Propuesta de sanción de 750.000 euros a la Comunidad de Regantes del Noroeste de Gran Canaria por una infracción urbanística en Guía

Balsa de Manrubio, en Montaña Alta de Santa María Guía.

Europa Press

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La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha comenzado un procedimiento sancionador al Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria de 754.474,22 euros por el daño medioambiental ocasionado durante la construcción de una balsa en Montaña Alta, según expone el Ayuntamiento de Guía en un comunicado.

El procedimiento sancionador iniciado por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural está motivado por una infracción urbanística “muy grave” durante las obras de construcción de la Balsa de Manrubio, que ha supuesto el “destrozo” de la carretera de Bascamao-Montaña Alta después de que se haya “duplicado la extracción de tierra que le permitía la licencia concedida para este proyecto provocando un daño medioambiental por la citada excavación no autorizada”.

La resolución de la Agencia de Protección del Medio Natural recoge que las obras fueron realizadas “sin las preceptivas autorizaciones administrativas de conformidad con la Ley del Suelo, señalando que los hechos son presuntamente constitutivos de una infracción urbanística, tipificada y calificada de muy grave” en el artículo 382 de la Ley del Suelo y se sancionará con multa del 100 al 200 por ciento del valor de las obras ejecutadas.

Desde la Agencia se ha solicitado al Consorcio la reposición de la tierra extraída para recuperar el estado original del terreno, ya que se trata de un suelo rústico de protección paisajística.

El Ayuntamiento de Guía apunta que el 26 de septiembre de 2022 aprobó en pleno una sanción de cerca de 70.000 euros al Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria por el desmoronamiento de dicha vía municipal que conecta Bascamao con Montaña Alta.

En el acto del pleno se recoge que los hechos son constitutivos de dos infracciones administrativas, por un lado por la realización de obras no permitidas en zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera sin las autorizaciones o licencias requeridas y, por otro, por la sustracción, deterioro o destrucción de cualquier elemento de la carretera relacionado con la seguridad de la circulación o la modificación intencionada de sus características. Se trata de dos infracciones muy graves de las tipificadas en la Ley de Carreteras de Canarias.

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