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El Ayuntamiento de Santa Brígida deberá pagar 5,6 millones de euros a la UTE del ‘mamotreto’

El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la nulidad de la resolución del contrato, poniendo fin al pago de más de 3.000 euros diarios por parte del Ayuntamiento

El Consistorio se “congratula” por la sentencia de la Justicia porque “supone una rebaja de 37 millones de euros respecto a lo exigido por las empresas” y se recupera la parcela destinada a la obra

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Obras paradas del centro comercial de Santa Brígida.

Obras paradas del centro comercial de Santa Brígida. Alejandro Ramos.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento de la Villa satauteña a pagar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida, encabezada por FCC , un total de 5,6 millones de euros en concepto de indemnización por la resolución del contrato de la obra pública, fechado de 2002 y que ganó el citado conglomerado de empresas para construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano.

Aunque la UTE Santa Brígida reclamaba 14 millones de euros por el coste de la inversión y 29 millones de euros como lucro cesante, es decir, el beneficio dejado de obtener como consecuencia de no haber podido explotar la obra, el juez Alfonso Silos López de Haro, basándose en un informe fechado en 2015 de la arquitecta municipal de la Villa, ha estimado que “el proyecto de ejecución no se adecúa al proyecto de ejecución autorizado”, por lo que valora la obra final ejecutada en un total de 5.604.547 millones de euros.

“No procede reconocer en esta sentencia el derecho de la actora a ser indemnizada por el lucro cesante, para evitar una duplicidad indemnizatoria, pues en la sentencia del TSJC ya se reconoció a la UTE actora del derecho a percibir una indemnización de 8.032.522 millones de euros por los perjuicios irrogados más la suma de 3.743 euros por cada día adicional de paralización del el 17 de marzo de 2011”, refleja la sala.

El Ayuntamiento de Santa Brígida “se congratula del resultado de la sentencia” porque supone “una rebaja de 37 millones de euros respecto a lo exigido por las empresas” y se recupera la parcela, aunque recuerda que “no es firme” y las partes pueden presentar alegaciones en un plazo de 15 días. Con este fallo se declara nula la resolución del contrato y el Consistorio pone fin al pago de más de 3.000 euros diarios que debía abonar desde 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia obligó a la administración a pagar dicha cantidad por cada día de paralización del proyecto.

El Consistorio pedía la desestimación del recurso presentado por la UTE al considerar que la resolución impugnada es ajustada a derecho, pero el juzgado ha estimado parcialmente dicho recurso porque considera que el Ayuntamiento de Santa Brígida “efectivamente” ha incumplido las obligaciones del contrato, lo que motivó “la imposibilidad” de ejecutarlo, por lo que “procede fijar una indemnización en favor del contratista por los perjuicios sufridos”.

Durante el segundo mandato de Carmelo Vega (1999 a 2005) la UTE Santa Brígida ganó en 2002 el concurso para ejecutar un proyecto que incluía unos multicines que, debido a su escaso rendimiento económico, retrajeron a varias empresas a la hora de presentarse. En 2004, las empresas pidieron el modificado de la obra para eliminar los multicines e instalar una unidad de alimentación, lo que ampliaba el suelo dedicado al uso comercial en contra de la normativa vigente. Esta decisión, que no contó con la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno regional ni de la totalidad del propio ayuntamiento grancanario, provocó la paralización de las obras desde 2009 y dio lugar a batallas judiciales que se saldaron con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria de 2014 que obligó al Consistorio a pagar a la promotora un total de 13 millones de euros. 

El actual gobierno del Ayuntamiento de la Villa satauteña, formado por cinco partidos (Ando Sataute -con José Armengol como alcalde-, Unidos por Gran Canaria, Nueva Canarias, PSOE y la Agrupación Local de Coalición de Centro Democrático) trató de declarar la nulidad del contrato y trasladar ese expediente al Consejo Consultivo para que este emitiera un dictamen que resolviera si la nulidad era viable. Pero la oposición y dos partidos del ejecutivo municipal (UxGC y CCD) votaron en contra. Ahora, el Consistorio celebra el final de un asunto que ha costado a los vecinos una condena millonaria, aunque con prudencia, pues aún cabe esperar si las partes presentarán recurso de apelación.

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