Miles de ciudadanos han respondido este sábado a la llamada de los colectivos ecologistas para defender el Guadalquivir frente a la “amenaza inminente” de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”. Así lo han advertido las organizaciones convocantes de una manifestación que ha partido del Palacio de San Telmo –sede de la Junta de Andalucía– y ha concluido en las Setas de la Encarnación, encabezada por una pancarta con el lema No a los vertidos mineros.

La movilización ha contado con el respaldo de más de 70 organizaciones, entre ellas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, además de colectivos pesqueros y agrarios, entidades de defensa de la salud pública y casi una decena de ayuntamientos ribereños. Los participantes han reclamado que se frenen los nuevos vertidos mineros autorizados por la Junta de Andalucía y que se evalúen de forma independiente sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias, alertando de que “el río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”.

Con este grito de alerta se han referido los riesgos que, a su juicio, entrañan los vertidos autorizados por la Junta para la nueva fase de actividad de la mina de Cobre Las Cruces, en Gerena, y para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera Los Frailes. Las organizaciones sostienen que ambos proyectos suman unos 130.000 millones de litros de aguas con metales pesados que podrían acabar en el estuario del Guadalquivir.

La preocupación no se limita al impacto ambiental. Los colectivos ecologistas advierten además de los posibles efectos sobre la salud pública, a tenor de los resultados de una investigación reciente que ha detectado concentraciones muy elevadas de metales tóxicos en peces de la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces, con niveles de contaminantes que los autores califican de “récord mundial”. Los datos también apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.

Ante este escenario, las organizaciones convocantes han vuelto a reclamar una moratoria de los nuevos vertidos –que están autorizados, pero aún no se han puesto en marcha– y la creación de una comisión técnica y científica independiente que evalúe la contaminación acumulada en el estuario y los posibles efectos conjuntos de ambos proyectos. También piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que deniegue la concesión solicitada por Minera Los Frailes para evacuar las aguas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes hasta la zona de especial conservación del estuario, a través de una conducción de unos 30 kilómetros.

Objetivo: “salvar vidas”

Estas peticiones llevan sobre la mesa desde 2024 y por eso creen que ha llegado la “hora de que la sociedad hable alto y claro”, en palabras de Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, quien ha celebrado el respaldo ciudadano que ha tenido la convocatoria. “Esperamos que la voz de la ciudadanía llegue pronto a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se cumplan las exigencias de la plataforma”, ha reivindicado Berraquero al término de la convocatoria en declaraciones a SevillaelDiario.es.

Minutos antes, Antonia Herrero, presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, advertía de las consecuencias de los vertidos proyectados: “Con las toneladas de metales pesados que tienen autorizados, se terminaría con la vida en el río”, concluyó la bióloga, que aludió también al impacto que pueden tener en el ecosistema y las actividades económicas que dependen del río. “Estamos hablando de pesca, marisqueo, agricultura, incluso el turismo, además de la salud de las personas también se puede ver afectada por la ingesta de productos contaminados con metales tóxicos”, señaló Herrero.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Coria del Río, Modesto González, uno de los representantes municipales que respaldan la movilización: “Esto hay que pararlo porque tenemos que salvar las vidas de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas”, resumió el regidor. El Ayuntamiento de Coria del Río forma parte del grupo de municipios ribereños que apoyan la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena, en Cádiz, y Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca, en Sevilla.

La batalla por los vertidos mineros que contaminan el Guadalquivir trasciende el ámbito estrictamente ambiental, pues el estado del estuario condiciona actividades como la pesca artesanal, el marisqueo y el cultivo de arroz en el Bajo Guadalquivir, además de la conservación de los espacios naturales protegidos vinculados al río, entre ellos Doñana. Por ello, reclaman que cualquier evaluación tenga en cuenta no solo los efectos sobre los ecosistemas, sino también las posibles consecuencias para la seguridad alimentaria y la economía de los municipios ribereños, que ya expresaron su temor ante el impacto económico y en la salud que podrían tener los vertidos.

La Junta defiende las garantías ambientales de los proyectos

Frente a las advertencias de las organizaciones ecologistas, las empresas mineras sostienen que ambos proyectos cumplen “escrupulosamente” los requisitos legales y ambientales exigidos y recuerdan que han superado los procedimientos necesarios para obtener las autorizaciones, incluyendo condiciones y controles destinados a vigilar la calidad de las aguas y prevenir posibles impactos en el río.

Un día antes de la manifestación, la Junta de Andalucía anunció que el pasado julio había contratado a la Universidad de Sevilla para estudiar la situación ambiental del estuario del Guadalquivir. “Los primeros resultados obtenidos no evidencian afecciones a la calidad de las aguas ni a los sedimentos del estuario que sean motivo de preocupación”, señaló la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en una nota de prensa difundida el viernes, 24 horas antes de que se celebrara la multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de Sevilla contra los vertidos mineros.

El Gobierno andaluz viene defendiendo que las autorizaciones se sustentan en informes técnicos de las consejerías implicadas y que las explotaciones están sujetas a condiciones y controles ambientales. “Preguntar por los riesgos es legítimo, pero también es responsable explicar las medidas ejercidas para prevenirlos”, señaló al respecto la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez, durante la última comisión parlamentaria en la que se abordaron los vertidos mineros al Guadalquivir.

La consejera trató entonces de tranquilizar insistiendo en que el proyecto cuenta con garantías de seguridad. En el caso de la mina de Aznalcóllar, destacó que el proyecto prevé reciclar más del 80% del agua utilizada en el tratamiento del mineral, además de someter los vertidos a controles analíticos y contemplar su interrupción si fuera necesario.

Las organizaciones convocantes, sin embargo, cuestionan que las evaluaciones realizadas hayan tenido suficientemente en cuenta “los efectos acumulativos y sinérgicos” de los nuevos vertidos, así como la compleja dinámica del agua y los procesos fisicoquímicos del estuario. Por ello, reclaman que se aplique el principio de precaución y el de no deterioro recogido en la Directiva Marco del Agua para evitar nuevas descargas mineras en esta zona protegida.

El manifiesto con el que han cerrado la jornada de protesta ha recordado que el Guadalquivir ya presenta signos de contaminación por metales pesados que vinculan a la actividad minera desde 2009. Así lo denunciaron en una carta remitida al Gobierno andaluz hace año y medio. Desde entonces, la principal novedad ha sido la autorización para reabrir la mina de Aznalcóllar, prevista para 2028.

Con los vertidos todavía pendientes de comenzar, las organizaciones convocantes confían en que la presión ciudadana manifestada en las calles llegue a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y consiga que reconsideren las autorizaciones antes de que las descargas supongan un “riesgo irreversible” para el Bajo Guadalquivir y el espacio natural de Doñana, así como para los arrozales de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura.

La empresa de acuicultura marina Aquanaria, con jaulas en el litoral de Telde (Gran Canaria), ha desmentido “categóricamente” este viernes las informaciones difundidas sobre una supuesta nueva mortalidad masiva de peces en sus instalaciones de Gran Canaria, y asegura que “no se ha producido ningún episodio extraordinario de mortalidad en sus explotaciones”. Ha sido la organización ecologista Greenpeace la que proporcionado imágenes grabadas por un activista este mes en el puerto de Taliarte que “muestran grandes cantidades de peces muertos hacinados en contenedores para su gestión”, procedentes de granjas de acuicultura fondeadas frente a la costa de Melenara, por lo que exige, por un lado, el desmantelamiento inmediato de las jaulas para cría de lubinas situadas en esa parte del litoral grancanario, y por otro, frenar nuevos proyectos de acuicultura en la isla como el que se tramita en las costas de La Aldea, por su impacto ambiental.

Sin embargo, la compañía encargada de las jaulas marinas asegura que las imágenes difundidas están imágenes “descontextualizadas” y que se corresponden a operaciones habituales de retirada y gestión de bajas que se producen de forma natural, propias de cualquier explotación ganadera. “Estas bajas se producen durante el ciclo de cría, son objeto de seguimiento mediante registros técnicos y sanitarios y se retiran periódicamente para su gestión a través de gestores medioambientales autorizados”, y añade, “su existencia no constituye, indicio alguno de mortalidad extraordinaria”, subraya la empresa en un comunicado.

Asimismo, Aquanaria señala que “respeta la labor de las organizaciones medioambientales”, pero considera “imprescindible” que las informaciones sobre su actividad “se contrasten con rigor”. Por ello, se ha puesto a disposición de Greenpeace para facilitar información y solicitar la revisión de las afirmaciones difundidas.

Accesos no autorizados

Aquanaria asegura que ha puesto en conocimiento de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias los accesos no autorizados a sus instalaciones y a una de sus embarcaciones de servicio.

Además, la compañía está evaluando si estas actuaciones, contrarias a sus protocolos de seguridad y bioseguridad, han podido ocasionar daños a los peces o a las estructuras de cultivo.

Según la compañía, las imágenes han sido difundidas por el activista británico Don Staniford, conocido por sus campañas contra la acuicultura.

Aquanaria considera “especialmente grave” que imágenes obtenidas mediante accesos no autorizados se utilicen para sostener acusaciones que no se corresponden con la realidad, sin contrastarlas previamente con la compañía.

Aquanaria defenderá su reputación frente a nuevas informaciones falsas

Aquanaria considera que está siendo nuevamente objeto de una presentación manipulada de los hechos, al difundirse imágenes de operaciones ordinarias de gestión de bajas como si constituyeran la prueba de una nueva mortalidad masiva.

La compañía lamenta que, “una vez más”, se genere una “alarma injustificada” que perjudica “gravemente” su imagen, la confianza en sus productos y el trabajo de las personas que forman parte de la empresa.

Por ello, Aquanaria anuncia que emprenderá las acciones legales que resulten procedentes para defender sus derechos y restablecer su reputación, tanto frente a los accesos no autorizados como frente a la difusión de afirmaciones falsas o inexactas que puedan ocasionarle perjuicios.

La organización ecologista Greenpeace ha exigido el desmantelamiento inmediato de las jaulas para cría de lubinas situadas frente a la playa de Melenara, en Gran Canaria, y frenar nuevos proyectos de acuicultura en la isla como el que se tramita en las costas de La Aldea, por su impacto ambiental. Asegura que un activista le ha proporcionado imágenes grabadas este mes en el puerto de Taliarte que “muestran grandes cantidades de peces muertos hacinados en contenedores para su gestión”, procedentes de granjas de acuicultura fondeadas frente a la costa de Melenara.

La portavoz de Greenpace en Canarias, Irene Sánchez, alerta de que “vuelve a ocurrir un episodio de mortalidad masiva de peces” como el que ya sufrió hace meses ese mismo enclave de la costa del municipio de Telde, en una situación que cree “insostenible”.

Por ello, reclama “el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información”.

“Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por un modelo alimentario sostenible”, opina.

Greenpace aboga, además, por frenar nuevos proyectos acuícolas como el presentado por una empresa para instalar una granja acuícola para el cultivo de lubinas en las costas de La Aldea, que pretende producir unas 5.400 toneladas anuales.

Los ecologistas aducen que “el modelo de producción acuícola actual es un negocio que puede llevar al sistema al límite de su capacidad por la acumulación de una gran cantidad de peces en las jaulas”, debido a que “el aumento de las temperaturas en los océanos y la consecuente disminución del oxígeno en el agua, junto al estrés de los peces en las jaulas, son el detonante perfecto de más catástrofes”.

A su juicio, que ocurran ese tipo de episodios “no es un hecho excepcional en la acuicultura”, ya que “hay casos documentados en Noruega o Chile, por citar solo dos ejemplos”.

La organización afirma que la situación se agrava en el caso de Gran Canaria porque se han instalado jaulas “a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias”, y en La Aldea “la concesión se encuentra muy cerca de una zona catalogada de especial protección para las aves y de otras de especial conservación”. 

Decenas de activistas de Greenpeace procedentes de 17 países treparon a uno de los edificios de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y descolgaron una pancarta gigante con el lema “Guerras, pobreza, crisis climática: quemar el gas roba nuestro futuro”. “Exigimos un futuro en el que todo el mundo tenga acceso a una energía segura, limpia y renovable”, resume la organización en redes sociales.⁣

La protesta se produce este miércoles en la víspera de una cumbre de líderes comunitarios en la capital belga, en la que debatirán el incremento del precio de la energía y la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, en un contexto de aumento de las facturas energéticas y tras un verano marcado por graves catástrofes climáticas en todo el continente, explicó la ONG en un comunicado.

Greenpeace Bélgica ha publicado recientemente nuevas estimaciones, según las cuales el aumento de los precios de la energía ha supuesto un coste adicional de 61.500 millones de euros para los hogares de la UE entre marzo y agosto, en comparación con los mismos meses de 2021, lo que supone, de media, 50 euros más al mes por hogar en la UE.

El activista de la organización ecologista Thomas Gelin dijo a EFE que la acción iba encaminada a que los legisladores comunitarios “protejan a los hogares europeos del incremento de los precios de la energía” y a que, más a largo plazo, desarrollen una hoja de ruta para que se vaya eliminando progresivamente el gas en el bloque para 2035.

“Y contar con una política de seguridad energética basada en una transición total hacia las energías renovables, y no limitarse a buscar nuevos proveedores de gas por todo el mundo, como se está haciendo actualmente”, apostilló.

Gelin dejó claro que, a corto plazo, se necesita un plan de emergencia para “ayudar a los hogares que tienen dificultades para pagar estas facturas cada vez más elevadas”.

“Pero la solución a largo plazo consiste en apostar decididamente por las energías renovables, para dejar de cometer el mismo error una y otra vez de limitarse a buscar más gas en distintos lugares del mundo. Cuando vemos eso, lo que ocurre es que acabamos teniendo otra crisis energética cada dos años”, consideró.

Así, indicó que llevan tiempo solicitando estas medidas a representantes de la Comisión Europea y a eurodiputados, aunque saben que “hay otras entidades, en particular grupos de presión del petróleo y el gas, que se esfuerzan mucho por impedir que esta transición se lleve a cabo”.

En paralelo, activistas de Extinction Rebellion Bélgica y otros colectivos se reunieron en la plaza de Luxemburgo, frente a la sede de la Eurocámara, donde el grupo de protesta Red Rebels llevó a cabo una actuación que simbolizaba la pérdida y la destrucción provocadas por la crisis climática derivada del uso de combustibles fósiles, señaló Greenpeace.

Responsables de Extinction Rebellion desplegaron, asimismo, una gran pancarta en el interior del Parlamento Europeo en la que se leía “El gas mata”, aseguró la organización.

La titular de la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia ha absuelto a los 11 activistas de Greenpeace que fueron juzgados el pasado 23 de septiembre por un delito de desórdenes públicos, por bloquear la entrada de un buque gasero al Puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021.

“Los hechos declarados probados no permiten apreciar la concurrencia de los elementos que integran el delito de desórdenes públicos objeto de acusación, singularmente la existencia de actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal”, concluye la magistrada.

Según la juzgadora, los hechos revelarían “a lo sumo” una conducta “subsumible en un eventual delito de desobediencia grave”, pero esa figura delictiva “no ha sido objeto de imputación ni acusación formal”.

Es por esa razón, por las “exigencias derivadas del principio acusatorio”, que no es posible “alterar el objeto del proceso para fundar una condena por un ilícito distinto”, precisa la sentencia, que ha sido notificada a las partes este martes y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Los hechos se remontan a la mañana del 26 de octubre de 2021, cuando, según se relata en la resolución judicial, los activistas, “con previo concierto y con previo conocimiento de la acción que iban a llevar a cabo”, se aproximaron sin autorización al Puerto de Sagunto a borde del buque de la organización ecologista llamado Esperanza.

A continuación, dos millas náuticas al sur de la terminal portuaria, se acercaron a bordo de cuatro lanchas neumáticas semirrígidas al buque gasero Merchant, que transportaba 125.000 metros cúbicos de gas natural, para entorpecer su navegación.

Paralelamente, el Esperanza realizó un movimiento hacia el interior del Puerto de Sagunto y consiguió fondear en él, mientras que uno de los acusados se encadenaba a una de sus anclas y obligaba al gasero a abortar la maniobra de acceso a la terminal.

Fue ya a las 17,50 horas del mismo día cuando agentes de la Guardia Civil, con autorización de Capitanía Marítima, abordaron el barco de Greenpeace y accedieron al puente de mando, tras fracturar la puerta de entrada ante la negativa del capitán a facilitarles el acceso, tal y como se declara probado en la sentencia.

Con la ayuda de remolcadores y prácticos del propio puerto, el Esperanza atracó finalmente en la dársena. Por su parte, el buque gasero, que tenía prevista su entrada y atraque en la terminal a las 12 horas de ese 26 de octubre, accedió finalmente a ella a las 23,35 horas y finalizó sus operaciones a las 20,28 horas del día siguiente. 

La magistrada señala en la resolución que estos hechos fueron llevados a cabo por los acusados “en el marco de una protesta pacífica sobre la protección del medio ambiente, concretamente contra el gas”, sin que haya quedado acreditado que para su ejecución “mediaran actos de violencia o amenazantes” ni contra los efectivos de la Guardia Civil ni contra la tripulación del buque gasero.

El Ministerio Fiscal ha rebajado “por imperativo legal” de los cinco años que solicitaba inicialmente a dos años y seis meses la petición de pena para cada uno de los 11 activistas de Greenpeace —de ocho nacionalidades diferentes, entre ellos cuatro españoles— por un presunto delito de desórdenes públicos agravados por la acción de protesta que protagonizaron el 26 de octubre de 2021 en el Puerto de Sagunt contra los combustibles fósiles. Todo ello para ajustarse a la regulación vigente en el momento de comisión de los hechos, según ha manifestado la representante del Ministerio Público tras la declaración de los 11 acusados.

Fuentes de Greenpeace explican que se había aplicado por parte de la acusación pública un tipo agravado del delito de desórdenes públicos que se introdujo en enero de 2023 en el Código Penal, a pesar de que los hechos habían sucedido en 2021.

Por su parte, las defensas mantienen la petición de la libre absolución de los acusados y subsidiariamente, en caso de condena, que se aplique la atenuante de dilación indebida al haber pasado cinco años desde la comisión de los hechos al juicio.

En la primera tanda de declaraciones de los testigos tanto el jefe del Grupo de Información de la Guardia Civil como el representante legal de la planta de regasificación han reconocido que la protesta fue pacífica y que no hubo daños. Ambos testigos han asegurado que se produjo un incremento del riesgo, en términos genéricos, a consecuencia de las maniobras del buque Esperanza de Greenpeace y del zigzag de las zodiacs de los activistas.

Por otro lado, los 11 acusados han manifestado que se trataba de una protesta pacífica, en la línea habitual de las campañas de la organización ecologista. “Estábamos dentro de la manera de Greenpeace de hacer acciones, con la idea de poner en riesgo lo mínimo posible a otras embarcaciones. No se sale de la norma y del estándar de protesta pacífica”, según ha resumido uno de los activistas.

El mismo acusado ha asegurado que, mientras que Greenpeace entorpecía la entrada al puerto del buque gasero, y retransmitía la acción, “pasaron embarcaciones industriales y barcos pesqueros”. Las defensas cuestionan que la acción de protesta paralizara la actividad portuaria.

La acción “fue una decisión colectiva”, ha indicado otro acusado. “Para ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica”, ha apostillado.

El juicio contra 11 activistas de Greenpeace en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos a consecuencia de una acción pacífica contra un barco gasero en el Puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021 ha arrancado este miércoles con una certeza compartida por todos los testigos: todo fue pacífico. La discusión se ha centrado en el eventual riesgo que supuso el despliegue de las lanchas y del buque Esperanza de la organización ecologista.

El guardia civil instructor del expediente, jefe del Grupo de Información, ha relatado ante la titular de la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València que las primeras cuatro zodiacs de Greenpeace desplegadas en Sagunt protagonizaron una “navegación rápida alrededor del buque, zigzagueando” y se dedicaron a hacer algunas pintadas en el buque gasero Merchant, proveniente de EEUU y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas extraído mediante la técnica del fracking.

Sin embargo, a juicio del testigo, fue “claramente” una “maniobra de distracción” que despistó al personal de la Guardia Civil y permitió al buque de Greenpeace echar el ancla en la dársena dos para impedir la entrada del barco gasero. “Se colocan de tal forma que es imposible entrar y maniobrar en la dársena”, ha relatado. Aquella dársena quedó “totalmente” bloqueada, interrumpiendo la actividad del puerto, según ha apostillado.

El testigo ha declarado que el capitán del buque Esperanza, de Greenpeace, fue requerido varias veces para que depusiera su actitud, sin éxito. Una vez autorizado el abordaje, los efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite de la Guardia Civil, procedieron a “reventar” la puerta de entrada al puente de mando. “Ni el capitán ni nadie de la tripulación colaboraron, la actitud fue totalmente pasiva”, ha dicho.

Un “peligro para la navegación”

“La acción tengo que reconocer que está muy bien coordinada”, ha manifestado el testigo. El uniformado también ha aludido a un “peligro para la navegación”, aunque nada más allá de eso: “A la vista de los hechos, no hay un peligro manifiesto de que explotara o de una fuga de gas, eso no se produce”.

El jefe del Grupo de Información ha declarado que la actitud de los activistas fue “totalmente pacífica”, lo cual ha dicho que es de “agradecer”. “La resistencia sigue siendo resistencia”, ha precisado. También ha reconocido que “no se constata ningún riesgo concreto”.

Sin embargo, ha tildado de “negligentes y temerarias” las maniobras de las zodiacs de Greenpeace, aunque ha descartado que pretendieran embestir a las embarcaciones de la Guardia Civil. El testigo también ha explicado que la acción fue monitorizada por el instituto armado en tiempo real con la retransmisión de la acción en las redes sociales de la organización ecologista.

Por otro lado, el patrón de la embarcación Río Júcar de la Guardia Civil ha explicado en su declaración que el Servicio Marítimo del instituto armado tenía localizado con días de antelación al buque de Greenpeace y, al estar prevista la entrada del gasero en el Puerto de Sagunt, se les ordenó patrullar por la zona “por si podía haber algún altercado o algo”. El agente ha dicho que los activistas mantenían una “actitud tranquila” durante toda la acción de protesta.

“No tenían una actitud violenta, pero no había intención [por parte de los activistas] de atender nuestros requerimientos. No fueron nada violentos, pero es verdad que ellos seguían con su objetivo”, ha resumido el guardia civil. También ha descartado que los activistas mantuvieran una actitud “hostil” hacia la autoridad.

El agente ha descrito un “pequeño” incidente aislado: el accidente de una de las zodiacs que “no calculó bien” y en una de las maniobras chocó con el ancla de la embarcación de la Guardia Civil, venciendo así la consola de mando para patronear la lancha y estrellándose finalmente contra el muelle. “Vinieron a pedirnos perdón porque había sido un accidente sin más intención, en ningún momento lo percibimos como un atentado a la autoridad”, ha afirmado.

Un “incremento del riesgo”, según el testigo de la regasificadora

El representante legal de la planta regasificadora de la infraestructura portuaria también ha reconocido que no hubo daños a consecuencia de la acción reivindicativa de Greenpeace, y ha aludido a un mero riesgo “hipotético”, tal como ha destacado uno de los dos abogados que ejerce la defensa de los encausados. “No hubo daño, pero sí incremento del riesgo”, ha afirmado ante una sala repleta de un público solidario con los acusados, que incluía a observadores de Amnistía Internacional.

El testigo, que presenció los hechos, ha explicado que, al tratarse de una infraestructura crítica, la planta tiene la obligación de avisar a organismos tales como la Guardia Civil o el Ministerio de Transición Ecológica en escenarios como el de la protesta de Greenpeace, que bloqueó el acceso del buque gasero en protesta contra los combustibles fósiles.

El representante legal de la planta regasificadora también ha manifestado que en ningún momento se interrumpió la entrada de gas, al haber existencias para abastecer la demanda durante la protesta, que duró unas 12 horas. “Una cosa es el daño y otra es el riesgo, no se materializó el daño, pero eso no quita el riesgo, el riesgo existe”, ha afirmado el hombre, que ha declarado por videoconferencia.

El testigo, en definitiva, ha descrito una “situación potencialmente peligrosa” vinculada a las maniobras para sacar el buque gasero de popa hacia la zona de fondeo de mercancías peligrosas.

La Fiscalia demana cinc anys de presó per un presumpte delicte de desordres públics contra 11 activistes de Greenpeace per una protesta celebrada contra un vaixell de gas al Port de Sagunt el 26 d’octubre de 2021. Es tracta d’un “judici històric”, previst per al pròxim 23 de setembre davant de la plaça número 8 de la Secció Penal del Tribunal d’Instància de València, una vista oral que comptarà amb observadors independents d’Amnistia Internacional, ateses les implicacions del cas en relació amb el dret a la protesta, segons ha anunciat l’organització ecologista.

L’escrit del Ministeri Públic, al qual ha tingut accés elDiario.es, reconeix que els fets van ocórrer “en el marc d’una protesta sobre protecció del medi ambient”, encara que apunta que els ecologistes es van manifestar “a consciència” de la “gravetat” de l’acció, que va consistir a bloquejar durant gran part de la jornada l’accés al port del vaixell de gas Merchant, procedent dels EUA i carregat amb 138.000 metres cúbics de gas extret mitjançant la tècnica del fracking.

L’acusació pública relata que els activistes van arriar del vaixell Esperanza, pertanyent a Greenpeace, quatre llanxes pneumàtiques semirígides que es van aproximar al Merchant, “entorpint la navegació d’aquest”, i van fer dues pintades reivindicatives al vaixell metaner.

Les patrulleres del Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil van intentar, sense èxit, “evitar o minimitzar l’acció”. Per la seua banda, el vaixell de Greenpeace va aprofitar la conjuntura per a fondejar a l’interior del Port de Sagunt per a entorpir l’entrada del metaner.

Un activista es va encadenar a una de les àncores de l’Esperanza, “obligant el vaixell de càrrega Merchant a avortar la maniobra d’accés al Port i a dirigir-se de nou a fondeig”. Al seu torn, les quatre llanxes de l’organització ecologista van aconseguir accedir a la dàrsena.

El Ministeri Fiscal sosté que el capità del vaixell Esperanza es va negar a complir les ordres de les patrulleres de l’Institut Armat. Poc després del migdia, dos agents de la Guàrdia Civil van irrompre en la cabina de comandament i van reiterar les ordres al capità, que va fer “de nou cas omís”.

Més de cinc hores després, amb autorització de la Capitania Marítima de València, efectius del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la unitat d’elit de la Guàrdia Civil, van abordar el vaixell i, davant de la negativa del capità, “es va procedir a la fractura de la porta” del pont de comandament i, després de la presa del control de l’embarcació, al seu atracament mitjançant remolcadors al Port de Sagunt.

El vaixell metaner, després de l’acció de desobediència civil, va poder atracar finalment a les 23.35 hores. “Els fets relatats van ser duts a terme pels acusats en el marc d’una protesta sobre protecció del medi ambient, amb acord previ i amb coneixement de la perillositat de les maniobres executades, i van ocasionar la inoperativitat del moll de la planta de regasificació del port durant hores”, conclou l’acusació pública, que demana una indemnització de 39.542 euros en concepte de responsabilitat civil.

L’escrit de la defensa, al qual també ha tingut accés aquest diari, argumenta que es tractava d’una “acció de protesta pacífica” sense més intenció que l’exercici del dret constitucional de manifestació. Els activistes de Greenpeace —“entitat reconeguda a tot el món per la seua defensa de la pau i el medi ambient”— es van limitar a expressar la seua “disconformitat amb l’activitat que realitzen aquest tipus de vaixells”.

La defensa, que sol·licita la lliure absolució dels acusats, al·lega que els fets relatats pel Ministeri Públic “no són constitutius de delicte”.

La protesta no va causar “cap perill”, segons Greenpeace

A més, recorda que l’únic detingut per la Guàrdia Civil va ser el capità del vaixell, mentre que la resta d’activistes, procedents de huit països, van tornar al vaixell Esperanza sense ser arrestats.

“En conseqüència, decau el relat de l’acusació respecte al fet que els integrants de les tripulacions de les llanxes Zodiac que es trobaven en les proximitats del vaixell metaner Merchant dugueren a terme cap activitat que s’emmarcara fora del seu únic objectiu, que era cridar l’atenció sobre el subministrament de substàncies que incideixen greument en la producció del canvi climàtic”, afirma l’escrit.

D’altra banda, la defensa recorda que no es va produir “cap incident” ni “situació de tensió” o de “confrontació” entre els activistes i els uniformats de la Guàrdia Civil.

“La conducta dels acusats des de les seues embarcacions Zodiac en cap moment va causar cap perill, ni va interferir gens en les activitats del Port de Sagunt, limitant-se únicament a exercir el seu dret de manifestació”, apunta.

Un judici “insòlit i preocupant”

Greenpeace considera que es tracta d’“un dels judicis més insòlits i preocupants que es recorden en la història recent dels moviments socials” en defensa del medi ambient. I això que, des de 2020, fins a 30 activistes s’han vist embolicats en procediments penals a Espanya vinculats a protestes pacífiques.

L’organització ecologista ha convocat la vespra del judici una roda de premsa al trencaglaç Arctic Sunrise, al Port de València, i un acte amb mitja dotzena de relators de l’ONU en suport als activistes acusats.

La Fiscalía pide cinco años de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos contra 11 activistas de Greenpeace por una protesta celebrada contra un barco gasero en el Puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021. Se trata de un “juicio histórico”, previsto el próximo 23 de septiembre ante la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València, una vista oral que contará con observadores independientes de Amnistía Internacional, dadas las implicaciones del caso en relación con el derecho a la protesta, según ha anunciado la organización ecologista.

El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce que los hechos acaecieron “en el marco de una protesta sobre protección del medio ambiente”, aunque apostilla que los ecologistas se manifestaron “a sabiendas” de la “gravedad” de la acción, que consistió en bloquear durante gran parte de la jornada el acceso al puerto del buque gasero Merchant, proveniente de EEUU y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas extraído mediante la técnica del fracking.

La acusación pública relata que los activistas arriaron del buque Esperanza, perteneciente a Greenpeace, cuatro lanchas neumáticas semirrígidas que se aproximaron al Merchant, “entorpeciendo la navegación del mismo”, y realizaron dos pintadas reivindicativas en el barco gasero.

Las patrulleras del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil intentaron, sin éxito, “evitar o minimizar la acción”. Por su parte, el buque de Greenpeace aprovechó la coyuntura para fondear en el interior del Puerto de Sagunt para entorpecer la entrada del gasero.

Un activista se encadenó a una de las anclas del Esperanza, “obligando al carguero Merchant a abortar la maniobra de acceso al Puerto y dirigirse de nuevo a fondeo”. A su vez, las cuatro lanchas de la organización ecologista consiguieron acceder a la dársena.

El Ministerio Fiscal sostiene que el capitán del buque Esperanza se negó a cumplir las órdenes de las patrulleras del Instituto Armado. Poco después del mediodía, dos agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la cabina de mando y reiteraron las órdenes al capitán, que hizo “de nuevo caso omiso”.

Más de cinco horas después, con autorización de la Capitanía Marítima de València, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite de la Guardia Civil, abordaron el barco y, ante la negativa del capitán, “se procedió a la fractura de la puerta” del puente de mando y, tras la toma del control de la embarcación, a su atraque mediante remolcadores en el Puerto de Sagunt.

El buque gasero, tras la acción de desobediencia civil, pudo atracar finalmente a las 23.35. “Los hechos relatados fueron llevados a cabo por los acusados en el marco de una protesta sobre protección del medio ambiente, con previo acuerdo y con conocimiento de la peligrosidad de las maniobras ejecutadas y ocasionaron la inoperatividad del muelle de la planta de regasificación del puerto durante horas”, concluye la acusación pública, que pide una indemnización de 39.542 euros en materia de responsabilidad civil.

El escrito de la defensa, al que también ha tenido acceso este diario, argumenta que se trataba de una “acción de protesta pacífica” sin más intención que el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación. Los activistas de Greenpeace —“entidad reconocida en todo el mundo por su defensa de la paz y el medio ambiente”— se limitaron a expresar su “disconformidad con la actividad que realizan este tipo de buques”.

La defensa, que solicita la libre absolución de los acusados, alega que los hechos relatados por el Ministerio Público “no son constitutivos de delito”.

La protesta no causó “ningún peligro”, según Greenpeace

Además, recuerda que el único detenido por la Guardia Civil fue el capitán del barco, mientras que el resto de activistas, provenientes de ocho países, regresaron al buque Esperanza sin ser arrestados.

“En consecuencia, decae el relato de la acusación respecto a que los integrantes de las tripulaciones de las lanchas Zodiac que se encontraban en las proximidades del buque metanero Merchant realizaran ninguna actividad que se encuadrara fuera de su único objetivo, que era llamar la atención sobre el suministro de sustancias que inciden gravemente en la producción del cambio climático”, afirma el escrito.

Por otro lado, la defensa recuerda que no se produjo “incidente alguno” ni “situación de tensión” o de “confrontación” entre los activistas y los uniformados de la Guardia Civil.

“La conducta de los acusados desde sus embarcaciones Zodiac en ningún momento causó ningún peligro, ni interfirió para nada en las actividades del puerto de Sagunto, limitándose única y exclusivamente a ejercer su derecho de manifestación”, apostilla.

Un juicio “insólito y preocupante”

Greenpeace considera que se trata de “uno de los juicios más insólitos y preocupantes que se recuerdan en la historia reciente de los movimientos sociales” en defensa del medio ambiente. Y eso que, desde 2020, hasta 30 activistas se han visto envueltos en procedimientos penales en España vinculados a protestas pacíficas.

La organización ecologista ha convocado la víspera del juicio una rueda de prensa en el rompehielos Arctic Sunrise, en el Puerto de València, y un evento con media decena de relatores de la ONU en apoyo a los activistas acusados.

La Policía Nacional ha arrestado a once personas al tratar de subirse a una grúa junto al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en Madrid del 11 al 13 de septiembre. Aunque en un primer momento las imágenes que circulaban por redes apuntaban a fans de la competición que querían ver el circuito sin entrada, se trata de activistas de la organización ecologista Greenpeace.

Los hechos han ocurrido pasadas las 14.00 del sábado en una de las avenidas que conectan con el Madring, ubicado entre Ifema y Valdebebas, al norte de la capital. Los detenidos se habían subido a una grúa de construcción para intentar colocar una pancarta contra el proyecto por su impacto medioambiental, según informa Telemadrid.

La actuación se ha producido horas antes de que arrancara, a las 17.00 del sábado, la primera de las dos manifestaciones vecinales contra el evento convocadas este fin de semana. La segunda tiene lugar este domingo desde las 12.00 en los exteriores de Ifema (avenida de la Capital de España, 4).

Estas protestas denuncian el impacto sonoro y la contaminación generados por el circuito, así como afecciones a barrios de Hortaleza y Barajas en materia de movilidad. También que la millonaria inversión pública en el trazado se produzca mientras los vecinos reclaman unas dotaciones públicas que no acaban de llegar (centros de salud, colegios o transportes).

Además, la vivienda se ha sumado como una nueva reclamación, ante la subida de los alquileres provocada por la proliferación de pisos turísticos. Un aspecto que también potencia la Fórmula 1, alrededor de la cual se han multiplicado los alojamientos temporales o para pocos días.

“Ya es hora de dejar de malgastar recursos públicos para un modelo de ciudad ajeno a las verdaderas necesidades de la gente y basado en el consumo masivo de combustibles fósiles que agrava la crisis climática y encarece la vida de la mayoría. Necesitamos otras fórmulas para las ciudades, que aborden la emergencia climática y que beneficien a la ciudadanía”, señala Cristina Arjona, responsable del área de Movilidad de Greenpeace.

La organización alerta de que, frente al compromiso inicial de las Administraciones de que la prueba no costaría un solo euro al contribuyente, las inversiones en el trazado rozan ya los 200 millones de euros.

Entidades ecologistas y ambientalistas han presentado alegaciones al proyecto de decreto de nitratos de la Xunta de Galicia para tratar de conseguir que se reformule y “sirva realmente para reducir y evitar la contaminación por nitratos generada por el sector agropecuario y, muy en particular, por la ganadería intensiva”. El Gobierno gallego abrió el proceso el 15 de julio del año pasado, sólo cuatro días después de la sentencia pionera que condenaba la “inacción” tanto de la administración gallega como de la estatal en la degradación ambiental provocada por las macrogranjas en el embalse de As Conchas (Ourense). La conselleira de Medio Rural pedía entonces que no se “culpabilizase” a la actividad ganadera.

Esa postura no parece haber cambiado en doce meses. En un comunicado conjunto emitido este lunes, Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) acusan a la Xunta de “enrocarse en el negacionismo” y en una “falsa carencia de estudios que acrediten el origen agrario de la contaminación”.

Las tres entidades aseguran que “más de la mitad del preámbulo y casi un tercio de la extensión total del borrador de decreto” se centran en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario en Galicia” lo que “retrasa de manera irresponsable la toma de decisión y la adopción de medidas correctoras, algo que se debería haber llevado a cabo hace años”.

El comunicado cita extractos del borrador en los que se asegura que en Galicia no hay declaradas zonas vulnerables pues “no existe acreditación del origen agrario de la contaminación” y a día de hoy “no se dispone de los datos definitivos y concluyentes aprobados por la autoridad competente sobre las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, por lo que no cabe la designación de zonas vulnerables por parte de la comunidad autónoma, ya que la correcta designación de ellas exige la acreditación, mediante las pruebas pertinentes, del origen agrario de los compuestos nitrogenados detectados en los puntos de medición así como de su contribución de forma significativa a la referida contaminación”.

Sin embargo, los ecologistas replican que los planes hidrológicos vigentes ya incluyen los planos con la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” y con los excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) de origen agrario debidos a cultivos de secano, cultivos de regadío, ganadería no estabulada y ganadería estabulada. En el caso concreto del embalse de As Conchas y la necesidad de declarar zona vulnerable la cuenca del Limia, “los datos no pueden ser más claros”.

Mientras la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” es “muy baja” –apenas está urbanizado entre el 1% y el 4%–, el excedente de nitrógeno por los cultivos de secano y regadío está entre 1 y 10 kg/ha/año; de ganadería no estabulada se mueve entre 2,5 y 15 kg/ha/año, pero el de ganadería estabulada se dispara entre 20 y 102 kg/ha/año en la mayor parte de la cuenca, “por lo que es responsable de un 80-85% del excedente de origen agrario”.

“Por si dichas evidencias fueran insuficientes”, añaden las tres entidades, “las estadísticas oficiales de 2020 revelan que, en la cuenca del Limia hasta la presa de As Conchas, la carga ganadera era de 111.500 UGM (unidades de ganado mayor), que en producción de heces y orina equivalen a unos 2 millones de personas, cuando la población era de tan sólo 24.736 personas”. “Es decir, la generación de heces y orina por la ganadería era unas 80 veces mayor que la de la población humana”, concluyen.

Esa “desmesurada carga ganadera que soporta Galicia” ha sido confirmada, señalan, por el informe recién elaborado por la Comisión Europea en el que se analiza la aplicación de la Directiva de Nitratos durante el período 2020-23. En él, citan, se establece que “la carga ganadera de Galicia es de 2,3 UGM/ha, solo por detrás de Cataluña con 3 UGM/ha, y muy por encima de la media estatal y europea de 0,7 UGM/ha”.

“Leyendo el 'no-proyecto' de nitratos y las declaraciones del presidente Rueda da la sensación de que a la Xunta no le importa que las aguas de Galicia estén contaminadas por nitratos –que lo están, y el mejor ejemplo es el embalse de As Conchas– sino determinar el origen de la contaminación, cuando éste está más que claro: es la agricultura y muy principalmente la ganadería industrial”, manifiestan las organizaciones firmantes.

Por todo ello, reclaman que el futuro decreto de nitratos debe incluir como objetivo la reducción, “al menos en un 50%” de la cabaña ganadera en intensivo hasta el 2030. También la disminución del uso de fertilizantes sintéticos y, “especialmente”, la prohibición de nuevas granjas o ampliación de las existentes en municipios con balance de nitrógeno por encima del promedio de la comunidad –41 kg N/ha/año–; en aquellos en los que la concentración de nitratos en las aguas aumentase en más de 5 mg/l entre 2016 y 2024 o en las parcelas o parroquias donde el incremento de UGM por unidad de superficie agricola utilizada sobrepase los niveles de carga ganadera recomendados por la Unión Europea. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el jueves 3 de septiembre.

Les àncores d'embarcacions, vaixells i iots, quan es llancen sobre les praderies de Posidonia oceanica, continuen causant un dels impactes més perjudicials per a aquest valuós ecosistema marí. Es tracta d'una planta marina que exerceix funcions essencials per a la Mediterrània: oxigena el mar, captura grans quantitats de diòxid de carboni, protegeix les platges de l'erosió i serveix d'hàbitat a centenars d'espècies. La seva conservació és fonamental tant per a la biodiversitat com per a la lluita contra el canvi climàtic.

En el cas de l'arxipèlag balear, aquesta planta marina ocupa més de 591 quilòmetres quadrats, és a dir, més del 50% de tota la superfície de posidònia del litoral espanyol. A Eivissa, més del 21% dels fondejos il·legals es fan sobre la posidònia, segons Destrucción a toda costa 2026, el darrer informe de Greenpeace. Aquesta xifra podria ser encara més elevada, ja que el servei de vigilància i inspecció del Govern no pot controlar tots els fondejos. A més, les embarcacions canvien constantment d'ubicació, de manera que el nombre real de fondejos irregulars podria ser superior.

Ports de les Illes Balears –ens públic dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua del Govern– tenia previst implantar aquesta temporada turística tres nous camps de boies de baix impacte per reduir la pressió nàutica sobre les praderies afectades. Les boies ecològiques, o boies de baix impacte, són sistemes d'amarratge permanents dissenyats perquè les embarcacions puguin fondejar sense haver de llançar l'àncora al fons marí, evitant així danyar hàbitats sensibles com les praderies de Posidonia oceanica.

Estava previst instal·lar un camp de boies de baix impacte a Porroig i un altre a Cala d'Hort (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), com també un tercer a l'Illa de l'Aire (Sant Lluís, Menorca). Tanmateix, els projectes s'han endarrerit i caldrà esperar, com a mínim, un any més, segons han confirmat fonts de la Conselleria que dirigeix Juan Manuel Lafuente. “Es troben en fase de tramitació i està previst que ja estiguin en funcionament la temporada vinent”, asseguren.

Les cales en pitjor estat

Inma Saranova, directora d'Ibiza Preservation, explica que, tot i que el febrer d'aquest any Ports de les Illes Balears va licitar la instal·lació de 25 boies ecològiques a Cala d'Hort i 24 a Porroig, el problema rau en “l'enorme distància que continua existint entre anunciar, projectar i executar”. “Considerem preocupant que dues zones amb tanta pressió com aquestes hagin arribat a aquesta temporada sense disposar d'aquesta infraestructura”, lamenta Saranova.

“De les zones que hem estudiat, Porroig, Cala Vedella i Talamanca són les que es troben en pitjor estat de conservació”, afirma Xisco Sobrado, llicenciat en Ciències Marines i tècnic de l'àrea marina del grup ecologista GEN-GOB. La primera és una petita cala d'uns 150 metres de longitud, plena de casetes varador, situada al sud-oest de l'illa, molt a prop d'Es Cubells i Es Jondal. Aquesta cala està molt malmesa, ja que, segons diversos estudis, almenys un 40% de la posidònia hi és morta.

Saranova també identifica la badia de Sant Antoni de Portmany entre les zones més afectades pel fondeig il·legal, d'acord amb les dades més actualitzades del Govern. En el cas de Formentera, afegeix, la zona més sensible és ses Illetes, situada dins del Parc Natural.

Almenys el 40% de la posidònia de la cala de Porroig està morta

Pel que fa a Cala Vedella, està situada al sud-oest de l'illa, entre es Caló d’en Real i es Caló de s’Oratge, encaixonada entre penya-segats i envoltada de turons coberts de pinedes. És una platja de sorra fina plena de petites botigues de records, bars i restaurants de cuina tradicional eivissenca. Aquest entorn es caracteritza per un creixement urbanístic que ha estat desordenat i els seus turons han quedat esquitxats per diferents promocions immobiliàries. És, a més, un indret molt desitjat pel turisme nàutic.

Pel que fa a Talamanca, és una de les platges urbanes de Vila –el topònim de la ciutat d’Eivissa–, una de les més afectades per la pressió nàutica, com també per la crisi climàtica. El mateix informe assenyala que podria quedar-li “amb prou feines deu anys d’existència” si no es produeixen canvis dràstics en la seva gestió. Aquesta platja, com passa amb altres de l’arxipèlag balear, pateix greument els impactes dels temporals. L’onatge arrasa constantment la passarel·la de fusta i les instal·lacions costaneres, fet que demostra “la inviabilitat de continuar guanyant metres al mar”, segons els ecologistes. Una situació similar es va produir en una altra platja urbana del municipi, ses Figueretes, on el temporal Harry va provocar una gran pèrdua de sorra i danys tant al passeig marítim com a la passarel·la de fusta.

A Talamanca, una de les platges urbanes d’Eivissa, li podrien quedar ‘amb prou feines deu anys d’existència’ si no es produeixen canvis dràstics en la seva gestió

“Talamanca és probablement l’exemple més evident”, argumenta Saranova. El camp de boies de baix impacte previst en aquesta platja, afegeix, permetria ordenar el fondeig amb uns 90 punts d’amarratge situats principalment sobre sorra; retirar els fondejos irregulars i evitar l’impacte de les àncores i les cadenes sobre la praderia. “Tanmateix, la manca de coordinació entre administracions ha fet que encara no estigui operatiu”, assegura.

La posidònia protegeix les platges

Cal recordar que les praderies de Posidonia oceanica funcionen com a barreres naturals contra l’onatge, tot i que estan en retrocés a causa dels fondejos il·legals i de la pesca d’arrossegament. A més, la biodiversitat marina i costanera també pateix un greu retrocés per la crisi climàtica i per la pressió humana en general. “En aquestes zones no hi hem percebut millores; el que hem observat és una tendència a empitjorar”, lamenta Sobrado, tècnic del GEN-GOB. Pel que fa a les zones que es troben en millor estat de conservació, el científic cita Cala Roja, una cala del sud-oest de l’illa caracteritzada pel to vermellós dels seus penya-segats.

La posidònia es veu afectada pels fondejos il·legals, la pesca d’arrossegament, la crisi climàtica i la pressió humana

En la primera legislatura (2015-2019) de la socialista Francina Armengol al Govern –que va governar amb Més i mitjançant un acord de governabilitat amb Podem– es va aprovar el Decret 25/2018 per a la conservació de la Posidonia oceanica a l’arxipèlag balear. Tanmateix, les entitats ecologistes consultades consideren que, malgrat els avenços normatius, la supervivència d’aquest ecosistema “continua en risc”.

“Les causes són un model turístic que ignora la capacitat de càrrega, una gestió deficient de les aigües residuals –que continua tractant el mar com un abocador– i unes previsions climàtiques extremadament preocupants”, assenyala Amics de la Terra. Pel que fa a la pressió dels vaixells i els iots, aquesta entitat sosté que la situació “és crítica, especialment al sud-oest” de l’illa. “Eivissa suporta una de les majors pressions de fondeig de tota la Mediterrània”, lamenten.

Tres barques d'inspecció

El Govern disposa de tres embarcacions per desplegar el seu dispositiu de vigilància i inspecció del litoral d’Eivissa i Formentera, explica la Conselleria de la Mar. Està format per dues embarcacions destinades al servei de vigilància, inspecció i control del litoral, amb bases als ports d’Eivissa i de Sant Antoni de Portmany. A més, hi ha una tercera embarcació destinada al suport de les operacions portuàries al port de Portmany. Entre les seves funcions destaquen la detecció d’activitats irregulars, el control del lloguer il·legal d’embarcacions, la supervisió de fondejos no autoritzats, la comprovació de la documentació i de les autoritzacions administratives, com també la coordinació amb la resta d’administracions i cossos que desenvolupen funcions de vigilància al litoral.

Tres embarcacions del Govern inspeccionen les activitats irregulars, controlen el lloguer il·legal d’embarcacions i supervisen els fondejos no autoritzats

Durant el 2025 es van incoar 162 expedients sancionadors per infraccions relacionades principalment amb el xàrter nàutic il·legal, amb propostes de sanció per un import total de 471.600 euros. Pel que fa al 2026, a data de 8 de juliol, s’han iniciat 39 nous expedients i n’hi ha prop de 70 pendents d’incoació, una quinzena dels quals corresponen a inspeccions efectuades aquest any. A més, també s’ha aconseguit retirar anuncis irregulars d’allotjament en embarcacions i ofertes de lloguer d’embarcacions de llista setena publicades en plataformes digitals, després de les peticions adreçades als seus responsables.

Pel que fa a l’augment de la temperatura a la Mediterrània, afecta la posidònia perquè la seva supervivència comença a estar en perill a partir dels 28 graus. El 2025, en alguns punts de la costa balear i mediterrània es van superar els 30 graus. “De res servirà protegir les praderies si no aturem immediatament el sobreescalfament causat pel model de producció i consum del Nord Global, que afecta directament la temperatura de la Mediterrània, tant marítima com terrestre”, adverteix Amics de la Terra.

De res servirà protegir les praderies si no aturem immediatament el sobreescalfament causat pel model de producció i consum del Nord Global, que afecta directament la temperatura de la Mediterrània, tant marítima com terrestre

Amics de la Terra

Un pla integral de millora

En un informe anterior, diferents científics i entitats ecologistes van proposar implementar diverses mesures per garantir la protecció de la posidònia. Entre aquestes mesures hi ha la instal·lació de fondejos de baix impacte, d’acord amb criteris de capacitat de càrrega ambiental; l’establiment d’àrees de recuperació ambiental a les zones més degradades amb la prohibició de fondejar-hi; l’habilitació de fondejos fixos de baix impacte i d’ús social per als residents de la zona; la informació als navegants sobre la importància de no fondejar damunt la posidònia; la reducció del nombre d’embarcacions durant la temporada d’estiu i el decreixement turístic.

“S’han produït avenços, però l’aplicació encara és parcial i desigual”, afirma Saranova. La directora d’IbizaPreservation cita, entre els avenços positius, el reforç de la vigilància, la cartografia de les praderies, l’assessorament als navegants i el desenvolupament d’eines com Posidonia Maps o el Telèfon Posidònia, tot plegat en el marc del Decret 25/2018 de conservació de la planta. Així mateix, afegeix que hi ha camps de boies de baix impacte a ses Salines, s’Espalmador i es Caló de s’Oli, que en conjunt van acollir un total de 122 boies d’aquest tipus l’any 2025.

També valora positivament que l’Ajuntament d’Eivissa hagi allunyat de la costa el balisament de la zona de bany de Talamanca. “En ampliar l’espai abalisat s’impedeix el fondeig dins d’aquest perímetre i es protegeix una superfície més gran davant de fondejos il·legals o incontrolats”, reconeix. Així, recorda que és una actuació que “ajuda a reduir el risc immediat i demostra que les administracions poden actuar fins i tot quan les solucions de més abast es retarden”, dins de les competències municipals, ja que les de més abast són autonòmiques o estatals.

Matisa que el balisament protegeix la zona de bany, però “no ordena el conjunt de la badia ni estableix quantes embarcacions pot suportar ambientalment”. “Reclamem que el camp de Talamanca deixi de ser una promesa recurrent, que se’n garanteixi el finançament i que s’estableixi un calendari públic i verificable per a la seva execució”, insisteix Saranova.

En termes generals, la directora d’IbizaPreservation proposa aplicar una ordenació integral del fondeig basada en la capacitat de càrrega ambiental de cada cala; la creació de zones específiques de recuperació als punts més degradats; una xarxa de fondejos socials de baix impacte per als residents; i, sobretot, un límit efectiu al nombre de vaixells i iots que es concentren simultàniament en determinades zones.

D’altra banda, recorda que Eivissa va assolir el 2025 un màxim històric de 3,39 milions de turistes. Davant d’aquestes xifres, instal·lar camps de boies de baix impacte pot contribuir a evitar que les àncores danyin directament la posidònia en determinades zones, però “no resol per si sol els altres efectes d’una concentració excessiva d’embarcacions, com els abocaments, el soroll submarí, els residus, les emissions i la saturació de l’espai marítim”.

Per tant, assenyala que en els darrers anys hi ha hagut millores pel que fa a la legislació, la vigilància, la informació i la tecnologia. El 2025, el Servei de Vigilància va dur a terme 181.468 actuacions a les Balears, un 40% més que l’any anterior. El percentatge mitjà de fondejos detectats sobre praderies va baixar del 6,8% al 6,4%. A més, hi ha una utilització més gran de la cartografia i de les aplicacions per part dels navegants.

Tanmateix, segons Saranova, les mesures de millora implantades no es reflecteixen prou a Eivissa, ja que l’illa continua tenint el percentatge més elevat de fondeig irregular sobre la planta de tot l’arxipèlag balear. Per això, considera que calen “solucions estructurals”. “La funció preventiva és molt important, però ha d’anar acompanyada d’una capacitat sancionadora suficient per evitar la reincidència”, afegeix.

Finalment, argumenta que cal passar d’una gestió principalment reactiva a una planificació preventiva: determinar la capacitat de càrrega ambiental de cada cala; limitar el nombre de vaixells i iots quan se superi aquest límit; completar amb urgència els camps de baix impacte pendents; reservar zones per a la recuperació de les praderies; reforçar la inspecció i les sancions, i oferir alternatives de fondeig social als residents. “La solució no pot consistir únicament a ordenar un nombre cada vegada més gran d’embarcacions; a les zones més saturades també cal reduir la pressió”, conclou.

Las anclas de embarcaciones, barcos y yates, cuando se lanzan sobre las praderas de Posidonia oceanica, continúan causando uno de los impactos más dañinos contra este valioso ecosistema marino. Se trata de una planta marina que realiza funciones esenciales para el Mediterráneo: oxigena el mar, captura grandes cantidades de dióxido de carbono, protege las playas frente a la erosión y alberga cientos de especies. Su conservación resulta esencial para la biodiversidad y para la lucha contra el cambio climático.

En el caso del archipiélago balear, esta planta marina concentra más de 591 kilómetros cuadrados, más del 50% de toda la superficie de posidonia del litoral español. En Eivissa, más del 21% de los fondeos ilegales se realizan sobre la posidonia, según Destrucción a toda costa 2026, el último informe de Greenpeace. El dato podría ser mayor, dado que el servicio de vigilancia e inspección del Govern no puede controlar todos los fondeos. Las embarcaciones, además, cambian constantemente de ubicación, por lo que la cifra real de fondeos irregulares podría ser superior.

Ports de les Illes Balears –ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern– iba a implantar esta temporada turística tres nuevos campos de boyas de bajo impacto para reducir la presión náutica sobre las praderas dañadas. Las boyas ecológicas o boyas de bajo impacto son sistemas de amarre permanentes diseñados para que las embarcaciones puedan fondear sin lanzar el ancla al fondo, evitando así dañar hábitats marinos sensibles como las praderas de Posidonia oceanica.

Se iba a colocar un campo de boyas de bajo impacto en Porroig y Cala d’Hort (Sant Josep de sa Talaia, en Eivissa), respectivamente, y otro en Illa de l’Aire (Sant Lluis, Menorca). Sin embargo, los proyectos se han retrasado y habrá que esperar al menos un año más, como confirman fuentes de la Conselleria que dirige Juan Manuel Lafuente. “Están en tramitación y está previsto que ya estén en funcionamiento la temporada que viene”, aseguran.

Las calas en peor estado

Inma Saranova, directora de Ibiza Preservation, explica que, pese a que en febrero de este año Ports de les Illes Balears licitó la implantación de 25 boyas ecológicas en Cala d’Hort y 24 en Porroig, el problema reside en “la enorme distancia que sigue existiendo entre anunciar, proyectar y ejecutar”. “Consideramos preocupante que dos zonas de tanta presión como estas hayan llegado a esta temporada sin contar con esta infraestructura”, lamenta Saranova.

“De las zonas que estudiamos, Porroig, Cala Vedella y Talamanca, son las que están en peor estado de conservación”, afirma Xisco Sobrado, licenciado en Ciencias Marinas y técnico del área marina del grupo ecologista GEN-GOB. La primera es una pequeña cala de unos 150 metros de largo repleta de casetas varadero, ubicada en el suroeste de la isla, muy cerca de Es Cubells y Es Jondal. Esta cala está muy dañada, pues al menos un 40% de la posidonia está muerta, según constataron diversos estudios. Saranova identifica también la bahía de Sant Antoni de Portmany entre las zonas más afectadas por el fondeo ilegal, de acuerdo a los datos más actualizados del Govern. En el caso de Formentera, añade, la zona más sensible es Ses Illetes, ubicada dentro del Parque Natural.

Al menos el 40% de la posidonia de la cala de Porroig está muerta

En lo que se refiere a Cala Vedella, está ubicada en el suroeste de la isla, entre Es Caló d’en Real y Es Caló de s’Oratge, encalada entre acantilados y rodeada de colinas cubiertas de pinares. Es una playa de arena fina repleta de pequeños souvenirs, bares y restaurantes de comida ibicenca tradicional. Este entorno se caracteriza por un crecimiento urbanístico que ha sido desordenado y cuyos montes han quedado salpicados por las diferentes promociones inmobiliarias. Es, además, un lugar muy deseado por el turismo náutico.

En cuanto a Talamanca, es una de las playas urbanas de Vila –el topónimo de la ciudad de Eivissa–, una de las más golpeadas por la presión náutica, así como por la crisis climática. El mismo informe señala que podrían quedarle “apenas diez años de existencia” si no se producen cambios drásticos en su gestión. Esta playa, como ocurre con otras del archipiélago balear, sufre gravemente los impactos de las borrascas. El oleaje arrasa constantemente la pasarela de madera y las instalaciones costeras, lo que demuestra “la inviabilidad de seguir conquistando metros al mar”, según los ecologistas. Algo similar ocurrió en otra playa urbana del municipio, en Ses Figueretes, donde la borrasca Harry provocó una gran pérdida de arena y daños tanto en el paseo marítimo como en la pasarela de madera.

A Talamanca, una de las playas urbanas de Ibiza, podrían quedarle 'apenas diez años de existencia' si no se producen cambios drásticos en su gestión

“Talamanca es probablemente el ejemplo más evidente”, argumenta Saranova. El campo de boyas de bajo impacto previsto en esta playa, añade, permitiría ordenar el fondeo con unos 90 puntos de amarre situados fundamentalmente sobre arena; retirar fondeos irregulares y evitar el impacto de anclas y cadenas sobre la pradera. “Sin embargo, la falta de coordinación entre administraciones ha hecho que todavía no esté operativo”, asegura.

La posidonia protege las playas

Cabe recordar que las praderas de Posidonia oceanica funcionan como barreras naturales contra el oleaje, pese a que están en retroceso debido a los fondeos ilegales, así como a la pesca de arrastre. Además, la biodiversidad marina y costera sufre graves retrocesos también por la crisis climática, así como por la presión humana, en general. “En estas zonas no hemos percibido mejoras, lo que hemos visto es una tendencia a empeorar”, lamenta Sobrado, técnico del GEN-GOB. En cuanto a las que están en mejor estado de conservación, el científico cita Cala Roja, una cala del suroeste de la isla caracterizada por el tono rojizo de sus acantilados.

La posidonia se ve afectada por los fondeos ilegales, la pesca de arrastre, la crisis climática y la presión humana

En la primera legislatura (2015-2019) de la socialista Francina Armengol en el Govern –que gobernó con Més y a través de un acuerdo de gobernabilidad con Podemos– se aprobó el Decreto 25/2018 para la conservación de la Posidonia oceanica en el archipiélago balear. Sin embargo, las entidades ecologistas consultadas consideran que, pese a los avances normativos, la supervivencia de este ecosistema “continúa en riesgo”.

“Las causas son un modelo turístico que ignora la capacidad de carga, una deficiente gestión de las aguas residuales –que sigue tratando el mar como un vertedero–, y unas previsiones climáticas extremadamente preocupantes”, señala Amics de la Terra. Respecto a la presión de barcos y yates, esta entidad sostiene que la situación “es crítica, especialmente en el suroeste” de la isla. “Eivissa soporta una de las mayores presiones de fondeo de todo el Mediterráneo”, lamentan.

Tres barcas de inspección

El Govern dispone de tres barcos para desplegar su dispositivo de vigilancia e inspección del litoral de Eivissa y Formentera, explica la Conselleria del Mar. Está formado por dos barcos destinados al servicio de vigilancia, inspección y control del litoral, con bases en los puertos de Eivissa y de Sant Antoni de Portmany. Además, hay una tercera embarcación destinada al apoyo de las operaciones portuarias en el puerto de Portmany. Entre sus funciones, destacan la detección de actividades irregulares, el control del alquiler ilegal de embarcaciones, la supervisión de fondeos no autorizados, la comprobación de la documentación y de las autorizaciones administrativas y la coordinación con el resto de administraciones y cuerpos que desarrollan funciones de vigilancia en el litoral.

Tres barcos del Govern inspeccionan las actividades irregulares, el control del alquiler ilegal de embarcaciones y la supervisión de fondeos no autorizados

Durante 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas principalmente con el chárter náutico ilegal, con propuestas de sanción por un importe total de 471.600 euros. En cuanto a 2026, a fecha de 8 de julio, se han iniciado 39 nuevos expedientes y hay cerca de 70 pendientes de incoación, una quincena de los cuales corresponden a inspecciones efectuadas este año. Además, también se ha logrado la retirada de anuncios irregulares de alojamiento en embarcaciones y de ofertas de alquiler de embarcaciones de lista séptima publicadas en plataformas digitales, tras los requerimientos dirigidos a sus responsables.

En cuanto al aumento de la temperatura en el Mediterráneo, afecta a la posidonia porque su supervivencia empieza a peligrar a partir de los 28 grados. En 2025, en algunos puntos de la costa balear y mediterránea se superaron los 30 grados. “De nada servirá proteger las praderas si no paramos inmediatamente el sobrecalentamiento causado por el modelo de producción y consumo del Norte Global, y que afecta la temperatura del Mediterráneo, marítima y terrestre, de forma directa”, advierte Amics de la Terra.

De nada servirá proteger las praderas si no paramos inmediatamente el sobrecalentamiento causado por el modelo de producción y consumo del Norte Global, y que afecta la temperatura del Mediterráneo, marítima y terrestre, de forma directa

Amics de la Terra

Un plan integral de mejora

En un informe anterior, diferentes científicos y entidades ecologistas propusieron implementar diferentes medidas para garantizar la protección de la posidonia. Entre ellas, la instalación de fondeos de bajo impacto, de acuerdo a criterios de capacidad de carga ambiental; establecer áreas de recuperación ambiental en las zonas más degradadas con la prohibición de fondear; habilitar fondeos fijos de bajo impacto y uso social para los residentes de la zona; informar a los navegantes sobre la importancia de no fondear encima de la posidonia; reducir el número de embarcaciones durante la temporada de verano y decrecer turísticamente.

“Se han producido avances, pero la aplicación es todavía parcial y desigual”, afirma Saranova. La directora de IbizaPreservation cita, entre los avances positivos, el refuerzo de la vigilancia, la cartografía de las praderas, el asesoramiento a navegantes y el desarrollo de herramientas como Posidonia Maps o el Teléfono Posidonia, todo ello al amparo del Decreto 25/2018, de conservación de la planta. Asimismo, añade que existen campos de boyas de bajo impacto en Ses Salines, s’Espalmador y es Caló de s’Oli, que en su conjunto albergaron un total de 122 boyas de este tipo en 2025.

También valora positivamente que el Ajuntament d'Eivissa haya alejado de la costa el balizamiento de la zona de baño de Talamanca. “Al ampliar el espacio balizado se impide el fondeo dentro de ese perímetro y se protege una mayor superficie frente a fondeos ilegales o incontrolados”, reconoce. Así, recuerda que es una actuación que “ayuda a reducir el riesgo inmediato y demuestra que las administraciones pueden actuar incluso cuando las soluciones de mayor alcance se retrasan”, dentro de las competencias municipales, pues las de mayor alcance son autonómicas y/o estatales.

Matiza que el balizamiento protege la zona de baño, pero “no ordena el conjunto de la bahía ni establece cuántas embarcaciones puede soportar ambientalmente”. “Reclamamos que el campo de Talamanca deje de ser una promesa recurrente, se garantice su financiación y se establezca un calendario público y verificable para su ejecución”, insiste Saranova.

En términos generales, la directora de IbizaPreservation propone aplicar una ordenación integral del fondeo basada en la capacidad de carga ambiental de cada cala; la creación de zonas específicas de recuperación en los puntos más degradados; una red de fondeos sociales de bajo impacto para residentes; y, sobre todo, un límite efectivo al número de barcos y yates que se concentran simultáneamente en determinadas zonas.

Por otro lado, recuerda que Eivissa alcanzó en 2025 un máximo histórico de 3,39 millones de turistas. Ante estas cifras, instalar campos de boyas de bajo impacto puede contribuir a evitar que las anclas dañen directamente la posidonia en determinadas zonas, pero “no resuelve por sí solo los demás efectos de una concentración excesiva de embarcaciones como los vertidos, el ruido submarino, los residuos, las emisiones y saturación del espacio marítimo”.

Por tanto, señala que en los últimos años ha habido mejoras en cuanto a la legislación, vigilancia, información y tecnología. En 2025, el Servicio de Vigilancia realizó 181.468 actuaciones en Balears, un 40% más que el año anterior. El porcentaje medio de fondeos detectados sobre praderas bajó del 6,8% al 6,4%. Además, hay una mayor utilización de cartografía y aplicaciones por parte de los navegantes.

Sin embargo, las medidas de mejora implantadas no se reflejan suficientemente en Eivissa, según Saranova, ya que la isla sigue teniendo el porcentaje más elevado de fondeo irregular sobre la planta en el archipiélago balear. Por eso, considera que se necesitan “soluciones estructurales”. “La función preventiva es muy importante, pero debe ir acompañada de una capacidad sancionadora suficiente para evitar la reincidencia”, añade.

Finalmente, argumenta que hay que pasar de una gestión principalmente reactiva a una planificación preventiva: determinar la capacidad de carga ambiental de cada cala; limitar el número de barcos y yates cuando se supere; completar con urgencia los campos de bajo impacto pendientes; reservar zonas para la recuperación de las praderas; reforzar la inspección y las sanciones y ofrecer alternativas de fondeo social a los residentes. “La solución no puede consistir únicamente en ordenar un número cada vez mayor de embarcaciones; en las zonas más saturadas también hay que reducir la presión”, concluye.

La playa de Zarautz, la más extensa de la costa vasca con 2.100 metros de longitud, se enfrenta a desafíos significativos debido al aumento del nivel del mar y la intensidad del oleaje. Cada vez son más frecuentes los eventos extremos que provocan destrozos. Por ello, el malecón de Zarautz, en Gipuzkoa, es considerado uno de los paseos costeros “con mayor nivel de riesgo estructural” según recoge el informe 'Euskadi, un litoral en la encrucijada de la presión y la adaptación' realizado por Greenpeace. Esto ocurre debido a que bloquea la dinámica de sedimentación natural, provocando la pérdida sistemática de arena y aumentando el impacto de los temporales en el casco urbano. “El proyecto de remodelación del paseo, con un coste de 1,5 millones de euros ha salido a proceso de licitación, y contempla adecuación de accesos, muros y elevación del paseo como resiliencia costera”, aclara el documento, que critica que, esas obras suponen “continuar con el hormigón en un arenal que podría perder hasta el 30% de su superficie en 2050”. “Cuando las olas golpean un muro de hormigón, la energía no se absorbe; rebota con fuerza llevándose más arena”, detalla.

El de Zarautz es uno de los 15 puntos críticos de las crisis climática en la costa vasca según la organización ecologista. “La costa vasca, caracterizada por su compleja geomorfología con acantilados y estuarios de alto valor ecológico sometidos a una dinámica marina de alta energía con mareas que superan los 4,80 metros, sufre una intensa presión antrópica debido a que el 32% de su población se concentra en tan solo el 18% del territorio. Esta asimetría espacial fomenta la acelerada artificialización del suelo y genera graves conflictos de usos que reducen notablemente la resiliencia de los ecosistemas costeros, agravando su vulnerabilidad frente a las amenazas del cambio climático como el ascenso sostenido del nivel del mar y el incremento en la severidad de los temporales invernales”, indica el documento.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una sentencia de muerte para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Las borrascas invernales que han tenido lugar este año han impactado sobre las infraestructuras de la costa vasca cuyos costes de reparación han supuesto 4 millones de euros repartidos entre el río Estepona en Bakio, con un coste de 450.000 euros; la playa de Itzurun en Zumaia; el paseo marítimo de Gorliz; la playa de Atxabiribil en Sopela y la playa de Ondarreta en Donosti (con un coste de reparación de 2,5 millones de euros). Y, como punto crítico destaca el gasto de 1,5 millones de euros en la remodelación del malecón de Zarautz.

Según los datos del proyecto Kostaegoki de análisis de vulnerabilidad y riesgo en el litoral vasco, la inacción en el caso concreto de Zarautz supondría, en términos absolutos, que la playa perdiera unos 21.000 m² en 2050, y entre 40.000 y 57.000 m² hasta el año 2100. “En términos relativos, se encontraría entre las 10 primeras playas afectadas, pudiendo perder un 30% de su superficie a 2050, y entre un 65% y un 90% en 2100. En paralelo, los escenarios climáticos previstos estiman que en 2050 podrían verse afectadas 4 hectáreas de suelo residencial, superficie de afección que aumentaría en el año 2100 hasta alcanzar entre 5 y 7 hectáreas, lo que supone un 2%, 3% y 4% respectivamente de la superficie residencial total. La evolución del arenal como consecuencia de los efectos del cambio climático se traduce en potenciales impactos económicos por falta de uso recreativo, pero lo más importante, su retroceso se traduce en una mayor desprotección de las estructuras y edificaciones en esta franja costera. Eliminar infraestructuras que ocupan la playa permitirá una distribución más natural de la arena en los espacios intervenidos, consiguiéndose así una mayor protección de los elementos construidos en primera línea de playa”, explicaron desde el Gobierno vasco al anunciar los proyectos de adecuación del malecón de Zarautz.

Otro de los puntos negros ambientales se produce en Zumaia. “La contaminación por plásticos representa una de las agresiones químicas y físicas más persistentes sobre la biota. La playa de Itzurun (Zumaia) sufre de manera recurrente una densa acumulación de microplásticos debido a la hidrodinámica local y a corrientes del oeste”, recoge la investigación de Greenpeace.

Cerca de allí, en Getaria las jaulas de engorde de atún rojo “alteran los fondos marinos locales”. Además, la investigación sostiene que “el calentamiento de las aguas cantábricas está provocando impactos en las especies pesqueras”. “Ya se ha documentado la disminución del tamaño de la merluza, el bocarte y peces de fondo por falta de oxígeno. También desplazamientos hacia el norte del verdel, avance en el momento de la puesta de la anchoa y de la migración de los juveniles de bonito”, detalla.

En Bizkaia, los puntos críticos analizados son Mundaka, Laga y el proyecto “Aquacría Basordas”, un parque acuícola para la cría y engorde de lenguado proyecta una inversión de 170 millones de euros en la cala de Basordas (Lemoiz), sobre los terrenos de la antigua central nuclear. Greenpeace ha exigido la retirada de este último proyecto argumentando que la “acuicultura industrial intensiva de especies carnívoras introduce graves desequilibrios como la eutrofización debido al vertido continuo de compuestos orgánicos, desinfectantes, bactericidas y antibióticos contamina el agua y reduce el oxígeno disuelto en la cala; la sobreexplotación de otros caladeros ya que la alimentación de peces carnívoros requiere piensos fabricados con captaciones masivas de peces silvestres, y la incompatibilidad de una macrofactoría privada en un área catalogada como espacio de restauración y mejora ambiental en el Plan Territorial del Litoral”.

En el caso de Mundaka y Laga, en el entorno de la Biosfera de Urdaibai, la mayor afección es, según la organización ecologista, el turismo. “Mundaka, reconocida internacionalmente por la práctica del surf gracias a las singulares propiedades de su ola izquierda (”la Barra“) ejemplifica la gentrificación turística costera. La proliferación masiva de viviendas de uso turístico ha saturado por completo el mercado inmobiliario local, hasta el extremo de que el municipio apenas dispone de vivienda en alquiler que no esté destinada al arrendamiento turístico estacional. Este desplazamiento habitacional erosiona el tejido social e incrementa la demanda estacional de recursos básicos en una zona de alta fragilidad ecológica adyacente a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”, sostiene.

Mientras a los pies del acantilado de Cabo Ogoño, la playa de Laga, en Urdaibai, presenta problemas de renaturalización debido a que se retrasarán los proyectos para mejorar la costa con el objetivo de mantener el parking. “Las presiones de quienes visitan la playa en coche parecen más importantes que la supervivencia misma del arenal”, critica.

A pesar de los puntos críticos, desde Greenpeace también han querido destacar lo positivo para la costa vasca este año: la retirada del proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai y la paralización de las licencias de pesca profesional para la angula. “La mejor noticia para la calidad ecológica del litoral vasco es la retirada del proyecto de las sedes proyectadas del Museo Guggenheim Urdaibai (en Murueta) por su impacto sobre marismas protegidas. En el aspecto positivo, la concesión de licencias de pesca profesional para la angula se han paralizado gracias a los informes de situación de la especie, que se encuentra en peligro crítico y fuera de los límites de seguridad”, sostiene el informe.

Para Greenpeace, la solución pasa por una gestión costera adaptativa basada en “soluciones naturales que prioricen la restauración de la naturaleza frente a hormigón, espigones y diques que agravan la erosión, frenar el ladrillo en zonas inundables y en los últimos tramos libres de la costa, planificar la retirada de viviendas e infraestructuras expuestas, asumiendo que gastar millones en reponer arena artificial es económicamente inviable, gestionar ríos y embalses para que la arena natural vuelva a llegar a las playas y diseñar el futuro de la costa bajo criterios científicos y la participación social, alejándose de los intereses políticos a corto plazo”.

Greenpeace ha alertado del “grave peligro” que están sufriendo las costas andaluzas, con más de 46 puntos críticos y un 36% urbanizadas, según reza en su informe con un mapa en el que se puede visualizar el daño en el territorio. Así, el informe revela que el modelo de desarrollo basado en la ocupación física y el ladrillo ha dejado desprotegido al litoral frente a la “innegable crisis climática”.

Para la organización, con un 36% de la costa ya artificializada, la región “sufre las consecuencias de haber diseñado un urbanismo de espaldas a la dinámica costera y marina”. La eliminación de las dunas y parte de las playas por paseos marítimos y muros de hormigón ha destruido el escudo natural que disipa la energía del oleaje. Cuando los temporales golpean estas estructuras rígidas, la fuerza del agua rebota con mayor agresividad, acelerando la pérdida de arena y desnudando las playas.

De esta manera, el informe recoge que “a pesar de las evidencias de la destrucción, el ladrillo quiere conquistar los últimos paraísos vírgenes”. Proyectos como Sagitta en El Rompido (Cartaya), el acoso urbanístico en Tarifa o el proyecto para urbanizar las dunas de El Barronal (Marbella) “son sólo ejemplos de la voracidad del ladrillo”. “En el lado esperanzador, el hotel ilegal del Algarrobico debe ser demolido urgentemente, una vez anulada su licencia de obras tras 23 años de litigios”, ha asegurado.

“Ataques a la Ley de Costas”

Además, “este año se están produciendo ataques a la Ley de Costas por parte de casi todas las comunidades autónomas, entre las que figura Andalucía, y de partidos políticos que no son, o no quieren ser, conscientes de que el cambio climático ya ha llegado y es letal. Se habla de defensa del patrimonio para mantener construcciones en zonas de riesgo, pero se ignora la realidad física: ni el mar ni el cambio climático van a respetar las excepciones administrativas”.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una 'sentencia de muerte' para los municipios deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, ha declarado el Coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

Por otro lado, la sucesión de borrascas “golpeó con dureza la costa atlántica y mediterránea andaluza”. El número de playas afectadas es muy elevado, destacando algunos casos como el de la playa de Camposoto en San Fernando, regenerada artificialmente el año pasado; los destrozos en Matalascañas, con un paseo marítimo construído en primera línea de playa sobre un sistema de dunas móviles.

También, los daños en el espigón de Playa Motril, que costó casi seis millones de euros; o los daños en Adra y El Ejido. Según los cálculos de Greenpeace, las reparaciones en la costa andaluza han costado 48,3 millones de euros, un 20% del total estatal. “Insistir en estas regeneraciones mecánicas cada vez es más caro y dura menos. Sin un cambio de modelo es, literalmente, tirar el dinero público al mar”, ha aseverado.

Greenpeace ha destacado además que “el colapso de las playas no es solo un problema medioambiental, es también una amenaza directa a la economía y el empleo andaluz”. De los 8.666.412 habitantes que tiene Andalucía, el 41% se concentra en la costa, por lo que el sector de sol y playa concentra el 62% del empleo turístico en España. En provincias costeras como Málaga o Cádiz, la pérdida de un solo metro de playa seca equivale a la destrucción inmediata de entre 300 y 500 puestos de trabajo directos.

Así, si se cumplen las proyecciones para el año 2050, que prevén que el aumento del nivel del mar devorará hasta 25 metros de costa en el peor escenario, la economía andaluza se enfrentará a la destrucción de miles de empleos hoteleros y de servicios y “una parte nada desdeñable de su población se verá expuesta a los riesgos de estos eventos extremos”.

Biodiversidad marina y costera

La biodiversidad marina y costera andaluza también sufre una grave crisis, a juicio de la organización, provocada por la llegada de especies invasoras como el alga asiática, que causa problemas en muchas playas y en el sector pesquero. El aumento de la temperatura del agua está provocando el desplazamiento de especies hacia aguas más profundas para escapar de las altas temperaturas o la disminución del tamaño de especies como el boquerón o la sardina.

Frente a la inercia de seguir vertiendo hormigón para retener la arena, urge una transición hacia una gestión costera adaptativa. Esto implica aplicar moratorias urbanísticas reales para frenar cualquier nuevo proyecto en las pocas zonas libres de la costa andaluza o catalogadas como inundables.

También supone apostar de forma decidida por las Soluciones basadas en la Naturaleza, que permiten recuperar las playas y sus beneficiosas funciones naturales de protección. Ya hay algunos ejemplos positivos en Andalucía, como algún retranqueo de chiringuitos, para darle espacio a la playa, o el cuidado en Urbasur (Isla Cristina), que ha transformado la duna en un escudo de defensa natural de los temporales o la liberación de escombros e interferencia de relleno en la duna de El Cenicero, en Torrox, que impedían la circulación de la arena y que ya no necesitará el gasto público recurrente para sobrevivir.

“Para que su costa no se hunda, Andalucía debe elegir de forma urgente: seguir gastando millones en parches de arena artificial destinados a desaparecer o liderar una política climática valiente que proteja su futuro económico protegiendo primero su naturaleza”, ha añadido Berraquero.

Greenpeace acaba de presentar su informe “Destrucción a Toda Costa 2026” donde muestra los problemas que afronta la costa gallega. La franja costera de la comunidad se encuentra en un escenario de vulnerabilidad por la confluencia de la subida del nivel del mar, el incremento térmico de las aguas —que registró su primera ola de calor marina en mayo con temperaturas de hasta 6 °C sobre la media en el Cantábrico— y el aumento en la intensidad de las borrascas invernales. Por todo ello, Greenpeace señala que Galicia necesita una estrategia para la adaptación y conservación de la costa.

Principales problemas en la costa gallega

El informe señala 19 puntos críticos en la costa gallega y analiza cómo el desarrollo de la franja litoral se ha hecho de espaldas a la realidad que ahora toca afrontar: los impactos del cambio climático. Las olas de calor, marinas y terrestres, recorren la costa gallega. Hasta la fecha, y según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, cerca de 200 personas han perdido la vida en Galicia por causas atribuibles al calor.

En el mar, el calentamiento es aún más alarmante. En las estaciones científicas de Rande y Cortegada en las Rías Baixas se ha detectado incremento térmico de hasta 1,8 °C por década. Este aumento de temperatura debilita el afloramiento costero de aguas frías y profundas, y provoca el desplazamiento de especies. Según la Universidade de Vigo, hasta 63 especies están afectadas, destacando el congrio, la ostra o la vieira. Estudios del IEO-CSIC confirman que el aumento de la temperatura influye en la talla de la merluza, que está disminuyendo y estiman que de seguir la tendencia de calentamiento actual, hacia finales de siglo su talla de reproducción podría verse reducida entre 4 y 9 centímetros. A su vez, las invasiones vegetales degradan los fondos marinos: el alga asiática tiene uno de sus focos principales en A Coruña (frente a Durmideiras), expandiéndose hacia Oleiros y asfixiando a las comunidades locales de macroalgas atlánticas. A esto se suman las mortalidades de bivalvos registradas este invierno en la ría de Noia debido a la drástica bajada de salinidad provocada por las lluvias continuas.

El aumento del turismo está dejando su huella en la costa gallega. La concentración de escalas de grandes cruceros en las terminales de A Coruña y Vigo registran picos de afluencia muy alta que colapsan las ciudades sin dejar apenas beneficio para quienes las habitan.

Este año, asegura la organización ecologista, se están produciendo ataques a la Ley de Costas por parte de casi todas las comunidades autónomas a excepción de Asturias. La reforma del reglamento de aplicación se modifica por imposición de la Unión Europea que amenaza con una sanción a España si no se reduce el plazo de las concesiones que se otorgan y que según Europa suponen “una privatización encubierta del litoral” que atenta contra la competitividad.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una ”sentencia de muerte“ para los municipios o la industria pesquera no quieren respetar los estándares europeos, ni parece importarles que nos enfrentemos a una multa millonaria que pagaremos con dinero que sale de nuestro bolsillo”, declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas en Greenpeace.

Las borrascas invernales motivaron la declaración de zona de emergencia, requiriendo partidas del Ministerio para la Transición Ecológica para la regeneración artificial en arenales de Pontevedra como Praia América. Los daños estructurales también han afectado a edificaciones en primera línea en Miño. El punto más crítico se localiza en la playa y paseo de O Con, en Moaña, donde la fuerza hidráulica ha socavado el pavimento. En total, las reparaciones artificiales en la costa gallega han supuesto este año un coste de 6,4 millones de euros. Las regeneraciones artificiales no son una solución real porque suponen un elevado gasto millonario de dinero público en verter una arena que las próximas borrascas volverán a llevarse, ignorando que el mar no se frena con parches temporales sino con espacio para su dinámica natural.

“La costa gallega se enfrenta a una crisis climática que cada vez deja impactos más visibles y violentos. La Administración debe afrontar esta realidad para garantizar la supervivencia de su riqueza litoral”, añade Caballero.

Frente a las infraestructuras rígidas, los sistemas dunares se consolidan como la alternativa más viable para absorber la energía del mar. Municipios como Nigrán abogan por planes de adaptación y reubicación de infraestructuras en lugar de escolleras de piedra. El nuevo paseo fluvial de la ría de O Burgo ya integra zonas inundables controladas para disipar las mareas vivas. Por su parte, Sanxenxo ejecuta una estrategia integral combinando saneamiento hídrico con la restauración morfológica de dunas en Areas y Magor permitiendo que la arena recupere de forma natural el equilibrio dinámico frente al océano.

Greenpeace ha presentado este jueves su informe Destrucción a Toda Costa 2026, alertando de la grave crisis que sufre el litoral por los efectos cruzados de la presión humana y el cambio climático. Con proyecciones científicas que estiman una subida del océano cercana al metro para finales de siglo, unos 150 kilómetros de costa canaria se encuentran bajo riesgo inminente. Los 18 puntos más críticos aparecen recogidos en el siguiente mapa.

Principales problemas de la costa canaria

Este año se están produciendo ataques a la Ley de Costas por parte de casi todas las comunidades autónomas, entre las que figura Canarias, así como de partidos políticos que no son, o no quieren ser, conscientes de que el cambio climático ya ha llegado y es letal, señala Greenpeace. Se habla de defensa del patrimonio para mantener construcciones en zonas de riesgo, pero se ignora la realidad física: ni el mar ni el cambio climático van a respetar las excepciones administrativas.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una sentencia de muerte para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, declara María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

La actividad humana, prosigue la organización, destruye cada año cuatro kilómetros de costa natural debido a la artificialización, destacando conflictos como el macroproyecto Cuna del Alma en Adeje, investigado judicialmente por invadir la servidumbre de protección, las protestas contra el hotel La Tejita, por destruir dunas protegidas, o la orden de derribo del hotel Oliva Beach en Fuerteventura. El descontrol del suelo queda patente en los 1.419 expedientes de sanción abiertos por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en solo un año.

El azote de los temporales, como la borrasca Therese, que causó daños por ocho millones de euros y destrozó las piscinas naturales de La Laguna, ha desnudado la fragilidad de este litoral artificializado. Las lluvias provocaron vertidos masivos de aguas fecales en el sur de Tenerife y generaron áreas de hipoxia que asfixian los bancos de rodolitos, abunda Greenpeace.

Los problemas se extienden al mar, donde la biodiversidad padece alteraciones biológicas alarmantes. Colectivos científicos y la plataforma Salvar Punta Blanca, de la que Greenpeace forma parte, han denunciado el proyecto de la empresa Underwater Gardens en Tenerife como un flagrante ejercicio de lavado verde (greenwashing) que oculta un parque temático privado sobre la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca. La última noticia sobre la posible anulación de la Declaración de Interés Insular es una buena noticia, valora la organización.

Paralelamente, la reserva marina del norte de Lanzarote sufre el desplome de su biomasa pesquera por el cambio climático y la alteración de corrientes, que propicia la expansión de especies tropicales como la vieja (Sparisoma cretense) en detrimento de la caballa, mientras la Universidad de La Laguna confirma que el alza térmica daña a tres especies esenciales de macroalgas. Greenpeace celebra, no obstante, que el Cabildo de Gran Canaria haya frenado una macrogranja de lubinas en La Aldea para proteger el entorno y la pesca sostenible.

Greenpeace destaca también la agresión sufrida en la playa de la Veneguera (Gran Canaria) por los movimientos de tierra masivos de una filial del grupo Lopesan que está a la espera de la sanción de Costas.

Frente a infraestructuras obsoletas como el macropuerto de Fonsalía, que todavía no ha desaparecido del plan de puertos canarios, Greenpeace destaca soluciones basadas en la naturaleza y planes de retirada estratégica: la demolición del hotel abandonado de Añaza para renaturalizar el frente costero de Santa Cruz de Tenerife, la inversión de 1,2 millones en la playa de Las Caletillas (Candelaria, Tenerife) para habilitar accesos integrados sin escolleras y, de forma ejemplar, la gestión en La Cícer (Las Palmas de Gran Canaria), donde el Ayuntamiento evitó verter arena artificial al demostrarse científicamente que la propia hidrodinámica del mar recupera los sedimentos en primavera.

“La costa canaria se enfrenta a una crisis climática que cada vez deja impactos más visibles y violentos. La Administración debe afrontar esta realidad para garantizar la supervivencia de su riqueza litoral”, declara Caballero, responsable de la campaña de Adaptación de la Costa en Greenpeace.

Demandas de Greenpeace

El informe concluye que es urgente una gestión costera adaptativa basada en:

Activistas de Greenpeace han desplegado este viernes una pancarta gigante en el arco de Moncloa (Madrid) con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las palabras “Pedro, cumple tu palabra” para “recordarle” que “no debe ceder a la presión del lobby energético y empezar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en 2027”, según el comunicado emitido por la organización ecologista.

Aunque la central extremeña tenía previsto cerrar en el año 2027, el pasado jueves el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento hasta 2030. Las eléctricas copropietarias de la central, Iberdrola, Naturgy y Endesa, habían solicitado esta prórroga para una central que genera cerca del 15% de las necesidades eléctricas de la Comunidad de Madrid y el 7% de la demanda española.

“Como en Greenpeace entendemos que [Pedro Sánchez] tiene encima al oligopolio energético haciéndole una inmensa presión, nuestras escaladoras han querido ponerle el mensaje en grande y cerca de su oficina por si se le olvidara”, han ironizado los ecologistas.

La organización subraya que después del cierre de Amaraz, el Gobierno deberá cerrar progresivamente el resto de centrales españolas hasta terminar con la de Trillo (Guadalajara) en 2035. “Si no las cierra, el admirado modelo energético español, basado en el sol, el viento y el agua; se va al traste”, advierten.

La decisión final está ahora en manos del Gobierno que será el responsable de decidir si la central seguirá operando o no más allá de los plazos establecidos.

El pleno del CSN emitió un informe favorable “con condiciones” a la autorización, que se apoya en “la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad”. Las principales condiciones tienen que ver con el mantenimiento de personal necesario para cumplir las funciones de seguridad entre los años 2028 y 2030, toda vez se ha comprobado que existe combustible para cubrir la prórroga y que las instalaciones están en buen estado para mantener la seguridad, en base a 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN.

El deterioro de los bidones nucleares sumergidos en la Fosa Atlántica frente a la costa de Galicia es la única certeza que, de momento, ha aportado la nueva expedición submarina del Proyecto Nodssum. Una vez confirmada la situación, las respuestas –y quién tiene que darlas– siguen siendo una incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por aguardar a conocer más datos antes de tomar decisiones. Y Bruselas, espoleada por los diputados gallegos de PSOE y BNG, mira para otro lado: en junio, la Comisión Europea manifestaba que misiones como la liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés está fuera de sus competencias. Las nuevas iniciativas, probablemente, encuentren una respuesta similar.

“Conviene esperar”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que los “escapes y filtraciones” detectadas en los barriles son “señales preocupantes que generan una cierta intranquilidad” pero, aun así, se muestra extremadamente prudente. Las razones son dos y de carácter muy diferente: una, la dificultad técnica para cualquier operación que afecte a 220.000 contenedores situados a 4.000 metros por debajo de la superficie del Atlántico. La otra, el auténtico laberinto burocrático que siguen siendo las aguas internacionales.

“La información que se puede recoger de esta última expedición es lo suficientemente solvente desde el punto de vista técnico para tener una idea cabal de cuál sería el siguiente paso a dar”, responde a elDiario.es. Tras recordar que en el Proyecto Nodssum están presentes el Centro Nacional de Aceleradores y la Universitat de Girona, espera a conocer las conclusiones para saber “a quiénes y cómo corresponde tomar decisiones”. “Como mínimo, debemos saber cuál es el alcance de esas filtraciones”.

Una vez conocida la realidad, cualquier respuesta obligará a buscar soluciones de gran “complejidad técnica”. “Habrá que atender si la solución, en caso de valorar un traslado, generaría más complicaciones que el hecho de tenerlos bajo vigilancia”. La cuestión, para él, no es “que se los lleven”, sino “a dónde, cómo y en qué condiciones”.

El secretario de Estado recuerda que todavía en enero entró en vigor el Tratado BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, con sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que protege la biodiversidad marina en aguas internacionales que, “hasta fechas muy recientes” eran “un espacio de impunidad en el que nadie se hacía responsable de lo que pudiese suceder”. Lo usa para ejemplificar la otra pata de este rompecabezas cuando se le pregunta por una posible implicación tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea.

“Si ha sido prácticamente imposible encontrar una solución a Palomares [la caída de cuatro bombas nucleares en la localidad almeriense en 1966 tras un accidente aéreo] y hablamos de aguas bajo jurisdicción, imagine lo que sería identificar la responsabilidad de la toma de decisión de utilizar ese espacio [la Fosa Atlántica] como vertedero”. Morán se pregunta “a quién habría que reclamárselo si hubiese posibilidad”, si sería a una empresa o a un estado.

Por eso, “más allá de las complejidades técnicas y de seguridad, viene la identificación de las responsabilidades del hecho causado y las consecuencias económicas que se pudiesen derivar de una posible intervención”. Aun así, no niega que haya que acabar introduciéndose en el laberinto. “Si, en último término, hay que tomar una decisión que conlleve una asunción de responsabilidades y unos, hay que identificar quién debería asumirla. Eso es evidente”.

El artículo 35 del Tratado Euratom

El 25 de marzo de 1957 no sólo se firmó el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea –la CEE, la predecesora de la actual Unión Europea–. También se rubricó el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom. Nacía con los objetivos de desarrollar la investigación y difundir los conocimientos, establecer normas de seguridad para proteger a la población y los trabajadores y garantizar que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, “en particular, militares”.

Las demandas de intervención a la Comisión Europea se basan en el artículo 35 del Tratado Euratom: “Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

Ese es el artículo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha invocado en una nueva carta a la Comisión. El pasado verano, tras la primera incursión submarina del Proyecto Nodssum y el hallazgo de 600 barriles, Casares reclamó al órgano ejecutivo de la UE que se implicase en la misión, algo que había rechazado ya en varias ocasiones “a pesar de reconocer, ya en 2017, que no tenía conocimiento del estado de los residuos”.

“La Comisión Europea no puede permanecer al margen de estas investigaciones, habida cuenta de las potencialmente graves consecuencias ambientales transfronterizas que podrían derivarse del progresivo deterioro de estos bidones y de la eventual liberación de material radiactivo al medio marino”, ha insistido el parlamentario, que pidió además que se solicitasen los datos científicos obtenidos por Nodssum “con el fin de permitir una evaluación completa de la situación y determinar las actuaciones más adecuadas”.

Quien había obtenido ya una respuesta negativa del gobierno de la Unión fue la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Expediciones como la del CNRS “exceden el ámbito de aplicación del artículo 35 del Tratado Euratom”, le contestaron en la que fue su cuarta pregunta sobre los vertidos. Miranda, que ha presentado su quinta iniciativa tras las nuevas imágenes, consideraba entonces una “total inacción no sólo de la Comisión Europea, sino por parte del Estado Español” el no hacer “una investigación y una misión de control” como la francesa.

Ecos de la Guerra Fría

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, reclama a la Unión “un monitoreo continuo, en los plazos que digan los científicos, para saber qué pasa con esos bidones y si es peligroso”. “No lo parece porque el océano es enorme y, desgraciadamente, el vertedero de todos” y tanto la columna como la masa de agua “van a ir diluyendo” los radionucleidos. Santos demanda también una investigación “más exhaustiva” que garantice que los 220.000 contenedores guardan en su interior residuos de baja actividad como los 4.000 que han sido mapeados hasta el momento.

Con un punto de ironía, el ecologista recuerda que los barriles fueron arrojados al mar durante la Guerra Fría, “un contexto histórico que dice que puede haber muchas cosas”. Recuerda, por ejemplo, el caso del submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets, hundido en 1989 en el mar de Noruega donde permanece, a 1.680 metros de profundidad, en posición vertical Esta primavera, investigadores del país nórdico comprobaron cómo, 36 años después, el pecio sigue filtrando cesio y estroncio procedente de su reactor. Por casos como éste, Santos cree prioritario “certificar que en la Fosa Atlántica no hay nada más que lo que nos dijeron”.

Hace un año que la Xunta asumió los poderes sobre la gestión del litoral, el primer traspaso de competencias para Galicia en 17 años. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aprovechó el aniversario, el miércoles 1 de julio, para hacer un repaso de la actividad de estos 12 meses. Desde el parador de Muxía, una de las obras incluidas en el plan de inversiones posterior al hundimiento del Prestige, celebró la estabilidad y la aceleración de los trámites y destacó tres cuestiones: los permisos para actividad empresarial, la ampliación de la temporada de chiringuitos y la senda que recorre toda la costa gallega con la intención de atraer visitantes. Las asociaciones ecologistas hacen otro balance: el enfoque es económico, se orienta a la masificación turística y olvida la protección del entorno natural. La propia elección del parador como escenario y el contenido del discurso, dicen, lo confirman.

“Vivimos en la costa y podemos vivir de la costa”, afirmó el presidente gallego en el acto, en el que añadió una referencia vaga a que es necesario cuidar del litoral: “Para disfrutar nosotros, los que nos visitan ahora y en el futuro”. La gestión directa dio estabilidad a la cadena mar-industria (sector en el que se incluyen actividades como la conserva, las depuradoras y los astilleros), pero también a empresas relacionadas con el turismo y la hostelería, destacó Rueda.

Aportó también cifras: en este tiempo la Xunta resolvió más de 1.800 concesiones y autorizaciones para usos e instalaciones en la costa. Ha dado permiso para más de 900 servicios de temporada, buena parte de los cuales son chiringuitos, aunque también hay, por ejemplo, negocios para deportes acuáticos. No solo eso, el Gobierno gallego amplió el periodo en el que pueden funcionar, que ahora va desde Semana Santa al 31 de octubre de forma ininterrumpida, y destinó un millón de euros para que “sean más bonitos”, dijo Rueda. En cuanto a lo que el Gobierno gallego ha bautizado como el Camiño do Litoral, el presidente gallego destacó que son sendas que incluyen 1.300 kilómetros de la costa gallega -prácticamente toda-, desde Ribadeo hasta A Guarda. En realidad, la propuesta se basa en caminos que ya existían en el 90% de los casos. El objetivo, de nuevo, es que haya más visitantes.

La última novedad en este terreno se anunció hace unos días: la Xunta facilita los permisos para actividades como competiciones deportivas, eventos de interés turístico, conciertos y festivales que se realizan el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección. Además, ha eliminado el pago de tasas administrativas asociadas a la solicitud de ocupación temporal de la costa.

“La Xunta ha estado muy concentrada en el aspecto socioeconómico y muy poco en el cuidado ambiental y en la resiliencia, en un contexto de cambio climático en el que la costa es la primera barrera de protección”, dice el portavoz de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos. Repite que la costa gallega era ya un espacio “muy desprotegido” y que el Gobierno autonómico “no ha movido un dedo” ni en estos últimos años ni desde que tiene las competencias de gestión del litoral por aumentar esa resiliencia o por atender a cuestiones como el avance del mar, que indica que ya se ve en casos de viviendas que peligran en varios puntos porque el agua ha erosionado los acantilados sobre los que se construyeron.

Santos critica el enfoque de la Xunta y su Consellería de Medio Ambiente, extensible a los espacios naturales en general, de que el entorno es un reclamo para el turismo, en lugar de centrarse en su protección por sus valores intrínsecos. Un ejemplo de esto es la red de sendas en la costa, que es una apuesta por “llevar a gente a sitios a los que antes no llegaba, incluso a lugares casi vírgenes”. Que se haga en un entorno natural, avisa, no quiere decir que se pueda considerar turismo sostenible y cita los casos de la playa de As Catedrais o de las Cíes, que son ya destinos masificados.

En estas islas, recuerda, hay especies amenazadas, como la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), que está experimentando un declive dramático que ha hecho que los especialistas pidan catalogarla como en peligro de extinción. Eso, reprocha el portavoz de Greenpeace, no ha provocado reacción en el Gobierno gallego. Tampoco que las rías estén “cerca del colapso ecosistémico”, una situación que se hace evidente también en la bajada de producción.

Afrontar el cambio climático, “la absoluta prioridad”

El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, considera que la Xunta actúa con el orden de prioridades equivocado. Lo primero en la gestión del litoral, razona, es protegerlo, mantenerlo en buen estado y recuperar las zonas degradadas. “Después de eso es cuando viene el análisis de si puede haber aprovechamientos turísticos o chiringuitos”, dice. Añade que la industria tiene cabida en la costa, pero con el principio de que lo primero es la protección del entorno y de que “industria que vierte, industria que cierra”. Coincide con Santos en el papel clave de la costa para afrontar el cambio climático: “Es la absoluta prioridad”. Y en que no se han dado pasos en este sentido por parte del Gobierno gallego, al que pide retirar rellenos o espigones.

Eirexas rechaza lo que considera un modelo basado en el turismo masivo para la costa, en especial “sin un estudio previo de capacidad de carga”, es decir, sin un análisis de cuántos visitantes puede acoger Galicia en sus playas. “Ese [ser un reclamo turístico] no es el principal objetivo de un espacio natural”, señala y rechaza que se fomenten los chiringuitos o la reconversión en establecimientos turísticos de edificios que están en desuso. “La Consellería de Medio Ambiente no gestiona el turismo, pero parece que está para que nada estorbe a otros intereses que no son los ambientales”, zanja.

Santos agrega que comprende que, en estos primeros 12 meses, buena parte de la atención de la Xunta en la gestión del litoral la hayan acaparado los trámites administrativos o la gestión de las concesiones, pero avisa de que ni hay que mantenerlas todas —cita, en concreto, el caso de Ence, con la reclamación histórica de que salga de la ría de Pontevedra— ni hay que confundir simplificación administrativa con “impunidad”.

Unas competencias muy peleadas

Galicia asumió las competencias sobre la gestión de la costa el 1 de julio de 2025. Era el primer traspaso en 17 años, tras un periodo en el que la Xunta, dirigida por Alberto Núñez Feijóo, relegó la ampliación de los asuntos que dependen directamente de la comunidad. En septiembre de 2022, Alfonso Rueda, ya al frente del Gobierno gallego, anunció que iba a redactar una ley del litoral. Era una reacción a la negativa del Ejecutivo central de traspasar las competencias en la materia, una histórica reivindicación de la izquierda gallega que el PP había hecho suya en medio de su oposición a la ley estatal de cambio climático que temía que iba a limitar la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra —el Supremo acabó avalando que la celulosa se mantenga en su ubicación actual—.

El Gobierno central recurrió la ley gallega del litoral cuando fue aprobada. Consideraba que se reducía de forma indebida la protección y que la comunidad se estaba atribuyendo más competencias de las que le reconocía su Estatuto. El Tribunal Constitucional dio la razón a Galicia y se abrió entonces la negociación que culminó con el traspaso el año pasado.

En el acto oficial del traspaso, Rueda ya adelantó cuáles iban a ser los puntos de atención para la Xunta: “A las más de 4.000 edificaciones, a las 100 empresas de la cadena mar-industria, a toda la vida económica, a todo el enorme respeto con el que cuidamos nuestro entorno natural le faltaba la capacidad de gestión que acerca la cercanía”.