Durante aproximadamente un mes, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), un cuerpo de élite del Estado para luchar contra el fuego en España, no pueden ejercer su trabajo porque son fijos discontinuos y se van al paro entre los meses de diciembre y enero, cuando su sueldo cae hasta los 600 euros.

“No tiene sentido no poder trabajar todo el año porque en invierno también hay incendios, sobre todo por el cambio climático, y las labores de prevención también son fundamentales para combatirlos”, afirma Juan Carlos González, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF, que añade que no solo en la lucha contra el fuego pueden intervenir, también en contingencias en el medio rural como inundaciones, nevadas o búsqueda de personas desaparecidas.

Este 8 de enero, después de cuatro días a la deriva a bordo de una patera, 43 personas pisaban Lanzarote. En el puerto de Arrecife confirmaron la tragedia: un bebé que había nacido en el mar, en la ruta migratoria hacia Canarias, había fallecido antes de llegar a tierra. Mientras, desde Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comunicaba a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, las medidas que planea implantar para hacer frente a la llegada de embarcaciones a las Islas: reabrir el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, frenar las migraciones en origen y agilizar las expulsiones.

En un comunicado, el Gobierno regional informa que Marlaska ha trasladado estas medidas por teléfono a Torres al término de una reunión monográfica con su gabinete técnico y personal delegado en las Islas, que se ha celebrado en Madrid después de que el Ejecutivo canario las solicitara como respuesta a las llegadas por vía marítima a Canarias de personas en situación administrativa irregular. En 2019 solo aumentó el tráfico en la ruta migratoria hacia el Archipiélago, pues en el resto de España se redujo a la mitad en comparación al año anterior, en la misma línea descendente que en la Unión Europea.

La Navidad en Gran Canaria se celebra este año con 24 grados y con algo de calima. El clima que caracteriza a las llamadas Islas Afortunadas cuando en otras zonas están bajo cero contribuye a atraer turismo y una buena muestra de ello es el aumento de los precios de los billetes para viajar al Archipiélago. Pero para los agricultores significa tener que regar sus cultivos en la época invernal o verse obligados a adelantar plantaciones de cosechas casi tres meses con la esperanza de que a principios de 2020 haya algo de lluvia. Otro año más, la Isla llega al final del año con las reservas de las presas públicas bajo mínimos, al 24%. Una muestra de la sequía. 

El volumen de los siete embalses públicos del Cabildo de Gran Canaria es de 3 millones de metros cúbicos, lo que indica “la realidad del año, que se han producido muy pocas precipitaciones”, explica el gerente del Consejo Insular de Aguas, Gerardo Henríquez. Y la lluvia que ha habido, como la borrasca a principios de diciembre, “no ha caído en zonas de altura, donde están las presas”, “ni con la abundancia suficiente como para provocar que corran los barrancos y se pueda recoger agua”. “Ha sido un año seco”, confirma.

El Cabildo de La Palma lleva casi tres años prorrogando un contrato vencido con Metrópolis Comunicación S.L., la agencia de comunicación de cabecera del Gobierno de Canarias durante toda la etapa de Coalición Canaria (CC), que mantiene el servicio de seguimientos de medios y apoyo al gabinete de prensa. El contrato y sus prórrogas legales vencieron en enero de 2017 y, en contra de los reparos de Intervención, el presidente de la Corporación Insular continúa ordenando los pagos de las facturas, entre 5.000 y 6.000 euros mensuales.

Una empresa del mismo sector lleva tres años solicitando que se saque a concurso este servicio. Se trata de MMI Canarias, una empresa que provee de seguimiento de medios y de gabinetes de prensa tanto al Gobierno regional como ayuntamientos o cabildos desde hace 27 años. Según esta entidad, la Corporación Insular aseguró que el contrato con Metrópolis "vencía" a principios de 2017 y "estaba próxima la nueva licitación".

El caso Yadey acaba en los tribunales. El juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una denuncia presentada por Alexis Bethencourt, padre de un niño con parálisis cerebral que lleva más de dos meses sin ir a clases, contra la directora del CEIP Alcaravaneras de la capital grancanaria, un centro preferente para alumnado con discapacidad, su antiguo director y una auxiliar, por un presunto delito de lesiones contra su hijo. Yadey, de 11 años, tiene una discapacidad del 98% por una parálisis cerebral espástica.

El pequeño, en 5º de Primaria, lleva más de dos meses sin ir a clases porque, según Bethencourt, los auxiliares del centro desconocen la atención que precisa, ya que no tienen la formación necesaria para tratarlo. El padre sostiene que le hacen daño al colocarlo en el andador vertical que usa para desplazarse o en el bipedestador, un aparato que le permite mantenerse de pie y que puede ajustarse a un atril para así poder seguir las clases.

Tres de las siete empresas que presentaron ofertas al concurso de ambulancias en Canarias han resultado adjudicatarias provisionales: Tasisa, Acciona-Icot e Iscan. Según fuentes del sector, Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC), la empresa pública responsable del servicio, ha llamado a estas entidades para que presenten la documentación correspondiente antes de hacer efectiva la firma de los respectivos contratos. Tasisa, una empresa que brinda servicios integrales de asistencia y transporte sanitario en las Islas y que pertenece a Supsar Invest, que a su vez esta integrado en un fondo de inversión con sede en Luxemburgo, prestará el servicio de transporte sanitario en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una zona de Gran Canaria. Acciona-Icot, la unión del Grupo Icot, que presta servicios de rehabilitación y fisioterapia, y Acciona, de promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables, lo hará en un área de la isla redonda, además de en Lanzarote y Fuerteventura. Iscan, que se dedica a la gestión de servicios de transporte sanitario terrestre, ha obtenido dos lotes en Gran Canaria.

La mayoría de las ofertas ganadoras han sido a la baja en comparación con el valor estimado en el presupuesto de licitación. Por ejemplo, para el transporte sanitario no urgente en Gran Canaria venció la propuesta de Acciona-Icot, con 44.478.547 euros, una cifra inferior en comparación a las de las otras entidades. En Tenerife, Tasisa obtuvo el lote para la misma clase con la segunda oferta más baja, con 43.654.277 de euros, al igual que en otras dos zonas de la Isla donde operará con ambulancias de tipo urgentes.

El portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), Pablo Rodriguez, convocó una rueda de prensa el pasado martes para plantear soluciones al tráfico en la GC-1 a su paso por Telde sin contar con al alcalde del municipio grancanario, Héctor Suárez, (el único que tiene su propio partido en la isla redonda), ni a los colectivos vecinales que han reclamando durante años las mismas propuestas de las que se ha apropiado Rodriguez. De esas entidades forma parte Gloria Cabrera, presidenta de la asociación vecinal Bentagache El Calero y pareja de Suárez.

El alcalde de Telde, quien mantiene una posición crítica con el equipo liderado en Gran Canaria por Pablo Rodríguez, fue destituido en la Secretaría Ejecutiva de Comunicación del partido en favor de María Fernández. Después de esta medida, el portavoz parlamentario ha escenificado nuevamente el enfrentamiento entre ambos, rodeándose en la rueda de prensa por Beatriz Calzada, diputada de CC, y José Miguel Bravo de Laguna, de Unidos por Gran Canaria.

Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en representación del personal laboral y funcionarial de la Dirección General de la Policía (DGP), abandonaron, en señal de protesta, la mesa del grupo de trabajo de negociación del Ministerio del Interior, en el ámbito de la Policía, celebrada en Madrid el 4 de diciembre, cuando impidieron al delegado de CSIF en Las Palmas, Javier Cruz, exponer su situación. 

Este funcionario, ahora liberado sindical, desempeñó durante diez años su labor en el equipo de expedición de DNI en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, hasta que la Dirección General de la Policía le abrió un expediente disciplinario por desobedecer órdenes de superiores, aunque a juicio de Cruz fue por protestar contra las colas y los tiempos de espera que se dan en verano en el DNI o por ir a trabajar en pantalón corto. 

Javier Baca, de 55 años, lleva tres años en el paro. Cobra una prestación por desempleo de 420 euros, lo mismo que su mujer, Ángeles Rojas, de 42 años, que está en la misma situación. Entre ambos, ingresan 840 euros y con ellos viven sus tres hijos de 25, 18 y 12 años, en una de las 119 viviendas de protección oficial de San Matías, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), que gestiona la empresa de vivienda pública de Canarias (Visocan). Este mes le ha llegado una factura de Visocan de 262,76 euros que, asegura, no puede pagar, pues a duras penas podía sufragar cada mes los 50 euros de renta que le cobraban desde 2017 junto a una deuda de “unos 3.000” euros que dice acumular.

Baca, Rojas y sus hijos llegaron a la casa en la que residen actualmente en 2015, después de que el Gobierno de Canarias les dieran esta posibilidad cuando pidieron que les arreglaran los desperfectos del inmueble que habitaban en La Esperanza. “Nos ofrecieron una VPO en San Matías, pero debíamos renunciar previamente como demandantes de vivienda pública, a todos nos hicieron renunciar, porque en ese momento el Ejecutivo le habían dicho a Visocan que si no ocupaba las viviendas vacías que tenía, las debía abonar en su totalidad”, asegura Baca.