Robert Del Naja, líder de la banda británica Massive Attack, ha sido arrestado en el centro de Londres bajo sospecha de mostrar su apoyo a una organización prohibida, justo tras asistir el sábado a una protesta masiva contra la prohibición de Palestine Action. Conocido artísticamente como “3D”, Del Naja ha sido un firme crítico de la política exterior británica, oponiéndose activamente a la invasión de Irak en 2003 y utilizando su plataforma para denunciar la situación en Palestina.

El vocalista del grupo británico se encuentra entre las 500 personas que han sido detenidas, y ha afirmado que quería asistir a la protesta a pesar de las consecuencias que puede llegar a tener para su carrera musical. Unas consecuencias que cada vez preocupan menos al artista cuando está sucediendo un genocidio al otro lado del planeta, como tampoco le importaron las consecuencias de su posicionamiento contra Spotify por la inversión en armas de su propietario, Daniel Ek, por lo que amenazó con retirar su música.

“Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”. Así de contundente era el cartel que mostraba Robert del Naja en la manifestación contra la prohibición de Palestine Action. Según cuenta The Independent, una mujer le grita “¡Eres increíble!” y otra “¡Te queremos!” mientras Del Naja se tumba boca arriba antes de que tres agentes lo levanten por las piernas y las axilas. Cuando se lo llevan detenido, se oye a un hombre preguntarle a Del Naja: “¿Puede decirnos por qué lo arrestan hoy?”. Una pregunta a la que el músico responde lo siguiente: “Me arrestan ilegalmente”.

La importancia de posicionarse contra las injusticias

Del Naja ha conversado con la agencia de noticias Press Association sobre cómo puede repercutir esto en su trayectoria, algo que no le preocupa demasiado si eso significa poder contribuir a posicionarse contra las injusticias. “Como músico, obviamente, existe mucha inquietud sobre la posibilidad de no poder viajar y obtener visas”, ha comentado el vocalista. “Pero pensé: ‘Esto es ridículo’, y luego, que la policía diera la vuelta para volver a arrestar a la gente, pensé que era aún más ridículo”, ha agregado.

“Si me arrestan, tengo mucha confianza en que si me presento ante el tribunal y digo: 'Este fue un arresto ilegal y, por lo tanto, no lo acepto', podré defenderme”, ha señalado el artista, indicando que cree que “las acciones de Palestine Action fueron sumamente patrióticas porque, en gran medida, protegían al país de verse involucrado en crímenes de guerra graves y de violar el derecho internacional”. “¿Qué más patriotismo se puede pedir?”, ha concluido.

Hasta el momento, más de 2.200 personas han sido arrestadas por supuestamente expresar su apoyo a Palestine Action. La organización Defend Our Juries, que organizó la manifestación del sábado, ha declarado que “la Policía Metropolitana está optando por realizar detenciones a pesar de que el Tribunal Superior declaró ilegal la prohibición del gobierno sobre el grupo, y de que destacados abogados advirtieron que cualquier detención sería ilegal”.

Massive Attack comenzará una gira este verano por Europa del 26 de mayo al 8 de junio, dando el primer paso en Helsinki, Finlandia, para a continuación actuar en Rättvik, Suecia; Copenhague, Dinamarca; Berlín, Alemania; y Bruselas, Bélgica. La banda británica de trip-hop se formó en Bristol en 1988 y, desde entonces, el grupo ha ido alterando hasta estar compuesto en 2025 únicamente por el propio Del Naja y Grant “Daddy G” Marshall.

Izquierda Unida Valdepeñas ha manifestado su “preocupación” por la escalada de tensiones internacionales, especialmente en Oriente Próximo, y ha advertido de sus “consecuencias directas” en la vida cotidiana de la ciudadanía, también a nivel local.

En una comparecencia pública, Elliot Castellanos, miembro de la coordinadora de IU Valdepeñas, ha subrayado que los conflictos geopolíticos “no son ecos lejanos”, sino realidades que terminan afectando a municipios como Valdepeñas. “Vivimos en un mundo donde la paz es un bien frágil que, cuando se rompe, nos acaba golpeando a todos”, ha señalado.

Desde Izquierda Unida han vinculado la actual escalada de tensión con “una herida abierta”, en referencia a la situación en, denunciando la vulneración del derecho internacional y reclamando una mayor implicación de la comunidad internacional. En este sentido, han apelado a la responsabilidad colectiva. “Como sociedad, tenemos la obligación moral de no mirar hacia otro lado”, recalcaba Castellanos.

La organización ha advertido del riesgo que supone la normalización de estos conflictos. En concreto, ha señalado que determinadas estrategias políticas “alimentan el negocio de la guerra y el autoritarismo”, generando un clima de inestabilidad global.

IU Valdepeñas ha querido destacar que esta situación tiene consecuencias directas en la ciudadanía, como el encarecimiento de la energía, el aumento del coste del combustible o la subida de los precios en la cesta de la compra, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y a la juventud.

Por ello, la formación ha reclamado el cese inmediato de las hostilidades y el respeto a la legalidad internacional. La comparecencia ha concluido con un llamamiento a la justicia, la solidaridad entre los pueblos y el rechazo a la guerra.

Donald Trump lleva amenazando desde hace varias semanas a Irán para que abra el paso al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, pero Irán no hace caso. Las amenazas de Trump han ido escalando en todo este tiempo hasta que el presidente norteamericano lanzó el último ultimátum posible: o Irán abría el estrecho de Ormuz en 48 horas, o “una civilización entera” sería destruida. Dos horas antes de que se cumpliera ese siniestro plazo, Trump anuncia que acepta la negociación de Pakistán como intermediario y establece un alto el fuego de 15 días.

Hay alivio, pero también hay gente diciendo… os lo dije… Trump siempre hace lo mismo. De hecho, al método le han puesto nombre: TACO, el acrónimo de Trump Always Chickens Out. Una forma de decir que Trump es un gallina o que siempre se acaba rajando. ¿Es así? ¿Es una nueva doctrina del shock? ¿Dónde está el límite? Lo analizamos con el director adjunto de Maldita.es Carlos Hernández-Echevarría, y analista de la actualidad en Estados Unidos.

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La Audiencia Nacional ha rechazado admitir la querella presentada por las asociaciones Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don't Fund Russian Army (DFRA) en la que acusaban a las filiales españolas de las compañías chinas Huawei, Hikvision y Dahua de un delito de colaboración con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la minoría uigur en la región autónoma china de Xinjiang. Este tribunal especial indica que, siguiendo el criterio de la Fiscalía, no es competente para conocer los hechos.

En el auto del magistrado Ismael Moreno, cuyo contenido ha podido consultar elDiario.es, se indica que en el presente caso la querella se apoyaba en el principio de jurisdicción universal y relataba que esas filiales operativas y con sede en España podrían haber intervenido en la canalización comercial y financiera de los sistemas tecnológicos empleados en la represión. Esos sistemas incluirían, por ejemplo, cámaras de reconocimiento racial.

El juez, parafraseando al fiscal, explica que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014 limitó de manera notable la persecución de los delitos cometidos en el extranjero y estableció determinados requisitos “que no se cumplen en el caso que nos ocupa”.

El juez resalta que el artículo 23.4 de esa ley exige que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. “Cabe señalar que los querellados (Huawei Technologies, Hikvision y Dahua Technology) no son personas físicas, sino personas jurídicas y, además, sociedades chinas, cuyo vínculo con el territorio español se establecería a través de sus filiales en España”, indica.

Destaca que esas filiales españolas “tendrían que haber tenido algún tipo de participación directa y autónoma respecto de su matriz en la comisión del delito denunciado (porque comparten responsabilidad automáticamente) lo cual no se desprende del escrito presentado”.

Como ejemplo, explica que la querella menciona el desarrollo de sistemas de reconocimiento racial, pero “ningún dato se ofrece de que la filial en España haya participado de uno y otro modo en el desarrollo de esos sistemas que habrían sido empleados en la zona de desarrollo humano de los uigures con los fines delictivos que se predican”.

Por otro lado, apunta que en el delito de lesa humanidad “no existe previsión legal de que pueda ser cometido por personas jurídicas”. Por tanto, concluye su auto señalando que “no existiendo posibilidad de responsabilidad penal de la persona jurídica en España, no puede ser de aplicación el principio de personalidad”.

Colaboración con el terrorismo

Frente a esta resolución, la representación legal de ambas asociaciones ha presentado un recurso directamente ante la Sala de lo Penal. En él, advierte de que el juez rechaza su querella por falta de competencia de los tribunales españoles en atención a las reglas de la jurisdicción universal y porque las filiales no comparten identidad con la matriz. Frente a esto, recuerda que en la querella se hizo valer la calificación jurídica de delito de colaboración con organización terrorista, y lamenta que este matiz haya sido ignorado por el magistrado en su resolución porque ese tipo penal sí que permite “la responsabilidad penal de las personas jurídicas” y otorga jurisdicción a los tribunales españoles.

Por otro lado, lamenta que la resolución inadmita la querella por esa desconexión que tendría la filial española de su matriz china. Para la representación legal de las asociaciones, esta es una “interpretación excesivamente formalista del principio de personalidad jurídica” que se dicta desconociendo “tanto la realidad económica subyacente como la doctrina jurisprudencial consolidada en torno a los grupos de sociedades y la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Destaca, así, que “la sociedad filial querellada constituye una entidad íntegramente participada por la sociedad matriz, careciendo de autonomía real en la toma de decisiones estratégicas y operativas, y actuando en la práctica como un mero vehículo instrumental para la proyección de la actividad de aquella en el territorio español”.

A esto, el letrado suma que las sociedades matrices de estas compañías disponen “de un auténtico domicilio operativo en España a través de la estructura organizativa y las dependencias de su filial”. “Ello determina que, a efectos materiales, la matriz cuente con presencia efectiva en territorio español, lo que legitima plenamente la dirección de la acción penal frente a la entidad que canaliza dicha actividad”, apuntala. Y por todo ello, solicita la admisión de la querella.

“Política de exterminio”

En la misma, a la que tuvo acceso elDiario.es y que fue elaborada por la representación legal de estas asociaciones que ejerce el despacho penalista Soriano i Piqueras, se sostiene que desde 2014 el Partido Comunista de China practicó “una política sistemática de exterminio en la denominada región autónoma de Xinjiang”, de la que es natural el pueblo uigur: una etnia de religión mayoritaria islámica, cuya lengua forma parte del grupo de lenguas túrquicas y se escribe en alfabeto árabe.

Relata que las operaciones para llevar a cabo este genocidio que se desarrollaron entre 2016 y 2021 supusieron “numerosos actos de asesinato, detención ilegal, esterilización forzada o aborto, todos ellos incardinables en las conductas propias de los delitos de lesa humanidad”. Y añade que tuvieron lugar sobre una región que constituye aproximadamente una sexta parte de la superficie del país y que antes de ser anexionada en el siglo XVIII mantenía una vinculación histórica y cultural mucho más cercana al mundo turco-iraní que a la propia China.

Según explican los querellantes, fue a finales de los ochenta cuando las manifestaciones multitudinarias en Xinjiang provocaron el temor del Gobierno chino a perder el control sobre la región y esto conllevó el endurecimiento del régimen sobre esa zona con medidas como ejecuciones arbitrarias de disidentes, destrucción de mezquitas, adoctrinamiento forzado, o inmigración masiva de la etnia mayoritaria 'han', entre otras.

Además, siempre según la querella, el Ejecutivo chino “utilizó el contexto internacional de lucha contra el terrorismo tras el 11-S para justificar la intensificación de la represión contra el pueblo uigur”.

Alegaron, así, supuestos vínculos de sectores de la oposición uigur con redes islamistas de Asia Central, y se calificó a las revueltas uigures como actos terroristas. Y, bajo el pretexto de una supuesta radicalización de determinados movimientos nacionalistas, Pekín instauró desde 2014 una política destinada a ejercer un control sin precedentes sobre el pueblo uigur.

“Dicho programa se encuentra enmascarado bajo expresiones oficiales tales como estabilidad social, lucha contra el terrorismo islamista, reeducación o reducción de la pobreza, si bien los objetivos efectivos de tales medidas son de muy distinta naturaleza”, lamentan las dos asociaciones, que añaden en su escrito que se buscó limitar el crecimiento demográfico uigur con medidas para controlar la natalidad y llevando a cabo esterilizaciones forzadas de mujeres.

“En 2018, el 80% de los dispositivos intrauterinos (DIU) colocados en China se concentraron en Xinjiang. Entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento poblacional descendió un 84% en las dos principales prefecturas uigures”, recuerdan.

Nuevas tecnologías

Por otro lado, la querella explica que la utilización de nuevas tecnologías permitió a China “ampliar de forma exponencial el alcance de esta represión, creando una base de datos denominada 'Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas', que reúne ingentes cantidades de información sobre cada individuo”. Y apunta que la misma “se halla vinculada a una de las redes de videovigilancia más densas del planeta, instalada en las principales ciudades de Xinjiang”.

En este sentido, los querellantes indican que las compañías Hikvision y Dahua dominan el mercado mundial de la videovigilancia, mientras que la empresa Huawei “ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de las telecomunicaciones”. Las tres, recuerdan, “obtienen una parte sustancial de su facturación de su colaboración con el régimen chino”.

En el caso de Huawei, la querella destaca, además que “coopera directamente con la policía de Xinjiang en proyectos de seguridad pública, participando en el desarrollo del sistema regional de vigilancia policial”. Y suman a esto que las tres “habrían desarrollado programas de reconocimiento étnico, destinados a las autoridades”. “Estos sistemas permitirían alertar a la policía local en caso de detectar la presencia de individuos identificados como uigures o tibetanos, entre otros”, concluye.

Las violencias del genocidio han atravesado las vidas de palestinos y palestinas de manera desgarradora. En el caso de las mujeres y las niñas palestinas, en particular, experiencias como la menstruación, el embarazo o el parto se han convertido en una auténtica pesadilla. Miles de mujeres palestinas se han visto forzadas a parir en condiciones extremas, sin acceso a cuidado pre o postnatal, en un escenario de devastación y falta de los insumos más básicos.

Todos los datos que dibujan la realidad de la salud sexual y reproductiva de las palestinas en tiempos de genocidio resultan abrumadores: aumento de los abortos espontáneos en hasta un 300%, casos de cesáreas sin anestesia o post mortem, incremento en las tasas de mortalidad en el parto de mujeres y sus bebés por condiciones prevenibles –como preeclampsia o diabetes–, histerectomías (intervenciones quirúrgicas para la extracción del útero) por falta de acceso a medicamentos para tratar infecciones, desnutrición, deshidratación y anemia que, entre otras cosas, impiden la lactancia.

A esto se suman las consecuencias derivadas de la falta de acceso a agua y a productos de higiene básicos –incluyendo los de higiene menstrual– en un contexto de bloqueo, desplazamientos sucesivos, hacinamiento y precariedad. Mujeres y adolescentes palestinas se han visto obligadas a improvisar compresas de ropa o con tela de tiendas, exponiéndose a un sinnúmero de enfermedades. “A veces necesito compresas y jabón mucho más de lo que necesito comida”, resumía una joven gazatí.

'Reprocidio'

Estos impactos no han sido una consecuencia más de la ofensiva israelí, ni un daño colateral. Investigaciones de expertos de Naciones Unidas, entidades feministas y académicas palestinas y, más recientemente, también ONG israelíes han denunciado la utilización sistemática y deliberada de la violencia reproductiva en el marco del genocidio. Una violencia que se caracteriza por afectar la capacidad de reproducción física y social de la población palestina. Para enfatizar el uso de este tipo de violencia se ha recurrido al término de “genocidio reproductivo” o al concepto “reprocidio”, como plantea la académica gazatí Hala Shoman, subrayando que lo que hay detrás es una estrategia deliberada para eliminar el presente y el futuro de una comunidad, a través de violencia directa y estructural, con efectos inmediatos y a largo plazo.

“Mientras el genocidio extingue las vidas de las personas que existen, el ‘reprocidio’ se asegura de que muchas vidas potenciales no existan nunca”, subraya Shoman. Esta violencia conecta así con las políticas y lógicas de la colonización, ocupación y apartheid impuestos por Israel en Palestina. La violencia reproductiva observada en Gaza se entiende así como una continuación e intensificación de las políticas del colonialismo de asentamiento israelí en su batalla demográfica contra la población palestina.

Aunque la magnitud de esta violencia es inédita en el marco del genocidio, no se trata de una violencia nueva en el contexto palestino, tiene precedentes históricos y tampoco se ha limitado a Gaza. Ejemplo de ello son los impactos del sistema de segregación, control y restricciones de movimiento impuestos por Israel en Cisjordania, que afectan de manera especial a la salud física y mental de las mujeres embarazadas, en especial a medida que se acerca la fecha del parto; o las estrategias de vigilancia de las tasas de natalidad de la población palestina que tiene ciudadanía israelí.

Desde un prisma de justicia reproductiva, se ha insistido también en que las políticas israelíes no solo han comprometido las posibilidades de la población palestina de procrear, sino también las opciones de decidir no tener hijos –por ejemplo, por la falta de anticonceptivos– y las posibilidades de una crianza en un entorno seguro y digno

En el contexto de genocidio en Gaza se han documentado ataques a infraestructuras sanitarias que han afectado a centros de salud materno-infantil y han comprometido el acceso a atención de salud sexual y reproductiva que necesitan más de medio millón de mujeres y niñas palestinas en edad fértil. A pesar de la reducción relativa de la violencia desde el alto el fuego de octubre de 2025, OCHA advertía este mes de la precaria situación que continuaban afrontando decenas de miles de mujeres embarazadas de la Franja.

Las crecientes restricciones impuestas por Israel al trabajo de organizaciones humanitarias en Gaza amenaza la labor de entidades como Médicos Sin Fronteras, que viene desarrollando un papel clave, en especial en la asistencia a los partos en la Franja.

Las reflexiones en torno a la violencia reproductiva han puesto el foco en el ataque israelí que en diciembre de 2023 afectó al principal centro de fertilidad asistida de Gaza. Más de 4.000 embriones –la última oportunidad para concebir para muchas familias– fueron destruidos en el bombardeo contra la clínica Al Basma, un episodio que ha reforzado las acusaciones contra Israel por “imponer medidas tendientes a prevenir los nacimientos de un grupo”, uno de los cinco crímenes contemplados en la Convención contra el Genocidio.

Desde un prisma de justicia reproductiva, se ha insistido también en que las políticas israelíes no solo han comprometido las posibilidades de la población palestina de procrear, sino también las opciones de decidir no tener hijos –por ejemplo, por la falta de anticonceptivos– y las posibilidades de una crianza en un entorno seguro y digno.

La campaña israelí ha arrasado con recursos vitales para sostener la vida y ha expuesto a la población a una lucha diaria por la supervivencia. Los duelos inconclusos, la incertidumbre diaria sobre si podrán proteger o alimentar a sus hijos e hijas y la frustración por la incapacidad de ofrecerles un horizonte de seguridad y esperanza, la carga de cuidados –incluyendo miles de niños y niñas mutilados–explican en parte los cuadros de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, en una población palestina afectada por un trauma duradero, repetitivo, colectivo y transgeneracional.

Fracturar y subyugar

Los retos parecen difíciles de dimensionar cuando las heridas son tan profundas, cuando se estima que la práctica totalidad de los niños y niñas de Gaza requiere atención psicológica, cuando la infancia palestina implica vivir con una sensación de muerte inminente.

El marco de la violencia reproductiva también obliga a atender las consecuencias físicas y psicológicas, a corto y medio plazo, de la violencia sexual. Su uso también ha sido documentado y denunciado en el marco del genocidio, entre otras voces por una comisión internacional de investigación independiente de la ONU, que ha alertado sobre su incremento e intencionalidad: fracturar y subyugar al conjunto de la población palestina.

Hay evidencias que indican que la violencia sexual se ha ejercido con el aliento implícito o explícito de autoridades civiles y militares israelíes

La violencia sexual y de género ha sido utilizada como forma de castigo e intimidación colectiva y ha afectado en particular a prisioneras y prisioneros palestinos, objeto de abusos y violaciones registrados en vídeos y fotografías difundidos en redes sociales. La violencia sexual como mecanismo de tortura también ha sido denunciada en el último informe de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien ha exigido responsabilidades a altos cargos del Gobierno israelí.

Hay evidencias que indican que la violencia sexual se ha ejercido con el aliento implícito o explícito de autoridades civiles y militares israelíes. Las fuerzas israelíes también han explotado los códigos de género con el propósito de humillar a las mujeres y adolescentes palestinas durante sus incursiones y registros, por ejemplo, obligándolas a exponerse en ropa interior frente a su comunidad a sabiendas de que, por el contexto social y religioso, estas prácticas son especialmente degradantes para las mujeres; y conscientes, también, de que muchas palestinas serán reacias a denunciar abusos de carácter sexual por vergüenza, temor a respuestas negativas o a ser culpabilizadas.

Desde una mirada de género también cabe atender otras violencias invisibilizadas en el contexto de genocidio. Entre ellas, el aún infradocumentado incremento de los matrimonios de menores palestinas –principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania–. Organizaciones feministas palestinas que vienen trabajando desde hace años en tareas de sensibilización e incidencia para erradicar esta práctica de la sociedad palestina han alertado sobre el aumento de los matrimonios precoces como una estrategia negativa de afrontamiento y que responde, en parte, a la preocupación por cuestiones de “honor”. Las dificultades económicas, el hacinamiento y la convivencia de jóvenes de ambos sexos en espacios reducidos y las complejas perspectivas de educación –en parte por la masiva destrucción de escuelas y universidades y el uso de instalaciones educativas como refugio, en el caso de Gaza– han aumentado las presiones sociales para que menores palestinas contraigan matrimonio antes de los 18 años.

En un escenario de supervivencia, a muchas niñas palestinas se les presenta esta opción como una vía para conseguir seguridad y estabilidad. Muchas adolescentes palestinas se asoman con pavor a esta posibilidad ante los riesgos asociados a embarazos tempranos y las reticencias a abandonar sus proyectos y aspiraciones. Otra forma más de violencia que trunca futuros y mina los cuerpos de las mujeres y las niñas palestinas. Violencias que no pueden ni deben ser silenciadas ni normalizadas.

Pamela Urrutia Arestizábal es investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Decenas de exembajadores y altos funcionarios israelíes han firmado una carta pública para pedir al Gobierno de Israel el fin de la “violencia contra los residentes palestinos de Cisjordania”, así como el castigo a “los autores de estos actos atroces”.

El grupo de firmantes, formado por 93 excónsules, exembajadores y altos funcionarios del Servicio Exterior, considera que “esta violencia intolerable, que se ha intensificado al amparo de la guerra, es diametralmente contraria a cualquier valor de gobernanza y moralidad y constituye una violación flagrante del derecho internacional y del derecho israelí”.

También critican “la participación, en ocasiones, de soldados uniformados y el uso de equipamiento suministrado por el Estado” y alertan de “la continua erosión de la reputación global de Israel, las consecuencias de esta violencia para las relaciones exteriores de Israel y el daño que está causando a nuestro país”.

“La ausencia de una respuesta adecuada por parte de los dirigentes solo puede interpretarse como un apoyo tácito”, sostienen, por lo que instan al Gobierno israelí “a erradicar sin demora este fenómeno vergonzoso”.

Los habitantes de la región palestina, ocupada por Israel desde 1967, sufren constantes ataques a sus propiedades y contra su integridad física por parte de los colonos israelíes ilegalmente establecidos allí, pero también por parte de la Policía y el Ejército israelíes. Además, el Gobierno de Netanyahu aprobó el pasado febrero varias medidas en una semana que llevan a la anexión de facto del territorio palestino ocupado, en medio de las críticas y la impotencia de la Autoridad Palestina.

A continuación reproducimos la carta completa:

Nosotros, los abajo firmantes, antiguos embajadores y altos funcionarios del Servicio Exterior, instamos al Gobierno de Israel a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin de inmediato a los actos de violencia contra los residentes palestinos de Cisjordania, y a que emprenda acciones urgentes y decididas contra los autores de estos actos atroces.

Esta violencia intolerable, que se ha intensificado al amparo de la guerra, es diametralmente contraria a cualquier valor de gobernanza y moralidad y constituye una violación flagrante del derecho internacional y del derecho israelí. La ausencia de una respuesta adecuada por parte de los dirigentes solo puede interpretarse como un apoyo tácito.

La participación, en ocasiones, de soldados uniformados y el uso de equipamiento suministrado por el Estado refuerzan este sentimiento. Como funcionarios que hemos dedicado nuestras vidas a defender al Estado en la escena internacional, nos alarma la continua erosión de la reputación global de Israel, las consecuencias de esta violencia para las relaciones exteriores de Israel y el daño que está causando a nuestro país, en el que el Estado de derecho y la centralidad de nuestros valores morales deben ser primordiales.

Sin menoscabar en modo alguno el derecho y el deber de las FDI de combatir el terrorismo palestino, exigimos que el Gobierno de Israel, desde el primer ministro y los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa en adelante, condene rotundamente estos actos criminales y el daño causado a civiles inocentes, y les instamos a erradicar sin demora este fenómeno vergonzoso.

La Asociación de Prensa Extranjera denuncia el arresto y el ataque de soldados israelíes a un equipo de CNN en Cisjordania

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA) emitió este sábado una queja formal tras el arresto y la agresión de soldados israelíes contra un equipo de periodistas de la CNN, que documentaba en Cisjordania ocupada las consecuencias de un ataque de colonos y el establecimiento de un asentamiento ilegal.

Los soldados intentaron repetidamente obstaculizar el derecho del equipo de CNN a trabajar, ordenándoles que dejaran de filmar y amenazando con confiscar la cámara. Posteriormente, un soldado se acercó al fotoperiodista de CNN por detrás, lo estranguló, lo arrojó al suelo y dañó su cámara“, denuncia la FPA en una interacción que quedó grabada en cámara.

El ataque tuvo lugar el jueves 26 de marzo, cerca de la aldea palestina de Tayasir en Cisjordania ocupada, donde colono habían dado un día antes una brutal paliza a un anciano palestino, hiriendo a un total de cuatro personas.

Según la denuncia, mientras los periodistas realizaban entrevistas, los soldados israelíes “atacaron agresivamente al equipo y a los civiles palestinos presentes, apuntándoles con sus rifles”, pese a que los periodistas se habían identificado claramente.

El equipo y otros palestinos presentes fueron detenidos durante aproximadamente dos horas, durante las que algunos de los soldados presentes afirmaron que “la tierra” era suya, en referencia a Cisjordania ocupada. “Y no solo de los soldados, de los judíos”, afirma un soldado cuando cree que las cámaras no le están grabando.

“No se trató de un malentendido. Tampoco era la primera vez que soldados maltrataban a periodistas en Cisjordania. Fue un ataque violento contra periodistas claramente identificados y un atentado directo contra la libertad de prensa”, denuncia la FPA.

En la confluencia de las calles Molino de Viento y Agua Dulce de Las Palmas de Gran Canaria, se erige como una ventana el mural Por Palestina, que se inaugura oficialmente este martes, 24 de marzo, a las 11:00 horas, con un reconocimiento institucional, al tiempo que se presentará el resultado final de esta obra participativa.

En el acto estarán presentes el consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, y el concejal de Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, así como representantes de distintos colectivos sociales como la Asociación Cultural Fuera de la Portada o la Asociación de Vecinos de Pamochamoso.

La obra, impulsada por la Asociación de la Comunidad Palestina en Canarias con financiación del Cabildo insular, tiene como objetivo visibilizar la causa palestina y reivindicar los derechos humanos del pueblo palestino a través del arte urbano.

El mural ha sido concebido como un proyecto educativo y colaborativo en el que ha participado alumnado de varios centros de la isla, especialmente de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. Bajo la dirección de la docente Marta Delgado y el profesorado del centro, el estudiantado del ciclo de Asistencia al Producto Gráfico Impreso se implicó tanto en el diseño como en la ejecución de la obra, junto a los pintores Fátima Suleiman Afonso y Juan Carlos Bascones Márquez.

Desde la organización se destaca la importancia de este tipo de acciones artísticas como herramienta para la formación en valores fundamentales, fomentando la concienciación social en torno a los derechos humanos, en línea con los distintos pronunciamientos de organismos internacionales. 

Recuerdan en un comunicado que la realización del mural ha sido posible tras la tramitación de los permisos correspondientes con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la financiación del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Solidaridad Internacional.

Global Sumud Canarias convoca el próximo miércoles 18 de marzo, a las 18.00 horas, un encuentro en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria, en La Laguna, para presentar la nueva misión de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza prevista para la primavera de 2026.

Bajo el lema “Zarpamos de nuevo para romper el bloqueo”, el acto reunirá al activista palestino Saif Abukeshek y a Dafne M. Tabraue, representante de la Comunidad Palestina en Canarias, para abordar la situación actual en Gaza y los preparativos de la Spring Mission 2026 de la flotilla.

Durante el encuentro se explicará el papel de la Global Sumud Flotilla Spring Mission 2026, que zarpará el 12 de abril con más de 100 barcos y más de 3.000 participantes de más de 100 países, entre ellos una flota médica especializada con más de 1.000 profesionales sanitarios y el barco de la organización Open Arms, con el objetivo declarado de contribuir a romper el bloqueo sobre Gaza y apoyar su reconstrucción. También se profundizará en la configuración de Global Sumud como evolución del movimiento Global March to Gaza, que agrupa delegaciones de decenas de países en una estructura internacional de solidaridad con los pueblos sometidos a ocupación y violencia.

Llamamiento a la solidaridad

Laura Pérez Conde, integrante del equipo de tierra de Global Sumud, explica a este periódico que esta estructura surge de la evolución del Global March to Gaza -la marcha iniciada en 2025 en la que ella quiso participar caminando, marcha que no se pudo realizar porque el gobierno egipcio frenó y detuvo a los participantes-. Su rol se centra en la organización logística y de movilización desde tierra, asegurando que las misiones de los barcos transcurran sin incidencias hasta su partida.

Pérez Conde explica que la lista definitiva de participantes se cerrará el 20 de marzo, por lo que desde Canarias aún no hay nombres confirmados para embarcarse.

Global Sumud Canarias subraya que, en el contexto de la actual ofensiva y del prolongado asedio a la Franja, este tipo de iniciativas buscan mantener el foco público sobre el genocidio contra el pueblo palestino y reivindicar la necesidad de no mirar hacia otro lado. La organización invita a la ciudadanía a asistir al acto y a seguir la información y las próximas acciones a través de su cuenta de Instagram.

Un grafitero sionista ha viajado recientemente a Barcelona para tapar murales contra el genocidio de Palestina, entre ellos uno del conocido muralista catalán Roc BlackBlock. El autor de las pintadas, el israelí Dudi Shoval, difundió en las redes sociales su acción en el barrio de El Clot, que consistió en eliminar una obra crítica con Benjamin Netanyahu, para luego dibujar al primer ministro de Israel con una corona y el mensaje de “Viva Israel”. 

El mural original, realizado por Roc BlackBlock a principios de junio, mostraba el rostro de Netanyahu manchado de sangre y con la palabra “criminal” escrita en la frente. Shoval, el grafitero sionista, pintó encima lo que el propio BlackBlock define a elDiario.es como “una versión sionista del mural”: el retrato del primer ministro con una corona monárquica acompañado del lema “Viva Israel”.

Durante la acción de Shoval, llevada a cabo el pasado mes de diciembre, los vecinos le empezaron a gritar y a reclamar que se marchara del barrio, según ha explicado BlackBlock a elDiario.es. Minutos después de que terminara de pintar el muro, otras personas lo cubrieron el nuevo con mensajes como “asesino” o “genocida”. Pero día siguiente, el artista israelí volvió al mismo lugar y realizó otro dibujo, esta vez con un candelabro judío, que también fue tapado por vecinos del barrio pocas horas después.

“La respuesta en contra de la pintada fue algo transversal, no fue solo cosa de activistas”, ha defendido este lunes BlackBlock. “Se marchó de Barcelona sabiendo que, aunque se gasten recursos intentando blanquear crímenes sionistas, no nos los tragaremos ni son bienvenidos”, escribió el artista catalán en una publicación en Instagram este domingo.

Días después de cubrir en dos ocasiones el mural de El Clot, Shoval también intervino otra obra del artista Juan Kantor en la que aparecía una joven palestina. Por ello, BlackBlock asegura que el episodio “va más allá de una pelea entre grafiteros”.

El muralista sionista permaneció en Barcelona apenas tres días y, según explicó él mismo en sus redes sociales, viajó a la capital catalana con el objetivo de cubrir esos grafitis. “Vinimos a Barcelona para luchar cara a cara contra la maldad. Por eso nos dirigimos a los barrios donde hay más musulmanes y odio”, explica en un vídeo publicado en Instagram tras realizar las pintadas.

Después de que su retrato fuera cubierto por los vecinos con consignas como “Palestina libre”, Shoval calificó lo sucedido de “grave” en sus redes sociales. “Quizás, y con la ayuda de Dios, esto haga que las comunidades judías en el extranjero dejen de vivir con miedo”, añadió en el texto de la publicación, donde además denunció haber sido agredido por algunos de ellos junto a sus acompañantes.

BlackBlock repintó su mural entre enero y febrero, aunque no lo hizo público hasta esta semana. La obra permanece intacta desde entonces, al igual que había ocurrido durante meses antes de la intervención del grafitero israelí. “Hace años que existe un gran respeto entre los distintos grafiteros. El dibujo se había mantenido intacto hasta que vino él”, explica el muralista catalán. “Es por ello, que respondemos en los muros de nuestros barrios y también en las redes sociales”, ha añadido en su publicación de Instagram.

En septiembre de 2022 la ONU concluyó, tras realizar una investigación independiente, que China pudo cometer crímenes de lesa humanidad contra la minoría uigur al desarrollar políticas que provocaron detenciones arbitrarias masivas. En ese marco, asociaciones internacionales como el Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don't Fund Russian Army (DFRA) presentaron a finales de 2025 una querella ante la Audiencia Nacional en la que acusaban a las filiales españolas de las compañías chinas Huawei, Hikvision y Dahua de un delito de colaboración con una organización terrorista en relación con un delito de lesa humanidad. ¿La razón? Haber contribuido presuntamente a “la canalización comercial y financiera de esos sistemas tecnológicos empleados en la represión”.

Pero ese primer intento ha sido recientemente rechazado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que informó en contra de la admisión de esa querella al entender que ese tribunal especial no era competente porque si bien la jurisdicción universal permite a España investigar delitos internacionales graves, la reforma de 2014 limita la persecución de ese tipo de delitos.

El Ministerio Público explicaba que la querella no daba pruebas de la participación de esas filiales en el delito denunciado y que, además, la legislación no contempla que los delitos de lesa humanidad puedan ser cometidos por personas jurídicas —empresas—. A esto sumaba que también debía decaer porque era necesario el requisito de doble incriminación, que los hechos denunciados sean delito tanto en el país de origen (China) como en el que se presenta la querella, dado que ese país no considera el delito de lesa humanidad como figura punible en su ordenamiento interno.

Pero ahora la representación legal de las dos asociaciones valora, según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, una ampliación de la querella que pueda combatir la tesis del fiscal. Recuerdan que lo que denuncian es que esas compañías participaron en el “desarrollo, suministro y despliegue de sistemas tecnológicos de vigilancia masiva y reconocimiento biométrico” en el marco de un sistema de represión y que, precisamente, lo que solicitan es que se investigue en España el grado de intervención de esas sociedades en la comercialización, financiación o soporte técnico de esos sistemas.

Así, lamentan que desde la Fiscalía se anticipe una “inexistencia” de participación de las filiales españolas sin practicar diligencia alguna y obviando la existencia de indicios suficientemente racionales de criminalidad. Y añade que la propia argumentación del fiscal del caso reconoce que el derecho internacional admite formas de participación accesoria en la comisión de crímenes internacionales, siendo una la de la colaboración mediante el suministro de medios para la comisión del delito.

La querella

En la querella, a la que tuvo acceso elDiario.es y que fue elaborada por la representación legal de estas asociaciones que ejerce el despacho penalista Soriano i Piqueras, se sostiene que desde 2014 el Partido Comunista de China practicó “una política sistemática de exterminio en la denominada región autónoma de Xinjiang”, de la que es natural el pueblo uigur: una etnia de religión mayoritaria islámica y cuya lengua forma parte del grupo de lenguas túrquicas y se escribe en alfabeto árabe.

Relata que las operaciones para llevar a cabo este genocidio se desarrollaron entre 2016 y 2021 y supusieron “numerosos actos de asesinato, detención ilegal, esterilización forzada o aborto, todos ellos incardinables en las conductas propias de los delitos de lesa humanidad”. Y que tuvieron lugar sobre una región que constituye aproximadamente una sexta parte de la superficie del país y que antes de ser anexionada en el siglo XVIII mantenía una vinculación histórica y cultural mucho más cercana al mundo turco-iraní que a la propia China.

Según explican los querellantes, fue a finales de los ochenta cuando las manifestaciones multitudinarias en Xinjiang provocaron el temor del Gobierno chino a perder el control sobre la región y esto conllevó el endurecimiento del régimen sobre esa zona con medidas como ejecuciones arbitrarias de disidentes, destrucción de mezquitas, adoctrinamiento forzado, inmigración masiva de la etnia mayoritaria 'han', entre otras.

Además, siempre según la querella, el Ejecutivo chino “utilizó el contexto internacional de lucha contra el terrorismo tras el 11-S para justificar la intensificación de la represión contra el pueblo uigur”. Alegaron, así, supuestos vínculos de sectores de la oposición uigur con redes islamistas de Asia Central, y se calificó a las revueltas uigures como actos terroristas. Y, bajo el pretexto de una supuesta radicalización de determinados movimientos nacionalistas, Pekín instauró desde 2014 una política destinada a ejercer un control sin precedentes sobre el pueblo uigur.

“Dicho programa se encuentra enmascarado bajo expresiones oficiales tales como estabilidad social, lucha contra el terrorismo islamista, reeducación o reducción de la pobreza, si bien los objetivos efectivos de tales medidas son de muy distinta naturaleza”, lamentan las dos asociaciones, que añaden en su escrito que se buscó limitar el crecimiento demográfico uigur con medidas para controlar la natalidad y llevando a cabo esterilizaciones forzadas de mujeres. “En 2018, el 80% de los dispositivos intrauterinos (DIU) colocados en China se concentraron en Xinjiang. Entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento poblacional descendió un 84% en las dos principales prefecturas uigures”, recuerdan.

Nuevas tecnologías

Por otro lado, esa querella explica que la utilización de nuevas tecnologías permitió a China “ampliar de forma exponencial el alcance de esta represión, creando una base de datos denominada 'Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas', que reúne ingentes cantidades de información sobre cada individuo”. Y apunta que la misma “se halla vinculada a una de las redes de videovigilancia más densas del planeta, instalada en las principales ciudades de Xinjiang”.

En este sentido, los querellantes indican que las compañías Hikvision y Dahua dominan el mercado mundial de la videovigilancia, mientras que la empresa Huawei “ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de las telecomunicaciones”. Las tres, recuerdan, “obtienen una parte sustancial de su facturación de su colaboración con el régimen chino”.

En el caso de Huawei, la querella destaca, además que “coopera directamente con la policía de Xinjiang en proyectos de seguridad pública, participando en el desarrollo del sistema regional de vigilancia policial”. Y suman a esto que las tres “habrían desarrollado programas de reconocimiento étnico, destinados a las autoridades”. “Estos sistemas permitirían alertar a la policía local en caso de detectar la presencia de individuos identificados como uigures o tibetanos, entre otros”, concluye.

Consultados por esta querella, desde Huawei de momento rehúsan hacer comentarios al respecto a la espera de recibir algún tipo de notificación.

En julio de 2025, el Ministerio Público avalaba la apertura de unas diligencias previas en la Audiencia Nacional para investigar a la metalúrgica vasca Sidenor por haber vendido acero a una empresa clave para la industria armamentística israelí a pesar de ser un negocio no autorizado por el Gobierno español. Pero esa comunión entre la fiscal del caso, Manuela Fernández, y el magistrado instructor, Francisco de Jorge, ha durado poco. De hecho, la posición actual de ambos podría calificarse de enfrentada.

La tensión ha llegado a tal punto que en informes recientes del Ministerio Fiscal se solicita que sea la Sala de lo Penal directamente quien enmiende la plana al juez en, al menos, dos resoluciones: no está de acuerdo ni con el registro practicado en la sede de la metalúrgica vasca el pasado 10 de febrero, ni con la citación del médico palestino cuyo testimonio sobre cómo sufrió en primera persona el ataque de Israel sobre Gaza fue suficiente para que se aceptara su personación como acusación particular en la causa.

Quizá por lo crítico que puede ser para la investigación, el informe más relevante es el referido al registro que se produjo de las instalaciones de la metalúrgica en Basauri el pasado 10 de febrero. La fiscal afeaba en él que De Jorge hubiera dado luz verde a esa diligencia sin esperar siquiera a que fuera firme el auto por el que la acordaba y habiéndole notificado esa entrada “ni veinticuatro horas antes de su realización”.

Y es que Manuela Fernández no considera que se deba imputar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a los otros dos directivos el delito de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, por lo que circunscribiría el asunto a un delito de contrabando. Con esa reformulación, entiende que el registro sobraba por “inadecuado y desproporcionado” dado que habría sido suficiente con requerir a la compañía toda la documentación referida al pedido tramitado por su delegación en Londres con Israel Military Industries (IMI).

“Sin apoyatura legal”

De hecho, la fiscal iba más allá y subrayaba que “toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal alguna que la permita”, lo que se traduce en una “absoluta nulidad de todo lo practicado referido al delito de genocidio” porque el artículo 23.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que solo es perseguible en España “previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”. Y recordaba que la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa sólo es acusación popular.

En paralelo, a esa batalla por la entrada y registro de la compañía se sumaba un nuevo frente entre el juez y la fiscal: la comparecencia de Refaat Alathamna, el médico gazatí que solicitó personarse en el caso como acusación particular. La Fiscalía trató de evitar por todos los medios su testimonio y acabó elevando también el asunto a la Sala de lo Penal el pasado 6 de febrero.

Para el Ministerio Público el médico no puede tener el estatus de perjudicado o víctima directa del delito de genocidio a pesar de su relato sobre el asedio israelí de la Franja de Gaza y lo que supuso para él y su familia. “Ni puede ni debe servir para darle condición de perjudicado, pues entraríamos en el escenario de la desproporción más absoluta, si esa simple mención fuera suficiente para darle la condición de perjudicado en un delito de genocidio que se atribuye a los tres investigados (…). No ha sido sujeto pasivo de la acción delictiva, no puede ser acusación particular”, explicaba.

La realidad es otra. En un auto conocido esta misma semana, el juez acordaba tenerle por personado en la causa como acusación particular al entender que, tras escuchar su testimonio, “ha quedado suficientemente acreditada su condición de víctima directa de las acciones del ejército de Israel en Gaza”.

Ahora, tanto el juez como la fiscal deberán esperar a que sea la Sala de lo Penal quien tome postura y fije el criterio en esta pelea jurídica. La causa podrá seguir adelante porque la interposición de recurso de apelación no paraliza la investigación, aunque sí supone ponerle palos en la rueda a la instrucción del magistrado.

“No hay genocidio sin propaganda”. Así lo exponen los dos militantes de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya encausados por tirar pintura roja a Pilar Rahola en 2024 en la denuncia que han presentado ante la Fiscalía contra la periodista y escritora por los delitos de incitación al odio y complicidad con el genocidio.

La denuncia pide a la Fiscalía abrir una investigación a la periodista como participante de un “engranaje de la barbarie”, en el que, recalcan, “el papel del propagandista no es anecdótico ni estructural”, ya que “construye el marco social que hace posible la ejecución del crimen y la impunidad de sus autores”.

Según los denunciantes, Rahola “ha negado, banalizado y justificado públicamente la comisión del delito de genocidio por parte de Israel contra la población palestina”, con el objetivo de “generar un marco mediático de hostilidad e incitación al odio contra la comunidad palestina a través de su deshumanización”.

La denuncia recoge declaraciones de Rahola en medios de comunicación y distintas intervenciones públicas en las que, según los denunciantes, la escritora “no se limita a negar, banalizar o justificar las atrocidades del ejército de Israel”, sino que opera “como altavoz del sionismo”.

Los dos jóvenes denunciantes están investigados por la acción que llevaron a cabo contra Rahola el 8 de octubre de 2024. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que pudo celebrarse después del ataque una vez Rahola se limpió de pintura roja.

“Sé lo que es el fascismo. Mi familia sufrió la violencia del fascismo de derechas y de izquierdas. No me callarán nunca. Soy una ciudadana libre de un país libre”, manifestó la periodista en X después de los hechos.

En su declaración ante los Mossos semanas después, Rahola atribuyó el lanzamiento de pintura a una “señalización y odio” hacia su persona. Consideró que la OJS la escogió “por el hecho de ser una de las grandes referentes de la defensa del Estado de Israel, por el hecho de hablar de forma abierta sobre el conflicto Israel-Palestina e intentar un análisis más complejo del conflicto”.

La escritora agregó que el eco mediático de la acción la situó “bajo una diana en redes sociales”, donde se la tildó de “asesina” y se la amenazó con tuits, no identificados en el informe policial, como “la pintura tendría que haber sido explosiva”.

En el sumario del caso consta un informe en el que los Mossos admiten que no han hallado “referencias de relación con grupos extremistas violentos” de los dos investigados. “No constan datos objetivos de polarización o motivaciones de odio o discriminatorias en los dos investigados”, recoge el documento policial.

La Berlinale ha estado marcada, de nuevo, por el genocidio en Palestina. La negativa del certamen a condenarlo desde hace tres años y las palabras del presidente del jurado, Wim Wenders, asegurando el primer día de festival que el cine debe “mantenerse al margen de la política”, encendió de nuevo un fuego que se ha extendido hasta su clausura. Por el camino, cancelaciones de visitas por este motivo, cartas de cineastas y actores quejándose de la actitud de la Berlinale y una edición sepultada por la polémica y la tensión que ha coronado al director alemán de origen turco Ilker Çatac con el Oso de Oro por Yellow Letters.

Una decisión irónica la del jurado, ya que la película plantea precisamente el debate sobre mojarse políticamente o no y sus consecuencias en un mundo donde los totalitarismos campan a sus anchas. Çatac plantea una Alemania que es un trampantojo de Turquía y cuenta cómo la decisión sobre hasta dónde posicionarse contra el gobierno puede ser una fractura en una familia de artistas. Es curioso que si el cine debe mantenerse alejado de la política se haya premiado a un filme que hace radicalmente lo contrario. 

Eso sí, el cineasta no quiso mojarse al recoger el premio. Dijo que había escrito un discurso político, pero que mejor se lo dedicaba a los “héroes” que habían hecho posible la película. Su productor abogó por rebajar la tensión diciendo que los cineastas no deben luchar entre ellos, porque “la amenaza está fuera, es la derecha que llega al poder”. “Luchemos contra ellos, no contra nosotros”, zanjó. Poco antes, Wim Wenders había continuado su mensaje del primer día defendiendo “el lenguaje del cine” frente al de las redes sociales. 

La tensión que se notó en la clausura estuvo desde el primer minuto, cuando la presidenta del festival reconoció que había sido un año complicado, pero que las críticas “significan que lo que hacemos le importa a la gente”.“Respetamos a quienes se pronuncian, porque a veces hace falta mucho valor para hacerlo. No siempre estamos de acuerdo con cada afirmación que se hace sobre nosotros. Pero de lo que estoy realmente, realmente orgullosa es de que, durante estos diez días, el Festival Internacional de Cine de Berlín ha seguido siendo lo que se propuso ser: un lugar donde la gente se reúne en público y donde todos son bienvenidos, más allá de sus diferencias”, añadió.

Tras sus palabras, varios de los premiados (no en la Sección Oficial) si aprovecharon para mostrar su rechazo a la posición oficial de la Berlinale y de su jurado. Marie-Rose Osta, que logró el premio al mejor cortometraje por un trabajo en donde plantea una fábula sobre dos niños palestinos con poderes para derribar aviones israelís. “En realidad, los niños de Gaza, de toda Palestina y de mi Líbano no tienen superpoderes que los protejan de las bombas israelíes. Ningún niño debería necesitar superpoderes para sobrevivir a un genocidio potenciado por el derecho de veto y el colapso del derecho internacional”, dijo al recoger su galardón.

El momento más tenso fue cuando el cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, que ganó el premio a la mejor Ópera Prima por Chronicles From the Siege acusó al Gobierno alemán de ser “cómplice del genocidio por parte de Israel” en la Franja de Gaza. “Algunas personas me dijeron que quizá debía tener cuidado antes de decir lo que voy a decir ahora, porque soy refugiado en Alemania y hay muchas líneas rojas. Pero no me importa. Me importa mi pueblo, me importa Palestina. Así que dirijo mis últimas palabras al gobierno alemán: ustedes son cómplices del genocidio en Gaza por parte de Israel”, aseveró y acabó su discurso diciendo: “Creo que son lo suficientemente inteligentes como para reconocer esta verdad, pero eligen no hacerlo. Palestina libre, desde ahora y hasta el fin del mundo”.

Tras sus palabras, y con el recuerdo de hace dos años cuando el alcalde de la ciudad dijo que la ceremonia había sido antisemita por el discurso de los directores del documental No other land, la moderadora de la gala, la actriz Désirée Nosbusch tuvo que intervenir: “El cine a menudo refleja los conflictos de nuestro mundo y, por supuesto, también el profundo dolor que tememos y que sentimos. Estas son las voces de los artistas y los cineastas. Y eso no necesariamente refleja la postura del Festival Internacional de Cine de Berlín como institución”.

Más allá de las polémicas, el palmarés de la Sección Oficial dejó premios para varias de las favoritas. Queen at sea se llevó el Premio del jurado para Lance Hammer y de mejores interpretaciones de reparto para Anna Calder-Marshall y Tom Courtney. Sandra Huller, protagonista de Anatomía de una caída y La zona de interés, ganó el de Mejor interpretación protagonista por Rose. Nina Roza, una de las películas mejor recibidas del certamen, logró el premio al Mejor guion.

Sorprendieron más los Osos de Plata a Mejor dirección para Grant Gee por Everyone Digs Bill Evans y el Gran Premio del Jurado para Salvation. Sobre todo porque habían dejado fuera a dos de las películas que más habían gustado: Moscas, de Fernando Eimbcke, y We are all strangers, de Anthony Chen. El mexicano recogía la mañana del sábado el premio del jurado ecuménico, y quizás sabiendo que no subiría al escenario más tarde aprovechó para denunciar el genocidio en Gaza y volver a remarcar que el cine, diga lo que diga la Berlinale, es político. 

La campaña coordinada de destrucción de las comunidades no árabes dentro y alrededor de la ciudad de Al Fasher, en la región sudanesa de Darfur, llevada a cabo por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), presenta “signos que apuntan hacia un genocidio”, concluyó este jueves un informe de la misión independiente de la ONU en el país.

Además de documentar crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Misión Internacional Independiente de Investigación en Sudán, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encontró evidencias de al menos tres actos susceptibles de constituir genocidio por parte del grupo paramilitar, en conflicto con el Ejército sudanés desde abril de 2023.

Entre esos actos figurarían el asesinato de un grupo étnico protegido o la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo, al completo o parcialmente, todos ellos “elementos clave” del crimen de genocidio bajo el derecho internacional.

En su informe, la misión encontró un “patrón sistemático” de asesinatos étnicos, violencia sexual, destrucción y declaraciones públicas que llamaban a eliminar a las comunidades no árabes, especialmente los zaghawa y los fur.

Testimonios de supervivientes entrevistados para la elaboración del informe indicaron que los efectivos de las FAR afirmaban estar decididos a matar a cualquier zaghawa que encontrasen o eliminar “cualquier cosa negra” de Darfur.

“La escala, la coordinación y el apoyo público de la operación por parte de altos cargos de las FAR demuestra que los crímenes cometidos en Al Fasher no fueron excesos de la guerra arbitrarios”, subrayó el presidente de la misión, Mohamad Chande Othman, al presentarse el informe.

“Terror absoluto”

El asedio de 18 meses de Al Fasher, último bastión del Ejército sudanés en Darfur que cayó en manos paramilitares a finales de octubre, buscaba sistemáticamente la destrucción de la población, dejándola “indefensa” ante la violencia extrema que prosiguió, concluyó el informe de la misión.

Miles de personas, especialmente zaghawa, fueron asesinadas, violadas o resultaron desaparecidas durante tres días de “terror absoluto”, añadió.

En el caso de las violaciones grupales y otros tipos de violencia sexual, las FAR atacaron selectivamente a mujeres y niñas zaghawa y fur, mientras que las mujeres percibidas como árabes “a menudo se salvaban”.

La misión lamentó por otro lado que este posible genocidio se cometiera después de que organismos de derechos humanos advirtieran sobre el peligro que corrían los civiles de El Fasher tras año y medio de asedio, lo que demuestra la ineficacia de la prevención y que no se tomaron medidas efectivas para disuadir a las FAR. 

La televisión suiza RTS ha salido al paso de la polémica generada por las críticas contra sobre un deportista israelí por apoyar el genocidio por parte uno de sus comentaristas de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran este año en las localidades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo. Y lo ha hecho para desautorizar a su trabajador.

“Nuestro periodista quería cuestionar la política del COI respecto a las declaraciones del atleta en cuestión. Sin embargo, dicha información, si bien es veraz, resulta inapropiada para la cobertura deportiva debido a su extensión”, aseguró la cadena suiza en un comunicado que ha enviado a varios medios como Le Parisien. La RTS, además, confirma que eliminó el lunes por la noche este fragmento de la competición de su web.

El periodista Stefan Renna aprovechó la segunda bajada del equipo de bobsleigh de Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno para abordar los comentarios en redes sociales de Adam Edelman, que además es su capitán. Lo hizo durante toda su competición. El deportista, que se ha mostrado en numerosas ocasiones a favor del genocidio sobre los palestinos, llegó a afirmar en una ocasión que las acciones militares de Israel en Gaza eran “la guerra más moralmente justa de la historia”.

El comentarista suizo comparó durante la carrera la situación actual del país israelí en las competiciones internacionales con las restricciones que el Comité Olímpico Internacional sí ha aplicado contra los deportistas de otros países como Rusia o Bielorrusia, y se preguntó por qué los mismos estándares de neutralidad no se están aplicando con Israel.

Tras estas palabras, los usuarios de redes sociales israelíes no tardaron en exigir el cese del periodista deportivo. El propio Edelman reaccionó a estos comentarios en redes sociales asegurando que estaba “al tanto de la diatriba” de este comentarista y recordó que el equipo israelí estaba en los Juegos Olímpicos “sin entrenador” y “sin un gran programa”. “Cualquiera puede decir lo que quiera de nosotros, pero ¿saben qué? Solo pueden decirlo porque estamos aquí. Porque Israel hace posible lo imposible. Vencedores, nunca víctimas”, escribió en otro tuit.

El equipo israelí, formado por Adam Edelman y su compañero Menachem Chen, terminó en la posición número 26 de entre los 26 participantes, por debajo de países como Brasil o Jamaica. Según los resultados olímpicos oficiales de bobsleigh, tuvo el arranque y la finalización más lentos en ambas carreras.

El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió este domingo a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás.

“Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (...) 10 nuevos mártires y 9 heridos”, detalló el Ministerio en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante al alto el fuego.

Esta madrugada, el Ejército israelí mató a diez gazatíes en dos ataques separados en el norte y sur de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes hospitalarias.

Al menos cuatro palestinos perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de personas y una tienda de campaña en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte), de acuerdo con una fuente del Hospital Shifa.

En otro ataque con drones, seis personas más murieron en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Nasser y un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

En un comunicado, un oficial del Ejército israelí justificó estos últimos ataques mortales contra supuestos “objetivos de Hamás” como una respuesta al cruce ayer por parte de milicianos de la línea amarilla en la zona de Beit Hanún (norte), lo que describió como una “violación explícita del alto el fuego”.

Según datos del Ministerio de Sanidad gaztí, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó “actos de genocidio” contra los palestinos, al menos 72.060 gazatíes han sido asesinados, entre ellos más de 20.000 niños.

Los ataques contra la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, se han recrudecido esta semana y han provocado reacciones en su defensa de juristas, artistas, escritores y organizaciones de derechos humanos internacionales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la organización Amnistía Internacional, Juristas de Francia por el Derecho Internacional, diputados y periodistas franceses, expertos y relatores de Naciones Unidas, la representación de Palestina en la ONU y más de un centenar de escritores y artistas con proyección internacional han emitido declaraciones o comunicados alertando de la tergiversación de las palabras de Albanese y pidiendo la protección de su trabajo.

Entre los escritores y artistas que firman uno de los manifiestos en defensa de la relatora de la ONU, destacan Naomi Klein, Mark Ruffalo, Residente, Susan Sarandon, Javier Bardem, Annie Lennox, Brian Eno, Judith Butler, Brian Cox, Annie Ernaux, Massive Attack, Ana Tijoux o Eric Cantona, entre otros muchos.

En su escrito, se centran en responder a las acusaciones vertidas por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien esta semana pidió la dimisión de la relatora de la ONU, basándose en una frase atribuida a Albanese “que se hizo viral”, pero “que, en realidad, ella nunca pronunció”: que “Israel es el enemigo común de la humanidad”.

Tras esas declaraciones de Barrot, los ministros de Exteriores de Alemania, Austria y República Checa se expresaron en términos parecidos. “Esas palabras se convirtieron en una cita viral, por supuesto. Solo que ella nunca dijo eso. Barrot y sus numerosos apoyos mienten abiertamente”, señalan los firmantes de ese manifiesto de actores, músicos y escritores.

Además, subrayan que la relatora de la ONU para Palestina actúa defendiendo el derecho internacional y “los derechos de los pueblos”, mientras que el Gobierno francés ha “incumplido todas sus obligaciones legales”, al no adoptar medidas contra “un Estado [Israel] que abierta —y hasta orgullosamente— pisotea el derecho internacional”.

Tres gobiernos europeos me acusan -basándose en declaraciones que nunca hice- con una virulencia y convicción que NUNCA han usado contra quienes han masacrado a más de 20.000 niños en 858 días.

Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina

También indican que Francia, “como muchos de sus homólogos europeos”, ha facilitado “apoyo político, diplomático, moral y material” a Israel, lo que “ha permitido que continúe esta masacre sin sentido”. Otros de los firmantes, además de los mencionados, son Asia Argento, Michael Barenboim, Juan Diego Botto, Cyril Dion, Peter Gabriel, Denise Gough, Yorgos Lánthimos, Mike Leigh, Miriam Margolyes, Gabor Maté, Fernando Meirelles, Laura Morante, Peter Mullan, Rosa Salazar, Yann Tiersen, entre más de un centenar.

Su comunicado recuerda que en julio de 2025 se presentó una demanda judicial contra el presidente francés, Emmanuel Macron, su ministro de Exteriores y otros integrantes del Ejecutivo francés “por complicidad en el genocidio en Gaza”. “Según el propio Ejército israelí, al menos el 83% de los muertos en la Franja de Gaza son civiles”, prosigue el escrito, en el que se acusa a Francia de no haber hecho nada para impedirlo. “Israel puede, por tanto, seguir con su obra mortífera ante nuestros propios ojos”, señalan los firmantes.

Este texto, dado a conocer este fin de semana, también se pregunta, “¿Qué hace Francia?”, ante el anuncio de una mayor anexión israelí de Cisjordania o la intención de aprobar la pena de muerte para presos palestinos. Lo que hace, indican, es “atacar a la relatora Francesca Albanese”.

La propia relatora escribió este pasado viernes, en sus redes sociales, que “tres gobiernos europeos me acusan, basándose en declaraciones que nunca hice, con una virulencia y convicción que NUNCA han usado contra quienes han masacrado a más de 20.000 niños en 858 días”, en referencia al Ejército israelí.

A nosotros, ciudadanos y artistas, todavía nos importa la verdad. Por eso ofrecemos todo nuestro apoyo a Francesca Albanese, defensora del derecho de los pueblos, incluido el pueblo palestino, a existir

Más de un centenar de actores, escritores y artistas internacionales

Los firmantes del manifiesto de artistas aclaran que “lo que la relatora dijo exactamente” fue lo siguiente:

“El hecho de que, en lugar de contener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya proporcionado excusas políticas, refugio político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios en el mundo occidental hayan amplificado la narrativa pro-apartheid y pro-genocidio es un desafío. Y, al mismo tiempo, aquí reside una oportunidad. Porque, aunque el derecho internacional haya sido apuñalado en el corazón, también es cierto que nunca antes la comunidad global se había enfrentado a los desafíos que enfrentamos todos. Quienes no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos o armas, ahora vemos que nosotros, como humanidad, tenemos 'un enemigo común'.”

Sin embargo, en un vídeo posteriormente editado y manipulado—por una organización que lleva tiempo haciendo campaña contra Albanese, dirigida por Hillel Neuer— se omiten dos frases y media de sus declaraciones y se presentan sus palabras bajo el título: “La humanidad tiene un 'enemigo común' en Israel, dice Francesca Albanese”.

Ante ello, la relatora de la ONU continuó en sus redes sociales, afirmando que ese 'enemigo común' “es EL SISTEMA que permitió que ocurriera el genocidio”. “Y lo repitió: capital, algoritmos, armas”, añade el manifiesto ahora publicado en su apoyo. Dos días después, el 11 de febrero, el ministro de Exteriores francés vertió esas acusaciones contra Albanese y pidió su dimisión. Y el día 13 hicieron lo mismo sus homólogos alemán y checo.

“¿Pero qué importa la verdad?”, se preguntan los artistas firmantes. “A nosotros, ciudadanos y artistas, todavía nos importa. Por eso ofrecemos todo nuestro apoyo a Francesca Albanese, defensora del derecho de los pueblos, incluido el pueblo palestino, a existir”, subrayan.

El manifiesto finaliza con este párrafo: “Este orden internacional criminal, este sistema, no puede tener la última palabra. Se trata, simplemente, de una cuestión de supervivencia colectiva. Somos infinitamente más, en todos los rincones de la Tierra, quienes queremos que la fuerza deje de ser la ley. Quienes queremos saber qué significa realmente la palabra 'derechos'.”

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recalcado que Albanese 'no calificó a ningún Estado como enemigo de la humanidad' y ha señalado que estas campañas distraen y evitan que se ponga el foco en 'cuestiones graves de derechos humanos'

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha reaccionado en defensa de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, recalcando que Albanese “no calificó a ningún Estado como enemigo de la humanidad”. “Los invito a ver sus declaraciones”, ha señalado la portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, quien ha añadido que su departamento está “muy preocupado” por la escalada de “ataques personales, amenazas y desinformación” contra funcionarios de la ONU y expertos independientes. Además, esta agencia de Naciones Unidas alerta de que estas acusaciones y campañas distraen y evitan que se ponga el foco sobre “cuestiones graves de derechos humanos” en Palestina.

En un sentido parecido se han expresado varios expertos y relatores independientes de Naciones Unidas, más de un centenar de diputados franceses y organizaciones como Juristas de Francia por el Derecho Internacional. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional también ha salido en defensa de Albanese, señalando que “es reprensible que ministros europeos hayan atacado a la Relatora Especial, Francesca Albanese, basándose en un vídeo deliberadamente truncado para tergiversar y malinterpretar gravemente sus mensajes, como queda claro al ver su discurso original en su totalidad”.

Por su parte, el director de Human Rights Watch para la Unión Europea, Claudio Francavilla, ha contestado al ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, resaltando que “no movió un dedo para defender a la relatora italiana” cuando Estados Unidos anunció sanciones contra ella —un castigo que sigue vigente y que le impide acceder a sus propios ingresos económicos— y que ahora “la condena por declaraciones que no hizo, difundidas en un vídeo claramente manipulado”. “Mientras, sobre los verdaderos crímenes israelíes, [el ministro Tajani] permanece en silencio”, añade Francavilla.

Daniel Levy, analista y ex negociador de paz israelí y presidente del grupo de expertos US Middle East Project, también ha exigido disculpas al ministro de Exteriores francés y ha resaltado que “el ministro Barrot está distorsionando los hechos y tergiversando todo el trabajo” de la relatora Albanese. “Si estaba mal informado, debería retirar sus acusaciones y disculparse”, ha añadido Levy.

La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, al igual que varios jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, sufre sanciones de Estados Unidos por realizar su trabajo de investigación sobre la situación en los Territorios Ocupados Palestinos. Como denunciaba hace unos días en esta entrevista realizada por elDiario.es, esto le impide acceder a sus propios ingresos, usar cuentas de correo electrónico o portales de reserva de vuelos u hoteles de empresas estadounidenses.

Las palabras del jurado de la Berlinale en la primera jornada del certamen negándose a condenar el genocidio en Gaza y diciendo que no querían entrar en asuntos políticos han tenido consecuencias. La escritora india Arundhati Roy, autora de El dios de las pequeñas cosas, ha decidido abandonar el certamen tras la actuación del jurado que preside Wim Wenders y que el pasado jueves aseguraba que ellos debían mantenerse “al margen de la política”. Roy se encontraba en Berlín para presentar In Which Annie Gives It Those Ones, una película que escribió hace 38 años.

“Aunque me han perturbado profundamente las posturas del gobierno alemán y de diversas instituciones culturales alemanas sobre Palestina, siempre he recibido solidaridad política al hablar con el público alemán sobre mi opinión sobre el genocidio en Gaza. Esto es lo que me llevó a pensar en asistir a la proyección en la Berlinale”, comienza diciendo Roy en el comunicado publicado por el medio indio The Wire y confirmado por Variety posteriormente.

Sin embargo, ha sido tras escuchar “las desmesuradas declaraciones de los miembros del jurado del Festival de Cine de Berlín cuando se les pidió que comentaran sobre el genocidio en Gaza” cuando ha decidido irse del festival. “Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen contra la humanidad, incluso mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo”, continúa diciendo en su escrito.

“Con profundo pesar, debo decir que no asistiré a la Berlinale”, zanja en su carta tras decir claramente que “lo que ha sucedido en Gaza, lo que sigue sucediendo, es un genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel”. “Cuenta con el apoyo y la financiación de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, así como de varios otros países europeos, lo que los convierte en cómplices del crimen. Si los más grandes cineastas y artistas de nuestro tiempo no pueden alzar la voz y decirlo, deberían saber que la historia los juzgará. Estoy conmocionada y disgustada”, añade. El certamen, tal como confirma Variety, no ha comentado nada de momento sobre esta cancelación de última hora.

El magistrado de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge dictó este lunes una orden de entrada y registro en la sede central de Sidenor, en Basauri, en el marco de la investigación que se sigue por presunto contrabando con Israel y una posible colaboración al genocidio del pueblo palestino. Buscaba documentación relativa a operaciones realizadas desde Londres. Dos cuerpos diferentes recibieron la habilitación para entrar en Sidenor, la Policía Nacional y el SVA (el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Policía del Ministerio de Hacienda) e iniciaron su trabajo a las 11.00 horas. El operativo duró hasta pasadas las 23.00 horas. Sin embargo, a las 11.46 la Fiscalía presentó un recurso instando a la nulidad de las actuaciones al interpretar que carecen de cualquier fundamento legal.

El caso se inició el 1 de julio de 2025. Una asociación (Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa) alertó de un buque atracado en el puerto de Barcelona, el ZIM Luanda, con uno de los envíos periódicos de acero con origen en Basauri a la empresa armamentística IMI (Israel Military Systems). La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, pidió que se revisara la mercancía en una escala en Turquía. La querella tipificaba los hechos como presunto contrabando.

En octubre se levantó el secreto de sumario, con una primera mención a “una eventual responsabilidad penal en calidad de cómplice en los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad” por parte de los representantes de Sidenor, encabezados por José Antonio Jainaga, que en esos momentos ultimaba al frente de consorcio en el que participaba también el Gobierno vasco la operación de Talgo. En 2025, Jainaga recibió el premio Korta como empresario vasco del año de manos del lehendakari, Imanol Pradales. El empresario y otros dos directivos declararon ante el juez en noviembre, y negaron cualquier irregularidad en sus negocios. Añadieron que las ventas a IMI representan apenas un 0,2% de su facturación.

La Fiscalía, en un contundente escrito al que ha tenido acceso este periódico, argumenta que “toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal”. Señala que los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del ministerio fiscal o de un “agraviado”. Terra Santa es una acusación “popular” y no “particular” y, por lo tanto, “resulta evidente la ausencia del requisito de perseguibilidad/procedibilidad”, según la fiscal Manuela Fernández Álvarez. “[Esto] Se traduce en absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. [...] El escenario de la investigación se circunscribiría al delito de contrabando”, plantea en negrita la Fiscalía.

¿Y el registro? El magistrado decidió abrir una pieza separada para ejecutar exclusivamente la entrada y registro en Sidenor. Lo hizo el 8 de enero. La Fiscalía pidió que no se hiciera, y presentó un recurso. Planteó que fuera requerida a Sidenor toda la documentación sobre movimientos de acero vía Londres. Al parecer, la compañía manifestó este lunes su intención de recopilarla y entregarla, y el ministerio fiscal lo daba por bueno.

Pero el instructor De Jorge optó por reiterar la orden y comisionar a Policía Nacional y SVA a acudir a Sidenor. La fiscal habla textualmente de un operativo “inadecuado” y “desproporcionado” porque “nada” hacía prever el “peligro” de “desaparición” de la documentación que se buscaba. Ahora, a toro pasado, la Fiscalía demanda la “revocación” de las actuaciones, es decir, que se deje “sin efecto” el registro de la planta de Basauri.

Seis plataformas han retirado más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupados por Israel, tras un requerimiento del Ministerio de Consumo, que el pasado mes de diciembre ordenó la eliminación de 138 páginas. Según han anunciado este lunes desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, “se está a la espera de que una séptima plataforma elimine los restantes”. En total, se han suprimido ya 108 anuncios.

Para exigir el bloqueo de estos anuncios, Consumo se acoge al real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, que en su artículo 4 establece como “ilícita” la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos.

El Ministerio no indica el nombre de las compañías que alojaban estos anuncios, aunque en una comunicación anterior si señalaba que “Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino”. Esta organización publicó el pasado mes de septiembre un informe en el que citaba a Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor.

En julio, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, elaboró otro informe en el que enumeraba a las empresas que colaboran con la ocupación de Israel, en el que incluía un apartado sobre el “turismo de ocupación”. En él, mencionaba que Booking y Airbnb “anuncian propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes”, además de figurar en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2020.

En una entrevista en el programa 'La Hora' de RTVE, Bustinduy ha explicado que esta restricción no solo afecta a los anuncios en España, sino también en “otros países”. “Esto es el derecho internacional, es lo que dice la legislación internacional. Solo lo estamos aplicando y cumpliendo”, ha indicado, en referencia a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, que recuerda a los Estados su “obligación de tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”.