Una obra ilegal ha impedido a la Villa de Santa Brígida, el municipio más rico de Canarias con una renta media por habitante de 27.575 euros según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sacar adelante sus presupuestos en el último lustro, al tener que pagar 20 millones de euros en los últimos años en indemnizaciones a empresas por permitir la construcción en su casco urbano del denominado ‘mamotreto’, y tener que paralizar esa obra por ilegal.

Ahora, 23 años después de la modificación de un anteproyecto que propició ese desastre urbanístico, el grupo de gobierno -formado por cuatro partidos (Partido Popular -que ostenta la alcaldía- Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Ciudadanos y Plataforma Vecinal por Santa Brígida)- vuelve a la casilla de salida y tiene en sus manos determinar el uso que se dará a ese espacio público. Y el debate vuelve a rondar la misma cuestión que acabó en una obra ilegal y paralizada: cuánto uso comercial se destina a un espacio público en pleno casco urbano del municipio.

Desde hace más de una década, en el centro de Santa Brígida se erigen unos cimientos de hormigón que pretendían convertirse en un centro comercial, con un supermercado bajo rasante, una obra que nunca debió existir porque la normativa no permitía dotar de ese uso al suelo. El escollo se hallaba inicialmente en las Normas Subsidiarias del municipio que estableció que, en los más de 15.000 metros cuadrados que ocupaba su antiguo campo de fútbol, se debían construir aparcamientos subterráneos, una plaza pública, locales comerciales y unos multicines.

Pero las empresas adjudicatarias del concurso, por 9,8 millones de euros, no tuvieron ningún interés en llevar a cabo los multicines, de obligado cumplimiento, y realizaron sucesivas transformaciones del proyecto para enfocarse a su verdadero objetivo: un centro comercial con un supermercado de 2.200 metros cuadrados, el cual ni siquiera estaba contemplado en el proyecto. Y mucho menos en las normativas urbanísticas.

En 2009 se paralizaron las obras y comenzaron batallas judiciales que finalizaron en 2018, tras una sentencia que declaró la nulidad del contrato entre la UTE encabezada por FCC y el ayuntamiento. El fallo devolvía el edificio a manos municipales y ponía fin a un pago de más de 3.000 euros diarios por parte de la administración que habían asumido casi sin rechistar anteriores gobiernos municipales del PP. El juzgado impuso un pago de 5,6 millones de euros de indemnización y supuso un ahorro de 37 millones según el alcalde en ese entonces, José Armengol (de la confluencia Ando Sataute).

Ahora, desde la oposición a pesar de haber sido la fuerza más votada en el municipio, Ando Sataute lamenta que se desestimara una moción de su grupo en la que reclamaba que se facilitara toda la información respecto al estado del edificio, un estudio de las necesidades reales del municipio, que se configurara un grupo de expertos que asesoraran durante el proceso y que se estableciera una metodología que garantizara la participación y el consenso entre los ciudadanos y la totalidad del Consistorio para decidir el futuro uso de esa espacio inerte en el centro del pueblo. “La decisión va a condicionar a Santa Brígida a largo plazo, más allá de 20 años. La ciudadanía ha soportado esto durante mucho tiempo, lo menos que se puede hacer es dejar que manifieste su opinión”, afirma Armengol.

Para el concejal de Presidencia del municipio, José Manuel Rodríguez (PP), el debate sobre la participación “está envenenado” porque considera que se “puede retrasar todo el procedimiento”. A su juicio, “la mayor prioridad que tienen los vecinos es que pongamos esto en marcha; la gente de menos de 25 años lo ha conocido como está ahora y esto es más de una generación”. En cambio, aboga por mantener reuniones con todos los grupos presentes en el ayuntamiento, con todas las asociaciones de vecinos, con empresarios o comerciantes.

Aunque aún no se sabe qué uso tendrá el ‘mamotreto’ pues “se está consensuando y no hay nada decidido”, explica Rodríguez, por ahora ni siquiera se descarta la opción de construir el centro comercial o un supermercado como “Hiperdino o Mercadona”, porque “funciona como polo de atracción para toda la zona central” de la isla.

Pero también valora otras opciones, como llevar a cabo “un espacio polifuncional dedicado a temas culturales, con una sala de exposiciones, por ejemplo”, que a su vez “se combine con una actividad comercial que contribuya al sostén del gasto que se genera de mantenimiento de un espacio como este”. Así, expone la posibilidad de establecer locales y alquilarlos “para obtener un rendimiento”, o de espacios “de coworking, de star-up, de empresas que necesitan compartir espacios”, según Rodríguez.

Pero todo esto “se meterá en una caja y se elaborará un plan de viabilidad” porque lo que no quiere el gobierno del municipio “es equivocarse”, asegura Rodríguez. Lo que sí tiene claro es que ese espacio pueda convertirse en un centro cívico que quede integrado con la zona comercial abierta proyectada para el municipio y que transformará el centro de la Villa: con más peatonalización, eliminando aceras y construyendo plataformas únicas, pero manteniendo el equilibrio con los carriles para los vehículos. También espera que el aparcamiento con 525 plazas abra previsiblemente este 2020, tras años de abandono.

Pero por ahora, los trabajos se centran en limpiar y adecuar los alrededores, cambiando el vallado exterior y “en febrero o marzo” el Ayuntamiento espera aprobar sus primeros presupuestos en cinco años, lo que les permitirá realizar inversiones. En cualquier caso, las actuaciones que se acometerán serán parciales, con intervenciones sectorizadas pues “todo esto no se va a poder ejecutar ni en un año ni en dos, es a largo plazo”, explica Rodríguez.

Armengol asegura que en estos momentos, tras años de litigios judiciales y multas millonarias, la situación es “de preferencia”, pero matiza que se deben meditar muy bien las decisiones que se tomen para evitar volver a una situación de partida. Por ello, aboga por decisiones “sopesadas y con el máximo consenso posible”, ya que estima que “si las cosas se hacen de forma apresurada, quizás son traicioneras”. Como cuando el anteproyecto original de hace 23 años acabó en una obra ilegal y ese ‘mamotreto’.

Doce años después de que diera comienzo la investigación del denominado caso Brisan, de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida gobernado por el Partido Popular (PP) entre los años 2000 y 2006, los cuatro encausados han sido absueltos de los delitos de los que les acusaba la Fiscalía.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con el magistrado Carlos Vielba como ponente, no ha considerado acreditada la existencia de una trama de facturas falsas en la corporación de medianías y ha exonerado de cualquier responsabilidad penal a Luis Troya, concejal de Vías y Obras en la época de los hechos; al empresario Pedro Morales, dueño de la ferretería que, según el Ministerio Público, facturó por servicios no realizados en connivencia con el edil, y los interventores accidentales Santiago y Jacinto Hernández, a quienes se les acusaba de no haber puesto reparos a estas operaciones.

Para la Sala, de la prueba practicada durante el juicio, celebrado a mediados del pasado mes de septiembre, no se ha podido demostrar la confabulación entre concejal y empresario para defraudar y lucrarse de las arcas públicas: ni la falsedad de las facturas, ni que los servicios no se prestaran, ni que las mercancías no se entregaran. Para los magistrados de la Sección Sexta, la declaración de los testigos ha acreditado “justo lo contrario”.

La Fiscalía, representada en esta causa por Miguel Pallarés, sostenía que, guiado por el ánimo de lucro, Troya acordó con Morales la emisión de facturas con cargo al Ayuntamiento, siempre a nombre de la ferretería que regentaba el empresario, Morales Ravelo e Hijos, correspondientes a suministros y transportes no efectuados. El concejal de Vías y Obras firmó 255 autorizaciones de gasto y otros ediles, 465. Según la acusación, el importe de las facturas falsas ascendió a 40.494,47 euros.

Para el representante del Ministerio Público, el contrato de arrendamiento firmado entre ambos acusados, por el que Morales le cedía el local a Troya para su empresa recién constituida, Ferretería Las Casillas, y se reservaba una parte de las instalaciones, encubría un plan para que el entonces concejal del PP se “autocontratara” desde la corporación y se lucrara.

La Audiencia Provincial se muestra crítica con el escrito de calificación del fiscal y remarca que su “relato genérico” de los hechos adolece de imprecisiones y no relaciona documento a documento las facturas a las que atribuye la falsedad por servicios de transporte que afirma que no fueron prestados. “No se aportan vales ni albaranes que determinen la emisión de las facturas. Mal cabe tachar de mendaces unas facturas cuando los documentos en los que se basa no se aportan. No se identifica ni una firma falsa”, reza una resolución judicial que subraya los fallos en la exposición del fiscal (referirse a euros cuando se habla de pesetas) y que defiende que los testigos han desmontado la tesis de la falsedad de la única factura firmada por Troya que se concreta en el escrito de acusación.

Los magistrados no aceptan como prueba de cargo el elevado número de firmas del concejal acusado, al desconocer el funcionamiento interno del Ayuntamiento, si existía una Relación de Puestos de Trabajo e, incluso, el número de concejalías y oficinas gestoras.

La sentencia señala, además, que la ferretería de Morales venía siendo proveedora del Ayuntamiento “mucho tiempo antes” de que Troya accediera al gobierno municipal y, “a falta de prueba” contraria, presume que los servicios cuestionados fueron efectivamente prestados.

Fragmentación de los contratos

La resolución judicial reconoce que el Ayuntamiento de Santa Brígida fragmentó el contrato para saltarse la legislación en la materia, que por entonces obligaba a sacar a concurso los gastos superiores a 12.000 euros. Sin embargo, la Sala enfatiza que la Audiencia de Cuentas mencionó en el informe que da origen a esta causa otros once supuestos similares, entre ellos uno que afecta a otra ferretería, lo que, a su juicio, “desmiente el aserto de proveedor único” de la empresa de Pedro Morales. Los magistrados recurren a las explicaciones del perito de parte, Rafael Cabrera, para justificar que este fraccionamiento de contratos era habitual en los ayuntamientos pequeños, donde no existía la posibilidad de hacer contratos periódicos ante la falta de crédito presupuestario suficiente. Según esta tesis, el dolo, el engaño o la manipulación, se desvanece cuando estas prácticas no resultan extrañas en una corporación local de reducidas dimensiones, “por más que sea irregular no promover concursos públicos”, además de que no se corresponde con una actuación exclusiva del concejal acusado. “Tampoco se sabe si a Troya le encomendaron funciones de contratación”, recoge la resolución.

La Fiscalía pedía para el exconcejal de Vías y Obras de Santa Brígida cinco años de cárcel y 27 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y prevaricación. Para el empresario Morales, solicitaba por los dos primeros tipos dos años y medio de prisión y seis de inhabilitación, mientras que los interventores accidentales se enfrentaban a una pena de cinco años de cárcel, quince de inhabilitación absoluta y diez para cualquier empleo o cargo público que implique administración de caudales.

La sentencia no es firme. Contra ella se puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El caso Brisan, una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida gobernado por el Partido Popular (PP) entre los años 2000 y 2006, ha quedado este jueves visto para sentencia. La tercera y última sesión del juicio ha tenido como protagonista a Lucas Bravo de Laguna, concejal del municipio de medianías entre 1999 y 2007 y alcalde entre 2007 y 2013 en las filas de un partido, el conservador, que abandonó en 2017, previo paso por el Cabildo de Gran Canaria, para dedicarse a sus negocios deportivos (área de la que fue consejero en la corporación insular) y, posteriormente, enrolarse en Unidos, la formación política que lidera su padre, el histórico José Miguel Bravo de Laguna, y con la que se presentó a las pasadas elecciones (en alianza con Coalición Canaria), obteniendo un escaño en el Parlamento regional.

El exregidor satauteño, a quien el magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria dejó en 2014 fuera del caso después de ser señalado por la Guardia Civil en una de las piezas en las que se desgajó el procedimiento, ha declarado como testigo para echar un capote al exconcejal de Vías y Obras Luis Troya, que se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel y un total de 27 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El exedil del PP está acusado de “enriquecerse de forma ilícita” a través de las facturas giradas por el Ayuntamiento a una empresa de ferretería que acabaría arrendando, la de Morales Ravelo e Hijos, por “servicios no prestados”.

En su comparecencia, Lucas Bravo de Laguna ha justificado la falta de control municipal y de procedimientos sobre las facturas de suministro de materiales y transportes en la época enjuiciada. “Sobraban, desde la buena fe siempre”, ha manifestado el exconcejal y regidor satauteño, que ha explicado que, “cuando los contratos eran menores, no había un expediente concreto. A lo mejor se pedían varias ofertas o se recurría directamente al proveedor habitual”.

En el informe de fiscalización que se sitúa en el origen de esta pieza, la Audiencia de Cuentas detectó numerosas irregularidades en la tramitación de los pagos por parte del Ayuntamiento. Entre ellas, el fraccionamiento de contratos -con importes inferiores a los 12.024 euros- para poder adjudicarlos hasta en doce ocasiones a la misma ferretería sin necesidad de sacarlos a concurso. La Fiscalía sostiene que Troya y el empresario Morales, actuando de común acuerdo, facturaron al Ayuntamiento hasta en 260 ocasiones durante esos seis años y cuantifica en al menos 40.000 euros la cifra que ambos procesados se embolsaron a través de facturas falsas.

Lucas Bravo, que también firmó algunas facturas giradas por la mencionada empresa cuando ostentó responsabilidades en el área de Limpieza, Agua y Alumbrado, ha reconocido que, en 2007, a raíz de las primeras denuncias y de las recomendaciones de los técnicos de la corporación nada más asumir el bastón de mando municipal, se revisaron los procedimientos para “asegurar que no se cometía ninguna infracción”. El actual diputado regional ha asegurado que, en su época de edil, “si se pedía un servicio y se realizaba, venía confirmado por el capataz, pasaba por la Concejalía, se firmaba y se mandaba a Intervención para entrar en comisión o junta de gobierno y pago”. El testigo ha dicho desconocer si se abrían expedientes de contratación, aunque ha recordado que el encargado de “todos los trámites administrativos” en las grandes adjudicaciones era un funcionario, de nombre Pascual, perteneciente al grupo A1.

El exalcalde de la villa satauteña ha negado haber recibido presiones o indicaciones de su compañero Luis Troya para firmar facturas a favor de la empresa de Morales Ravelo y ha precisado que la corporación recurría a esta ferretería no solo porque en el municipio había pocos establecimientos de este tipo y con esos suministros, sino, además, porque daba facilidades de pago al Ayuntamiento. “Era la costumbre”, incluso antes de que obtuviera acta de concejal, ha redundado Lucas Bravo de Laguna, que también ha remarcado que en la actualidad los plazos de abono son más estrictos, pero “antiguamente no era tan sencillo”.

“Un suministro para un Ayuntamiento es algo muy sencillo, no es la panacea. Obviamente, para una obra del día es mejor tener los materiales en el municipio que no tener que ir a Las Palmas o a San Mateo”, ha añadido, “en el día a día, por cuestiones climatológicas o de orden de trabajo, se puede romper un saneamiento y no lo tienes en el almacén, vas comprando en función de las necesidades”.

Los auditores y los informes

Además de Lucas Bravo de Laguna, en la sesión de este jueves declararon otros cinco testigos de la defensa, todos trabajadores o extrabajadores de Pedro Morales, para tratar de demostrar que los servicios de transporte cuestionados por la Guardia Civil y por la Fiscalía fueron efectivamente realizados. También comparecieron cinco peritos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, entre ellos el redactor del informe que corroboró la existencia de “un problema grave de incumplimiento de la legalidad” y una “debilidad de control interno” en el Ayuntamiento de Santa Brígida con relación a los contratos de suministro y de servicios. La Comisión de Calidad del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma llegó a solicitar un informe jurídico ante los indicios de responsabilidad contable y penal detectados por este auditor, José Enrique Salvador, aunque finalmente no se redactó porque el caso ya había sido judicializado y trasladado al Tribunal de Cuentas, según coincidieron en afirmar los otros miembros de la Audiencia.

El juicio concluyó con la lectura de los informes finales. Miguel Pallarés, representante del Ministerio Público, consideró acreditados los hechos y el desfalco a las arcas públicas. “Nadie después del juicio puede entender que un Ayuntamiento funcione como funcionaba el de Santa Brígida. Cada uno contactaba y se servía con quien quería y sin ninguna justificación”. El fiscal ha señalado que la trama, urdida durante años y frenada por la denuncia de una concejala y un informe de la Audiencia de Cuentas, fue tan “burda”, tan “fácilmente demostrable” como comprobar la manera en la que el concejal Luis Troya “se autocontrataba” después de haber firmado el contrato de arrendamiento con el empresario Pedro Morales para hacer uso de sus dependencias, de su número de teléfono e, incluso, de las facturas con sus membretes.

Para Pallarés, toda esta maquinación se pudo llevar a cabo gracias a “la dejación de funciones” de los interventores accidentales, los también encausados Santiago y Jacinto Hernández, quienes, en opinión del fiscal, incumplieron sus deberes de control previo de legalidad para advertir, entre otras cuestiones, del fraccionamiento de contratos para evitar los concursos.

Pallarés solo ha introducido un cambio en sus conclusiones definitivas. El fiscal ha incrementado la pena de inhabilitación por uno de los delitos de los diez a los doce años y un día.

Las defensas, por su parte, han lamentado la “inconcreción” del relato del Ministerio Público y han sostenido que la acusación no ha podido probar ni una sola de las falsedades que atribuye a los procesados, puesto que todos los servicios mencionados “se realizaron”, según ratificaron varios de los testigos que comparecieron en la vista. “Con los medios que tenía el Ayuntamiento, un camión que solo podía transportar 10 toneladas y una cuba de agua que parecía una cantimplora, era imposible realizar las obras”, han señalado para reiterar esa tesis.

Ninguno de los cuatro procesados en el caso Brisan (iniciales de Santa Brígida, al revés) ha hecho uso del derecho a la última palabra.

“No había control al adquirir los materiales para las obras. No había contrato, concurso, expedientes, ni nada. Se miraba qué se necesitaba y si había dinero se compraba”. Un total de 19 capataces, albañiles, conductores y otros profesionales del Ayuntamiento de Santa Brígida han declarado este miércoles como testigos en la segunda sesión del juicio del caso Brisan, por el que se acusa al exconcejal del PP de Vías y Obras del municipio, Luis Troya, de malversación y falsedad documental al firmar entre el 2000 y 2006, durante la Alcaldía de Carmelo Vega, facturas falsas en concepto de materiales de construcción y transportes por servicios no prestados solo para “enriquecerse de forma ilícita”, al haber arrendado parte de la ferretería Morales Ravelo, la principal suministradora de la corporación municipal entre 2000 y 2006.

Los testigos han evidenciado en el juicio el descontrol que existía en el Ayuntamiento al comprar los materiales. “Yo no tenía contratos con el Ayuntamiento. Venían, compraban y ya está”, señaló el dueño de otra de las ferreterías del municipio. El concejal de Deportes, Juan Umpiérrez (Plataforma Vecinal de Santa Brígida), que también formó parte del equipo de Gobierno durante los años en los que se habría desarrollado la trama Brisan, reconoció que la falta de presupuestos suficientes impedía e impide aún hoy que las relaciones comerciales con las ferreterías se formalicen en forma de contrato de suministro a través de un concurso público.

“Se compra en distintas ferreterías hasta que llega al tope permitido por la Ley”, puntualizó Umpiérrez. En esta línea, un informe elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias tras una auditoría sostiene que en doce ocasiones se procedió al fraccionamiento de los pagos a la empresa Morales Ravelo para posibilitar relaciones comerciales sin contrato al tratarse de cantidades que superaban el límite de la contratación directa sin licitación (12.020,24 euros).

Dos ferreterías, un teléfono, un edificio y las mismas facturas

La ferretería Morales Ravelo, del empresario y también acusado Pedro Morales, ha sido desde principios de los años 80 la principal suministradora del Ayuntamiento de Santa Brígida. Sin embargo, en 2003, Luis Troya arrendó parte de la compañía para constituir la sociedad limitada Las Casillas. Ambos investigados insisten en que se trata de dos negocios totalmente diferentes y que, dada la condición de concejal que tenía entonces el político, Las Casillas nunca suministró materiales a la corporación. Sin embargo, las declaraciones de los testigos han puesto en duda tanto la ausencia de relaciones comerciales entre el Ayuntamiento y la empresa de Troya, como la distinción evidente que los acusados aseguran que existe entre ambas empresas.

“Es una sola ferretería con el logo de Las Casillas. Tiene dos plantas: arriba se despachan herramientas y abajo material de construcción como áridos o tierra”, “Yo creo que es la misma, Morales y Troya son suegro y nuero”, afirmaron dos testigos. Por el contrario, otros trabajadores aseguraron que se trata de negocios distintos: “Cuando íbamos a comprar teníamos que ir a sitios diferentes a hacer los vales. En Morales Ravelo comprábamos áridos y en Las Casillas materiales de ferretería”.

El abogado que asesoró al exconcejal del PP cuando este quería constituir una empresa también estuvo presente en la segunda sesión del juicio, insistiendo en que “el edificio no mantiene la unidad” y que los negocios están separados. Sin embargo, en un documento elaborado por el jurista y que le fue exhibido, él mismo afirmaba lo contrario: que se trata de una instalación unificada. “Está claro que la redacción no fue la correcta”, apuntó el letrado.

En la primera sesión del juicio, uno de los agentes de la Guardia Civil que prestó declaración como testigo aseguró que durante su intervención en la ferretería, había localizado facturas con el membrete de Morales Ravelo S. L. en la zona que teóricamente corresponde a Las Casillas S. L. Asimismo, además de edificio, las dos empresas comparten un mismo número de teléfono que, según el exconcejal, se mantiene por ser la línea que ya conocen los clientes.

Tampoco hay consenso sobre los vehículos que transportaban los materiales de obra. Uno de los puntos que sostiene la acusación es que se firmaban facturas en concepto de transporte por cargas que podían ser asumidas por los camiones del Ayuntamiento. Es el caso de la cifra más abultada que se localizó en las facturas intervenidas, 6.522 euros por un traslado de materiales desde la ferretería de Morales Ravelo hasta el almacén de la corporación.

En este contexto, algunos testigos se mostraron convencidos de que los camiones del Ayuntamiento cuentan con la capacidad suficiente como para llevar los recursos de obra comprados y que solo en ocasiones muy puntuales se contrataban servicios privados. Por el contrario, también hay trabajadores que mantienen que la carga máxima que soportan los vehículos públicos es de 17.000 kilos. Por lo que en caso de edificaciones grandes los traslados los hacían camiones de Morales Ravelo. Es el caso del campo de fútbol provisional que se instaló para sustituir al que se derribó con la intención de crear el centro comercial de Santa Brígida, conocido como el 'mamotreto'.

La custodia de las facturas

Una de las incógnitas que sigue sin despejarse en esta presunta trama de corrupción es conocer a quién correspondía la función de comprobar la veracidad de las facturas. Los dos interventores implicados, acusados de firmar órdenes de pago sin formular reparo alguno “conociendo las graves irregularidades de estas”, insistieron en la primera sesión del juicio en que su labor es dar el visto bueno a la corrección formal de las facturas, y no a la certeza de sus contenidos. Este jueves, el entonces auxiliar administrativo del almacén del Ayuntamiento también ha afirmado que esa tampoco era su responsabilidad, a pesar de que en gran parte de las ocasiones los trabajadores, tal y como han relatado en sus declaraciones, dejaran las facturas, vales y albaranes en este local.

La tercera y última sesión del juicio tendrá lugar este jueves a las 9.45 horas en la sala 25 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El exconcejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santa Brígida, Luis Troya (PP), se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados junto al empresario Pedro Morales y los interventores municipales Santiago y Jacinto Hernández por el caso Brisan (por las primeras sílabas del municipio al revés). La Fiscalía pide para él cinco años de prisión y quince de inhabilitación por un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsificación de documento mercantil. Según la acusación, Troya presentó al Ayuntamiento entre 2000 y 2005 facturas de pago que suman 40.494,47 euros con el concepto de transporte y materiales suministrados por la ferretería de Morales que “nunca existieron” y cuyo fin único era “enriquecerse de manera ilícita”, al haber arrendado Troya parte de la compañía. Por su parte, el político afirma que, en el caso de 2003, el aumento de facturación relacionada con materiales de construcción se corresponde a “obras electoralistas” durante el mandato de Carmelo Vega. “Cuando hay elecciones siempre se hacen más obras, eso pasa en todos los ayuntamientos”, afirmó el acusado.

Un informe de fiscalización elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias y presentado al Ayuntamiento tras una auditoría alertaba de que se estaban fraccionando pagos a la Ferretería Morales Ravelo para “evitar la salida a concurso y posibilitar la contratación directa”, ya que el máximo permitido por la ley para la contratación directa sin licitación es de 12.020,24 euros. Entre estos datos figuran adquisiciones de materiales a la empresa de Morales por 23.902 euros en 2000, 186.568 en 2001, 154.437 en 2002, 65.534 en 2003, 119.295 en 2004, y 98.22 en 2005. Cifras que, según la defensa del exconcejal, corresponden a cómputos globales de todo el Ayuntamiento y no exclusivamente de las concejalías que dirigió Troya en ese intervalo de tiempo: Vías y Obras (1999-2003), Medio Ambiente, y Parques y Jardines (2004). Además, fue teniente de alcalde en 2005 y en 2006 desempeñó el cargo de alcalde accidental en ocasiones puntuales.

Dos ferreterías en una

En 2003, Luis Troya constituyó la Sociedad Limitada Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas para “comprarle el negocio” a Morales. Sin embargo, ante la imposibilidad de suministrar materiales al Ayuntamiento por su condición de concejal, la empresa Morales Ravelo cedió parte de sus instalaciones a la empresa de Troya pero conservó una oficina y una dependencia exterior. El propósito, según la acusación, era “mantener formalmente” la existencia de la sociedad y utilizar sus membretes y facturas para continuar prestando servicios a la corporación municipal, pese a que la auténtica distribuidora fuera Las Casillas, “eludiendo así la prohibición de contratación” con la empresa de Troya por ostentar este un cargo.

Los dos acusados insistieron durante toda la sesión en que se trata de dos ferreterías diferentes. Sin embargo, dos agentes de la Guardia Civil que elaboraron el atestado de más de ocho mil páginas y que prestaron este martes su declaración como testigos, afirmaron que “por fuera parece una ferretería” y por dentro se puede acceder a las dos empresas, porque están unificadas. Asimismo, uno de los agentes afirmó que durante su inspección a las instalaciones localizó facturas con el membrete de Morales Ravelo S. L. en la zona que pertenecía a Las Casillas S. L. Además, la línea telefónica es la misma. “Mantuve esa porque es el número que conocen ya todos los clientes”, justificó el exconcejal.

Pagos por transportes realizados en vehículos públicos

Algunas de las facturas interceptadas justifican pagos a la ferretería Morales Ravelo por el concepto de transporte de materiales que, según la acusación, en varios casos no existieron, ya que se hicieron con los vehículos del Ayuntamiento. Uno de los agentes añadió que, en otras ocasiones, “existiendo medios de la corporación”, se usaban camiones de la ferretería. La cantidad más alta facturada entre 2000 y 2006 se corresponde con este servicio, alcanzando la cifra de 6.522 euros en el concepto de transporte de material de ferretería y construcción desde el local de la Ferretería Morales Ravelo e Hijos S. L. hasta el almacén del Ayuntamiento u otra zona del municipio donde iban a ser empleados los materiales. “Salvo en muy contadas ocasiones, el transporte del material que adquiría el Ayuntamiento lo hacía con sus propios vehículos y con sus operarios”, señala el escrito de acusación.

Por su parte, tanto Morales como Troya aseguraron que los camiones de la corporación no tenían la capacidad suficiente como para cargar altas cantidades de material. “El espacio de los coches del Ayuntamiento no da ni para llevar agua a los operarios”, bromeó el empresario en su declaración como acusado. Asimismo, preguntado por su defensa sobre el posible cobro de pagos por trabajos no realizados, el empresario lamentó que “si no me han pagado ni 50.000 euros que tengo pendientes por labores que hice, no me van a pagar por servicios que no presté”, ironizó.

Jacinto y Santiago Hernández, interventores accidentales del municipio en varias ocasiones en el período en el que presuntamente se desarrolló la trama Brisan, están acusados de firmar facturas “irregulares” sin formular reparo alguno. Ambos han subrayado que la labor del departamento de intervención se limitaba a verificar que las facturas estuvieran formuladas de forma correcta de acuerdo con las bases de ejecución. Por tanto, no revisaban si los pagos se correspondían con servicios reales ni si servicios de transporte eran prestados por vehículos del parque móvil del Ayuntamiento: “Si viene firmado por el concejal, entendemos que ya ha sido cotejado por el departamento de gestión”, señaló Santiago Hernández.

La concejala que denunció las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, Victoria Casas (CC), también acudió a la primera sesión del juicio. Una discusión entre el que fue alcalde de Santa Brígida entre 1999 y 2007, el ya fallecido Carmelo Vega, y el acusado Luis Troya en mitad de un pleno la puso en sobreaviso. “Empezaron a acusarse de cosas muy graves, que si uno se había llevado material, que si había usado otro...”, recuerda. “Pocos meses más tarde, el alcalde Antonio Díaz me dijo que Troya formaba parte de la ferretería y que se autocontrataba”. Entonces, decidió llevar el caso a la Audiencia de Cuentas en octubre de 2004.

El largo período de tiempo que ha transcurrido entre que comenzó a investigarse la trama hasta el juicio ha permitido que las defensas planteen en sus cuestiones previas el atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, la defensa de Luis Troya ha alegado irregularidades en el procedimiento al admitirse como prueba documentación recogida en el Ayuntamiento “de forma ilegal” y sin cobertura de resolución judicial. Una cuestión desestimada por la sala.

El juicio se reanudará este miércoles a las 9.45 horas en la sala 25 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La cúpula canaria de Ciudadanos tiene en sus manos que la villa grancanaria de Santa Brígida siga siendo gobernada por la plataforma progresista Ando Sataute, o que vuelvan al poder concejales que durante los gobiernos del PP permitieron uno de los grandes atentados urbanísticos en las Islas: la construcción de un centro comercial ilegal en pleno casco urbano de la Villa, conocido como el mamotreto.

Con el argumento de que el socio preferente de Ciudadanos es el PP en todos los pactos locales, y que Ando Sataute es la expresión municipalista de Podemos, a quien Ciudadanos tiene vetado, el comité de pactos local que dirige el sector del partido liderado por el diputado nacional Saúl Ramirez ha dado instrucciones a la concejal María Jesús Álvarez de que no haga alcalde a la actual regidor, José Armengol (Ando) y se decante por el exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria durante la presidencia del exministro José Manuel Soria, Miguel Jorge Blanco.

El 26 de mayo, Ando Sataute ganó las elecciones con 6 de 17 concejales, seguido del PP (5), PSOE (2), Unidos-Coalición Canaria (2), Ciudadanos (1) y Plataforma Vecinal de Santa Brígida (1). Entre la militancia de Ciudadanos en el municipio, demasiado acostumbrado a históricas corruptelas urbanísticas, se prefiere que el actual alcalde siga en su puesto con un pacto con el PSOE. El voto de Ciudadanos es clave para ello. Pero del mismo modo, esa cúpula regional prefiere a Miguel Jorge Banco de alcalde, aunque para ello debe sumar además de a Ciudadanos, a los dos concejales de Unidos-Coalición Canaria y el edil de la Plataforma Vecinal.

Y ahí está la clave del mamotreto. Ese pacto de cuatro partidos de derechas debe incluir a ediles que durante los gobiernos municipales del PP de la década pasada tomaron siempre decisiones favorables a la UTE que construía de manera ilegal el centro comercial que ha destrozado el centro de la Villa. Entre ellos, Martín Sosa, cabeza de lista de Unidos-CC, o su número dos, Ángel Luis Santana; también el único edil de Plataforma Vecinal, Armando Umpiérrez, o incluso dentro de la lista renovada del PP, uno de sus componentes, Salvador Socorro Santana.

Todos ellos proceden del PP. Fueron concejales durante los mandatos del histórico líder ya fallecido Carmelo Vega, y sucesores suyos en la alcaldía como Antonio Díaz o Lucas Bravo de Laguna, este último elegido ahora diputado regional por las filas de Unidos-Coalición Canaria, cuando es un declarado nacionalista español. Fueron alcaldes y concejales investigados e imputados siempre bordeando la legalidad urbanística en diferentes casos de corrupción cuyas pesquisas nunca acababan.

En lo que respecta al mamotreto, todos esos concejales votaron favorablemente acuerdos discutibles, siempre en beneficio de la UTE liderada por FCC y contra el interés del Ayuntamiento; en especial, cuando la ilegalidad manifiesta de la obra ya era más que evidente, pero los grupos de gobierno del PP eternizaban la resolución del problema creado en el centro del pueblo con esa ilegalidad urbanística.

Solo a raíz de la entrada en el gobierno de Ando Sataute en 2015, que acabó con décadas de poder del PP y sus escisiones en la Villa, el Ayuntamiento decidió tomar cartas en el asunto para resolver contratos e iniciar el derribo, recientemente, de la estructura de ese centro comercial ilegal que nunca se llegó a construir.

En el caso del mandato que comienza el sábado con la constitución del consistorio, una de las decisiones clave de los próximos años será precisamente la obra y el uso que se le vaya a dar a esa gran parcela en el centro del pueblo, además de contratos municipales de enjundia económica como los de limpieza viaria y recogida de residuos o la concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido un auto firmado por los magistrados César José García Otero, Jaime Borrás Moya e Inmaculada Rodríguez Falcón en el que se dispone dar por terminado el recurso contencioso-administrativo y ordenar el archivo con devolución del expediente sin pronunciamiento en costas, rechazando las pretensiones de las empresas a un pago multimillonario por la anulación de la modificación de las Normas urbanísticas que permitieron dar inicio al mamotreto en el municipio de Santa Brígida.

Las pretensiones de la unión de empresas han sido rechazadas por la Sala a petición de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, a los que se adhirió la defensa del Ayuntamiento satauteño, que figuraba como codemandado, al haberse dado satisfacción extraprocesal del mismo. Según los antecedentes, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias en representación de la Comunidad Autónoma, solicitaron declarar terminado el procedimiento por satisfacción íntegra de la pretensión de la parte demandante en otro proceso seguido por el mismo asunto.

A esta petición se sumó la Corporación satauteña, codemandada en la causa. Para la Administración Autonómica, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida ya ha sido beneficiaria por esta causa de una indemnización de 5.604.547,86 euros, así como la devolución de la garantía constituida para garantizar la ejecución del contrato de concesión administrativa de obra pública en el conocido mamotreto, según sentencia que estimó parcialmente el recurso de la UTE dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

La misma UTE había presentado otro contencioso, que es el que ahora falla la Sala y en el que las partes han manifestado su acuerdo de la pérdida de objeto del proceso y su terminación por haber sido satisfechas las pretensiones de la parte demandante con la indemnización de 5,6 millones y la recuperación de la garantía antes citados.

La petición planteada en 2014 por la UTE contra la Comunidad Autónoma se fundamentaba en los supuestos perjuicios derivados de la anulación de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Santa Brígida que afectaban al proyecto de plaza pública con edificio de aparcamientos y multicines. La misma pretensión se dirigió paralelamente contra el Ayuntamiento satauteño.

Para la representación jurídica de la Comunidad Autónoma existe identidad entre lo interesado por la unión de empresas frente a las dos administraciones (local y autonómica), por lo que al haberse producido una íntegra satisfacción de la pretensión de la demandante en el proceso ya culminado contra el Ayuntamiento “procede la declaración de terminación y archivo del recurso, sin imposición de costas”.

Hay que recordar que la UTE había reclamado a la Administración Autonómica el coste de la inversión en 14.177.663 euros, a lo que sumaba el beneficio dejado de obtener por verse privado de la explotación del edificio entre la finalización de la obra y la entrada en funcionamiento del centro comercial y que calculaban en 9.357.144 euros, así como 34.064.756 euros en concepto de perjuicios sufridos por la pérdida de la explotación de la concesión administrativa por los 43 años pendientes de transcurrir de la concesión.

Un hombre que cayó a un estanque vacío ha tenido que ser rescatado en helicóptero al no lograr salir por sus medios del lugar en Gran Canaria en la tarde noche de este viernes, según ha informado el 112.

Personal del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno Autónomo tuvo que acudir en el helicóptero a auxiliar al afectado al lugar donde fue a parar, situado en el municipio de Santa Brígida, relata en una nota de su cuenta de Twitter el 112, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional.

El hombre fue llevado luego por aire al Hospital Doctor Negrín de la capital de la isla para su valoración en el servicio de urgencias.

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida ha señalado este martes que, tras la sentencia firme del pasado mes de diciembre que pone fin al conflicto con la UTE constructora del centro comercial, “se debe continuar la ruta abierta que nos sitúa en los últimos pasos para la recuperación de la parcela”. Con ello pretenden corregir “el rumbo de decadencia de la actividad económica y social del municipio satauteño, con un nuevo escenario en el que se sitúa Santa Brígida para poner fin a un largo periodo”.

El Ayuntamiento recuerda que ha sido condenado por esta obra en varias ocasiones menos en los últimos tres años, cuando ha conseguido “dos importantes logros judiciales”. Estos fueron el limitar el periodo para contabilizar el pago del lucro cesante en 3.743 euros diarios a la UTE y la sentencia de diciembre en la que se establece que la cuantía indicada por los técnicos municipales determina la tasación de la obra ejecutada, “con un coste muy inferior a lo pretendido por las empresas demandantes”.

Así mismo, el grupo de gobierno recalca que su objetivo actual es “cerrar de una vez” este proceso que “tanto ha costado al Ayuntamiento y, por tanto, a los vecinos y vecinas de la Villa, siendo condenado en varias ocasiones frente a los argumentos defendidos por la unión de empresas”.

Por ello, insisten en que la principal preocupación es dar respuesta a este asunto que ha frenado el desarrollo de la Villa, por lo que se centran los esfuerzos en el futuro de la parcela.

De hecho, el Consistorio admite que el proceso presentaba “diversas lagunas desde sus orígenes, al convertir una necesidad y una oportunidad en un cúmulo de actuaciones que permitieron cambios arbitrarios que dieron lugar al resultado de todos conocido”.

Por ello, la Corporación insiste en que trabaja para culminar el proceso de recuperación de la parcela y poner en marcha las actuaciones necesarias para que Santa Brígida “deje de mostrar el aspecto de abandono que supone la obra sin culminar, con la experiencia (penosa y costosa) de lo vivido y el conocimiento al detalle del contenido de este espacio y la absoluta garantía jurídica y económica, con la vista puesta en un futuro prometedor para los satauteños y satauteñas”.

Por último, reitera que el personal funcionario de la Corporación cumplen un papel “fundamental en el proceso”.

La construcción del centro comercial de Santa Brígida, conocido popularmente como mamotreto, está caracterizada por una serie de claroscuros que permitieron levantar un gran bloque de hormigón en pleno corazón de la Villa. Con las Normas Subsidiarias (NNSS) en la mano, el edificio jamás debió existir puesto que no se permitía dotación comercial bajo rasante, pero, sin embargo, los planos muestran que la ocupación de la calle Presbítero Blas Marrero se debía al interés de la UTE Santa Brígida por construir un supermercado que ni siquiera estaba en el proyecto.

En los planos de ejecución del año 2003 que presenta la UTE, aparecen dibujados dos camiones que ocupan la calle, lo que demuestra que la intención era destinarla a vía de servicio del supermercado. Uno de los camiones aparece estacionado en el muelle de carga y el otro en paralelo al edifico a lo largo de la vía pública. Este segundo camión evidencia que la acera tiene que tener los 3,20 metros de ancho para poder encajar el ancho del camión, que está grafiado a escala. De hecho, esta acera es la zona de descarga para abastecimiento de los locales comerciales de la planta semisótano. Por otro lado, el camión estacionado en el muelle de carga invade la vía de nueva creación, por lo que no tiene sentido que la calle que iba a ser para desahogar el tráfico del casco antiguo esté varias horas ocupada por la cabina del camión. Esto indica que el motivo de la desviación era el convertir la prolongación de Presbítero Blas Marrero en una vía de servicio para el centro comercial, privatizando a Santa Brígida de esta calle.

Cuatro años más tarde, en 2009, un informe técnico-jurídico firmado por la arquitecta municipal Ángeles Ley y por el técnico de administración adscrito a Urbanismo Juan Manuel Trujillo expone que “en la propuesta de la 1ª Modificación” [que tuvo lugar a principios de la década] la calle se trata de tal manera “que se convierte en una vía de servicio de un edificio, incluso dándole un tratamiento menor ya que la plantea con un forjado ”cubierta“ y ocupada bajo rasante por un aparcamiento. Este tratamiento entra en contradicción con el interés municipal”.

Mientras, en el Plan General de Ordenación Supletorio provisional del municipio, elaborado en mayo de 2014, la prolongación de la calle Presbítero Blas Marrero desaparece del planeamiento, sin motivarse ni justificarse este hecho en la Memoria del Plan. Se incorpora el vial a la parcela, desapareciendo finalmente su función original como vía pública para el desahogo del tráfico y conexión peatonal con el Mercadillo y Parque Guiniguada, mientras que la calle junto al colegio aumenta ahora su sección en diez metros. Aunque la explicación que se da para la creación de esta nueva vía junto al centro educativo se justifica en una reclamación del AMPA para que los niños puedan salir con seguridad del centro hacia el lado del parque urbano, todo hace indicar que la misma se usará de desahogo para el tráfico del centro urbano, función inicial de la prolongación expropiada al pueblo.

Es patente cómo desde la concepción del primer proyecto en 2002 se pasaron por alto los desajustes e incompatibilidades que los sucesivos proyectos iban incorporando con respecto a lo establecido por el anteproyecto de González-Sosa Beltrá. De hecho, el arquitecto Lupiola justifica en sus distintos informes los desajustes dando por favorables todos y cada uno de los informes técnicos desde el 2002 hasta 2005. En definitiva, para encajar una superficie alimentaria de 2.200 metros cuadrados, con 1.500 metros cuadrados de área de ventas, fue necesario la ocupación de la vía, con el consiguiente desplazamiento del edificio en 3,20 metros sobre el dominio público y 3,20 metros de acera para el atraque de camiones de gran calado. No había en todo el edificio otra forma de disponer de una superficie tan extensa en una sola planta que tuviera acceso directo a una vía de servicio para la carga y descarga de mercancías.

El Mercadona que no se podía construir

Toda la maquinación apunta a que el fin era levantar un Mercadona donde debían ir los multicines, pero desde el principio la empresa valenciana no podía abrir en Santa Brígida. En junio de 2005 la compañía solicitó ante la Consejería de Comercio del Gobierno canario la licencia comercial específica para una superficie de 1.496,55 metros cuadrados que estaría en el centro comercial por un periodo de 35 años. Dos meses después, en agosto de ese año, la Dirección General de Comercio le respondía a la empresa que no se admitía a trámite la solicitud porque “no hay superficie disponible para el establecimiento que se pretende implantar”.

Esto se debió a que al tener el municipio unos 20.000 habitantes se considera un gran establecimiento aquellos que estén entre los 750 y 1.500 metros cuadrados y el Gobierno canario entendía que ya en la zona norte de la isla no cabía otra gran superficie. En septiembre de ese año la consejería archiva la solicitud de licencia promovida por la empresa valenciana.  A pesar de ello, Mercadona solicitó en 2006 al Ayuntamiento la licencia de actividad clasificada. Los funcionarios y políticos de la Corporación, haciendo caso omiso de las advertencias de los concejales de la oposición y de otras empresas del sector, continuaron con los trámites, a pesar de que eran conocedores de la inadmisión a trámite de la licencia comercial específica, hasta llevarlos al extremo de publicar en la prensa la apertura de un periodo de alegaciones públicas porque Mercadona se encontraba tramitando la licencia municipal.

Finalmente, la Dirección General de Comercio, advirtiendo que el Ayuntamiento se encontraba tramitando la licencia municipal sin la preceptiva licencia comercial específica, solicita que se le envíe el expediente. Tras esto el por entonces alcalde, Antonio Díaz, se ve en la obligación de resolver que la solicitud sea inadmitida por la Corporación. Este punto es muy importante a la hora de analizar la sentencia de diciembre de 2014, con las obras ya paralizadas, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenaba al Ayuntamiento a pagar unos 13 millones de euros por la imposibilidad de explotar comercialmente el centro comercial. Teniendo en cuenta que el supermercado en ningún momento se podía abrir, y como recogía en ese fallo el voto particular de la jueza Inmaculada Rodríguez, a la UTE le tocó un “billete de lotería premiado” porque se hicieran o no las obras iba a obtener los mismos beneficios.

La paralización de las obras de manera definitiva en 2011 ha provocado que se haya tenido un efecto negativo en la realidad de la concepción urbanística del casco, que ha pasado de pretender hacer una gran superficie diáfana, en la que iba a estar todo interconectado, a un espacio gris, con un gran mastodonte en pleno pulmón del centro que ha asfixiado durante la última década a Santa Brígida.

La pesadilla del centro comercial de Santa Brígida se acerca a su fin después de que el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento haya recuperado el edificio, y el espacio donde está levantado, gracias a que la UTE que lo gestionaba no recurriera la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria en la que se fallaba a favor de la administración en el último pleito entre ambas entidades. La noticia fue recibida con alegría por el grupo de gobierno que, tras el desembolso en los últimos años de 20 millones de euros, por fin podrá darle uso al que se conoce como mamotreto en el centro de la Villa. Esto será el futuro, pero el pasado y el presente se traduce en que, de no haber sido por esta obra, Santa Brígida tendría una trama urbana homogénea, con una zona peatonal en la calle Nueva y una plaza con locales sociales y aparcamientos en los terrenos del antiguo campo de fútbol. Además, la calle Presbítero Blas Marrero tendría continuidad hasta la portada del mercadillo del pueblo. Sin embargo, todo esto se malogró y la realidad muestra que en pleno corazón de la villa hoy hay un esqueleto de centro comercial desde hace más de una década, un enorme mamotreto de hormigón que no solo asfixia el casco, sino que también ha ocupado una arteria que habría permitido oxigenar el tráfico del centro, privatizándola para un uso comercial que no estaba previsto inicialmente. ¿Cómo se permitió esto?, pues gracias a un juego de trileros con distintas modificaciones de proyectos que permitió levantar un edificio que estaba fuera de las Normas Subsidiarias (NNSS) que ordenaban el municipio.

Retrocediendo hasta la década de los 90, en las Normas Subsidiarias del municipio se recogía que en la enorme parcela del campo de fútbol, de más de 15.000 metros cuadrados, se debía construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública y locales consistoriales. Y con esa idea en 1996 se aprobó el concurso para la realización de un anteproyecto para este equipamiento cívico. Un año después, en 1997, se quiso enriquecer la propuesta mediante la inclusión de locales comerciales, un parque urbano y unos multicines, para lo que el ganador del concurso, el arquitecto Waldo González-Sosa, tuvo que modificar el proyecto añadiéndole estos nuevos contenidos. Con esta alteración ya se abría la puerta para que el caramelo de tener un espacio comercial en el centro del municipio con mayor PIB de Canarias se hiciera realidad, lo que se cumplió gracias a la modificación de las NNSS en un pleno celebrado en el año 2001. En él se dio cobertura urbanística al anteproyecto con la recalificación del uso social a uso comercial de la parcela destinada a contener el edificio de dos plantas sobre la rasante de la plaza pública.

La realidad del inicio del milenio mostraba una parcela de uso comercial en superficie y de uso social bajo rasante, donde irían los multicines, explotación comercial donde la haya, a pesar de que fueron calificados con uso social-dotacional, término inexistente en las NNSS. Por tanto, en 2001 se recogía que los 15.000 metros cuadrados se iban a repartir de la siguiente manera: 7.018 metros cuadrados, que son los que lindan con el colegio público, destinados al parque urbano; 2.490,60 metros cuadrados en dos alturas para espacio comercial y 4.660 metros cuadrados de la parcela de uso social que se iban a destinar para la plaza pública, en las proximidades de la calle Nueva.

En 2002 se convocó el concurso público al que nadie se presentó porque las empresas no veían rentable la construcción de los multicines. Con esta situación, el Consistorio optó por abrir un negociado sin publicidad para que las distintas sociedades presentaran sus propuestas, las cuales debían ajustarse el anteproyecto diseñado por Waldo González-Sosa. Al final, la obra fue adjudicada en la mesa de contratación por 9,8 millones de euros a la UTE Santa Brígida, constituida por FCC, Saramema, Cura Riviera y EYSTA, quien en marzo de ese año presentó la plica (oferta) para la redacción del contrato en la que se incluía una unidad de alimentación (supermercado) de no menos de 900 metros cuadrados, así como la disposición de superficie comercial en la planta semisótano, lo que no estaba permitido en las NNSS. Sin embargo, una vez adjudicada la obra, la UTE desarrollaría una minuciosa estrategia de pequeñas y graduales transformaciones en los sucesivos anteproyectos y proyectos hasta llegar al proyecto final de implantación que realmente pretendía y que poco tenía que ver con el anteproyecto de Waldo González-Sosa Beltrá: un centro comercial sin multicines y cuyo motor económico fuera un supermercado de 2.200 metros cuadrados.

Multicines obligatorios que aparecen y desaparecen

Multicines obligatorios que aparecen y desaparecen En la plica, que incluía un proyecto realizado por el arquitecto José Bernárdez, la UTE Santa Brígida justifica su amplia experiencia en la construcción de aparcamientos, parques y jardines, pero a la hora de explicar los multicines, comenta en un escueto párrafo que “suponiendo que finalmente sea realizable la ejecución de la sala de multicines, se aportará debidamente la experiencia en explotaciones de este tipo”, una frase que dejaba prever las intenciones de no realizarlos a pesar de que eran de obligada ejecución. Más adelante señalaba que “un grupo experto” les había manifestado sus “dudas acerca del interés de esta implantación [por los multicines] desde el punto de vista de la rentabilidad” y que era necesario incorporar “un equipamiento lúdico-comercial” para que “esa instalación merezca la atención de las cadenas especializadas”. De esta manera argumentaban por qué era necesario construir un supermercado y hablaban continuamente de forma ambigua sobre los cines. Una vez que la UTE se asegura la concesión mediante su aprobación en el Pleno del 5 de junio de 2002, las referencias sobre los multicines desaparecen progresivamente de los sucesivos proyectos.

Posteriormente, en 2002, Bernárdez es reemplazado y la UTE contrata al estudio Aguirre y Asociados, que presenta en un proyecto previo los multicines sobre la plaza pública, quebrantando así el modelo planteado por el anteproyecto de González-Sosa en el que debía basarse y abriendo la puerta a la ocupación de la totalidad de la planta semisótano con una sala de 2.200 metros cuadrados destinados a uso comercial. En 2003 se realiza otra modificación del proyecto básico, en la que solo se hacía alusión a los “aparcamientos, locales comerciales y una plaza pública”, y que en la planta semisótano se iba a situar “el supermercado y los locales comerciales”. Ni rastro de los multicines ni del parque urbano, aunque el presupuesto de ejecución no se había reducido y se mantenía en los 9,8 millones de euros. De estos casi 10 millones de euros, 1,8 eran destinados solo para la construcción de las salas, pero por ninguna parte del proyecto se desglosa elementos que se debieran reflejar como el precio de las butacas o la sala de proyección, por ejemplo.

Lo que se deduce de esto es que la empresa desde el principio no quería dotar al centro comercial de estas instalaciones. Entre las pruebas contundentes, aparte de el dosier entregado a los posibles clientes, también está que en el estudio económico de la concesión no se hace mención a ellos (ni los ingresos, ni los gastos, ni por tanto los beneficios de la explotación de las salas), que los 1,8 millones de euros destinados para la ejecución de los mismos no se encuentran incluidos en el presupuesto de ejecución material, o la ausencia de un proyecto parcial en el proyecto de ejecución, con el detalle de cómo serían dichas salas. Realmente con estas numerosas dudas lo que la UTE logró fue diseñar un centro comercial a su antojo.

La privatización de una calle del pueblo

La privatización de una calle del puebloLa construcción de la superficie comercial de alimentación es el meollo de toda esta trama. Como ha quedado claro, la UTE no tenía interés en construir los multicines por no ser rentables. Sin embargo, fueron el caballo de Troya que permitió dotar a lo que en un inicio iba a ser un centro social de un supermercado que no tenía cobertura urbanística y que tuvo como efecto colateral el robo a los satauteños de la prolongación de la calle Presbítero Blas Marrero. Para llegar a esta conclusión hay que repasar una serie de antecedentes que así lo demuestran.

En la actualidad, 1.200 metros cuadrados del edificio abandonado están rebasando los límites de la parcela comercial inicial, lo que ha provocado el desplazamiento de la prolongación de la calle en 5,20 metros con respecto a la matriz de Presbítero Blas Marrero, que estaba previsto en las NNSS que se uniera con la entrada del mercadillo poniendo relación entre el casco y el Paseo del Guiniguada, cosa que ahora no hace a pesar de que en 1996 el pórtico del mercado se alineó con la calle en previsión de su futura conexión. Esta ocupación vial ha sido clave para impedir la peatonalización de la calle Nueva, que iba a dotar al casco urbano de una trama de la que ahora no goza, dejando espacio sin tráfico frente al Ayuntamiento y usando de desahogo del pueblo la vía que se iba a hacer. Con el desplazamiento de la calle también se ha ocupado espacio libre de la otra parcela en la que estaba previsto el parque urbano y en la que la UTE colocó las rampas de acceso a los aparcamientos del mamotreto, para lo que tampoco tenía permiso.

En esta ocupación es clave el papel que juega el arquitecto municipal de por entonces, José María Lupiola, y los miembros de la Mesa de Contratación, quienes habrían, presuntamente, mantenido oculto dos años que el proyecto iba a provocar el desplazamiento de la calle. En el año 2005 la UTE propuso que se legalizara la ocupación en una Modificación Puntual, pero esto fue denegado por la COTMAC en noviembre de 2008 alegando “falta de justificación del cambio de alineación teniendo en cuenta que la prolongación, según las NNSS, es poner en relación el casco histórico con la carretera, disminuyendo el tráfico de la calle José Antonio Primo de Rivera [hoy calle Nueva]”. Dos años antes, en 2003, en el Acta de Replanteo de Alineaciones y Rasantes, aprobada en pleno de junio, se intentó ocultar la existencia del desplazamiento del eje de la vía de nueva creación. Como demuestra la fotografía siguiente, se puede ver que la prolongación de la calle está oculta bajo el plano de la planta -2 del edificio.

En septiembre de 2005 el argumento esgrimido por Lupiola para justificar la desviación es que había medido la superficie de 7.018 metros cuadrados de la parcela del parque desde el muro del Colegio Juan del Río Ayala y en paralelo a la calle Nueva, que se había tomado como referencia para trazar las alineaciones, y que, como esa superficie estaba mal en la Modificación Puntual de 2001, se produjo el desfase en la alineación de la vía pública. En una correcta medición desde el muro del centro educativo hasta la calle desviada actualmente la superficie real es de 6.247 metros cuadrados y no 7.018 como debiera. Aparte, no hay que dejar pasar por alto que la referencia en el replanteo de alineaciones y rasantes debió ser el eje de la calle en vez del muro de la escuela. Además, en un informe técnico de agosto de ese año ya se había plasmado que en la plica de la UTE se evidenciaba “un desplazamiento en la embocadura con la alineación en continuación de la calle”.

En la Mesa de Contratación, celebrada en marzo de 2002 y que contó con la presencia del alcalde, Carmelo Vega; el concejal de Urbanismo, Carlos Sánchez; el concejal de Servicios Sociales, Antonio Ojeda; el concejal de la oposición Antonio Cabrera; el secretario general, Marcelino López; el interventor accidental, Santiago Hernández; así como el funcionario Pascual Suárez y el propio Lupiola, ninguno de los presentes opuso reparos a esta invasión de la calle. En el acta de ese día se recoge que el arquitecto redactor del proyecto, José Bernárdez, expuso “los aspectos técnicos y detalles del proyecto contenidos en la memoria y planos”. En estos ya se mostraba la desviación de la vía, pero en las actas no se recoge que ninguno de los presentes protestase por ello. Esa primera sesión concluyó con la petición de los informes técnicos de los servicios municipales de Urbanismo antes de celebrar la segunda sesión. Este informe concluye fallando “favorablemente” a la obra sin hacer mención alguna a la ocupación y pasando por alto que la construcción de un supermercado bajo rasante era ilegal.

En el pleno en el que se da luz verde a la construcción, celebrado en junio de 2002, el concejal Carlos Sánchez (PP) expuso que “la serie de equipamientos que se consideran con esta obra son la creación de una calle que unirá Presbítero Blas Marrero con la calle 18 de julio [hoy Paseo del Guiniguada], según mandato de las Normas Subsidiarias; como saben, con las normas se convierte en ley una vez están aprobadas, y es otro de los objetivos que nosotros cumplimos con la aprobación de este proyecto”. Por tanto, la exposición del encargado del área de Urbanismo daba a entender que se iba a conectar correctamente el casco con el mercadillo y de hecho insiste en que “tal como aparecen en las Normas, pues digamos que se conecta la calle, y así lo hacen en el proyecto y es también costo de la propia empresa”. Estas palabras de Sánchez chocan de frente con lo sucedido en marzo de 2003, cuando el político presentó a los miembros de su partido una infografía del centro comercial en la que claramente se ve la falta de alineación.

Tras este pleno, la UTE cambia de arquitectos y presenta un nuevo proyecto firmado por el estudio Aguirre y Asociados. En el primer plano que presentan, el desplazamiento de la vía está subsanado, pero en marzo de 2003 el proyecto de ejecución recoge la ocupación. A pesar de ello, en los informes técnicos conducentes y posteriores al visado del proyecto de ejecución el arquitecto municipal Lupiola informó positivamente que el proyecto se ajustaba a las ordenanzas y al Pliego de Condiciones. Precisamente, tal como denunció en los juzgados el concejal del PSOE Antonio Ramírez, mientras que el grupo de gobierno tuvo acceso a los planos finales del proyecto, la oposición solo tenía acceso a los informes técnicos de Lupiola de marzo y abril de 2003. Todo parece indicar que los miembros de la oposición solo pudieron consultar planos en los que se mostraba la calle alineada. De hecho, este concejal denunció también ante la Fiscalía las irregularidades que vio en todo el proyecto y no resaltó en su escrito la ocupación, aunque sí que la arquitecta municipal “no le ha dado tiempo a comprobar si el proyecto que está visado es el que se aprobó en su momento en la Comisión”.

Todas estas irregularidades fueron parcialmente reflejadas por la arquitecta municipal Ángeles Ley, quien en junio de 2003 redactó un dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo en el que, con un cuidado lenguaje, reflejó que en los informes preceptivos del expediente “no se ha comprobado que el documento visado sea copia fiel del ejemplar empleado en los informes a los que hace mención en los antecedentes” y que “en todo caso, el proyecto deberá ajustarse a las condiciones contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas objeto del concurso base de adjudicación”.

Este periódico contactó con el arquitecto municipal de entonces, José María Lupiola, hoy jubilado, para que aportara su versión en este reportaje. Sin embargo, ha emplazado su versión a 2020, cuando hayan pasado los diez años de la responsabilidad civil.

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol Martín, ha afirmado durante el último pleno del año, celebrado el pasado jueves, que para la administración el hecho de que la UTE Santa Brígida no haya recurrido la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canarias supone para la administración “un regalo de navidad” porque permite al Consistorio “un ahorro de 37 millones de euros”.

La sentencia declaraba la nulidad del contrato, poniendo fin al pago de más de 3.000 euros diarios por parte del Ayuntamiento, y obligaba a pagar un total de 5,6 millones de euros en concepto de indemnización por la resolución del contrato de la obra pública, fechado en 2002, para construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, multicines, locales comerciales y parque urbano.

A partir de ahora el Ayuntamiento de La Villa Satauteña puede rescatar la parcela y afrontar un pago en línea con las tesis defendidas por la Corporación a través de los informes y tasación realizada por sus técnicos, muy inferior a la solicitada por la UTE. En este sentido, el alcalde agradeció el apoyo de toda la Corporación en estos años de litigio, “unidad que hemos de mantener en el futuro”.

En un comunicado, el Consistorio ha expresado que este litigio ha tenido un enorme coste humano para el municipio grancanario y sus diferentes servicios, que perdió hace 17 años uno de sus espacios emblemáticos, lo que supuso un saldo final para el pueblo de unos 20 millones de euros en indemnizaciones a las empresas.

Asimismo, Armengol indicó que ahora realizarán de inmediato el estudio del estado de la obra con un análisis de sus estructuras para comprobar si existe algún deterioro a causa del tiempo transcurrido. Todo ello, según la nota, se hará con transparencia, ofreciendo “toda la información a la población sobre el estado del inmueble y los costes de las diferentes opciones”.

El siguiente paso será celebrar “un concurso de ideas y de proyecto, para lo cual se hablará con El Colegio de Arquitectos” ha explicado el alcalde de la Villa Satauteña, quien ha añadido que contará con toda la corporación para facilitar la recuperación de la parcela para el pueblo, por lo que el próximo grupo de gobierno que surja de las próximas elecciones “tendrá recorrido parte del camino”. El anuncio dio lugar al aplauso por parte de los miembros de la Corporación y el público presente en el salón de Plenos.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento de la Villa satauteña a pagar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida, encabezada por FCC , un total de 5,6 millones de euros en concepto de indemnización por la resolución del contrato de la obra pública, fechado de 2002 y que ganó el citado conglomerado de empresas para construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano.

Aunque la UTE Santa Brígida reclamaba 14 millones de euros por el coste de la inversión y 29 millones de euros como lucro cesante, es decir, el beneficio dejado de obtener como consecuencia de no haber podido explotar la obra, el juez Alfonso Silos López de Haro, basándose en un informe fechado en 2015 de la arquitecta municipal de la Villa, ha estimado que “el proyecto de ejecución no se adecúa al proyecto de ejecución autorizado”, por lo que valora la obra final ejecutada en un total de 5.604.547 millones de euros.

“No procede reconocer en esta sentencia el derecho de la actora a ser indemnizada por el lucro cesante, para evitar una duplicidad indemnizatoria, pues en la sentencia del TSJC ya se reconoció a la UTE actora del derecho a percibir una indemnización de 8.032.522 millones de euros por los perjuicios irrogados más la suma de 3.743 euros por cada día adicional de paralización del el 17 de marzo de 2011”, refleja la sala.

El Ayuntamiento de Santa Brígida “se congratula del resultado de la sentencia” porque supone “una rebaja de 37 millones de euros respecto a lo exigido por las empresas” y se recupera la parcela, aunque recuerda que “no es firme” y las partes pueden presentar alegaciones en un plazo de 15 días. Con este fallo se declara nula la resolución del contrato y el Consistorio pone fin al pago de más de 3.000 euros diarios que debía abonar desde 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia obligó a la administración a pagar dicha cantidad por cada día de paralización del proyecto.

El Consistorio pedía la desestimación del recurso presentado por la UTE al considerar que la resolución impugnada es ajustada a derecho, pero el juzgado ha estimado parcialmente dicho recurso porque considera que el Ayuntamiento de Santa Brígida “efectivamente” ha incumplido las obligaciones del contrato, lo que motivó “la imposibilidad” de ejecutarlo, por lo que “procede fijar una indemnización en favor del contratista por los perjuicios sufridos”.

Durante el segundo mandato de Carmelo Vega (1999 a 2005) la UTE Santa Brígida ganó en 2002 el concurso para ejecutar un proyecto que incluía unos multicines que, debido a su escaso rendimiento económico, retrajeron a varias empresas a la hora de presentarse. En 2004, las empresas pidieron el modificado de la obra para eliminar los multicines e instalar una unidad de alimentación, lo que ampliaba el suelo dedicado al uso comercial en contra de la normativa vigente. Esta decisión, que no contó con la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno regional ni de la totalidad del propio ayuntamiento grancanario, provocó la paralización de las obras desde 2009 y dio lugar a batallas judiciales que se saldaron con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria de 2014 que obligó al Consistorio a pagar a la promotora un total de 13 millones de euros.

El actual gobierno del Ayuntamiento de la Villa satauteña, formado por cinco partidos (Ando Sataute -con José Armengol como alcalde-, Unidos por Gran Canaria, Nueva Canarias, PSOE y la Agrupación Local de Coalición de Centro Democrático) trató de declarar la nulidad del contrato y trasladar ese expediente al Consejo Consultivo para que este emitiera un dictamen que resolviera si la nulidad era viable. Pero la oposición y dos partidos del ejecutivo municipal (UxGC y CCD) votaron en contra. Ahora, el Consistorio celebra el final de un asunto que ha costado a los vecinos una condena millonaria, aunque con prudencia, pues aún cabe esperar si las partes presentarán recurso de apelación.

La Sala de lo Contencioso de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la ilegalidad de la tasa de vado para las personas con movilidad reducida. El TSJC hace suyos los argumentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que, en 2017, declaró “de pleno derecho los actos administrativos impugnados por una vecina de la villa satauteña, cuyo Ayuntamiento le reclamaba un pago de 700 euros por el año 2015 y 857,50 euros por el año 2016 por una plaza que ocupaba cinco metros cuadrados en las proximidades de su vivienda.

Con esta resolución, tomada el pasado 6 de octubre, el presidente de la Sala, César García Otero, y los jueces Jaime Borrás Moya y  Francisco José Gómez Cáceres, declararon nulo el artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público, vigente desde que se aprobara en un pleno en octubre de 2009.

El TSJC ha emitido su resolución después de que el propio Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 elevara los autos del procedimiento de la citada vecina para que se pronunciara sobre la cuestión de ilegalidad del fallo.

La sentencia recalca que “no cabe sino compartir los razonamientos de la recurrente sobre la ilegalidad” de la ordenanza puesto que es “claramente discriminatoria para las personas con discapacidad pues no atiende a las directrices de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 [...] ni tampoco a lo expuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2013 pues no contempla medidas tuitivas para las personas que se encuentran en la situación de la recurrente”.

Al parecer de la Sala, con esta medida el Ayuntamiento “impide, restringe u obstaculiza” el derecho de la ciudadana a la accesibilidad de su vivienda por el hecho de que el desembolso económico está “algo alejado por completo del espíritu de los instrumentos internacionales, constitucionales y legales indicados sin que baste para cumplimentar sus exigencias una igualdad de trato formal con las personas que tienen sus facultades ambulatorias intactas sino que es preciso, en atención al principio de igualdad (art. 14 de la C.E.), que por parte de las Administraciones Públicas se desplieguen medidas de tipo positivo cuyo resultado final, tras su implementación, permita que las personas con discapacidad gocen de una situación similar a las que no la tienen”.

La vecina recurrente cuenta con un grado de minusvalía del 89%, por lo que el TSJC ve lógico que solicitara una reserva de estacionamiento próxima a su domicilio, pero no ve “razonable” que la Ordenanza Fiscal dé el mismo tratamiento para los vados permanentes de los garajes que para quien tiene problemas de movilidad y busca acceder “con las máximas facilidades” a su vivienda.

“Por otro lado, no puede compartirse el argumento del Ayuntamiento relativo a que la normativa de referencia contiene un mero desiderátum que queda a discreción de las distintas administraciones convertir en realidad efectiva, pues ello permitirá a las mismas perpetuar conculcaciones de derechos fundamentales en la proyección que los mismos deben de tener según los Convenios Internacionales ratificados por España, algo opuesto a la directa eficacia que tales derechos tienen en nuestro Ordenamiento Jurídico”, resalta la sentencia.

Además, recuerda que la ordenanza anulada judicialmente pasa por alto el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que señala que los ayuntamientos adoptarán “las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad”. Así mismo, en el artículo segundo se recoge que la “igualdad de oportunidades es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad [...]. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva”.

Por último, indica que la consecuencia práctica de esta ordenanza consiste, “simple y llanamente, en impedir o, al menos, restringir gravemente el derecho” de la ciudadana a acceder a su hogar familiar y se pregunta “¿de qué sirve que en 2014 el Ayuntamiento le concediese una reserva de estacionamiento próxima a su domicilio?” si la condiciona al pago de un tributo.

Santa Brígida es el municipio con mayor renta bruta de Canarias con una media de 35.904 euros por habitante y una renta disponible de 28.374 euros. Estos datos se desprenden de la estadística de los declarantes del IRPF hecha pública por la Agencia Tributaria y que hace referencia a datos de 2016. En el municipio grancanario, que cuenta con una población de 18.295 habitantes. Se presentaron un total de 7.494 declaraciones de la renta. El Rosario, en Tenerife (17.312 habitantes y 7.272 declaraciones), es el segundo territorio canario con mayor nivel de renta bruta media con 29.319 euros y de renta disponible con 23.606 euros y el tercer cajón de los municipios canarios por nivel de renta lo ocupa Las Palmas de Gran Canaria que obtuvo una renta bruta media de 27.694 euros y una renta media disponible de 22.682 (151.711 declaraciones y 377.650 habitantes). Santa Cruz de Tenerife ocupa el cuarto lugar de esta clasificación de riqueza (27.164 euros de renta bruta media y 22.339 de renta disponible) en una tabla en la que siete de los 10 primeros lugares están ocupados por municipios de la isla de Tenerife.

En el extremo opuesto se encuentra el Municipio de Garafía, en la isla de La Palma, que con una renta bruta media de 13.603 euros y una renta media disponible de 12.145 euros es el municipio que presenta el nivel más bajo de Canarias. Entre los diez municipios más pobres de Canarias hay uno de Gran Canaria (La Aldea de San Nicolás -15.818 euros de renta bruta y 13.876 de renta disponible), tres de Tenerife ( Los Silos -16.447 y 14.475-; Buenavista del Norte -16.079 y 14.273- y El Tanque -14.751 y 13.179-); tres de La Gomera (Agulo -16.671 y 14.619-; Hermigua -15.600 y 13.883- y Vallehermoso -15.167 y 13.504-) y cuatro de La Palma (Barlovento -16.098 y 14.146-; Tazacorte -15.732 y 13.940-; Punta Gorda -15.381 y 13.588- y el ya mencionado municipio de Garafía).

Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, Canarias se encuentra a mitad de tabla, con seis comunidades que cuentan con peores datos que las islas. La renta bruta media es de 23.243 euros con 2.108.121 habitantes y 814.502 declaraciones. Por debajo se encuentran Extremadura (19.389); Castilla La Mancha (21.449); Andalucía (21.779); Murcia (22.286); Galicia (22.762) y Castilla y León (23.119). Estos números reflejan que Canarias solo se encuentra a 3.824 euros de la comunidad autónoma con menos renta bruta media y a 11.029 de la más alta, la Comunidad de Madrid.

Por islas, Tenerife tiene 31 municipios El Rosario, el segundo con mayor renta bruta media de las islas y El Tanque, el segundo por la cola con la renta más baja.  Llama la atención la escasa diferencia que existe entre algunos municipios como Candelaria y Tegueste, que tienen una diferencia en su renta bruta media de 27 euros (25.145 y 25.118). Entre Tacoronte y El Sauzal hay una resta de 49 euros (24.8556 y 24.807). Entre San Miguel de Abona y La Orotava 17 euros (20.187 y 20.170). La más destacable es la que existe entre La Victoria de Acentejo y San Juan de la Rambla que es de tan sólo dos euros (16.999 y 16.997).

En Gran Canaria se sitúa la localidad con mayor renta bruta media de Canarias, Santa Brígida, y el cuarto con la más baja, La Aldea de San Nicolás con 15.818 euros anuales. Se encuentra detrás de Garafía en La Palma (13.603); El Tanque, en Tenerife (14.751) y Vallehermoso, en La Gomera (15.167).

En esta isla también hay diferencias muy bajas entre algunos municipios. Entre San Bartolomé de Tirajana y Telde hay una resta de 70 euros (21.830 y 21760). La diferencia entre Valsequillo y Firgas es de 40 euros (21.589 y 21.549). Entre Ingenio y Moya es de 39 (19.963 y 19.987).

En la isla de La Palma está el municipio con la renta bruta media más baja de Canarias, Garafía. Por otro lado, el que tiene la más alta de la isla es Breña Baja (23.754). La diferencia menos notable entre municipios en esta isla se da entre San Andrés y Sauces y Fuencaliente, con 89 euros (17.388 y 17.304).

Lanzarote tiene el quinto municipio de Canarias con la renta media bruta más alta, Teguise (25.302). La mayoría de las localidades de esta isla se encuentran entre los primeros puestos de la provincia de Las Palmas, Haría (22.941); San Bartolomé (22.822) y Tías (22.751) que están en el sexto, séptimo y octavo lugar. Aquí se puede ver una ligera diferencia entre San Barolomé y Tías de 70 euros. Entre Arrecife y Yaiza es de 30 euros (20.687 y 20.657).

En La Gomera está Vallehermoso, el tercer municipio con la renta más baja de Canarias (15.167) y es la capital de la isla, San Sebastián de La Gomera, la que tiene la más alta (21.682). En esta isla las diferencias entre las cinco localidades son mayores.

Uno de los municipios de Fuerteventura no aparece en este estudio, Betancuria, ya que apenas supera los 700 empadronados y está hecho para los estén por encima de los 1.000. La localidad con la renta bruta más alta es la capital, Puerto del Rosario (23.146) y la más baja la tiene La Oliva (19.624).

El Hierro, la isla más pequeña de todas con tan solo tres municipios, Valverde, la capital, es la localidad con la renta bruta más alta (22.240), le siguen Frontera (18.939) y El Pinar (18.885).

Esta semana se conocía el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España que pone de manifiesto los datos la pobreza en las islas. El Archipiélago tiene una tasa de exclusión social y pobreza del 40%, solo situada por detrás de Extremadura, comunidad autónoma que tiene la renta bruta media más baja de todo el país.

Los expertos ponen de manifiesto que uno de los graves problemas de la economía de Canarias es la desigual distribución de la riqueza. Esto explica que estemos situados en mitad de tabla en cuanto a nivel de renta bruta, pero a la cola del estado en cuanto a niveles de pobreza. 

El rechazo de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Brígida (Partido Popular, Cambio por Sataute, Unidos por Gran Canaria, Coalición Centro Democrático y una edil no adscrita) a una modificación presupuestaria por importe de 616.689 euros ha dejado en el aire, entre otras partidas, las ayudas de emergencia social que la corporación local destina a sufragar alimentos y las facturas de luz y agua de las familias más vulnerables del municipio, así como los planes de empleo.

La propuesta presentada por el grupo de gobierno en minoría, formado por ANDO Sataute, el PSOE y Nueva Canarias, fue tumbada y sólo recabó el apoyo de Ciudadanos y un concejal no adscrito. Ocho votos a favor y nueve en contra. La oposición ha sustentado su posición en un informe del interventor en el que expresaba su disconformidad con que se destinaran partidas sobrantes o remanentes para hacer frente a este tipo de necesidades. Sin embargo, según el gobierno municipal, el alto funcionario expresó estas disconformidades sin reparos a la modificación, por lo que decidieron continuar con su tramitación en el pleno.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, este rechazo obliga al cierre del teatro municipal, ya que en la modificación presupuestaria se contemplaban partidas para actividades culturales y convenios cofinanciados con el Cabildo como el circuito de música o el de artes escénicas, y con otras entidades como el festival de Jazz Heineken, Fábrica Fest, Enhumórate, Festival de Títeres o Festival Vintaje.

El resultado de esta votación también afecta a la dotación de materiales, la reparación de vehículos policiales y de Protección Civil, la impermeabilización de la cubierta del edificio del Ayuntamiento, la compra de material para asfaltar, la reparación de los parques infantiles, la compra de material para el cementerio, la reparación y mantenimiento de colegios, las subvenciones a las asociaciones para las fiestas, la reposición de equipamientos deportivos o el pago del canon de residuos.

La modificación presupuestaria preveía además fondos para la conservación de los locales sociales y las actividades en los barrios, el Plan de Salud Local, actuaciones sobre plagas y animales callejeros, así como la recuperación de áreas que fueron desmanteladas durante el mandato de Lucas Bravo de Laguna, entre 2007 y 2011, como Igualdad, Solidaridad y Sanidad, entre ellas el equipo de atención a la Violencia de Género.

El Ayuntamiento recuerda que en pleno del pasado miércoles propuso tres modificaciones presupuestarias “necesarias” para poder destinar partidas sobrantes o remanentes entre las distintas partidas presupuestarias, “máxime cuando el presupuesto municipal está prorrogado desde 2014 a causa de la situación judicial que sufre el Ayuntamiento desde que hace más de una década se iniciaran los pleitos judiciales por la obra inacabada del centro comercial”.

Una de esas modificaciones, la de cuantía más elevada (616.689,48 euros), que pretendía “trasladar la partida de amortizaciones de préstamos existente en el presupuesto de 2014 pero que ya no adeuda el municipio al no tener ningún crédito pendiente de pago”, contó con la disconformidad del interventor.

El alcalde de la villa, José Armengol, recalcó en el pleno que se trataba de una disconformidad sin reparo, mientras que el concejal de Ciudadanos, Juan José Pons, comentó que había votado a favor porque los mismos argumentos esgrimidos en las tres modificaciones habían dado lugar a que dos fueran conformes y una disconforme por parte de la Intervención Municipal, lo que consideró que no era coherente.

La Casa del Vino de Santa Brígida, en Gran Canaria, acoge el lunes 27 de noviembre (16.30) un debate sobre el binomio sector primario y turismo en las islas. La jornada, que impulsa la organización COAG-Canarias, cuenta con el apoyo de fondos de la UE, más la colaboración de la Consejería de Turismo y en este caso del recinto que la alberga.

Esta jornada de emprendimiento se ha diseñado a modo de mesa redonda, un espacio de intercambio de ideas que moderará Juan Antonio Jorge.

En la cita participarán la gerente de la denominación de origen Lanzarote, María Nereida Pérez; la responsable de Maybeez Agrocosmética Orgánica, Ekaterina Kulikova; el gerente de Bodega Los Berrazales,Víctor Lugo, y la propietaria de Finca Los Dulces (Guía de Isora), María del Mar González.

La organización de la actividad ha puesto a disposición de los interesados en ese foro el teléfono 928 369 806, con el objeto de que se realicen las inscripciones de los asistentes.

El director gerente de la DOP Islas Canarias-Canary Wine y de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), Alfonso López, impartirá una charla técnica en la Casa del Vino de Gran Canaria este miércoles, día 22, a las 20.00, dentro de la programación para la promoción del sector vitivinícola Santa Brígida con vino 2017, organizada por el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.

En el transcurso de dicha jornada, dirigida a viticultores, bodegueros y público en general, el que fuera director general del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) en el Gobierno de Canarias disertará “sobre las distintas políticas que determinan parte de la capacidad agraria del archipiélago y sobre las ayudas que reciben algunas de las producciones agrícolas y supuestamente costean el sobrecoste originado por la situación de ultraperiferia en la que se encuentra Canarias”, entre otras cuestiones de interés.

El cadáver de un hombre de 65 años fue localizado el pasado lunes en su casa de La Portada Verde, dentro del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria), tras dos años sin que su familia, con quien había perdido el contacto hacía tiempo, supiera nada de él.

Así lo indicaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que añadieron que el cuerpo fue hallado tirado en el interior de su domicilio sin signos de violencia y que la casa permanecía ordenada.

Pese a todo, la Benemérita está investigado los hechos y a la espera de que la autopsia confirme la muerte natural del hombre.

Por su parte, fue un hermano del fallecido el que denunció que tras, dos años sin saber nada de él, no podía localizarlo. Cuando los agentes comprobaron que no había manera de encontrar al varón, que precisaba de medicación, se solicitó una orden de registro para el lunes, 25 de septiembre.

Una vez que se procedió a entrar al domicilio, se encontraron al hombre en el suelo sin vida, dándose la circunstancia de que al vivir en una zona rural, sus vecinos no se habían percatado de nada extraño.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha determinado ilegal las tasas que el Ayuntamiento de Santa Brígida cobra a las personas por tener un vado para discapacitados. El juez Ángel Teba ha declarado nulos “de pleno derecho” los actos administrativos impugnados por una vecina de la villa satauteña que le reclamaba a esta ciudadana un pago de 700 euros por el año 2015 y 857,50 euros por el año 2016 por una plaza que ocupaba cinco metros cuadrados en las proximidades de su vivienda.

El Consistorio venía aplicando una ordenanza publicada en el BOP de Las Palmas en enero de 2010 en el que se recogían las distintas tasas a cobrar a los ciudadanos por el espacio público. Esta vecina solicitó en 2014 el espacio para tener la plaza y el primer año no se le cobró, pero en el segundo se le reclamó 700 euros, 400 por aplicársele la tasa de 80 euros por metro cuadrado y los 300 como suplemento por el barrio en el que residía. En 2017, cuando se le reclamó el pago del año 2016, la cifra se incrementó hasta los 857,50 euros.

El juez comparte las cuestiones planteadas por la recurrente y recalca la “ilegalidad” de la Ordenanza Fiscal reguladora del aprovechamiento especial del suelo para la reserva de espacio aprobada en sesión plenaria de 13 de octubre de 2009 y publicada en el BOP de 22 de enero de 2010.

“La regulación es claramente discriminatoria pues no atiende a las directrices de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (...) ni tampoco a lo expuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2013 [que exige a los ayuntamientos adoptar medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento a personas con problemas graves de movilidad], pues no contempla medidas tuitivas para las personas que se encuentran en la situación de la recurrente de tal modo que se les impide, restringe u obstaculiza su derecho a la accesibilidad”, recalca la sentencia, que condena a costas a las administraciones demandadas, es decir, el Ayuntamiento de Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria y la empresa Valora.

Según cuenta el hijo de esta vecina, nada más el Consistorio exigió el primer pago registró una instancia en el Ayuntamiento que no tuvo contestación. También presentó alegaciones en el pleno y un recurso de reposición, pero ambas peticiones fueron rechazadas, por lo que optó por acudir por la vía judicial. En cuanto al segundo cobro, en el momento en el que lo recibió decidió acudir directamente a los juzgados. Este familiar señala que si le hubiese atendido la administración municipal en las reiteradas ocasiones que acudió a ella, habría evitado la vía judicial.

Por otra parte el Ayuntamiento, nada más hacerse pública la sentencia fechada el 24 de julio, lanzó un comunicado a través de su página web en el que recuerda que en el pasado mes de diciembre se aprobó en el pleno una modificación de la Ordenanza para reducir en un 80% el importe a pagar por las personas de movilidad reducida afectadas. El Consistorio hace hincapié en que esta medida le costará a las arcas municipales un coste anual de 3.000 euros al año.

No obstante, el familiar de la demandante entiende que con esta reducción la tasa sigue siendo abusiva porque en su caso tendría que desembolsar 140 euros al año por poder aparcar en las proximidades de la vivienda familiar, y reitera que en otros municipios las bonificaciones son mayores o incluso estas personas están exentas de pagarlas.