La filial de FCC Aqualia recupera la gestión del agua en Guía de Gran Canaria, de 14.000 habitantes

La gestión del agua de abasto municipal es un negocio seguro. Un puñado de grandes empresas, algunas ligadas a la construcción, están atentas a cada licitación que sale en España para prestar un servicio que les asegura, al menos, rentabilidad. Uno de los más recientes ha tenido lugar en el municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria (13.838 habitantes). El pasado 9 de junio fue adjudicada la concesión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento por 121,7 millones de euros y un periodo de 40 años a una de las entidades más potentes del sector: Aqualia. Se trata de una sociedad participada en un 51% por el Grupo FCC, del magnate mexicano Carlos Slim, y en un 49% por un fondo de inversión australiano llamado IFM Investors.

El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha confirmado a este periódico que la licitación ha sido recurrida ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TCAP) de Canarias. “Cuando el Tribunal se pronuncie ofreceremos más información”, ha respondido el Consistorio. El 27 de marzo de 2023, más de un año después de que el Ayuntamiento publicara la licitación, se aprobó el expediente de contratación, con un plazo de presentación ofertas hasta el 8 de mayo, por procedimiento abierto. Tan solo se postularon Aqualia y una Unión Temporal de Empresas formada por Global Omnium Medioambiente; Tedagua (Grupo Cobra) y LEM Infraestructuras y Servicios. De estas tres, tan solo Tedagua cuenta con experiencia en el sector en las islas.

Aqualia ganó el procedimiento en la valoración subjetiva, donde había que lograr al menos 35 puntos para pasar a la siguiente y última fase de evaluación de las ofertas económicas antes de adjudicar el concurso. La mesa de contratación puso las puntuaciones a los criterios que se deben cumplir para prestar el servicio después de que se presentaran las ofertas. Y valoró a Aqualia con 49 puntos, la máxima que podía conseguir, y a la UTE con 30, quedando excluida. Además, el proceso de apertura de sobres y la adjudicación coincidió con el periodo electoral del 28 de mayo y con un gobierno municipal en funciones.

El documento del acta de adjudicación dedica unas páginas a justificar que, “sin ningún género de dudas”, jurídicamente la administración puede llevar a cabo este tipo de actuaciones porque estima que forma parte de los asuntos “cotidianos, corrientes y habituales para su actividad se mantenga y continúe”. El acuerdo de gobierno en Santa María de Guía se fraguó poco antes de la constitución de los ayuntamientos, el 15 de junio. Pedro Rodríguez, de Juntos por Guía-Nueva Canarias, volvió a ostentar el bastón de mando por cuarto mandato consecutivo, tras ser la fuerza más votada y pactar con el PSOE.

Un plazo de 40 años y poco rentable

El recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Canarias, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, pretende retrotraer la tramitación del expediente al inicio porque considera que los pliegos no se ajustan a la legalidad. La recurrente, que ha pedido permanecer en el anonimato, considera que está injustificado que el plazo de la concesión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento en Santa María de Guía sea del máximo plazo legal de 40 años, porque entiende que no incluye obras de envergadura que justifiquen un periodo tan prolongado para amortizar la inversión.

Preguntado por este punto, el Ayuntamiento explica que la duración del contrato “halla acomodo dentro de la legalidad vigente”. En concreto, cita que el plazo de 40 años de concesión es legal según la Ley de Contratos del Sector Público siempre y cuando cuando se contemplen la ejecución de obras y la explotación del servicio. En este caso, el Consistorio aclara que no se aportarán recursos públicos durante la vigencia del contrato y que la entidad adjudicataria tendrá “única y exclusivamente” como retribución las tarifas de agua. Por ello, entiende que es razonable aplicar la duración máxima para que la explotación del servicio en su conjunto sea viable y la empresa pueda recuperar la inversión.

Sin embargo, el recurso también plantea que la concesión, que exige a la adjudicataria una inversión inicial de 4,6 millones de euros, no es rentable. Abunda que la Tasa Interna de Retorno del estudio de viabilidad del proyecto es del 2,94%, una cantidad inferior a un bono del Estado, que presenta una rentabilidad superior al 3%. Además, que los pliegos impongan la obligación al concesionario de asumir los costes de vigilar y supervisar la ejecución del contrato es, para la recurrente, otro motivo que condiciona la rentabilidad del proyecto e, incluso, alega que infringe la Ley de Contratos del Sector Público porque se trata de un gasto que debería ser municipal y no inherente al servicio.

Litigios entre Aqualia y el Ayuntamiento de Santa María de Guía

Si se formaliza el contrato este año, hasta 2063 el servicio de aguas en el municipio estará en manos de la misma empresa que llevó a los tribunales al Consistorio alegando que era deficitario tras más de 20 años a cargo de gestión. “La única finalidad del Ayuntamiento de Santa María de Guía, ha sido mantener atrapado indefinidamente y sin remedio a Aqualia en una relación contractual deficitaria, plenamente conocida, obligándola a financiar sin límite las necesidades del servicio municipal”, expuso la empresa en un comunicado fechado en agosto de 2018, donde anunciaba la finalización de la relación contractual.

Según cuenta el Ayuntamiento, la gestión del servicio público de abastecimiento de agua en Santa María de Guía fue adjudicada en 1998 a Gestión de Aguas del Norte (Aqualia) hasta agosto de 2018. El contrato fue prorrogado en un acuerdo plenario el 29 de septiembre de 2003; sin embargo, en 2009 decidió resolver con la sociedad el contrato de manera anticipada y acordó con Aqualia la prórroga del servicio por seis meses hasta que un nuevo gestor se hiciera cargo, momento en el que recibiría el pago de la correspondiente liquidación.

La razón de resolver el contrato, según detalla el Ayuntamiento, era que el municipio había recibido una planta desaladora y quería volver a licitar el servicio integrando la infraestructura. El Consistorio dice que mantuvo “reuniones informativas públicas” con cuatro de los mayores operadores del sector en el ámbito nacional: Canaragua (Suez), Gestagua (Saur), Sacyr y Aqualia, pero ninguno presentó oferta. “Al quedar desierto el servicio, siendo este esencial para la población, se mantuvo al operador FCC Aqualia, S.A., que continuó hasta el día 18 de agosto de 2018, al ser esta la fecha de finalización del contrato”, explica.

Y en junio de 2011, el Ayuntamiento acordó prorrogar de forma indefinida el contrato, pero esta vez, sin el beneplácito de la empresa. Aqualia no estaba de acuerdo con las condiciones económica con las que debía seguir prestando el servicio tras la resolución del contrato en 2009 y estimaba que debían revisarse porque no le parecían rentables. Y fue cuando elevó el asunto a los tribunales.

De hecho, en su comunicado de 2018, directamente acusaba al Ayuntamiento de “inactividad y desidia” para encontrar un nuevo gestor durante nueve años que pusiera fin al contrato, pues consideraba que a la administración “le resultaba mucho más económico” mantener a la misma concesionaria dejando de abonarle los trabajos y servicios realizados e “incrementando con ello el déficit patrimonial”.

En declaraciones a este medio, Aqualia asegura que “trabajó con el Ayuntamiento hasta agosto de 2018” y “en ese momento, de mutuo acuerdo”, dejó de prestar el servicio. Sin embargo, el Consistorio dice que ese año la empresa decidió “marcharse unilateralmente” a pesar de los requerimientos para que continuase y reclamó el pagó por la liquidación del contrato establecido en 2009. “El saldo final abonado por la Corporación fue de unos 72.000 euros”, sostiene.

En 2018, la administración municipal tramitó por la vía de emergencia el servicio, adjudicando el contrato a Canaragua hasta que se efectuara una nueva adjudicación. “En ejecución de la citada emergencia, se confeccionó una auditoría detallada del estado del servicio, conjuntamente entre Canaragua Concesiones, S.A. y el Ayuntamiento, además de estabilizar el mismo mediante la ejecución de obras inaplazables para mitigar las pérdidas de la red, resultando muy satisfactoria la ejecución del contrato al haber aumentado el rendimiento de la red, celebrándose al menos 17 reuniones de coordinación”, relata el Consistorio.

La tramitación de la nueva concesión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento ha tardado un año y ha sido “complejo”, reconoce el Ayuntamiento, que dice que es una característica habitual en este tipo de procedimientos. Y tras las ofertas de Aqualia y la UTE formada por tres empresas, el propio Consistorio admite que le ha resultado “sorprendente que no se presentara a la licitación Canaragua Concesiones, S.A. a pesar del alto grado de conocimiento del servicio” que, hasta la formalización de la adjudicación, sigue prestando.