La pesca profesional, como sector esencial declarado por el Gobierno central durante la pandemia generada por la COVID-19, no ha cesado su actividad en los territorios costeros de España. Particularmente en Canarias, la flota ha continuado echándose a la mar con la incertidumbre de si, al regresar a tierra, se pueda vender una cantidad que permita, al menos, cubrir sus gastos de combustible mientras las especies que emigran a las aguas del Archipiélago siguen su curso.

Es el caso del atún rojo, una especie muy valorada en mercados internacionales, cuya campaña coincidió con el inicio del estado de alarma: mayoristas que antes compraban por unos 10 euros el kilo, ofrecían 4 y pedían muy poca cantidad, un precio que hace inviable la captura de esta especie que migra entre los meses de marzo y abril a aguas de las Islas. Ya con todo el Archipiélago en la fase 2 de la desescalada y con más canales de venta, ha comenzado la temporada del túnido más descargado en las Islas (junto al bonito del norte): la tuna o patudo; sin embargo, la cantidad de toneladas que puede capturar la flota isleña se ha reducido respecto al año anterior, asfixiando aún más a la economía del sector pesquero canario.

Saioa Blanco, juntos a sus dos hijos, observaba apoyada en una barandilla un hueco donde poder colocar su toalla en la playa de Las Canteras y así mantener la distancia de seguridad. Eran en torno a las 16.00 horas, la marea estaba subida, y el emblemático arenal de la capital grancanaria ofrecía una estampa veraniega desde La Cícer a la Puntilla, pero con las mascarillas ya formando parte de la llamada transición hacia la nueva normalidad.

Gran Canaria entraba este lunes en la fase 2 de la desescalada y, con esta etapa, volvían los baños y el uso recreativo de las playas, una opción tan esperada como deseada para los isleños. “Teníamos muchas ganas”, reconoce Blanco, quien sí ha echado en falta, por ejemplo, que se habilitara una zona específica para personas mayores.

El consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves una nueva lista con 156 productos sujetos al Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (AIEM), un arancel incluido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) a la importación de productos, desde las papas o quesos hasta los cartones o el cemento. El Ejecutivo regional debe obtener la autorización definitiva antes del 31 de diciembre de la Unión Europea para que entre en vigor el 1 de enero de 2021 hasta 2017.

El portavoz el Ejecutivo regional, Julio Pérez, ha explicado que se trata de “un tributo que pretende proteger a las producciones locales” y tiene “una gran importancia económica” tanto para los sectores primario y secundario como para Hacienda, pues supone “una fuente de recaudación”, estimada en unos 140 millones de euros anuales según la Consejería. En un comunicado, el Gobierno de Canarias detalla que se han incluido 46 productos nuevos respecto al listado anterior, confeccionado en 2014, se añaden 22 más y se eliminan 20. Así, el nuevo AIEM gravará la importación de 67 productos de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; cuatro de minas y canteras; 13 de materiales de construcción; 34 de química; 12 de industrias metálicas; uno de tabaco; tres de textil, cuero y calzado; seis de transformados de papel y 3 de artes gráficas.

Una semana después del inicio de la fase 1 en Gran Canaria, y del levantamiento de las restricciones de superficie a las tiendas y a aquellas con una superficie inferior a 400 metros, en las zonas comerciales de la ciudad capitalina, como la calle Triana o la avenida José de Mesa y López, las sensaciones son positivas y los trabajadores destacan el civismo de la clientela, aunque mantienen la prudencia y la preocupación.

“Cada comercio tiene su protocolo en marcha y la gente está concienciada, guardan la distancia de seguridad y esperan en la cola cuando es necesario”, asegura el gerente de la asociación de empresarios Zona Comercial Abierta Triana, Eduardo Peñafiel, quien estima que ya el 80 o el 90% del comercio minorista ha reabierto en la calle de la capital grancanaria.

Sobre el papel, el Gobierno de Canarias mantiene que el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), un arancel exclusivo de las islas incluido en el Régimen Económico y Fiscal, sirve para proteger a la producción local, como papas, vinos o quesos; en la práctica, la globalización ha propiciado la paradoja de que empresas antaño isleñas que producían cervezas o cartones, ahora pertenezcan a multinacionales con matrices en el extranjero. ¿Protege realmente el AIEM a la industria local como pretende? He ahí el dilema.

El AIEM aplica un tipo del 5%, el 10% y el 15% a productos de importación, independientemente de su procedencia, que se seleccionan en base a distintos criterios, como la cuota del mercado, el empleo que se genera o el sobrecoste. De cara al 1 de enero de 2021, cuando debe entrar en vigor un nuevo listado propuesto por el Gobierno de Canarias y aprobado por el Ejecutivo central y la Unión Europea, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) elaboró de 2015 a 2017 una encuesta para conocer por primera vez el volumen y el valor de la producción local de 103 de los 139 elementos incluidos en el arancel.

El puesto de “técnico de auditoría jefe de prevención de la corrupción” de la Audiencia de Cuentas de Canarias, recaído en la cuñada de su presidente, se creó exactamente una semana después de que María Jesús Varona Bosque cesara a petición propia en su anterior destino al frente de la Agencia Tributaria Canaria. Varona dejaba su puesto el 26 de septiembre de 2019, tras producirse el relevo en la Consejería de Hacienda del Gobierno regional mediante el pacto del PSOE con Nueva Canarias (NC), Unidas Podemos (UP) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que desalojaba del poder a Coalición Canaria (CC) tras 26 años ininterrumpidos. El único órgano al frente del cual aún hoy sigue una persona de ese partido, Pedro Pacheco, el cuñado de Varona, es precisamente la Audiencia de Cuentas.

Según el Boletín Oficial de Canarias (BOC), María Jesús Varona cesó el 26 de septiembre de 2019, y el 3 de octubre su cuñado creaba la plaza que el pasado 11 de mayo le fuera otorgada a aquella mediante una convocatoria por el procedimiento de libre designación.

Las más de siete semanas de confinamiento en Canarias han destapado prácticas cuestionables de importación de toneladas de papas de Israel a las puertas del inicio de la cosecha temprana local. Agricultores y ganaderos se han visto forzados a vender sus alimentos puerta a puerta ante el cierre de hoteles o restaurantes; otros, directamente, han tenido que tirar o donar sus productos. Una de las respuestas del Gobierno regional a estos escenarios es actualizar el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), un arancel con el que se pretende que traer papas, vino o quesos de fuera de las islas sea más caro para proteger la producción del Archipiélago.

El AIEM, que forma parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, es un impuesto que grava las importaciones de determinados productos que se cultivan o fabrican en las islas con el objetivo de paliar las desventajas del Archipiélago como región ultraperiférica (lejanía, fragmentación del mercado local o reducidas dimensiones). En base a esta premisa, Canarias cuenta con un listado de productos de importación -agrícolas o ganaderos, pero también de la industria metálica, textil, química o materiales de la construcción- a los que se les aplica un tipo general del 5, el 10 o el 15% en función de diferentes criterios. Pero no todo el tejido empresarial isleño lo aprueba ni mucho menos se beneficia de este arancel, sobre todo pequeñas y medianas empresas y el sector turístico, que ven cómo se encarecen las importaciones.

A partir de este lunes 11 de mayo, todas las islas canarias estarán en la fase 1 de la desescalada. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha anunciado que Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote pasarán a la etapa en la que se encuentran La Graciosa, El Hierro y La Gomera desde el pasado 4 de mayo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado a tres empresas adjudicatarias del servicio de ambulancias en las islas, y a la entidad pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), que asuman el lavado, descontaminación y destrucción de la ropa de trabajo del personal técnico de transporte sanitario, tanto de los servicios urgentes como no urgentes, prohibiendo a su vez a dicho personal que se lleve a su domicilio las prendas con las que acude a su puesto y los equipos de protección individual

En un auto, la Sala con sede en Santa Cruz de Tenerife ha admitido parcialmente las medidas cautelares solicitadas el pasado 30 de abril en materia de prevención de riesgos laborales por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC CC.OO) contra las empresas Aeromédica Canaria, Tasisa, Ambulancias García Tacoronte y GSC, responsable del servicio y del concurso vigente que ha sido anulado por el TSJC y lleva vencido desde 2015 (con prórrogas incluidas).