Arona baraja adquirir un local para comisaría por 2,1 millones vendido poco antes a un empresario por 1,4 cuando ya había expediente de compra

El gobierno de Arona (PP-CC-Vox), el municipio de mayor población del sur de Tenerife y segundo en la Isla, baraja la posibilidad, de momento como única opción y sin licitación, de un local de la comarca de Valle de San Lorenzo (unos 10.000 habitantes) para reconvertirlo en la nueva comisaría de la localidad. Hasta ahí, todo bien, salvo que la oposición ha expresado sus dudas sobre si esta operación requeriría abrir una búsqueda y no hacerlo ya con un inmueble elegido.

Sin embargo, el problema es que el espacio elegido lo compró el pasado 14 de noviembre un empresario local por 1,4 millones de euros, según las fuentes consultadas, mientras que ahora el ayuntamiento se plantea comprárselo por 2,1 millones, con lo que, en apenas cinco meses, habrá conseguido un beneficio de unos 700.000 euros cuando este inmueble ha permanecido cerrado y vacío unos diez años.

Lo más grave, no obstante, y tal y como expuso el principal grupo de la oposición (PSOE) en el pleno de la semana pasada, cuando se lleva esta posible compra por primera vez a la sesión municipal, es que el expediente para adquirirlo data del 8 de octubre de 2025, con lo que en ese momento aún pertenecía a La Caixa, entidad bancaria que lo adquirió en su momento por un embargo.

A los socialistas también le llama la atención que haya sido el concejal de Patrimonio el que impulse esta compra, y no el de Seguridad, aparte de alertar de que, al menos según la información que les consta, se carece de un informe sobre la idoneidad del lugar y del local en concreto. Sobre esto, consideran muy llamativo que se trate de un espacio con viviendas encima y que, salvo que se haga un cambio radical, hará que estos residentes coincidan con sus vehículos en el garaje junto con los de la Policía, lo que no se da en ninguna comisaría que se precie. De hecho, en el pleno advirtieron de que se puedan dar situaciones como que bajen personas detenidas con esposas o escenas similares. 

Preguntado por esta cuestión, el gobierno local no confirma esta operación en concreto y recalca que trabaja “en la búsqueda de posibles soluciones que permitan mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio. Lo que se está analizando actualmente es la posibilidad de habilitar crédito en caso de que pudiera plantearse alguna operación de compra, así como la idoneidad de los posibles usos que podrían darse a determinados inmuebles o espacios. En cualquier caso, cualquier actuación se llevará a cabo siempre cumpliendo con la legalidad vigente, los procedimientos administrativos correspondientes y todos los requisitos técnicos y jurídicos necesarios, tanto para ésta como para otras operaciones en las que el ayuntamiento viene trabajando. La prioridad del gobierno municipal pasa por seguir avanzando en soluciones útiles para el municipio, con responsabilidad, planificación y seguridad jurídica”.

“Expediente poco transparente”

El PSOE, por el contrario, lo ve de forma muy diferente y teme que, por muy pocos meses, el consistorio abone una cantidad superior a la que podía haber aportado antes de la compra del particular si finalmente elige este local, que es “el único” que, según recalca y consta en la documentación publicada, consta en el expediente, con lo que se excluye una licitación. “Bajo la apariencia de una simple modificación de crédito, la realidad es que se trata de un expediente poco transparente y que, desde luego, nos genera muchas dudas”, le comentó la concejal Raquel García a la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), en el pleno.

Los socialistas no entienden la velocidad de la compra, por qué éste local y no otro, temen que se esté incumpliendo la normativa y se cuestionan también el motivo por el que la adquisición no la plantea el edil de Policía ni cualquiera de los otros dos concejales que gestionan la seguridad del municipio. Además, alertan de otros hándicaps del lugar, al tratarse de una vía estrecha por la que tendrán que pasar los vehículos policiales para incorporarse a una carretera “ya saturada de trafico de forma habitual”. También subrayan las molestias que se ocasionarán a los vecinos por sirenas y demás, aparte de preguntarse por qué se abonarían 2,1 millones (de consumarse) sin contarse con una tasación de técnicos municipales para saber si es un precio de mercado adecuado o si sólo obedece a la petición del actual propietario.

El grupo socialista deja claro que no se opone a la compra de inmuebles “siempre que se haga con transparencia y cumpliendo con toda la legalidad, así como si se trata de una inversión que mejore la vida de los vecinos”. No obstante, cree que “descabezar el casco de Arona quitando la Policía para llevarla a un local que hay que acondicionar, en el centro de un núcleo urbano, con vías estrechas de acceso y salida de vehículos policiales y con carreteras ya saturadas de tráfico por la que tendrán que circular los vehículos de emergencia” supone otro ejemplo de la “política de parches del gobierno local, que no gestiona con una visión de futuro para Arona para generar infraestructura acorde a la población y a las necesidades”.

En este sentido, critican que se deseche el proyecto del anterior alcalde, José Julián Mena (PSOE), de habilitar “una gran comisaría, que tenía un coste total de 3,7 millones, y, a cambio, se adquiera un local sin reformar ni adecuar a las necesidades y que cuesta 2,1 millones”. Para García, la alcaldesa “sigue instalada en su política de parches y de fotos, y está claro que este expediente es el comienzo de su campaña electoral y, por supuesto, lo quiere hacer en su pueblo, pero debe tener cuidado porque, cuando uno lo que vende es humo, el humo puede ahogarte, y más cuando no se actúa con el interés general como bandera”. 

Los socialistas apuestan por adquirir un inmueble en la zona de la medianía local “que permita ubicar la nueva comisaría y otros servicios municipales, con capacidad suficiente para atender las necesidades actuales y futuras de la población”.