La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ya con nueva composición sin los magistrados Luís Villares y Dolores López trasladados de forma forzosa a la sección cuarta, ha resuelto por unanimidad acoger el recurso de Adega y paralizar el parque Pena do Pico, que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucense.

Este auto con fecha de 15 de junio de 2026, recogido por Europa Press, la Sala sostiene que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.

En una pieza separada de medidas cuatelares, este auto da la razón a la asociación ecologista Adega y estima su solicitud de decretar la suspensión de las autorizaciones previas y de construcción emitidas por la Xunta.

“El hecho de que las codemandadas”, en referencia a Xunta y Greenalia, “invoquen un interés público general (como la transición energética), no lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulado en la DIA (declaración ambiental) y los informes sectoriales”, deja claro el TSXG. “Ninguna norma valida, ni en sede cautelar ni sustantiva/principal, el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección”, avisa.

En concreto, se trata de la primera paralización cautelar adoptada en un contencioso eólico tras el polémico traslado de jueces entre secciones, cuestión recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Adega censura que esos cambios fueron “una maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó a la supuesta parcialidad de Villares la paralización del sector eólico del TSXG”.

Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental de la Xunta

Esta resolución recoge los argumentos de Adega que apunta a la existencia de peligro de daño jurídico ('periculum in mora') por la afección a elementos de patrimonio natural, ya que se autorizó en un territorio (municipio de Baralla y Quiroga, en los Ancares lucenses), designado por la propia Xunta para ampliar la Red Natura 2000, considerado como zona de exclusión eólica por parte del Ministerio. Apunta a la presión sobre especies amenazadas como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido.

El Tribunal indica que la documentación aportada por Adega “goza de un indubidable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.

Al respecto, Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental del Gobierno gallego, que “ejerce más como expedidora de permisos que como garante del patrimonio y del interés público”. “Este Auto del TSXG apunta directamente a las graves carencias en la tramitación administrativa del proyecto, particularmente en el que alcanza a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, agrega.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretar que le corresponde hacerlo a la concesionaria. Es la misma decisión que había tomado en 2022 y que, entonces, fue tumbada por el Tribunal Supremo al considerar que existían dudas sobre la “imparcialidad” del juez Luís Villares. “Salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” fue el argumento que utilizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, para trasladar a Villares y su compañera Dolores López a la sección cuarta desde una sección tercera donde habían sido duramente criticados por PP y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos. El entorno del juez considera esta nueva sentencia, emitida por un tribunal totalmente diferente, una “buena noticia” ya que “disipa las dudas sobre su imparcialidad” pero admiten que “llega tarde”.

Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Cunqueiro poniendo en tela de juicio la “imparcialidad” de Villares, que fue líder de En Marea entre 2012 y 2016. Pese a que la Xunta de Alfonso Rueda lo había convertido en una de sus bestias negras, el juez, en todas sus resoluciones, había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente al fallo de los juzgados de instancia. Tras aceptar los recursos, el alto tribunal ordenó retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”. Esa sala es la que acaba de fallar en el mismo sentido que la anterior.

La decisión del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que es –según Xuíces e Xuízas para a Democracia– “habitual en la vida normal de los tribunales”, dio a una recién nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el argumento que necesitaba para “desmantelar” –el término es también de XXpD– la Sección Tercera, que llevaba tiempo en el objetivo de la derecha política y mediática por sus sentencias que llegaron a paralizar, de forma cautelar, más de 60 parques eólicos en Galicia.

Recio y Villares compitieron por la presidencia de la Sala y en el entorno del juez existe el convencimiento de que esa supuesta falta de imparcialidad fue determinante en el apoyo a su rival por parte de los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recio tomó posesión en mayo y en sólo unos días firmaba la resolución que enviaba a Villares y López a la Sección Cuarta. Se amparaba en lo dicho por el Supremo: “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribió en una resolución en la que invocaba la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. Villares ha recurrido su traslado forzoso.

Antes, XXpD fue la primera entidad en oponerse. Consideraba que se estaba enviando a la sociedad el mensaje de que el TSXG se “doblaba” ante los intereses de las partes tras unas “inusuales” y “desmedidas” presiones. La asociación de juristas Xustiza e Sociedade pidió al CGPJ que aclarase si se podía entender “desviación de poder” en la decisión de Recio. La CIG, el principal sindicato gallego, junto a la asociación ecologista ADEGA han denunciado a la presidenta de la Sala por una posible prevaricación. Y la Fiscalía Superior de Galicia cree que los traslados adolecen de “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos”, lo que puede generar “apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad”.

La sentencia

La nueva sentencia del TSXG anula la emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, en la que se condenaba a la Xunta a reembolsar a la concesionaria del Cunqueiro el IBI correspondiente a 2019 por un importe cercano al millón de euros. Según la Sección Tercera, la documentación del contrato “no permitiría deducir racionalmente a un licitador medio” que los derechos y obligaciones que adquiría “resultarían distintos a los previstos en dicha documentación”. Particularmente, destaca “que en el caso de que el Ayuntamiento de VIgo eliminase la exención del IBI –como sucedió–, el Sergas debía garantizar la indemnidad del futuro concesionario”.

Los jueces explican así que rechazan “una interpretación al abrigo de la documentación complementaris que suponga generar una obligación” frente a “cualquier vicisitud surgida durante la ejecución del contrato por la que esta última dejase de disfrutar del beneficio fiscal previamente existente”.

En un tono que suena a reproche, la Sala destaca que, “ante la claridad de los términos del contrato”, la regla interpretativa del Código Civil “impide acudir a alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual para constituir nuevas obligaciones no expresamente previstas y que contradicen de forma radical su clausulado”.

El fallo de la Sección Tercera no es firme y cabe presentar, una vez más, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La CIG y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) han remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo para ampliar la denuncia por posible prevaricación presentada contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el “traslado injustificado” de procedimientos judiciales, relacionados con las líneas de alta tensión de los parques eólicos, de la Sección Tercera a la Sección Segunda del TSXG.

“Este traslado de procedimientos, requerido por la Xunta ante la Sala en ocasiones anteriores, se hizo incumpliendo las normas vigentes de reparto de competencias entre secciones y vulnerando el derecho a un juez predeterminado por ley y el derecho a la tutela judicial efectiva”, han señalado, según recoge Europa Press.

“Resulta perentorio que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de esta alteración arbitraria de las normas de reparto de asuntos –hechas en paralelo al traslado de magistrados de la Sección Tercera de la Sala– existen motivaciones espúreas, presuntamente relacionadas con satisfacer el interés presentado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector de apartar a determinados magistrados de los procesos judiciales relativos a proyectos eólicos y líneas de alta tensión”, aseguran en un comunicado.

El sindicato y la entidad ecologista detallan que esta ampliación de denuncia se realiza tras conocer que la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG “manifiesta su intención de trasladar” a la Sección Segunda “no solo los procesos de impugnación de líneas de alta tensión, sino también todos los litigios contra autorización administrativa y de construcción de parques eólicos”, de los que se hacía cargo la Sección Tercera, competente en asuntos industriales.

En este contexto, Adega enumeró “varias notificaciones” de las presidenta de la Sala del Contencioso aprobando el traslado de los litigios sobre los proyectos eólicos Monte Toural, O Cerqueiral, Chao do Marco, Cunca, Carballal y Patiñeiro.

Adega y la CIG han afirmado que estas “resoluciones de cambio de sección” de asuntos en trámite “vulneran las normas de reparto del TSXG” aprobadas en 2023.

Finalmente, han recordado que presentaron escritos ante las presidencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “todavía no recibieron respuesta”.

El cuestionado traslado de los jueces Luís Villares y Dolores López, después de haber sido señalados por Xunta y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos, no deja de sumar críticas. La última, y muy contundente, la de la Fiscalía Superior de Galicia, que alega “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos” en la decisión de la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Azucena Recio. Ese movimiento, escriben, “puede generar una apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad” que afectan “a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial”.

El Ministerio Público se manifiesta con esta claridad en su dictamen –al que ha tenido acceso elDiario.es– sobre un recurso presentado por el sindicato CIG contra el relevo de López como relatora de una causa de la que fue apartada tras su cambio a otra sección de la Sala. Fiscalía recoge y amplifica la demanda planteada por la central nacionalista, la de mayor representación en Galicia. Considera que la medida contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio tratado de la Unión. Llega a pedir a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG que desobedezca la providencia de su presidente, Juan Carlos Fernández, y mantenga a López al frente del caso, una denuncia por la supuesta vulneración de derechos fundamentales en la huelga contra el genocidio de Palestina.

Recio accedió al cargo de presidenta de la Sala a principios de marzo, tras competir por el cargo con el propio Villares. Apenas unos días después, en la que fue su primera decisión de calado, trasladaba a los dos magistrados de la sección tercera a la cuarta. Los retiraba así de atender recursos sobre expropiaciones forzosas, minería o proyectos industriales para destinarlos juzgar reclamaciones sobre tributos y catastros. La oposición gallega, entidades progresistas del ámbito de la Justicia, sindicatos y ecologistas vieron una relación directa entre ese movimiento y las acusaciones del PP, el gobierno gallego y la patronal eólica, que no ocultaron su contrariedad por las paralizaciones de parques decididas por el conjunto de la sección y que ejemplificaron en Villares por su pasado como portavoz de En Marea entre 2016 y 2020. Las sospechas de que el movimiento buscaba un cambio de criterio se plasmaron en la denuncia por prevaricación presentada por la Coordinadora Eólica Así Non –formada por una veintena de entidades– que la Fiscalía Superior derivó a la del Tribunal Supremo.

Aquella decisión inicial de Recio provocó una providencia del presidente de la sección tercera, Fernández, en la que asumía los cambios y “redistribuía” el trabajo. “Habida cuenta de que la actual ponente ha dejado de formar parte de esta Sección, se redistribuye el presente asunto, a tales efectos a la nueva Magistrada Ponente, la Ilma. Sra Dª Rosa Agraso Barbeito, a quien corresponde por número, conforme el turno de ponencias de la Sección”.

Esa fue la providencia que la CIG consideró “contraria a derecho” por “vulneración del derecho al tribunal predeterminado por la ley”. El sindicato recurrió con unos argumentos que, en su mayoría, han sido recogidos por la Fiscalía. Al tratarse de una causa que puede afectar a derechos fundamentales, el ministerio público actúa como parte en el proceso. En el escrito que envía a la sección tercera , Fiscalía rechaza la posibilidad de impugnar “directamente” el traslado, un “acuerdo gubernativo de la presidenta de Sala” pero considera que “sí se puede inaplicar a este procedimiento por ser contrario al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como exige el principo de primacía del Derecho de la Unión y la sentencia invocada”.

Pese a no impugnar la decisión de Recio, la Fiscalía sí la ataca en el “encuadramiento jurídico” de su dictamen. Considera que careció de “criterios objetivos y precisos” pese a que la presidenta “apeló a 'razones organizativas' y a la necesidad de 'preservar tanto la aparencia como la realidad de la imparcialidad'. Tampoco encuentra ”motivación suficiente“ y afirma que fue ”genérica y no individualizada, sin explicar por qué el traslado forzoso era necesario para preservar la imparcialidad del tribunal en todos los asuntos“, más allá de los ”tres casos concretos“ en que habían sido recusados.

El ministerio público recuerda que, para el Tribunal Constitucional, un cambio en los miembros del tribunal “sólo constituye una violación” del derecho “si supone una alteración arbitraria de la composición del órgano judicial susceptible de afectar a su imagen de imparcilidad e independencia”.“En este caso”, argumenta, “la alteración de la composición fue sustancial (dos de cuatro magistrados)”. A ello suma las carencias de motivación y la ausencia de criterios objetivos ya apuntadas para afirmar que “pueden generar una apariencia de influencia externa indebida sobre la modificación de la composición y de arbitrariedad que afectan a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial, en contra del principio de seguridad jurídica”.

Por eso, “en estas circunstancias, la mera invocación de una comunicación gubernativa interna no puede considerarse suficiente para satisfacer las exigencias de transparencia inherentes al derecho fundamental al juez legalmente predeterminado”, continúa para concluir: “En consecuencia, procede revocar la providencia de 19 de mayo de 2026. Esto implicaría que la magistrada relatora originaria debe seguir conociendo del asunto hasta su conclusión, excepto que concurra una causa justa de abstención o recusación”.

El magistrado Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia han presentado sendos recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el que se decide el traslado forzoso del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la cual ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta.

De ello informa a Europa Press un portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia que explica que se han presentados los dos recursos. En un comunicado, Juezas y Jueces para la Democracia explica que ha planteado recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a los traslados forzosos de cuatro magistrados de lo Contencioso del TSXG, entre los que se encuentra Villares.

Considera que estas decisiones “adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial”.

Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que el procedimiento para adoptar esta decisión se ha verificado “sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados” entre los que se encuentra Luis Villares, asociado de la entidad.

El hecho es que el TSXG decidió el trasladó forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luís Villares y María Dolores López López. Mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera.

Sin “motivos claros” ni “criterios objetivos”

Además, sostienen que se llevó a cabo con “una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla”, “incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites” que, según Juezas y Jueces para la Democracia, “no se atienden en el presente caso”. Así, señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión de 6 de marzo de 2025, apunta la necesidad de “motivos claros y criterios objetivos” que consideran que en este caso no concurren.

El resultado de estos defectos, para la asociación, “es la ausencia de tales criterios objetivos y motivos claros”, que, en su opinión, “ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías”. “La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD no puede ignorar”, apunta.

JJpD ha solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH.

Por último, defienden que la asociación está plenamente legitimada en base a las previsiones de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial como conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para “actuar en defensa de la independencia judicial”.

JJpD traslada su confianza en las instituciones y espera que el sistema de garantías de un Estado de Derecho “robusto” conjure lo que representa un verdadero y objetivo peligro para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.

La semana pasada, el magistrado Luís Villares acudió a apoyar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el homenaje vecinal organizado en Santiago de Compostela.

“Uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”. Así define la Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia –entidad de carácter progresista que agrupa a más de 200 juristas gallegos– el traslado forzoso de dos magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que los aparta “de los asuntos de autorizaciónes eólicas, contratación administrativa y procedimientos de especial trascendencia pública”. La decisión, tomada “sin la existencia de criterios objetivos”, “desmantela una unidad judicial altamente especializada” y “amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

En un comunicado, Xustiza e Sociedade considera “gravísimos” los acuerdos adoptados el pasado 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, que enviaron a la Sección Cuarta a los magistrados María Dolores López y Luís Villares. Este último, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido acusado por Xunta y PP de ser “juez y parte” en causas como la paralización de los parques eólicos. Recio tomó la decisión apenas una semana después de asumir un cargo para el que había competido, precisamente, con Villares.

La asociación señala que los traslados pueden suponer “desviación de poder” porque se decidieron sin que existiesen “criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno”, tal y como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial; tampoco se dio “audiencia” a las personas afectadas, algo que, en su opinión “constituye una alteración irregular del funcionamiento jurisdiccional de la Sección y una posible vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial”

“La Sección Tercera ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas, derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública”. Por eso, si se une la “coincidencia temporal” entre presiones y traslados y la “ausencia de motivación reforzada”, todo junto “genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público”. Para la Asociación, “supone un riesgo directo para la apariencia de imparcialidad, para la confianza ciudadana en el Poder Judicial y para el funcionamiento equilibrado de una Sala especializada en asuntos de enorme relevancia”.

Reclaman la intervención del CGPJ

Xustiza e Sociedade ha enviado ya una comunicación formal a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG en la que “exige” la revisión “urgente” de los acuerdos del 12 de marzo, “la rectificación de las decisiones adoptadas y la plena restauración de los principios de legalidad, motivación y transparencia”.

Pero no se ha quedado ahí. También envió otra comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicita la apertura de un expediente, la suspensión cautelar de los traslados y la emisión de un informe oficial sobre la conformidad legal del procedimiento. A eso suma la demanda de “medidas correctoras o disciplinarias si se confirma desviación de poder o irregularidad”.

Para la Asociación, los traslados forzosos constituyen “uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”, y eso se debe a que la “reorganización” de la Sección Tercera “desmantela una unidad judicial altamente especializada, afecta directamente a magistrados con experiencia acreditada y amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

“Esto es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho sólido y digno de tal nombre”, considera la entidad y, por eso, insta tanto a la Sala como al CGPJ a “actuar con contundencia, transparencia y responsabilidad, protegiendo a los magistrados afectados y garantizando que ninguna decisión interna —ni presente ni futura— pueda interpretarse como una interferencia en la independencia judicial en Galicia”. “La Justicia no puede quedar expuesta a presiones externas. La ciudadanía merece instituciones independientes y creíbles”, concluye el comunicado.

“Accipere quam facere praestat iniuriam” (É mellor sofrer unha inxustiza que facela) Cicerón. Tusculanas.

“Cae na fosa aquel/a que a cavou”. Proverbios 26, 27.

1. Castigo

Azucena Recio toma posesión despois de ser designada polo Consello Superior do Poder Xudicial presidenta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e en uso de gran dilixencia (5 días despois) toma as primeiras decisións en exercicio do seu cargo. Traslada de maneira inmediata e forzosa á sección Cuarta os maxistrados Luís Villares Naveira e María Dolores López López, membros até ese momento da Terceira. Así mesmo, dous maxistrados da sección Cuarta son tamén, e de forma forzosa, trasladados á Terceira: Rosa Agrasso Barbeito e César Alexis González Fernández. Dunha primeira leitura poderíase desprender nada máis que un acto de xestión sobre a marcha da Administración de Xustiza ou de disciplina no exercicio das competencias da súa responsabilidade; mais, como se verá co paso do tempo, o deseño, decisión e execución destes traslados teñen unha raíz moito máis fonda e interesante que un asunto disciplinario ou reorganizador. Visto que as decisións admiten recursos e que algún dos castigados manifestou a súa intención de levalo a cabo podemos abandonar aquí este relato, dirimido só no interior do recinto das sedes xudiciais e pasearnos por outros ámbitos máis diáfanos e esclarecedores dos acontecementos.

2. Presión

Vén existindo desde hai tempo unha fonda presión mediática sobre a actuación do Contencioso do TSXG no asunto das autorizacións dos eólicos. Os dardos enfocábanse sempre cara ao maxistrado Luís Villares, nunha manobra de cariz propagandístico e de baixa estofa, para sinalar a un inimigo unipersoal das eléctricas. Mal enfoque, porque unha sala é unha sala (órgano colexiado, non individual), e as seccións tamén son órganos colectivos. O liderado na portavocía dos ataques á Xustiza é exercida, nomeadamente, polo xornal que cre que é a amígdala de Galicia, usando todo tipo de xogos informativos, arrodeando a verdade ou violándoa, cando for preciso. O aguillón final é do poder político do réxime, en consonancia co lobby eólico que non dan feito a patrañas, terxiversacións e propaganda, todo e unicamente en defensa dos intereses desta parte do capital.

Podemos, querendo, empezar polo principio: en que libro sagrado de guións da vida dos galegos está escrito que debamos ser produtores de enerxía eléctrica sen límite, condicións nen teito? Quen decide o destino económico dun pobo como o noso? As compañías eléctricas? Pois a resposta é: case si. Así foi nun tempo da negra ditadura. E non fixemos máis que producir electricidade en todas as modalidades a fin de servir para industrializar España, e aquí non ter nen luz para uso doméstico ou para uso industrial. Convivimos cun estadio Bernabéu (do Real Madrid) iluminado ostentosamente para os partidos nocturnos, servido con electricidade producida na Galiza, que pasaba de largo cara á meseta, ou cara onde Fenosa dispuxese. Seguimos exportando máis enerxía eléctrica da que consumimos e seguimos tendo problemas de distribución e de potencia para as necesidades propias. Quen escrebe o guión dos nosos destinos? Fenosa, Endesa, Iberdrola... o lobby eólico? Primeiro corolario.

Non necesitamos producir máis e moito menos encher o país de muíños como se fose un pesadelo do Quixote. Pero este é o meu razoamento, non o de ninguén máis. O TSXG atense no seu labor ao estrito guión que as leis marcan, e en función delas e da súa correcta aplicación actúa. De modo e maneira que unha vez concedidos permisos de instalación á compañías eólicas e recorridas polos afectados que observan unha aplicación administrativa deficiente, acoden ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e atopan que o Contencioso lles dá a razón. E o Contencioso debe actuar con toda xusteza legal, xa que todos os recursos, contra as medidas cautelares que foron recorridas en casación ao Tribunal Supremo, foron inadmitidos. É dicer, a secuencia é: a lei, a petición de permiso de instalación á Xunta, a concesión (polo que se ve en precario), os recursos de afectados ante o TSXG, exame e medida cautelar e finalmente recurso polas empresas contra as cautelares, e finalmente inadmisión no Tribunal Supremo. Agochado este paso do Supremo só se da a coñecer o cabreo maiúsculo da Xunta do PP acompañado das eólicas. E para maior eco mediático fixase a atención nunha persoa cuxo nome e apelidos son abusados até a saciedade groseira. E onde estará o poder omnímodo dun home para poder facer todo isto só e chegar até o mesmo Supremo? E non será que na Xunta son vicarios dos intereses eólicos e atrapalladamente dan permisos coma churros, en forma de porras, neste caso? Onde está a raíz do mal funcionamento? Na lei? Na aplicación administrativa das condicións da súa aplicación? Na urxencia de cumprir rápido e dilixentemente cos intereses das compañías que albiscan o negocio de se instalar en terreo fácil: Galiza? Podemos escoller calquera das respostas. Nós inclinámonos pola chambonada de aplicación na concesión dos permisos (en concreto, a valoración do impacto ambiental) e pola urxencia dos intereses a satisfacer. O poder executivo debería reflexionar, como adoitan dicer, ás veces. Tamén pode ser unha boa praxe se analisa onde está o miolo da cuestión e comeza a mudar.

3. A obscenidade da relación poder político/económico

O Estado e o poder económico teñen relacións de proximidade sempre. No capitalismo poden aparecer máis formalizadas que noutros sistemas, mais danse sempre. O que podemos discutir son as formas ou a intensidade en cada formación social e en cada momento histórico. Que o poder político teña conexións co poder económico non é novo nen orixinal deste país. O feito de que exista relación máis ou menos íntima entre o PP e o lobby eólico non é novidoso, nen asombroso nen orixinal. Pior foi en Corea na etapa histórica coñecida como de relacións incestuosas entre eses poderes. Mal van tamén nas repúblicas inestábeis latinoamericanas sen control nengún das interferencias notábeis entre un e outro poder. En Europa –a dos máis desenvolvidos–, o Estado cohabita co poder económico tamén pero existen mecanismos de control legal que mitigan bastas interferencias. No noso caso amosouse como obscena esa relación de inxerencia. O intento de control por parte do executivo sobre o poder xudicial asoma nas declaracións de urxir ao xudicial a cumprir cos desexos do executivo, neste caso aguilloado polos intereses do lobby eólico. O que hai detrás é o negocio das compañías interesadas en lograr o primeiro posto de instalación –é dicer, a ocupación– do territorio propicio para a instalación de parques eólicos. O medular é a ocupación, o dereito conseguido de producir enerxía, neste momento, aproveitando as vantaxes da transición enerxética.

Noutros casos podería ser interpretábel a interconexión entre poder e goberno; neste, e como paradigma de mal funcionamento, ficou ao descuberto. Queda moito camiño cara unha democracia de maior calidade.

El juez Luís Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020 y al que la Xunta había señalado en varias ocasiones por sus sentencias sobre los parques eólicos, ha sido apartado de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión la ha tomado la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, quien tomó posesión a principios de mes tras competir por el cargo con el propio Villares. La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) teme que el mensaje que se envíe a la ciudadanía con esta “inusual” medida es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes.

Según ha adelantado la Cadena SER, Recio justifica el traslado forzoso de la Sección Tercera de la sala a la cuarta –donde entenderá sobre tributos o catastro– para “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Junto a él, mueve a otros tres jueces –una de ellas, María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias cuestionadas por el PP–, aunque lo hace por motivos bien diferentes: promover su “crecimiento profesional” y una “oportunidad” en su carrera.

Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares. En todas ellas había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente a las sentencias iniciales del juzgado de instancia. El Supremo ordenó entonces retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”.

“Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribe Recio en una resolución en la que invoca la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. La presidenta incluye la “propia salvaguarda” de Villares, “el magistrado cuya imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo” y suma a ella las “necesidades reorganizativas” derivada de número de procedimientos de cada sección para concluir que la reestructuración “va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala”.

Para XXpD, la resolución del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que considera “habitual en la vida normal de los tribunales”, no justifica un movimiento con el que se “discuten los criterios jurisdiccionales de la sección”.

“Ataques mediáticos y políticos”

La asociación de jueces ve “sorpresiva” una decisión tomada por Recio el pasado día 12, sólo seis días después de asumir el cargo de presidenta de la sala. En un comunicado, recuerda que durante los últimos “meses y años” fueron habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no sólo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”.

En el texto, ponen el foco en lo “inusual” de un traslado forzoso “de tanta envergadura” y las formas en las que se llevó a cabo, sin consulta previa a los presidentes de las secciones ni a los magistrados afectados. Frente al modo habitual de realizar cambios individuales para no “perturbar” el trabajo de las secciones, aquí se “desmantela” la tercera al trasladar a dos de sus cuatro integrantes. Todos llegan a nuevos puestos en los que carecen de experiencia previa, lo que provocará “disfunciones” en el funcionamiento de ambas salas.

XXpD considera que apartar a la mitad de la sección “afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos”, lo que les provoca “serias dudas” de que esa no sea la “intención” real del movimiento. “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia”.

“La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, añaden. Les preocupa que se transmita que “el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados”. Temen que “la especial trascendencia mediática y social” de los casos tratados por la Sección Tercera –los eólicos, pero también causas de contratación administrativa, como el propio hospital de Vigo– junto al “sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición”, trasladen a la ciudadanía una “sospecha” –“esperemos que infundada”– sobre la “finalidad perseguida” por la decisión de la nueva presidenta.

BNG: “El poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”

El BNG, primera fuerza de la oposición en la cámara gallega, respaldó los argumentos de XXpD. “Estamos ante una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto, porque no es un juez en concreto”, sino que, según la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, “cambia por completo en su integridad la Sección Tercera del TSXG”.

Rodil cree que no hay “ninguna justificación” al traslado forzoso de personas “que estaban desarrollando su trabajo con absoluta normalidad. ”Es evidente que ya ni siquiera esconden cómo el poder de las eléctricas y, sobre todo, los tentáculos del PP injiriendo en la judicatura son cada vez más extensos“, concluyó.

Cuando, a principios de agosto de 2016, Luís Villares anunció su disposición a ser candidato de En Marea a las elecciones gallegas que Alberto Núñez Feijóo había adelantado una semana antes, su nombre llevaba meses circulando por los corrillos políticos de Galicia. Hacía meses que representantes de mareas municipales y de algunas de las fuerzas políticas implicadas en la confluencia habían pensado en Villares como posible figura de consenso para encabezar un espacio político que había salido con grandes expectativas de las municipales de 2015 y de los comicios generales de aquel mismo año.

Apenas tres años y medio después, este miércoles, Villares anunciaba su retirada de la vida política. Por el camino, una legislatura turbulenta para el que se ha querido llamar espacio de “unidad popular” pero que, paradójicamente, ha finalizado el cuatrienio electoralmente debilitado y organicamente, otra vez, en reconstrucción.

A Villares lo acompañaba su fama de juez riguroso, pero también comprometido en materia social y de marcado perfil galeguista. Como coordinador en Galicia de Jueces para la Democracia se había pronunciado abiertamente en materias como la defensa de la lengua gallega o contra los recortes sociales de los años de la crisis. Tanto en el campo académico como de los movimientos sociales, había adquirido una notable consideración por su conocimiento de la administración gallega o de la ordenación territorial.

Con estas credenciales, Villares dio el paso. Llevaba meses estudiando cifras y datos sobre el funcionamiento de la Xunta o el estado general de Galicia. “La razón de hacerlo es mi compromiso social”, explicaba en un contexto en el que, a apenas mes y medio de las elecciones, todavía era una incógnita cómo concurriría exactamente En Marea, que se acababa de constituir en partido “instrumental” en su asamblea de Vigo, quién estaría bajo su paraguas y si finalmente Podemos se uniría o no al proyecto, lo cual sucedió con la intervención directa de Pablo Iglesias a escasos minutos de que cerrara el plazo legal.

El partido existía como fórmula jurídica y paraguas de la confluencia, pero su estructura real era mínima, casi inexistente y absolutamente dependiente de lo que quisieran o no aportar a él cada una de las partes. Así, sin partido como tal y con escasos medios, Villares se lanzó a una campaña con escasa planificación en la que el único debate televisivo no supuso el revulsivo al que la formación aspiraba -más bien todo lo contrario- y en la que los concebidos como actos más masivos, con Villares compartiendo escenario con los alcaldes de las mareas, Pablo Iglesias o Xosé Manuel Beiras, quedaron mediaticamente opacados por el enfrentamiento abierto entre el líder de Podemos e Íñigo Errejón.

En aquellas elecciones la En Marea encabezada por Luís Villares logró 14 escaños y la condición de primera fuerza de la oposición. Una representación tan meritoria para el contexto de la campaña como escasa para un espacio político que apenas un año antes albergaba el convencimiento de poder encabezar una alternativa de izquierdas que desalojara de la Xunta al PP de Alberto Núñez Feijóo.

Con este telón de fondo, Villares se marcó desde el inicio de la legislatura el reto de impulsar el “despliegue territorial” de En Marea como “proyecto nacional” gallego. La articulación interna osciló, desde apenas dos meses después de las elecciones gallegas, entre las tensiones soterradas desde la propia campaña y el enfrentamiento abierto. Entre las diferencias ideológicas y organizativas hasta los desencuentros personales de difícil recondución. Mientras, los dirigentes que habían apostado abiertamente por Villares como candidato se alejaban notoria y definitivamente de él, que su vez exploraba otras vías y dirigentes para intentar reconducir y reconstituír el espacio, en el que a pesar de ganar las elecciones internas seguía, en gran medida, sin partido.

Tras todo esto llegó el nuevo ciclo electoral . Una vez pasadas las elecciones generales de abril y las municipales y europeas, donde la formación encabezada por Villares obtuvo unos pobres resultados, En Marea se rompía definitivamente en el único lugar donde permanecía unida, el Parlamento de Galicia. “No nos resignamos a dejarnos devorar por Podemos”, había afirmado entonces.

En el epílogo de la legislatura, Villares mostraba aún su esperanza en la enésima reconstrucción de En Marea. No obstante, no ocultaba su cansancio político y desgaste personal tras una batalla interna en la que según sus contrincantes, escogió mal las alianzas y a juicio de su partidarios, fue abandonado por quienes lo animaron a dar el salto. “Me sentí como un bicho raro”, confesaba este miércoles en la rueda de prensa de su despedida. “Vine con la ilusión de ayudar a construir una alternativa para que la gente viviera mejor”, aseguró visiblemente emocionado.

Villares se va de la política partidaria e institucional y regresa a la judicatura. En su adiós se mezclaron las palabras de agradecimiento con los reproches y en su entorno más próximo, el pesar y el alivio. Hay quien cree que el partido que encabezó hace tres años y medio, en realidad, nunca ha existido.

El grupo de En Marea en el Parlamento de Galicia se rompe. Cuando falta apenas un año para las elecciones gallegas y justo el día en que, tras los adversos resultados electorales del PP en las generales, europeas y municipales, Alberto Núñez Feijóo ha puesto en escena el primer paso de la estrategia del PP para intentar revalidar la Xunta en 2020, el hasta ahora primer grupo de la oposición en Galicia ha certificado su escisión. Lo ha hecho por boca de su portavoz, Luís Villares, que con otros tres integrantes de la formación -Paula Vázquez Verao, Pancho Casal y Davide Rodríguez- se va al Grupo Mixto, la figura parlamentaria concebida para las formaciones con menos de cinco escaños.

El registro de la candidatura de José Manuel Sande, ex-edil de la Marea Atlántica en A Coruña, como propuesta de senador por designación autonómica por el sector crítico del grupo parlamentario -miembros de Podemos, IU y Anova- contra el criterio de la dirección de En Marea como partido ha acelerado la separación. Ambas partes la daban, no obstante, por prácticamente hecha desde hace semanas e incluso meses. Con más intensidad en los últimos días, cuando la dirección de En Marea reclamó a 8 miembros del sector crítico que renunciaran a las actas parlamentarias por no “representar” a la formación, resaltaron tras la votación sobre el Senado.

Villares mira fundamentalmente hacia Podemos para señalar las que, a su juicio, son las causas de la ruptura. De su punto de vista, el episodio del senador muestra que los restantes diez integrantes ya sólo representan directrices de Podemos y no del conjunto del espacio. La “única actuación posible” para, a su juicio, mantener el espacio “soberano” que concurrió a los comicios de 2016 es la separación.

“No nos resignamos a dejarnos devorar por Podemos”, afirma Villares, que señala a la formación que lidera Pablo Iglesias como “muy libre de lanzar un proyecto político en Galicia diferente al de En Marea” pero sin la “legitimidad” para lo que considera “suplantar la voluntad electoral de las gallegas y gallegos decidida en las urnas en 2016”. Ante este escenario, afea, Anova y Esquerda Unida optaron por el “seguidismo”.

Entre los efectos colaterales de esta separación figura, previsiblemente, la propia pérdida del puesto en el Senado si la ruptura formal del grupo se produce antes del pleno del próximo martes, cuando se iba a formalizar. El derecho a elegirlo pasaría al PSdeG, que de ahora en adelante se convierte en segunda fuerza parlamentaria. Si la ruptura legal es posterior al martes cabría la posibilidad de que Sande fuera designado igualmente representante en la Cámara alta.

Mientras, la tercera fuerza serán los restantes diez miembros hasta ahora de En Marea considerados del sector crítico, siempre y cuando permanezcan juntos. Los cuatro integrantes del grupo de Villares irán a parar al Mixto al juntar menos de 5 escaños, mínimo legal para formar grupo propio, y al escindirse de una candidatura que concurrió unida a las elecciones. Quien no estará en ninguno de los dos sectores será una de las diputadas que no se ha ido con Villares, Flora Miranda. Considera la fractura un “fracaso colectivo” y regresará a su trabajo como médica.

Depende de la Mesa de la Cámara, en última instancia, pilotar los aspectos burocráticos de la separación y de la constitución del nuevo Grupo Mixto. En manos de los otros diez diputados estará intentar variar la denominación del grupo que queda ya que, al menos de entrada, se sigue llamando “En Marea”. En anteriores ocasiones semejantes el margen de maniobra lo determinaron los servicios jurídicos de la Cámara.

Una andadura llena de tensiones

Las siglas de En Marea nacieron en 2015, como coalición que agrupó a Podemos, Esquerda Unida y Anova para las elecciones generales de aquel año. La formación se constituyó en partido presentado como “instrumental” en el verano de 2016, para presentarse a las elecciones generales con el juez Luís Villares como candidato a la presidencia de la Xunta, puesto para el que fue impulsado por dirigentes de diversas corrientes de la organización, inicialmente entre ellos los entonces principales alcaldes de las mareas municipalistas, que perdieron sus puestos el pasado 26M.

El juez en excedencia se había propuesto encabezar un proyecto de “unidad popular” y, al tiempo, había dicho, una fuerza “nacional” para Galicia. Paradójicamente, prácticamente todas las partes implicadas decían estar de acuerdo en la necesidad de no repetir lo sucedido en la anterior legislatura gallega con Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coalición de Anova, Esquerda Unida, Equo y otras fuerzas que también había terminado en escisiones y marchas al Grupo Mixto. No obstante, la tensión entre los partidarios de avanzar hacia una organización de “adscripción individual” y las organizaciones políticas preexistente ha sido constante.

El episodio de la elección del representante en el Senado ha actuado como detonante de la ruptura definitiva, pero el deterioro de las relaciones políticas y personales en el seno de la formación es anterior. Se remonta, al menos, a su articulación como partido y a las primeras elecciones internas para conformar los órganos directivos de la confluencia después de los comicios autonómicos de 2016.

Tras aquellos primeros rifirrafes, cuando Villares había logrado ser elegido como portavoz orgánico de la formación entre complejas alianzas internas, se sucedieron los episodios de tensiones. Así hasta llegar a las siguientes elecciones internas, en las que a la pugna en la que parecía ser batalla definitiva entre los dos sectores de la organización dio un giro inesperado entre acusaciones mutuas de fraude.

Una vez retomado aquel proceso la lista de Villares logró imponerse con casi el 60% de los votos, pero la paz interna siguió sin llegar. La separación de facto llegó en el inicio del presente ciclo electoral, cuando dos de las tres fuerzas que antaño habían impulsado En Marea como coalición -Podemos e IU- concurrieron con candidaturas propias a las elecciones generales y europeas, mientras que Anova se desligaba dieras procesos y En Marea concurría como partido independiente.

Muchas realidades políticas bajo unas mismas siglas y una fractura a la vista que, sin embargo, no es nueva. La votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha evidenciado que ya no existen los frágiles equilibrios que dieron lugar a En Marea como coalición de fuerzas como Anova, Podemos y Esquerda Unida antes de las elecciones generales de 2015 y después, a su transformación en partido instrumental para los comicios gallegos de 2016.

Poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez entregase al Congreso el proyecto presupuestario que ha fracasado este miércoles el portavoz de En Marea, Luís Villares, advertía de que la postura final de la formación ante las cuentas sería la determinada en el Consello das Mareas. O, lo que es lo mismo, en el órgano del partido instrumental emanado de sus últimas elecciones internas, marcadas por el enfrentamiento abierto y las acusaciones cruzadas de fraude entre corrientes, en las que la candidatura de Villares se impuso con casi el 60% de los votos.

A primera hora de este miércoles este órgano interno anunciaba que había acordado “por mayoría” votar “no” a las cuentas de Sánchez. Es decir, votar “sí” a las enmiendas a la totalidad en discusión. Pero, a la hora de la votación, sólo una de las representantes de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, ha seguido esa directriz. Mientras, los cuatro restantes -Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez, Antón Gómez-Reino y Miguel Anxo Fernán-Vello- han rechazado las enmiendas, optando por que el trámite presupuestario pudiese continuar, como el resto de grupo de Unidos Podemos.

Desde la dirección de En Marea como partido instrumental se interpreta lo sucedido como ruptura de una disciplina de voto que sólo ha secundado Alexandra Fernández, próxima a Villares en el proceso interno de En Marea y cuya distancia política con Unidos Podemos ha sido clara en los últimos meses. “Llevamos semanas anunciando nuestro voto contrario a estas cuentas. Hoy nuestro voto puede que no fuese decisivo para tumbarlas, pero sí era decisivo para sostener la confianza de nuestros votantes a través de la coherencia”, ha defendido Fernández a través de las redes sociales poco después de la votación.

Mientras, los diputados que han optado por no frenar ya las cuentas aluden a que seguían en marcha las negociaciones con el Gobierno de Sánchez con el objetivo mejorar la inversión prevista para Galicia en el presupuesto sobre la base de 300 enmiendas parciales. A esas conversaciones ha aludido este miércoles desde la tribuna de oradores Yolanda Díaz, advirtiendo a la ministra María Jesús Montero de que el “si” o “no” definitivo dependería del resultado de esas negociaciones, que todavía no se habían cerrado.

Más allá de las negociaciones presupuestarias la votación de este miércoles refleja uno de los múltiples frentes de tensión abiertos en el seno de En Marea desde, prácticamente, su nacimiento como partido instrumental. Mientras que el sector de Villares considera que los diputados en el Congreso deben “rendir cuentas” y consensuar sus posturas con los órganos internos de la confluencia, formaciones como Podemos o Esquerda Unida han venido subrayando que la representación en el Congreso es anterior al nacimiento del partido instrumental y, por lo tanto, no depende mecánicamente de sus posturas políticas.

Todo apunta, no obstante, que los sucedido en la votación presupuestaria es sólo un prolegómeno de las tensiones que están por venir. Cuando ya se daba por hecho que las formaciones que han estado bajo el paraguas de En Marea concurrirán a las elecciones europeas bajo dos candidaturas diferentes, si Pedro Sánchez confirma unas inminentes elecciones generales se abrirá el debate de unas listas al Congreso que nada hace pensar que serán unitarias. Mientras, desde las mareas municipales se observa con inquietud el panorama: la onda expansiva de los enfrentamientos de En Marea puede llevarse por delante votos clave para mantener gobiernos como los de A Coruña, Santiago o Ferrol.

En Marea puede acabar rompiéndose y este sábado no se ha dado ningún paso en sentido contrario para reparar sus heridas internas, pero tampoco está tomada la decisión sobre esa hipotética ruptura. Lo que ha habido este sábado, en la constitución de la nueva dirección de la confluencia gallega, el Consello das Mareas, tras las elecciones internas del pasado fin de semana, ha sido un plante de los 14 representantes a los que en ese órgano tiene derecho el sector crítico perdedor en esa votación, cuyos resultados no reconocen. No participarán en él, dicen, “mientras” no estén acreditadas las irregularidades que llevaron hace un mes a retrasar las fechas inicialmente previstas de votación, ni se audite de manera independiente el proceso finalmente desarrollado el pasado fin de semana. Ante esa situación, las declaraciones públicas y privadas de los protagonistas de la crisis evidencian que la cercanía de las elecciones municipales del próximo mayo condicionará lo que pueda ser del futuro de En Marea, pendiente de que los órganos de decisión de las principales formaciones que participan en ella pasen de las declaraciones a los hechos.

Lo que ocurrió este sábado en Santiago, en la constitución del Consello das Mareas, fue que de sus 35 puestos sólo tomaron posesión los 21 miembros de la candidatura ganadora de las elecciones internas de la pasada semana, la encabezada por quien ya venía siendo el portavoz de la formación, Luís Villares, bajo el lema Coidando a casa [Cuidando la casa], que obtuvo el 59% de los votos. La candidatura perdedora, Entre todas, liderada por el exdiputado David Bruzos y apoyada por Podemos, Esquerda Unida, Anova y las principales mareas locales de las ciudades, obtuvo el 41% de los votos, lo que le daba derecho a ocupar 14 puestos, pero este sábado ninguno de ellos acudió a la primera reunión de constitución del Consello das Mareas celebrada en Santiago.

Las elecciones para renovar la dirección de En Marea fueron instadas por los críticos con el rumbo que llevaba Villares y fijadas inicialmente para hace un mes. Pero pocas horas antes de que los inscritos comenzasen a votar, la comisión de garantías, en la que eran mayoritarios los miembros afines a la dirección de Villares, paralizó el proceso argumentando intromisiones en el censo electoral electrónico de la formación por parte de algún miembro del comité electoral, en el que eran mayoritarios los críticos, que rechazaron esa paralización. Posteriormente se fijó el pasado fin de semana como nueva fecha para las votaciones, pero éstas se realizaron sin contar con una auditoría externa independiente, así que los críticos censuran que se den por válidos sus resultados sin tener aún las conclusiones de la auditoría sobre las supuestas irregularidades de la primera fecha y sin auditoría sobre el según proceso, por lo que han decidido no participar en el Consello das Mareas salido de él.

Ante esta situación, este sábado, tras la constitución de la nueva dirección, ésta, a pesar de considerar que “no es precisa”, decidió encargar una auditoría externa del proceso de votación al Colegio de Ingenieros Informáticos de Galicia. En una comparecencia tras esa primera reunión del Consello das Mareas, Villares también evidenció que la cercanía de las municipales pueden atemperar la crisis interna y aseguró que la formación brindará “apoyo sin fisuras” a las mareas locales para esos comicios.

Pocos minutos antes de esa constitución del Consello das Mareas, la candidatura crítica de Entre todas emitió un comunicado en el que dice que “no reconocerá los resultados mientras que no se realice una auditoría independiente” y emplea expresiones como “estado de excepción”, “suspensión de los derechos fundamentales” o “dudosa limpieza democrática”. Sin embargo, la nota insiste en el “mientras”, y no avanza una hipotética ruptura.

En ese bando crítico, las posturas abarcan entre las más favorables a la ruptura definitiva de En Marea existentes en Esquerda Unida, hasta las más comedidas de Anova. Sin embargo, según destacan varias fuentes consultadas, ninguna de las formaciones ha tomado ni siquiera la decisión de debatir esa posibilidad en futuras reuniones de los órganos internos que debieran aprobar tal medida.

Este viernes Izquierda Unida fue la primera en hacer pública la postura más explícita de entre los críticos avanzando que “no reconoce” la nueva dirección de En Marea, pero matizando que “continúa trabajando en el espacio de una confluencia que debe construirse a partir de ahora en base a la fraternidad”. Y este sábado la cabeza visible de los críticos, David Bruzos, decía en una entrevista en Faro de Vigo que va a ser “complicado” que se mantengan en En Marea pero admitiendo que esa decisión será difícil de tomar por la multiplicidad de actores implicados: “La decisión de marchar no es mía, hay muchas sensibilidades diferentes”, dice Bruzos, al tiempo que apela a “no tener más ruido, no más conflicto” durante los meses que quedan hasta las elecciones municipales.

Esa incomodidad por la situación actual a cinco meses de las elecciones locales es evidenciada claramente desde las mareas municipales, cuyos alcaldes intentan distanciarse de la crisis. Este viernes el regidor de Santiago, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, uno de los críticos que hace unos meses instó a acelerar el proceso para renovar la dirección de En Marea, reiteró su intención de centrarse en las municipales, advirtiendo del “riesgo evidente de entrar en una crisis de difícil solución” en la formación pero destacando que no le corresponde a él evaluar las posibilidades de una hipotética escisión. Dos días antes era el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, quien decía ver el proceso “desde la distancia” destacando que él tiene “la cabeza metida” en su Ayuntamiento.

Al tiempo, el futuro de En Marea también se dirime ya en los tribunales, después de que se hayan presentado denuncias cruzadas tanto pidiendo invalidar el proceso de votación finalmente realizado como que se investigue por vulneración de la ley de protección de datos la supuesta intrusión previa en el censo electoral que desencadenó el actual conflicto.

Consello das Mareas

Por la candidatura de Coidando a casa (59% de los votos) fueron elegidos: Luís Villares, Ana Seijas, Francisco 'Pancho' Casal, Paula Vázquez Verao, Davide Rodríguez, María Dolores Candedo, Ramón Veras, Elena Cores, Adrián Dios, Carmen González, Xabier Pérez, Mónica Díaz, Víctor Álvarez, Teresa Burgo, Xoán Losada, Ánxeles Faraldo, Xoán Hermida, Lidia Senra, Marcos Besada, Iris Malvido y Javier Arca.

Por la candidatura de Entre todas (41% de los votos) fueron elegidos: David Bruzos, Oriana Méndez, Xan Xove, Saínza Ruíz, Iván Rodríguez, Isabel Faraldo, Marcos Cal, Sigrid Campo, René Gamborino, Gladys Afonso, André Seoane, Julia Torregrosa, Borja San Ramón y Loreto Taibo.

Las turbulencias no cesan en el seno de En Marea tras las elecciones internas que el pasado día 24 dieron la victoria a la candidatura encabezada por su hasta ahora portavoz, Luís Villares, frente a la lista del sector crítico, liderada por el exdiputado David Bruzos y avalada por Podemos, Esquerda Unida, Anova y las principales mareas municipalistas, como Marea Atlántica, Compostela Aberta o Ferrol en Común. También por los alcaldes de esas tres ciudades.

Este 26 de diciembre, fecha marcada en el calendario interno para la proclamación definitiva del escrutinio -1.596 votos para la lista de Villares (Coidando a casa) frente a 1.098 para la de Bruzos (Entre todas)-, un miembro de la comisión de garantías en funciones de la formación, Manuel Nogueira, ha anunciado la definitiva judicialización del proceso. Él mismo, avanza, ha pretendo una denuncia en los juzgados de Ourense para intentar “invalidar las votaciones”.

Mientras que el propio Villares defiende la limpieza del proceso -las votaciones estuvieron paralizadas durante quince días porque, según el sector mayoritario de la comisión de garantías, se habían producido accesos irregulares al censo por parte d elos críticos-, Nogueira sostiene que las primarias se celebraron en una situación “ilegal”. Según ha avanzado a Europa Press, la asociación independiente que iba a supervisar las votaciones renunció a este trabajo por el cambio de plataforma informática, derivado precisamente de los presuntos accesos irregulares. Al no existir auditores externos, dice Nogueira, las elecciones se han saltado las normas internas y, por tanto, son “ilegales”.

Ferreiro y Noriega se centrarán en las municipales

A apenas tres días de la constitución del Consello das Mareas -máximo órgano de dirección ordinaria del partido instrumental- emanado de los comicios internos, la denuncia de Manuel Nogueira ha actuado internamente a modo de recordatorio de que el riesgo de ruptura de la formación sigue sobre la mesa. No en vano, desde Entre todas ya han avanzado su intención de abrir un proceso de “reflexión” sobre la continuidad del espacio “de unidad popular”.

Villares, por su parte, reitera que es el momento de “dejar de enredar”. “El camino es la unidad”, advierte el también portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, desde cuyo punto de vista “nadie entendería” que las diferencias internas derivasen en una escisión.

Mientras, dos de los principales referentes de la candidatura crítica con Villares, los alcaldes de A Coruña y Santiago, admiten que tras los resultados de las elecciones internas su implicación en la esfera gallega de la organización será menor o, a efectos prácticos, inexistente. Así, el regidor coruñés, Xulio Ferreiro, admite que en los últimos meses ha puesto “mucho esfuerzo” en que “En Marea fuese útil para Galicia”, si bien “hay que saber el lugar que uno ocupa y dejar que otros lleven las cosas”. Él, afirma, sigue los sucesos internos de En Marea “desde la distancia” porque su “cabeza” está en el Ayuntamiento y en las próximas elecciones municipales, para las que ya ha registrado su precandidatura como cabeza de lista de Marea Atlántica.

Mientras, desde Santiago, Martiño Noriega ha admitido en declaraciones a la Cadena SER que los movimientos de Compostela Aberta para intentar crear una “mesa de confluencia” que desencallase los conflictos internos no han “funcionado”. “Hemos intentado intermediar”, resume Noriega, desde cuyo punto de vista de los sucesos de las últimas semanas “no ha salido nadie victorioso”. Personalmente, avanza, sus esfuerzos estarán centrados en el “espacio local” de Compostela Aberta que, advierte, no debe resentirse por los contenciosos de En Marea a nivel gallego.

Las elecciones internas de En Marea han dejado un resultado de victoria para la candidatura de su actual portavoz, el magistrado en excedencia Luís Villares, que al frente de la lista Coidando a casa [Cuidando la casa] ha logrado casi el 60% de los votos. El que fuera candidato de la confluencia gallega a la Xunta en 2016 cree tras su victoria que es necesario “cerrar cuanto antes” el “capítulo” del enfrentamiento interno y dice tener “la mano tendida” al sector crítico de En Marea. Pero lo cierto es que la unidad de la formación sigue en el aire.

Apenas dos horas después de que la militancia de la formación recibiese los resultados provisionales del escrutinio -1.596 votos para la lista de Villares frente a 1.098 para la que lideraba el exdiputado David Bruzos, apoyada por Podemos- la candidatura Entre Todas ya advirtió de que en su seno persisten las dudas sobre la limpieza del proceso. Aseguran haber percibido “indicios claros de falta de imparcialidad” y dudan del recuento de los votos, emitidos a través de internet.

Después de que las votaciones fuesen suspendidas por la dirección del partido instrumental durante dos semanas por haber detectado, según denunciaron, accesos irregulares al censo de la votación por parte del comité electoral -entonces con mayoría del sector crítico-, Entre todas anunció su “exigencia” de una “auditoría independiente” antes de la proclamación definitiva del resultado, prevista para el día 26, sin “descartar” por el momento “medidas legales”. Desde su punto de vista, se han “vulnerado” las normas internas previstas para la elección.

Mientras la candidatura que contaba con el aval de Podemos, Anova, Esquerda Unida y referentes de la formación como los alcaldes de A Coruña, Ferrol y Santiago, asegura además que se dispone a “abrir un período de reflexión sobre el futuro del espacio de la unidad popular”, Villares insta a “dejar de hablar de nosotros” . Toca, afirma, centrarse “en los problemas de la gente”.

El riesgo de una ruptura ya vivida en AGE

En declaraciones a la Radio Galega el también actual portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, además de avalar la limpieza del proceso, cree que las votaciones reflejan “un proyecto plural” que tendrá “reflejo” en el Consello das Mareas, órgano de dirección ordinaria en el que contará con mayoría. “Es un buen momento para que reflexionemos teniendo en cuenta” lo que los resultados “nos acaban de decir” y sin perder de vista, ha advertido, que “tenemos unas elecciones encima de la mesa” que obligan a “volcarse con los proyectos municipalistas”.

En este sentido Villares asegura estar dispuesto a “tender la mano” a los alcaldes Xulio Ferreiro, Martiño Noriega y Jorge Suárez “sin ningún tipo de duda ni doblez”. Pero, al menos de momento, nada parece indicar que la agitadísima vida interna de En Marea vaya a transitar hacia un período de calma.

Más allá de la sintonía que Villares pueda o no recuperar con los alcaldes, una eventual decisión de abandonar En Marea por parte de Podemos, EU o Anova haría que la formación regresase en el Parlamento de Galicia a un escenario ya vivido en el seno de su precursora, la Alternativa Galega de Esquerda que lideraban Xosé Manuel Beiras (Anova) y Yolanda Díaz (AGE).

Tras múltiples enfrentamientos internos aquella coalición terminó la anterior legislatura gallega escindida en tres grupos. En estas elecciones solo 3 de los restantes 13 miembros del grupo parlamentario de En Marea -Paula Vázquez, Davide Rodríguez y Pancho Casal- se han integrado en la lista de Villares.

La candidatura Coidando a casa ha sido la más votada en las elecciones internas de En Marea. Según los resultados provisionales divulgados este 24 de diciembre, la lista encabezada por el actual portavoz orgánico y parlamentario de la formación, Luís Villares, ha logrado el 59,24% de los votos mientras que Entre todas, candidatura del sector crítico abiertamente apoyado por Podemos, ha obtenido el restante 40,76% de los sufragios y ya ha exigido una “auditoría independiente” del escrutinio.

El próximo miércoles, día 26, será definitivo el resultado de la votación desarrollada desde el pasado día 22, en la que han participado 2.694 personas de las alrededor de 4.500 inscritas con derecho a voto. Para la lista de Villares han sido un total de 1.596 votos, mientras que la candidatura que ha aglutinado al que vino siendo sector crítico de la formación, apoyada por Podemos, Esquerda Unida y gran parte de Anova, así como por algunas de las principales mareas municipales, se ha quedado con 1.098 apoyos.

Una vez proclamados definitivamente los resultados, trámite previsto para el día 26, el siguiente paso del agitado proceso interno de En Marea es la constitución del nuevo Consello das Mareas, el órgano de dirección ordinaria del partido instrumental. Esa primera reunión del Consello, prevista para el día 29, tendría que esbozar también la composición de la futura coordinadora y despejar los primeros interrogantes sobre el encaje o no del sector crítico tras los resultados de la votación.

A priori, cabe esperar que estos resultados permitan a Villares continuar como portavoz de En Marea también en el Parlamento de Galicia. En este sentido, otra de las incógnitas tras los resultados es el papel que jugarán en el grupo parlamentario de la formación los miembros abiertamente integrados en el sector crítico. La fractura que marcó el período final de la desaparecida Alternativa Galega de Esquerda -coalición de Anova, EU y otras fuerzas- en la legislatura pasada planea desde hace meses sobre el grupo de En Marea.

Marcadas por el enfrentamiento interno

Estas elecciones internas de En Marea han estado marcadas por los enfrentamientos internos y los reproches cruzados de ambos sectores. Más allá de las discrepancias sobre la línea política, institucional y organizativa de En Marea, la tensión fue aún mayor desde el día 30 de noviembre, cuando la coordinadora advirtió de la suspensión del proceso tras detectar, denunció, accesos “irregulares” al censo de las votaciones.

Tras más de dos semanas de acusaciones de fraude y conductas contrarias a la normativa interna, la pasada semana la dirección de En Marea anunciaba que ya existían “garantías” para las votaciones. Aunque con recelos, el sector crítico decidió participar -con la discrepancia de EU-, mientras que la candidatura de Villares, ahora ganadora según el escrutinio de este 24 de diciembre, consideró que la limpieza del proceso quedaba, ahora, sí, plenamente “garantizada”.

En este sentido, poco después de trascender los resultados provisionales a candidatura Entre todas ha hecho público un comunicado en el que “exige una auditoría independiente” antes de la proclamación definitiva porque “el recuento se ha hecho sin presencia de los interventores” de esta candidatura “y las votaciones no están auditadas”. “Los resultados que acabamos de conocer por los medios de comunicación indican que no podremos recuperar la dirección política de En Marea para las políticas de unidad popular”, afirma la candidatura de Bruzos, que atribuye a la coordinadora una “gestión oscurantista” del proceso.

Las turbulentas elecciones internas de En Marea tienen nueva e inminente fecha. Después de que, a finales de noviembre, la comisión de garantías de la formación suspendiera la votación pocas horas antes de iniciarse alegando una alerta de acceso “irregular” al censo y con acusaciones de fraude entre las dos candidaturas en disputa; y después de que el conflicto haya llegado hasta la Fiscalía e incluso a la Guardia Civil, ya hay nueva convocatoria. Se celebrarán, excepto nuevos cambios, desde las 9 de la mañana del sábado, 22 de diciembre hasta la misma hora del lunes, 24 de diciembre.

Tras dos semanas de contactos, acusaciones cruzadas y múltiples comunicados, la comisión de ética y garantías de la formación emitía a últimas horas de este miércoles una nueva nota. Acababa de “levantar la suspensión temporal del proceso de votación”. Lo hacía después de que la actual coordinadora de En Marea cambiara la empresa encargada del sistema de votación electrónica y agregara nuevas “garantías” de seguridad. También, tras participar en un simulacro de voto en el que, por ejemplo, comprobó que “no es posible” que una misma persona vote dos veces, especifica la nota.

Después de esta decisión de la comisión de garantías -contra la que votó uno de sus miembros por discrepancias con la “poca transparencia” de lo sucedido o por el traslado del asunto a la Fiscalía-, el nuevo Comité Electoral emitía un nuevo comunicado en el que acordaba “continuar con el proceso”.

Nuevo, porque su composición ha sido modificada en plena crisis interna para expulsar a los miembros propuestos por la candidatura que aglutina a Podemos e IU frente a la de Villares.

Podemos, IU y Anova se plantean no votar

El reinicio del proceso para elegir al futuro Consello de En Marea no supone, ni de lejos, el fin de las hostilidades. Más allá de los cambios en las correlaciones internas de fuerzas que podrían salir de las propias votaciones, el conflicto por la paralización de las elecciones internas ha derivado en abiertas críticas entre sectores.

En este momento, está en el aire la participación en las propias votaciones de Podemos, Esquerda Unida y parte de Anova. En estas formaciones se pone en duda la nueva empresa encargada de la parte técnica de las votaciones. La decisión final sobre la retirada o no del proceso sería tomada en el seno de la candidatura y comunicada por sus miembros.

Mientras que en el entorno del actual portavoz, Luís Villares, se subraya que, ahora sí, existen garantías suficientes para que la votación se celebre con normalidad, voces críticas lo ponían en entredicho pocas horas antes de la nueva convocatoria y siguen haciéndolo.

Es el caso del Consejo de Coordinación de Podemos Galicia, que acusó directamente a Villares de “pretender convertir En Marea en un partido a su medida” y de “fracturar el espacio del cambio”. La dirección, ahora encabezada por Antón Gómez-Reino, dejaba además en el aire su participación en las propias elecciones si no pueden “contar con la certeza plena de que esos procedimientos se van a celebrar con todas las garantías de limpieza, transparencia y equidad”.

Esa posibilidad sigue sobre la mesa, como también una eventual impugnación de las votaciones después de que se hayan celebrado.

También en la tarde del miércoles emitían sendos comunicados críticos con la coordinadora desde Esquerda Unida y Anova. Según EU, “continúa sin existir documentación escrita que justifique las graves acusaciones” de la coordinadora sobre los accesos irregulares al censo y la expulsión de los tres miembros señalados en el comité electoral.

Los tres exintegrantes del comité comparecerán ante la prensa para ofrecer su versión de lo sucedido.

La formación ve “evidente” la “ausencia de garantías democráticas” en el proceso, afirmaban antes de los pronunciamientos de la comisión de garantías y del comité electoral. Su participación también está en el aire.

Por la parte de Anova, su comisión permanente califica lo sucedido acontecido en los últimos días como un “auténtico estado de excepción” promovido “por la coordinadora liderada por Luís Villares” con la intención de “desmovilizar a las inscritas e inscritos en En Marea”. “No es admisible que la actual coordinadora pretenda, como órgano ejecutivo de En Marea, dirigir un proceso electoral interno del que es una de las partes”, concluyó la formación liderada por Antón Sánchez. En el seno de Anova también existen dudas sobre la participación en la votación, si bien dirigentes destacados defienden mantenerla.

En este contexto las decisiones de la comisión de garantías y del comité electoral vuelven a poner en marcha una elección interna a la que, al menos de momento, concurren dos candidaturas: Coidando a casa, encabezada por Villares, y Entre todas, que lidera el ex-diputado David Bruzos y apoyan las direcciones de Podemos y EU, además de líderes de la formación como los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol. Están llamadas a votar casi 4.500 personas inscritas, unas 1.500 más que al inicio del actual proceso interno.

Lo que se dirime en estas elecciones es la composición del Consello das Mareas, esto es, la nueva dirección ordinaria de la formación nacida como tal poco antes de las últimas elecciones gallegas de 2016. Su vida interna ha venido estando marcada por la convulsión y por sucesivas reubicaciones de piezas en cada elección, todas ellas formuladas en clave de identidad e incluso de existencia de la propia En Marea.

El Consello das Mareas, máximo órgano de decisión de la formación entre sus plenarios, aprobó este sábado la celebración de una consulta a sus bases sobre si la diputada autonómica Paula Quinteiro debe dimitir tras el altercado con la policía local de Santiago en el que se vio implicada. Sin embargo, el resultado de esa consulta, tal y como había determinado previamente la Comisión de Garantías de la formación, no será vinculante.

La consulta a las bases, según informaron miembros de la dirección de En Marea, podría celebrarse en dos o tres semanas, prolongando así en el tiempo una polémica política tanto en el seno del partido instrumental como con el resto de formaciones que se inició cuando el 20 de marzo salió a la luz la implicación de Quinteiro en el altercado. Una consulta que los críticos con la dirección de En Marea ya valoraron como carente de garantías.

La decisión de convocar una consulta sobre el futuro de Quinteiro se produce mientras en este tiempo desde que surgió la polémica otro diputado de En Marea, también por la provincia de Pontevedra, Juan Merlo, dimitió por atribuirse en el currículo una ingeniería que no tiene. El siguiente en la lista electoral por esa provincia es Xoán Hermida, que también tuvo un enfrentamiento con la policía local de Pontevedra que lo llevó inicialmente a anunciar su renuncia a entrar en la Cámara y posteriormente a ligar su decisión final a la salida también de Quinteiro. Sin embargo, esta semana, de acuerdo con el portavoz de En Marea, Luis Villares, Hermida decidió asumir el puesto que dejó Merlo hasta que se resuelva la situación de Quinteiro, pero renunciando al sueldo y prerrogativas. De lo contrario Hermida sería adscrito al Grupo Mixto y En Marea perdería un diputado y dejaría de ser la primera fuerza de la oposición en Galicia, superada por el PSdeG.

Si finalmente Quinteiro y Hermida dejan sus escaños, los siguientes en la lista por Pontevedra son Julia Torregrosa y Mariano Abalo.

Una votación entre la militancia. Es la fórmula que la dirección de En Marea como partido instrumental contempla para determinar su postura definitiva e intentar dirimir el conflicto interno sobre la diputada Paula Quinteiro tras reclamarle su dimisión como consecuencia del altercado con la policía local de Santiago en el que se vio implicada la noche del 17 de marzo. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de la formación, Luís Villares, en su primera comparecencia pública al respecto tras el incidente. Consultas como esa, ha detallado, están previstas en las normas internas de En Marea para asuntos de especial relevancia y se celebraría si “en un período razonable” no existe una “solución” para este conflicto, la cual a su juicio debería pasar por la dimisión de Quinteiro por lo que considera un “uso indebido de la condición de parlamentaria para un asunto personal” que “nuestro código ético no permite”.

Después de dos semanas de “silencio” por “razones de prudencia” Villares asegura confiar en una “respuesta serena y meditada” de Quinteiro que, en “coherencia con los valores que defendemos”, pase por su renuncia al escaño. La “conducta” de Quinteiro, cree, “compromete” a un espacio político cuyos miembros “hemos renunciado a cualquier abuso de poder en nuestra condición de parlamentarios”. “Generamos expectativas de cambio y de comportamiento diferente”, agrega Villares, y sería “injusto hacer cargar al colectivo con una responsabilidad individual”.

La petición de la dimisión de Quinteiro había llegado ya desde la coordinadora de En Marea apenas cuatro días después del suceso en el que, según el atestado de la Policía Local compostelana revelado por Europa Press y La Voz de Galicia, la diputada esgrimió la credencial que la identifica como miembro de la Cámara para entorpecer la identificación de un hombre que la acompañaba, presuntamente implicado en la rotura de varios espejos de vehículos estacionados en la calle. La diputada también miembro de Podemos, por su parte, ha asegurado que solo intervino para “mediar” en el conflicto, sin ánimo de atrancar la labor de los agentes.

Con este telón de fondo el Consello das Mareas máximo órgano de la organización entre plenarios, se unió después a la petición de dimisión aunque sin el apoyo del sector crítico, entre el que ha ido ganando peso la interpretación de que el altercado había sido empleado para intentar alterar los equilibrios internos de En Marea, si bien Villares reitera que “no hay ninguna otra razón” para apostar por la dimisión que el propio altercado. Fue así como llegó el que hasta este lunes había sido el último pronunciamiento público sobre el caso, el escrito en el que el grupo parlamentario acordó no pedir la dimisión de Quinteiro junto a la apertura de un expediente para que ella misma detallara “todos los elementos que concurren en el caso”.

El texto había sido aprobado por mayoría del grupo con dos votos en contra y una abstención, la del propio Villares, al término de una tensa y maratoniana reunión. En él se incluía lo que internamente fue leído como una muestra de la grieta entre el grupo parlamentario y parte de la organización del partido instrumental: “con independencia” del resultado del expediente, indicaban, Quinteiro “debe seguir desarrollando sus funciones como parlamentaria de En Marea, tal y como ya afirmó en anteriores ocasiones el grupo parlamentario”, concluía. Para Villares ese apoyo a la diputada es “comprensible” por los “afectos” tejidos en el seno del grupo tras dos años de andadura, pero no debería determinar una decisión en la que, pide, debe primar la “madurez” política.

En este contexto y sin descartar la votación entre “las personas inscritas”, Villares espera que este episodio no derive en una ruptura del grupo o de la propia organización. “Me parecería triste que por una diferencia de interpretación del código ético se produjera esa situación, es un escenario que no contemplo”, afirma.

Tras la ola de incendios del pasado octubre la Xunta gastó al menos 77.000 euros en publicar en una docena de periódicos impresos gallegos y estatales una página entera de publicidad en la que reproducía el discurso pronunciado por Alberto Núñez Feijóo veinticuatro horas antes sobre su tesis del supuesto “terrorismo” que estaría detrás del fuego. Este miércoles, después de que el fiscal de Medio Ambiente haya avanzado que no encuentra ninguna trama incendiaria, En Marea ha preguntado de manera expresa a Feijóo en el Parlamento de Galicia sobre esa campaña publicitaria. Sin embargo, Feijóo ha eludido responder, ha contraatacado acusando a En Marea de hacer propaganda y se ha ratificado en que los incendios fueron producto del terrorismo.

Ya en el avance por escrito presentado hace unos días en la Cámara sobre el tema de su pregunta En Marea indicó que pretendía preguntar al presidente Feijóo por su “política de propaganda”. Y así lo hizo este miércoles su portavoz, Luís Villares, que inquirió sobre ese gasto concreto en publicidad. Villares preguntó también si, después de que el fiscal haya negado otra vez la existencia de tramas, la Xunta va “a hacer otra campaña institucional pagada para desmentir esa información”. El portavoz de En Marea sentenció sobre el origen de los incendios que “no hay trama, lo que había era una tramoya del PP para ocultar su propia incompetencia”, para preguntar finalmente: “¿Cree usted que con propaganda puede borrar su fracaso como gobernante?”

Sin embargo, en ninguna de sus dos intervenciones el presidente de la Xunta dio ninguna explicación al respeto. Por el contrario, acusó a En Marea de propaganda y volvió a atribuir a la Fiscalía, como ya había hecho el pasado jueves, las sospechas de esa supuesta “trama incendiaria” que nadie es capaz de demostrar. Feijóo incluso insinuó que con sus críticas Villares está favoreciendo a los incendiarios: “allá usted a quien protege”, dijo.

Antes de la pregunta de este miércoles que Feijóo se negó a responder, el Gobierno gallego ya había respondido por escrito a una pregunta formulada también por el BNG sobre esa misma campaña publicitaria sobre los incendios. En su contestación la Xunta decía que aquella página publicitaria sobre su tesis de “terrorismo incendiario” informaba de la existencia de ayudas a los afectados. Igualmente, justificaba que se habían elegido medios en papel y no otros argumentando que el texto publicado era demasiado largo para lo que se suele leer en internet.

Feijóo también ha dicho este miércoles que “no es necesaria una trama para cometer un acto de terrorismo, se puede cometer de manera individual sin conectar con nadie”.A esa afirmación Villares replicó recordando que el presidente gallego defendió que las víctimas de los incendios fueran tratadas como víctimas de terrorismo pero destacó que la Xunta no lo hace así en las indemnizaciones que ha pervisto para ellas. Villares destaca que la ley estatal prevé indemnizaciones de 200.000 euros en caso de fallecimiento por terrorismo y de 500.000 euros en caso de gran invalidez, mientras que las ayudas establecidas por el Gobierno gallego para los afectados por los incendios son de 75.000 euros tanto para los casos de muerte como de incapacidad absoluta.