"Para que se acumule la cianobacteria Trichodesmium erythraeum (las conocidas microalgas) en la superficie del océano debe haber estratificación del agua; también influyen las temperaturas altas, por encima de los 22 o 23 grados, y la entrada de polvo atmosférico" o "la falta de alisios", ha explicado el catedrático en Ecología Javier Arístegui. El científico es uno de los expertos encargado de coordinar un grupo de trabajo de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a la que el Gobierno regional adjudicó por casi medio millón de euros un contrato para realizar un seguimiento de floraciones de microalgas nocivas y desarrollar un modelo predictivo.

De esta manera, Arístegui aclara por qué en el verano de 2018 la proliferación de las cianobacterias en las costas del Archipiélago generó manchas de reducidas dimensiones y "escasamente" afectó a las zonas de baño. En una respuesta por escrito a la diputada del PSOE Nayra Alemán, el Ejecutivo regional ha informado recientemente de los puntos en los que se han detectado microalgas en las Islas, sin entrar a explicar las razones por las que la aparición de estas cianobacterias ha sido muy inferior a la crisis acaecida en el verano de 2017.

El rechazo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, rubricado este miércoles en el Congreso con las enmiendas a la totalidad presentadas por Coalición Canaria, Partido Popular o Ciudadanos, cancela el aumento del gasto global del Estado en el Archipiélago de 416 millones de euros (partidas no nominadas) y el incremento de 339 millones de euros en inversiones directas en las islas (partidas nominadas) en comparación a la Ley de Presupuestos de 2018, que se mantiene prorrogada.

Coalición Canaria (CC) ha sostenido su rechazo a las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez principalmente por no incluir las medidas recogidas en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) y en el Estatuto de Autonomía, especialmente referidas a situar al Archipiélago por encima de la inversión media por habitante, pues la formación nacionalista afirma que el Archipiélago presenta un déficit en este sentido.

El desarrollo de una renta básica para la ciudadanía en Canarias propugnado por Podemos y Nueva Canarias no solo no se lleva a cabo, sino que el Gobierno regional incluso ha impedido que se debata en el Parlamento, a pesar de estar reflejada en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía. Ambas formaciones propusieron la pasada semana llevar a la Cámara una Proposición no de Ley (PNL) sobre la aplicación de ese instrumento económico, pero el Ejecutivo autonómico impidió siquiera que llegase a la Mesa del Parlamento, paso previo para admitirla a trámite y que entre a una sesión plenaria.

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno regional, Cristina Valido, justificó el veto por la incertidumbre económica generada por el Brexit o los Presupuestos Generales del Estado, así como el “estrés” que provocaría la aplicación de esta medida en los municipios. Para la secretaria general de la formación morada, Noemí Santana, los argumentos esgrimidos por Valido son “excusas baratas” y su decisión supone una “tropelía y una “estafa”, pues “el poder ejecutivo se inmiscuye en el legislativo, al impedir que se tramite una PNL. Luis Campos, diputado de Nueva Canarias ha tildado de “vergonzoso negar la posibilidad de admitir a trámite la posibilidad de debatir en el Parlamento”.

“En las jornadas forestales de 2005, un doctor en Biología hizo un análisis sobre la excelencia de la finca de Amurga por su capacidad para la reforestación. Siempre hemos tenido interés en esta finca”. Así fundamentaba Fernando Arencibia, jefe de Servicio Técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, el interés ambiental que despierta para la Corporación Insular el Macizo de Amurga, donde se ubican las fincas compradas a varios propietarios, entre los que se encuentran familiares del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez.

Arencibia recordaba una propuesta elaborada por el doctor en Biología Francisco Javier Sosa Saavedra quien en 2005 participó en las XII Jornadas Forestales de Gran Canaria con una ponencia en la que defendía la posibilidad de que el Macizo de Amurga, junto al Barranco de Tirajana y al monumento natural Roque Aguayro, fuese declarado como el primer parque nacional de la Isla bajo la denominación Parque Nacional Las Tirajanas, sumándose al de Timanfaya (Lanzarote), Garajonay (La Gomera), Teide (Tenerife) y La Caldera de Taburiente (La Palma).

España acumula ya tres años siendo el país de la Unión Europea (UE) con más expedientes abiertos por actuaciones medioambientales que incumplen la normativa comunitaria: cerró 2018 con 32 expedientes abiertos. Aunque el Estado es el máximo responsable a ojos de la Comisión Europea (y por ello, la administración encargada de hacer frente a las posibles sanciones), hay casos en los que es la comunidad autónoma o el ayuntamiento quien tiene en su mano solventar el problema al tener competencias directas en determinados asuntos. En materia de gestión de residuos o en la depuración de aguas, Canarias no se ha ajustado a los plazos dados por la UE para adecuarse a la normativa.

En concreto, Bruselas abrió expedientes a España por la gestión de aguas residuales urbanas en Valle de Güimar y Valle de Guerra (Tenerife), al considerar que en esos puntos se incumple la directiva 91/271. Al no ejecutar los compromisos adquiridos como miembro de la UE en los plazos previstos, la Comisión remitió el caso al Tribunal Europeo de Estrasburgo, que condenó en julio de 2018 a España a pagar una multa de 12 millones de euros, además de otros 11 por cada seis meses que se prolongue el incumplimiento.

El Ayuntamiento de Mogán tendrá cuatro concejales menos en las elecciones municipales de mayo de 2019 al no alcanzar la barrera de los 20.001 residentes, que permite contar con 21 ediles, según la escala recogida en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y todo se debe a la fuerte caída de los residentes extranjeros en uno de las principales zonas turísticas de Canarias.

En los comicios de 2015, el número de extranjeros empadronados en el municipio grancanario ascendía a 10.769 personas de un total de 23.491 residentes, es decir, el 45,8%; cuatro años después suponen el 33,8% de los habitantes registrados en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2018, es decir, 6.645 foráneos empadronados de un total de 19.657 de ciudadanos. 

El largo camino de la maratón de Gran Canaria hasta cumplir los diez años -situada este 2019 en el séptimo puesto nacional del ránkin elaborado por la Real Federación Española de Atletismo- hunde sus raíces en 1978. Antes de ese año se celebraba La Hora, una carrera en la Avenida Marítima de 60 minutos de duración que ganaba quien hiciera una distancia mayor; pero fueron las personas que formaban parte del Club Atlético Insular (CAI) quienes, posteriormente, organizaron una media maratón en la ciudad capitalina hace 41 años.

Se trataba de recorrer una distancia de 21 kilómetros y se disputaba durante los meses de noviembre. Esta carrera duró hasta quince ediciones y el relevo lo cogerían los mismos promotores, ya sin el paraguas del CAI, creando en 1980 la Maratón Islas Canarias. Los participantes salían de Gáldar y cruzaban la meta en la capital grancanaria en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, pasando por Sardina del Norte, Cenobio de Valerón, Bañaderos, San Andrés, Guanarteme o la Avenida Marítima.

La Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias expone en un informe una serie de argumentos y datos que contradicen el discurso de Coalición Canaria (CC), partido que defiende -apoyado por el Partido Popular (PP) y la Agrupación Socialista Gomera (AGS)- que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 del Ejecutivo de Pedro Sánchez es “francamente malo” al considerar que falta dinero para determinadas partidas. Así, el sindicato afirma que las cuentas incluso superan las expectativas del Gobierno autonómico, que cifraba en 4.962 millones de euros el impacto del nuevo Régimen Económico y Fiscal y Estatuto de Autonomía en los PGE, pues “la inversión real se dispararía a 9.089 millones de euros”, computando las partidas que cumplen con el Capítulo II del fuero canario, es decir, pensiones, sueldo mínimo interprofesional o dependencia.

A pesar de que el presidente canario Fernando Clavijo sostiene que los PGE incumplen con el REF y el Estatuto de Autonomía, el sindicato considera que se “da cumplimiento estricto” con los compromisos adquiridos en el fuero regional, al aumentar “las partidas vinculadas” en 381 millones de euros respecto a las cuentas de 2018. Para calcular estos datos, UGT suma las partidas nominadas incluidas en las cuentas de 2019 que cumplen con la ficha financiera del Régimen Económico y Fiscal más el Capítulo II y los Artículos 166 y 168 del Estatuto de Autonomía, tanto aquellas partidas genéricas que tienen impacto directo en la sociedad canaria como aquellas que suponen un impacto indirecto.

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 supone un impacto total de 15.727 millones de euros para la ciudadanía isleña sumando las partidas nominadas, destinadas específicamente para la autonomía, y las genéricas, lo que supone un incremento de más de 700 millones de euros respecto a la Ley de Presupuestos del año anterior. Pero Coalición Canarias (CC), apoyada por el Partido Popular (PP) y la Agrupación Socialista Gomera (AGS), han manifestado su desacuerdo con el documento porque consideran que recorta más de 300 millones de euros de las transferencias directas de capital y, además, porque no incluyen unos 327 millones de euros que dicen que debe el Estado al Archipiélago por las cuentas de 2018.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “atropellos y engaños” al mismo tiempo que ha pedido este martes al Parlamento regional una posición común entre todas las fuerzas para “seguir articulando todas las medidas de presión necesarias” con el objetivo de mejorar unos presupuestos que considera “francamente malos”. Para justificar su posición, y al igual que ya hiciera la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, cuando acusó sin pruebas al Estado de desviar a Catalunya, Clavijo acudió al apartado de las transferencias directas de capital, donde han desaparecido los fondos para infraestructura educativas y turísticas o el programa de lucha contra la pobreza. Pero durante su comparencia obvió que el Estado destina, en su proyecto de PGE para 2019, 5.286 millones de euros del sistema de financiación autonómica, que se entrega a la administración regional sin regla de gasto para invertir en educación, sanidad o servicios sociales, aumentando en más de 400 millones la partida de las cuentas de 2018 (4.872 millones de euros). O la inversión estatal directa (como puertos o aeropuertos), de 283 millones de euros, incrementando levemente los 281 millones de euros de 2018. Tampoco hizo referencia a las subvenciones con las que el Estado aumenta la bonificación al transporte aéreo de personas de 255 a 328 millones de euros, así como el transporte marítimo, de 63,3 a 85 millones de euros. Así, la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha defendido que las cuentas tienen un marcado carácter social. Y es que al acudir a las partidas genéricas, las no nominativas, se aprecia cómo aumenta el gasto en varias medidas con impacto directo.