La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, considera que cada vez más la inmigración, tanto en España como en Europa, se está enmarcando en mitos con connotaciones negativas producidos principalmente por “políticas interesadas”, sobre todo de grupos “xenófobos y de ultraderecha”, que utilizan este fenómeno “estructural” como “cabeza de turco” o “cortina de humo” con el fin de “tapar las debilidades de un sistema que hace aguas”.

Para desmontar esos mitos, Estrella Galán ha acudido a Las Palmas de Gran Canaria para impartir una conferencia en el Cabildo junto al catedrático de Filosofía del Derecho Javier de Lucas en el Cabildo.

Hervé Falciani (Montecarlo, 1972) recuerda, diez años después de recopilar más de 100.000 casos de fraude fiscal, que pudo enfrentarse a “gigantes de las finanzas” y “poderes enormes” gracias “al poder de la colaboración”. Fue en 2008 cuando el ingeniero informático franco-italiano decidió fugarse de Suiza con los datos de miles evasores que había recopilado desde 2006 en la filial suiza del banco Hong Kong Shanghai Bank (HSBC), donde trabajaba.  Su revelación recibió la denominación de lista Falciani, gracias a la cual 28 países han iniciado investigaciones judiciales en contra del fraude fiscal, entre ellos España.

Una década después reside en España, donde vive desde 2012. A pesar de haber sido detenido en varias ocasiones por las autoridades nacionales tras la petición suiza de extraditarlo, la conclusión de la Audiencia Nacional ha sido la misma: el rechazo a entregar a Falciani a las autoridades del país helvético. Ahora, tras otra victoria judicial, considera “lógico” que el Tribunal Constitucional haya avalado la utilización de la lista contra el fraude fiscal, al denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, ingeniero condenado a seis años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza después de que su nombre apareciera en la documentación de Falciani. “Es un ejemplo de cómo en España se ha conseguido lo que ha costado mucho más esfuerzo en otros países a todos los niveles”, ha comentado.

Un anuncio de trabajo publicado en internet por un propietario de viviendas en explotación turística ofrecía un empleo en Fuerteventura para trabajar en un “hostal” por “600 euros más alojamiento”. Entre los requisitos que publicitaba, expresaba que pueden acceder al puesto una pareja o una persona “sola”, ya sea hombre o mujer, aunque matizaba que “es mejor una pareja porque si ella no paga nada aquí y el marido se busca por fuera un sueldo de 1.000 euros, más lo que coge de aquí, ganarían entre los dos 1.600 euros; sin pagar agua ni nada, ésa es la idea”.

“Les voy a dar una habitación privada para los dos más un sueldo de 600 euros, que al precio que están los alquileres aquí es como si estuviera ganando 1.100 euros, ya que no pagan ni agua, ni luz, ni internet”, añade el texto publicado y anunciado en el portal milanuncios.com (eliminado después de que este periódico se pusiera en contacto con el anunciante, que no ofrecía más que una dirección de correo electrónico, sin obtener ninguna respuesta). 

El periodista Enrique Bethencourt presenta el próximo martes su segundo libro: La Unión del Pueblo Canario. Luces y sombras del nacionalismo autodeterminista de los 70-80 en el Cabildo de Canaria. Tras publicar en 2016 El fútbol canario. Identidad, Valerón y otros desmarques  pasa, dos años después, a reflexionar en profundidad sobre la izquierda nacionalista isleña después de la dictadura franquista, es decir, sobre la Unión del Pueblo Canario, una formación sin la que, a su juicio, no hubiera sido posible la existencia de Coalición Canaria.

Durante un año y medio, el también licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna y máster en Periodismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha sumergido en hemerotecas, ha revisado investigaciones y ha hablado con los protagonistas de aquella etapa histórica para el Archipiélago, aunque señala que no todos han estado dispuestos a desempolvar la UPC, como los grupos vinculados al Partido Comunista Canario de Gonzalo Angulo o las células comunistas.

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha #RetoGCSostenible, una campaña de dos meses de duración con la que buscan concienciar y sensibilizar a los habitantes de la isla sobre “los problemas climáticos y energéticos a los que se enfrenta este territorio insular, aislado, que los sufre con mayor virulencia que los continentes” para luchar “entre todos” contra el cambio climático, ha afirmado el presidente de la corporación insular, Antonio Morales.

Para ello, han centrado su estrategia en cuatro ámbitos: el agua, el medio ambiente, la economía circular y el ahorro energético y han contado con cuatro “embajadores” para explicar que cerrando el grifo al lavarse los dientes o enjabonarse en la ducha, al plantar árboles, al usar bolsas reutilizables o apagando el modo en espera de los aparatos electrónicos se ayuda “a hacer una isla más sostenible”.

Las presas públicas de Gran Canaria han pasado del 13% al 41% de su capacidad en un año, “una variación significativa” según explica el gerente del Consejo Insular de Aguas, Gerardo Henríquez, que se ha debido a las precipitaciones que se han concentrado en el primer trimestre de 2018 y que permitirá el riego agrícola los próximos tres años.

En febrero de este año ya se notó el incremento al subir el agua acumulada hasta el 36%, pero en marzo se situó por encima del 50%. Tras el verano, la cifra ha descendido, pero sigue siendo un dato “bastante razonable” para Henríquez.  Y este otoño está siendo muy bueno para los agricultores, según expresa el secretario insular de la Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), Juan Hernández,  quien reconoce la sorpresa y la alegría con la que están recibiendo las lluvias en el campo.

“El Gobierno de Canarias está renunciando a 150 millones de euros que al final es gasto público que va a tener que recortar de algún lado”. Así resume el economista y presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Antonio Olivera, las consecuencias de la medida anunciada por Coalición Canaria y el Partido Popular para sacar adelante los presupuestos autonómicos para 2019, en los que se incluyen una bajada del tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de medio punto, es decir, del 7% al 6,5%.

A priori, la bajada del IGIC afecta a los servicios de teleasistencia y de atención a las personas dependientes, así como a productos básicos de la cesta de la compra (pan, aceites y pastas) y a la factura de la energía eléctrica. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, defendió que esta medida fomentará una mayor competitividad empresarial al mismo tiempo que supondrá un ahorro para los contribuyentes de casi 150 millones de euros. En total, estimó en 110 millones de euros lo que el Ejecutivo regional dejará de recaudar.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha invertido 6.072 euros en el estudio y desarrollo de la imagen gráfica de Las Palmas Ports, the leader in the mid-atlantic y 14.980 euros en un vídeo realizado por la productora Wonder People con el objetivo de captar tráfico internacional, pero no ha facilitado las cifras correspondientes a la parte más costosa de la campaña: la inserción de publicidad de la marca en los medios de comunicación locales. Mientras tanto, el tráfico de contenedores, tras 24 meses seguidos de crecimiento,  ha descendido desde julio a septiembre en un 18% de TEUs (unidad que mide el transporte marítimo de contenedores) en comparación al mismo periodo de 2017.

“La campaña comercial ha tenido un extraordinario éxito y tendrá sus frutos en el futuro. No es una campaña en el que uno publicita una lata de atún para que mañana el usuario compre esa lata. Estamos hablando de estrategias comerciales de medio y largo alcance” ha afirmado el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, a requerimiento de este periódico.

La ausencia de dos concejales del Partido Popular (PP) en Mogán ha facilitado al gobierno de Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) en el ayuntamiento del municipio grancanario aprobar  con nueve votos más el apoyo de William García (concejal no adscrito que no acudía a un pleno desde 2016) la modificación del contrato y ejecución de la obra de aparcamientos en Arguineguín por un importe de 10,2 millones de euros, lo que supone un incremento sobre el presupuesto adjudicado de más de 3 millones de euros, es decir, un 47%. También incrementa el plazo de ejecución de la obra en ocho meses, por lo que no verá la luz hasta agosto de 2020.

“Este modificado se trae a pleno porque los técnicos municipales acreditan que el proyecto tiene deficiencias y, para garantizar la seguridad de las viviendas y los edificios colindantes, había que cambiar el proyecto. El incremento garantiza la estabilidad. Y si el coste es sobre 10 millones de euros, el Ayuntamiento los va a poner sin quebrar la estabilidad financiera del municipio”, ha afirmado la alcaldesa del municipio isleño Onalia Bueno durante la celebración de un pleno extraordinario y urgente.