socio privado del consorcio. Las actuaciones del proyecto en Tenerife incluyen la instalación de 86 módulos de arrecifes artificiales –de marcas registradas por la misma empresa– a diferentes profundidades, el grueso de ellos en aguas someras frente a Punta Blanca, casualmente en el lugar donde la empresa promotora quiere instalar su parque temático y vender diferentes experiencias subacuáticas, como la “jardinería submarina” y el “buceo ecológico”. 

“La promotora emplea de manera sistemática conceptos como restauración ecológica o regeneración para disfrazar de altruismo científico lo que, en la práctica, es un negocio de ocio lucrativo. Es puro greenwashing. El objetivo final no es el avance del conocimiento científico ni la restauración de ecosistemas, por mucho que se aluda interesadamente a los organismos científicos del consorcio Ocean Citizen, sino la creación de un escenario de buceo recreativo en la Red Natura 2000 que sirva de sustento al parque temático previsto en Punta Blanca”, ha declarado Kilian López, portavoz de Greenpeace en Canarias.

Entre los puntos más destacados de las alegaciones, Greenpeace también argumenta que el proyecto no acredita la necesidad real de la intervención en la ZEC Teno-Rasca y que provocaría cambios artificiales e injustificables en los hábitats marinos en lugar de su restauración. Además, ha detectado otras carencias en un proyecto que dice buscar la restauración de supuestos hábitats degradados, pero que no actúa para frenar o anular las causas de esa degradación, sino que las agravaría con la afluencia masiva de turistas al parque temático terrestre y marino.

“Resulta inadmisible que se utilice una iniciativa financiada con fondos públicos europeos para allanar el camino a un parque temático privado en un espacio tan sensible como Punta Blanca y en una zona protegida tan presionada como Teno-Rasca. Estamos ante un claro fraude de ley, con el que se pretende mercantilizar el patrimonio natural común bajo una falsa retórica de sostenibilidad. Punta Blanca es de las pocas zonas sin urbanizar que quedan en el sur de la isla y debería ser recuperada para la naturaleza, no castigada con los 3000 visitantes diarios que pretende llevar allí Underwater Gardens”, concluye el portavoz.

La región suroccidental de la isla de Tenerife representa uno de los espacios de mayor relevancia biológica y geológica del archipiélago canario y, por tanto, del conjunto de la Unión Europea. Especialmente relevante es la biodiversidad marina, con poblaciones residentes de cetáceos de importancia global, tortugas marinas, importantes colonias de aves, hábitats de interés comunitario y un litoral que alberga varios endemismos botánicos y muchos valores edafo-geológicos. Este patrimonio natural se encuentra bajo una presión antrópica enorme, derivada de un modelo de desarrollo que ha priorizado la expansión urbanística y turística sobre la integridad de los ecosistemas. Aunque ya se trata de una de las zonas de las Islas Canarias con más concentración de establecimientos turísticos, nuevos proyectos como el de Underwater Gardens en Punta Blanca o el de Cuna del Alma en el Puertito de Adeje amenazan con destrozar los pocos espacios vírgenes que quedan en la costa y masificar aún más la franja marina Teno-Rasca, una de las ZEC marinas más importantes de Europa.

El proyecto de Underwater Gardens ha generado un conflicto social de una magnitud pocas veces vista en Canarias. La oposición social se ha articulado alrededor de Salvar Punta Blanca, una plataforma formada por 34 colectivos, entre los que se encuentra Greenpeace, unidos para frenar tanto el desarrollo terrestre como el proyecto marino objeto de estas alegaciones. La recogida de firmas internacional en WeMoveEurope ha superado ya las 62.000 adhesiones.

Greenpeace ha desplegado una pancarta gigante en la Puerta del Sol de Madrid con el mensaje “no a la guerra”, el mismo que movilizó a millones de personas en 2003 contra la participación en la invasión de Irak. Los activistas exigen, al igual que hicieron entonces, el fin de las hostilidades en Oriente Medio. Quieren que las instituciones internacionales y los gobiernos responsables retomen las negociaciones y regresen a la diplomacia. La organización pretende enviar “un mensaje claro a los líderes políticos mundiales: las guerras nunca son la solución”. “Es hora de elegir la paz”, dicen, en una nota de prensa.

“Desde el inicio de la ofensiva los bombardeos y ataques con misiles han provocado miles de víctimas civiles —entre ellas, personas muertas, heridas y desplazadas—y han alcanzado escuelas, hospitales, viviendas e infraestructuras civiles”, denuncian, después de criticar el ataque ilegal que lanzaron Donald Trump y Benjamín Netanyahu el pasado 28 de febrero. Las imágenes de la pancarta ya se están viralizando en redes sociales.

“Las bombas, los ataques militares y las invasiones nunca traen paz: desestabilizan regiones enteras, multiplican el sufrimiento, cuestan la vida de civiles inocentes y destruyen el planeta. Nada justifica bombardear escuelas, hospitales o viviendas”, ha explicado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace en España y Portugal.

La organización recuerda también que las guerras y los bombardeos dejan, además del coste humano, profundas cicatrices en el planeta. “Arrasan los bosques y los campos de cultivo, degradan los suelos y envenenan las reservas de agua, destruyen ecosistemas únicos que proveen de vida y sustento, aceleran la crisis climática y desvían una ingente cantidad de recursos que podrían ir destinados a proteger a las personas de las consecuencias cada vez más graves de los impactos climáticos”.

“Como ocurre con la crisis climática, la población más vulnerable es la que paga el precio más alto de las guerras”, añaden.

Una jueza ha absuelto a dos activistas de Greenpeace acusados de embestir con sus embarcaciones una lancha de la Guàrdia Urbana de Barcelona en una protesta en el mar en 2021, al considerar poco creíble la versión policial. La sentencia, por el contrario, considera que los tres agentes heridos actuaron con “exceso de celo” al entender que los activistas “atentaban contra su principio de autoridad”.

En su sentencia, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del juzgado de lo penal número 7 de Barcelona concluye que existe una “duda más que razonable” sobre lo ocurrido, ya que no se ha acreditado la tesis acusatoria de que las embarcaciones de Greenpeace intentaron embestir a la de la Urbana, lesionando a los tres agentes. La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para los activistas.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2021 cuando, con motivo de un acto organizado por el Círculo de Economía en el hotel “W” de Barcelona, situado en el frente marítimo de la ciudad, y al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Greenpeace llevó a cabo una acción de protesta para exigir una “recuperación verde y justa” tras la crisis por el coronavirus.

En la primera sesión el juicio, los tres agentes heridos aseguraron que las embarcaciones de Greenpeace que pilotaban los dos acusados desoyeron su petición de que se detuvieran para ser identificados, se dieron a la fuga y les intentaron embestir en varias ocasiones, en maniobras de “abordaje”.

Un relato que corroboraron otros agentes de la Urbana que vieron el incidente desde tierra, recorriendo el tramo del litoral entre Barcelona y el embarcadero del Fórum a bordo de un quad, tras oír las llamada de auxilio de sus compañeros.

Por el contrario, la magistrada destaca en su sentencia que los agentes heridos no han aportado al procedimiento el rastro del gps de su embarcación para acreditar que los acusados les habían intentando embestir. Además, los uniformados que vieron el suceso desde la playa lo hicieron “desde una distancia más que lejana, que puede llevar a distorsiones sobre lo apreciado”, apunta la jueza.

También desmienten la versión policial los vídeos que obran en la causa, que acreditan “claramente” que las embarcaciones de Greenpeace estaban participando en un “acto activista” por parte de una “organización pacifista”.

La sentencia remarca que la finalidad de los agentes tenía que ser identificar a los miembros de las embarcaciones y comprobar si habían cometido alguna infracción administrativa y remarca que “no hay duda” de que actuaron con un “exceso de celo”.

“En el malentendido de que estaban socavando su principio de autoridad, se extralimitaron en su cometido”, apunta la jueza, que resalta que los tres agentes ya denunciaron en la vía correspondiente al Ayuntamiento de Barcelona porque no tenían el material adecuado para este tipo de intervenciones.

“Todo ello lleva a una duda más que razonable sobre lo realmente sucedido cuando el cometido de la embarcación policial, no olvidemos, era identificarlos y, en su caso, averiguar si tenían alguna sanción administrativa”, insiste la jueza.

Respecto a la versión de los compañeros de los agentes heridos, que vieron el incidente desde un quad en marcha, la jueza subraya que lo observaron en movimiento y a una distancia “más que lejana”, lo que puede llevar a “distorsiones sobre lo apreciado, en una navegación por mar, con los movimientos de las embarcaciones, las estelas seguidas y los desplazamientos por agua”.

En el juicio, que finalizó el pasado viernes, 27 de febrero, la Fiscalía pidió cinco años y dos meses de cárcel para los dos activistas, acusados de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Durante el juicio, los dos activistas insistieron en que su acción fue una protesta pacífica para reivindicar una transición justa y verde.

En un comunicado, Greenpeace ha celebrado la absolución de sus dos activistas, mientras que su abogado, Jose Manuel Marraco, ha afirmado que “el derecho a la protesta es la base” de la libertad “y nadie debería ser perseguido por ejercerlo”.

El Gobierno presentó hace dos semanas el segundo borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. Entre sus ejes, una red estatal de refugios climáticos frente a las olas de calor, varias medidas para prevenir los incendios, nuevas oportunidades para el medio rural o una Respuesta Nacional que aumente la resiliencia hídrica del país ante sequías e inundaciones.

Cuatro meses atrás, en medio de la oleada de incendios que acongojó al país durante el verano por su abrumadora ferocidad, Pedro Sánchez pronunció estas palabras: “Necesitamos una estrategia que anticipe una mejor respuesta [...] ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país. Y eso exige un gran pacto de Estado [...]”. El PP se apresuró a tachar la propuesta de “cortina de humo” y Vox de “fanatismo climático”, pero en los próximos meses tendrán que dar más explicaciones acerca de este rechazo, ya que el siguiente paso de este documento es el de ser debatido en el Congreso.

Y es que la región mediterránea es un “punto caliente” del cambio climático, en palabras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es por ello que órganos como las asambleas ciudadanas climáticas llevan tiempo demandando algo así.

En su elaboración han participado entidades científicas e investigadores, organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, así como representantes del sector agrario, pesquero, o entidades rurales y urbanas. Entre los implicados ha estado Greenpeace España. Ahora que el segundo borrador es ya una realidad, Eva Saldaña, Directora Ejecutiva de la ONG, valora la trascendencia de esta propuesta.

¿Cómo explicaría la importancia de un Pacto de Estado, teniendo en cuenta que no se trata de un documento vinculante?

Creo que su importancia es la de lograr un gran acuerdo social y político que establezca que tenemos claro que hay una crisis actual enfrente muy grande en la que la respuesta y las soluciones no pasan por las ideologías políticas. Una crisis en la que la especie humana está poniendo en jaque su supervivencia. Lograrlo implicaría que estamos todos y todas en ello, de alguna forma, participando, sintiéndonos responsables y colaborando en las soluciones.

El documento incorpora el reconocimiento al sector primario. Hasta ahora estaba muy invisibilizado 

Si desde Greenpeace tuviesen que ponerle una nota a este último borrador del Pacto, ¿qué nota le darían?

Me voy a situar en un siete. Por un lado, porque avanza de forma importante con respecto al primer borrador. Por otro, porque incorpora el reconocimiento de que la ganadería, la agricultura y la pesca son sectores que pueden transformarse, contribuir a la mitigación del cambio climático, proteger la soberanía alimentaria y lograr ser resilientes a estas crisis. El sector primario hasta ahora estaba muy invisibilizado, pero va a jugar un papel muy relevante en los próximos años. 

También hemos celebrado que incorpora áreas clave como la biodiversidad, los ecosistemas marinos y costeros, el refuerzo al conocimiento científico en todas las políticas públicas, y la parte de lucha contra la desinformación climática. Otros puntos importantes son el del Plan de Empleo Verde, además de esa gran apuesta por los refugios climáticos y el tratamiento de la salud con enfoque integral. No obstante, todavía faltan cosas, como un mayor compromiso con la mitigación. La adaptación y la mitigación son dos caras de la misma moneda.

¿En qué otros aspectos considera que hay que trabajar para que este documento no se quede tan solo en un conjunto de buenas intenciones?

En todo lo que tiene que ver con la gobernanza y con una participación ciudadana efectiva y basada en la ciencia. Creo que, aparte del reto de convencer a todo el espectro parlamentario, este aspecto es lo que puede hacer que se blinde como un pacto de Estado real, en el que la ciudadanía sea absolutamente protagonista. Y el segundo aspecto es la coherencia de políticas. Es muy importante —y empieza a verse que esa es la orientación que se le quiere dar a este Pacto— que haya coherencia entre los ministerios y a nivel nacional, regional y local. Que no sea visto como un asunto que solo es cosa del Ministerio de Transición Ecológica.

Por otro lado, creo que sería crucial que quede reflejado un apartado relacionado con gravar y eliminar ayudas a quienes contaminan para que se dediquen esos recursos a las transformaciones necesarias para mitigar y adaptarnos.

Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar [...]. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia

Cuando ve al PP y a Vox desdeñar o rechazar públicamente este Pacto, ¿qué piensa?

Pues creo que es una irresponsabilidad absoluta y también una inmoralidad, porque ya estamos en la mitad de la década que la comunidad científica marca como decisiva, y ya hemos visto muchas muertes muy cerca, como en Valencia. Hemos vivido, además, uno de los peores años en las últimas décadas de incendios, con pueblos y regiones enteras absolutamente destrozadas. 

Creo que las personas, el planeta y la democracia tienen que estar en el centro, que este pacto tiene que conseguir justo eso, y que todo lo que sean ideologías se tienen que dejar a un lado. Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar por las generaciones presentes y futuras. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia.

¿Cree que se puede conseguir la firma del PP? ¿Qué piensa que tendría que ocurrir para que así fuera?

Yo creo que el PP debería firmarlo, ya que es una responsabilidad no solo política, sino ahora también jurídica. Y creo que la ciudadanía tiene que empujar para que eso suceda, porque es una emergencia que nos toca a todos y todas. No entiende de colores políticos, de lugares de procedencia, de estatus económicos. Tienen que firmarlo: es una obligación moral con toda la ciudadanía. Si no, habrá que recurrir a los espacios de los tribunales, que estamos viendo que también están trayéndonos victorias y pasos adelante.

¿Cree que ha llegado ya el momento, o que así será de forma inminente, en el que no apoyar la causa climática podrá perjudicar seriamente a los partidos?

Yo creo que tendría que haber llegado y me gustaría poder decir que así es. Sin embargo, estamos viendo un panorama europeo y mundial que no nos dice eso, de momento. Pero estoy convencida de que esto con el tiempo se va a decantar y va a caer por su propio peso, porque nos estamos jugando mucho. Ya no solo son todas las pérdidas económicas, sino también las vidas humanas. Y creo que esto la gente lo está sintiendo en su piel con situaciones familiares muy complejas o de pueblos enteros afectados.

Queremos que el Plan de Empleo Verde asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales

¿Cómo un Pacto como este puede impactar positivamente en la realidad cotidiana de las personas?

Este tipo de pactos, aunque de momento no estén en el sobresaliente, sí nos pueden mejorar la vida. Esto tiene que ver con tener viviendas dignas y sostenibles gracias a una climatización adecuada para el invierno y para el verano; con sostener a esos trabajadores del sector primario, que son los que nos alimentan; con una alimentación saludable, sostenible, y asequible para nuestros bolsillos; con que la energía que llegue a nuestras casas sea más barata; con nuestra salud en primer término, con el aire que respiramos.

En ese sentido, ¿podría detenerse en la propuesta del Plan de Empleo Verde Rural?

En el documento está reflejado como algo aún ambiguo. Necesitaríamos entender mucho más cuál es la propuesta que está sobre la mesa. Lo que sí que vamos a pedir y por lo que vamos a luchar es por que se garantice la perspectiva de género y que el plan consiga impulsar empleos sostenibles de calidad en áreas como son la restauración de ecosistemas, la agricultura y ganadería extensivas, la agroecología, la pesca artesanal, la bioeconomía local, la innovación social…

Yo creo que hay mucho espacio para generar empleo que, además, llegue a la gente joven y que pueda ser una bolsa de empleo para las personas que lleguen a esas zonas rurales. Queremos que asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales, como son la despoblación, el envejecimiento de la población, las dificultades para mantener servicios públicos. 

Ha mencionado antes la importancia de que por fin se reconozca al sector primario. ¿Este Pacto tiene el potencial de contribuir a limar las asperezas entre este sector y la causa climática? ¿Se corre el riesgo, por otro lado, de que ocurra lo contrario?

Yo creo que sí, que esta es una oportunidad muy grande para ello. De hecho, en los procesos de participación y de diálogo en los que hemos podido estar —que espero que haya más, se consoliden, y vayamos a por parlamentos ciudadanos permanentes— hemos estado de la mano con los sindicatos agrarios y creo que tenemos mucho en común con lo que avanzar, y este puede ser un gran espacio de diálogo. Por eso decía que es tan importante que sea un acuerdo social y político. Tienen que estar representados todos estos sectores, porque juegan un papel fundamental y lo único que hay que hacer es apoyarles para que puedan transitar. Hay que hacer unas transiciones paulatinas en las que se valore el trabajo que hacen y puedan vivir en condiciones completamente dignas, como pedimos para el resto de la sociedad.

“El planeta, en la cuerda floja”. Este es el mensaje que ha desplegado una activista de Greenpeace en una cinta suspendida a 30 metros de altura entre dos edificios en pleno centro de Madrid. Su objetivo es visibilizar su demanda de “justicia climática” con motivo del inicio de la Cumbre del Clima (COP30) este lunes en Belém, corazón de la Amazonía brasileña, y advertir que esta cita es “una oportunidad única para frenar la deforestación y exigir justicia climática en una década crítica”,

La activista ha caminado a primera hora de la mañana de este lunes entre dos edificios de la plaza de España, en la esquina con la calle Princesa, a 30 metros de altura y sobre una cinta de highline de 55 metros de largo. “Caminar sobre la cuerda floja simboliza la urgencia de avanzar con firmeza hacia adelante y no dejar de dar pasos firmes en la dirección correcta”, explican desde Greenpeace que también recuerda que el Gobierno de España debe liderar “una postura ambiciosa y valiente en esta COP, sin ceder ante los pasos en falso del retardismo climático de la Unión Europea o el negacionismo global de líderes como Donald Trump, que pueden precipitar al planeta al abismo del cambio climático”.

Con esta acción inédita, Greenpeace advertir a los gobiernos reunidos en Brasil y exigirles “fechas para el fin del uso del carbón, gas y petróleo, nuevos impuestos a la industria fósil y un plan para acabar con la deforestación antes de 2030”. “Aunque el planeta se encuentra en un frágil equilibrio ecológico y se acumulan las señales de alerta en forma de danas, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos, tenemos las herramientas necesarias para evitar los peores escenarios”, ha señalado a EFE la directora ejecutiva de Greenpeace España-Portugal, Eva Saldaña.

Saldaña, que estará presente en la COP30, ha insistido en que “solo hace falta voluntad política y cooperación internacional para anteponer la protección de la vida a los intereses económicos particulares”, por lo que “la COP30 es una oportunidad clave para detener esta crisis ecológica global de forma valiente”.

En el caso de España, Greenpeace recuerda que es imposible olvidar los efectos de algunos fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático que han tenido un impacto demoledor sobre la población, los medios de vida y los ecosistemas. Por ejemplo, la dramática dana de 2024 o la ola de incendios forestales de este mismo verano. “Intentamos no perder el equilibrio y tener esperanza, pero la clase política en lugar de incrementar la acción climática da ahora pasos más lentos, más inciertos, más dubitativos”, explican.

Desde la organización ecologista destacan en un comunicado que la 30ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará hasta el 21 de noviembre de 2025 en Belém llega “en un momento crítico para la acción climática mundial”.

En este sentido recuerdan que, a 10 años de la aprobación del Acuerdo de París, por el que los países se comprometían a evitar que el calentamiento global superase 1,5 ºC, es “la primera COP desde que las temperaturas medias globales superaron ese límite físico en 2024, un indicador alarmante de la aceleración de la crisis climática”. “El mundo se encuentra en mitad de lo que la comunidad científica ha llamado una década decisiva frente a la emergencia climática. Es urgente que los líderes mundiales mejoren los planes climáticos presentados en la COP30 de Belém”, reiteran desde Greenpeace, alertando también sobre los compromisos actuales.

De esta manera, aseguran que, incluso aunque cumplieran los compromisos actuales, el calentamiento global se dirige a un preocupante aumento de entre 2,3 ºC y 2,5 ºC, unas cifras muy alejadas del límite de 1,5 ºC del Acuerdo de París, por lo que ven como paso clave “acabar con el uso de los combustibles fósiles”.

Desde el colectivo ecologista también han hecho llegar sus principales demandas de cara a esta COP30, solicitando especialmente “un plan de respuesta global para abordar la brecha de ambición que separa lo que los gobiernos están haciendo respecto a lo que deberían hacer para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC”.

Por ello, reclaman acelerar la reducción de emisiones, especialmente en sectores clave como la energía (incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles), la agricultura, los bosques y el uso de la tierra, en consonancia con los principios de equidad, justicia y transición justa.

También solicitan un nuevo Plan de Acción por los Bosques de cinco años dentro del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para “detener y revertir la deforestación y la degradación forestal antes de 2030”.

Por último, demandan el establecimiento de un nuevo punto permanente en la agenda de la COP30, para “aumentar la financiación pública internacional que los países del Norte global deben aportar, y promover una fiscalidad basada en el principio de ”quien contamina paga“ para desbloquear una mayor financiación pública para los países del Sur global”.

José Pedregal dejará su piso de 60 metros cuadrados, la plaza de garaje y el dinero que quede de su pensión a dos organizaciones sin ánimo de lucro para perpetuar su apoyo a las causas que más le representan. Jubilado de su puesto de celador sanitario, casado y sin hijos, hace dos años decidió hacer el testamento solidario para donar su patrimonio a Greenpeace España y a Médicos del Mundo. Las imágenes de los buques de la organización ecologista impidiendo a los arponeros japoneses capturar ballenas le empujaron a hacerse socio cuando la organización empezaba en España. “Me sentía un poco identificado con ellos, pero no tenía el valor para meterme en eso. Así que, por lo menos, iba a dar dinero para ayudarles. Y hasta la fecha”, explica por teléfono desde su casa en Valencia.

Tenía preparado un testamento ordinario a favor de su esposa cuando conoció esta opción a través de la revista para socios. Tras pensarlo durante un año, decidió modificarlo para que, en ausencia de su mujer, su herencia se repartiera a partes iguales entre las dos ONG. “Estoy en deuda con el planeta que me ha ofrecido tanto y yo a cambio no doy nada más que esto, dinero, para que otros hagan mi trabajo. No es mucho, pero me siento mejor que si no hiciera nada”, comenta José. Su mujer Ángeles, también socia de Greenpeace España desde sus inicios, no solo estaba de acuerdo, también fue al notario con su marido para modificar su testamento.

Las cifras más recientes indican que en 2024 se registraron en España 691.224 testamentos unipersonales abiertos, el tipo más habitual. En los últimos diez años, el número de registros ha aumentado un 13,4%. “Hay una mayor conciencia de los ciudadanos de que no solo facilita las cosas a nuestros familiares cuando llega el momento, además es un documento que nos permite hacer uso de nuestra libertad, aunque tengamos límites, para decidir qué hacer con nuestro patrimonio en el futuro. También tengo la sensación de que la gente que hace testamento es cada vez más joven”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Se desconoce cuántos de estos testamentos son solidarios, pero la plataforma Haz Testamento Solidario, que reúne a 26 entidades no lucrativas humanitarias, médicas, infantiles y ambientales, sitúa en 54,4 millones de euros la recaudación de las organizaciones por esta vía en 2023, la última cifra disponible, lo que supone un incremento del 33% con respecto a 2022. A Leyre Ayastuy, portavoz de la plataforma, le gusta decir que “el testamento es un punto final y el solidario es un punto y seguido. O sea, que nada termina, todo continúa o incluso empieza. Cuando ya no estés, tu solidaridad puede seguir actuando”.

Frédérique R. también es testadora solidaria. Terapeuta canina, esta francesa de 62 años no tiene descendientes y ha nombrado como heredera universal de su “sencillo” piso en Castelldefels (Barcelona) a WWF España, la organización con la que colabora desde hace 40 años, primero en su país de origen y después aquí. “Para mí siempre ha sido fundamental la naturaleza. Si tienes familiares cercanos es lógico que quieras ayudarles. Yo no tengo esa conexión con los míos, pero he pensado que indirectamente, al cuidar del planeta, la biodiversidad… les estoy haciendo un regalo enorme. Porque si no hay un planeta saludable, da igual el dinero que tengamos en la cuenta”, confiesa por videollamada.

Los testamentos son revocables y sustituibles tantas veces como el testador necesite para adaptarlos a las circunstancias vitales que se vayan presentando. Frédérique lo modificó un año después de firmarlo para dejarle a su pareja, mayor que ella, el uso y disfrute vitalicio de la vivienda en caso de fallecer ella primero. Su pareja le dijo que no hacía falta, pero ella, “por amor” y por los 20 años que llevan compartiendo ese hogar, lo quiso cambiar.

Es un compromiso a largo plazo. Desde que la persona se informa de las distintas causas, hasta que pone por escrito su voluntad y ésta se transforma en ayuda directa para las entidades, pueden pasar muchos años. Por ley, y exceptuando las diferencias en las comunidades autónomas que se rigen por derechos forales, si el testador no tiene herederos puede donar la totalidad del patrimonio a las causas que desee y, si hay herederos forzosos, es decir, hijos y descendientes, padres y ascendientes, y viudo/a, es el tercio de libre disposición el que se suele donar a las ONG en su totalidad o asignando un legado: un bien concreto, una cuantía o un porcentaje.

María Teresa Barea, del Consejo General del Notariado, recomienda que la persona acuda a la notaría “con las intenciones claras y dispuesta a sentarse con el notario para acomodar esa voluntad a la ley”. El trámite cuesta unos 50 euros y “es el más barato, con una diferencia abismal en todo el entorno europeo y fuera de Europa, precisamente para que nadie se vea excluido de hacerlo por motivos económicos”, explica.

Buena parte de la labor de visibilizar y sensibilizar sobre esta forma de colaboración consiste “en romper tabúes”, como dice la responsable de Legados y Donaciones Medias en Greenpeace España, Justine Huppert. Por ejemplo, no hay que tener un gran patrimonio. Los testamentos solidarios están exentos de impuestos, de manera que la cantidad donada se recibe íntegra. “Por poco que sea, ya tiene un impacto”, señala Huppert. Tampoco es cierto que perjudique a los herederos, continúa. “Es compatible cuidar a los seres queridos –su parte legítima está respetada– y hacer una contribución, que, por otro lado, muchas veces es motivo de orgullo para ellos”. Por último, hay un tabú cultural en torno al tema de la muerte todavía presente.

Hace 20 años, cuando Leyre Ayastuy empezaba a plantear esta forma de financiación a las entidades sin ánimo de lucro, identificaba ese tabú en las propias organizaciones. Pero asegura que hablar del testamento solidario es reflexionar sobre “los valores que nos importan, decidir cómo quieres que se te recuerde”. Y añade: “Muchas veces es una forma de educar a los que nos siguen, no solo a los hijos sino incluso a los nietos, sobre la importancia de ese valor de solidaridad y esas causas”.

El efecto Félix Rodríguez de la Fuente

WWF y Greenpeace empezaron recibiendo testamentos de forma reactiva y hace casi diez años comenzaron a comunicarlo. La otra gran organización veterana, SEO/BirdLife, ofrece esta posibilidad a través de un colectivo de abogados con el que colabora, pero no cuenta con un departamento propio dedicado a ello.

Bárbara Crespí, gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España, confirma que se va notando una tendencia al alza de este tipo de donaciones que atribuye a diferentes factores: “Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos. Cada vez hay más gente mayor que vive sola con animales y estos les hacen preocuparse por la naturaleza. Y otro factor es Félix Rodríguez de la Fuente, que metió la vida natural en las casas de los españoles. Muchos niños de entonces están haciendo ahora su testamento”.

El perfil mayoritario del testador de causas ambientales es mujer y soltera de entre 46 y 60 años implicada como donante o voluntaria en alguna causa. Sin embargo, Ayastuy lleva midiendo datos desde 2008 y reconoce que la representación por género “cada vez se va equilibrando más”. La diferencia entre los solteros sin hijos, que representaban el 80%, y las personas que sí los tienen también se acorta. El hecho de que la mayor parte de los testadores no tenga descendencia explica por qué la vivienda es la donación más frecuente junto con dinero, aunque también hay quien dona joyas u otros bienes. Las comunidades autónomas más solidarias en este sentido son Catalunya, Madrid, Andalucía y País Vasco.

Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos.

Bárbara Crespí — Gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España

Crespí añade la particularidad de que el 20% de sus testadores son extranjeros. “Gran parte vive en Madrid o Barcelona y, en general, las personas del norte de Europa que vienen a vivir a España cuentan con una conciencia ambiental más arraigada y se enamoran tanto de la naturaleza sin fronteras como del entorno más próximo”.

En este momento, cuentan con 147 testamentos sin abrir y los 27 que sí se han abierto y que suponen un porcentaje muy modesto del presupuesto total de WWF España, en torno al 2%. En Greenpeace, Justine Huppert esboza una situación similar. La contribución al presupuesto de los ecologistas es muy variable, desde el millón de euros que recibieron en 2018 hasta cuantías inferiores a los 10.000 euros otros años. Asegura que toda forma de aportación –tanto las cuotas de los socios como los donativos puntuales o los testamentos solidarios– es muy importante porque “nos permite hacer campañas de manera totalmente independiente, eso nos da mucho poder”. Para Huppert, lo que diferencia a los testamentos solidarios es “el compromiso máximo con la causa de Greenpeace. Para nosotros, cada herencia y cada legado es un motivo de orgullo, gratitud y gran responsabilidad porque detrás hay una voluntad de hacer cumplir y estar a la altura de sus deseos”.

Desgravaciones

Aquí aún se trata de una tendencia incipiente, pero en otros países europeos, como Países Bajos, está experimentando un importante crecimiento. Reino Unido es donde este canal de financiación alcanza las cuotas más altas. En 2024, las ONG recibieron la cifra récord de 4.500 millones de libras (5.300 millones de euros) en testamentos solidarios. El 21% de los donantes a causas mayores de 40 años son además testadores solidarios.

Lucinda Frostick, directora de la plataforma Remember a Charity, que engloba a 200 entidades para ayudarlas a promocionar el mercado de los legados, explica que “el 80% de las donaciones son cuantías de unas 4.500 libras, el resto son porcentajes del patrimonio, con una media de 65.000 libras por donación”. Dos diferencias importantes con respecto al sistema español y que incentivan a los testadores británicos son la desgravación en el Impuesto de Sucesiones al donar al menos el 10% del patrimonio y el hecho de que los propios abogados informan sobre la existencia del testamento solidario cuando se va a tramitar la escritura. En España, puntualiza la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, “la misión del notario no es sugerir a quién dejar las cosas. La voluntad de la persona es sacrosanta”.

Las organizaciones médicas lideran el mercado británico de legados solidarios (38,6%) y la protección de animales es el segundo sector más apoyado (15,8%). “Lo que resulta muy interesante es que la conservación es una de las principales áreas de crecimiento de los últimos cinco años, en particular la protección ambiental. Aunque siempre haya un retraso entre decisión y formalización de esa ayuda, es fabuloso ver la variedad de causas reconocidas en organizaciones de distintos tamaños”, concluye Frostick.

Dar es tan antiguo como pedir. Leyre Ayastuy reflexiona sobre esto: “En España se llevan haciendo testamentos solidarios a la Iglesia toda la vida, lo que pasa es que no se llamaba así. La Iglesia tiene un captador en cada pueblo. ¿Por qué nos choca a las organizaciones que pidamos a nuestros fieles, que son la gente solidaria?”.

Tres Cantos no constaba entre los municipios más vulnerables ante posibles incendios y, por lo tanto, no estaba obligado a impulsar un plan de actuación propio para afrontarlos. Es lo que denuncia la ONG ambientalista Greenpeace poco después del gran fuego que, en cuestión de horas, ha arrasado más de 1.500 hectáreas de terreno. Una portavoz de la entidad, la ingeniera forestal Mónica Parrilla, ha anunciado su sorpresa al comprobar que este municipio no figuraba en el listado para Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZAR).

Esto le exime de impulsar obligatoriamente las medidas del INFOMA, un plan regional para emergencias forestales que fuerza a prevenir los fuegos. De hecho, en Tres Cantos ya existían peligrosos precedentes que pusieron en alerta a la población. En agosto de 2024, el término municipal tricantino fue escenario del primer gran incendio del año en la región, que amenazó algunas viviendas de las afueras y rodeó a la urbanización El Rondelo, situada ya en Colmenar Viejo.

Ante los reproches de Greenpeace, la Comunidad de Madrid se ha abierto a valorar una actualización las ZAR, estas zonas de gran riesgo, para ajustarlas a las exigencias de la última normativa estatal, tal y como ha publicado Europapress aludiendo a fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Por otro lado, en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) insisten en que serán los técnicos forestales y los de Protección Civil quienes propongan una nueva clasificación a través de otro decreto que elabora el INFOMA.

Pero la urgencia no entiende de esperas. “Hemos visto las llamas y tenemos que lamentar la muerte de un vecino. Urge revisar esa lista, e instar a quienes ya a aparecen a que cumplan las normas”, ha declarado a los medios de comunicación la responsable de Greenpeace, que llama a actualizar los requisitos de la Comunidad de Madrid y constatar que las actuaciones municipales de quienes sí deben crear planes municipales propios no queden “olvidadas en el cajón”.

Sus reproches no solo miran hacia el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso: también señalan directamente al Gobierno central, al que piden “poner en marcha el borrador de un real decreto” con “criterios y directrices comunes a todas las comunidades”, para que así estas tengan que renovar planes anuales conforme a la ley de montes. De no hacerlo, el riesgo más temido es que se repitan situaciones tan críticas como esta.

A principios de agosto, el PSOE de Tres Cantos ya advertía que algunas parcelas municipales no estaban correctamente desbrozadas y, por lo tanto, había más posibilidades de propagar un incendio. El aviso se produjo en el momento más crítico para iniciar un fuego: el verano. El concejal socialista en el municipio señaló, además, zonas como el Centro de Intervención y Custodia de Animales (CICA), donde de momento los animales permanecen a salvo.

Casi como una premonición, en pocos días se ha desatado un fuego con consecuencias devastadoras para la población. En escasas horas hubo que evacuar a 180 personas procedentes de varias urbanizaciones, las más próximas a las llamas. También ha habido que lamentar una muerte, la de un hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y falleció por esta causa, así como por complicaciones respiratorias ante la inhalación de humo, al tratar de salvar a decenas de caballos de un centro de hípica.

Los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida pese a la llegada de los servicios de Emergencias y el posterior traslado en helicópetero al Hospital público La Paz de Madrid. Con este y otros precedentes, el temor por los incendios se extiende más allá de Tres Cantos. De hecho, en los últimos días las llamas se han cebado especialmente con Castilla y León, Galicia o Navarra. En León llamas han afectado mayoritariamente a Benuza, Murias de Paredes y Villafranca del Bierzo; en Palencia, por Cervera del Pisuerga; en Zamora, Mozuelas de Carballeda; mientras que en Galicia preocuparon los de A Fonsagrada (Lugo) y Chandrexa de Queixa o Montederrano (Ourense). En Navarra, el de Carcastillo.

Solo 16 de las 52 capitales de provincia en España cuentan con una red de refugios climáticos públicos y ninguno de ellos está en las ciudades de Castilla-La Mancha, a pesar de haber registrado este verano temperaturas por encima de los 40 grados en varias de ellas.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Ciudades al rojo vivo: refugios climáticos y desprotección frente al calor extremo en España en el que la organización alerta sobre “la falta de refugios públicos y las carencias actuales para que sean realmente efectivos frente a las altas temperaturas”.

“Los refugios climáticos son una de las medidas de adaptación más eficaces y sencillas de implementar a corto plazo por los ayuntamientos para proteger a la población mientras se avanza en otras medidas que transformen todo el municipio y aumenten su resiliencia”, sostiene Greenpeace, sobre todo teniendo en cuenta que las personas que viven en ciudades son más vulnerables al calor extremo, sobre todo en el sur de Europa, debido al aumento de olas de calor, los espacio urbanos con pocas zonas verdes y un intenso efecto de isla de calor.

Según Greenpeace, las carencias actuales en la red de refugios climáticos de España ponen de manifiesto “la falta de adaptación generalizada de las ciudades a las altas temperaturas” y cree urgente que se tomen medidas, no solo relacionadas con la transición energética sino transformando el espacio público. A corto plazo, abunda, los refugios climáticos son una solución.

En lo que va de verano son más de 1.800 las muertes por calor extremo en España según MACE, la aplicación que mide mortalidad atribuible al calor en nuestro país. En Castilla-La Mancha, con datos actualizados a 25 de julio, se habían producido un total de 67 muertes por esta causa.

Según Greenpeace, el mayor impacto de las olas de calor es el agravamiento de otras enfermedades ya existentes, fundamentalmente cardiovasculares y respiratorias. Especialmente vulnerables son las personas mayores, niños, niñas, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes. A las condiciones de salud se suman otros factores socioeconómicos que aumentan la vulnerabilidad como la vivienda, los recursos económicos o el tipo de empleo, reflejo de la brecha de desigualdad en los impactos del calor en la población.

Ciudad Real dice que ha instalado tres fuentes de agua fría gratuita

Horas después de conocerse el informe de Greenpeace, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP, anunciaba que ha instalado tres fuentes de agua fría en diferentes puntos de la ciudad “con el objetivo de ofrecer un servicio accesible y saludable a la ciudadanía, al tiempo que se fomenta el uso de botellas reutilizables y la reducción de residuos plásticos”.

Una medida que, añaden, “responde también a la necesidad de ofrecer puntos de hidratación accesibles en espacios públicos de gran tránsito, especialmente durante los meses de altas temperaturas”.

Las nuevas estaciones de llenado de agua fría están ya en funcionamiento en las siguientes ubicaciones:

Estas fuentes, de cuya instalación se ha encargado Aquona, empresa encargada del servicio municipal de aguas en Ciudad Real, están conectadas a la red general de abastecimiento de agua potable y ofrecen agua fría de forma gratuita.

Hace unos días, el Museo Sefardí de Toledo anunciaba la puesta en marcha de espacios en su sede que sirven como refugio climático gratuito hasta el 31 de julio.

¿Qué características deben tener los refugios climáticos?

Greenpeace también ofrece su visión sobre cómo debe ser un refugio climático en una ciudad para que sea efectivo y proteja a las personas. Y es que, alerta, no hay una regulación que defina y garantice unos requisitos mínimos para estos espacios y además los listados de redes de refugios por parte de los ayuntamientos, allí donde los hay, son heterogéneos. En el análisis realizado se han encontrado deficiencias en el cumplimiento de características fundamentales.

En concreto, cree que deben estar abiertos en las horas de mayor calor aunque implique alterar su horario de apertura habitual.

Además, deben estar claramente identificados tanto en el mismo refugio como en otros puntos de información o en las alertas por olas de calor municipales y ser accesibles a personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad.

También deben ser cercanos, gratuitos y de libre acceso, especialmente en los barrios o zonas con mayor impacto del calor y/o con menos recursos, y han de contar con una zona de descanso donde las personas que acudan puedan reposar el tiempo necesario.

Después, deben proporcionar agua de grifo de forma gratuita para mantener la hidratación de las personas que acuden a estos espacios.

La meitat de la superfície de les platges espanyoles —incloses les de la costa balear— podria desaparèixer en només 25 anys. L'augment de la temperatura durant les darreres quatre dècades ha provocat una pujada del nivell del mar que continua accelerant-se a nivell global. L'última onada de calor a la Mar Mediterrània ha provocat anomalies de fins als quatre graus per sobre del que és habitual el juny del 2025, cosa que té un enorme impacte en els ecosistemes marins. Les conseqüències són greus per a multitud d'espècies, entre les quals hi ha la Posidònia oceanica, com posa en relleu l'informe Destrucció sigui com sigui. Impactes de l'urbanisme i el canvi climàtic al litoral, de juliol de 2025, que publica Greenpeace.

Entre les dècades dels 60 i 70, en ple franquisme, es va produir un creixement urbanístic desordenat i sense planificació, fenomen que es va conèixer a l'arxipèlag com balearització, un model turístic-immobiliari que més tard va ser exportat per empreses de Balears al Carib. Així va començar una transformació inèdita del paisatge natural, afectant, sobretot, les zones costaneres, les cales i platges verges de les quals van quedar esquitxades pel formigó.

La saturació turística que va portar aquest model a la costa balear també s'ha traslladat al mar. Mostra d'això és que Balears lidera les matriculacions de vaixells recreatius davant l'augment de la demanda de lloguer de les mateixes i que està “en plena expansió tant amb llicència de navegació com sense”, recull el document. Aquesta massificació “té moltes implicacions, tant ecològiques com socials o econòmiques”, afirma Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles. “Hi ha més vaixells, menys espais i més risc d'abocaments i impactes per fondeigs”, lamenta.

El fondeig il·legal de iots i embarcacions recreatives sobre la posidònia és un dels impactes més nocius per a la planta, coneguda com el pulmó del Mediterrani, i que augmenta la seva mortalitat a partir de temperatures superiors als 28 graus. “Hi ha un risc real que desaparegui en aigües succintes a causa de l'augment de la temperatura de l'aigua i la intensitat de les onades de calor marines, amb greus conseqüències per als hàbitats que conforma i els serveis ecosistèmics associats”, assenyala l'informe.

A més, l'augment de les embarcacions al mar balear, juntament amb el risc que això implica quant a l'incivisme i l'erosió de la qualitat de les zones costaneres, afirma Esteban, “també afecta la qualitat de la nostra experiència al mar”. “Creiem que el sector nàutic és el primer interessat a tenir un mar ben conservat. Un canvi de model és necessari per garantir el benestar de la població i el futur dels sectors clau d'aquestes illes”, assegura l'expert, que també és biòleg marí i economista mediambiental.

Existeix un risc real que [la posidònia] desaparegui en aigües succintes a causa de l'augment de la temperatura de l'aigua i la intensitat de les onades de calor marines, amb greus conseqüències per als hàbitats que conforma i els serveis ecosistèmics associats

Greenpeace

L'actual reglament de Marina Mercant permet llogar embarcacions durant tres mesos a l'any sota alguns supòsits que necessiten autorització expressa. Per exemple, en cas que se sol·liciti un canvi temporal d'ús privat a comercial; quan es demani una autorització puntual per a un viatge o activitat diferent de la que el vaixell o embarcació d'esbarjo està autoritzat o quan un vaixell d'esbarjo amb bandera estrangera (de la UE o de fora) vulgui operar per primera vegada com a embarcació de lloguer en aigües espanyoles. Per això, haurà de passar un control per demostrar que compleix els mateixos requisits legals i de seguretat que s'exigeixen als vaixells amb bandera espanyola.

La saturació impacta sobre els oceans

Aquesta possibilitat, afirma el grup ecologista, ha disparat els anuncis a les plataformes “per part de particulars que busquen rendibilitzar la seva embarcació”. El control de les embarcacions és insuficient, per la qual cosa proliferen a moltes cales i platges. Els fondejos associats als vaixells i iots generen, quan es fa incorrectament, un gran impacte ambiental sobre els hàbitats marins, així com sobre la posidònia.

En aquest sentit, el Govern balear està elaborant un decret per augmentar les limitacions de lloguer d'embarcacions. “El lloguer nàutic és una activitat estratègica per a la nostra comunitat, tant pel seu impacte econòmic com per la necessitat de garantir que es dugui a terme de manera segura, transparent i respectuosa amb el medi”, va afirmar Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua.

D'altra banda, massa velocitat genera un excés de soroll, onatge i moviment de sediments a la costa que afecten la vida marina i poden posar en risc la seguretat dels banyistes. “S'ha aconseguit una limitació de la velocitat de les embarcacions a la reserva marina del Freu de sa Dragonera ”, indica Esteban, un avenç que ha estat possible gràcies al treball de la plataforma Sa Dragonera Blava.

Pel que fa als impactes del canvi climàtic, les zones costaneres són “especialment vulnerables”, destaca l'informe. A la pujada de les temperatures i els canvis al règim de precipitacions s'hi suma l'augment del nivell del mar, la intensitat dels temporals i l'escalfament de l'aigua. “Les projeccions per al canvi climàtic són dolentes”, afirma Xisco Sobrado, tècnic de l'àrea marina del GEN-GOB. “Per a l'any 2030, en principi, hauríem d'haver reduït les nostres emissions a la meitat respecte a les dels anys 90” per limitar l'escalfament global a 1,5 ºC respecte als nivells preindustrials, recorda Sobrado, en la línia dels Acords de París. No obstant això, l'any passat ja es van superar aquests llindars.

L'augment de les temperatures per sobre dels 28 graus és un perill per a la posidònia, però també per a altres espècies marines, com ha alertat Biel Morey, biòleg marí i cofundador de Save the Med. Tot i que no hi ha estudis concloents a Balears sobre la influència que pugui tenir el canvi climàtic en espècies com la ratlla o el tauró, espècies amenaçades també per altres externalitats, Morey ha recordat que les onades de calor marines, com les que hi ha hagut el 2022 i 2023, “molt probablement afecten espècies que viuen a poca profunditat on passen etapes crítiques de la seva vida (zones de cria/creixement, o amb la finalitat de reproduir-se).

Una altra experta assenyala, en el mateix sentit, que “el canvi climàtic produeix escalfament, acidificació i desoxigenació dels mars i oceans, canviant els hàbitats i la seva biogeoquímica”. Raquel Sunyer, doctora en Ciències del Mar i coordinadora de l'Informe Mar Balear, explica que els taurons que es poden veure més afectats per l'escalfament “són els que viuen i es reprodueixen a zones més costaneres”. Aquells que viuen en oceà obert, per altra banda, “podrien estar modificant la seva distribució per desplaçar-se a aigües més profundes i menys càlides”, aprofundeix Sunyer.

La 'tropicalització' del Mar Mediterrani té com a conseqüència, per tant, fenòmens meteorològics més extrems. L'augment d'un grau de temperatura de l'aigua, indica l'estudi, proporciona més energia, “provocant fenòmens meteorològics més intensos i de més durada amb majors impactes a les zones costaneres”.

La ‘tropicalització’ de la Mar Mediterrània té com a conseqüència fenòmens meteorològics més extrems. L'augment d'un grau de temperatura de l'aigua, indica l'estudi, proporciona més energia, 'provocant fenòmens meteorològics més intensos i de major durada amb majors impactes en les zones costaneres'

“Tenim aquests escenaris: ens encaminem cap a un canvi climàtic desbocat i fora de control si superem els dos graus”, lamenta Sobrat. El tècnic de l'àrea marina del GEN-GOB recorda que l'única manera de reduir les emissions contaminants cap a l'atmosfera és adoptar “un decreixement de les activitats econòmiques”. Així, Sobrado reconeix que aquest escenari és complex, però l'altre, el dels pitjors efectes de l'escalfament global “seria un desastre” per a l'economia balear respecte a la seva per a l'economia balear. Seria un problema per als propis éssers humans, per a la seva supervivència. I hi ha molta informació científica sobre aquest tema“, adverteix.

Més d'un centenar de platges perdran sorra

Els efectes del clima sobre els ecosistemes impactaran especialment sobre les zones amb més impacte d'inundació permanent, en els propers 25 anys, per la pujada del nivell del mar i per esdeveniments meteorològics que s'associen principalment a aiguamolls existents o urbanitzats (com el Parc Natural de S'Albufera de Mallorca i la Reserva Natural de S'Albufereta), zones d'influència de torrents i platges de sorra.

Els efectes del clima sobre els ecosistemes impactaran especialment sobre les zones amb major impacte d'inundació permanent, en els pròxims 25 anys, per la pujada del nivell de la mar i per esdeveniments meteorològics que s'associen principalment a aiguamolls existents o urbanitzats, zones d'influència de torrents i platges de sorra

Entre les platges més afectades per inundació s'assenyalen més d'una seixantena a Mallorca, entre elles, algunes de tan conegudes com Es Trenc, Caló des Moro, Alcúdia o Formentor, aquesta última al punt de mira a causa de la reforma d'un hotel de luxe que s'hauria realitzat sense llicència, segons diferents entitats denunciants. Menorca, reserva de la biosfera, té més d'una vintena de cales i espais naturals afectats pels mateixos riscos. Entre ells, el Parc Natural de s'Albufera des Grau, la badia de Fornells —antic port de pescadors— o cala a Turqueta.

A les Pitiüses hi ha una trentena de cales i espais naturals que es veuran afectats. A Eivissa, les properes al Parc Natural de ses Salines —com es Codolar, ses Salines o Cavallet—, bona part de les platges de la zona nord com Cala Pada, Figueral o s'Aigua Blanca i altres de la zona oest i sud-oest, com Cala Gració i Cala Bassa. A Formentera, les més impactades seran ses Illetes, platja de Llevant, Sa Roqueta, Es Pujols i Arenals.

La regla de Bruun assenyala que cada centímetre de pujada del nivell del mar s'estima una pèrdua mitjana d'un metre en superfície horitzontal de costa. En el cas del Mediterrani occidental suposaria “una pèrdua de 76 metres de costa” de mitjana. Per tant, la pujada del nivell del mar i la consegüent reculada de la línia de costa podria suposar la reducció o desaparició de la superfície de les platges, així com l'increment de les inundacions degudes a temporals marins. “Aquest efecte té un impacte especial en platges urbanes, on no hi ha la possibilitat d'un retrocés natural del sistema dunar cap a l'interior”, indica el document.

La regla de Bruun assenyala que per cada centímetre de pujada del nivell de la mar s'estima una pèrdua mitjana d'un metre en superfície horitzontal de costa. En el cas del Mediterrani occidental suposaria “una pèrdua de 76 metres de costa” de mitjana

Xalets de luxe a sòl rústic

L'informe de Greenpeace també posa el focus sobre la construcció d'habitatges a sòl rústic que, segons l'entitat ecologista, “són una de les causes silencioses i imparables d'ocupació de territori”. Així, citant un estudi de Terraferida, els ecologistes destaquen que entre el 2015 i el 2023 s'han construït gairebé 3.000 edificacions en sòl rústic a Mallorca, fet que suposa un creixement del 263% respecte a l'anàlisi anterior, com va explicar elDiario.es.

Els ecologistes sostenen que la construcció es recolza també en l'edificació de “xalets de luxe a parcel·les a preus milionaris”. “La picaresca també es dóna en la construcció de piscines, disfressades com a aljubs per eludir la normativa urbanística”, com va passar en dos hotels de luxe a Menorca. De fet, l'estudi es fa ressò del decret llei aprovat pel Govern el 2024 mitjançant el qual van reformar 50 normatives que permeten regularitzar construccions il·legals en sòl rústic, facilitant tràmits i ampliant terminis de prescripció, cosa que segons Greenpeace, afavoreix “als que han incomplert la llei i promovent un model de creixement urbanístic insostenible”.

La febre edificadora que permetrà construir 20.000 habitatges a Palma i sòl rústic i que s'estendrà per fins a 24 municipis de l'arxipèlag balear també ha preocupat el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB). Bernat Nadal, degà del COAIB, va advertir dels riscos de construir a sòl rústic comú, així com de les regularitzacions previstes. A més, assegura que les illes “deixaran de ser un atractiu” per convertir-se en “un decorat de cartró pedra on serà difícil viure”. La crítica va motivar la resposta de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), que va defensar que la posició del Govern coincidia amb la del CAIB. “S'han de valorar moltes coses del que va dir el Col·legi d'Arquitectes. Van dir que no es pot créixer indiscriminadament en rústic, i des del Govern estem completament d'acord”, va assegurar Prohens.

En el cas particular d'Eivissa, el municipi de Sant Josep de sa Talaia, feu històric del PP, és el que ha patit un urbanisme més desordenat. Un municipi en el qual un exalcalde socialista i regidor d'Urbanisme està sent investigat per un presumpte cas de corrupció urbanística. A la legislatura actual, amb el PP havent recuperat l'alcaldia, s'aprova l'avenç del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) que preveu un creixement de fins al 50% respecte a la població actual. La patronal de la construcció veu amb bons ulls l'actualització del planejament urbanístic, que es demanava fa temps.

La presidenta, Consuelo Antúnez, considera lògic que el nou planejament contempli el creixement als nuclis “consolidats o amb capacitat per absorbir serveis i infraestructures”. “És la millor manera d'evitar la dispersió i reduir l'impacte ambiental”. Tot i això, ha advertit que cal actuar amb cautela a les zones costaneres com Cala Tarida o Cala Vedella. “Són entorns sensibles que no poden assumir més pressió si no s'acompanya d'una planificació molt estricta i sostenible”, assegura.

La mitad de la superficie de las playas españolas —incluidas las de la costa balear— podría desaparecer en tan solo 25 años. El aumento de la temperatura durante las últimas cuatro décadas ha provocado una subida del nivel del mar que continúa acelerándose a nivel global. La última ola de calor en el Mar Mediterráneo ha provocado anomalías de hasta los cuatro grados por encima de lo habitual en junio de 2025, lo cual tiene un enorme impacto en los ecosistemas marinos. Las consecuencias son graves para multitud de especies, entre ellas la Posidonia oceanica, como pone de relieve el informe Destrucción a toda costa. Impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral, de julio de 2025, que publica Greenpeace.

Entre las décadas de los 60 y 70, en pleno franquismo, se produjo un crecimiento urbanístico desordenado y sin planificación, fenómeno que se conoció en el archipiélago como balearización. Se trata de un modelo turístico-inmobiliario que más tarde fue exportado por empresas de Balears al Caribe. Así comenzó una transformación inédita del paisaje natural, afectando, sobre todo, a las zonas costeras, cuyas calas y playas vírgenes quedaron salpicadas por el hormigón.

La saturación turística que trajo ese modelo a la costa balear se ha trasladado también al mar. Muestra de ello es que Balears lidera las matriculaciones de barcos recreativos ante el aumento de la demanda de alquiler de las mismas y que está “en pleno auge tanto con licencia de navegación como sin ella”, recoge el documento. Esta masificación “tiene muchas implicaciones, tanto ecológicas como sociales o económicas”, afirma Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles. “Hay más barcos, menos espacios y más riesgo de vertidos e impactos por fondeos”, lamenta.

El fondeo ilegal de yates y embarcaciones recreativas sobre la posidonia es uno de los impactos más dañinos para la planta, conocida como el pulmón del Mediterráneo, y que aumenta su mortalidad a partir de temperaturas superiores a los 28 grados. “Existe un riesgo real de que desaparezca en aguas someras a causa del aumento de la temperatura del agua y la intensidad de las olas de calor marinas, con graves consecuencias para los hábitats que conforma y los servicios ecosistémicos asociados”, señala el informe.

Además, el aumento de las embarcaciones en el mar balear, junto al riesgo que ello implica en cuanto al incivismo y la erosión de la calidad de las zonas costeras, afirma Esteban, “también afecta a la calidad de nuestra experiencia en el mar”. “Creemos que el sector náutico es el primer interesado en tener un mar bien conservado. Un cambio de modelo es necesario para garantizar el bienestar de la población y el futuro de los sectores clave de estas islas”, asegura el experto, que también es biólogo marino y economista medioambiental.

Existe un riesgo real de que [la posidonia] desaparezca en aguas someras a causa del aumento de la temperatura del agua y la intensidad de las olas de calor marinas, con graves consecuencias para los hábitats que conforma y los servicios ecosistémicos asociados

Greenpeace

El actual reglamento de Marina Mercante permite alquilar embarcaciones durante tres meses al año bajo algunos supuestos que necesitan de autorización expresa. Por ejemplo, en el caso de que se solicite un cambio temporal de uso privado a comercial; cuando se pida una autorización puntual para un viaje o actividad distinta a la que el buque o embarcación de recreo está autorizado o cuando un barco de recreo con bandera extranjera (de la UE o de fuera de ella) quiera operar por primera vez como embarcación de alquiler en aguas españolas. Para ello, deberá pasar un control para demostrar que cumple con los mismos requisitos legales y de seguridad que se exigen a los barcos con bandera española.

La saturación impacta sobre los océanos

Esta posibilidad, afirma el grupo ecologista, ha disparado los anuncios en las plataformas “por parte de particulares que buscan rentabilizar su embarcación”. El control de las embarcaciones es insuficiente, por lo que proliferan en muchas calas y playas. Los fondeos asociados a los barcos y yates generan, cuando se hace incorrectamente, un gran impacto ambiental sobre los hábitats marinos, así como sobre la posidonia.

En este sentido, el Govern balear está elaborando un decreto para aumentar las limitaciones al alquiler de embarcaciones. “El alquiler náutico es una actividad estratégica para nuestra comunidad, tanto por su impacto económico como por la necesidad de garantizar que se lleve a cabo de forma segura, transparente y respetuosa con el medio”, afirmó Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua.

Por otro lado, demasiada velocidad genera un exceso de ruido, oleaje y movimiento de sedimentos en la costa que afectan a la vida marina y pueden poner en riesgo la seguridad de los bañistas. “Se ha conseguido una limitación de la velocidad de las embarcaciones en la reserva marina del Freu de sa Dragonera”, indica Esteban, un avance que ha sido posible gracias al trabajo de la plataforma Sa Dragonera Blava.

En cuanto a los impactos del cambio climático, las zonas costeras son “especialmente vulnerables”, destaca el informe. A la subida de las temperaturas y los cambios en el régimen de precipitaciones se suma el aumento del nivel del mar, la intensidad de los temporales y el calentamiento del agua. “Las proyecciones para el cambio climático son malas”, afirma Xisco Sobrado, técnico del área marina del GEN-GOB. “Para el año 2030, en principio, tendríamos que haber reducido nuestras emisiones a la mitad respecto a las de los años 90” para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales, recuerda Sobrado, en la línea de los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, el año pasado ya se superaron esos umbrales.

El aumento de las temperaturas por encima de los 28 grados es un peligro para la posidonia pero también para otras especies marinas, como ha alertado Biel Morey, biólogo marino y cofundador de Save the Med. Pese a que no hay estudios concluyentes en Balears sobre la influencia que pueda tener el cambio climático en especies como la raya o el tiburón, especies amenazadas también por otras externalidades, Morey ha recordado que las olas de calor marinas, como las que ha habido en 2022 y 2023, “muy probablemente afectan a especies que viven a poca profundidad donde pasan etapas críticas de su vida (zonas de cría/crecimiento, o con la finalidad de reproducirse)”.

Otra experta señala, en el mismo sentido, que “el cambio climático produce calentamiento, acidificación y desoxigenación de los mares y océanos, cambiando los hábitats y su biogeoquímica”. Raquel Sunyer, doctora en Ciencias del Mar y coordinadora del Informe Mar Balear, explica que los tiburones que se pueden ver más afectados por el calentamiento “son los que viven y se reproducen en zonas más costeras”. Aquellos que viven en océano abierto, por otro lado, “podrían estar modificando su distribución para desplazarse a aguas más profundas y menos cálidas”, profundiza Sunyer.

La ‘tropicalización’ del Mar Mediterráneo tiene como consecuencia, por tanto, fenómenos meteorológicos más extremos. El aumento de un grado de temperatura del agua, indica el estudio, proporciona más energía, “provocando fenómenos meteorológicos más intensos y de mayor duración con mayores impactos en las zonas costeras”.

La ‘tropicalización’ del Mar Mediterráneo tiene como consecuencia fenómenos meteorológicos más extremos. El aumento de un grado de temperatura del agua, indica el estudio, proporciona más energía, 'provocando fenómenos meteorológicos más intensos y de mayor duración con mayores impactos en las zonas costeras'

“Tenemos estos escenarios: nos encaminamos hacia un cambio climático desbocado y fuera de control si superamos los dos grados”, lamenta Sobrado. El técnico del área marina del GEN-GOB recuerda que la única manera de reducir las emisiones contaminantes hacia la atmósfera es adoptar “un decrecimiento de las actividades económicas”. Así, Sobrado reconoce que este escenario es complejo, pero el otro, el de los peores efectos del calentamiento global “sería un desastre” para la economía balear. Sería un problema para los propios seres humanos, para su supervivencia. Y hay mucha información científica al respecto“, advierte.

Más de un centenar de playas perderán arena

Los efectos del clima sobre los ecosistemas impactarán especialmente sobre las zonas con mayor impacto de inundación permanente, en los próximos 25 años, por la subida del nivel del mar y por eventos meteorológicos que se asocian principalmente a humedales existentes o urbanizados (como el Parque Natural de S’Albufera de Mallorca y la Reserva Natural de S’Albufereta), zonas de influencia de torrentes, y playas de arena.

Los efectos del clima sobre los ecosistemas impactarán especialmente sobre las zonas con mayor impacto de inundación permanente, en los próximos 25 años, por subida del nivel del mar y por eventos meteorológicos que se asocian principalmente a humedales existentes o urbanizados, zonas de influencia de torrentes y playas de arena

Entre las playas más afectadas por inundación se señalan más de una sesentena en Mallorca, entre ellas, algunas tan conocidas como Es Trenc, Caló des Moro, Alcúdia o Formentor, esta última en el punto de mira debido a la reforma de un hotel de lujo que se habría realizado sin licencia, según diferentes entidades denunciantes. Menorca, que es reserva de la biosfera, tiene más de una veintena de calas y espacios naturales afectados por los mismos riesgos. Entre ellos, el Parque Natural de s’Albufera des Grau, la bahía de Fornells —antiguo puerto de pescadores— o cala en Turqueta.

En las Pitiüses hay una treintena de calas y espacios naturales que se verán afectados. En Eivissa, las cercanas al Parque Natural de ses Salines —como es Codolar, ses Salines o es Cavallet—, buena parte de las playas de la zona norte como Cala Pada, es Figueral o s’Aigua Blanca y otras de la zona oeste y suroeste, como Cala Gració y Cala Bassa. En Formentera, las más impactadas serán ses Illetes, platja de Llevant, Sa Roqueta, Es Pujols y es Arenals.

La regla de Bruun señala que por cada centímetro de subida del nivel del mar se estima una pérdida media de un metro en superficie horizontal de costa. En el caso del Mediterráneo occidental supondría “una pérdida de 76 metros de costa” de media. Por tanto, la subida del nivel del mar y el consecuente retroceso de la línea de costa podría suponer la reducción o desaparición de la superficie de las playas, así como el incremento de las inundaciones debidas a temporales marinos. “Este efecto tiene un especial impacto en playas urbanas, donde no existe la posibilidad de un retroceso natural del sistema dunar hacia el interior”, indica el documento.

La regla de Bruun señala que por cada centímetro de subida del nivel del mar se estima una pérdida media de un metro en superficie horizontal de costa. En el caso del Mediterráneo occidental supondría “una pérdida de 76 metros de costa” de media

Chalets de lujo en suelo rústico

El informe de Greenpeace también pone el foco sobre la construcción de viviendas en suelo rústico que, según la entidad ecologista, “son una de las causas silenciosas e imparables de ocupación de territorio”. Así, citando un estudio de Terraferida, los ecologistas destacan que entre 2015 y 2023 se han construido casi 3.000 edificaciones en suelo rústico en Mallorca, lo que supone un crecimiento del 263% con respecto al análisis anterior, como contó elDiario.es.

Los ecologistas sostienen que la construcción se apoya también en la edificación de “chalets de lujo en parcelas a precios millonarios”. “La picaresca también se da en la construcción de piscinas, disfrazadas como aljibes para eludir la normativa urbanística”, como ocurrió en dos hoteles de lujo en Menorca. De hecho, el estudio se hace eco del decreto-ley aprobado por el Govern en 2024 mediante el cual reformaron 50 normativas que permiten regularizar construcciones ilegales en suelo rústico, facilitando trámites y ampliando plazos de prescripción, lo que según Greenpeace, favorece “a quienes han incumplido la ley y promoviendo un modelo de crecimiento urbanístico insostenible”.

La fiebre edificadora que permitirá construir 20.000 viviendas en Palma y suelo rústico y que se extenderá por hasta 24 municipios del archipiélago balear también ha preocupado al Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (COAIB). Bernat Nadal, decano del COAIB, advirtió de los riesgos de construir en suelo rústico común, así como de las regularizaciones previstas. Además, aseguró que las islas “dejarán de ser un atractivo” para convertirse en “un decorado de cartón piedra en el que será difícil vivir”. La crítica motivó la respuesta de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), que defendió que la postura del Govern coincidía con la del CAIB. “Se tienen que valorar muchas cosas de lo que dijo el Colegio de Arquitectos. Dijeron que no se puede crecer indiscriminadamente en rústico, y desde el Govern estamos completamente de acuerdo”, aseguró Prohens.

En el caso particular de Eivissa, el municipio de Sant Josep de sa Talaia, feudo histórico del PP, es el que ha sufrido un urbanismo más desordenado. Un municipio en el cual un exalcalde socialista y concejal de Urbanismo está siendo investigado por un presunto caso de corrupción urbanística. En la legislatura actual, con el PP habiendo recuperado la alcaldía, se aprueba el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prevé un crecimiento de hasta el 50% respecto a la población actual. La patronal de la construcción ve con buenos ojos la actualización del planeamiento urbanístico, que se pedía hace tiempo.

La presidenta, Consuelo Antúnez, considera lógico que el nuevo planeamiento contemple el crecimiento en los núcleos “consolidados o con capacidad para absorber servicios e infraestructuras”. “Es la mejor forma de evitar la dispersión y reducir el impacto ambiental”. Pese a todo, ha advertido que hay que actuar con cautela en las zonas costeras como Cala Tarida o Cala Vedella. “Son entornos sensibles que no pueden asumir más presión si no se acompaña de una planificación muy estricta y sostenible”, asegura.