La prioridad nacional de Vox en Extremadura: ahoga a las ONG mientras multiplica por seis las ayudas a los toros

Las cuentas de la Junta de Extremadura para el año que viene dejan muy claro qué le gusta y qué no le gusta al Gobierno de PP y Vox. Con la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo de María Guardiola hay prioridades que han cambiado por completo y la batalla ideológica ultra se comienza a notar.

El primer presupuesto pactado esta legislatura por PP y Vox, el de 2026, se aprobará el 30 de junio y, además de los ajustes para encajarlo en el acuerdo de gobierno, evidencia a qué se refiere la formación ultra cuando habla de prioridad nacional: un recorte sin precedentes en solidaridad sociales, que incluso han criticado las diócesis extremeñas, y un gasto histórico para blindar el negocio de los toros. Es decir, la Junta de Extremadura cerrará el grifo de dinero público para la cooperación internacional, la educación en las aulas de la región contra los mensajes de odio y la ayuda a los migrantes, mientras que, por el otro, abrirá de par en par la ventanilla para regar con subvenciones al sector taurino.

El encargado de poner voz a este giro ha sido el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, el líder de Vox en Extremadura. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea para defender las cuentas de su departamento para este año, el dirigente ultra no ha ocultado que la 'tijera' responde a la implantación de lo que su formación denomina “prioridad nacional”: “Hemos recuperado la prioridad. La solidaridad no consiste en olvidarse de los propios para poner primero a los que acaban de llegar”, dijo en sede parlamentaria.

La aplicación práctica de ese concepto se traducirá en la asfixia económica del tejido asociativo que trabaja con las personas más vulnerables. Fernández Calle anunció la revisión y supresión de las subvenciones nominativas destinadas a programas de inmigración y asesoramiento a extranjeros. Entidades históricas como Accem (encargada de gestionar el centro de acogida de personas refugiadas de Mérida), Cepaim o Progestión se quedarán sin las ayudas de la administración autonómica para estos fines.

El vicepresidente ha justificado la medida alegando que su departamento rechaza seguir “financiando estructuras ligadas a la inmigración ilegal y descontrolada”, y ha llegado a comparar el coste mensual de una plaza para un menor migrante no acompañado (7.100 euros) con el sostenimiento de las residencias de mayores de la región. “Queremos llevar los recursos de los extremeños a las necesidades de los extremeños”, añadió, tras tildar las redes de solidaridad de “coartada ideológica y negocio”.

Pero el recorte a los colectivos sociales no se queda ahí. La nueva vicepresidencia también finiquitará, una vez aprobadas las cuentas regionales, las políticas de cooperación al desarrollo. En 2023, Extremadura destinaba más de 12,7 millones de euros a esta materia, situándose como la tercera región de España que más fondos invertía en relación con su PIB. Tras la entrada de Vox en el Ejecutivo en 2023, la cuantía bajó a 9,4 millones, y el hachazo definitivo llega ahora: el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) se desploma hasta una cantidad casi testimonial de 987.000 euros. Un tijeretazo del 92% que deja a la comunidad a la cola de la solidaridad internacional. Es lo justo para mantener con respiración asistida a un ente público que la extrema derecha no puede hacer desaparecer porque la ley extremeña de Cooperación lo impide, pero su directora, Isabel Belloso, nombrada por el PP, ha dimitido tras conocer los planes ultras.

“La solidaridad no puede convertirse en la coartada ideológica y el negocio que hace de esto su modo de vida”, ha sostenido el vicepresidente ante la comisión parlamentaria, a pesar del llamamiento que han hecho los obispos de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia a PP y Vox para que reconsideren el recorte de fondos. Las diócesis extremeñas han defendido públicamente que la cooperación al desarrollo forma parte del compromiso ético y social de Extremadura y alertan de las consecuencias de la reducción presupuestaria.

Las ONG también estudian protestas contra los presupuestos de la Junta. Han iniciado una ronda de contactos con los grupos políticos para intentar revertir este escenario y “por fin” el PP se reúne con la Coordinadora Extremeña de ONGD este viernes. La CONGDEX ha denunciado que desaparecerán los programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe.

Junto a ellas también se finiquitará, por falta de fondos, la línea de educación para la ciudadanía global, que se ejecuta en Extremadura, gracias a la que organizaciones sociales trabajan en centros educativos “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”.

El 500% más para los toros

Sin embargo, la prioridad y la austeridad esgrimidas por Vox para desmantelar la red asistencial de los migrantes desaparecen cuando se trata de la tauromaquia, cuyas competencias gestiona la misma formación a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presupuesto taurino en la región va a experimentar una subida sin parangón, escalando de los 297.500 euros previos a los 1,78 millones de euros (un aumento de casi el 500%). Las cuentas incluyen el trasvase de 700.000 euros de fondos públicos directos (el ejercicio pasado recibieron 69.000 euros) al lobby Fundación Toro de Lidia —un ente privado de promoción taurina— para la organización de circuitos de novilladas, además de iniciar los trámites para blindar legalmente las corridas protegiéndolas bajo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

El consejero Juan José García ha justificado este incremento de fondos con criterios meramente económicos. Su departamento sostiene que la tauromaquia genera en la región un impacto económico superior a 28 millones de euros y mantiene a más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, así como que en Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo.

Además de la ayuda a la citada Fundación, Vox ha incluido 300.000 euros para el Circuito de Novilladas, 400.000 euros para el Circuito Conquistadores, 550.000 euros para difusión de la cultura taurina, 200.000 euros en ayudas a peñas taurinas, 150.000 euros para espectáculos taurinos, 150.000 euros en ayudas a la difusión de la cultura taurina y 30.000 euros para la Escuela Taurina de Coria.