El Cabildo de Tenerife sigue colocando señales para senderistas sobre grabados guanches en espacios protegidos

El colectivo de arqueología social Imastanen denuncia, en declaraciones a Canarias Ahora, “un nuevo y grave atentado contra el patrimonio arqueológico de Tenerife” que, según remarca, supone una “reincidencia inaceptable” por parte del Cabildo insular. Tras darse casos similares en Adeje y La Matanza de Acentejo, el grupo critica que operarios del Cabildo encargados del mantenimiento de la red insular de senderos han realizado marcas de pintura relativas a la señalización de pequeños recorridos “en un punto emblemático del Parque Rural de Anaga directamente sobre una estación de grabados rupestres de origen indígena”, en esta ocasión en territorio de Santa Cruz de Tenerife.

Los miembros del colectivo recuerdan que, “hace exactamente un año, ya denunciamos un hecho idéntico en Adeje, y poco antes, otra agresión similar en La Matanza, resulta inconcebible que, tras reiteradas advertencias, la administración siga permitiendo que personal sin la más mínima formación en patrimonio actúe sobre soportes de piedra con grabados ancestrales que han sobrevivido al expolio y la erosión de los elementos durante siglos”, lamentan.

Para el grupo, esto demuestra “la nula coordinación entre las áreas de Medio Natural y Patrimonio Histórico del Cabildo, así como con las entidades públicas o privadas (como la empresa pública Gesplan o contratas externas) que se encargan de ejecutar los trabajos de señalización y mantenimiento”. A su juicio, resulta “incomprensible que se envíen cuadrillas a señalizar rutas en zonas de altísimo valor arqueológico sin un protocolo de identificación de bienes. Los grabados afectados son perfectamente visibles a simple vista; que un operario use un petroglifo como lienzo para una marca de pintura demuestra una carencia absoluta de eficiencia y formación específica”.

En este sentido, recuerdan que la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias deja claro que los grabados rupestres “gozan de la máxima protección legal y este tipo de actos se tipifican como infracciones que pueden llegar a ser muy graves (art. 132), con sanciones que oscilan entre los 150.001 y los 600.000 euros. La responsabilidad legal recae tanto en los autores materiales -la empresa encargada de la señalización- como en la administración promotora (Cabildo de Tenerife) por culpa in vigilando y falta de supervisión técnica”. 

Imastanen ha informado de lo ocurrido al área de Patrimonio del Cabildo para que se actúe de inmediato en la depuración de responsabilidades y recuerda que Santa Cruz de Tenerife “sigue sin haber actualizado su catálogo arqueológico municipal y, con esto, continúa incumpliendo su obligación legal en lo que a la custodia y protección del patrimonio material guanche se refiere. Sin este catálogo municipal concluido y con la mayoría de yacimientos existentes sin registrar, la responsabilidad recae en primer lugar sobre el gobierno municipal y, a continuación, en Cabildo y Gobierno canario. Tres administraciones competentes y muchos de nuestros yacimientos amenazados y sin ningún tipo de supervisión efectiva”, critican.

“Hartazgo de los vecinos de Anaga”

Asimismo, y para este grupo, “este atentado arqueológico supone la gota que colma el vaso en una comarca ya castigada por el abandono. Los vecinos de Anaga viven una situación de hartazgo y saturación. A pesar de contar con los títulos de Parque Rural y Reserva de la Biosfera, la realidad diaria es la de un territorio desbordado por el turismo de masas, colapsos de vehículos y una gestión que parece priorizar la señalización para visitantes por encima del respeto a los habitantes y al legado histórico de la zona. Anaga no puede ser un parque temático descuidado donde se atropellan los derechos de los vecinos y se destruye el patrimonio guanche por pura desidia administrativa”, denuncia.

El colectivo también censura que “este tipo de infracciones, en la mayoría de los casos, quedan sin investigar y resolver, sino que, además, nada se hace para prevenirlas en el futuro. Y aun en el caso de que se encuentre a los responsables y se abra un expediente, o bien se dejan caducar o, al final, como en este caso, lo pagamos todos de nuestro bolsillo, al tratarse de una infracción cometida por la propia administración pública -que, en última instancia, delega las labores de señalización a terceros- como encargada de velar por el patrimonio natural y cultural. Es decir, si se llegase a decretar sanción económica, la pagaremos todos los y las contribuyentes, como ya ha sucedido con anterioridad”.