La Fiscalía pide cinco años de prisión a activistas de Greenpeace por una protesta contra un barco gasero en Sagunt
La Fiscalía pide cinco años de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos contra 11 activistas de Greenpeace por una protesta celebrada contra un barco gasero en el Puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021. Se trata de un “juicio histórico”, previsto el próximo 23 de septiembre ante la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València, una vista oral que contará con observadores independientes de Amnistía Internacional, dadas las implicaciones del caso en relación con el derecho a la protesta, según ha anunciado la organización ecologista.
El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce que los hechos acaecieron “en el marco de una protesta sobre protección del medio ambiente”, aunque apostilla que los ecologistas se manifestaron “a sabiendas” de la “gravedad” de la acción, que consistió en bloquear durante gran parte de la jornada el acceso al puerto del buque gasero Merchant, proveniente de EEUU y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas extraído mediante la técnica del fracking.
La acusación pública relata que los activistas arriaron del buque Esperanza, perteneciente a Greenpeace, cuatro lanchas neumáticas semirrígidas que se aproximaron al Merchant, “entorpeciendo la navegación del mismo”, y realizaron dos pintadas reivindicativas en el barco gasero.
Las patrulleras del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil intentaron, sin éxito, “evitar o minimizar la acción”. Por su parte, el buque de Greenpeace aprovechó la coyuntura para fondear en el interior del Puerto de Sagunt para entorpecer la entrada del gasero.
Un activista se encadenó a una de las anclas del Esperanza, “obligando al carguero Merchant a abortar la maniobra de acceso al Puerto y dirigirse de nuevo a fondeo”. A su vez, las cuatro lanchas de la organización ecologista consiguieron acceder a la dársena.
El Ministerio Fiscal sostiene que el capitán del buque Esperanza se negó a cumplir las órdenes de las patrulleras del Instituto Armado. Poco después del mediodía, dos agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la cabina de mando y reiteraron las órdenes al capitán, que hizo “de nuevo caso omiso”.
Más de cinco horas después, con autorización de la Capitanía Marítima de València, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite de la Guardia Civil, abordaron el barco y, ante la negativa del capitán, “se procedió a la fractura de la puerta” del puente de mando y, tras la toma del control de la embarcación, a su atraque mediante remolcadores en el Puerto de Sagunt.
El buque gasero, tras la acción de desobediencia civil, pudo atracar finalmente a las 23.35. “Los hechos relatados fueron llevados a cabo por los acusados en el marco de una protesta sobre protección del medio ambiente, con previo acuerdo y con conocimiento de la peligrosidad de las maniobras ejecutadas y ocasionaron la inoperatividad del muelle de la planta de regasificación del puerto durante horas”, concluye la acusación pública, que pide una indemnización de 39.542 euros en materia de responsabilidad civil.
El escrito de la defensa, al que también ha tenido acceso este diario, argumenta que se trataba de una “acción de protesta pacífica” sin más intención que el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación. Los activistas de Greenpeace —“entidad reconocida en todo el mundo por su defensa de la paz y el medio ambiente”— se limitaron a expresar su “disconformidad con la actividad que realizan este tipo de buques”.
La defensa, que solicita la libre absolución de los acusados, alega que los hechos relatados por el Ministerio Público “no son constitutivos de delito”.
La protesta no causó “ningún peligro”, según Greenpeace
Además, recuerda que el único detenido por la Guardia Civil fue el capitán del barco, mientras que el resto de activistas, provenientes de ocho países, regresaron al buque Esperanza sin ser arrestados.
“En consecuencia, decae el relato de la acusación respecto a que los integrantes de las tripulaciones de las lanchas Zodiac que se encontraban en las proximidades del buque metanero Merchant realizaran ninguna actividad que se encuadrara fuera de su único objetivo, que era llamar la atención sobre el suministro de sustancias que inciden gravemente en la producción del cambio climático”, afirma el escrito.
Por otro lado, la defensa recuerda que no se produjo “incidente alguno” ni “situación de tensión” o de “confrontación” entre los activistas y los uniformados de la Guardia Civil.
“La conducta de los acusados desde sus embarcaciones Zodiac en ningún momento causó ningún peligro, ni interfirió para nada en las actividades del puerto de Sagunto, limitándose única y exclusivamente a ejercer su derecho de manifestación”, apostilla.
Un juicio “insólito y preocupante”
Greenpeace considera que se trata de “uno de los juicios más insólitos y preocupantes que se recuerdan en la historia reciente de los movimientos sociales” en defensa del medio ambiente. Y eso que, desde 2020, hasta 30 activistas se han visto envueltos en procedimientos penales en España vinculados a protestas pacíficas.
La organización ecologista ha convocado la víspera del juicio una rueda de prensa en el rompehielos Arctic Sunrise, en el Puerto de València, y un evento con media decena de relatores de la ONU en apoyo a los activistas acusados.
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