El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió en 1993 que la gestión del ciclo integral del agua (desalación, distribución, alcantarillado y depuración) debía ser mixta durante 50 años. El Consistorio capitalino se quedó con el 34% de las acciones. El restante 66% se lo repartieron a partes iguales la empresa francesa Saur y Unelco. En 2005, la constructora española Sacyr Vallehermoso adquirió las participaciones de la eléctrica. Así se ha mantenido hasta este año, cuando la compañía gala ha copado las acciones de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas S.A. (Emalsa), haciéndose con el 66% de las acciones, la parte privada en su integridad, sin siquiera consultar con el gobierno de la octava ciudad más poblada de España. Una operación que se produce justo antes de que se materialice la compra de Saur por parte de un fondo de inversiones sueco, propiedad de una de las familias más poderosas del mundo.

Paradójicamente, esta operación puede provocar que una entidad de primera necesidad pase a manos públicas, si no en su totalidad, al menos mayoritariamente, porque en los estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas que rigen la empresa se deja bastante claro que la compañía no puede estar participada por un solo socio privado en un porcentaje superior al 49%, o lo que es lo mismo, abastecer de agua potable a más de 400.000 personas en la ciudad capitalina y en Santa Brígida.

El 65% de las ambulancias con certificado vigente del Servicio Canario de Salud deberá renovarse en menos de un año o no podrán seguir circulando porque el Real Decreto 836/2012 impide que estén en funcionamiento más de diez años. Es decir, que si no se convoca el concurso para la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma entre octubre de este año hasta el mismo mes de 2019, las Islas pueden perder progresivamente hasta 307 de las 577 ambulancias con certificado técnico-sanitario del Servicio Canario de Salud.

De hecho, entre octubre y diciembre de 2018, vencerá el certificado vigente de 12 ambulancias, repartidas entre todas las islas excepto El Hierro, que perderían cuatro de soporte vital básico en octubre y noviembre, y ocho no asistenciales tipo A2 o colectivo en diciembre. El certificado vigente de la flota restante irá venciendo prácticamente cada mes.

“Una vez trasladamos desde Nuadibú a Las Palmas de Gran Canaria a cuatro niños ciegos desde que nacieron porque tenían cataratas congénitas para que fueran operados en el Hospital Materno-Infantil. Recuerdo el momento, cuando salieron del ascensor y te ven por primera vez, se miran al espejo… fue un orgullo inmenso, no se puede explicar la sensación de felicidad que produce esa sensación con palabras”. Así relata Salah Dine El Bechir Saleck uno de los episodios más emotivos que ha vivido como coordinador del Programa Humanitario de Ayuda Médica al Pueblo Mauritano creado desde el año 1998 por el Rotary Club de Maspalomas y, posteriormente, gestionado por el Rotary Club de Arucas.

“Se trata de clubes de amigos que hacían una labor humanitaria”, explica El Bechir, que especifica que “eran médicos tanto canarios como de la península que se trasladaban hasta Nuadibú”. Llegaron a tratar a más de 50.000 pacientes, tanto en Mauritania como en Canarias, con más de 1.000 intervenciones quirúrgicas, en su mayoría de cataratas. “Durante los años de la crisis económica en España, los clubes se vieron obligados a paralizar el programa”, pero El Bechir ha continuado ejerciendo desde el terreno: “Ahora coordino un centro humanitario en cooperación con una fundación de Alicante”.

La piña de mar, que solo se halla en Tenerife y Gran Canaria, crece en la Montaña de la Atalaya, entre el muelle de Taliarte y Playa del Hombre, en el municipio grancanario de Telde. Allí, el Gobierno de Canarias decidió en 2006 encargar a la empresa pública Gesplan instalar un vallado, limpiar y restaurar la zona donde habita este pequeño arbusto en peligro de extinción y donde, entre 1941 y 1942, se construyó una batería militar.

Parte del terreno es zona militar que pertenece al Ministerio de Defensa y está en venta, en concreto, por 180.000 euros. Pero ante la imposibilidad de urbanizar el terreno debido a la protección ambiental de la piña de mar aún no se ha efectuado su compra. Desde hace unos años el Cabildo de Gran Canaria organiza visitas guiadas junto a l a Casa-Museo León y Castillo para que los ciudadanos conozcan la historia de una construcción camuflada bajo tierra que vigiló durante parte de la II Guerra Mundial un pedazo de la costa este de la isla.

Patricia Hernández ha pasado en tres años de ser candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias a aspirar a destronar a Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz de Tenerife -que desde 1983 con ATI y desde 1995 ya con CC lidera el Ayuntamiento de la capital tinerfeña- en las elecciones de mayo de 2019. La diputada socialista y secretaria general de esa formación en la ciudad capitalina presenta su candidatura al Consistorio en el proceso de primarias del PSOE, que concluirá el próximo 20 de octubre.

Este viernes se acaba el plazo para presentar las precandidaturas socialistas a las instituciones municipales, insulares y regionales de cara a las elecciones y ya se conocen los nombres que confluirán en las principales instituciones del Archipiélago en lo que desde el PSOE de Canarias se pretende que sean unas primarias pacíficas para aspirar al poder con unidad.

El administrador único de la Radio Televisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo Sintes, ha negado hasta dos ocasiones que haya existido censura en la televisión pública regional en relación a una denuncia de  una periodista de la cadena que desveló que la dirección de informativos le vetó una reportaje sobre la liga escolar de videojuegos por ser crítica con el Ejecutivo regional.

“No se censura ni en relación a los e-sports ni en ningún otro tema”, ha explicado Sintes durante su comparecencia a petición del grupo Nueva Canarias (NC) para informar de las actuaciones realizadas desde su nombramiento al responder a las preguntas sobre este tema por parte de Esther González NC, Juan Márquez (Podemos) y Gustavo Matos (PSOE), quienes defendieron que los informativos continúan sufriendo la manipulación de Coalición Canaria.

El tren de Gran Canaria continúa avanzando para ser una realidad que una a la capital de la isla con Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en un tramo ferroviario de 57 kilómetros, con 11 estaciones. Todos los proyectos están acabados y solo falta la aprobación de la totalidad de los planes, estudios o diseños para poder pasar a una siguiente fase en la que comenzaría la ejecución material, es decir, el inicio de la expropiación del suelo, tanto rústico como urbano, por el que pasaría el tren.

El punto de partida es el parque de Santa Catalina con destino a San Telmo, Jinámar, Telde Aeropuerto, Ingenio, Agüimes, Vecindario, San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas. El trayecto en algunos puntos, como en la ciudad capitalina cuando confluye con la GC-1, será subterráneo y unirá en unos 40 minutos Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas, en el caso de la línea que pare en todas las estaciones; la línea directa recorrería ese trayecto en 20 minutos.

Toda la oposición en el Parlamento de Canarias -conformada por el PSOE, Partido Popular (PP), Podemos, Nueva Canarias (NC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG)- han dado los primeros pasos para plantear una modificación de la Ley Canaria de Educación que impida la celebración de  una liga escolar de videojuegos competitivos impulsada y defendida por el Gobierno regional.

Durante el debate en el Parlamento de Canarias sobre la liga de e-sports en las aulas que solo defendió, escenificando su minoría, Coalición Canaria, la diputada socialista Ana González anunció que su grupo va a proponer una modificación del artículo 24 de la Ley Canaria de Educación.

La Consejería de Educación ha defendido con el único apoyo del Grupo Nacionalista Canario  su proyecto de liga escolar de videojuegos competitivos, que espera sacar adelante del 11 de octubre al 15 de diciembre con la participación de 20 centros de secundaria, bachillerato y formación profesional en horario extraescolar.

PSOE, Partido Popular (PP), Podemos, Nueva Canarias (NC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) han mostrado este miércoles durante la sesión plenaria en el Parlamento regional sus reticencias y su rechazo a un proyecto que Soledad Monzón, consejera de Educación, ha defendido aferrándose al argumento de que ayudará a hacer un uso responsable de los videojuegos a los alumnos que ya practican esta actividad.