Ocho años y medio después de aquella fotografía siendo introducido en un coche de los agentes de Aduanas que fue portada en toda la prensa, Rodrigo Rato y Figaredo se sienta (de nuevo) en el banquillo. La Audiencia de Madrid acoge desde el próximo viernes el juicio sobre el origen de la fortuna del todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, que ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

Ahora, la Fiscalía pide para él más de 70 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones de euros y por los supuestos sobornos que cobró cuando era presidente de esa entidad. Una actividad que se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y siguió desarrollándose cuando fue presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y sendos delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. 

Durante siete años de instrucción en los que se han acumulado más de 70.000 documentos, los investigadores han indagado en un alambicado entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda. Según el juez de Madrid Antonio Serrano Arnal, que inició esas pesquisas en 2015, Rato habría montado una estructura empresarial en el extranjero con el objetivo de “alejar” de su “origen” fondos que ingresaba en España. Con ese “canal”, que operó hasta 2014, habría introducido en España más de 7,8 millones de euros, según acreditó un informe de la UCO que consta en el sumario. 

El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que Rato habría efectuado en una doble vía. Por un lado, a través de “maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio de manera oculta para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades meramente instrumentales” servicios profesionales que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. 

El escrito de acusación del fiscal describe la colaboración “particularmente relevante” que en tales operaciones habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por trust en Gibraltar, según el fiscal. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La Fiscalía afirma que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. De hecho, el Ministerio Público afirma que declaró únicamente ser propietario de la empresa Red Rose Finantial, pero “omitió cualquier referencia a otras sociedades” y declaró un patrimonio en el exterior de sólo 115.334 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Además, la Fiscalía subraya que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Entre ellos, el llamado “crédito lombardo”, que son líneas de financiación flexibles “con la garantía de su abultada cartera de valores”, según el escrito del Ministerio Público. Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. 

La publicidad de Bankia

Este caso también ha hecho aflorar supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

La investigación ha revelado que, a través de la citada Kradonara, Rato se embolsó una comisión de 835.025 euros por mediar para que dos agencias, Publicis y Zenith, se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. Para ello, siempre según el relato de la Fiscalía, se “sirvió” de personas de su confianza como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero; y el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Todos ellos se sentarán ahora en el banquillo junto otra decena de personas. 

En total, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados de Rato entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones. 

La condena por la 'black' 

A la espera de cómo acabe este juicio, Rato acumula ya una condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, atribuye a Rato y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

Esa fue la línea de defensa que siguió durante el juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. Entonces, Rato todavía mantenía abierto ese “canal” con el que supuestamente introducía en España millones de euros de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales que le lleva ahora de nuevo al banquillo.

Ha estado en el cielo y en el infierno. Ahora en el limbo de la jubilación, tras haberlo sido casi todo en el mundo político y económico -vicepresidente económico con José María Aznar, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y de Bankia-, Rodrigo Rato (Madrid. 1949) vuelve con un libro, que ha escrito junto a su pareja, la periodista de El País Alicia González, para contar su visión personal de los años de agonía que sufrió España con la crisis financiera, 'Hasta aquí hemos llegado' (Editorial Península). Rato no duda en ajustar algunas cuentas con sus antiguos compañeros de Gobierno, especialmente con el que fuera ministro de Economía, Luis de Guindos, al que señala como el instigador de su defenestración para “poder pedir un rescate bancario porque España no tenía dinero en el invierno-primavera del 2012” y “el rescate tipo Grecia era inviable por el tamaño de la economía española”.

Tras pasar 23 meses en la cárcel por la condena por apropiación indebida de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black, que destapó elDiario.es, Rato admite que “fue un error”, pero recalca que le duele que no le aplicaran el atenuante a su pena por haber devuelto el dinero. Al final, está convencido de que su condena era una forma de cerrar ante la opinión pública la crisis: “La foto de mi entrada en la cárcel era el colofón necesario de este escándalo. Si yo no entraba en la cárcel, habida cuenta de la tragedia de Miguel Blesa, aquí no había foto. Estas cosas mediáticas necesitan una foto”. Todavía está pendiente de otro juicio por supuestos cobros indebidos de dos agencias de publicidad.

Lo primero, le quiero agradecer la entrevista, sinceramente no creía que nos la fuera a dar, elDiario.es fue el medio que publicó la existencia de las tarjetas black de Caja Madrid en diciembre de 2013, con la investigación de los correos del que fuera presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Tras la revelación de este medio, la dirección de la nueva Bankia encargó una auditoría interna y el Frob la puso a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

No es culpa de ustedes, es culpa del que filtró los correos de Miguel Blesa. Yo supongo quién fue. Es una enfermedad que tiene nuestro sistema de protección de datos: se filtran documentos confidenciales que están en procedimientos judiciales. Aunque también es la culpa del que escribió black, porque si hay algo que no es black es una tarjeta de crédito. La prueba es que se sabía cuándo y en qué habíamos gastado el dinero. Alguien hizo la gracieta con la filtración y se nos cayó el pelo.

¿Quién cree usted que hizo la filtración? 

No me voy a meter... Tengo pocas ganas de nuevos problemas.

¿Entiende que haya dudas de que al hombre al que se le atribuye el milagro económico español de la era Aznar se le escapara que el gasto de unas tarjetas debería ser fiscalizado por Hacienda?

Las tarjetas estaban declaradas en el Impuesto de Sociedades de Caja Madrid. Bankia también las declara en el año 2012 en su Impuesto de Sociedades. La información de las tarjetas no se ocultó y Hacienda estaba al tanto de su uso. En el caso de mis cargos había una parte de ellos que ponía 'Bar por la noche' y que eran en el extranjero, en ese país era de día, pero por la hora creían que era un bar por la noche. Lo que quiero decir con esto es que era una prueba realmente llena de agujeros. Hay cinco actas del Banco de España donde sale el paquete remunerativo y aparecen las tarjetas. La discusión estaba en si esos pagos, además de ser deducibles del Impuesto de Sociedades, tenían que ser aplicados en las retenciones del IRPF, pero eso nunca se supo porque no hubo investigación. No hay un acta de Hacienda que diga que esos cargos no estaban declarados.

Comprendo que en mi caso, con mi posición, estar metido en un lío así, con razón o sin ella, es lo que me lleva a entrar en la cárcel y por eso salgo a decir lo siento a la gente.

Usted señala en el libro que las tarjetas black podrían ser una chapuza, pero no era en absoluto un sistema de retribución opaco a Hacienda. ¿De verdad cree que le condenaron a cuatro años y medio de cárcel por una chapuza?

Que a mí me condenaron a cuatro años y medio por apropiación indebida es un dato objetivo. También que soy el único de todos los condenados que, habiendo devuelto el dinero, no he tenido atenuante. La jurisprudencia está llena de sentencias por actos similares pero con condenas diferentes, porque depende del criterio del juez. Los órganos judiciales son inevitablemente humanos... Ahora, a mí me duele que habiendo devuelto todo el dinero antes de que empezara la investigación no se me haya aplicado ese atenuante.

¿Cree usted que ha sido un chivo expiatorio?

La foto de mi entrada en la cárcel era el colofón necesario de este escándalo. Si yo no entraba en la cárcel, habida cuenta de la tragedia de Miguel Blesa, aquí no había foto. Estas cosas mediáticas necesitan una foto.

Pero usted trasladó ese sistema de tarjetas opacas de Caja Madrid a Bankia.

Eso fue un grave error. Bankia nos debía un dinero a un grupo de directivos por el bonus del año 2011 y utilizamos las tarjetas para cobrarlo. Ese fue el error, pero estamos hablando de 12.000 o 15.000 euros, no estamos hablando de una locura.

Con el escándalo de las tarjetas black, además de entrar en la cárcel, usted perdió trabajos e incluso le echaron de clases de yoga. ¿Sigue sintiendo esa presión?

No, todo en la vida va con su tiempo. Hay unos años de una presión terrible, pero ha bajado muchísimo. Yo sigo siendo una persona imputada y he sido condenada. Los bancos no te quieren, las agencias de inversión no te quieren, ni siquiera eres un cliente que acepten fácilmente. Acaba de salir una sentencia, que ha ganado una persona que conozco, en la que el Supremo dictamina que los bancos a personas imputadas o condenadas no los pueden echar como clientes. Además, hay un pozo negro reputacional... si sales de determinada manera en Google, olvídate. Creo que esto merecería una revisión.

En el libro explica que durante su etapa de ministro no era partidario de las amnistías fiscales, pero luego se acogió a la que aprobó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy. ¿No es contradictorio?

Bueno, como político, cuanto tuve responsabilidades como ministro de Economía y Hacienda, siempre he pensado que las amnistías fiscales son complicadas de hacer y políticamente son difíciles de manejar. De hecho, se ha puesto de manifiesto que esta última era una chapuza. Yo vivía en el extranjero y recibí un dinero de mi padre. Quería repatriarlo y con una amnistía fiscal era más fácil. En ese momento no tenía ningún cargo público. Puede parecer bien o mal, pero si me conviene y lo han aprobado, ellos sabrán lo que han hecho. Luego resultó que la norma estaba mal hecha, que era inconstitucional. Se filtraron mis datos. Soy el único del que se sabe que me acogí a la amnistía.

Se han conocido más casos. En elDiario.es hemos publicado los nombres de más personas que se acogieron a esa amnistía fiscal.

Puede ser, lo desconozco. Lo que seguro que no le ha pasado a nadie es que el ministro de Justicia [Rafael Catalá] comente mi caso en la televisión. El Gobierno aprueba una norma y luego... Mire, no voy a poner más ejemplos porque nos vamos a meter en líos.

Sobre la amnistía fiscal que aprueba Montoro como ministro de Hacienda llega a decir en el libro: “Me pareció que ellos [Cristóbal Montoro y Ricardo Martínez Rico] tenían claro que a algunos de los clientes podía venirles bien”, ya que anteriormente Montoro y Martínez Rico tenían un despacho de asesoría fiscal, Estudio Económico. 

Tenían un despacho de asesoría fiscal, no era una ortopedia. Cuando ellos me comentaron que la experiencia de Silvio Berlusconi en Italia había sido muy satisfactoria porque había recaudado mucho dinero, los escuché y pensé que sabían de lo que hablaban porque tenían un despacho de asesoría fiscal...

Pero en el libro parece que lo dice con segundas...

No, no lo digo ni con segundas ni con primeras. ¿Si usted es asesor fiscal y al mismo tiempo piensa que cuando sea ministro va a hacer una amnistía fiscal? Pues no me parece descabellado pensar... La verdad es que yo no lo afirmo, simplemente digo que me pareció que a sus clientes les podría venir bien porque estaban en ese negocio. No sé si alguno de sus clientes se ha acogido a la amnistía fiscal. Sería una bonita pregunta: ¿Alguno de los clientes de Estudio Económico se acogió a la amnistía fiscal? Es una pregunta que le ofrezco gentilmente.

Teniendo en cuenta las tarjetas black y que se benefició de una amnistía fiscal, entiende que haya gente que le vea como una persona poco transparente con el dinero.

Es el motivo por el que pedí perdón. He sido una figura pública privilegiada. España me ha dado unas oportunidades estupendas. He sido vicepresidente ocho años y director gerente del Fondo Monetario Internacional, que son los dos cargos más importantes que he tenido. No tendría que haberme encontrado con el problema de si en mi declaración de la renta del año 2010 se tenía o no en cuenta mi tarjeta. Son errores de juicio que he cometido, lo he reconocido en público y también en el libro.

En el libro dice que se castigó a las cajas porque financiaron todas las viviendas posibles, lo cual no deja de ser paradójico porque una parte del milagro económico de su Gobierno fue una liberalización del suelo que impulsó la burbuja inmobiliaria.

No estoy de acuerdo. Que se aumente la capacidad de producción de un bien no quiere decir que aumenta la venta, porque si fuera así no habría más que producir calcetines sin parar y se venderían todos. No es así. La liberalización del suelo lo que intenta es que haya más suelo para construir. Si se construye o no se construye no depende de la liberalización del suelo sino de la financiación. Además, el Tribunal Constitucional declaró que la liberalización del suelo que aprobamos contravenía las normas autonómicas y la suspendió. Aquí la liberalización del suelo no pasó nunca. En España se produjo un problema de endeudamiento. El stock de deuda en España se dobló en dos años. Aquí se endeudó todo el mundo hasta las cejas con casas, coches, viajes... Todo el país se endeudó de una manera terrible y explotó.

Además de los ciudadanos, lo pagaron las cajas con su desaparición. 

A las cajas se las castigó con un coste excesivo. Las cajas habían financiado el acceso a la vivienda de la clase media española y el acceso a la financiación de las pymes. La financiación a la vivienda, como estamos comprobando en estos momentos, necesita de alguna manera una participación pública. Mientras existieron las cajas era una financiación más sencilla y más barata. Las cajas no tenían accionistas, no tenían que dar dividendos, eran una competencia muy pegada al terreno. Tenían una influencia política que los bancos no tenían.

Algunos bancos tuvieron y siguen teniendo mucha influencia política.

Puede ser, pero que levante el dedo el empresario que no la tiene.

A usted le pidió la dimisión como presidente de Bankia el ministro de Economía Luis de Guindos en una cena en su despacho del Ministerio donde estaban los presidentes del Santander (Emilio Botín), del BBVA (Francisco González) y de La Caixa (Isidre Fainé). Parecía que algo de influencia política tenían.

Fue una cosa que no he visto en la vida. No iba preparado para discutir las provisiones que necesitaba Bankia con la competencia. Me citó el señor De Guindos el domingo de Resurrección del año 2012, un día malísimo para todos. Estábamos cenando, hablamos del mercado, de la marcha de la economía y, de repente, ante mi estupor, Guindos me dice que les cuente cómo está Bankia. Me negué pero él insistió, aguanté el temporal como pude. Acabó la cena y Guindos encargó al presidente del BBVA que negociara conmigo cuáles eran las provisiones que necesitaba Bankia. Claro, no me salió de las narices. El BBVA no era el financiador. Habría que recordar que este banco había sido el heredero del Banco de Crédito Local, tenía a todos los ayuntamientos en la barriga, querría yo ver las cuentas de todo eso. Aquí los pecados los sabemos todos. El gobierno en su conjunto no tenía ninguna decisión tomada. Pero de repente, se tomó, me tuve que ir y se quedaron tan contentos.

E insisto, no había precedentes de una reunión así, ni con el PSOE ni con nosotros, pero... ¿Usted ha visto precedentes de lo que pasó con el Banco de Madrid? ¿Usted ha visto precedentes de lo que pasó en la casa de Luis Bárcenas? ¿Usted ha visto precedentes a lo que ha pasado con el CNI y el señor Zaplana? Era un gobierno muy ligero.

Cuenta en su libro que Mariano Rajoy, en un debate televisivo con el candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, se negó a la creación del banco malo. Usted lo achaca a la presión del Santander y del BBVA, que en ese momento lo dirigían Emilio Botín y Francisco González. Recuerda que pensó: “Caray, lo que mandan Emilio y Paco”. ¿Realmente quién manda en España es la gran banca?

No lo sé. Ellos no querían un banco malo en España por la penalización de los mercados, como si no supieran cómo estaba la economía española, y porque las dos entidades no lo necesitaban. Defendían sus intereses sin incumplir la ley. Pero el gobierno lo tenía que hacer. El primero que tenía que haber planteado el banco malo fue José Luis Rodríguez Zapatero. Lo defendí como presidente de Caja Madrid y de Bankia. Hoy lo sigo defendiendo, es una necesidad para España. Que en un debate en televisión, un político de las características dialécticas de Mariano Rajoy se mojara tanto en contra del banco malo me sorprendió. Tuvo que venir la UE a obligarnos a hacer un banco malo, pero ya era tarde.

Se sintió traicionado cuando el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, se echó atrás en la fusión Caixa-Bankia, que habían acordado inicialmente como cuenta en su libro.

No, eran negociaciones. Habían ido muy bien, aunque había algún problema por el tamaño y también tenía sus implicaciones políticas. Yo no tenía prisa o creía que no tenía prisa. Fainé trató de renegociar una parte. Era a finales de noviembre, lo dejé, y después intervino el Gobierno. El ministro De Guindos quería forzarme a una fusión con La Caixa, sin ayudas. Traté de corroborar con otras partes del Gobierno si era la posición general y me dijeron que no. Esto ocurre en enero y me echan en mayo.

En su libro apunta que Deloitte retrasó su auditoria de las cuentas de Bankia, lo que permitiría que una nueva dirección del banco rehiciera las cuentas. ¿Estaban confabulados para echarle?

Deloitte, como cualquier otro auditor, tiene la obligación legal y contractual de presentar su opinión sobre unas cuentas en una fecha. De manera informal le había dado la opinión al presidente de la Comisión de Auditoría y al interventor general de Bankia, pero se negó a dar su opinión de manera oficial. Presentamos las cuentas, sin la opinión del auditor, a la CNMV y la acción no sufrió. Si Deloitte hubiera emitido su opinión, aunque fuera con salvedades, no se hubieran podido reformular las cuentas. Pero Deloitte avaló posteriormente que la nueva dirección [con José Ignacio Goirigolzarri como presidente] reformulara las cuentas de 2011 por hechos sobrevenidos en 2012, lo que es irregular. Lo dijo la Fiscalía y el Frob en el juicio de Bankia. Hasta que a Deloitte lo imputan en el caso Bankia, sigue trabajando para la nueva dirección de la entidad. Luego los absolverían como a todos. No es lo que yo sospeche, es que la historia es así. No hace falta ser muy listo. 

También dice en el libro que el ministro De Guindos le comentó que Goldman Sachs había hecho unos cálculos sobre las necesidades de capital de Bankia mucho mayores el mismo día que le pidió la dimisión. Posteriormente, José Ignacio Goirigolzarri, ya como presidente de Bankia, explicó que Goldman Sachs había calculado esas necesidades en 19.000 millones. ¿Estaba al tanto o colaboró Goirigolzarri en la operación para desbancarle?

Las necesidades de capital de un banco europeo las fija el regulador. Por cierto, en ese momento el Banco de España tenía 15 personas dentro de Bankia a todas horas. Un banco de inversión americano puede decir lo que le dé la gana, a saber los intereses que tiene. El señor De Guindos utilizó a Goldman Sachs porque no tenía un informe del Banco de España. Una semana después, en una comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era el gobernador del Banco de España, dice en las Cortes que él no ha tenido nada que ver con el caso Bankia y que el Gobierno le ha pedido silencio. Se le exige silencio al regulador ante la mayor intervención bancaria de España y se exhibe a Goldman Sachs, que es un banco de inversión que cobra. Qué quiere que le diga.

Otra cosa que no se ha explicado. En 2017 se coloca un 7% del capital de Bankia por debajo del precio del valor en libros. Es una colocación privada confidencial a inversores institucionales cuando pocas semanas antes, la dirección de Bankia había anunciado que iba a devolver el exceso de capital que tenía.

¿Y qué papel juega el señor Goirigolzarri en todo esto?

Es el señor que acaba siendo presidente de Bankia. He hablado con él dos veces en mi vida. Tengo referencias muy buenas de él como profesional. En 2017 la cuenta de resultados es tan paupérrima que está muy por debajo de sus competidores. Es un hecho que con 25.000 millones de ayudas públicas no consiguió que sus beneficios respondieran a su tamaño, la frase es suya. Con él se nacionalizan las cajas, luego desaparecen y, en 2021, a Bankia la absorbe La Caixa.

Pero entonces, ¿fue necesario el rescate de Bankia?

No. El banco cumplió con todos los requisitos en cuanto a provisiones que se establecieron con los decretos que aprobó el ministro De Guindos. Todo lo que vino detrás fue una decisión política. El desastre de Bankia proviene de una intervención mal organizada, que es donde se produce la caída de la acción y la retirada de depósitos. Hasta ese momento, pese a las opiniones del FMI y a Francisco González, presidente del BBVA, hablando mal de Bankia, la acción se mantenía y no hubo retirada de depósitos. Las crisis bancarias se producen por pérdidas de confianza en el mercado, no por lo que opine Juanito o Pepito, por muy ministro o presidente del BBVA que sea. Cuando un Gobierno echa al presidente de un banco de mala manera, cualquier persona normal se lleva el dinero del banco.

¿Qué hubiera pasado si no me echan? No lo sé. ¿Qué hubiera pasado si me echan con unos plazos y sin escándalos? No querían eso. En el libro lo que digo es que el Gobierno quería una crisis bancaria para poder pedir un rescate porque España no tenía dinero en el invierno-primavera del 2012. Estábamos arruinados. El rescate tipo Grecia era inviable por el tamaño de la economía española. Se optó por un rescate bancario, que después no se utilizó bien.

Usted recuerda en el libro que Manuel Fraga le dijo: “Nunca se debe entrar en algo si no se tiene salida” por la posición de abstención de Alianza Popular en el referéndum de la OTAN. Pero durante todo el libro, da la sensación de en su periplo en Bankia se va metiendo en una telaraña sin salida, ¿en qué pensaba?

Me van cambiando las reglas del juego constantemente. Es una etapa que no dura ni siquiera dos años. En el verano de 2010 acepto dinero público para capitalizar Caja Madrid para la fusión con otras cajas, que son más de las que inicialmente me dicen. Mi horizonte era provisionar mucho y después pasarme varios años digiriendo esa fusión. En febrero del 2011, me cambian las reglas del juego. Tenemos que salir a bolsa. Cogemos 3.000 millones de la salida a Bolsa y más de 6.000 millones de las preferentes. Es un colchón, pero las preferentes hay que negociarlas y no iba a salir barato. Que conste que yo no di ni una preferente, me las encontré. Después, me echaron. Me podría haber ido cuando Bankia salió a Bolsa, pero no lo hice.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro le dijo: “Rodrigo, eres una víctima colateral”. ¿En ese momento imaginaba que ser una víctima colateral se iba a traducir en su ingreso en prisión?

En ese momento no imaginé nada porque me quedé anonadado, me lo estaba diciendo nada más y nada menos que el ministro de Hacienda. Dije: pues qué le vamos a hacer, voy al matadero. Y, efectivamente, fui al matadero. Me echaron. Me lo dijeron un domingo por la tarde y por la noche ya me habían echado. No querían que me fuera ni al día siguiente. Entonces, se derrumbó todo. Querían pedir los millones del rescate.

Llega a decir en el libro que el juez Fernando Andreu ignoró en el caso Bankia los informes del Banco de España durante cinco años.

Los pedí, pero no conseguí que los aceptara. Solo aceptó un informe del Banco de España sobre las provisiones de Bankia porque un juzgado de Navalcarnero los pidió. Nos enteramos por la prensa. Entonces no le quedó más narices al señor Andreu que aceptar un informe del Banco de España sobre provisiones, aunque no le hizo ni caso. En los escritos de la causa está que él no pidió un informe al Banco de España sobre Bankia.

¿Esa actuación es legal?

No me pida que califique al juez. Ni que me hubiera vuelto loco.

Leyendo el libro parece que lanza un órdago a todo el sistema, desde al presidente del Gobierno hasta jueces y fiscales pasando por auditores, reguladores, bancos...

Trato de transmitir en el libro que necesitamos tener un sistema con mucha capacidad para protegernos, para regularnos, para que nos portemos bien. Echo en falta que la potestad vaya acompañada de la responsabilidad. Si la Fiscalía Anticorrupción acusa a varias personas de la salida a bolsa de Bankia y pierde, debería pagar las costas. Mientras que en este país la Administración no sea responsable de sus actos, no funcionará bien.

En otro momento del libro, cuando explica cómo le comentaron el suicidio de Miguel Blesa, escribe: “Un sistema que devora y destruye a las personas sin que a ellos les pase nada”. Pero señor Rato, desde el punto de vista de alguien de la calle usted es más sistema que nadie.

Sí, yo fui sistema, y lo intenté dejar mejor que cuando salí. El señor Blesa fue encarcelado, según los jueces, ilegalmente. Pero el juez que lo envió a prisión no fue condenado por detención ilegal, fue condenado por prevaricación, que no tiene consecuencias penitenciarias. El sistema está descompensado. ¿Por qué a la Fiscalía no se la puede condenar en costas? ¿Por qué no se condena en costas a la Agencia Tributaria?

Usted asegura que en 2013 hubo una campaña desde el diario El Mundo contra su persona. ¿Quién cree que puso en marcha esa campaña?

A la dirección del diario El Mundo le pareció que yo vendía muchos periódicos. No lo sé. Fui al juzgado, dije que se estaba filtrando mi sumario secreto, el juez recibió mi denuncia y me contestó que efectivamente era un delito, pero que como no se sabía quién lo había cometido, lo cerraba. En algún momento alguien tendrá que poner orden al tema de las filtraciones.

Explica en el libro que cuando lo trasladaron al módulo 10 de la cárcel de Soto del Real se encontró a Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega, condenados por la Gürtel. ¿Es la imagen de una España de abusos que termina en la cárcel?

Faltaban los condenados por los ERES de Andalucía pero tiene usted razón. Yo tengo mi opinión sobre la Gürtel: me sorprende que a una persona acusada y condenada por una comisión urbanística le condenen a 18 años de cárcel y a una persona condenada por desviar 675 millones de euros de dinero público le condenan a siete años. No puedo juzgarlo porque no conozco ninguna de las dos causas en profundidad, pero me llama la atención.

Coincidió también con los presos catalanes independentistas. Me ha llamado la atención que Oriol Junqueras le dio clases de física cuántica. ¿Llegaron a profundizar más en su relación? 

Fui un mal alumno de física cuántica y me abrió los ojos. Es una persona con una gran afición por enseñar, muy simpática y muy capaz. Nunca hablamos de política, como era obvio, ya nos conocíamos todos. ¿Para qué íbamos a hablar de política?

Cuenta en el libro que la meditación se convirtió en una parte fundamental en su vida. Llegó a la cárcel con el mantra: “Este es el mejor momento en el que puedes estar ahora mismo”.

A mí me ayudó mucho. Es un ejercicio sanador, generador de energía y de positividad. Solo podemos estar en el sitio en el que estamos en ese momento, hay que asumirlo y aceptarlo.

En el libro habla de traiciones a Fraga, el dedazo de Aznar con Rajoy, las maniobras de Rajoy, Montoro y Guindos con su presidencia en Bankia, los tejemanejes de las “niñas asesinas” para anular la etapa de Aznar... Deja una visión del PP como un nido de traidores.

No, no. He estado 30 años en el Partido Popular, donde tengo muy buenos amigos con los que he hecho cosas muy buenas, entre ellos José María Aznar. He estado en gobiernos con Aznar y Mariano Rajoy, de los que estoy muy orgulloso. No me arrepiento para nada de haber estado en el Partido Popular, al contrario. Ahora ya no estoy. No tengo grandes quejas de la política, pero la historia es la que es. No puedo contar otra.

Le queda todavía otro juicio. La Audiencia de Madrid lo acusa de delitos fiscales y corrupción por supuestos cobros indebidos de dos agencias de publicidad. ¿Qué expectativas tiene? ¿Está preparado para otra condena a penas de cárcel?

Tengo argumentos de fondo y de forma contundentes y buenas periciales. Estoy seguro de que no volveré a la cárcel.

Además de publicar un libro y promocionarlo, ¿a qué se dedica ahora?

A ser jubilado y a defenderme, que es bastante.

Quien tiene mucho dinero o dispone del dinero de los demás, tiene un arma secreta en el debate público: los abogados. El periodismo vive asediado por una tormenta de amenazas vestidas de requerimiento notarial. La última nos llega de parte de la alcaldesa de Marbella.

Hablamos con Ignacio Escolar, director de elDiario.es. 

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Felipe Espinosa, ex director de la empresa pública Vaersa, se sienta este próximo lunes en el banquillo de los acusados ante un tribunal del jurado por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos.

Tras la suspensión del juicio por la baja de un testigo y de un perito, Espinosa se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión y de inhabilitación absoluta durante 15 años por parte del Ministerio Público. El exdirector general de Vaersa, nombrado por el PP, sacó billetes de 500 euros en 48 ocasiones con la tarjeta de crédito E-Business Visa, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Los fondos presuntamente saqueados los usó para “fines propios y particulares”, sostiene el Ministerio Fiscal.

La gran mayoría de los gastos fueron en restaurante, especialmente los fines de semana en el club social de la urbanización Alfinach de Puçol, donde reside el acusado. También gastó el dinero de la empresa pública en comidas los viernes en el restaurante El Molí de la misma localidad y en varias superficies comerciales. Otros “gastos significativos” fueron la revisión de su Jaguar, por 6.478 euros. Además de la gasolina de sus vehículos particulares. En total, Vaersa reclama 105.397 euros.

Además de los seis años de prisión, la Fiscalía pide una indemnización en concepto de responsabilidad civil de la misma cantidad presuntamente malversada. En el juicio ante el tribunal del jurado declarará como testigo el viceinterventor general de la Generalitat Valenciana, Ignacio Pérez López.

Espinosa ya fue condenado por la Audiencia Nacional por haber detraído fondos públicos para gastos como autopréstamos, una transferencia a su hermano, tabaco, visitas al dentista e incluso viajes a Luxemburgo y Bogotá.

El exdirector de Vaersa también fue condenado por la compra irregular de 67 todoterrenos, algunos de ellos de alta gama, y el pago de sobresueldos a directivos entre 2007 y 2011 sin la autorización del Consell. En ambos casos, Espinosa acordó con la Fiscalía un pacto de conformidad, es decir, se declaró culpable.

“¿Esto lo consideramos un saqueo? Es el mercado, amigo”, espetaba con convicción Rodrigo Rato en una comparecencia en el Congreso cuando se le pedían explicaciones por las pérdidas de miles de millones para los accionistas y el posterior rescate de más de 20.000 millones con dinero público que había supuesto la salida a Bolsa de Bankia. Rato tenía razón. Ya saben, el mercado manda, es una cuestión de oferta y demanda. Y parece que Rato vuelve a ser un activo con caché. El expresidente de Bankia, expresidente del FMI y ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar escribe hoy un artículo de opinión en el diario Expansión. Rato, en tercer grado tras abandonar hace 20 días la prisión en la que cumplía una condena de cuatro años y medio por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black y a la espera de nuevos juicios, llama a la “flexibilización” del mercado laboral y critica la regulación de determinados sectores.

Los aduladores del milagro económico del Ejecutivo de Aznar ya pueden gritar: “Rato is back”, aunque haya pasado por la cárcel después de hundir a una entidad financiera. Bajo el título Empleo, inversión y deuda, el exvicepresidente del Gobierno de Aznar recuerda en su reaparición las recetas que tanto gustan en determinados cenáculos, aunque hayan sido denostadas por el FMI o el Financia Times. Rato recurre en su artículo a eufemismos como la “flexibilidad del marco laboral”, nada de fijar salarios sino más bien abaratar el despido; ensalza la desregulación de sectores, ya saben: no dejen que el Estado ponga obstáculos a los negocios; hace un recuerdo a la necesidad de volver a las políticas de austeridad que incrementaron la desigualdad; y salpimenta todo su escrito con una devoción mística por el crecimiento: “La Unión Europea (...) requiere una nueva visión de su regulación más orientada al crecimiento. (...) Quizás deba pensar más en ser un destino de inversiones que en ser ejemplar”, afirma.

Rato ofrece lo que él denomina 'certidumbres' ante la dificultad de hacer previsiones en un entorno económico complejo por el impacto económico de la COVID-19. Fue precisamente esa dificultad a la hora de hacer previsiones la que llevó a Rato al banquillo por penúltima vez con el resultado de una absolución por encabezar la salida a bolsa que llevó al rescate de Bankia con un dinero público que difícilmente se recuperará y que dejó sin ahorros a miles de inversores.

Mientras acaba de cumplir en tercer grado su condena a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida en el caso de las 'black', el exvicepresidente económico de Aznar está pendiente de otra visita al banquillo. En este caso, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción cometidos por sus empresas. Entre tanto, y pese a las sombras, Rato parece dispuesto a seguir vendiendo sus recetas: desregulación, “flexibilización” del mercado laboral y austeridad.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido este jueves el tercer grado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, que podrá así salir de la cárcel mediante control telemático. Esta decisión abre la puerta a que por su edad y problemas de salud pueda pedir la libertad condicional.

Una vez absuelto de la acusación por la salida a bolsa de Bankia, el magistrado José Luis Castro señala en un auto que la propia Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Soto del Real ha propuesto por mayoría la progresión del interno al tercer grado, al entender que está capacitado para seguir cumpliendo su condena en un régimen de semilibertad y se basa en los informes emitidos por los profesiones del equipo técnico del centro penitenciario.

También ha tenido en cuenta el magistrado que Rato ya ha hecho frente a la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena a 4 años y medio de cárcel por las 'tarjetas black'.

El juez concluye que en este caso se dan las circunstancias y variables que le hacen merecedor del tercer grado, “debiendo unir a ello su avanzada edad (71 años) que le permitiría, si se dan los requisitos legales, obtener la libertad condicional por esta causa, así como por las enfermedades coronarias que padece”.

Nuevo máximo responsable del Real Zaragoza CF de su inseparable César Alierta y consejero en una inmobiliaria junto al empresario Manuel Piñera Gil-Delgado, buen amigo del rey emérito Juan Carlos I, o José Gomis, exvicepresidente y exaccionista de la constructora Isolux.

Son las nuevas ocupaciones del exdirectivo de Telefónica Luis Blasco, condenado en firme por el Tribunal Supremo en octubre por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.

Este abogado y economista zaragozano de 74 años fue nombrado el 29 de julio nuevo consejero delegado del club de su ciudad, aupado por su paisano y amigo, el expresidente de Telefónica, que se ha convertido en máximo accionista del equipo maño con un 49% de las acciones. Pese a su pasado judicial, Alierta no ha dudado en respescar a Blasco, que irrumpe así en la primera línea de la gestión futbolística.

Es un campo que conoce bien. El directivo, que entre otros cargos fue presidente de Antena 3 TV o máximo responsable del área audiovisual de Telefónica hasta 2017, fue tesorero del Real Madrid entre 1994 y 1995 y formó parte de la junta directiva del club blanco hasta que dimitió en 2015, tras el estallido, en octubre de 2014, del escándalo de las black, cuya existencia reveló eldiario.es en diciembre de 2013 durante la investigación de Los Correos de Blesa.

El nuevo CEO del Zaragoza se gastó 51.580 euros con su black entre febrero de 2010 y abril de 2011, el 56%, en restaurantes de alto copete. Utilizó su tarjeta opaca para comprarse casi 7.000 euros en cadenas como Giorgio Armani, Tous o Loewe. Eludió la cárcel porque devolvió el dinero tras ver su nombre incluido en las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y en octubre, logró que el Supremo rebajase la pena inicial de año y medio de prisión que le había impuesto la Audiencia Nacional por un delito continuado de apropiación indebida.

Esa primera condena precipitó su salida de Telefónica tras una larga carrera profesional que abarca el sector público (fue viceconsejero de Industria de la Diputación General de Aragón a finales de los 70), el audiovisual (en 2012 figuró entre los candidatos que barajó Mariano Rajoy para la presidencia de RTVE) o la construcción, como consejero de OHL, la empresa del exministro Juan Miguel Villar Mir, entre 1987 y 2005.

Nuevo cargo

Un mes después de la sentencia del Supremo, el pasado 8 de noviembre, Blasco se convirtió en consejero de una sociedad de nueva creación, Hibiscus Bay SL, dedicada a “la compra y venta de toda clase de bienes de naturaleza inmueble, tanto rústicos como urbanos” y al “arrendamiento, administración y en general explotación, bajo cualquiera de las formas admitidas en derecho, de toda clase de bienes muebles e inmuebles”.

El presidente de Hibiscus es Manuel Piñera Gil-Delgado y su consejero delegado, su hijo Raúl Manuel Piñera García. Está radicada en el mismo edificio en Aravaca (Madrid) que acoge la sede del Grupo Scholtz, presidido por Piñera Gil-Delgado. Este empresario, casado con María Teresa García, heredera del fallecido Nicomedes García, fundador de las destilerías DYC, es vicepresidente y accionista de la universidad privada Alfonso X El Sabio, cuyo control ha tomado recientemente el fondo de capital riesgo CVC.

Además de Piñera, que en mayo se dejó fotografiar un año más en la Plaza de Las Ventas de Madrid disfrutando de la Feria de San Isidro junto a Juan Carlos I y la Infanta Elena, acompañan al nuevo CEO del Zaragoza en el consejo de administración de Hibiscus Bay el médico Enrique Asín, uno de los cardiólogos más prestigiosos de España, y Antonio Gomis, recientemente absuelto en segunda instancia de un fraude de 1,3 millones de euros a la Hacienda pública.

En junio, el antiguo socio de Isolux, que en 2017 protagonizó uno de los mayores concursos de acreedores de la historia de España, vio revocada la condena que le había impuesto en noviembre de 2018 la Audiencia Provincial de Madrid por defraudar en 2012 a la Hacienda pública 3,74 millones a través de sociedades en Holanda junto con su exsocio y expresidente de Isolux, Luis Delso. Ahora, Gomis compartirá su visión sobre el mercado inmobiliario con el nuevo CEO del Zaragoza y con Piñera, el amigo de Juan Carlos I.

Cada semana, José Antonio Moral Santín (Villafranca del Bierzo, 1949) cumplía su ritual. Se acercaba a un cajero automático de Caja Madrid, introducía su tarjeta y retiraba la cantidad máxima que le permitía la entidad. 300, 500 o 600 euros, según avanzó el tiempo. Así, hasta completar 360.000 euros. 60 millones de las antiguas pesetas, moneda oficial cuando este catedrático de Economía Aplicada por la Universidad Complutense entró al Consejo de Administración de la entidad financiera. 23 años después, Moral Santín se maneja ahora con la tarjeta del economato de Soto del Real.

Moral Santín ingresó el pasado 29 de octubre en la cárcel para cumplir los cuatro años a los que fue condenado por apropiarse indebidamente de 456.522 euros de la entidad de la que fue vicepresidente durante lustros. La gran mayoría del dinero, los 360.000 euros antes citados, los retiró en efectivo. El destino del dinero es desconocido, pero el que fuera su entorno académico y político le recuerda pidiendo que le invitaran a comer de forma muy habitual. En Villafranca, mientras, se construyó una casa a la que dejó de acudir cuando estalló el escándalo.

De los otros 100.000 euros sí quedó rastro: restaurantes de lujo, comidas en diversos establecimientos de la red de Paradores Nacionales o el Golf Beach Aparthotel de Girona, donde se dejó 1.000 euros en tres días.

Hoy, nadie le rinde cuentas en la izquierda institucional madrileña y estatal. Se hacen bromas sobre lo inapropiados que son sus apellidos vista su actual residencia en Soto. O se enarbola el habitual “yo ya lo decía”. Pero durante años, José Antonio Moral Santín fue una de las personas más poderosas en la casi extinta Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM), que acabó expulsada de la organización federal que entonces dirigía Cayo Lara precisamente por los coletazos de su participación en la gestión en Caja Madrid, primero, y Bankia, después.

Moral Santín militó en el comunismo clandestino durante el franquismo y fue uno de los fundadores del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), una escisión del oficial PCE que hoy pervive como poco más que un grupúsculo sin apenas presencia institucional ni social.

El economista llegó a ser su secretario general en Madrid. En 1986, el grupo formó parte de la fundación de Izquierda Unida. Moral Santín fue elegido diputado autonómico en las siguientes elecciones, en 1987. En 1989 volvió al PCE. Y en 1991 repitió en las listas electorales.

Ocupó un escaño en la Asamblea de Madrid dos legislatura hasta 1995. Como parte del acuerdo que permitió a Joaquín Leguina mantener la Presidencia regional entre 1991 y 1995, Moral Santín fue designado presidente de Telemadrid. La debacle socialista de 1995 y la mayoría absoluta del PP de Alberto Ruiz-Gallardón supusieron su destitución, aunque permaneció como consejero de la radio televisión pública madrileña.

De Telemadrid, a la vicepresidencia de Caja Madrid

Ese año, cambió la historia para Moral Santín y para buena parte de la izquierda política y sindical madrileña. Perdido el Ayuntamiento de la capital en 1991, el ascenso del PP también a nivel regional redefinió los equilibrios de poder durante décadas.

En 1996, apenas un año después del triunfo, el PP se lanzó a por el control de Caja Madrid, motor financiero de toda la región. En septiembre, el partido de Gallardón firmaba un acuerdo secreto con CCOO al que se sumó IU para situar a Miguel Blesa al frente de la caja pública.

La contraprestación: una vicepresidencia para Moral Santín que ya no soltaría hasta que la caja, al borde de la quiebra, fue absorbida por la naciente Bankia. El economista fue consejero del banco que presidió Rodrigo Rato, también en prisión por el uso de las tarjetas opacas al fisco.

No fue el único acuerdo que el PP e IU firmaron para asegurarse el control de Caja Madrid. O una parte del PP: la de Esperanza Aguire. En 2009, en plena crisis financiera global y con la entidad entrando en terrenos resbaladizos, ambos partidos, además de CCOO, UGT y el PSOE, suscribieron un pacto para repartirse el Consejo. Ignacio González iba directo a la Presidencia de Caja Madrid. Pero se interpuso Mariano Rajoy, quien colocó a Rato al frente.

El documento, que publicó años después eldiario.es, estaba suscrito por Francisco Granados por el PP y Antero Ruiz por IU.

Antes, bajo la presidencia de Miguel Blesa, Caja Madrid se convirtió en un polo financiero de la región. Gestionó sus participaciones financieras a través del holding Cibeles (después, Bankia Inversiones Financieras).

Dos de las empresas en las que participaba la entidad a través de Cibeles fueron el City National Bank of Florida o la aseguradora Mapfre. Moral Santín acabó de consejero en la segunda. La primera se convirtió en un dolor de cabeza judicial para Blesa por un agujero de 500 millones de euros. Y permitió el surgimiento de una figura como la del juez Elpidio José Silva.

De la cúpula al escrache

Moral Santín y la vieja guardia de IU en la región se bunkerizaron en Madrid. En 1996, el año del asalto a Caja Madrid, se registró el partido IUCM ante el Ministerio del Interior. La federación madrileña se confederaba con la estatal, que perdió el control de sus cuentas, afiliados y acciones institucionales.

La crisis financiera, la debacle de Caja Madrid, el 15M, la irrupción de Podemos y la hecatombe electoral de autonómicas y municipales de mayo de 2015 rompieron la baraja. La dirección federal de IU le vio las orejas al lobo y tomó las medidas que nunca había adoptado.

Acabó desfederando a IUCM y creando una nueva estructura en la región. Una parte de lo que quedaba se atrincheró en el sur de Madrid.

Años antes, Moral Santín ya enfrentaba las críticas de la izquierda más combativa de Madrid. Y donde quizá menos se lo podía esperar: en la universidad.

El economista ejercía la docencia en la Universidad Complutense de Madrid. En 2012, alumnos del colectivo Contrapoder ejecutaron un escrache durante una de sus clases. Y lo grabaron.

El manifiesto lo leyó un desconocido Miguel Ardanuy, hoy diputado regional de Podemos A su lado, Eduardo Fernández Rubiño, compañero de bancada. El vídeo está publicado en YouTube. En la cuenta de La Tuerka, el programa que presentaba Pablo Iglesias con la colaboración de Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón.

Aquello ocurrió en 2012. En febrero de 2017, Ardanuy interrogaba a un Moral Santín despojado de todo su antiguo poder en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha pedido perdón “a la sociedad” antes de entrar en la cárcel de Soto del Real para cumplir su condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid. “Asumo los errores que haya podido cometer y pido perdón a la sociedad y aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas”, ha dicho a las puertas de la prisión.

El expresidente de Caja Madrid y Bankia ha ingresado finalmente poco antes de las 13:00 horas en Soto del Real, situada en Madrid, antes de que se cumpliera el plazo límite impuesto por la Audiencia Nacional para acudir de forma voluntaria.

Según el veredicto del Tribunal Supremo, que avaló el criterio de la primera instancia, el que fuera director gerente del FMI “mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su origen”, permitiendo a los titulares de las tarjetas utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar los gastos, lo cual en aquella época “estaba fuera de la ley”.

Hasta la fecha, cuatro de los 15 condenados a penas superiores a dos años de cárcel por las 'black' han entrado ya en prisión. Se trata de el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el exdirigente de CC.OO. Antonio del Rey, el ex consejero de Caja Madrid por el mismo sindicato Rodolfo Benito y el ex miembro de la Comisión de Control de la caja Miguel Ángel Abejón.

El resto tienen de plazo hasta la jornada del 26 de octubre para presentarse en un centro penitenciario, salvo el exconsejero de parte de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín y el exconsejero de CC.OO. Francisco Baquero, que recogieron más tarde la notificación y tienen hasta el 29 de octubre; y al exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño, Antonio Romero, a quien el tribunal ha dado diez días a contar desde el 30 de octubre por motivos familiares.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, que tiene hasta este jueves al final del día para elegir en qué centro penitenciario quiere ingresar.

“Mañana entro en prisión y sanseacabó”, ha dicho Rato, sin revelar la cárcel que escogerá, en declaraciones al periodista de laSexta Noticias, Alfonso Medina, en la tarde de este miércoles. El exvicepresidente del Gobierno ha afirmado que, si bien va a entrar en prisión, seguirá recurriendo.

Según han informado fuentes jurídicas, la sección cuarta de la sala de lo Penal se ha pronunciado en el mismo sentido que hiciera con otros siete condenados en el caso de las 'tarjetas black', al entender que se trata de una medida que, en todo caso, debería acordar el Tribunal Constitucional.

De este modo, los magistrados se oponen al escrito del exministro, con una condena de cuatro años y medio de cárcel, que apuntaba a los “perjuicios irreparables” que le podría ocasionar su encarcelamiento de cara al recurso de amparo que solicitará, antes de finales de noviembre.

En concreto, su defensa alegaba la falta de riesgo de fuga y descartaba la posible desprotección de las víctimas al ser supuestos “inexistentes” en este caso “como acredita la actitud procesal” de Rato durante el proceso y la reparación del daño “realizada y garantizada” al haber devuelto los 99.000 euros que desembolsó.

Otros condenados

Precisamente este martes la sala confirmaba la ejecución de la pena respecto al exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, condenado a cuatro años de prisión y que deberá empezar a cumplir con su castigo antes del 29 de octubre.

También lo hizo con los exconsejeros Jorge Gómez Moreno (PSOE), José María de la Riva (PSOE), Francisco Baquero (CCOO), Gonzalo Martín Pascual (UGT), Francisco José Pérez (PSOE) y Miguel Ángel Abejón (UGT) —que ingresó ayer en prisión, al igual que Rodolfo Benito (CCOO)—, con penas de entre tres años y dos meses, y dos años y seis meses.

Asimismo, acordó aplazar diez días hábiles a contar desde el 30 de octubre el ingreso del exconsejero en representación del PSOE Antonio Romero, sobre quien pesan tres años y dos meses de cárcel, por motivos familiares.

Los magistrados continúan estudiando si conceden la suspensión de la ejecutoria respecto a Rubén Cruz (dos años y medio de cárcel) por enfermedad.

Los otros dos condenados, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga (tres años y dos meses de prisión) y el exdirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas (dos años y medio) cumplen este miércoles su primera semana como internos de las madrileñas cárceles de Soto del Real y Navalcarnero, respectivamente.

El exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, y el ex dirigente de CCOO, Antonio Rey de Viñas, han ingresado este miércoles en prisión, lo que les convierte en los primeros condenados por las tarjetas “black” que van a la cárcel.

Rodriguez-Ponga ingresó a las seis tarde en la cárcel de Soto del Real, en la comunidad de Madrid. A última hora de la tarde estaba en ingresos, donde pasará la noche, y mañana se someterá a las revisiones médicas y sicológicas, tras de lo que se le asignará módulo, han informado a Efe fuentes Penitenciarias.

Antonio Rey de Viñas se presentó el pasado lunes en el Centro de Insercion Social Victoria Kent, pero este miércoles le han trasladado a la prisión de Navalcarnero, también en la Comunidad de Madrid, según las mismas fuentes.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado el próximo jueves 11 de octubre al expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, y a los otros 14 condenados por la sentencia de las conocidas como 'tarjetas black' para comunicarles que disponen de un plazo de diez días para entrar en prisión.

El pasado miércoles, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia emitida por la Audiencia Nacional al considerar que Rato “mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su origen” que facultó a los titulares a utilizar las tarjetas en su beneficio sin necesidad de justificar los gastos, como si fueran “los dueños del dinero”. La pena impuesta a Rato es de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida continuada, los otros catorce exconsejeros y exdirectivos cuentan con penas superiores a los dos años de cárcel. Entre ellos, se encuentra el exvicepresidente de la entidad José Antonio Moral Santín, sobre quien pesan cuatro años de presidio.

Los requeridos para que de forma personal comparezcan entre las 9 y las 11 horas del jueves en la sede de la calle Génova son: Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero, Rubén Cruz, José María de la Riva, Antonio Rey de Viñas, Javier de Miguel, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Rodolfo Benito, Gonzalo Martín Pascual, Francisco José Pérez Fernández, Miguel Ángel Abejón y Jorge Gómez Moreno.

A principios de la década de 2000, hasta el redactor más joven del medio más modesto que frecuentaba los pasillos de la Asamblea de Madrid podía enterarse de que la verdadera lucha interna en los partidos políticos de la época se libraba por ocupar los puestos de dirección en Caja Madrid y colocar a los allegados en sus estructuras. “Pregúntale a Antoñito por la tarjeta esa que le dan”, solía decirse en aquellos años, en los que los rumores no tenían ningún soporte documental y, por lo tanto, no se podían publicar.

Antoñito era Antonio Romero Lázaro, secretario de Organización y número 2 del Partido Socialista de Madrid y la famosa tarjeta que decían que tenía es la black con la que, según los extractos validados esta semana por el Tribunal Supremo, el político se gastó 900 euros en una agencia de viajes el mismo día que a su jefe de filas, Rafael Simancas, le birlaban la Presidencia de la Comunidad de Madrid los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

Si hay un caso judicial que ejemplifica el orgiástico descontrol que vivió España durante los años de la burbuja inmobiliaria, es el de las tarjetas black, reflejo de toda una época de “rapiña y pillaje” de lo público, como apuntó durante su informe final en el juicio el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Un desfalco de traje y corbata que fue acometido por unos cuantos elegidos por los eternos Gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid que, a base de repartir prebendas, compraron el silencio cómplice del PSOE e Izquierda Unida, de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.

Por acción o por omisión, muy pocos se salvan de lo que se hizo en aquellos años locos, en los que los partidos madrileños fueron colonizados por dirigentes como Ignacio González o Francisco Granados, hoy imputados como presuntos líderes de dos organizaciones criminales que competían entre sí por el saqueo de las empresas públicas mientras su jefa, Esperanza Aguirre, miraba para otro lado. La época en la que ciertos diputados del PP reconocían que el Parlamento regional era “un balneario” y algunos de los que se sentaban enfrente apuntaban que “en la oposición se vivía mejor porque en el Gobierno se trabaja más”.

La sentencia de las tarjetas black no solo llevará a la cárcel a Rodrigo Rato -que se encontró en 2010 con un sistema perverso, lo mantuvo y lo trasladó a la Bankia- sino, sobre todo, al establishment de una época en la que se sembró una semilla que, al aflorar la crisis económica unos años después, llevó a la quiebra de las cajas de ahorro, al rescate bancario y, en definitiva, a que miles de personas humildes atrapadas en preferentes y productos bursátiles complejos perdieran los ahorros de toda su vida.

Esa resolución firme, que será definitiva e irreversible en cuanto el Supremo rechace posibles nulidades y el Constitucional declare que no se vulneraron los derechos de los condenados, echa por tierra las bochornosas excusas que se escucharon durante las semanas que se prolongó el juicio oral. Salvo decorosas excepciones como la del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que devolvió la tarjeta y llegó a advertir a Rato de que no la usara si no quería “salir en los papeles”, la clase dirigente madrileña caída en desgracia se dedicó a negar la evidencia, justificar los gastos como parte de su sueldo e intentar defender que pensaban que “la Caja”, entendida como un ente abstracto, tributaba por ellos. Como si “la Caja” no fueran ellos.

Muchos, como el multiimputado expresidente de los empresarios madrileños Gerardo Díaz Ferrán, embistieron contra el documento de Excel que el FROB llevó a la Fiscalía Anticorrupción y trataron de defender que los gastos no eran reales. “Estoy muy cabreado con esa hoja, esa hoja no vale nada, es papel mojado”, resumió. “Soy gordo pero no tanto, no como para ir a tanto restaurante”, señaló el exdiputado Virgilio Zapatero. “No puedes comer a las tres y a las tres y media otra vez”, apuntó el exalcalde de Móstoles José María Arteta. “Con la gasolina que dicen que he gastado podría haber dado la vuelta al mundo 7,9 veces”, explicó Javier Sánchez de Miguel. Y se quedaron tan anchos.

Otros echaron la culpa al antecesor de Blesa, Jaime Terceiro, que dejó claro que en su época las tarjetas eran “white” y “se fueron oscureciendo” con la llegada a la presidencia de la entidad de Miguel Blesa, compañero de pupitre de José María Aznar. El fallecido también apuntó a los auditores, que tuvieron “suficientes pistas” para descubrir las irregularidades, y los más osados, como el dirigente socialista con el que comienza este artículo, trataron de sostener la estrambótica excusa de que le habían clonado la tarjeta.

En lo que coincidieron prácticamente todos los acusados es en presentarse como “víctimas y apestados” de la opinión pública, que les había tratado como “chorizos” o “atracadores”. La forma coloquial de definir lo que la sentencia firme del Supremo expresa en términos jurídicos: autores de un delito continuado de apropiación indebida.

Apenas 24 horas después de conocerse la sentencia de las Tarjetas Black que afectaban a la antigua Caja Madrid y a Bankia, el actual responsable de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, ha hecho este jueves su primera aparición pública. Lo ha hecho en una conferencia sobre la crisis en una universidad privada madrileña.

En la hora y media que ha durado el coloquio, el presidente de Bankia ha realizado un análisis de la crisis financiera pasando de puntillas por los temas más polémicos del pasado de la entidad que dirige. Sin una alusión directa a la trama de tarjetas que tuvieron los antiguos consejeros y gestores del grupo, posteriormente rescatado con dinero público, Goirigolzarri se ha limitado ha reconocer que uno de los primeros trabajos que tuvo que afrontar fue sustituir el consejo de administración de la compañía.

“Todos los antiguos consejeros salieron sin cobrar un solo euro de indemnización”, ha remarcado el directivo durante su ponencia, tras la cual no ha querido responder a preguntas de la prensa. Goirigolzarri ha encuadrado esta sustitución en el consejo en 2012, justo después del rescate, a la búsqueda de nuevos “principios y valores” para lo que “necesitábamos un cambio completo en el consejo”.

Y hasta ahí las alusiones indirectas a una gran crisis reputacional para la que es hoy la cuarta entidad financiera del país. El directivo ha reconocido la “vergüenza” que sentían los trabajadores de Bankia cuando asumió la presidencia. Sí ha hecho alusión directa a las preferentes o a la salida a Bolsa de Bankia, cuyo juicio arrancará el próximo mes. “Nos vimos involucrados en problemas complejos”, ha subrayado.

El resto de la intervención de Goirigolzarri ha estado centrada en el análisis de las razones que llevaron a la crisis financiera en EEUU y, posteriormente en Europa. El directivo ha lanzado además una advertencia respecto a las lecciones de la crisis financiera. “No hemos aprendido nada”, ha señalado en referencia a que, mientras la banca está mucho más regulada y controlada, la conocida como “banca en la sombra”, que hace referencia a fondos e instituciones que no están encuadradas junto a los bancos pese a dar servicios financieros, “sigue sin estar regulada”.

Goirigolzarri ha defendido durante su intervención que, “aunque no se devuelvan las ayudas de Bankia”, fue una buena opción rescartarla. En su opinión, en ningún caso se rescató a banqueros o a accionistas, sino a los depositantes. “Si los depositantes hubieran reclamado hasta los 100.000 euros que les protege la ley, se habrían necesitado 60.000 millones de euros para Bankia”, ha defendido.

En lo que respecta al futuro del grupo financiero para los próximos años, Goirigolzarri ha asegurado que pretende ser una empresa más eficiente y solvente que el resto de competidores en el sector. “El único punto pendiente es la privatización”, ha subrayado.

El directivo ha aprovechado también su ponencia para advertir de los riesgos de la “elevada deuda pública”. El ejecutivo ha añadido que “el rigor presupuestario es fundamental para mantener la estabilidad”. 

La mayoría de los 64 condenados en firme por el Tribunal Supremo por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia están jubilados o sin ocupación conocida, aunque hay excepciones. Varios de los implicados en el escándalo que destapó en exclusiva eldiario.es a finales de 2013 siguen en activo en administraciones públicas porque son funcionarios. Este es el listado, de mayor a menor condena:

1. Rodrigo Rato (99.054 euros de gasto, condenado a cuatro años y 6 meses de prisión). El expresidente de Caja Madrid y Bankia, exvicepresidente económico y exdirector gerente del FMI, de 69 años, continúa como administrador único de sus empresas familiares: Kradonara 2001 SL, Rodanman Gestión 3 SL, Explotaciones de Carabaña SL, Manita SL o Arada SL. También es consejero de Proina SL y apoderado de Rafi SL y Antigüedades Salamanca SL. Está imputado por múltiples delitos (fraude fiscal, estafa a los inversores, corrupción entre particulares, blanqueo…) en los distintos frentes judiciales que tiene abiertos, incluyendo la presunta estafa por la salida a bolsa de Bankia, cuyo juicio arrancará el mes que viene.

2. José Antonio Moral Santín (IU, 456.522 euros de gasto, cuatro años de prisión). Cofundador de Izquierda Unida en los 80, presidió Telemadrid en los 90 y fue vicepresidente de Caja Madrid durante diez años. A sus 69 años, conserva su cátedra en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y desde 2014 figura como integrante del consejo académico del Euromediterranean University Institute (EMUI) de esa universidad. Recientemente ha participado en un grupo de investigación (Theoria Proyecto Crítico de Ciencias Sociales) cuya calidad fue calificada en julio como “cuestionable” por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

3. Francisco Baquero Noriega (CCOO, 266.433 euros de gasto, condenado a tres años y dos meses). En el Registro Mercantil, Baquero, de 62 años, figura como apoderado de Luasira SL, inmobiliaria que en 2014 tenía activos de casi 780.000 euros y de la que es administradora única su pareja, María Jesús Paredes, antigua responsable de Banca de Comisiones Obreras, sindicato al que ya no pertenece. Desde diciembre de 2014, Paredes administra otras cinco empresas: Hostelería Zaranda SL (dedicada a “restaurantes y puestos de comidas”), Innterlocucion para la Gestión SL (“otras actividades de consultoría de gestión empresarial”), Bluhouse SL (“restaurantes y puestos de comidas”) y Audens Comunicación SL (“Agencias de Publicidad”). En noviembre de 2007, Público cifró el patrimonio inmobiliario de la pareja (entonces, ambos eran liberados sindicales de la federación de banca del sindicato) en dos millones de euros.

4. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca (255.372 euros de gasto, condenado a tres años y dos meses). El exsecretario de Estado de Hacienda con José María Aznar (2001-2004) y exconsejero de Caja Madrid y Bankia, estuvo vinculado a El Corte Inglés hasta finales de 2016 como administrador solidario de sus filiales Esgueva SA, Asón Inmobiliaria de Arriendos SL e Ízaro Films SA, y consejero de otras empresas vinculadas al grupo como Móstoles Industrial o Financiera Maderera, SA (Finsa). Rodríguez-Ponga, inspector de Hacienda en excedencia de 62 años, también fue consejero de la inmobiliaria Testa y de Algar Atlantic, inmobiliaria que administran varios miembros de su familia.

5. Antonio Romero Lázaro (252.009 euros de gasto, condenado a tres años y dos meses). El exvicesecretario de organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), de 57 años, dejó de impartir clases como profesor de Sociología en la UNED tras el escándalo de las black, pero sigue perteneciendo al patronato de la Fundación Sistema, según la web de esta entidad vinculada al PSOE, junto a varias figuras del partido como su presidenta, Cristina Narbona, el actual delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez, los diputados Rafael Simancas y José Enrique Serrano, y su presidente, José Félix Tezanos, recientemente nombrado presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Romero también es, según el Registro Mercantil, consejero de Iniciativas Editoriales Sistema, que edita publicaciones de la fundación como la revista Temas.

6. Jorge Gómez Moreno (PSOE, 98.182 euros de gasto, condenado a tres años y dos meses). Exconsejero de Caja Madrid, fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid. A sus 62 años, no consta que ocupe cargos en ninguna empresa.

7. José María de la Riva (PSOE, 208.979 euros de gasto, condenado a tres años). Este histórico del PSOE, que acaba de cumplir 65 años, desempeñó buena parte de su carrera en la política local madrileña. Tiene una empresa con su mismo nombre que se dedica a la consultoría “en su más amplio sentido”, pero no presenta cuentas desde 2006.

8. Rodolfo Benito (CCOO, 140.521 euros de gasto, condenado a tres años de cárcel). El histórico sindicalista de CCOO, de 61 años, es administrador único de Redefinir SL, dedicada a la elaboración de “estudios de investigaciones sociales, laborales, económicas, industriales y sociológicas” y “asesoría y consultoría laboral, económica y fiscal, comercial y de gestión”, entre otras. La constituyó en noviembre de 2014 (un mes después de estallar el escándalo de las black), pero nunca ha presentado cuentas.

9. Gonzalo Martín Pascual (129.750 euros de gasto, condenado a tres años de cárcel). No consta la pertenencia a ninguna empresa del ex secretario de Política Regional de UGT Madrid, que tiene 70 años.

10. Antonio Rey de Viñas (CCOO, 191.500 euros de gasto, condenado a dos años y seis meses). Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, Rey de Viñas (66 años) dejó todos sus cargos en empresas en octubre de 2014, cuando estalló el escándalo. Entre ellos, su puesto en el consejo de la concesionaria que explota la residencia Universidad pública Rey Juan Carlos en Vicálvaro (Madrid).

11. Javier de Miguel Sánchez (PP, 172.752 euros de gasto, condenado a dos años y medio). El exalcalde de El Escorial hasta septiembre de 2003 fue colocado por el Gobierno de Mariano Rajoy como gerente en Madrid en la empresa pública Tragsa tras su paso por el consejo de Caja Madrid y llegó a destinarle a Brasil pero, tras estallar el escándalo, le despidió en noviembre de 2014. Su despido fue declarado nulo en primera instancia y, tras un recurso de Tragsa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabó decretándolo improcedente en junio de 2016. De Miguel acabó saliendo de la empresa estatal con la correspondiente indemnización de 17.847,25 euros, según la sentencia. En julio de 2017 constituyó una empresa de asesoría, A nivel Estudios y Proyectos SL, domiciliada en un chalet en su Valdemorillo natal.

12. Rubén Tomás Cruz Orive (IU, 233.763,64 euros de gasto, condenado a dos años y seis meses). Exdiputado de IU en los 90 y antiguo miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, el último cargo conocido de Orive (68 años) es la presidencia de la fundación GSD, institución sin ánimo de lucro con sede en Vallecas (Madrid) y vinculada a la Cooperativa Gredos San Diego, que gestiona varios colegios en la Comunidad de Madrid. Dimitió en octubre de 2014, tras estallar el escándalo.

13. Ángel Eugenio Gómez del Pulgar Perales (PSOE, 149.490 euros de gasto, condenado a dos años y seis meses). Expulsado en 2014 del PSOE (pertenecía a la ejecutiva de su rama madrileña) por su implicación en el caso, no consta la pertenencia a ninguna empresa. 58 años.

14. Francisco José Pérez Fernández (PSOE, 122.615 euros de gasto, condenado a dos años y seis meses). Ex secretario de Organización con Tomás Gómez en el PSM, no consta su participación en ninguna empresa. Tiene 51 años.

15. Miguel Ángel Abejón (109.198 euros de gasto, condenado a dos años y medio): de 59 años, ya no está vinculado al sindicato UGT y en el registro figura desde 2007 como consejero de Página 7, editora del diario digital Nueva Tribuna, en el que colabora otro de los condenados, Juan José Azcona (CCOO).

16. Ricardo Morado Iglesias, exdirector de Sistemas y de Organización (450.818,11 euros de gasto, dos años de cárcel). En octubre de 2014, Infolibre adelantó que Morado, de 55 años, había fichado por Santander tras la llegada de Rato a Caja Madrid, previo cobro de una indemnización de más de 6 millones. Ana Botín le defendió en febrero de 2015, cuando todavía estaba en la entidad (“Fue imputado por una etapa anterior a la del Santander”), pero luego Morado saldría del banco con una excedencia voluntaria en la que continúa en la actualidad.

17. Mariano Pérez Claver, (379.513 euros de gasto, condenado a dos años). Exdirector de Banca Comercial de Caja Madrid, pasó de ser consejero delegado de la Corporación de la caja a la presidencia ejecutiva de Sos Cuétara (actual Deoleo), entonces participada por la entidad. Luego fue presidente de NH Hoteles y Sotogrande (2011-2012). En la actualidad Pérez Claver (63 años) no tiene cargos que consten en el Registro Mercantil. En su perfil de LinkedIn señala que desde 2012 es socio director de CROm, dedicada a la “prestación de servicios corporativos”.

18. Enrique de la Torre (320.742 euros de gasto, dos años de prisión). El exsecretario del consejo de administración de Caja Madrid, autor del correo electrónico que desveló la existencia de las black, adelantada por eldiario.es en diciembre de 2013, abandonó la entidad en 2009 con una indemnización de 2,8 millones. De la Torre, que en noviembre cumplirá 72 años, no tiene cargos conocidos en la actualidad.

19. Juan Manuel Astorqui Portera (292.992 euros de gasto, condenado a dos años). Exdirector de Comunicación de Caja Madrid, tras estallar el escándalo de la black fue despedido por la consultora de comunicación Burson-Masteller, del que era vicepresidente desde 2010. En su LinkedIn, Astorqui, de 65 años, se presenta como “consultor independiente (jubilado)”.

20. Carmen Contreras Gómez (281.737 euros de gasto, condenada a dos años). Exdirectora de Auditoría y ex directora gerente de Obra Social de Caja Madrid sin actividad conocida en la actualidad, en octubre de 2014 el diario Qué aseguraba que Contreras, que actualmente tiene 60 años, se había trasladado a Florencia en compañía de su marido, el catedrático Juan José Dolado, destinado en esa ciudad italiana.

21. Carlos Vela García (249.202 euros de gasto, condenado a dos años). Exdirector de Banca de Negocios de Caja Madrid, su última actividad empresarial conocida es la presidencia de Global Into Plane Facilities, una empresa participada por el multimillonario Manuel Jove, ex dueño de Fadesa. Vela fue el responsable de aprobar créditos millonarios de Caja Madrid para esa inmobiliaria cuando era propiedad de Jove. Luego facilitó un tercio del crédito de 4.000 millones que pidió Fernando Martín para la opa que lanzó sobre esta empresa para crear Martinsa Fadesa. En 2007, con Fadesa ya controlada por Martín, la inmobiliaria fichó a Vela como consejero delegado. Duró algo más de un año. Volvió a Caja Madrid una semana antes de que Fadesa presentase el mayor concurso de acreedores de la historia de España en julio de 2008. En junio, en una comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga el rescate de las cajas, Vela, que en noviembre cumplirá 66 años, culpó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de esa quiebra, por no apoyar la reestructuración de Fadesa, y señaló que la profesionalidad de los consejeros de Caja Madrid “no era la óptima”.

22. Rafael Spottorno Díaz Caro (235.818,14 euros de gasto, condenado a dos años). Exdirector de la Fundación Caja Madrid y exjefe de la Casa Real entre 2011 y 2014, el diplomático, de 73 años, no tiene actividad conocida en la actualidad.

23. Ramón Martínez Vilches (102.326 euros de gasto, condenado a dos años). Ex de la dirección de Riesgos de Caja Madrid, se prejubiló en 2011 con una indemnización de 1,8 millones, según correos electrónicos que Anticorrupción pidió incorporar a la causa. No tiene cargos conocidos en la actualidad.

24. Juan José Azcona (99.270 euros de gasto, condenado a dos años). El sindicato CCOO le echó y no consta que Azcona, de 64 años, ocupe cargos en ninguna empresa, aunque puede leerse su firma como articulista en el medio digital Nueva Tribuna, que edita una empresa administrada por otro de los condenados por las black, Miguel Ángel Abejón (UGT). Antes de su caída en desgracia, Azcona estuvo vinculado a una de las cooperativas de viviendas de CCOO.

25. Gerardo Díaz Ferrán (93.984,5 euros de gasto, dos años de prisión). En prisión desde 2012 hasta febrero pasado por la quiebra de Marsans, el expresidente de la patronal CEOE, que está inhabilitado para representar o administrar bienes, se propuso tras salir de la cárcel colaborar con el Centro de Inserción Social Victoria Kent, según informó entonces El Mundo. En diciembre cumplirá 76 años.

26. María Enedina Álvarez Gayol (47.012 euros de gasto, condenada a dos años). No hay constancia de la ocupación actual de esta exdiputada en el Congreso por el PSOE entre 1994 y el 2000, de 74 años.

27. José Ricardo Martínez Castro (44.154,12 euros de gasto, condenado a dos años). Ex secretario general de UGT en Madrid y consejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE, no tiene cargos conocidos. En abril de 2015 Vozpópuli publicaba que había pedido un abogado de oficio para este caso ante sus escasos ingresos.

28. Manuel José Rodríguez González (37.134 euros de gasto, un año y seis meses de prisión). Dirigía la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Boadilla del Monte, cargo que abandonó el mismo día en que salió a la luz su nombre. Vinculado a Caja Madrid a través del PP, figura como administrador y apoderado de Caribosa SL, una compañía de publicidad y márketing que no presenta cuentas desde 2014.

29. José Acosta Cubero (62.500 euros de gasto, condenado a un año). Histórico dirigente del PSOE de 71 años, no consta que esté actualmente en ninguna empresa.

30. Ildefonso Sánchez Barcoj (575.079,24 euros de gasto, un año menos un día de prisión). Nombrado director Financiero de Caja Madrid en 2007 (“No pude llegar en peor momento”, declaró en junio en el Congreso), entre 2013 y 2017 Barcoj (58 años) fue administrador único de Middle Sweet SL, ya disuelta, dedicada a “estudios económicos, financieros, fiscales, contables de mercado” y sin ingresos declarados. También figura como consejero de Pujanza Kapital, consultora constituida en noviembre de 2013 con varios imputados por las black, dedicada a “estudio, análisis y seguimiento de proyectos para invertir en operaciones”, que nunca ha presentado cuentas. Es uno de los que ha visto rebajada su pena. La Audiencia Nacional le había condenado a dos años y medio de prisión.

31. Matías Amat (431.067 euros de gasto, un año menos un día de prisión). Exdirector general de Negocio de Caja Madrid, en marzo de 2017, tras ser condenado a un año por la Audiencia Nacional, cesó como consejero de Tecpesa, firma especializada en la reparación de oleoductos y gasoductos que preside su hermano Pedro. A sus 65 años, el único cargo de Amat que figura en el registro es el de consejero delegado solidario de Pujanza Capital.

32. Ramón Ferraz Ricarte (397.860,29 euros de gasto, condenado a un año menos un día). Inspector de Hacienda en excedencia y censor jurado de cuentas de 66 años, fue un hombre de máxima confianza de Blesa, que le nombró director general de banca comercial y responsable del City National Bank of Florida. No tiene cargos en la actualidad. Es uno de los que ha visto rebajada su pena inicial (dos años).

33. Carlos María Martínez. Exconsejero ejecutivo de Caja Madrid (279.396 euros de gasto, condenado a un año menos un día), no hay datos sobre la trayectoria posterior de Martínez, de 70 años, y que fue consejero delegado de Cibeles, el holding de participaciones de Caja Madrid.

34. Pablo Abejas Juárez (PP, 246.715 euros de gasto, condenado a un año menos un día). Hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la caja, Abejas, de 64 años, ostentó el cargo de presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid. Exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid que antes de entrar en política (empezó como portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Leganés) trabajó como ingeniero en Telefónica, fue directivo del Canal de Isabel II y director general de Economía del Gobierno madrileño hasta que en 2014 cesó tras estallar el escándalo de las black. Luego pasó unos meses recolocado en la empresa pública Madrid Activa. En febrero de 2015, constituyó Bejario SL, una sociedad de inversión que fue liquidada en 2017. Es su último cargo conocido. Está entre los que ha visto reducida su condena, que era inicialmente de dos años.

35. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (PP, 212.216 euros de gasto, condenado a un año menos un día). El último cargo ocupado por el exalcalde de Majadahonda y exsecretario general del PP de Madrid, de 70 años, fue el de apoderado (hasta 2015) en Malvéñez SA, empresa de la que fue administrador único y a la que en 2003 El País vinculó con la explotación de una finca de Fernando Sánchez Lázaro, el empresario que contrató a Romero de Tejada como asesor en una empresa de fotocopias.

36. Ignacio Navasqües (194.886 euros de gasto, condenado a un año menos un día). Fue secretario general de Caja Madrid y consejero de BFA y Bankia a propuesta de la Confederación de Cuadros Profesionales, un sindicato de derechas. Licenciado en Derecho, desde 2008 hasta el año pasado fue, junto a un hijo de Aznar, consejero “independiente” de Sotogrande, inmobiliaria vendida en octubre de 2014 por NH Hoteles (participada por Bankia hasta enero de ese año) a los fondos Cerberus y Orion. Este último se hizo con el 100% de la compañía el año pasado. Navasqües, de 69 años, también figura en el Registro Mercantil como consejero delegado solidario y secretario de Pujanza Kapital, la firma aparentemente inactiva que montaron en 2013 varios condenados por las black. Durante el juicio, lamentó que se presentase a los acusados en el caso como a “auténticos atracadores”. Ha visto reducida sensiblemente su condena inicial, que era de tres años.

37. Ramón Espinar Gallego (PSOE, 178.399 euros de gasto, condenado a un año menos un día). El padre del senador y diputado autonómico de Podemos Ramón Espinar, de 68 años, administra la firma de servicios jurídicos Espinar Abogados SLP, que el año pasado facturó cerca de 240.000 euros y tenía activos de 492.000 euros. El ex alcalde de Leganés fue hasta el año pasado consejero de la constructora Copasa, que hasta este año le tenía como representante en sociedades ligadas a varios colegios concertados en Madrid. Estos centros fueron adjudicados en tiempos de Esperanza Aguirre a inversores vinculados a un sobrino de Ignacio López del Hierro (marido de la exministra Dolores de Cospedal) y este año han sido vendidos a los dueños del grupo de sanidad privada HM Hospitales.

38. Antonio Cámara Eguinoa (PP, 177.891 euros de gasto, condenado a un año menos un día). Exsecretario personal de Aznar, formó parte de la Comisión de Control de Caja Madrid. A sus 74 años, administra junto a varios miembros de su familia tres sociedades dedicadas a actividades inmobiliarias: Endrina SA, Castrejón SA y Taujel SA. Su condena inicial fue de dos años y medio.

39. José Manuel Fernández Norniella (175.526 euros de gasto, condenado a un año menos un día). Exconsejero ejecutivo de Bankia, al ex secretario de Estado de Comercio con Aznar, de 73 años, no se le conoce actividad en la actualidad y todavía tiene por delante el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Antes de su caída en desgracia por las black, Norniella tuvo una amplia trayectoria en el sector privado, que incluye la presencia en los consejos de Endesa, Ebro Puleva, la Cámara de Comercio de España, Abengoa o Equipo Económico, la consultora que fundó Cristóbal Montoro.

40. María del Carmen Cafranga (PP, 175.091 euros de gasto, condenada a un año menos un día). La expresidenta de la Fundación Caja Madrid, que ha visto reducida su condena inicial de un año y ocho meses, permanece como secretaria y consejera delegada solidaria de Subastas Segre, presidida hasta este mismo año por Lourdes Cavero, esposa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González e imputada como él en la Operación Lezo. Cafranga es desde hace años junto a otras personas muy cercanas a Ana Botella (como Concha Tallada, presidenta y exesposa del expresidente de Telefónica Juan de Villalonga) socia de esta empresa, de cuyo consejo de administración salió recientemente Cecilia Domecq, cuñada del exministro y comisario europeo Miguel Arias Cañete.

41. Alberto Recarte García Andrade (139.878 euros de gasto, diez meses de prisión). El expresidente de Libertad Digital, exconsejero de Caja Madrid y Bankia y de varias de sus participadas (como Iberia o Endesa) ha ido perdiendo algunos de los cargos que tenía cuando estalló el escándalo: dejó de ser consejero de la tecnológica Vector ITC Group y cesó como consejero delegado de la ingeniería Centunión, aunque continúa como vocal de esta firma y como consejero delegado de la empresa de cerámica Alcalagres, presidida, como la anterior, por Javier Krahe, primo del fallecido cantautor. Recarte, técnico comercial y economista del Estado de 71 años, también continúa como consejero y presidente de la sociedad familiar Inversiones Loarga SA y es administrador Alimentos Españoles Alsat SL, una empresa que produce concentrado de tomate. La Audiencia Nacional le había condenado a un año de cárcel.

42. Luis Gabarda (139.707 euros de gasto, diez meses de prisión). El exdirector de Gabinete de Miguel Blesa dimitió como presidente del banco Inversis tras estallar el escándalo. A sus 61 años y sin cargos conocidos en la actualidad, es socio junto a otros condenados del exclusivo Club Puerta de Hierro de Madrid, donde dedica parte de su tiempo libre al golf, una de sus grandes pasiones. Su condena inicial era de un año.

43. José María Arteta (138.903 euros de gasto, diez meses de prisión). El PSOE expulsó del partido a Arteta, de 65 años, cuando estalló el escándalo. No hay datos sobre las actividades actuales del que fuera alcalde de Móstoles desde 1995 hasta 2003. Había sido condenado a un año y medio por la Audiencia Nacional.

44. Jesús Pedroche Nieto (132.193 euros de gasto, diez meses de prisión). Expresidente de la Asamblea de Madrid, exconsejero de Presidencia de la Comunidad con Alberto Ruiz Gallardón y exconcejal del ayuntamiento de la capital, Pedroche, miembro del Opus Dei y de 57 años, sigue trabajando en la Universidad Internacional de La Rioja, centro privado de educación online. “Forma parte del departamento de Recursos Humanos”, señala una portavoz. La Audiencia le condenó a un año.

45. Juan Gómez Castañeda (128.151 euros de gasto, condenado a diez meses). Este catedrático de 67 años, que llegó a Caja Madrid a propuesta de IU, actualmente es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue vicerrector en la década de los 90. Es docente en el mismo departamento que Moral Santín. Su condena inicial fue de un año y ocho meses.

46. Francisco José Moure (PP, 127.366 euros de gasto, diez meses de prisión). Ex consejero de la constructora Isolux y de otras empresas como Indra o Itínere, este funcionario del cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, que fue vicepresidente del Consejo de Administración y miembro de la Comisión Ejecutiva y de la de Retribuciones de Caja Madrid, administra a sus 77 años varias empresas del sector de las renovables y una consultora (Imán Consultores). La Audiencia le condenó inicialmente a tres años y dos meses.

47. Mercedes Rojo (PP, 119.292 euros de gasto, diez meses de prisión). Fue secretaria de Esperanza Aguirre y acabó como consejera en Caja Madrid a pesar de que reconoció que no tenía conocimientos financieros. A sus 76 años, es administradora única desde 2002 de la sociedad limitada Rincones del Viejo Madrid, dedicada al alquiler de locales y que, según sus últimas cuentas presentadas (2016), no tiene actividad. Su condena inicial era de un año y medio.

48. Rafael Eduardo Torres (82.381 euros de gasto, condenado a ocho meses). No hay constancia de que este sindicalista de UGT de 52 años pertenezca a ninguna empresa. Su condena se ha reducido a cuatro meses.

49. Cándido Cerón Escudero (79.248,38 euros de gasto, condenado a ocho meses). Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP, fue consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM) entre 2006 y 2007. Hasta que estalló el escándalo presidía una sicav, Domayo y Alcalá Gestión 2009, que entonces tenía un patrimonio de 5,6 millones y que, tras ser convertida en sociedad anónima, fue liquidada en 2017. Cerón, de 67 años, ha sido también hasta el mes pasado administrador único de las inmobiliarias Verdeal 46 2015 y Domacol 2011 Servicios e Inversiones SL. Se mantiene como consejero delegado de Parisiana SA (explotación de hoteles), consejero de Global Music And Sport SL (dedicada a organización de conciertos) y administrador solidario de Maniday International, sociedad española que hasta 2016 estuvo radicada en Uruguay. Su condena inicial era de un año y ocho meses.

50. Fernando Serrano (78.592 euros de gasto, ocho meses de prisión). Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid desde 2003 hasta 2010 a propuesta del PP, dimitió como vocal del Tribunal Económico de Madrid tras estallar el escándalo de las black. En un reciente artículo sobre “Seguridad jurídica y gestión del riesgo fiscal” se identifica como profesor titular de Derecho Financiero y Tributario en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Complutense de Madrid. También es miembro del consejo académico de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. Tiene 51 años y había sido condenado por la Audiencia a un año y dos meses de cárcel.

51. Pedro Bedia (78.151 euros, condenado a ocho meses). A sus 64 años, no consta que este exconsejero de Caja Madrid a propuesta de CCOO ocupe cargos en ninguna empresa. La Audiencia le condenó a un año y tres meses.

52. Alejandro Couceiro (Patronal, 70.160 euros de gasto, condenado a ocho meses). Excompañero de Arturo Fernández en la CEIM, este empresario de 68 años aparece como administrador de varias empresas que nunca han presentado cuentas o que aparentemente están inactivas, como Desarrollo de Negocios Comunitarios, Ambientación de Espacios Naturales y Troller Gestión, que se ocupa de “redacción y dirección de proyecto técnicos de obras industriales”. La Audiencia le condenó a un año y dos meses.

53. Darío Fernández Yruegas (69.802 euros de gasto, condenado a ocho meses). A sus 68 años, este exconsejero de Caja Madrid por el PP figura como consejero en dos empresas de asesoría desde 2014, el año en el que se destapó el escándalo de las tarjetas: Efy y Terram. Ambas llevan sin presentar cuentas desde 2012. Su condena inicial era de un año.

54. Beltrán Gutiérrez Moliner (PP, 58.022 euros de gasto, condenado a ocho meses). De 62 años, está inmerso en más causas judiciales, como la Púnica, donde se investiga su papel en la posible financiación irregular del PP de Madrid, del que fue gerente. Sin cargos conocidos en la actualidad.

55. Luis Blasco Bosqued (PP, 51.580 euros de gasto, condenado a ocho meses). Íntimo amigo de César Alierta, fue máximo responsable del área audiovisual de Telefónica hasta hace un año. De 73 años, fue presidente de Telefónica Argentina y ha ocupado cargos en filiales de la multinacional hasta este año. Estuvo en la junta directiva del Real Madrid hasta que dimitió en 2015 y figura como administrador único de una firma denominada Aguaslimpias SA. Su condena inicial era de un año y dos meses.

56. José María Buenaventura Zabala (PP, 62.932,21 euros de gasto, condenado a siete meses). Inspector de Hacienda de 60 años, pasó por los consejos de administración de Loterías y Apuestas del Estado y Paradores y fue jefe de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda durante la etapa de Mariano Rajoy. Tras conocerse que tuvo una de las tarjetas, Cristóbal Montoro le recolocó en el Instituto de Estudios Fiscales, un think tank de Hacienda. Su condena se ha reducido un mes.

57. Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399 euros de gasto, condenado a seis meses menos un día). Era vocal vecino en un barrio madrileño por el PSOE hasta que dimitió cuando se conoció su implicación en el escándalo. No se le conocen cargos en ninguna empresa. Tiene 61 años y la Audiencia le condenó a un año y seis meses de prisión.

58. Arturo Fernández (37.326 euros de gasto, seis meses menos un día de prisión). Recientemente desvinculado de uno de sus emblemas, el grupo Cantoblanco, el empresario, de 72 años, ha visto como la mayoría de sus sociedades (en los sectores de hostelería, hotelero e inmobiliario) entraban en concurso de acreedores en los últimos años, aunque conserva cargos en cerca de una veintena de empresas. Hasta 2016 (dos años después de estallar el escándalo) no dimitió como presidente de la Cámara de Comercio y vicepresidente de la patronal madrileña CEIM.

59. Francisco Javier López Madrid (CEIM, 34.807 euros de gasto, condenado a seis meses menos un día). El yerno de Juan Miguel Villar Mir y compi-yogui de los reyes de España es presidente de Ferroglobe, surgida de la fusión entre FerroAtlántica (del expresidente de OHL) y la estadounidense Globe Specialty Metals, y consejero de Fertiberia (del Grupo Villar Mir). Tras el escándalo, salió del consejo de OHL, de la gestora Tressis y de la presidencia de Aurinka International, dedicada a proyectos de energía fotovoltaica. Se sentará en el banquillo por el fraude de la salida a bolsa de Bankia y desde febrero está imputado junto a su suegro en el caso Púnica. Hace unos meses, se lamentaba en sede judicial de su paso por Caja Madrid y Bankia. El Supremo ha reducido su condena en un día.

60. Miguel Corsini Freese (46.936,16 euros de gasto, condenado a cuatro meses). El expresidente de Renfe con Aznar, perteneciente a una familia con fuertes intereses en el sector de la construcción, salió en mayo de 2015 del consejo de administración de la inmobiliaria Testa junto a otro condenado, Rodríguez Ponga. En febrero de 2016, dimitió de la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Madrid. Es todavía hoy consejero independiente de una cotizada, la farmacéutica Laboratorios Rovi, donde además preside la comisión de Nombramientos y Retribuciones.

61. Juan Emilio Iranzo (46.848 euros de gasto, condenado a cuatro meses). El fiscal pide un año de cárcel para el polémico economista, cercano al PP y que vio cómo el escándalo le costó su muy buen remunerado puesto en el consejo de Red Eléctrica. También renunció al Consejo Económico y Social (CES), a Avalmadrid (otra entidad público-privada) y al colegio universitario Cunef. En abril de 2015, la universidad pública UNED, de la que es catedrático, tuvo que readmitirle como profesor. En el sector privado, Iranzo, que en noviembre cumplirá 62 años, conserva un puesto en el consejo de Fertiberia, del Grupo Villar Mir. La web Crónica de Economía y Sociedad, vinculada a Rafael Ansón (hermano del exdirector de La Razón y ABC, Luis María Anson) le identifica como “director” y es “presidente de honor” del “jurado taurino” del Club Financiero Génova.

62. Virgilio Zapatero (PSOE, 35.988 euros de gasto, condenado a cuatro meses). Exministro de Relaciones con las Cortes con el PSOE, partido que le expulsó cuando estalló el escándalo. También ha desaparecido de los patronatos de la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Sistema, ambas del PSOE. A sus 72 años, no se le conocen cargos en ninguna empresa. Su condena se ha reducido a la mitad.

63. Gabriel Moreno Flores (CCOO, 20.472 euros de gasto, condenado a cuatro meses). CCOO, que le propuso para ser consejero de Caja Madrid, prometió echarlo, pero no cumplió y acabó representando al sindicato en las negociaciones de los trabajadores con Bankia porque el expediente disciplinario que se le abrió se archivó. Tiene 57 años. Fue condenado a un año por la Audiencia Nacional.

64. Jorge Rábago Juan Aracil (8.041 euros de gasto, condenado a tres meses). Continúa desempeñando el mismo trabajo que en los últimos 20 años: responsable de telegenia del PP, el partido que le colocó en Caja Madrid. Entre sus responsabilidades está, por ejemplo, negociar y preparar los debates electorales.

Empresarios, políticos de PP, PSOE e IU y sindicalistas. El proceso judicial por las tarjetas black juntó en un banquillo de la Audiencia Nacional a una pequeña representación de lo que fue el poder político y económico en una época en la que partidos y organizaciones sociales colonizaban las cajas para poner a sueldo a sus afines. El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles las principales penas de cárcel para muchos de ellos por gastar dinero primero de Caja Madrid y luego de Bankia sin control y a escondidas de Hacienda.

Según el alto tribunal, Rodrigo Rato y Miguel Blesa mantuvieron y ampliaron un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja, rescatada con 22.000 millones de dinero público, para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

En la lista de condenados de la extensa sentencia del Supremo –casi 500 páginas– hay apellidos compuestos junto a Garcías o Sánchez. Hay históricos de Comisiones Obreras y empresarios millonarios. Junto al que fuera jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, se sentaron antiguos altos cargos de los gobiernos de PP y PSOE. Los socialistas tenían hasta un exministro en el banquillo. Todos tuvieron que acudir, un día tras otro, a la sede que la Audiencia Nacional tiene en un polígono de San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid.

Aquella diversidad entre los acusados respondía a la propia naturaleza de las cajas. En el caso de la madrileña, sus estatutos establecían que el Consejo de Administración se elegía con los votos de la Asamblea General de Caja Madrid, un órgano con un máximo de de 400 integrantes que venía de orígenes muy distintos: corporaciones municipales –entre las que estaba el Ayuntamiento de la capital–, la Asamblea de Madrid, empleados de la caja y de “entidades representativas”. Cada uno con una cuota distinta para elegir a sus representantes.

La Asamblea General de Caja Madrid elegía al Consejo de Administración tratando de mantener el equilibrio de fuerzas del primer órgano. Así, la dirección de la caja recayó en una mesa en la que se sentaban, sobre todo, representantes propuestos por el PP, que tenía un poder absoluto en la política madrileña, pero también consejeros de otros partidos y sindicatos. Las sucesivas renovaciones provocaron luchas políticas, a veces entre en el seno del mismo PP, cuyas distintas facciones pugnaban por controlar la Caja.

Una tarjeta en el primer Consejo de Administración

Una vez nombrado, cada nuevo consejero era convocado por los dirigentes de la entidad a una primera reunión del consejo en la sede de las Torres Kio de Madrid. Antes de su celebración, el secretario general del consejo entregaba a los nuevos integrantes una tarjeta de débito. Les pedía que firmasen un contrato y les decía que podían gastar unos 2.000 euros mensuales. Ese dinero era suyo. No tenían que justificar nada. Así lo hicieron la mayoría y por eso acabaron acusados de apropiación indebida en grado de colaboración.

La primera fila del banquillo de la Audiencia Nacional era una pequeña representación de lo que se agrupaba detrás. En una silla, delante del resto y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, Gerardo Díaz Ferrán, que había sido presidente de la organización que agrupaba a todos los empresarios españoles, y que acudía a las sesiones desde prisión. Detrás de él, Miguel Blesa y Rodrigo Rato –presidentes de Caja Madrid y Bankia–, José Antonio Moral Santín –exdiputado regional por IU–, Francisco Baquero –sindicalista de CCOO–, Estanislao Rodríguez Ponga –exsecretario de Estado de Hacienda con el PP–, Antonio Romero –exconcejal del PSOE– Ricardo Romero de Tejada –exalcalde de Majadahonda por el PP– y José María de la Riva –exconcejal del PSOE–.

A pesar de sus distintas procedencias, la tarjeta hizo tabla rasa. No hubo diferencias a la hora de gastar. Moral Santín, por ejemplo, dilapidó a un ritmo de 45.000 euros anuales hasta un total de 465.500 euros. En el juicio declaró que le habían dicho que los gastos eran de “libre disposición” y así lo hizo. Iba cada semana al cajero a sacar efectivo y usó su plástico para recorrer varios paradores.

Romero, que fue secretario de Organización del PSM, usó la tarjeta de la entidad para gastar más de 200.000 euros, principalmente en tiendas de ropa. Su compañero de partido, José María de la Riva, derrochó una cantidad similar. En su caso, usó esos 2.000 euros mensuales para adelgazar. Gastó su dinero en Naturhouse, Cuerpo Libre y en la dieta Pronokal. Se dejó en estos centros de adelgazamiento varios miles de euros.

Romero de Tejada, el enviado de Esperanza Aguirre para coger las riendas de Majadahonda después de que el anterior alcalde cayese por un escándalo relacionado con Gürtel, se sentó también en esa primera fila del banquillo de los acusados después de haberse gastado 212.216 euros.

En su caso, usó la tarjeta para probar suerte en la lotería. Gastó en varias administraciones de Madrid cantidades que superaban en ocasiones los 300 euros. Compró también puros, juguetes, se pagó viajes y se compró alguna que otra arma. También decidió usar el plástico tras una visita al dentista y otra al veterinario.

Un golpe a los sindicatos

Es estallido del caso de las tarjetas black afectó a los grandes partidos, pero conmocionó también a los sindicatos, que vieron cómo algunos de sus históricos compartían titulares sobre corrupción con la élite económica y política. No se libraron ni UGT ni CCOO.

En el banquillo se sentó, por ejemplo, Francisco Baquero (CCOO), que cargó a su plástico un total de 266.400 euros, casi la mitad en restaurantes y hoteles. Los 25.000 euros anuales también le permitieron pagar colegios, la televisión por cable o los muebles de su casa. José Ricardo Martínez (UGT) usó su black para abonar una multa de tráfico, pasar una noche en el Hilton o comprar unos videojuegos.

El círculo de poder que hoy llena las 456 páginas de la sentencia lo completaron los empresarios. En la primera sesión se ve, levantando la cabeza como para tratar de ver quién se ha sentado en las primeras filas, a Arturo Fernández, íntimo de Esperanza Aguirre y quien presidió la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Usó la tarjeta para pasarla por la caja de sus propios restaurantes.

También estaba Javier López Madrid que trató de convencer al tribunal de que nunca quiso beneficiarse del dinero de su black (34.800 euros) porque previamente había invertido 20 millones. O el economista Juan Iranzo, que le dijo al fiscal que había usado mucho su tarjeta porque trabajaba para la Fundación Caja Madrid con niños sordos. Lo cierto es que usó la tarjeta para comprar en tiendas de lencería, de joyas y de flores.

Los jueces del Supremo han considerado que todos ellos, políticos, empresarios y sindicalistas, cometieron un delito en el mismo momento en el que pasaron la tarjeta por el datáfono. Según el alto tribunal, eran muy conscientes de lo que hacían.

“Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable, que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”, sentencian los magistrados.

La bomba estaba en un correo electrónico que ni siquiera intentó disimular. El asunto se encabezaba como “Confidencial” y en el texto el secretario del consejo de Administración de Bankia, Enrique de la Torre, que dejaba el cargo, ilustraba a su sucesor, Jesús Rodrigo, sobre las retribuciones en el órgano de gobierno de la entidad.

El 1 de septiembre de 2009 el directivo saliente detalló por escrito las dietas de 1.350 euros por asistencia a cada reunión y reveló el secreto mejor guardado del banco: “Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no esta nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”.

La publicación en eldiario.es de ese correo electrónico el 13 de diciembre de 2013  provocó un cataclismo en las plantas nobles del rascacielos de Plaza de Castilla, la sede de Bankia, en el distrito financiero de la capital, que ya había sufrido la peor de las sacudidas año y medio antes. En mayo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy había decidido nacionalizar el banco y enseñar la puerta de salida a un viejo conocido: el expresidente del Fondo Monetario Internacional  y compañero de gabinete en los Ejecutivos de Aznar, Rodrigo Rato.

En el piso 18 de la torre un gabinete de urgencia se conjuró para hacer frente a otra crisis de reputación: tras el hundimiento de la entidad y el escándalo de las preferentes, trabajadores, clientes y accionistas conocían que los gestores que habían llevado al desastre al banco habían tenido barra libre para gastar durante años en tiendas de lujo, restaurantes, salones de belleza y firmas de lencería. Los extractos de las tarjetas de crédito hicieron palidecer a la nueva dirección, encabezada por José Ignacio Goirigolzarri.

El banquero había aterrizado en la entidad sin paños calientes: en las semanas posteriores a su llegada, en marzo de 2012, destituyó al comité de dirección, al consejo de administración y puso en la calle a 1.000 consejeros (todos los que estaban en la gestión y los de las empresas participadas). Se desalojaron casi todos los despachos y se remitieron 40 expedientes a la Fiscalía.  

Fueron meses críticos en los que había que tomar decisiones: la primera y más relevante, si el nombre de la entidad resistiría tanto descrédito. 2.000 sucursales lucían todavía la vieja cartelería de la caja de ahorros que dio origen al banco y a la salida a Bolsa. Las imágenes de Rodrigo Rato tocando la campana que anunciaba el comienzo de la cotización estaban en todas las televisiones. Los mismos diarios salmón que lo erigieron en autor del milagro económico español lo habían bajado de repente a los infiernos. 

Goirigolzarri, un reputado economista licenciado en Deusto, que había sido vicepresidente de Telefónica y Repsol, y consejero delegado del BBVA, empezó a programar encuentros con empleados del banco para establecer un diagnóstico: desde el escalafón más bajo a los puestos directivos se sentaron a la mesa con el nuevo presidente, que pidió sinceridad a los suyos. Entonces fue cuando supo de la verdadera gravedad del asunto. Un testigo presente en esas reuniones relata así lo sucedido: “Un trabajador contó que no se atrevía a decirle a los taxistas que trabajaba en Bankia, que cuando tenía que acudir a las oficinas centrales, pedía que le dejasen en el intercambiador de Plaza de Castilla”, una estación intermodal que se sitúa al otro la de la calle, con paradas de bus y metro. Otros siguieron con anécdotas similares: que si no se atrevían a decir en las reuniones de amigos y familiares donde trabajaban, que si todo eran malas palabras cuando salía el tema del banco... 

Cuentan los que le conocen que Goirigolzarri se quedó impresionado. La dirección decidió que antes de lanzar cualquier plan de comunicación hacia fuera, primero había que animar a los 4.500 de la casa. Se planificaron acciones para recuperar la moral de la tropa. Y después llegó su famosa campaña pidiendo perdón: “Empecemos por los principios”.

Los nuevos anuncios llamaron la atención: una entidad bancaria pagando publicidad para hacer autocrítica, para contar “a los clientes y a la sociedad” y hacer propósito de enmienda: empezar a gestionar desde la “integridad”. A pesar de esta publicidad,  las consecuencias más duras las pagaron los trabajadores. Los planes de reestructuración anticipaban soluciones “dolorosas”. Dolorosas para la mitad de la plantilla, que acabó en la calle.

Cuando la imagen empezaba a recuperarse a finales de 2013 y Bankia anunciaba beneficios, un balance saneado y sacaban a la luz un plan para devolver a la sociedad los 22.424 millones de ayudas públicas que mantuvieron con vida al banco (hasta ahora ha devuelto 2.863 millones), llegaron los titulares sobre las black. Y fue volver a empezar.

Con toda su anterior cúpula juzgada, y ahora condenada, por las tarjetas black, Bankia busca dejar atrás uno de los capítulos más oscuros de la compañía y del sector financiero español. Lo hace con la intención de ser un banco profesional, que se quite el sanbenito de aquella época. Pero no es el último terremoto que le queda a la entidad. La otra gran causa judicial, que investigará la salida a Bolsa a partir de noviembre, y la privatización marcarán el próximo año de la empresa que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri.

La investigación de las black se inició por una información exclusiva de eldiario.es publicada el 13 de diciembre de 2013. Esa información destapada por eldiario.es durante la investigación de los correos de Blesa provocó una auditoría interna en la actual Bankia, que confirmó el escándalo y lo envió a la Fiscalía Anticorrupción. Los correos de Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid llegaron a la redacción de eldiario.es a través de una fuente anónima derivada por la plataforma ciudadana Xnet.

El Estado se mantiene como el accionista mayoritario del grupo, a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), que ostenta más del 60% del capital. Según el plan inicial, el organismo que gestionó el rescate financiero en 2012 debería salir del accionariado de la compañía a finales del próximo ejercicio.

El Gobierno inyectó 22.400 millones de euros en el rescate a la entidad financiera. De ese total, a través de dividendos y de dos ventas de participaciones, la última en diciembre de 2017, el FROB ha recuperado apenas 2.800 millones. Así, todavía faltan unos 19.500 millones por recuperar. Sin embargo, la participación del organismo en la entidad, apenas supone 6.848 millones.

El valor en Bolsa actual de Bankia es de 3,6 euros por acción, pero pese a haber encadenado unas semanas de subidas, todavía se encuentra por debajo de los más de 4 euros con los que empezó el año. La compañía ha sufrido, al igual que el resto del sector, un mal 2018 en el mercado por el retraso en las expectativas de las subidas de tipos de interés del BCE. Sin embargo, en el caso de Bankia hay una presión extra respecto a sus competidores. Los analistas consideran que el hecho de tener la nube de la privatización encima y ser una de las entidades que más está afectada a los tipos de interés bajos lastran todavía más su valor bursátil. Sin tener en cuenta los dividendos que reciba en este periodo, el Estado necesitaría que el valor por acción fuera de 10,40 euros, un nivel que nunca ha alcanzado la compañía.

Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció este mismo mes que pese a que el objetivo es la privatización, “no es momento para planteárselo por los bajos precios” y que se tiene que trabajar por “maximizar la recuperación de las ayudas”. “Más que correr, lo importante es recuperar ayudas públicas”, aseguró.

Uno de sus predecesores en el cargo, Luis de Guindos, llegó a asegurar a comienzos de este año tras dejar el Ministerio, que había que privatizar Bankia “cuanto antes”. Sin embargo, tanto Calviño como Román Escolano, quien sustituyó a De Guindos, han mostrado más cautela, ya que en la situación actual las pérdidas para el Estado serían millonarias.

Pese a esta situación y a la intención de ampliar en la medida de lo posible la amortización del rescate, el Ministerio mantiene los planes de salida en 2019 y apunta que no se ha planteado todavía su ampliación.

En esta idea ha incidido también recientemente el propio presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, quien señaló que “no parece el mejor momento”. Sus rivales en el sector bancario apuestan sin embargo por una Bankia privatizada más pronto que tarde. “No creo en los bancos públicos, cuanto antes se privatice, mejor”, aseguró Francisco González, presidente de BBVA, en una entrevista con ABC hace unas semanas. En esta línea se han movido también otros directivos del sector.

En cuanto al negocio, Bankia es en la actualidad la quinta mayor entidad de España por volumen de activos, superando los 208.000 millones de euros, y la cuarta en capitalización bursátil, con unos 11.000 millones. La empresa se encuentra inmersa en la integración de BMN, entidad con la que se fusionó el pasado año, en una de las últimas operaciones de concentraciones financieras en España, y tras la cual tiene abierto un ERE para 2.000 personas.

La empresa se encuentra además desarrollando un plan estratégico hasta 2020, periodo en el cual pretende multiplicar el reparto de dividendos. De decidir Economía mantener su participación en Bankia, podría recibir 1.500 millones de euros, según las previsiones de la entidad. Otros de los puntos de esta estrategia supone dirigir a la empresa a nuevos nichos y reducir su exposición al mercado hipotecario, uno de sus principales lastres durante la crisis económica.

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Rodrigo Rato por las tarjetas black. El tribunal asume el relato que hizo la Audiencia Nacional sobre el uso de esos plásticos para gastos personales que se ocultaban a Hacienda. Un dinero del que los consejeros primero de Caja Madrid, y luego de Bankia, dispusieron “a su antojo”. Estas son las claves de un sistema “planificado” de uso de tarjetas “opacas”.

¿Qué fueron las tarjetas black?

Cuando un nuevo miembro del Consejo de Administración -primero de Caja Madrid y luego de Bankia- se estrenaba en el puesto le entregaban una tarjeta. Cada consejero da una versión distinta de ese momento concreto, pero la Audiencia Nacional sentenció que había un denominador común en esos plásticos: ni había que justificar el gasto a la entidad, ni Hacienda sabría nada de esas tarjetas.

Así, las black se constituían es una retribución opaca en términos fiscales para 86 miembros de la dirección y el Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia, independiente de sus retribuciones. Los gastos se cargaban directamente a una cuenta de la entidad.

¿Cuándo empezaron?

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, en 1988 durante la presidencia ejecutiva de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid se acordó “dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta Visa que vendría a complementar las dietas que ya recibían”. Blesa “propició” que a los miembros del Consejo de Administración y a los integrantes de la Comisión de Control se les facilitase una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto.

¿Por qué las pusieron en marcha?

Los jueces creen que con esta práctica se compensaban las limitaciones legales a los sueldos que se habían fijado por ley el año en el que había comenzado el saneamiento del sector financiero.

¿Quién las controlaba?

Ildefonso Sánchez Barcoj, director general de medios, comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y de los que dispondrían de código PIN.

¿Qué límite tenían?

Algunas 25.000 y otras, como las de Blesa, 50.000. La sentencia recoge que algunos consejeros pedían que se les elevase el límite mensual (algo más de 2.000 euros) coincidiendo con periodos vacacionales.

¿En qué se gastaban el dinero?

Algunos usaron la tarjeta para pagar gastos de representación, pero otros tiraron del plástico para compras muy diversas. Hay cargos en joyerías, tiendas de lencería, de muebles. Hay quien sacaba grandes cantidades de efectivo cada semana. El empresario Arturo Fernández, por ejemplo, la usaba para pagar comidas en sus propios restaurantes.

¿Cuánto dinero gastaron?

La auditoria de Bankia arrojó la cifra de 15 millones de euros. Según la sentencia, 12,5 millones de euros. Algunos de los acusados devolvieron el dinero para rebajar sus penas de cárcel. Entre los condenados hay cifras muy dispares: desde los que gastaron unos pocos miles de euros hasta los que dilapidaron más de 400.000.

¿Por qué hay imputados tan diferentes?

En el banquillo de los acusados se sentaros políticos de PP y PSOE, empresarios y sindicalistas. El variopinto banquillo era resultado del sistema de elección del consejo de administración que, según los estatutos de Caja Madrid, debía tener una representación de la sociedad. En realidad, lo que significaba ese punto era que los órganos de gobierno de la caja iban a tener una equivalencia con las mayorías de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.

La traducción de ese requisito fue que partidos y sindicatos alcanzaban pactos para colonizar la caja. Así, entre los condenado hay consejeros propuestos por PP (27), PSOE (15), IU (5) y los sindicatos (11).

¿Cómo se descubrieron?

Fue una información de eldiario.es lo que provocó la puesta en marcha de una investigación interna. Bankia envió el resultado de esa auditoría al FROB, que a su vez lo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. La noticia que inició esta cadena la publicamos el 13 de diciembre de 2013.

Era una exclusiva que salió de los correos de Miguel Blesa, que ordenó investigar el juez Elpidio Silva y que fueron obtenidos por eldiario.es gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X. En uno de esos emails, titulado “confidencial”, el secretario saliente del consejo informaba a su sustituto de las retribuciones de los consejos. Además del sueldo, detallaba que disfrutaban de “una tarjeta black a efectos fiscales”.