La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) asumirá la financiación de los 30.000 euros que el Gobierno de Aragón retiró este año a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. La institución provincial ha anunciado este jueves que incorporará esa cantidad al convenio que mantiene con la Universidad para garantizar la continuidad de la cátedra y de las actividades que desarrolla, entre ellas el Máster de Formación Permanente en Cooperación al Desarrollo.

La decisión llega después de que el Ejecutivo de PP y Vox eliminara la aportación autonómica a esta cátedra, una medida que fue comunicada el pasado mes de junio y que motivó críticas de la Universidad y de los responsables del proyecto, quienes advirtieron de que suponía un nuevo paso atrás en las políticas públicas de cooperación impulsadas por el Gobierno aragonés.

Con la financiación anunciada por la DPZ se mantendrán las distintas líneas de trabajo previstas para este curso, entre ellas el máster —que alcanza su décima edición—, las prácticas en países del Sur, el curso de iniciación a la cooperación, la Semana de la Cooperación y la conferencia anual organizada por la cátedra.

La diputada delegada de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo de la DPZ, Nerea Marín, ha enmarcado la decisión como una respuesta a la retirada de fondos por parte del Gobierno de Aragón. En su comparecencia, ha acusado al Ejecutivo autonómico de lanzar un mensaje político con la supresión de esta ayuda y ha defendido que la Diputación no permitirá que esa decisión comprometa un proyecto “construido durante años entre la Universidad, las organizaciones sociales y las instituciones públicas”.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha agradecido el apoyo económico de la institución provincial y ha señalado que permitirá mantener unas actividades que considera “fundamentales” para una universidad pública, tanto por la formación especializada como por la cooperación con países en desarrollo. El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Sergio Salinas, ha destacado también que el acuerdo garantiza la continuidad de una formación que ha calificado de “clave”.

La retirada de la financiación a la Cátedra de Cooperación fue uno de los últimos movimientos del Gobierno de Aragón en materia de cooperación internacional por impulso de Vox. El Ejecutivo justificó entonces la eliminación de la partida alegando un cambio de prioridades presupuestarias hacia la denominada “prioridad nacional”, mientras que la Universidad defendió que la cooperación al desarrollo forma parte de sus funciones como institución pública. La decisión provocó la reacción de profesores y expertos vinculados a la cátedra, que denunciaron que el recorte suponía una nueva “embestida” contra la cooperación internacional en Aragón y alertaron del impacto que tendría sobre un proyecto que durante años ha combinado formación, investigación y sensibilización en este ámbito.

Con la entrada de Vox en el Gobierno de María Guardiola han desaparecido las ayudas de cooperación internacional y se ha enterrado la Agencia Extremeña de Cooperación, herramientas con las que la Junta podría estar ya ayudando a Venezuela tras los terremotos. Por eso, el PSOE ha preguntado este jueves en la Asamblea qué actuaciones se van a llevar a cabo para ayudar a ese país. Pero en el transcurso del debate, los socialistas han desvelado el coste que tuvo para las arcas autonómicas la toma de posesión de Guardiola como presidenta, que se celebró en el Anfiteatro de Mérida.

Según los datos hechos públicos por la portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, la ceremonia tuvo un coste total de 54.000 euros para apenas 20 minutos, lo que se traduce en una media de 1.800 euros por cada minuto de evento. Este gasto ha servido al PSOE para criticar la escala de prioridades del Gobierno de PP y Vox.

Gil Rosiña ha contrapuesto el coste de dicho protocolo con la decisión de la Junta de abandonar el Convenio de Cooperación Descentralizada con el Estado, un fondo dotado con 100.000 euros anuales que permitía coordinar la ayuda ante emergencias humanitarias internacionales, como los recientes terremotos de Venezuela.

Lejos de hacer referencia a ese dato, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha respondido con un duro ataque en el que ha asumido el discurso de la extrema derecha al asegurar que la Junta garantizará la ayuda de emergencia pero de forma directa, ya que a su juicio la cooperación internacional tradicional solo ha servido en Venezuela para enriquecer las arcas “de los jerarcas del régimen”.

Choque por las prioridades del gasto público

“La ayuda de los extremeños no va a ir a apuntalar el chavismo, como ustedes pretenden”, ha replicado Bautista a la portavoz socialista. En su intervención, el vicepresidente extremeño ha ido un paso más allá al exigir al PSOE que no dé lecciones en este ámbito, recordando que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra bajo investigación judicial por su vinculación con el régimen venezolano.

Frente al modelo de convenios estatales que defiende el PSOE, el Gobierno regional ha anunciado que toda la ayuda humanitaria destinada a paliar los daños de los seísmos del pasado 24 de junio se canalizará de forma alternativa a través de la Asociación de Venezolanos en Extremadura (Asovenex), garantizando así que llegue a los ciudadanos y no a estructuras gubernamentales.

Por su parte, los socialistas han insistido en que la salida de Extremadura de estos acuerdos de colaboración con el Gobierno de España despoja a la región de herramientas fundamentales de respuesta rápida. Según Gil Rosiña, con estas decisiones y la previa liquidación de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID), el Ejecutivo de Guardiola está desmantelando una “política pública esencial, perdiendo por el camino la especialización y la memoria técnica de décadas de solidaridad extremeña”.

Con este panorama, el PSOE ha exigido una rectificación inmediata para recuperar el convenio de acción humanitaria, mientras que el Ejecutivo da por cerrado el cambio de rumbo en la fiscalización de los fondos destinados al exterior.

Las cuentas de la Junta de Extremadura para el año que viene dejan muy claro qué le gusta y qué no le gusta al Gobierno de PP y Vox. Con la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo de María Guardiola hay prioridades que han cambiado por completo y la batalla ideológica ultra se comienza a notar.

El primer presupuesto pactado esta legislatura por PP y Vox, el de 2026, se aprobará el 30 de junio y, además de los ajustes para encajarlo en el acuerdo de gobierno, evidencia a qué se refiere la formación ultra cuando habla de prioridad nacional: un recorte sin precedentes en solidaridad sociales, que incluso han criticado las diócesis extremeñas, y un gasto histórico para blindar el negocio de los toros. Es decir, la Junta de Extremadura cerrará el grifo de dinero público para la cooperación internacional, la educación en las aulas de la región contra los mensajes de odio y la ayuda a los migrantes, mientras que, por el otro, abrirá de par en par la ventanilla para regar con subvenciones al sector taurino.

El encargado de poner voz a este giro ha sido el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, el líder de Vox en Extremadura. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea para defender las cuentas de su departamento para este año, el dirigente ultra no ha ocultado que la 'tijera' responde a la implantación de lo que su formación denomina “prioridad nacional”: “Hemos recuperado la prioridad. La solidaridad no consiste en olvidarse de los propios para poner primero a los que acaban de llegar”, dijo en sede parlamentaria.

La aplicación práctica de ese concepto se traducirá en la asfixia económica del tejido asociativo que trabaja con las personas más vulnerables. Fernández Calle anunció la revisión y supresión de las subvenciones nominativas destinadas a programas de inmigración y asesoramiento a extranjeros. Entidades históricas como Accem (encargada de gestionar el centro de acogida de personas refugiadas de Mérida), Cepaim o Progestión se quedarán sin las ayudas de la administración autonómica para estos fines.

El vicepresidente ha justificado la medida alegando que su departamento rechaza seguir “financiando estructuras ligadas a la inmigración ilegal y descontrolada”, y ha llegado a comparar el coste mensual de una plaza para un menor migrante no acompañado (7.100 euros) con el sostenimiento de las residencias de mayores de la región. “Queremos llevar los recursos de los extremeños a las necesidades de los extremeños”, añadió, tras tildar las redes de solidaridad de “coartada ideológica y negocio”.

Pero el recorte a los colectivos sociales no se queda ahí. La nueva vicepresidencia también finiquitará, una vez aprobadas las cuentas regionales, las políticas de cooperación al desarrollo. En 2023, Extremadura destinaba más de 12,7 millones de euros a esta materia, situándose como la tercera región de España que más fondos invertía en relación con su PIB. Tras la entrada de Vox en el Ejecutivo en 2023, la cuantía bajó a 9,4 millones, y el hachazo definitivo llega ahora: el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) se desploma hasta una cantidad casi testimonial de 987.000 euros. Un tijeretazo del 92% que deja a la comunidad a la cola de la solidaridad internacional. Es lo justo para mantener con respiración asistida a un ente público que la extrema derecha no puede hacer desaparecer porque la ley extremeña de Cooperación lo impide, pero su directora, Isabel Belloso, nombrada por el PP, ha dimitido tras conocer los planes ultras.

“La solidaridad no puede convertirse en la coartada ideológica y el negocio que hace de esto su modo de vida”, ha sostenido el vicepresidente ante la comisión parlamentaria, a pesar del llamamiento que han hecho los obispos de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia a PP y Vox para que reconsideren el recorte de fondos. Las diócesis extremeñas han defendido públicamente que la cooperación al desarrollo forma parte del compromiso ético y social de Extremadura y alertan de las consecuencias de la reducción presupuestaria.

Las ONG también estudian protestas contra los presupuestos de la Junta. Han iniciado una ronda de contactos con los grupos políticos para intentar revertir este escenario y “por fin” el PP se reúne con la Coordinadora Extremeña de ONGD este viernes. La CONGDEX ha denunciado que desaparecerán los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas también se finiquitará, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, que se ejecuta en Extremadura, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

El 500% más para los toros

Sin embargo, la prioridad y la austeridad esgrimidas por Vox para desmantelar la red asistencial de los migrantes desaparecen cuando se trata de la tauromaquia, cuyas competencias gestiona la misma formación a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presupuesto taurino en la región va a experimentar una subida sin parangón, escalando de los 297.500 euros previos a los 1,78 millones de euros (un aumento de casi el 500%). Las cuentas incluyen el trasvase de 700.000 euros de fondos públicos directos (el ejercicio pasado recibieron 69.000 euros) al lobby Fundación Toro de Lidia —un ente privado de promoción taurina— para la organización de circuitos de novilladas, además de iniciar los trámites para blindar legalmente las corridas protegiéndolas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

El consejero Juan José García ha justificado este incremento de fondos con criterios meramente económicos. Su departamento sostiene que la tauromaquia genera en la región un impacto económico superior a 28 millones de euros y mantiene a más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, así como que en Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo.

Además de la ayuda a la citada Fundación, Vox ha incluido 300.000 euros para el Circuito de Novilladas, 400.000 euros para el Circuito Conquistadores, 550.000 euros para difusión de la cultura taurina, 200.000 euros en ayudas a peñas taurinas, 150.000 euros para espectáculos taurinos, 150.000 euros en ayudas a la difusión de la cultura taurina y 30.000 euros para la Escuela Taurina de Coria.

La Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobada por unanimidad en 2023, entonces sin la presencia de la extrema derecha en la Asamblea, no será derogada ni modificada. El único notivo es que no forma parte de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno de PP y Vox, ha aclarado este martes el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, aunque, en su opinión, debería eliminarse.

El mantenimiento de la ley supone que la Junta de Extremadura está dispuesta a incumplirla. Entre otras cosas, el texto obliga a aumentar los fondos destinados a cooperación hasta llegar al 0,7% del presupuesto regional en 2030. Lejos de eso, Vox ha desmantelado prácticamente la Agencia extremeña de Cooperación (AEXCID) y ha recortado las ayudas a las organizaciones que trabajan en el sector en un 92%, al pasar de más de nueve millones el año pasado a menos de un millón para el ejercicio de 2026.

Fernández ha usado su intervención en la comisión parlamentaria para atacar las ayudas al desarrollo y la cooperación internacional. Según el director general, estas políticas generan “duplicidad” con las comunidades autónomas y deberían ser competencia exclusiva del Estado al tratarse de un asunto exterior.

Además, ha considerado difícil de justificar que Extremadura, siendo una de las regiones con menores índices de renta en España, figure entre las comunidades que más presupuesto destinaba a estos fondos. A su juicio, los recursos de los ciudadanos extremeños deben invertirse dentro de la propia comunidad, dado que estos ya financian la cooperación internacional a través de los presupuestos estatales.

Críticas al modelo y rechazo a “chiringuitos”

Más allá del encaje competencial, el representante de Vox ha cuestionado la eficacia y la base moral de la ayuda internacional. Apoyándose en diversos autores, Fernández ha afirmado que estas partidas suelen generar “efectos contraproducentes” al favorecer dinámicas dependientes y estructuras ineficientes en los países receptores.

En este punto, se ha mostrado especialmente crítico con el modelo extremeño por su “carácter ideológico” y ha calificado la cooperación de “moralmente reprobable” bajo el argumento de que empeora la situación de las naciones a las que llega. Fernández ha señalado que, mientras la mayoría de los países perceptores no han avanzado desde los años 50 a pesar de las “millonadas” invertidas, el Sudeste Asiático ha progresado sin estas ayudas, por lo que ha planteado la opción de no interferir y ha rechazado explícitamente la financiación de lo que denominó “chiringuitos”.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Beltrán ha defendido la vigencia de la norma recordando que el propio Estatuto de Autonomía obliga a trabajar en favor de la cooperación. Beltrán ha sostenido que estas políticas fomentan el avance de la democracia, la educación y la atención sanitaria en las zonas más vulnerables. Asimismo, ha lamentado que se niegue el apoyo a otros países cuando Extremadura ha sido históricamente una tierra de emigración, y ha advertido de que el desmantelamiento de estas partidas supondrá la pérdida en la región de unos 200 empleos cualificados para jóvenes. A su juicio, la postura de Vox no responde a una prioridad nacional, sino a “odio y rechazo” hacia el diferente, llegando a calificarla de “xenofobia y racismo”.

Por otro lado, en respuesta a las intervenciones de José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) y de Soraya Vega (PSOE), el director general ha evitado detallar los próximos pasos presupuestarios en la materia, pero ha avanzado que “muy pronto” se conocerán las primeras medidas del Ejecutivo en materia de desregulación y simplificación administrativa, aplicables también a los servicios sociales de atención básica.

Fernández ha atribuido la falta de concreción actual a que el equipo apenas lleva un mes en el cargo y el trabajo técnico es complejo, asegurando que el objetivo no es “eliminar normas de forma indiscriminada ni debilitar garantías jurídicas”, sino encontrar un término medio sin caer en la improvisación.

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD) ha pedido este martes que “la cooperación internacional se blinde” ante la negociación de PP y Vox para la posible investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Ante la “preocupación creciente” de lo que en otras comunidades como Extremadura o Castilla y León el PP haya “cedido a las exigencias de Vox” en materia de cooperación internacional, Patricia Sánchez, presidenta de la entidad, recuerda que “la cooperación internacional es una seña de identidad y de humanidad de la Andalucía que queremos”.

Por ello, miembros de la CAONGD han acudido esta mañana a las puertas de la sede del PP de Andalucía y, emulando a Moreno, una de sus miembro ha hecho de rey mago Baltasar para recoger cartas simbólicas pero evitando el 'blackface'.

La puesta en escena ha sido muy meticulosa ya que, aparte de no pintarse la cara de negro, el rey mago ha decidido llevar en una mano algo de carbón “representando lo que no queremos recibir” y en la otra manao portando una caja donde se han introducido las cartas. Además de este acto, la CAONGD ya envió la semana pasada una carta a Moreno en la que argumentaba los motivos para mantener la apuesta por esta política solidaria durante la próxima legislatura.

“Una carta de reyes”

En la carta remitida a Moreno se le pide al presidente en funciones “algo sencillo y profundo a la vez: que Andalucía no pierda su humanidad”. “Nuestra tierra sabe lo que significa emigrar, sufrir desigualdades y buscar oportunidades lejos de casa”, pide que se “cuide la cooperación internacional andaluza”, dice la misiva, donde se destaca que “las decisiones importantes dicen quiénes somos como pueblo”.

Ante el precedente del año 2019, donde en el primer acuerdo de investidura entre PP y Vox se incluyeron medidas como “recortes, ataques a organizaciones sociales y cuestionamientos constantes a políticas que, lejos de ser un gasto, son una apuesta por la vida y la dignidad humana”, temen que en las nuevas negociaciones “las exigencias sean todavía más explícitas” y “graves”. 

Ante los acuerdos alcanzados en otras comunidades entre PP y Vox, las ONGD tienen “una preocupación legítima y creciente”, que “la cooperación internacional sea utilizada como moneda de cambio para alcanzar pactos de gobierno”. Además, le pide a Moreno que “se desvincule de esta estrategia para contentar a quienes desprecian la solidaridad, niegan los derechos humanos y alimentan discursos de odio”. Frente a estos discursos reclaman que “Andalucía merece otra cosa” y que tiene que “elegir siempre la humanidad frente al miedo”. Por otro lado, indican que la cooperación internacional andaluza es “motivo de orgullo para nuestra comunidad”.

Por último, piden que cuide de “la educación de la ciudadanía global” y que “quienes gobiernan no les den la espalda a aquellos que más lo necesitan”. Además, apelan a la “coherencia” para que Andalucía “siga siendo una tierra solidaria” en la que no se “permita que el odio y la indiferencia entren en las instituciones”.

Lo más grave de la propuesta del presupuesto extremeño de cooperación para 2026 no es el dinero que desaparece, sino la idea que desaparece con él. La cooperación extremeña representará apenas el 0,03 % del presupuesto autonómico y la cooperación efectiva apenas alcanzará el 0,01 %. Si alguien cree que ahí estaban los problemas de Extremadura, está mirando en la dirección equivocada. Lo que reflejan estos presupuestos es algo mucho más profundo: la renuncia del Partido Popular a defender una política pública que durante décadas formó parte del patrimonio común de la democracia extremeña.

La cooperación descentralizada nunca fue una rareza ideológica ni una extravagancia presupuestaria. Ha sido una política institucionalizada, sostenida por gobiernos de distinto signo, diputaciones, ayuntamientos, universidades y organizaciones sociales. Una forma de entender que Extremadura también tiene algo que aportar al mundo y algo que aprender de él.

Ese consenso ha saltado por los aires.

En apenas tres años de gobierno del Partido Popular, la cooperación extremeña ha sufrido un deterioro acelerado. El proceso comenzó en 2024 con un recorte cercano al 26 %. En 2025 la Educación para la Ciudadanía Global fue reducida en más de un 87 %. Y en 2026 llega el golpe definitivo: el cierre efectivo de una política pública que durante décadas formó parte de la identidad institucional de Extremadura.

No estamos ante una simple reordenación presupuestaria. Estamos ante una decisión política que declina el apoyo a las políticas sociales de la región.

Y aquí aparece el fondo del asunto. El PP no solo ha asumido el marco ideológico de VOX sobre cooperación internacional; ha dejado de defender una parte de su propia tradición política. Porque la cooperación descentralizada también fue una construcción del centro derecha autonómico español. Formaba parte de una idea de estabilidad democrática, proyección exterior y cohesión social. Hoy parece que defender la solidaridad internacional genera más costes electorales que beneficios políticos.

Por eso el debate va mucho más allá de la cooperación. Cuando una política pública empieza a etiquetarse como “gasto ideológico”, “lujo innecesario” o “privilegio subvencionado”, se abre una dinámica peligrosa. Primero cae la cooperación porque es fácil enfrentar a los pobres de fuera con los pobres de aquí. Después llegarán las políticas de igualdad, la dependencia, la cultura crítica, la participación social o cualquier derecho que no produzca rédito electoral inmediato.

La receta es conocida: fabricar enemigos simbólicos para evitar afrontar problemas reales y fomentar los discursos de odio, racistas, homófobos y machistas para conseguir la polarización social que vivimos en estos momentos.

Y sí, Extremadura tiene problemas muy serios: salarios bajos, precariedad, despoblación, listas de espera y pobreza estructural. Pero quienes recortan cooperación no llenan automáticamente los centros de salud de médicos, no mejoran la educación pública, no suben los salarios ni frenan la despoblación. Lo que hacen es señalar al más débil y convertirlo en chivo expiatorio.

La cooperación es perfecta para este papel. Demasiado pequeña para resolver por sí sola los grandes problemas de la región, pero también demasiado pequeña para causarlos. Sin embargo, durante años esta política ha contribuido a impulsar proyectos sociales, educativos y de desarrollo local en municipios extremeños, además de fortalecer la presencia internacional de la región. Precisamente por eso resulta tan útil como enemigo político: Lo suficientemente visible para señalarla, pero demasiado insignificante en términos presupuestarios como para explicar los problemas reales de Extremadura.

La lógica del “primero los de aquí” suele terminar igual: menos derechos, menos servicios públicos y más miedo. Porque cuando una sociedad acepta que la solidaridad es negociable, termina descubriendo que los derechos también lo son.

El caso extremeño importa porque revela algo más profundo que un ajuste presupuestario. Muestra cómo un partido en el gobierno deja de defender determinadas políticas públicas no porque hayan fracasado, sino porque considera que ya no compensan electoralmente. Y cuando la política solo protege aquello que resulta rentable, lo público deja de ser un proyecto compartido para convertirse en una simple contabilidad de votos.

Quizá dentro de unos años nadie recuerde las cifras exactas de este presupuesto, pero sí sus consecuencias. La precariedad seguirá ahí, la despoblación seguirá ahí y los problemas reales seguirán esperando respuestas. Lo único que habrá cambiado es que habremos aprendido a convivir con una idea peligrosa: que la solidaridad puede sacrificarse cuando conviene. Y cuando una sociedad cruza esa línea, tarde o temprano descubre que los derechos tampoco estaban tan garantizados como creía.

No nos pararán en la defensa de los derechos humanos desde Extremadura.

Las políticas sociales no son negociables, son nuestros derechos.

La delegación de Manos Unidas en Cáceres ha puesto en marcha una nueva edición de su Rastrillo de Libros Solidarios, una iniciativa con la que pretende dar una segunda vida a los libros usados y recaudar fondos para proyectos de cooperación internacional vinculados a la educación, la salud y la igualdad.

Bajo el lema 'Cada libro puede abrir mentes, cada gesto puede cambiar vidas', la organización anima a la ciudadanía a acercarse al rastrillo y colaborar mediante la adquisición de ejemplares de segunda mano. La campaña permanecerá abierta entre el 3 y el 20 de junio en el número 22 de la avenida de España de Cáceres.

El espacio abrirá en horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, y de tarde, de 18.00 a 20.30 horas. Desde Manos Unidas destacan que la iniciativa busca convertir libros que ya no se utilizan en recursos para financiar proyectos de desarrollo en comunidades vulnerables de distintos países.

La organización subraya que este tipo de actividades permiten implicar a la ciudadanía en la lucha contra la pobreza y las desigualdades a través de pequeños gestos cotidianos. “No los dejes acumulando polvo; transfórmalos en educación, salud e igualdad”, señala la campaña de difusión del rastrillo.

La delegación cacereña recuerda además que la reutilización de libros contribuye a fomentar hábitos de consumo responsables y sostenibles, al tiempo que favorece el acceso a la lectura y la circulación de obras que pueden encontrar nuevos lectores. Este tipo de rastrillos forman parte de las acciones solidarias que Manos Unidas desarrolla habitualmente para financiar proyectos de cooperación y sensibilizar sobre las desigualdades globales.

La actividad está organizada por la Delegación de Manos Unidas Cáceres, cuya sede se encuentra en la calle General Ezponda. Las personas interesadas en colaborar o recibir más información pueden dirigirse a la organización a través de sus canales habituales de contacto.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para revertir, vía enmienda, el recorte de diez millones de euros en cooperación internacional reflejado en el proyecto de presupuestos regionales para 2026, algo que también defenderá en la calle.

“No nos vamos a rendir, vamos a seguir aquí trabajando con o sin presupuesto”, ha manifestado este lunes la presidenta de CONGDEX -que agrupa a 51 organizaciones-, Lidia Rodríguez, momentos antes de reunirse en Mérida con el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

En declaraciones a los medios, ha advertido de que con este recorte son inasumibles las tres líneas de actuación de la Coordinadora, entre ellas la de los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas desaparecen también, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, “que es la que se ejecuta aquí en Extremadura” y que “se llevan cargando tres años consecutivos”, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

Rodríguez ha subrayado que la Coordinadora lleva 31 años trabajando en Extremadura y que tras el “desmantelamiento” que las políticas de cooperación sufren en el presupuesto elaborado por el Gobierno de PP y Vox saldrán a la calle “para reivindicar lo que llevamos haciendo siempre, que es defender a las personas más vulnerables”.

“Vamos a seguir sentándonos con quien quiera sentarse y con quien no quiera sentarse con nosotros a dialogar, los estaremos esperando en la calle ocupando los espacios públicos para que se nos oiga”, ha insistido.

Ha defendido que la solidaridad forma parte de del sistema de valores de Extremadura y que se ha materializado con cooperantes trabajando en zonas como Latinoamérica, Centroamérica y el África subsahariana, que se han convertido en “embajadores” de Extremadura.

Con el recorte presupuestario se está abandonando a muchísimas mujeres, menores y hombres en espacios altamente vulnerados, ha advertido, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque se han mantenido unos 2,7 millones de presupuesto para la infraestructura y personal de la Agencia Extremeña de Cooperación, por lo que se ha preguntado qué políticas van a desarrollar a este organismo sin más fondos.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha recalcado que la región es una “tierra humanista”, por lo que el PSOE hará todo lo posible por enmendar unas cuentas “que acaban con la historia de Extremadura”.

Ha señalado que la cooperación no solo es solidaridad, sino también empleo, dado que genera alrededor de 200 puestos de trabajo en Extremadura, muchos de ellos ocupados por jóvenes.

“No puede ser que se carguen de un plumazo diez millones de euros prácticamente y que dejen la Agencia de Cooperación Internacional y todo aquello que tiene que ver con las ONGs y con la coordinadora absolutamente a cero”, ha aseverado.

Ha manifestado que con esta decisión María Guardiola, “maniatada a los postulados de la ultraderecha”, demuestra que “no es esa presidenta moderada que trata de trasladar a la opinión pública” y ha recordado que ni siquiera el gobierno del 'popular' José Antonio Monago redujo el presupuesto en cooperación internacional. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural contará en 2026 con un presupuesto de 1.080 millones de euros, un 5,5 % menos, y la Vicepresidencia y Consejería Desregulación, Servicios Sociales y Familia, 217 millones de euros, un 12,7% más para impulsar sus políticas, por lo que Vox gestionará 1.297 de los 8.853 millones de euros de los cuentas extremeñas, (casi el 15%).

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha dado este viernes los detalles del proyecto de presupuestos en una rueda de prensa en la Asamblea. Manzano ha justificado que la reducción en la dotación para Agricultura obedece al cambio de programa y la caída de fondos europeos por suceder la transición entre los programas, ya que en 2025 se ajustan los fondo europeos por finalizar el programa y ahora inicia uno nuevo, ha explicado.

Dentro del presupuesto de Agricultura se destinan 20 millones de euros al regadía de Tierra de Barros, “en el marco de la legalidad vigente” y “de frente”, ha expuesto la portavoz. Asimismo, para la modernización de regadíos en su conjunto contempla 19,5 millones de euros de inversión y a la mejora de caminos rurales, 14 millones. Además, dos millones de euros se dedicarán a atender situaciones sobrevenidas en el campo a través de un fondo de compensación agraria, de nueva creación.

También dentro del apoyo al sector agroganadero se destinan 30 millones de euros a impulsar las empresas agroalimentarias, 10,8 millones a seguros agrarios, 6,7 millones a sanidad animal, un millón a la lucha contra la lengua azul y cinco millones de euros a la lucha contra la seca.

Asimismo, para impulsar el comercio de calidad y la artesanía extremeña se destinan 4,25 millones de euros a mejorar la producción y comercialización de la miel, 949 mil euros a la promoción del vino en terceros países y 600 mil en la promoción de los productos agrícolas y alimentarios en los regímenes de calidad.

En materia de medio natural y caza, la Junta contempla 2,5 millones para el parque de Monfragüe, 1,7 millones de euros para agentes del medio natural, 700 mil euros para la promoción de la tauromaquia y 600 mil para caza y pesca.

Por otro lado, a juicio de Manzano, la Junta pone en el centro de sus políticas a las familias y a los servicios sociales, pues se dedican en global más de 6.000 millones en este sentido. “Seguimos cuidando de las familias, garantizando servicios sociales en Extremadura y prestando especial atención a los más jóvenes, y de manera transversal”, ha expuesto.

En este sentido, el presupuesto recoge un millón de euros más para ayudas a la natalidad, hasta los 2,12 millones, y 200.000 euros más para enfermos de ELA, hasta los 400.000 euros.

En materia de juventud, el Ejecutivo impulsará la participación de los jóvenes en la vida social y comunitaria con 520.000 euros, dedicará 230.000 y 120.000 euros a los campamentos y campus de verano del IJEX y al voluntariado juvenil, respectivamente, para que “siga creciendo el arraigo y puedan seguir viviendo en la región”.

Además, a preguntas de los medios, Manzano ha confirmado la reducción anunciada este jueves por Vox en 10 millones de euros a asociaciones y entidades que “promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”, según Vox, y en cooperación.

También recorta a la mitad de las subvenciones a los sindicatos, en torno a 286.000 euros, y se incorpora a ellas la patronal CIEM, además de CREEX y los sindicatos CCOO y UGT. 

La Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD) ha denunciado que los presupuestos municipales del Ayuntamiento hispalense en 2026 recortan la cooperación al desarrollo un 83,17%, al pasar de más de dos millones de euros en 2025 a apenas 43.000 euros. “Todo ello mientras el presupuesto municipal global crece hasta los 1.096 millones”, señala la entidad en un comunicado difundido por esta red que agrupa a organizaciones de Sevilla y provincia comprometidas con la cooperación internacional y la acción humanitaria.

El recorte se enmarca en la alianza consolidada entre PP y Vox para sacar adelante las cuentas de 2026, la misma fórmula utilizada por el Gobierno de Sanz para aprobar el presupuesto de 2025. Las enmiendas planteadas por la formación de ultraderecha y aceptadas por el PP se tradujeron en nuevos recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la cooperación al desarrollo. Fuentes municipales consultadas por este periódico confirman que la reducción presupuestaria en materia de cooperación ronda el 83 %.

En este contexto, ASONGD defiende que “proteger a quienes enfrentan mayores dificultades es una responsabilidad innegociable de las instituciones democráticas y no debe subordinarse a la aritmética de los pactos de gobierno”. La organización recuerda además que el caso de Sevilla “no es aislado”: “En Extremadura y Aragón, los acuerdos entre PP y Vox han aplicado medidas prácticamente idénticas”. También allí, las coordinadoras de ONGD han denunciado que los derechos humanos se conviertan “en herramienta de presión política”.

Desde ASONGD explican que, durante los últimos meses, la organización ha mantenido “una actitud constructiva y abierta al entendimiento con el gobierno municipal de José Luis Sanz” (PP) con el objetivo de buscar una solución al “drástico recorte aprobado en los presupuestos de 2026”. Ante la falta de una “respuesta efectiva” por parte del Ayuntamiento, las ONG para el desarrollo sevillanas han iniciado una campaña de denuncia pública para informar a la ciudadanía “de lo que está en juego”.

¿Qué está en juego?

ASONGD recuerda que la cooperación sevillana desarrolla proyectos en 20 países de África, Sudamérica y Asia, relacionados con el acceso al agua, la igualdad de género, la salud comunitaria o la respuesta humanitaria, entre otros ámbitos, beneficiando a más de 134.000 personas. En Sevilla, además, más de 23.000 personas participaron en acciones formativas sobre derechos, democracia y desigualdad global.

“Este recorte paraliza ese trabajo y aboca a las ONGD a despidos y congelación de contrataciones”, advierten desde la red de organizaciones para el desarrollo. “Con este recorte, Sevilla abandona a las grandes ciudades españolas comprometidas con la solidaridad internacional y rompe una tradición que había caracterizado a todos sus gobiernos municipales anteriores, de distinto signo político”, añaden desde ASONGD.

Asimismo, la coordinadora sevillana denuncia que “la decisión se ha adoptado al margen del Consejo de Cooperación al Desarrollo —instrumento democrático creado para garantizar la participación de la sociedad civil— sin ofrecer explicación pública alguna”.

Por todo ello, las entidades de cooperación al desarrollo instan al Ayuntamiento hispalense “a rectificar y a comprometerse con una dotación presupuestaria digna”. ASONGD asegura mantenerse abierta al diálogo y a la colaboración institucional para construir “una senda de recuperación presupuestaria que devuelva a Sevilla el papel que le corresponde”. En todo caso, advierten de que “para dialogar hace falta voluntad política real” y avisan: “Ante la apuesta por la confrontación y el recorte, encontrarán por nuestra parte movilización y denuncia”.

Los fondos destinados a cooperación al desarrollo por las principales instituciones de Castilla-La Mancha sufren un “estancamiento total” y piden un “mayor esfuerzo”. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla-La Mancha señala la ayuda oficial para la cooperación al desarrollo alcanzó un total de 5,92 millones de euros, según las conclusiones del Informe que han presentado correspondiente a 2025.

El 65% de la financiación llegó desde el Gobierno regional, mientras que el 35% restante a las entidades locales, como diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Desde la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha exponen que la financiación otorgada por el Gobienro autonómico y relacionada con la cooperación al desarrollo representa el 0,03% de su presupuesto total, lo que supone un “porcentaje muy alejado del objetivo de referencia del 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo”. Un objetivo histórico que nunca ha llegado a cumplirse.

En términos de esfuerzo relativo equivalen 2,85 euros por habitantes, cuatro céntimos más que en 2024 “lo que confirma la ausencia de avances significativos en el refuerzo de esta política pública”, han lamentado desde la entidad en una comparecencia ante la prensa celebrada hoy en Toledo.

El presidente de la Coordinadora de ONGD, Fernando Gutiérrez, expresa que cuando preguntan a los ayuntamientos por la razón que les lleva a no dedicar más fondos a la cooperación al desarrollo responden “que hacen lo que pueden”, pero en su opinión, esta postura “es simplemente falta de voluntad política, porque no es un tema que sea de interés para todos”. Advierte también que, en algunos casos, “quieren que la cooperación desaparezca, pero sin argumentos jurídicos ni económicos”.

Hoy ha reclamado en nombre de estas organizaciones que se les escuche “más” y que haya “unos mecanismos más ágiles de diálogo, de encuentro y de debate con la administración”, pues hay casos en los que un Consejo de Cooperación municipal ha durado “diez minutos”.

Gutiérrez aboga por “la necesidad de fortalecer la cooperación descentralizada”, porque “es mucho más fácil trabajar en red frente a una sola decisión que se tome desde Madrid, desde el Ministerio de Economía o de Asuntos Exteriores”.

¿Quién aporta más en las entidades locales?

El Ayuntamiento de Albacete, con 515.826 euros y la Diputación de Ciudad Real, con 475.750 euros, lideran los puestos de la financiación de las entidades locales durante el año 2025. Le siguen el Ayuntamiento de Toledo con 274.843 euros, la Diputación de Albacete con 232.000, el Ayuntamiento de Guadalajara con 181.473 euros, la Diputación de Cuenca con 150.000, el Ayuntamiento de Ciudad Real con 132.610 y la Diputación de Guadalajara con 130.000 euros. Ni el Ayuntamiento de Cuenca ni la Diputación de Toledo destinaron ningún euro a cooperación al desarrollo en 2025.

Fernando Gutiérrez ha señalado que, pese a que las cifras globales han crecido en la región un 15,8% desde 2021 a 2025, el balance de legislatura “es negativo”, y Castilla-La Mancha se sitúa, por ejemplo, detrás de comunidades uniprovinciales como La Rioja o Navarra, por lo que ha considerado que “es el momento de dar un paso adelante”.

“Ningún ayuntamiento, ninguna diputación o la Junta de Comunidades” va “a dejar ningún servicio sin cubrir porque dediquen más dinero a cooperación”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de acometer una “senda clara de crecimiento de fondos”.

A su juicio, el 0,7% no se va a conseguir el año próximo, “pero sí es necesario que, desde las administraciones, haya una planificación de crecimiento progresivo”, y que la Junta de Comunidades “dé un poquito más de ejemplo” y “ejerza este liderazgo sobre el resto de administraciones”.

La primera vez que Fausto cogió una cámara, fotografió a Denilson, un joven que camina apoyándose en una vieja silla de ruedas convertida en andador. Retrató las paredes de chapas que levantan las casas en Camizungo, a las mujeres que sostienen con sus manos la comunidad, las sonrisas de unos niños que no conocen otro mundo más allá de esta aldea rural, situada a 60 kilómetros de Luanda, la capital de Angola, atravesada por la pobreza, el hambre y la falta de escolarización.

En Camizungo, la fotografía no es una costumbre. Tampoco una necesidad básica. Pero sí una oportunidad. De esa convicción nació el proyecto 'Primeras Miradas', impulsado por las fotógrafas andaluzas Noelia G. León y Anne Laure Kesteman, y que ha cobrado vida gracias a la labor que la ONGD Mundo Orenda desarrolla en Angola, al sur de África. La iniciativa parte de una pregunta: “¿Cómo es posible que la mayor parte del imaginario visual que tenemos sobre todo un continente haya sido construido por miradas occidentales, y no por quien lo vive, lo respira, lo trabaja o lo sufre?”.

Esa fue la reflexión que llevó a Noelia a proponerse “luchar contra la mirada colonial”, acercando la fotografía a jóvenes de comunidades rurales. Frente a esa lógica colonialista, el proyecto propone algo sencillo y radical a la vez: cambiar el foco y poner la cámara en manos de quienes viven esa realidad. No para enseñarles a mirar, sino para dejar que su mirada exista. Para que puedan contar su mundo y ayudar a transformarlo.

Un mes de estudios con cada imagen vendida

“Le das una cámara a un adolescente y le ofreces la posibilidad de mostrar cómo ve el mundo”, resume Rebeca Herrera, la directora de esta organización para el desarrollo con sede en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Y eso fue lo que hicieron. Una de las voluntarias que viajó a Angola el verano pasado con la ONG impartió talleres de fotografía analógica a un grupo de jóvenes de Camizungo y otro del orfanato Casa do Gaiato, con el que colabora Mundo Orenda en Malanje.

A partir de ahí “el proyecto toma cuerpo gracias a la implicación y colaboración desinteresada de agentes del mundo de la fotografía, sin los cuales, no hubiese sido posible”, reconoce la fotógrafa sevillana. Con cámaras donadas y carretes enviados desde España —gracias al empuje de Disparafilm—, los participantes aprendieron no solo a encuadrar, sino a pensar qué querían contar de su realidad.

La voluntaria encargada del taller trasladó después los negativos a Sevilla, donde el laboratorio analógico NadaCarrete se encargó del revelado y escaneado. Con todo ese material se organizó la primera exposición solidaria, gracias a la recaudación impulsada por Exposure PrintSwap. El resultado vio la luz el 6 de febrero en la sede de NadaCarrete. Desde entonces, todas las fotografías están a la venta. Cada imagen tiene un precio de 20 euros, que se destina a financiar aproximadamente un mes de educación para su autor o autora dentro de los programas educativos de Mundo Orenda.

“Cuando un joven puede continuar sus estudios con la ayuda de este tipo de iniciativas, cambia todo”, asegura Rebeca Herrera. Según la cooperante, formarse significa “romper por completo el ciclo de pobreza y exclusión, no solo para él o para ella, sino también para su familia y para la comunidad”. En última instancia, no tener que interrumpir su formación profesional “amplía su horizonte de vida y le hace aspirar a cumplir los sueños que tiene”, añade la directora de la organización.

La fotografía como herramienta de futuro

Esta iniciativa plantea, además, que ellos mismos generen un beneficio económico que repercute de forma directa y tangible en la construcción de una perspectiva de futuro. “Esto es, sin duda, utilizar la fotografía como una realidad transformadora”, describe la impulsora del proyecto.

En este sentido, la directora de la ONG destaca del proyecto 'Primeras Miradas' que sitúe a los jóvenes que han participado en el taller “no como receptores de la ayuda, sino como narradores que plasman su propia realidad a través de la fotografía”.

A ojos de Rebeca, esta iniciativa demuestra que hay muchas formas de cooperar: “No solo desde la asistencia humanitaria, sino también a través del arte, que es una herramienta de empoderamiento y de dignificación de vida”.

Precisamente, Noelia confiesa que, más allá del impacto que le causó asomarse a la realidad de estos jóvenes, lo que más le sorprendió al ver las fotografías reveladas fue percibir inquietudes artísticas. “Es un jarro de humildad comprobar que el sentido artístico no es pertenencia exclusiva del mundo desarrollado”, comenta la fotógrafa sevillana.

“Piensas que alguien que nunca ha fotografiado va a tender a documentar, pero esos jóvenes, sin haberse enfrentado nunca a esta disciplina artística, cuando tienen la cámara a su servicio, la utilizan como medio de expresión para transmitir belleza, amistad o agradecimiento”, afirma.

Gracias a la acogida de la comunidad de fotografía analógica en España, el proyecto ha podido crecer más allá de lo esperado. Tras la inauguración de la exposición en febrero, se han vendido 24 fotografías. Actualmente, negocian con festivales nacionales para llevar la muestra a otros lugares, como harán en septiembre en la sede de AFOGRA, en Granada. Mientras tanto, la venta online continúa en marcha.

Noelia tiene ilusión en darle continuidad al proyecto el próximo campus de voluntariado previsto para este verano. Pero lo que más desea ahora mismo es que los protagonistas del taller “tengan conocimiento de la pequeña revolución que han provocado y que asuman que pueden generar dinero con sus fotos”.

Fausto, Nata, Comboio, Jacob, Betinho, Marta y Tina aún no son plenamente conscientes del impacto que sus imágenes han tenido al otro lado del mundo. Rebeca Herrera espera poder compartirlo con ellos cuando regrese a Angola este verano. Está convencida de que se sentirán orgullosos. “Ganarán autoestima al saber que su forma de ver el mundo tiene un valor artístico y humano, porque mueve muchos corazones a miles de kilómetros”, afirma.

En el fondo, esa es también la esencia del proyecto. Demostrar que la fotografía no es un lujo reservado a quienes tienen más recursos, sino un lenguaje universal capaz de abrir horizontes. Una herramienta para contar la propia historia, para generar oportunidades y para imaginar un futuro distinto. Todo ello reafirma una de las convicciones de Noelia: “La fotografía debe estar al alcance de todos”.

Que hay una actitud proactiva en el actual escenario ideológico, cultural y político por hacer hegemónicos contravalores como el individualismo, la insolidaridad, la vacuidad política, la xenofobia, el racismo, la aporofobia, el machismo, la misoginia, el belicismo…., en el seno de un relato impulsado por el pensamiento único dominante, es indudable.

Como indudable es que para construir/recuperar una sociedad donde el ser humano, sus anhelos y necesidades sean el centro de la preocupación y ocupación colectivas, se hace imprescindible poner en carga (en el marco de la lucha cultural) los valores republicanos, “res pública”, de libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad y justicia social.

Es este el ambicioso objetivo que, modestamente, pero con firmeza, persigue la Red de Activistas de Sevilla, reconocer a colectivos, entidades y personas que, demasiadas veces invisibilizadas, cuando no combatidas, aquilatan una trayectoria fresca, alegre, perseverante y generosa al servicio de lo común, el interés general, los que no tienen voz, los derechos humanos, la solidaridad internacional, la memoria democrática, la defensa de los servicios públicos, la información veraz, los desiguales…., objetivo que se simplifica en un titular: “Reconocer a quiénes nunca, o en escasas ocasiones, lo son”.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla

Gente que dedican su tiempo, conocimientos y esfuerzo a defender y promover derechos, libertades y conquistas sociales, hoy claramente amenazadas, gente aunque aparezcan residualmente en “las noticias”, o no sean destacadas por instituciones y/o administraciones, ni siquiera conocidas por quiénes se benefician de su activismo por causas justas, están o han estado detrás de cada avance social que todas y todos disfrutamos o tras cada retroceso que se ha impedido… Gente imprescindible, como dijo Bertolt Brecht, que se enfrenta, incansable, a aquella sentencia inmarcesible de Shakespeare en Rey Lear: “Es calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos”. Gente, en definitiva, sin la cual nuestro mundo sería peor.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla, cuyos objetivos son la formación, la socialización de la información entre sus miembros y más allá, la participación en el conflicto social desde el respeto al protagonismo de quienes, en cada caso, convocan las movilizaciones, el fomento del debate desde la asunción del pluralismo y la diversidad de la sociedad en la que interviene (son ya un clásico los debates que organiza su foro Lo vemos el miércoles, que ocupa ya un espacio alternativo de discusión sobre asuntos de interés general que nadie, o casi, aborda) debiera concitar el aplauso y apoyo de la mayoría social y de quiénes dicen representarla.

En esta segunda edición, que se celebrará el próximo 18 de marzo, en la Casa de la Provincia serán reconocidos en los diferentes apartados recogidos en las Bases de los Premios: AMAMA, APDH (Asociación Provincial de DD. HH.), Mesa Social del Agua, Archivo Histórico de CC. OO-A, FACUA (con especial nominación a su portavoz, Rubén Sánchez), el periodista Juan Tortosa, el actor Antonio Dechent y el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo. Entidades, colectivos y personas cuya aportación, biografías y esfuerzos en la construcción de una sociedad más libre, sostenible, justa e igualitaria, es innegable.

Las asociaciones y ONGs de cooperación internacional de Granada disponen cada vez de menos recursos públicos para desarrollar su actividad. Desde 2024, la Diputación de Granada ha reducido prácticamente a la mitad los fondos destinados a este ámbito, que han pasado de rondar los 450.000 euros a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos presupuestos. Un recorte sostenido que ya está teniendo consecuencias directas sobre proyectos humanitarios y sobre el funcionamiento interno de entidades con décadas de trayectoria.

Así lo denuncian desde la Coordinadora Granadina de ONGs (CONGRA), que agrupa a la mayoría de asociaciones de cooperación internacional de la provincia. Su presidente, Carlos Aspa, advierte de que la reducción presupuestaria no es un ajuste puntual, sino un cambio de rumbo que pone en riesgo la continuidad de iniciativas esenciales. “Para muchas asociaciones, estas ayudas no son complementarias: son estructurales. Cuando desaparecen, los proyectos se caen”, explica.

No en vano, las entidades afectadas denuncian que el recorte se produce en un contexto económico que no lo justifica. La Diputación de Granada acaba de aprobar para 2026 un presupuesto de 418,5 millones de euros, 42,5 millones más que el ejercicio anterior, con un superávit previsto de 1,9 millones y deuda cero por primera vez en su historia.

Pese a este crecimiento, la cooperación internacional ha pasado de ser una partida que rondaba los 450.000 euros hasta 2024 a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos ejercicios. Incluso antes del recorte, recuerdan desde la CONGRA, la cooperación apenas representaba alrededor del 0,1% del presupuesto total, por lo que la reducción tiene un impacto limitado en las cuentas provinciales pero muy severo en las asociaciones.

Más fondos para otras partidas

Mientras se reduce la cooperación internacional, el presupuesto provincial sí incrementa otras líneas de gasto. Por ejemplo, en este 2026, la Diputación concede una subvención directa de 186.500 euros al toro de lidia, una cifra muy cercana al total que se destina a todas las ONGs de cooperación internacional de la provincia y que prácticamente coincide con el recorte que también se les hace.

A ello se le suma el incremento de casi 100.000 euros en la subvención para el tratamiento de residuos en Alhendín, municipio en el que el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, fue alcalde y continúa siendo concejal. Se trata, además, de una ayuda directa sin concurrencia competitiva, de la que no se benefician otros municipios cercanos a plantas de residuos, como La Malahá, que no recibe ninguna cuantía por este concepto.

El pasado año, además, la institución provincial adquirió el edificio del Banco de España por 9,2 millones de euros, sin que hasta ahora se haya concretado un uso definido para el inmueble. Además, la compra del Castillo de la Calahorra por 6,5 millones de euros para abrirlo a las visitas refuerza la hipótesis de que al no haber problemas de tesorería, los recortes en cooperación internacional responden a una decisión política.

“Una cuestión de valores”

Uno de los ejemplos más claros del impacto del recorte es el de la Asociación Granadina de Amistad con la RASD, integrada en la CONGRA. La entidad ha denunciado una reducción del 33% en la subvención destinada a su programa de bienestar y salud para niños y niñas saharauis, que ha pasado de 60.000 a 40.000 euros tras 30 años de colaboración continuada con la Diputación. Según explica la asociación, el recorte se produce pese a que la diputada de Bienestar Social se comprometió personalmente el pasado verano a mantener la cuantía. “Confiamos en su palabra y solicitamos las plazas para los niños basándonos en ese compromiso. Ahora nos encontramos con una mano delante y otra detrás”, señalan.

La reducción de 20.000 euros pone en riesgo el programa Vacaciones en Paz, cuyo coste asciende a 73.000 euros, y limita la capacidad de acoger a menores saharauis para recibir atención sanitaria. Además, la asociación se ha visto obligada a cancelar las comisiones sanitarias, equipos médicos que permiten diagnosticar y tratar patologías que, en los campamentos de refugiados, pueden resultar mortales. También queda seriamente comprometida la Caravana por la Paz, el programa mediante el cual se envían alimentos y productos básicos a los campamentos. “Para la Diputación puede ser una cifra pequeña, pero para nosotras supone perder proyectos que salvan vidas”, denuncian.

Desde la asociación saharaui hablan de un claro agravio comparativo. “No cuestionamos otras actividades, pero es una cuestión de valores humanos. Cómo se explica que no haya 20.000 euros para traer a un niño o niña al médico, pero sí casi 200.000 euros para la tauromaquia”, señalan. El año pasado, recuerdan, ya tuvieron que cubrir el primer recorte con un esfuerzo extraordinario de voluntariado y actividades solidarias. “Esta vez la situación es insostenible”, advierten, reclamando que la Diputación recupere la partida original.

Desde la oposición, la diputada socialista Paqui Santaella critica que la cooperación internacional haya pasado a un segundo plano en un presupuesto que el propio gobierno provincial define como histórico. A su juicio, “no se puede presumir de refuerzo de las políticas sociales mientras se recortan fondos destinados a la salud y al bienestar de menores en contextos de emergencia”.

Santaella considera que la reducción de la cooperación internacional responde a una decisión política consciente, y no a una necesidad presupuestaria, y pide a la Diputación que rectifique y restituya las partidas recortadas.

Diputación justifica el recorte

Desde la Diputación de Granada niegan que exista un desmantelamiento de la cooperación internacional y defienden que la partida actual de 220.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y en la coordinación con otras administraciones. El equipo de gobierno destaca, además, el incremento global de los fondos destinados al tejido asociativo y el refuerzo de otras líneas sociales. Estos fondos han aumentado de forma sostenida desde 2024 hasta 2026, pasando de 897.000 a 1.387.000 euros, aunque no tienen incidencia en las ONGs de cooperación internacional.

No obstante, desde el ente provincial apuntan a que el recorte de 230.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y alineada con las estrategias del Gobierno central y la Junta. Según Diputación, las necesidades de las asociaciones que trabajan en esos territorios estarían “adecuadamente cubiertas”. Por otro lado, justifica esta reducción para la cooperación internacional para aumentar las ayudas al asociacionismo local, argumentando que Granada tiene muchos municipios pequeños donde las asociaciones de proximidad tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Y sobre la compra de inmueble, las ayudas directas al toreo o para gestionar residuos en el municipio de Francisco Rodríguez, desde Diputación rechazan comparar la partida destinada a la cooperación con otras decisiones presupuestarias, asegurando que responden a objetivos y marcos distintos dentro de una planificación global.

Sin embargo, desde la CONGRA insisten en que la realidad sobre el terreno es clara: menos fondos, menos proyectos y más dificultades para mantener una cooperación que, hasta ahora, había sido una seña de identidad de la provincia. “No pedimos caridad”, concluyen desde las asociaciones, “pedimos coherencia política y responsabilidad con los derechos humanos”.

En el año 2008, en pleno estallido de la crisis económica, un municipio que entonces no alcanzaba los 70.000 habitantes acogía un congreso internacional. Rivas, hoy con más de 100.000 residentes censados, fue anfitrión del III Foro Social Mundial de las Migraciones, un congreso anual que reúne a miembros de la sociedad civil, organizaciones, académicos y migrantes con el objetivo de debatir sobre los derechos de personas desplazadas o refugiadas. A la llamada acudieron unos 3.000 delegados de hasta 90 países. Y eso marcó un punto de inflexión.

Más de 150 vecinos ofrecieron sus casas como alojamiento a los viajeros, según recogen informaciones de aquel mes de septiembre. Fue el primer paso de una apuesta desde lo local por entender la solidaridad (o la cooperación al desarrollo) como algo más que dar limosna. Rivas mantiene desde hace años la atención sobre el mundo, y da cobertura anual a proyectos o iniciativas ciudadanas que actúan en zonas como Etiopía, el Sáhara, Cuba o Palestina.

Recientemente, una delegación de siete jóvenes ripenses visitó Palestina para ayudar en campos de refugiados o llevar actividades culturales y espectáculos con la organización Pallasos en Rebeldía. Hasta la fecha, han sido más de 150 los que han efectuado estancias en territorios palestinos y, desde hace dos años, también se han organizado viajes inversos dada la situación en Cisjordania. Este mismo verano acudieron jóvenes y niños palestinos para conocer Rivas y su escuela de circo.

Luego, otro grupo de la ciudad madrileña se trasladó a lugares como Hebrón, Belén, Tulkarem o Nablus, zonas asediadas por Israel. Este año, el Ayuntamiento aprobó una partida de 176.000 euros destinada a nueve proyectos de cooperación internacional. El Gobierno municipal establece acuerdos de colaboración con entidades como Cruz Roja Española, UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), Guanaminos sin Fronteras, Medicuba España, XXI Solidarios, Sodepaz (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz), Una escuela para Wonji, Rivas Sahel o Pallasos en Rebeldía. 

El requisito es presentar una propuesta que cumpla los requisitos y emane de una organización con sede en Rivas. Esa es la clave que explica, según fuentes municipales, el mantenimiento de las políticas de cooperación a lo largo de los años: el “arraigo” con entidades locales que existen en el municipio y que surgieron hace años por el “carácter solidario” de su población. En Rivas, los fondos de cooperación se vehiculan a través asociaciones que realizan trabajo de solidaridad internacional a lo largo del año, y que tienen una red de apoyo a nivel local. 

En este sentido, el Consejo de Cooperación se configura como el espacio de participación municipal, en el que se toman las decisiones respecto a los fondos públicos y los proyectos que se promueven y apoyan. “Llevamos comprometidos con la causa palestina desde los noventa, y prueba de ello es la financiación de proyectos en su territorio o el hermanamiento con Jenin”, destacan fuentes municipales, refiriéndose a la ciudad en Cisjordania. 

La cooperación al desarrollo es otro brazo de un plan mayor a medio plazo, la Agenda Urbana Rivas 2030. Una estrategia municipal que pretende moldear un futuro “sostenible, compacto e inclusivo” para la localidad madrileña. Desde el Ayuntamiento aseguran haber invertido “más de 500.000 euros” en 15 años para proyectos en territorio palestino, y ensalzan eventos benéficos anuales como el concierto de Grimey x Palestina, un festival de música urbana que también colabora con Pallasos en Rebeldía en sus acciones para Oriente Próximo. Lo organiza una marca de ropa nacida en Rivas.

Nueve proyectos que actúan directamente sobre el terreno

Las últimas iniciativas que recibieron fondos públicos del consistorio para invertir fuera de sus fronteras pasan por África, Oriente Próximo o Latinoamérica. El primero de estos convenios financiará con 14.000 euros la reconstrucción de una casa de procesamiento de caña de azúcar en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Colombia.

Las comunidades de paz son grupos organizados que viven al margen de la guerra y los conflictos armados de un territorio, y es en una de ellas donde se centra la intervención de XXI Solidarios, la ONG que pilota este proyecto pensado para ayudar a descontaminar aguas residuales o reforzar su protección medioambiental. Para el mismo continente, el Ayuntamiento de Rivas dobla la apuesta con la asociación Sodepaz, a la que ha dotado de 23.500 euros.

Se destinarán a renovar o mejorar instalaciones en algunas comunidades energéticas de Santiago de Cuba, asentadas en zonas rurales de la provincia. Más al norte, en la localidad de Báguanos, contribuirán con 9.500 al trabajo de Medicuba España para levantar un centro policlínico. Otros convenios se van a África Occidental. Guanaminos sin Fronteras, asociación de Rivas que impulsa un proyecto de soberanía alimentaria en Burkina Faso, recibe 16.500 euros para contribuir a la producción local o la autosuficiencia en colegios de cinco pueblos del país.

La escuela Doyo Chale, en Etiopía, también obtiene 12.228 euros a través del proyecto Una escuela para Wonji, que busca instalar un comedor que blinde el derecho a la alimentación entre la infancia cuando esta debe trabajar a edades tempranas y contribuir a la economía familiar si no pueden alimentarse. Luego está la red de escuelas circenses de Pallasos en Rebeldía, que acompañó recientemente a un grupo de voluntarios a Palestina; o el convenio municipal con Rivas Sahel, con la que se mantiene una financiación de 49.000 euros para sus labores en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) o la mejora de las condiciones médicas y alimenticias en la infancia.

Uno de estos proyectos es Vacaciones en Paz, un programa de acogida que pone en contacto a familias residentes en España con niños saharauis de entre 10 y 12 años para que estos vengan a sus casas durante las vacaciones de verano. Además, existen lazos con grandes organizaciones. Cruz Roja Española recibe apoyo del Ayuntamiento de Rivas para proyectos en los campamentos de refugiados del Sáhara, centrados en estimular al alumnado con discapacidad en centros de educación especial.

El desembolso municipal es de 21.272, y otros 10.000 que irán a parar a la UNRWA (de las Naciones Unidas) mediante un convenio que aporta fondos y asistencia sanitaria en la Franja de Gaza. Su lógica es la siguiente: la solidaridad no solo se defiende enviando dinero y comida a países en conflicto o situación de escasez, sino cooperando con las entidades ripenses que ya trabajan allí.

Suscríbete al boletín de noticias de Madrid

Andalucía por fin se equipara al resto del país con la aprobación de la Ley del Tercer Sector en el Parlamento. Una normativa que ha tardado ocho años en fructificar y que cuenta con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, en la que se prioriza dar seguridad jurídica al sector y dotar de nuevas herramientas a la administración para analizar datos y sacar conclusiones conjuntas, como con la creación del Observatorio del Tercer Sector.

La proposición de ley se presentó en 2018 tres años después de que el Gobierno central publicara la disposición estatal, pero las elecciones autonómicas y el cambio del color político enterraron en un cajón la planificación proyectada por las asociaciones. Pese al contratiempo, la propuesta presentada en verano por PP, PSOE y Adelante Andalucía logró pasar los trámites parlamentarios y se le ha dado luz verde este miércoles. Juan Luis Delcán, representante de la Plataforma del Tercer Sector y director territorial de la Fundación Atenea, describe este periodo como “un proceso arduo”, aunque “parece que por fin sale adelante y tendremos la oportunidad de verlo”.

Veinte miembros de la Mesa del Tercer Sector estuvieron presentes en el momento en que se dio luz verde a un texto que consta de 13 artículos, estructurado en tres capítulos y con tres disposiciones adicionales. En él, se abordan varios puntos para avanzar en la optimización e innovación de este entramado social, como fomentar la cooperación estrecha con las administraciones públicas, así como reforzar la colaboración institucional, articular espacios de cooperación con el tejido empresarial o fortalecer la estructura interna del propio tejido asociativo. La ley, para Delcán, establece dos elementos fundamentales: el primero, la obligación de elaborar un reglamento y, en segundo lugar, el compromiso mediante el cual, en dos años, se evaluará el estado de su desarrollo en la región.

“Ley de mínimos”

“Por parte de las entidades, es una ley de bases, así que estamos de acuerdo con este reconocimiento y, aunque no es muy extensa, tiene muchísimo contenido”, reflexiona, “y con relación a los grupos parlamentarios, queríamos una ley de consenso, no del partido que gobernara, pese a que algunos no la hayan apoyado”, como ocurre desde la bancada de la ultraderecha. A sabiendas de lo que ha costado obtener este beneplácito mayoritario, contempla que el traspié de 2022 sumió al grupo de trabajo en una especie de impás del que, rápidamente, salieron con el objetivo de preparar a las entidades para consolidarse como interlocutores con la sociedad.

Ahora, con este respaldo legislativo se define el marco legal y el papel del Tercer Sector en Andalucía, una demanda de los colectivos para lograr una mayor “seguridad jurídica” a la hora de actuar. También, quieren impulsar un modelo de administración abierta, es decir, que se dé mayor protagonismo a su sector y sea un interlocutor válido y consultado por los distintos organismos públicos. “Aquí hay un reconocimiento de nuestro papel para mejorar la situación de las personas en Andalucía, y más de aquellas que son vulnerables”, sostiene.

Para hacerse una idea, la Fundación Botín estima que el tercer sector de acción social emplea a unas 600.000 personas en unas 28.000 organizaciones en toda España, un 15% más que hace una década. Realiza un 11% más de acciones directas al año y, además, ha pasado de representar el 1,2 al 1,6% del PIB. En este sentido, los ingresos han crecido del 15% al 30%, por lo que ha disminuido su dependencia del sector público en un 12% menos. Un área que atrae y que funciona, mayormente, gracias al esfuerzo de quienes se dedican de forma desinteresada a ayudar a quienes lo necesitan, ya que hay alrededor de 1,5 millones de personas voluntarias.

En Andalucía, las estadísticas están disgregadas por cada campo de actuación que aborden las entidades, motivo por el que la proyección de una problemática social dependa de con qué recursos y medios cuenta cada ente para elaborar sus propios informes. Por ejemplo, el representante la plataforma indica que, en términos de pobreza, se toma como referente el estudio sociológico Foessa, de Cáritas, mientras que la EAPN-E aporta desde su perspectiva numerosas claves para entender el contexto andaluz a través del indicador Arope. “Lo hacen muy bien, pero necesitamos un diagnóstico en conjunto en vez de que cada red haga uno por sí sola”, apunta.

El observatorio

Por ello, la puesta a punto del Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social vendrá a dar una especie de orden estadístico y, sobre todo, será una herramienta que logre establecer una hoja de ruta con el propósito de concretar las necesidades de la comunidad y dar solución a ellas. Tal y como recoge el texto, el órgano recopilará, sistematizará, actualizará y generará información y conocimiento.

Un alud de datos que servirán para confeccionar un informe cada dos años que se elevará a la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía y, de la misma forma, al Parlamento de Andalucía. Así, se analizará la realidad social, con especial atención en perspectiva de género, infancia y diversidad funcional. Como explica Delcán, también cabe tercera edad o cooperación, entre otras temáticas, puesto que “la mesa tiene un compendio” de agentes sociales sobre el terreno, y su mirada es transversal y múltiple.

Este miércoles, con “una fotografía de consenso”, se logra impulsar un cambio en el sector. Aun con los ánimos intactos, el integrante reconoce que, en vistas del tiempo de espera que ha supuesto la ley autonómica, los avances para que la normativa se cumpla y llegue a buen puerto pueden ser más bien dilatados. Fija una fecha en el calendario: 2027, límite para haber desarrollado las primeras demandas y, por fin, obtener una radiografía completa de Andalucía.

Posición de los grupos parlamentarios

Durante el debate, si bien PP y PSOE expusieron su argumentario para sacar adelante la propuesta sin más demora, hubo una crítica contundente por parte del grupo parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, quien se abstuvo en la votación final, al igual que Por Andalucía, mientras que Vox mostraba su negativa.

“Felicitamos la iniciativa del tercer sector por hacer suplido la carencia del Ejecutivo”, explicó la diputada Inmaculada Nieto, “pero el PP, sin consultarlo, cambió la forma de tramitarla de ordinaria a urgente, sin rellenar las declaraciones institucionales de contenido que obligue a la administración y le dé garantías al tercer sector”. A su juicio, la ley es “prácticamente” la misma que entró hace unos meses en la cámara, lamentando que los “hayan utilizado” al observar que “no hay expectativas de su viabilidad futura”.

Apuntó varios puntos flacos, como la ausencia de una defición de qué es tercer sector, o los criterios y requisitos para pertenecer y mantenerse en este colectivo. “No da garantías de financiación, por lo que se necesitaría otra ley, tampoco hay garantías de planes plurianuales de los proyectos que excedan el año y no serán miembros del Consejo Econonómico y Socia”, criticó, “no serán obligatoriamente oídos”. Plasmada la herramienta orientativa, emplazó a los actores sociales a rescatar sus demandas en el futuro para “generar obligaciones en las administraciones”.

La Diputación de Badajoz destinará en 2026 un total de 3,7 millones de euros a iniciativas de ayuda en los ámbitos de bienestar social y de cooperación internacional, ejes “fundamentales” para esta administración.

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha mantenido un encuentro con entidades sociales de la provincia para presentar convocatorias de subvenciones en este ámbito que se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Estas líneas de ayuda parten con un importe global de 3,2 millones de euros, aunque la resolución definitiva para 2026 alcanzará los 3,7 millones, 500.000 más que en el ejercicio anterior.

Raquel del Puerto ha trasladado un mensaje “de tranquilidad” a las entidades, pues “no habrá recortes en ninguno de los programas”, tal y como podrá atestiguarse en los presupuestos provinciales del próximo año, cuya aprobación está prevista para la próxima semana, cuentas que “fortalecen de manera significativa las políticas sociales y de cooperación”. En este caso, las subvenciones presentadas abarcan los ámbitos de la acción social, la salud mental y la cooperación internacional.

La convocatoria destinada a proyectos de acción social mantiene para 2026 un crédito de dos millones de euros y se dirige a entidades que trabajan con colectivos con especiales dificultades de integración, como personas con discapacidad, ciudadanos con adicciones, reclusos, inmigrantes o minorías étnicas.

Cada proyecto podrá recibir hasta 30.000 euros, dentro de una línea donde en la anterior edición resultaron beneficiarias 183 asociaciones.

Por su parte, la Diputación pacense refuerza por cuarto año consecutivo la convocatoria de salud mental, para actuaciones de prevención y sensibilización como intervenciones directas con personas afectadas y su entorno familiar, programa en 2026 con un millón de euros para distintos proyectos.

La línea de cooperación internacional está orientada por su parte al desarrollo humano local en ámbitos como educación, salud, igualdad de género, derechos humanos, vivienda o infraestructuras básicas, la cual alcanzará 700.000 euros el próximo año, consolidándose el crecimiento experimentado desde 2023.

“La cohesión social, junto a otros como el fortalecimiento de los servicios públicos básicos o la vertebración territorial contra la despoblación, es uno de los ejes fundamentales de esta administración”, ha dicho la presidenta provincial. 

Las imágenes generadas por IA de pobreza extrema, niños y supervivientes de violencia sexual inundan los bancos de imágenes y cada vez son más utilizadas en las campañas de comunicación de las principales ONG de salud, según profesionales sanitarios de todo el mundo. Unos profesionales que expresan su preocupación por una nueva era de “pornografía de la pobreza”, que perpetua estereotipos.

“Se están usando en todas partes”, lamenta Noah Arnold, que trabaja en Fairpicture, una organización con sede en Suiza dedicada a promover el uso ético de las imágenes entre las agencias humanitarias y de desarrollo. “Algunos utilizan activamente imágenes generadas por IA y sabemos que otros están haciendo pruebas y sopesando la posibilidad”.

Arsenii Alenichev, investigador del Instituto de Medicina Tropical de Amberes que estudia la generación de imágenes sobre salud global, asegura que “las imágenes generadas por IA reproducen el imaginario colectivo visual de la pobreza: niños con platos vacíos, tierra agrietada... Imágenes estereotipadas”.

Alenichev ha recopilado más de 100 imágenes generadas por IA de pobreza extrema utilizadas por ONG o por particulares como parte de campañas en redes sociales contra el hambre o la violencia sexual. Las imágenes que comparte con The Guardian muestran escenas exageradas que perpetúan los estereotipos sobre la pobreza: niños acurrucados en agua llena de fango, una niña africana con un vestido de novia y una lágrima en la mejilla. En un artículo de opinión publicado en The Lancet Global Health, el experto argumenta que estas imágenes equivalen a “pornografía de la pobreza 2.0”.

Aunque es difícil cuantificar la prevalencia de las imágenes generadas por IA, Alenichev y otros expertos afirman que su uso está aumentando, impulsado por las preocupaciones de las ONG sobre los requisitos de consentimiento que deben cumplir para poder publicar fotografías de personas reales y el coste que suponen. Arnold señala que el impacto de los recortes de financiación de Estados Unidos sobre los presupuestos de las ONG ha empeorado la situación. “Es evidente que algunas organizaciones están empezando a sopesar la utilización de imágenes sintéticas en lugar de la fotografía real, porque es barato y no tienen que preocuparse por los requisitos de consentimiento”, explica Alenichev.

Bancos de imágenes

Ahora abundan las imágenes de pobreza extrema creadas con inteligencia artificial en bancos de imágenes populares, como Adobe Stock Photos y Freepik, si en el buscador se escriben palabras clave como 'pobreza'. Muchas de ellas vienen acompañas de descripciones como: “Niño con apariencia real en un campamento de refugiados”, “niños asiáticos nadan en un río lleno de residuos” o “voluntario caucásico blanco ofrece consulta médica a niños negros en una aldea africana”. Adobe vende las licencias de las dos últimas fotos de esa lista por unos 70 euros.

“Son tan racistas. Ni siquiera deberían permitir que se publicaran, porque son como los peores estereotipos sobre África, India o cualquier otro lugar”, dice Alenichev.

Joaquín Abela, director ejecutivo de Freepik, señala que la responsabilidad de utilizar imágenes tan extremas recae en los consumidores de medios de comunicación, no en plataformas como la suya. Asegura que las fotos de archivo generadas por IA las crea la comunidad global de usuarios de la plataforma, que reciben una tarifa de licencia cuando los usuarios de Freepik descargan o compran sus imágenes.

Me entristece que la lucha por conseguir una representación más ética de las personas que viven en la pobreza se extienda ahora al terreno de lo irreal

Kate Kardol — Consultora de comunicación

En este sentido, Abela explica que Freepik ha intentado frenar los sesgos que ha encontrado en otras partes de su biblioteca de fotos “inyectando diversidad” y tratando de garantizar el equilibrio de género en las fotos de abogados y directores generales alojadas en la web.

Sin embargo, la capacidad de la plataforma tiene un límite. “Es como intentar secar el océano. Nos esforzamos, pero, en realidad, si los clientes de todo el mundo quieren imágenes de un determinado tipo, no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer”.

Algunos ejemplos

En el pasado, ONG importantes han utilizado imágenes generadas por IA como parte de sus estrategias de comunicación sobre salud global. En 2023, la filial neerlandesa de la organización benéfica británica Plan Internacional lanzó una campaña de vídeo contra el matrimonio infantil que contenía imágenes generadas por IA de una niña con un ojo morado, un hombre mayor y una adolescente embarazada.

El año pasado, la ONU publicó un vídeo en YouTube con “recreaciones” generadas por IA de violencia sexual en conflictos, que incluía el testimonio generado por IA de una mujer burundesa que describía cómo fue violada por tres hombres y abandonada a su suerte en 1993 durante la guerra civil del país. El vídeo dejó de estar disponible después de que The Guardian se pusiera en contacto con la ONU para recabar su versión.

En referencia a este vídeo, un portavoz del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU dice: “Se hizo hace más de un año utilizando una herramienta en rápida evolución, y luego optamos por borrarlo, ya que creemos que muestra un uso inadecuado de la IA y puede suponer un riesgo para la integridad de la información, al mezclar imágenes reales con contenido generado por IA y que parece casi real”.

“La ONU reafirma su compromiso de apoyar a las víctimas de la violencia sexual en los conflictos, incluso mediante iniciativas innovadoras y acciones de incidencia creativas”, dice el portavoz.

Exagerar los prejuicios

Arnold afirma que el aumento del uso de estas imágenes generadas por IA se produce tras años de debate en el sector sobre las líneas rojas al publicar imágenes de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y cómo mostrar su situación de una forma que dignifique a estas comunidades y no caiga en estereotipos. “Supuestamente, es más fácil utilizar imágenes generadas por IA ya preparadas que no requieren consentimiento, porque no se trata de personas reales”, señala.

Kate Kardol, consultora de comunicación de una ONG, reconoce que las imágenes generadas por IA le dan miedo y que le recuerdan debates anteriores sobre el uso de la “pornografía de la pobreza” en el sector. “Me entristece que la lucha por conseguir una representación más ética de las personas que viven en la pobreza se extienda ahora al terreno de lo irreal”, lamenta.

Desde hace tiempo se sabe que las herramientas de IA generativa replican —y, en ocasiones, exageran— los prejuicios sociales más arraigados. Según Alenichev, la proliferación de imágenes sesgadas en las comunicaciones sobre salud global puede agravar el problema, ya que podrían difundirse por Internet y utilizarse para entrenar a la próxima generación de modelos de IA, un proceso que, según se ha demostrado, amplifica los prejuicios.

Un portavoz de Plan Internacional explica que, a partir de este año, la ONG ha “adoptado una guía en la que se desaconseja el uso de la IA para representar a niños concretos”, y ha indicado que en la campaña de 2023 se utilizaron imágenes generadas por IA para salvaguardar “la privacidad y la dignidad de niñas reales”. Por su parte, Adobe no ha querido hacer declaraciones para este artículo.

Traducción de Emma Reverter.

No sé si les va a sorprender lo que les voy a contar, pero la primera vez que me preguntaron con 4 años qué quería ser de mayor, yo lo tenía claro: quería ser misionera y hacer casas para los niños pobres. Mi deseo no era un sentimiento religioso, era una cuestión de profundo convencimiento de que hay que atajar las injusticias y luchar por la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de dónde hayan nacido. 

Esa es la esencia de la cooperación al desarrollo, que no tiene nada que ver con la caridad, ni con una política de gestos, sino con la justicia social y el compromiso de avanzar hacia un mundo más justo, más equitativo y más humano. 

Durante 30 años Extremadura ha demostrado que, pese a conocer lo que significa la desigualdad y el atraso histórico, se puede ser referente en solidaridad internacional. Hemos sido una comunidad comprometida con quienes más lo necesitaban. La cooperación al desarrollo extremeña ha configurado nuestra manera de presentarnos ante el mundo como una tierra solidaria, digna y comprometida.

La cooperación extremeña cumple 30 años y, por desgracia, a sus 30 años no goza de muy buena salud. Su salud de hierro se ha deteriorado en los últimos años desde que el PP, para contentar a Vox, ha metido la motosierra en lo que precisamente nos hacía referentes. 

Las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo acumulan un recorte superior al 26% desde la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno de esta tierra. La cooperación al desarrollo ha perdido peso desde entonces en las políticas extremeñas. Ha pasado de representar el 0,21% del presupuesto autonómico en los años 2017 y 2018 al 0,13% en este año. Es el nivel más bajo en los últimos 10 años. El número de proyectos financiados ha pasado de 44 a menos de 33.

Esto que detallo no son solo números. Son personas. Tienen nombre y apellidos. Son personas saharuauis, de Sierra Leona, de Mali, Senegal o gazatíes. Son personas que necesitan de la solidaridad de los demás. Palestina no es el único lugar del mundo en el que actualmente hay un conflicto bélico que está arrasando con la población civil. Sin embargo, en Gaza nos estamos jugando la defensa de los derechos humanos con la que nos dotamos tras la Segunda Guerra Mundial. Parar el genocidio en Gaza es tarea de todos y todas porque en ello va el futuro de nuestra sociedad.

La presión para condenar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino es fundamental que continúe para garantizar que, tras dos años de masacre, comiencen a respetarse los derechos humanos de los palestinos y palestinas, pero no nos engañemos, el genocidio ya ha tenido lugar y no hemos sido capaz de pararlo. Los culpables no pueden ser eximidos por firmar un acuerdo de paz falso y tardío. Tienen que ser juzgados como lo que son, criminales de guerra. A los equidistantes, a los que miraron hacia otro lado, a los que no fueron capaz de condenar un genocidio cuando estaba sucediendo delante de sus narices espero que la historia también les coloque en su lugar.

Como también espero que lo haga con aquellos que reniegan de la cooperación internacional. Es una tremenda pena ver el terrible retroceso al que hemos llegado por la ceguera y el cortoplacismo de políticos que se dejan arrastrar por los discursos del egoísmo, la individualidad y el miedo. 

A pesar de todo, Extremadura sigue siendo una tierra solidaria que no se queda impasible ante la desigualdad, el hambre, la violencia o la guerra y que sabe que invertir en cooperación nos hace mejores, más abiertos, más justos y más conscientes de nuestro papel en el mundo. 

Vamos a seguir empujando porque la cooperación extremeña vuelva a gozar de buena salud y a hacernos sentir orgullosas de una tierra comprometida con su tiempo y que construye un mundo mejor. 

El contexto sociopolítico internacional actual está marcado por un aumento alarmante de conflictos armados -como los de Palestina, Ucrania o Sudán-, la expansión de discursos xenófobos y el desplazamiento forzado de millones de personas. Lamentablemente, frente a este panorama muchas instituciones optan por mirar hacia sí mismos y levantar muros, reduciendo los fondos para la cooperación y la ayuda humanitaria, cuando más necesarios son.

Se cumplen 30 años de la cooperación extremeña: en 1995, por un lado, se institucionalizan las primeras ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo desde Extremadura y, por otro, un grupo de organizaciones extremeñas crea la Coordinadora Extremeña de ONGD, una red de diversas organizaciones sociales, que promueven la defensa de las políticas de cooperación en nuestra región.

Esta comunidad autónoma apostó entonces por una política de cooperación descentralizada, que no sólo buscaba apoyar a países del Sur Global sino, también, generar una ciudadanía más crítica, empática y global. A través de proyectos de educación y de sensibilización, se sembró en la región la semilla del compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

No podemos olvidar que Extremadura también ha sido durante décadas una región receptora de ayudas. En los años 90, Extremadura era una de las regiones más desfavorecidas de España. La cooperación internacional se convirtió entonces en una herramienta de transformación económica y social sino, también, de conciencia solidaria con otros territorios del mundo.

En esa cooperación internacional, especialmente la procedente de la Unión Europea, pudo apoyarse Extremadura para realizar cambios económicos y sociales pero, también, para darse cuenta de las realidades de otras regiones y territorios con las que debíamos ser especialmente SOLIDARIAS, en nuestra lucha contra las desigualdades y la pobreza. 

Es un periodo en que la cooperación extremeña pasa de un modelo asistencial a uno basado en derechos, corresponsabilidad y horizontalidad. Tres décadas después, ese compromiso se ha recordado en la Asamblea de Extremadura durante un acto conmemorativo lleno de simbolismo.

La cooperación como identidad compartida

Durante tres décadas, los proyectos impulsados por las organizaciones extremeñas han contribuido al empoderamiento de comunidades locales y han servido como espejo crítico para la sociedad extremeña, impulsando la reflexión sobre el consumo responsable y las conexiones entre lo local y lo global.

En palabras de Lidia Rodríguez, “frente a la desigualdad creciente, la respuesta no puede ser la indiferencia, sino más cooperación, más compromiso y más derechos”.

En un clima global donde crecen la polarización y el miedo, la educación para el desarrollo y la ciudadanía global se consolida como un antídoto esencial frente a la intolerancia. 

Pese a los avances, persisten desafíos importantes. La cooperación y la educación para el desarrollo requieren voluntad política, recursos y continuidad, además de adaptarse a los nuevos retos: digitalización, crisis climática y migraciones forzadas.

Celebramos que el camino recorrido en estas tres décadas demuestra que Extremadura ha sido protagonista de un cambio solidario y consciente. La cooperación y la educación no son sólo herramientas que transforman lugares: son también la llave con la que esta región ha abierto puertas a su propio desarrollo, cultivando una identidad basada en la justicia social, la inclusión y la solidaridad.

Desde Extremadura, se debe seguir apostando por el fortalecimiento de políticas de ayuda humanitaria, educación y cooperación internacional como respuestas éticas y necesarias. Nuestras instituciones políticas deben promover la dignidad, la equidad y los derechos humanos, valores que sostienen la democracia y la convivencia pacífica.

30 años de defensa de lo común como resistencia, de la educación como clave de futuro, de la solidaridad y la justicia como raíces.