Desde la Asociación de Vecinos de La Isabela queremos trasladarle nuestro profundo malestar y decepción por la desaparición de toda la programación cultural de verano en nuestro barrio.

Durante años, los vecinos y vecinas de La Isabela hemos podido disfrutar de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento durante los meses estivales, acercando la música, el teatro, el cine o las actividades infantiles a nuestros espacios públicos, como también ocurría en otros barrios de Guadalajara.

Aquella apuesta permitía que la cultura llegara a todos los rincones de la ciudad y contribuía a hacer barrio, fomentar la convivencia y ofrecer alternativas de ocio para personas de todas las edades.

Sin embargo, este verano comprobamos con tristeza que La Isabela ha desaparecido por completo de esa programación. Nos produce una enorme preocupación comprobar que, mientras otros barrios sí cuentan con actividades culturales —algo que nos parece positivo y que apoyamos plenamente—, nuestro barrio vuelve a quedarse al margen.

No pedimos que se eliminen actividades de otros lugares. Todo lo contrario. Nos alegramos de que la cultura llegue a más barrios. Lo que no podemos aceptar es que ese crecimiento se haga a costade excluir a Los Manantiales.

Esta decisión se suma a la sensación, cada vez más extendida entre nuestros vecinos, de que La Isabela se ha convertido en un barrio olvidado por el Ayuntamiento. Llevamos tiempo denunciando la falta de atención en distintos servicios públicos, el escaso mantenimiento y la ausencia de inversiones. Ahora también comprobamos cómo se nos priva de una programación cultural que hasta hace poco formaba parte de la vida del barrio. La cultura no puede convertirse en un privilegio reservado para unos barrios sí y otros no. Debe ser un servicio público accesible para toda la ciudadanía, con independencia del lugar en el que resida.

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento que reconsidere esta decisión y que La Isabela vuelva a incorporarse a la programación cultural municipal de verano, recuperando unas actividades que los vecinos siempre han acogido con una excelente participación y que contribuían a dinamizar el barrio y fortalecer la convivencia.

Los vecinos de La Isabela no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Merecemos el mismo trato, las mismas oportunidades y el mismo acceso a la oferta cultural municipal que el resto de barrios de Guadalajara.

Confiamos en que atienda esta petición y adopte las medidas necesarias para corregir una situación que consideramos profundamente injusta.

Atentamente,

Asociación de Vecinos La Isabela

La concejala y secretaria de Aike Susana Martínez y Susana Tundidor, respectivamente, han comparecido este lunes para dar a conocer la queja presentada ante el Defensor del Pueblo en el que solicita amparo ante el “incumplimiento reiterado” del Reglamento de Participación Ciudadana por parte del equipo de Ana Guarinos, que gobierna en el Ayuntamiento de Guadalajara junto a Vox.

Durante su intervención, Martínez ha denunciado que el Ayuntamiento “está impidiendo” el ejercicio efectivo del derecho de participación de vecinos, vecinas, asociaciones y colectivos de la ciudad al no constituir o no convocar los diferentes órganos de participación previstos en la normativa municipal, como son los Consejos de Barrio y los Consejos Sectoriales.

“La participación ciudadana es un derecho fundamental y una obligación legal de las administraciones públicas”, ha señalado la concejala, recordando que tanto la Constitución Española como el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento reconocen y garantizan estos espacios de diálogo, consulta, transparencia y seguimiento de la gestión municipal.

“Transcurridos tres años de mandato, Vox y PP siguen sin constituir Consejos Sectoriales tan importantes como los de Medio Ambiente, Cultura, Salud o Comercio”, expone la concejala. Asimismo, denuncia que otros órganos únicamente se han reunido para su constitución o llevan años sin convocarse, incumpliendo la periodicidad establecida en sus propios reglamentos.

Ante esta situación, Aike solicita al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento de Guadalajara a garantizar un derecho fundamental, constituyendo los órganos que permanecen pendientes y convocando de forma periódica todos los consejos y órganos de participación previstos en la normativa municipal, como el Consejo Escolar de Localidad, el Consejo de Igualdad, el Consejo de Mayores o el Consejo de Seguridad entre otros.

Sin informe sobre las quejas ciudadanas desde 2024

Además de órganos --“tan importantes en materia de transparencia”-- asegura como la Comisión Especial de Quejas y Reclamaciones, que debería elaborar un informe anual sobre las quejas de la ciudadanía a través del Buzón ciudadano y lleva sin hacerlo desde el 2024.

También han mencionado el Consejo Director de los Centros Sociales, que debería aprobar la programación y la memoria anual de la actividad de los distintos centros de los barrios y tan solo se ha reunido una vez en todo el mandato, para su constitución.

La formación municipalista también pone el foco en la situación de los Consejos de Barrio, que deberían celebrarse al menos tres veces al año y que, como denuncia Aike, se convocan únicamente para presentar los Presupuestos Participativos una vez al año, sin ofrecer un verdadero espacio de seguimiento, rendición de cuentas o debate sobre las necesidades de cada barrio.

La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas

Susana Martínez — Concejala de AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara

Durante la comparecencia, Susana Martínez ha insistido en que esta situación “vacía de contenido la participación ciudadana” e impide que las personas puedan aportar propuestas, trasladar problemas o participar en las decisiones que afectan al futuro de Guadalajara.

“La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas”, ha afirmado.

Para Aike, fomentar la participación ciudadana supone fortalecer la transparencia y mejorar la salud democrática de las instituciones, “porque la democracia no es solo que te voten cada 4 años, sino habilitar estos canales de participación de la ciudadanía para la toma de decisiones”, finaliza Susana Tundidor.

La Asociación WADO LGTBI ha denunciado este sábado el veto impuesto por PP y Vox, que gobiernan en el Ayuntamiento de Guadalajara, durante la manifestación del XVII Orgullo LGTBI en la que este año no ha podido participar Carroza del Orgullo, y ha obligado a modificar el evento, suspendiendo un concurso previsto.

El colectivo ha pedido “explicaciones” a la alcaldesa Ana Guarinos sobre esta decisión. Según WADO el consistorio no ha permitido que circule esta carroza, “alegando que no pueden ir personas sobre el vehículo”.

“Desde 2023, nuestra carroza ha recorrido las calles del Orgullo con personas a bordo, con barandillas laterales y sin que se produjera ningún incidente. Así fue en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, este año se nos comunica que no se autoriza que personas viajen sobre la carroza e incluso que esta circule, alegando motivos de seguridad”, según WADO.

La manifestación se celebró este sábado pero sin la carroza. La concentración comenzó en la plaza de España con un recorrido que pasó por el Palacio del Infantado, Miguel Fluiters, calle Mayor, plaza de Santo Domingo, Paseo del doctor Fernández Iparraguirre y terminó en la explanada Centro San José por la cuesta del Matadero. Al finalizar se realizará leyó un manifiesto.

La celebración continuó después, a partir de las 22 horas, con la Fiesta del Orgullo y la participación de 'Antojitos Drag Show' además de las actuaciones de Adele Gazza, Kristo Van Kler, Sobredosis y Christwood, y dj además de Fotomatón 360º, además de sorteos, zona de barra y comida.

“No entendemos por qué ese criterio no se aplica a otros eventos”

“Lo que no entendemos es por qué ese criterio no parece aplicarse igual en otros eventos de la ciudad” y se refieren en particular al desfile de carrozas de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, similar al que se viene celebrando con motivo de la Manifestación del Orgullo LGTBI, ha denunciado el colectivo.

WADO LGTBI habla de “agravio comparativo que demuestra las ganas de que se reduzca la visibilidad de la cita” y lamenta “profundamente” la decisión del Ayuntamiento.

Ayer, durante un pleno municipal, PP y Vox también rechazaron colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Guadalajara, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo que se celebra cada 28 de junio.

La ciudad de Guadalajara se queda un año más sin bandera arcoíris en el balcón de su ayuntamiento tras el rechazo de PP y Vox a la moción presentada por los socialistas, en el marco del Orgullo LGTBI. Se trata del cuarto año consecutivo, desde que gobierna Ana Guarinos.

En otras ciudades como Ciudad Real han optado por iluminar la fachada del ayuntamiento el domingo 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo, en Albacete han celebrado un acto institucional celebrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento y en Cuenca se ha colgado las banderas trans y LGTBI en la fachada.

Y en Toledo, la sorpresa de este año ha sido que la bandera arcoíris - “un trapo minúsculo” como ha criticado la oposición- esté colgada desde el miércoles en el balcón del ayuntamiento, aunque esta iniciativa sea de todo menos simbólica y responda a una bronca entre PP y Vox que gobiernan juntos la ciudad.

“Retroceso preocupante” de la visibilidad LGTBI

En Guadalajara hoy el Grupo Municipal Socialista ha apostado por volver a intentar que se coloque la bandera del colectivo en el ayuntamiento, sin éxito. La moción presentada a dos días de que se celebre el Día Internacional del Orgullo LGTBI no ha salido adelante por los votos en contra de PP y Vox, mientras que socialistas y AIKE votaron a favor.

El objetivo era conseguir la visibilidad institucional del colectivo. El portavoz encargado de defender la moción ha sido Ignacio de la Iglesia, que ha resaltado que el Orgullo LGTBI “no es solo una celebración, sino una reivindicación”, porque “la igualdad se construye en las leyes, pero también en los barrios y en los servicios públicos”. De la Iglesia ha calificado el “retroceso preocupante” de la visibilidad del colectivo LGTBI en la ciudad, donde se está llevando a cabo una reducción de actividades e iniciativas “aisladas y de escaso alcance”.

Actividades, de las que la portavoz de AIKE Guadalajara, Susana Martínez ha dicho que el equipo de Gobierno de Ana Guarinos hace “a medias, desganados y sin convicción” al igual que cuando se trata de las programadas “para el 8M o el 25N”.

Iniciativas como una exposición bibliográfica, la proyección de una película y un micro abierto, que la concejala ha criticado. “Son actos de un pueblo de 20 habitantes, no de una capital de provincia”, ha dicho. “Este es su compromiso con esta semana de celebración [del Orgullo], para decir que hacen algo, pero poco y sin muchas ganas”, ha expresado.

De su lado, el concejal del PP Roberto Narro ha rechazado “confundir igualdad con propaganda” ante la moción presentada por el PSOE. Ha criticado que para los socialistas “solo hay compromiso y diversidad [si las políticas] llevan su sello” o que “señalan a gays y lesbianas como fachas si no comulgan con ustedes”.

Discriminación a asociaciones del colectivo

Un año más el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara se niega a colgar del balcón la bandera arcoíris. “No vulnera los principios de neutralidad institucional”, según ha recalcado Ignacio de la Iglesia aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo. El edificio Arriaca de la capital sí que tendrá iluminación con los colores del arcoíris, pero “para que no se vea mucho”, ha afeado Susana Martínez.

De la Iglesia ha recriminado a la derecha que “quieren convertir el Orgullo LGTBI en un espacio de confrontación”, frente a que la ciudad sea un lugar “donde nadie tenga que ocultar quien es”. Por ello ha instado a que Guadalajara “recupere una programación amplia, con actividades culturales” como el Alcarria Diversa Fest, dando también visibilidad a artistas del colectivo; que se coloque la bandera arcoíris en el balcón del ayuntamiento junto con el resto de banderas oficiales y que se impulsen políticas de prevención contra la lgtbifobia.

El socialista ha recriminado al equipo de Gobierno del ayuntamiento haber “contraprogramado” las actividades del Consistorio con otras llevadas a cabo con la Asociación Wado LGTBI+ de Castilla-La Mancha -ubicada en la capital y que este año cumple su XVII aniversario-, señalando que se está discriminando a este tipo de asociaciones que apoyan al colectivo.

Desde el PP, Narro lo ha justificado que la Asociación Wado ha recibido diferentes subvenciones, “hasta 9.000 euros para proyectos de contenido LGTBI” así como la participación en la feria de asociaciones de la ciudad: “La puerta de mi oficina nunca ha estado cerrada para Wado ni para ningún miembro del colectivo”, ha matizado.

“Somos ciudadanos de tercera si se nos discrimina”

PSOE y AIKE Guadalajara han cargado también contra la pasividad del grupo municipal Vox, denunciando que aunque “están calladitos” también “están esparciendo sus odios, hablando de terapias de conversión, de catálogos de trastornos o cuestionando el matrimonio igualitario”, recordando también al PP que cuando se aprobó la Ley de Matrimonio igualitario en 2005 a nivel nacional, el Partido Popular votó en contra.

Por el grupo municipal Vox, se ha pronunciado el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura Javier Toquero, que ha repetido el mismo mantra que sus compañeros de partido en otros lugares de la región, como en Toledo, donde este viernes celebraban un pleno municipal casi calcado en argumentos.

Toquero dice que el partido ultra “no está en contra de ninguna persona por su orientación sexual, nunca lo ha estado, lo que rechazamos es que las instituciones públicas se conviertan en una agenda ideológica”. El edil asegura que “el problema no es la falta de libertad”, acusa al PSOE de “dividir” y justifica su postura en la necesidad de “mantener la neutralidad en las instituciones”. Ha contrapuesto en cambio la discriminación que en su opinión sufren los católicos y hasta la bandera de España para los que ha pedido “respeto”.

Desde el PSOE, de la Iglesia afirma que “sí existen ciudadanos de segunda, tercera y cuarta, sobre todo cuando [las personas del colectivo] sufrimos discriminaciones que no sufren otras”, recordando que PP y Vox votaron en contra de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación aprobada a nivel nacional en 2022.

La portavoz de AIKE Guadalajara ha criticado las declaraciones de Toquero. Le señala por decir que desde Vox no están en contra del colectivo pero mientras “hacen discursos de odio, hablan de terapias de conversión y van en contra de leyes como la del matrimonio igualitario”. Por otra parte, ha preguntado si “tienen datos sobre la persecución contra los católicos, ¿en esta ciudad la hay? Porque yo los veo bastante bien apoyados y acompañados por este ayuntamiento”. Sobre esta cuestión ha preguntado “si alguna vez en la ciudad se ha quemado una bandera de España, pero hace no mucho sí que se quemó una arcoíris”. Ocurrió en 2024, con la bandera colgada en la sede de CCOO.

La moción ha sido rechazada con 13 votos de PP y Vox, frente a los 12 de PSOE y AIKE Guadalajara.

AIKE ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de Ordenanza Reguladora de la Transformación de Locales Comerciales para Uso de Vivienda. Mediante ellas, propone reforzar la seguridad jurídica del texto, mejorar las condiciones de habitabilidad y evitar la generación de infraviviendas, además de proteger el patrimonio urbano y el comercio local de la ciudad.

Este grupo municipal plantea una ordenanza “más garantista y mejor definida” para la transformación de locales en vivienda en Guadalajara. Considera necesario “matizar y mejorar” una ordenanza que afecta directamente al modelo urbano de Guadalajara y a las condiciones de acceso a la vivienda.

“Esta ordenanza no resuelve el problema de la vivienda en Guadalajara, pero puede servir para abrir alternativas y disminuir el número de locales vacíos”, señala Jorge Riendas, portavoz del Grupo Municipal.

Desde AIKE defienden que debe hacerse “con garantías, criterios claros y estándares mínimos de calidad residencial”.

Por ello, las enmiendas presentadas buscan clarificar el alcance de la ordenanza y evitar posibles recursos o conflictos jurídicos derivados de una posible invasión de competencias urbanísticas reservadas al planeamiento general.

Entre las principales propuestas planteadas por AIKE se encuentra la diferenciación expresa entre lo que puede regular una ordenanza municipal, las condiciones técnicas y administrativas de transformación de locales en viviendas, y aquello que corresponde al Plan de Ordenación Municipal (POM), como la delimitación de zonas de protección comercial o la restricción de usos en determinados ámbitos de la ciudad.

Precisamente, AIKE pone el foco en la necesidad de proteger los diferentes ejes comerciales de Guadalajara y preservar locales también en los barrios, más allá del centro.

La formación considera que “la transformación indiscriminada de locales en viviendas puede poner en riesgo la actividad económica y la vida comercial de muchas zonas de la ciudad”.

Por ello, propone que cualquier limitación o protección específica se realice no únicamente pensando en el casco histórico, sino también en otros barrios y zonas comerciales consolidadas de Guadalajara.

“Otra cuestión importante es que se incorporen medidas para proteger ámbitos patrimoniales y zonas sensibles desde el punto de vista acústico, no hagamos viviendas donde ya sabemos que hay problemas de ruidos”, defienden.

“Nadie merece vivir en 30 m2”

De igual modo, reclaman establecer estándares mínimos de calidad para evitar infraviviendas. AIKE plantea que las viviendas tipo estudio tengan una superficie mínima de 40m2 y unas condiciones adecuadas de habitabilidad, iluminación y ventilación.

“Los 40m2 son una propuesta de mínimos que siempre puede mejorarse y ampliarse durante la tramitación, pero nadie merece vivir en 30m2”, explican.

“Si se va a permitir transformar locales en viviendas hay que evitar abusos, garantizando unas condiciones dignas y preservando tanto la identidad urbana como la actividad económica y comercial de nuestros barrios. Esperamos que el equipo de Gobierno escuche a la ciudadanía, a la oposición y tome decisiones consensuadas” concluye la concejala Susana Martínez.

El Ayuntamiento de Guadalajara llevará al pleno municipal del próximo 29 de mayo la aprobación inicial de la nueva ordenanza que regulará y flexibilizará la conversión de locales comerciales en viviendas. Es una medida con la que el equipo de Gobierno pretende ampliar el parque residencial de la ciudad ante el incremento de la demanda y la escalada de precios de compra y alquiler, según recoge Europa Press

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha presentado este viernes la iniciativa junto al segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, y la jefa del área de Urbanismo e Infraestructuras, Blanca Causapié, dentro de una estrategia global de vivienda sustentada en cuatro pilares: colaboración público-privada, rehabilitación del casco histórico, ampliación de suelo residencial y modificación normativa.

“Desde que llegamos en 2023 decidimos que había que dar un impulso a la vivienda, especialmente protegida, tanto en alquiler asequible como en compra-venta. No valen los anuncios, sino los hechos”, ha dicho Guarinos tras subrayar que Guadalajara “es la ciudad de Castilla-La Mancha donde más ha crecido el precio de la vivienda y del alquiler”.

La alcaldesa ha recordado también que desde 2020 se han registrado 3.141 solicitudes de licencia para vivienda nueva en la ciudad, de las cuales cerca de 1.600 se han tramitado desde 2023. Además, el Ayuntamiento ha contabilizado ya 105 solicitudes de cambio de uso de local a vivienda, la mayoría también en los dos últimos años.

Estudios de 30 metros cuadrado y sin permiso de la comunidad

La nueva ordenanza elimina algunas de las principales restricciones de la regulación aprobada en 2004, considerada por el actual equipo de Gobierno “demasiado rígida” y poco adaptada a la realidad urbanística actual. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de habilitar estudios de 30 metros cuadrados --hasta ahora no permitidos--, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad exigidas.

Los nuevos inmuebles podrán ubicarse únicamente en planta baja o primera planta y nunca en sótanos. Además, se permitirá el acceso directo desde la vía pública, suprimiendo una de las principales barreras existentes hasta ahora: la obligación de acceder a través del portal comunitario, lo que en muchos casos exigía autorización de las comunidades de propietarios.

“Quien quiera transformar un local en vivienda lo tendrá más sencillo”, ha afirmado Alfonso Esteban, defendiendo que la ordenanza “introduce cambios importantes que permitirán poner más viviendas a disposición de los ciudadanos con una normativa más flexible”.

La regulación también exigirá que todas las viviendas resultantes cuenten con ventilación e iluminación adecuadas, además de salida de humos hasta cubierta, cumpliendo los mismos requisitos de salubridad y dignidad que cualquier vivienda convencional.

“Se trata de flexibilizar, pero garantizando siempre viviendas dignas”, ha remarcado por su parte Blanca Causapié, quien ha detallado que muchas consultas urbanísticas detectaban problemas derivados de la normativa vigente, especialmente por la obligación de acceso a través de zonas comunes.

El PP dice que no desaparecerá del comercio de proximidad

El Ayuntamiento insiste en que la flexibilización no supondrá una desaparición del comercio de proximidad. Por ello, la ordenanza delimita zonas concretas donde no se permitirá la transformación de locales en viviendas.

Entre esos ejes comerciales protegidos figuran vías como la calle Mayor, Toledo, Amparo, una parte del Paseo de las Cruces o áreas de Carrera.

“Hemos cuidado mucho esta limitación para que los grandes ejes comerciales sigan existiendo porque son el alma y la vida de la ciudad”, ha señalado Esteban. La ordenanza, aprobada ya en Junta de Gobierno Local, se encuentra actualmente en fase de presentación de enmiendas. Si supera el trámite plenario del día 29, se abrirá un periodo de alegaciones públicas y, en ausencia de recursos, podría quedar aprobada definitivamente en apenas dos semanas.

No es la primera dirigente del PP en Castilla-La Mancha que opta por este tipo de medida. En 2024, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez apostó por una medida similar, y con una orientación clara: convertir locales comerciales en viviendas turísticas. “El Ayuntamiento de Toledo concede licencia para la construcción de seis apartamentos turísticos sin el permiso de la comunidad”, lamentaban en julio de ese año vecinos del toledano barrio de Buenavista, lejos del Casco Histórico de la capital regional.

Fue el Ayuntamiento socialista el que en 2022 abrió la veda con una licencia. Cuatro años después, y con un gobierno de PP y Vox, se ha multiplicado la práctica. Según los datos de Movimiento Sumar, entre el 2 de junio de 2023 y el 22 de octubre de 2025 la Junta de Gobierno Local ha autorizado 49 cambios de uso de locales y oficinas para convertirse en 87 viviendas (de ellas 12 apartamentos turísticos y 1 vivienda uso de uso turístico). Es una práctica también habitual en otros puntos del país, como en Madrid.

En Guadalajara, la alcaldesa y su equipo no han detallado el destino de este tipo de viviendas, en una ciudad donde el impacto turístico no tiene nada que ver con el de Toledo.

Un nuevo Plan para el Casco Antiguo y 5.000 nuevas viviendas

La modificación normativa se integra además dentro de una estrategia urbanística más amplia. El Ayuntamiento tiene prácticamente concluida la redacción del nuevo Plan Especial del Casco Histórico, un documento que buscará flexibilizar la edificabilidad y favorecer la rehabilitación de viviendas vacías y solares sin desarrollar. “Esperamos que sea el impulso definitivo para que desaparezcan muchos solares de los que tanto se ha hablado durante años”, ha apuntado Esteban.

Paralelamente, el Consistorio ultima también el avance de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá ampliar suelo residencial e industrial ante un crecimiento que el Gobierno municipal considera ya inevitable.

Según ha añadido el concejal de Urbanismo, la futura modificación puntual del PGOU podría facilitar la construcción de hasta 5.000 nuevas viviendas “lo antes posible”, en una ciudad que ya recibe el impacto de muchos madrileños que se han afincado en la provincia o en la capital y que además deberá absorber el impacto de la futura llegada del campus universitario de la Universidad de Alcalá y miles de nuevos estudiantes.

Desde el Gobierno municipal defienden que el problema de vivienda “no es nuevo” y reprochan que durante años no se impulsaran medidas para generar más suelo ni nuevas promociones residenciales. “La escasez de vivienda ha crecido mucho y no se habían aportado soluciones”, ha concluido la regidora.

El Sindicato de Inquilinas convoca manifestación el 23 de mayo

Mientras, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Guadalajara ha convocado una manifestación por la vivienda para el 23 de mayo, a las 12 horas con el lema 'Ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos' porque, sostiene, “la vivienda nos cuesta la vida”.

El colectivo recuerda que ya pasado más de un año desde el 5 de abril, cuando se celebró la última gran movilización por la vivienda en todo el Estado, “contra la precariedad y la destrucción del territorio; contra un modelo de ciudad que especula con nuestras casas y nos echa de nuestros barrios”.

Durante ese tiempo, explican, “hemos luchado por las vecinas de la calle Abetos, 22 en Azuqueca de Henares donde se expulsó a una mujer con su hija de su vivienda, y parado el acoso que sufrían varias vecinas más, hemos apoyado y enviados burofaxes acogiéndonos al real decreto ley de prorroga de alquileres y enfrentado la especulación de la vivienda que pretende expulsar a ocho familias enteras con menores que viven en la calle Wenceslao Argumosa de la capital alcarreña”.

Además, subrayan entre su actividad haber acompañado “la lucha contra los desahucios y la precariedad”, apoyando manifestaciones contra la guerra y el genocidio. “Pudimos comprobar la capacidad organizativa del movimiento cuando vamos a la lucha con nuestras vecinas, más allá de las fronteras”, además de mantener encuentros con vecinos y vecinas.

Frente a eso, se preguntan por la acción de quienes tienen responsabilidades de gestión. “Mientras tanto, ¿qué hacen los diferentes gobiernos con competencias sobre la vivienda?: han seguido aplicando políticas cómplices con el rentismo y la especulación, como lo demuestra la supuesta nueva ley de vivienda de García-Page que solo ve la vivienda como un bien de mercado”, afirma el colectivo.

Describen la situación de Guadalajara, “donde se permite que cerca de 1.400 viviendas en manos de empresas y fondos de inversión sigan vacías mientras nuestra ciudad ha sufrido la mayor subida del precio del alquiler de toda la región castellanomachega. Todo esto, por supuesto, a nuestra costa. Por eso nos preguntamos: ¿la ciudad para quién?”

La manifestación se celebrará el 23 de mayo, desde la plaza de Santo Domingo a la calle Wenceslao Argumosa, 6 donde todo el bloque en lucha de vecinos y vecinas explicaran su situación. El mensaje será claro: “Ni alquileres por la nubes, ni salarios por los suelos” y reclamarán una huelga general por la vivienda.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha recibido de manos del rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente Saz, una copia facsimilar de la carta bulada que permitió al Cardenal Cisneros fundar la Universidad de Alcalá, uno de los documentos más emblemáticos de la historia académica española.

La reproducción entregada a la alcaldesa corresponde a la carta bulada 'Inter cetera', emitida en Roma el 13 de abril de 1499 por el papa Alejandro VI, mediante la cual se autorizaba al arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros a fundar un colegio universitario en Alcalá de Henares.

Según informa el Consistorio, el facsímil incluye la transcripción, traducción y estudio de esta bula fundacional, que constituye uno de los documentos clave del origen humanista de la Universidad de Alcalá.

El ejemplar recibido por la alcaldesa es el número 13 de una edición especial limitada, compuesta por un ejemplar destinado a Su Majestad el Rey y 14 copias numeradas en arábigo del 1 al 14.

La reproducción se ha elaborado siguiendo un riguroso proceso artesanal: piel de cordero curtida y tratada en seco, estucada y preparada para la absorción de tinta, impresa mediante técnicas mixtas --offset y digital en cuatricromía-- y troquelada según el original.

Esta edición limitada se imprimió en 2024 con motivo del 25 aniversario de la declaración de la Universidad de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde ese año, se ha ido otorgando cada uno de los 15 ejemplares de la edición a una institución estrechamente vinculada con la UAH.

Uno de los últimos actos del rector José Vicente Saz

Desde el Ayuntamiento remarcan que el acto ha tenido lugar en una fecha especialmente significativa, pues hoy 23 de marzo, se cumplen exactamente ocho años desde que José Vicente Saz asumió el cargo, en el Rectorado, y ahora se cierra una etapa que concluye tras un periodo marcado por un fuerte impulso institucional, académico y de expansión del Campus de Guadalajara.

Este acto institucional será además uno de los últimos de su mandato, ya que el pasado 3 de marzo la comunidad universitaria eligió nuevo rector a Carmelo García Pérez, hasta ahora vicerrector del Campus de Guadalajara.

La alcaldesa Ana Guarinos ha agradecido la entrega de la copia de la carta bulada, subrayando “el enorme valor histórico de un documento que conecta a Guadalajara con el origen mismo del humanismo universitario español”.

Asimismo, ha felicitado al rector Saz por sus ocho años de servicio a la institución, destacando “la colaboración y lealtad institucional durante los años de su mandato y el trabajo conjunto para hacer de Guadalajara una verdadera ciudad universitaria, aspectos que, con total seguridad, se mantendrán intactos con el cambio tras las elecciones y el relevo en la persona del guadalajareño Carmelo García”.

El acto ha concluido con la firma del rector en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Guadalajara, donde ha dejado constancia de este momento simbólico en el que se aúnan tradición universitaria, vínculo institucional y relevo académico.

“Con este gesto, el Consistorio y la Universidad de Alcalá reafirmaron su voluntad de mantener una colaboración sólida y duradera en esta nueva etapa que ahora comienza en la que se materializa el proyecto del nuevo campus universitario en el que Saz ha trabajado estos años con dedicación y ahínco”.

Guadalajara contará, previsiblemente para finales de 2028, con un centro de datos de última generación de 40 MWe de potencia, uno de los mayores de la zona centro, en el que la inversión se irá a los 1.000 millones de euros en las diferentes fases de desarrollo y que creará al menos unos 60 puestos de trabajo directos y previsiblemente un millar de puestos indirectos cuando esté operativo.

El Ayuntamiento de la capital guadalajareña ha acogido este miércoles la presentación del Centro de Datos bautizado como GUA1, una infraestructura tecnológica promovida por Nostrum Data Centers que va a suponer una inversión de gran envergadura en el polígono del Ruiseñor y que situará la ciudad como destino de nuevas implantaciones vinculadas a la economía digital.

El proyecto contempla la construcción de un centro de procesamiento y almacenamiento de datos de última generación, diseñado para ofrecer servicios a empresas tecnológicas, plataformas digitales, entidades financieras, compañías industriales y administraciones públicas que han requerido alta capacidad de computación, seguridad y conectividad permanente.

Un sistema de refrigeración “sin agua”

La compañía prevé que las obras arranquen en los próximos meses, una vez completados los trámites administrativos y urbanísticos, con un calendario de ejecución que ha estimado su finalización en un plazo aproximado de algo más de dos años, de forma que podría ser una realidad para finales de 2028.

La inversión asociada al GUA1 ha incluido tanto la urbanización y edificación de la parcela --de 20.000 metros cuadrados-- como la dotación de infraestructuras eléctricas, sistemas de refrigeración “de alta eficiencia”, equipamiento informático y “medidas avanzadas de seguridad física y digital”.

Según el Ayuntamiento de Guadalajara, las tecnologías de refrigeración que incorpora lo serán “sin consumo de agua mediante circuitos cerrados” e incluirá “soluciones energéticas preparadas para integrar renovables”, una cuestión esta última que tiene “truco”, según los especialistas, a la hora de camuflar el impacto contaminante.

El proyecto lleva aparejada la creación de “decenas” de puestos de trabajo directos, de perfil técnico y altamente cualificado y de Formación Profesional --ingenieros, especialistas en sistemas, mantenimiento y operación-- que no se han concretado, así como un volumen “significativo” de empleo indirecto vinculado a la fase de construcción y a los servicios auxiliares, del que tampoco hay cifras.

Una inversión que “genera confianza empresarial”

La presentación del proyecto ha contado con la participación de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban; el director Comercial de Nostrum Data Centers, José Luis Arnau; y el director de Data Centers de IDOM, Mikel Lotina.

Hemos proyectado una infraestructura crítica preparada para operar las 24 horas del día, los 365 días del año, con sistemas redundantes que han garantizado la continuidad del servicio

Mikel Lotina — Director de Data Centers de IDOM

La alcaldesa ha destacado que el proyecto “ha representado una apuesta clara por Guadalajara como ciudad capaz de albergar infraestructuras estratégicas” y ha subrayado que la inversión “ha generado confianza empresarial y nuevas oportunidades de empleo estable y cualificado”.

Cree que la llegada del GUA1 supone también “un hito en el desarrollo tecnológico, en el empleo y en el tejido productivo de la ciudad”, convencida de que Guadalajara “es una ciudad magnífica para invertir y también la mejor para acoger un proyecto de estas características”, resaltando igualmente la creación de puestos de trabajo y el impacto indirecto asociado.

Por su parte, Alfonso Esteban ha señalado que el Ayuntamiento “ha trabajado de forma coordinada para facilitar la tramitación urbanística y ofrecer seguridad jurídica al inversor” y ha añadido que la instalación “ha cumplido con los requisitos técnicos y medioambientales exigidos”.

Desde la empresa promotora, José Luis Arnau ha explicado que la elección de Guadalajara ha respondido a criterios estratégicos como su ubicación, la disponibilidad de suelo industrial y las infraestructuras energéticas y de conectividad. “El GUA1 ha nacido con vocación de convertirse en un nodo clave dentro de nuestra red de centros de datos en España. Somos un hotel de máquinas”, ha precisado.

Finalmente, Mikel Lotina ha detallado que el diseño técnico ha incorporado los más altos estándares internacionales en eficiencia energética y resiliencia operativa. “Hemos proyectado una infraestructura crítica preparada para operar las 24 horas del día, los 365 días del año, con sistemas redundantes que han garantizado la continuidad del servicio”, ha concluido.

Con este proyecto, Guadalajara da un paso relevante en la captación de inversión tecnológica, reforzando su estrategia de crecimiento económico y ampliando su base empresarial hacia sectores de alto valor añadido.

Las medidas aprobadas este martes por el Gobierno de Emiliano García-Page para facilitar el acceso a la vivienda, en particular a los jóvenes, no han sido bien recibidas por parte de formaciones políticas regionales como Movimiento Sumar y el Partido Popular, que las han tachado de “insuficientes” y de “no solucionar el problema de fondo”.

Quien se ha pronunciado de forma más dura ha sido Movimiento Sumar Castilla-La Mancha. En un comunicado, José Luis Resuela, responsable de Vivienda de la formación, ha asegurado que Page “ha renunciado a ejercer sus competencias” en materia de vivienda. “Y lo que es aún peor, a garantizar un derecho constitucional”. Para Resuela, “ninguna de las medidas” que contiene el plan aprobado este martes “va a solucionar el problema de fondo”, sino que simplemente “servirán para paliar alguno de sus síntomas”.

Entre las directrices aprobadas, se encuentran una serie de bonificaciones fiscales y la concesión de préstamos a cero interés para la parte no financiada por los bancos del precio de las viviendas. La mayoría de ellas están enfocadas a la compra de la primera residencia en menores de 36 años.

Sumar: “La enfermedad seguirá avanzando”

“Es como si alguien llegase al médico con una infección bacteriana grave y, en lugar de recetarle antibióticos, solo le administrasen antiinflamatorios: quizá baje la fiebre unas horas, pero la enfermedad seguirá avanzando”, afirma el líder de Sumar.

“Si hubiera que resumir estas medidas en dos líneas lo más acertado sería decir que pierde lo público -puesto que renuncia a ingresar los impuestos necesarios para mantener a flote los servicios de todos-, ganan los bancos -que hoy verán potenciadas sus 'cuentas vivienda'- y los especuladores siguen a lo suyo -puesto que ni una sola de las medidas les pone límite a su ambición-”.

Para Resuela, el “gran problema” residencial en España es que “las viviendas construidas en suelo público y con dinero público ya no son públicas”. “Durante décadas nos hemos dedicado a abaratar promociones que hoy forman parte del problema: viviendas que se alquilan a precios desorbitados o que han acabado teniendo un uso turístico. Se socializan los costes y se privatizan los beneficios”, ha sentenciado.

Por ello, desde Sumar piden al Gobierno de Castilla-La Mancha que declare zonas de mercado tensionadas, que aplique topes a los precios conforme a la ley estatal de vivienda y que “presione” al sector turístico “allí donde está expulsando a la población residente”.

Precisamente, la coordinadora regional del partido magenta, María Cañadillas, criticaba en declaraciones concedidas a elDiario.es Castilla-La Mancha que no hubiera en la región ninguna zona declarada como tensionada.

Una circunstancia que, según Cañadillas, afectará a los casi 21.000 contratos de alquiler de vivienda que finalizan durante 2026 en la región, según datos del Ministerio de Consumo facilitados por Sumar. “Verán incrementado su alquiler anual 1.131 euros de media”, asegura.

Bajo su punto de vista, ciudades como Toledo, Cuenca o Guadalajara deberían ser declaradas como tensionadas. “La Junta tiene los datos y tiene la competencia para poder declarar la zona como altamente tensionada. Eso impactaría las subidas abusivas y protegería a quienes tienen que renovar en 2026”, concluye Cañadilla.

En relación con las zonas tensionadas, la alcaldesa de Guadalajara, una de las ciudades más caras y con más carencia de vivienda, Ana Guarinos, descartaba este mismo martes declarar la ciudad como zona tensionada y defendía no intervenir el mercado.

Bajo su punto de vista, limitar los precios de alquiler “no beneficia a nadie” porque, cuando se imponen topes, “los propietarios optan por retirar las viviendas del mercado o incrementar los precios para compensar la intervención”.

María Cañadillas, de Sumar, desmiente el argumento de la alcaldesa del PP. “Navarra declaró en mayo de 2025 a 21 municipios como tensionados, incluyendo Pamplona y Tudela, y en seis meses ha bajado un 8,6% el precio medio del alquiler”, asegura.

El plan de Page es “insuficiente” para el PP

Precisamente en Guadalajara se ha pronunciado sobre las medidas del Ejecutivo regional en materia de vivienda el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. El líder de los 'populares' ha calificado de “claramente insuficiente” el plan y ha defendido la necesidad de abordar reformas estructurales como la modificación de la Ley del Suelo y de la normativa urbanística, según recoge Europa Press.

A su juicio, lo aprobado este martes son un conjunto de medidas “desordenadas y con mucha menos ambición” que la propuesta integral que el PP presentó hace un año en las Cortes regionales y que fue rechazada por el PSOE.

El líder regional del PP ha acusado al Gobierno de Page de no haber impulsado en once años ninguna reforma de las leyes básicas que condicionan el acceso a la vivienda. “Nunca se ha hablado de modificar la Ley del Suelo, la ley de urbanismo o la normativa medioambiental, y eso obliga a los ayuntamientos que quieren generar suelo y vivienda a hacerlo con legislación del siglo pasado”, ha afirmado Núñez, denunciando además los retrasos de hasta una década en la aprobación o modificación de los planes de ordenación municipal.

Cabe recordar que Paco Núñez anunció la semana pasada que pondrá en marcha un “gran plan” de vivienda al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha que se basará en “menos burocracia, más suelo y apoyo real a los jóvenes”.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha descartado solicitar la declaración de la capital como zona tensionada, pese al fuerte incremento de los precios de compra y alquiler registrado en los últimos años.

La regidora ha defendido que la intervención del mercado no solo no soluciona el problema del acceso a la vivienda, sino que puede empeorarlo al retraer la oferta y generar inseguridad jurídica entre los propietarios.

En una comparecencia ante los medios de comunicación junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, Guarinos ha argumentado a preguntas de los periodistas que limitar los precios del alquiler “no beneficia a nadie” y que, cuando se imponen topes, los propietarios optan por retirar las viviendas del mercado o incrementar los precios para compensar la intervención, según recoge Europa Press.

“Decirle a una persona a qué precio tiene que alquilar su vivienda no es la solución”, ha afirmado, subrayando que el problema de fondo es la falta de vivienda disponible. En este sentido, ha señalado directamente al Gobierno de España como responsable de no haber construido el parque público comprometido, recordando los anuncios de hasta 180.000 viviendas que no se han materializado.

A su juicio, el Ejecutivo central no puede trasladar a los propietarios particulares la responsabilidad de resolver un déficit que corresponde a las administraciones públicas. Frente a la intervención de precios, la alcaldesa ha defendido una política basada en “hechos y no anuncios”, centrada en la generación de suelo y la promoción de vivienda protegida.

Asegura que, desde 2023, el Ayuntamiento ha impulsado 559 viviendas, de las cuales 156 son de alquiler asequible y 403 de protección oficial, gracias a la cesión de parcelas municipales y a fondos europeos canalizados a través de otras administraciones.

Además, Guarinos ha destacado que Guadalajara es una de las ciudades con mayor porcentaje de vivienda protegida en construcción, con un 34% del total, y ha subrayado la modificación en marcha del Plan de Ordenación Municipal para ampliar el suelo residencial e industrial.

Una actuación que, según ha explicado, es clave para responder al crecimiento de la ciudad y facilitar tanto el acceso a la vivienda como la llegada de nuevas empresas y empleo.

La alcaldesa ha insistido en que declarar la ciudad como zona tensionada no resolvería la situación actual y ha reiterado su apuesta por aumentar la oferta, garantizar seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal y exigir a las administraciones competentes que construyan las viviendas que anuncian. “Los problemas que genera el Gobierno deben resolverlos los gobiernos, no los particulares”, ha abundado.

Relaciona la crisis energética con la falta de oferta de vivienda

También a preguntas de los medios, la regidora ha puesto el acento en otro factor que, según ella, limita tanto la oferta de vivienda como la instalación de nuevas empresas: la crisis energética.

La regidora ha explicado que, pese a que la provincia de Guadalajara es generosa en producción y distribución de energía eléctrica, la red actual no garantiza suficiente potencia para nuevos desarrollos industriales o residenciales.

A su juicio, esta situación está forzando a que algunas empresas con planes de ampliación o de implantación en la zona reconsideren sus inversiones por la falta de suministro adecuado.

Para hacer frente a esta restricción, ha recordado que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al plan nacional de distribución de energía eléctrica para asegurar que la ciudad cuente con la potencia necesaria hasta 2030.

Según ha indicado Guarinos, la falta de capacidad energética no solo afecta a las industrias ya asentadas, que ven limitada su producción, sino que también condiciona la construcción de nuevas viviendas y la llegada de empleo, que son factores clave para corregir el desequilibrio en el mercado inmobiliario. “El desarrollo residencial está intrínsecamente ligado a que las infraestructuras básicas estén garantizadas”, ha subrayado.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ejecutará el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a acometer la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, incumplida desde hace años.

Así lo ha confirmado este viernes la delegada del Gobierno regional en la provincia, Rosa María García, quien ha reconocido que la posibilidad de presentar un recurso es, a día de hoy, poco probable porque “a poco que se tenga conocimiento de derecho, ya sabemos que esto tiene poco recorrido; el auto lo dice claro”. “Este viaje ha llegado hasta aquí”, ha sentenciado García, asumiendo que la Junta cumplirá los plazos fijados por el tribunal.

La Junta de Castilla-La Mancha dispone de cinco días para decidir si presenta o no recurso y aunque la delegada ha detallado que la Consejería de Fomento lo está analizando, ha incidido en que “no se ha comunicado que vaya a haber ningún recurso” aún y ha reiterado que su viabilidad es mínima.

En una rueda de prensa convocada tras conocerse el auto judicial, García ha subrayado que el Ejecutivo autonómico “siempre ha respetado las resoluciones judiciales y lo seguirá haciendo con seriedad y con responsabilidad política e institucional”, por lo que “como no podía ser de otra manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia”.

La Junta acusa al PP de bloquear cualquier solución

No obstante, la delegada ha sido contundente al responsabilizar al Ayuntamiento de Guadalajara y a su alcaldesa, Ana Guarinos (PP), de haber bloqueado durante años cualquier solución de fondo para el Fuerte de San Francisco. “La voluntad de la Junta de cumplir la sentencia ha existido siempre, pero esa voluntad solo puede materializarse en la medida en que el Ayuntamiento lo permita, y lamentablemente eso no ha ocurrido”, ha afirmado.

La responsable del Gobierno regional en Guadalajara ha acusado al actual equipo de Gobierno municipal liderados por Guarinos de haber optado por la “confrontación política y la judicialización interesada” del conflicto. “El problema no ha sido la falta de voluntad de la Junta; el problema ha sido que el Ayuntamiento ha apostado por la confrontación política permanente, paralizando cualquier vía de diálogo y llevando el asunto a una judicialización interesada”, ha sostenido.

En ese contexto, ha cargado duramente contra la alcaldesa por haber rechazado proyectos estratégicos que, según ha defendido, habrían transformado el Fuerte en un motor de desarrollo para la ciudad. El primero de ellos fue la Ciudad del Cine, una iniciativa con cerca de 12 millones de euros de inversión que, en palabras de García, “habría situado a Guadalajara como referente nacional de la industria audiovisual”.

“El presidente Emiliano García-Page y el entonces alcalde Alberto Rojo supieron ver una gran oportunidad, pero la llegada de Ana Guarinos supuso su eliminación de un manotazo, sin diálogo y sin pensar en los intereses de Guadalajara y de sus vecinos”, ha reprochado, recordando que otro gobierno municipal del PP, el de Toledo, sí aceptó la Ciudad del Cine.

El campus de FP para Guadalajara quedará “muerto”

Tras el fracaso de este, ha aludido también a que la Junta planteó un segundo proyecto: un campus de Formación Profesional y residencia universitaria, compatible con la conservación patrimonial. “Hubiera convertido a Guadalajara en referencia nacional e internacional, el llamado 'Oxford de la FP', y habría supuesto un hito para la provincia”, ha dicho.

Sin embargo, parece tener muy claro que “este segundo proyecto también ha quedado muerto”. Y es que, según ha dicho, si bien “no hay una negativa, pero a veces el silencio es el que habla”, ha precisado tras recordar que el Consistorio nunca remitió la documentación comprometida para avanzar en la iniciativa.

La delegada ha insistido en que en que el principal perjuicio de esta situación no lo sufre la Junta, sino la ciudad. “La sentencia es una condena para los vecinos y vecinas que viven, trabajan, estudian o visitan Guadalajara”, ha relatado, siendo aún más dura en sus valoraciones políticas.

La sentencia es una condena para los vecinos y vecinas que viven, trabajan, estudian o visitan Guadalajara

“El verdadero ridículo es que Guadalajara haya perdido uno tras otro grandes proyectos de futuro. El verdadero ridículo es la falta de ambición de este Ayuntamiento, el rechazo sistemático a todo lo que venga de la Junta, el 'no por el no' constante y la ausencia total de propuestas alternativas de calado”, ha subrayado.

Por ello, García considera “de un cinismo absoluto” que desde el Ayuntamiento se trate el auto judicial “en tono victorioso”.

El auto del TSJCM obliga a la Junta a iniciar de forma inmediata la licitación de las obras de rehabilitación de la nave de la Forja, destinada a biblioteca municipal, y de la nave de Cerrajería, para escuelas municipales; fija un mes para iniciar desalojos y demoliciones incompatibles con el planeamiento; cuatro meses para redactar nuevos proyectos de rehabilitación y seis meses para subsanar las deficiencias detectadas en los informes técnicos.

García ha admitido que será necesario actualizar los proyectos por el paso del tiempo y el encarecimiento de materiales, pero ha dejado claro que el cumplimiento del auto no está en discusión: “Cuando hay que cumplir un auto, hay que cumplirlo”.

Finalmente, la delegada ha confirmado que la ejecución de la sentencia supone el cierre definitivo de los grandes proyectos estratégicos planteados por la Junta para el Fuerte de San Francisco. “El proyecto que pusimos encima de la mesa, el del campus de FP, ya no tiene sentido. Se va a cumplir la sentencia. Este viaje ha llegado hasta aquí”, ha concluido.

El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara reclama a la alcaldesa, Ana Guarinos, que actúe con “proporcionalidad, responsabilidad institucional y sentido común” en la resolución del expediente sancionador abierto al Club Deportivo Guadalajara, en relación a lo ocurrido en el partido de Copa del Rey disputado entre el club alcarreño y y el FC Barcelona en el estadio Pedro Escartín el pasado 16 de diciembre.

El procedimiento sancionador se inició tras la instalación de tres módulos de gradas supletorias sin la correspondiente licencia municipal, una infracción calificada como “grave” y que podría conllevar una multa importante, en función de lo que determine la instrucción del expediente. El club ha dispuesto de 15 días para presentar alegaciones, aportar documentación o incluso reconocer voluntariamente su responsabilidad, plazo que concluye este viernes 16 de enero.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, sostiene que la situación vivida el día del encuentro -que llegó a retrasarse cerca de media hora por el precinto inicial de las gradas- fue consecuencia directa de la “falta de liderazgo, coordinación y acompañamiento” del Ayuntamiento.

Aunque finalmente las gradas fueron habilitadas tras completarse la documentación pendiente, durante varios minutos se puso en duda la celebración del partido en condiciones normales.

“No es justo que el club pague un multón por ineficacia del Ayuntamiento”

De Luz ha rechazado que ahora se intente “trasladar toda la culpa al club” y ha defendido que el Consistorio debería haber estado “desde el minuto uno” al lado de la entidad deportiva, asesorándola y facilitando los trámites necesarios para un evento de gran magnitud para la ciudad.

“No es justo que el club pague con un multón la ineficacia del Ayuntamiento y, en particular, de su alcaldesa”, ha afirmado.

Desde las filas socialistas en el Consistorio han lanzado una petición expresa a Guarinos para que, una vez analizadas las alegaciones del club, el expediente se resuelva “de la manera más favorable posible”, evitando una sanción económica que podría “poner en riesgo a la entidad y dañar su imagen”. Lucía de Luz subrayaba que piden “una salida justa y digna, acorde con lo sucedido y con las responsabilidades reales”.

Y si bien desde el Ayuntamiento defendieron desde el primer momento que la seguridad es lo que siempre primó durante el partido, desde el Grupo Socialista apuntan que esa afirmación no exime al equipo de gobierno de su responsabilidad en la planificación y gestión del evento.

De Luz también ha felicitado a la afición del Deportivo Guadalajara por su comportamiento durante los momentos de mayor tensión y ha reconocido el malestar generado entre los seguidores.

Por último, ha lamentado que el episodio tuviera repercusión en medios nacionales por motivos negativos: “Guadalajara salió en los medios, pero no como debía: no por el deporte o la fiesta, sino por una mala gestión institucional”, ha concluido, insistiendo en que el Ayuntamiento aún está a tiempo de corregir la situación con una resolución proporcionada y responsable del expediente.

Las guarderías privadas de Guadalajara tampoco recibirán ayudas públicas específicas por parte del ayuntamiento el próximo año 2026. “Estos centros no van a recibir ninguna ayuda” para el próximo año, según ha denunciado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz.

“No van a darse, han desaparecido. Las recortaron de 80.000 a 50.000 euros el año pasado y después se los llevaron del presupuesto para gastarlos en otra cosa. Así defienden PP y Vox a los autónomos y a las empresas”, ha sentenciado la socialista.

La semana pasada la Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil (ACEI) denunciaba la falta de apoyo del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, a pesar de ser según explicaron “un compromiso” por parte del edil responsable del área Roberto Narro. Una situación que, según estas empresas, “compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad”.

Ahora el PSOE denuncia que la situación volverá a repetirse en 2026, tras publicarse el contenido de los Presupuestos para la ciudad del año que viene. De hecho, es algo que ya confirmó el pasado viernes el segundo teniente de alcalde Alfonso Esteban durante el pleno municipal celebrado ese día. A cambio, dijo, “habrá 200.000 euros en ayudas a empresas a las que, entre otros, se podrán acoger las empresas que gestionan guarderías privadas”.

Según el concejal del PP las subvenciones a las guardería privadas eran “la única ayuda residual dirigida estrictamente a un colectivo” y en su opinión “es sensato que las ayudas sean genéricas, que se puedan acoger a ellas todos los autónomos de Guadalajara y no solo un colectivo. A cambio hemos incrementado las ayudas a las familias para pagar las guarderías, pasando de de 50.000 a 70.000 euros”.

El cambio no convence a los socialistas que hablan de “desastrosa gestión de este gobierno municipal liderado por Ana Guarinos” y que, señalan, “provoca que se retrasen ayudas, contratos y que nos encontremos con situaciones como esta”, argumenta la portavoz.

“Estamos a 29 de diciembre y estas ayudas no van a llegar, cuando estos nueve centros ya se habían echado sus cuentas. Incluso ya les habían recortado la subvención en 30.000 euros el año pasado. Además, hay que recordar que el gobierno de Alberto Rojo tenía estas ayudas valoradas en 80.000 euros y el gobierno de Guarinos decidió, al inicio de este ejercicio de 2025, reducirles la subvención a 50.000”, ha asegurado la concejal socialista.

Para De Luz, además de suponer “graves problemas económicos” a estas empresas, puede afectar a la conciliación y a la calidad de la educación que reciben nuestros niños y niñas de 0 a 3 años. “Si estas empresas cierran, ¿dónde vamos a llevar a nuestros hijos e hijas?”, se ha preguntado hoy ante los medios de comunicación.

“Solo 30 de las 600 familias usuarias han tenido ayudas”

“Aumentar las ayudas destinadas a familias hasta los 70.000 euros”, esta ha sido la alternativa propuesta por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿El problema? Que se publicaron a finales del mes de octubre, con un plazo de apenas siete días y coincidiendo con el Puente de los Santos.

Según la edil socialista, “la falta de previsión, de nuevo, y mala gestión, ha provocado que solo 30 de las 600 familias usuarias de estos centros se hayan podido beneficiar de estas ayudas. Fíjense el desastre de gestión de Guarinos”, ha añadido De Luz.

La cuestión de “seguridad” en el retraso de partido entre el Club Deportivo Guadalajara y el F.C. Barcelona el pasado 16 de diciembre vuelve a suscitar preguntas en el Ayuntamiento alcarreño. Desde la oposición, PSOE y A Guadalajara Hay Que Quererla (Aike) quieren saber por qué el equipo de gobierno del Consistorio no “asesoró correctamente” al club al que ahora el propio Ayuntamiento quiere sancionar.

El tema ha sido hoy objeto de una pregunta en el pleno municipal este 26 de diciembre. Desde el PSOE municipal, el concejal Juan Flores ha expresado que, a pesar de presenciar un “espectáculo” durante el partido del C.D. Guadalajara y el F.C. Barcelona, el equipo de gobierno de la 'popular' Ana Guarinos “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Denuncian que el ejecutivo local “no prestó asesoramiento, ayuda ni atención que el C.D. Guadalajara habría requerido para un acontecimiento muy importante en la vida deportiva de la ciudad” y han preguntado durante la sesión plenaria por qué “no se convocó al C.D. Guadalajara a la Junta Local de Seguridad del 15 de diciembre”. Además, el edil ha criticado la forma de actuar del equipo de gobierno del Consistorio ante un evento deportivo de gran magnitud. “Provocaron una situación de peligrosidad y ahora su ausencia de gestión ha hecho que haya un conflicto con el propio club deportivo que está en proceso de ser sancionado”. Flores ha instado a PP y Vox a que “pidan disculpas y que no se vuelva a repetir”.

El concejal y portavoz Alfonso Esteban (PP) replicaba al dil socialista para asegurar que el equipo de gobierno “mantuvo en todo momento antes y después de la reunión, comunicación y coordinación permanente en relación con el evento deportivo”, y que “se garantizó la seguridad en todo momento en el ámbito del partido. La comunicación y coordinación con el club fue fluida y permanente”. Además, ha cargado contra el PSOE expresando que “no sabemos muy bien dónde estuvieron ustedes. Ayudando y a disposición, desde luego que no”.

Desde el grupo A Guadalajara Hay Que Quererla (Aike), su portavoz Susana Martínez ha apelado directamente al concejal de Seguridad. “¿Cómo es posible que en un evento que congregó a 8.500 personas, veinte minutos antes de la hora prevista del inicio del partido no estuvieran subsanadas cuestiones tan básicas como la evacuación del recinto como se refleja en el decreto firmado, donde se dice que esas circunstancias quedan para su autorización in situ por la policía o los bomberos?”.

El concejal de Seguridad, José María Antón (Vox) se defendía: “Todas las cuestiones relacionadas con la seguridad del evento estuvieron garantizadas durante el mismo. De no ser así, no se habría autorizado, incluida la evacuación del recinto”.

Susana Martínez ha vuelto a incidir en que deben “explicar cuál es la planificación que se había hecho desde el área de seguridad, coordinación, visitas previas al campo y reuniones con el club”, ya que se trata, recordaba, de “un partido retransmitido a nivel nacional que se retrasó media hora por cuestiones de seguridad, organización y planificación”. Un requerimiento que no ha sido contestado por el concejal responsable de la Seguridad en Guadalajara. “Ya le he respondido muy claramente”, concluía, sin más posibilidad de réplica.

El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta a una propuesta de sanción por la instalación de gradas supletorias para el partido de Copa del Rey del pasado martes contra el FC Barcelona sin licencia urbanística previa.

Así lo ha señalado este jueves el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, que ha confirmado la existencia de una propuesta de sanción contra el equipo alcarreño.

Y es que la actuación del club obliga al Consistorio a incoar un expediente sancionador en aplicación “estricta” de la normativa. “Si evidentemente las gradas se hubieran instalado sin una licencia previa, eso tendrá un procedimiento”, ha afirmado López Pomeda.

En este sentido, ha indicado que se tratará únicamente del inicio de un expediente administrativo y no de una sanción firme, y ha añadido que el Ayuntamiento ha actuado “exactamente igual que haría con cualquier ciudadano o cualquier empresa”, porque “nadie puede estar encima de la ley”.

Estas declaraciones han sido realizadas por López Pomeda durante una visita a unas obras, a preguntas de los periodistas, y se producen después de que el diario Nueva Alcarria publicara la existencia de dicha propuesta de sanción.

El edil ha explicado que si bien la propuesta económica de sanción en estos momentos podría ascender a unos 78.000 euros, ha insistido en que no es definitiva y puede variar tras el periodo de alegaciones. “Hay una escalas en función de cómo se catalogue pero siempre hay que dar ese derecho de defensa a las partes”, ha remarcado.

El responsable municipal ha enmarcado el procedimiento en la disciplina urbanística y lo ha definido como un trámite “tasado”, sin margen para decisiones discrecionales por parte del Ayuntamiento sino que “es la aplicación mera de la norma”.

El partido tuvo que empezar media hora después

El partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el CD. Guadalajara y el FC. Barcelona, que se decantó a favor de los catalanes, con un 0-2, tuvo que retrasarse media hora.

Para dar cabida a todas las personas que querían acudir al partido, se instalaron gradas en el campo de fútbol 'Pedro Escartín', sin embargo, esas gradas “no contaban con la documentación necesaria”, ni tampoco con la licencia municipal pertinente, según consta en sendos decretos a los que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha correspondientes a los días 15 y 16 de diciembre, este último, el día del partido.

Según ha detallado la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Ana Guarinos, el club presentó el proyecto técnico horas antes del partido, lo que obligó a los técnicos municipales a analizar la documentación y comprobar sobre el terreno la instalación en un plazo muy reducido. Finalmente, y tras un trabajo intensivo, se autorizó el uso de la grada principal con capacidad para 1.860 personas, mientras que las gradas supletorias laterales no se habilitaron al no contar con la documentación necesaria.

Por su parte, Susana Martínez, concejala del Grupo Municipal AIKE, señaló que “no puede ser que haya un decreto autorizando 20 minutos antes de que comience el encuentro en el que aparece que ”no quedan subsanadas las deficiencias a las condiciones de evacuación y que eso lo determinará la policía y los bomberos in situ. Es una precariedad muy grande“.

Todo esto provocó que centenares de personas se agolpasen a las puertas del estadio Pedro Escartín, en lo que la prensa deportiva no ha dudado en calificar de “caos” por la gestión y la licencia municipal para instalar más gradas que no llegó a tiempo.

Se le conoce como 'el puente árabe' en Guadalajara. Algunos historiadores lo atribuyen a época romana, pero los estudios más recientes lo dataron en el siglo X, en época califal con origen vinculado a la creación de la ciudad islámica de Guadalajara.

Según el departamento de Cultura de Castilla-La Mancha, el puente se situaba próximo a la calzada principal que iba a Zaragoza y que vigilaba el paso del río Henares. El hecho de que Abdal Rahman III mandara personalmente iniciar su construcción, prueba la importancia que hacia el año 950 había ya adquirido la Wadi-I-Hiyara (Guadalajara) de la Marca Media andalusí.

Tras la reconquista cristiana, el puente se amplió y reforzó, datando de entonces (siglo XIII) las múltiples marcas de cantería que se ven en los sillares bajos, entre las que abunda la estrella de cinco puntas. Los castellanos le hicieron dos torres nuevas: una central, sobre el lomo principal, alta y fuerte.

Posteriormente sufrió numerosas intervenciones en los siglos XV y XVI, siendo parcialmente destruido en la Guerra de Sucesión y posteriormente reconstruido en el siglo XVIII, en época de Carlos III.

Mide 117 metros de largo, y está formado por cinco arcos y cuatro pilastrones, fuertes y macizos los dos centrales, llevando uno de ellos un aliviadero muy característico de los puentes árabes. Se trata de una obra en la línea más pura de la arquitectura califal cordobesa de la época.

La pasada primavera se temió por su estabilidad tras la crecida del río Henares por el desembalse en la presa de Beleña, aguas arriba, ante las abundantes lluvias. El Ayuntamiento de Guadalajara envió en marzo un escrito al delegado del Gobierno regional para pedir que se garantizase la seguridad de la infraestructura. Días antes el río Tajo se había llevado parte de otro puente histórico, en este caso en Talavera de la Reina debido a su elevado caudal.

Este miércoles, el delegado de Educación, Cultura y Deportes Ángel Fernández-Montes hacía un llamamiento a todas las partes implicadas en la preservación del monumento “para que asuman sus responsabilidades” en la preservación de “uno de los elementos arquitectónicos más antiguos de la ciudad y que debemos mantener por su propio valor histórico y patrimonial”.

En una comparecencia conjunta junto al delegado de Fomento, Javier del Molino, el responsable de Patrimonio ha explicado hoy qué tareas de mantenimiento y preservación corresponden al Gobierno regional en el puente árabe y también han detallado las que competen al Ayuntamiento de la capital.

La Delegación de Fomento realiza periódicamente tareas de mantenimiento en la estructura al ser titular de la carretera que discurre sobre él, uno de los accesos principales a la ciudad, y de la propia estructura del mismo. El puente está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y la Delegación de Educación, Cultura y Deportes vela por su mantenimiento.

Las fincas adyacentes propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara

El hecho de ser BIC afecta también a su entorno más cercano y es ahí donde hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha apela a la responsabilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Las dos fincas adyacentes a ambos márgenes del río son propiedad municipal, según ha puntualizado hoy el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes.

Por ello, desde la Delegación se han enviado este mismo año dos requerimientos al Ayuntamiento, con fechas 24 de enero y 9 de septiembre, respectivamente, para que lleve a cabo en sus fincas las acciones necesarias para preservar este BIC.

En concreto, se le ha requerido al Consistorio que, en la margen izquierda del río, actúe sobre la barbacana (muro que sujeta la finca al situarse esta en altura) eliminando totalmente los tocones de árboles que han ido naciendo y que dañan las piedras de este elemento constructivo que se encuentra en riesgo y con daño visibles en su estructura.

Asimismo, se les ha requerido para que asuman un mantenimiento periódico de la vegetación en su finca para evitar más daños futuros.

Un proyecto integral para las compuertas del Molino del Duque

En cuanto a la margen derecha se ha solicitado al Consistorio que realice un proyecto integral para valorizar de la casa de compuertas del Molino del Duque. En este punto, se le propone que actúe de forma coordinada con la Delegación de Fomento por ser propietaria del puente, elemento con el que la finca comparte un muro. En los requerimientos se le pide también al Ayuntamiento que se haga cargo de la instalación de un sistema de desagüe con una válvula antirretorno en la zona más próxima a los arcos recuperados (SUE-30) para evitar los encharcamientos que se producen en momentos de fuertes lluvias.

A la Delegación de Fomento se le solicitó que retirara un cartel informativo vandalizado que se encontraba ubicado en la salida superior del puente, que ya ha sido eliminado. Asimismo, desde este departamento del Gobierno regional en los últimos meses se ha retirado la vegetación que cubría los tajamares del puente y se han ido eliminando las pintadas que han aparecido en dos ocasiones en algunos de los ojos.

El delegado de Fomento, Javier del Molino, ha lamentado que a día de hoy se produzcan este tipo de actos vandálicos y ha recordado que para llevar a cabo su limpieza es necesario contar un proyecto de actuación y encomendar la tarea a empresas especializadas en el tratamiento de BIC, lo que encarece y retrasa el procedimiento.

La responsabilidad de la Confederación del Tajo

El tercer organismo con responsabilidad en la zona es la Confederación Hidrográfica del Tajo, a quien desde la Delegación de Educación, Cultura y Deportes se le solicitó un informe técnico sobre la viabilidad de desplazar la mota situada en la margen derecha del río ante la solicitud de abrir los últimos ojos el puente que permanecen cerrados.

La Confederación ha contestado que “no es viable modificar dicha mota ya que cumple una función esencial como defensa contra posibles inundaciones, ya que esta infraestructura protege frente a avenidas y su alteración incrementaría el riesgo para personas, bienes y patrimonio”.

Guarinos descarga la competencia en el Gobierno regional

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha afirmado este miércoles que, hasta donde ella sabe, la Barbacana y el Puente Árabe son responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no del Consistorio y por tanto tiene que arreglarlo el Gobierno regional, según recoge Europa Press.

La regidora ha señalado que los informes de los técnicos municipales son claros y que el Ayuntamiento no asumirá inversiones que corresponden a otra administración.

“Pedimos simplemente que la Junta asuma sus obligaciones y cumpla con sus responsabilidades en materia de Patrimonio”, ha puntualizado.

“La barbacana y el puente son responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o al menos eso dicen los informes técnicos”, ha precisado.

El partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el CD. Guadalajara y el FC. Barcelona se decantó a favor de los catalanes, con un 0-2, en una cita histórica de la que los aficionados disfrutaron en un campo abarrotado, con gradas supletorias, mucho ambiente, pero que también dejó un sabor agridulce. El partido tuvo que retrasarse media hora. Centenares de personas se agolparon a las puertas del estadio Pedro Escartín, en lo que la prensa deportiva no ha dudado en calificar de “caos” por la gestión y la licencia municipal para instalar más gradas que no llegó a tiempo.

El comienzo del partido estaba programado para las 21:00 horas, sin embargo, tuvo que empezar media hora después. La Real Federación Española de Fútbol comunicó a través de su perfil en la red social X, que “por cuestiones organizativas y de seguridad” se iba a retrasar 30 minutos.

Para dar cabida a todas las personas que querían acudir al partido, se instalaron gradas en el campo de fútbol 'Pedro Escartín', sin embargo esas gradas “no contaban con la documentación necesaria”, ni tampoco con la licencia municipal necesaria, según consta en sendos decretos a los que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha correspondientes a los días 15 y 16 de diciembre, este último, el día del partido.

La autorización llegó in extremis y eso no solo terminó retrasando el partido, sino que centenares de personas se agolpasen a las puertas del Pedro Escartín ayer por la tarde, con todas las entradas vendidas, pero sin gradas.

Las críticas de la oposición no tardaron en llegar. El Grupo Municipal Socialista advertía anoche, vía redes sociales que el partido se retrasaba 30 minutos, asegurando que “Ana Guarinos sigue poniendo trabas: ahora mismo se está firmando el decreto que autoriza la utilización de las gradas” y explica que 8.000 personas esperaban fuera del estadio.

AIKE pedirá responsabilidades al concejal de Seguridad, de Vox

Hoy, el Grupo Municipal AIKE señala que lo ocurrido se debe a un “problema de planificación” por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de PP y Vox. La edil Susana Martínez cree que tratándose de un acto deportivo “con más de 8.000 personas, que los previos fueran estos... Hay muchas cosas que son mejorables”.

La concejala advierte: “Habrá que ver la responsabilidad tanto del Ayuntamiento como del propio club”. Susana Martínez señala que son estos últimos quienes “tienen que garantizar la seguridad” y que “no puede ser que haya un decreto autorizando 20 minutos antes de que comience el encuentro en el que aparece que ”no quedan subsanadas las deficiencias a las condiciones de evacuación y que eso lo determinará la policía y los bomberos in situ. Es una precariedad muy grande“.

Apunta que Guadalajara es “una ciudad con un campo que normalmente recibe unas 2.500 personas y con el partido contra el Barça fueron más de 8.000”, y destaca que van a “pedir responsabilidades a José María Antón, como concejal de seguridad”.

A pesar de estas condiciones, la concejala de Aike señala que “afortunadamente todo salió bien”, donde “la afición también ayudó, así como el trabajo de los jugadores, que todos se fueron con buen sabor de boca en líneas generales”.

Guarinos reconoce que las gradas se instalaron sin licencia

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido la actuación del equipo de Gobierno ante la polémica generada en relación a los permisos por la instalación de gradas supletorias en el estadio Pedro Escartín durante el partido entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona, y ha subrayado que la prioridad fue en todo momento la seguridad de los asistentes.

Guarinos ha explicado, en respuesta a las preguntas de los periodistas, que las gradas fueron instaladas inicialmente sin licencia municipal, lo que obligó al Ayuntamiento a requerir al club la presentación de la documentación necesaria para poder legalizar la instalación.

Entre esa documentación, remarcó, faltaba el proyecto técnico, imprescindible para evaluar las condiciones de seguridad, evacuación y autoprotección.

“El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que cualquier instalación reúna todas las condiciones de seguridad, y este equipo de Gobierno jamás pondrá en riesgo a las personas”, ha afirmado la alcaldesa, según recoge Europa Press.

Según ha detallado, el club presentó el proyecto técnico horas antes del partido, lo que obligó a los técnicos municipales a analizar la documentación y comprobar sobre el terreno la instalación en un plazo muy reducido. Finalmente, y tras un trabajo intensivo, se autorizó el uso de la grada principal con capacidad para 1.860 personas, mientras que las gradas supletorias laterales no se habilitaron al no contar con la documentación necesaria.

Guarinos ha querido destacar el trabajo realizado por los técnicos municipales, que permitieron que el partido se celebrara “con total garantía de seguridad”, y ha agradecido también la labor de la Policía Local y Nacional, así como a Protección Civil y a los Bomberos.

Pese al retraso en la apertura de puertas, la alcaldesa ha puesto el acento en que el encuentro se desarrolló sin incidentes y ha elogiado tanto el comportamiento de la afición como el nivel deportivo del partido. “Hicieron un partido magnífico, que mereció la pena. Pelearon hasta el último minuto y siempre nos quedará este partido en el recuerdo”, ha subrayado, dando la enhorabuena a los jugadores “del Dépor por lo bien que lo hicieron”.

El PSOE denuncia “la falta de coordinación de Guarinos y el club”

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz, ha valorado ya esta mañana lo sucedido. “Ayer, disfrutamos de un gran partido, y quiero dar la enhorabuena al club; y hoy, deberíamos estar hablando únicamente de eso; pero, sin embargo, tenemos que lamentar la absoluta falta de coordinación de Guarinos con el Deportivo, al que debería haber prestado todo el apoyo y asesoramiento, y que hubiera evitado el retraso en media hora del encuentro; así como la incertidumbre de las miles de personas que esperaron acceder al Escartín prácticamente algo más de una hora después de lo previsto”,

Para la portavoz socialista, “no había que esperar a que al club le faltase un papel. Había que llamar, sentarse, coordinar y facilitar. Eso es gobernar, y lo más grave es que la alcaldesa no habló con nadie. No hubo interlocución, no hubo liderazgo institucional, no hubo implicación directa en un evento que afectaba a toda la ciudad”.

No había que esperar a que al club le faltase un papel. Había que llamar, sentarse, coordinar y facilitar. Eso es gobernar, y lo más grave es que la alcaldesa no habló con nadie. No hubo interlocución, no hubo liderazgo institucional, no hubo implicación directa en un evento que afectaba a toda la ciudad

Lucía de Luz — Portavoz del Grupo Municipal Socialista

En su opinión, un acontecimiento de esta magnitud “no se improvisa, ni se puede dejar solo en manos de un club que, además, ha hecho todo lo que estaba en su mano”.

Ha desvelado que el CD Guadalajara “pidió ayuda, y fue la Diputación Provincial quien respondió, ofreciendo algo tan básico como apoyo de personal, mientras que Guarinos, lamentablemente, no estuvo”.

El Grupo Municipal Socialista ha querido valorar también “la honestidad del Dépor, pero no es razonable que cargue con una responsabilidad que no le corresponde. Un club pidiendo disculpas por un problema que se podía haber evitado si el gobierno municipal hubiera cumplido con su responsabilidad”.

A colación, la portavoz socialista ha tenido un reconocimiento a la afición, “cuyo comportamiento fue ejemplar antes, durante y después del encuentro; así como el trabajo impecable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que finalmente todo se desarrollara con normalidad”.

El CD Guadalajara pidió ayuda, y fue la Diputación Provincial quien respondió, ofreciendo algo tan básico como apoyo de personal, mientras que Guarinos, lamentablemente, no estuvo

Lucía de Luz — Portavoz del Grupo Municipal Socialista

“Desde el Grupo Municipal Socialista queremos dejar claro que la ciudad estuvo a la altura, y desgraciadamente, quien no lo estuvo fue Guarinos”. Además, han pedido que “se asuman responsabilidades políticas y que nunca más se deje solo a un club que representa con orgullo el nombre de Guadalajara”. En su opinión, “no es aceptable que se ponga en duda a la ciudad, y no es aceptable que se genere una imagen negativa, cuando se podía haber evitado”.

La alcaldesa por contra sostiene que el equipo de Gobierno actuó con “total y absoluta responsabilidad”. Guarinos ha afirmado que no le preocupa la crítica política cuando se ha actuado conforme a la legalidad y priorizando la seguridad. “No sé lo que habrían hecho otros si les hubiera tocado estar en esta situación. Posiblemente, habrían mirado hacia otro lado, poniendo en riesgo a las personas”, ha dicho.

“El Ayuntamiento actuó con total y absoluta responsabilidad en un tiempo récord y velar por la seguridad. Nunca pondremos en riesgo la seguridad de los guadalajareños”, ha concluido.

También ha detallado que las gradas pequeñas del campo no se ocuparon porque no se había presentado el proyecto para su legalización sino que solo presentaron el de la grada grande.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para el próximo lunes una comisión de seguimiento extraordinaria para “abordar de manera urgente” supuestas irregularidades detectadas en el centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de Guadalajara y “exigir responsabilidades” para que el recurso funcione correctamente.

Se trata de un centro de acogida que está dentro de la red de recursos de protección a las mujeres del Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha. El Gobierno regional lo paga pero está gestionado por el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, cuya alcaldesa es la 'popular' Ana Guarinos, y derivó la responsabilidad de esa gestión a una empresa privada. Es uno de los más grandes de la región, con capacidad para once mujeres y sus hijos e hijas, cinco de atención urgente y seis de media y larga estancia.

El servicio municipal funciona gracias a un contrato valorado en 936.000 euros que se adjudicó hace unos meses a la empresa con sede en Lalín (Pontevedra) Alvalop Servicios XXI SL, por dos años. Según Aike, esta es una empresa “sin ninguna experiencia en el sector, con múltiples denuncias, impagos de nóminas e implicada en la Operación Qatedra por presuntos fraudes en las subvenciones para la formación”, según asegura la portavoz del grupo municipal Susana Jiménez, que se ha sumado hoy a las críticas denunciando “graves deficiencias” e “incumplimiento del contrato”. La situación según la formación municipalista se produce desde hace meses.

La concejala dice que no se cubren las bajas, lo que ha supuesto estar sin coordinación o actualmente sin psicóloga y las dificultades para cubrir los turnos de un servicio (teóricamente) ininterrumpido de 24 horas, a lo que hay que sumar el “retraso reiterado” en el pago de las nóminas. La empresa concesionaria, Alvalop Servicios XXI SL, ha sido noticia por denuncias de impagos a sus trabajadores en servicios municipales de los que es adjudicataria, como son los casos del Centro de Día de Castro Urdiales y de las ludotecas y otros servicios en Melilla.

Después, la portavoz de AIKE dice que existen problemas para la manutención de las mujeres y menores residentes, que están racionando la comida para llegar a fin de mes o que no pueden comprar material escolar para empezar el curso o productos de higiene básicos. Además, apunta, se suman problemas de mantenimiento del espacio, con electrodomésticos estropeados, sin lavadora en un centro con 11 familias, escasez de menaje, humedades, persianas y ventanas rotas.

“Recordemos que son mujeres y menores que han huido de situaciones de violencia muy complejas, las instituciones deben garantizar una atención digna, que tengan sus necesidades básicas cubiertas, se sientan seguras, protegidas y cuidadas”, ha subrayado Martínez.

“La Consejería está preocupada”

En paralelo, la consejera de Igualdad Sara Simón ha explicado que en agosto su departamento ya remitió un escrito al ayuntamiento y mantuvo una reunión en la que este se comprometió a adoptar soluciones. A estas alturas, dos meses después, la consejera afirma que las medidas no se han ejecutado, así que la Junta de Castilla-La Mancha intervendrá.

Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para el próximo lunes una comisión de seguimiento extraordinaria. Intervendrá para exigir soluciones y responsabilidades.

Simón también ha asegurado que la Junta “pone todos los recursos a disposición, pone todo el dinero a disposición” para garantizar la atención. Este centro está gestionado por el Ayuntamiento pero lo financia el Ejecutivo regional con una subvención de 525.000 euros.

“La Consejería está preocupada” por la persistencia de estas anomalías, ha añadido la titular de Igualdad en la comunidad autónoma, que ha subrayado que la Administración regional deriva a dicho centro a las mujeres víctimas y financia “íntegramente” su funcionamiento, por lo que exige a las entidades gestoras “que se comprometan a que estos centros, a que estos espacios funcionen bien”, en referencia al Ayuntamiento de la capital.

El Ayuntamiento descarga la responsabilidad en la empresa

La respuesta por parte del equipo de gobierno de las derechas no se ha hecho esperar. En un comunicado, el consistorio ha achacado los problemas detectados a “cuestiones internas” de la empresa adjudicataria de este servicio municipal.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara dice haber cumplido puntualmente con los pagos a la empresa y haber realizado los requerimientos oportunos ante las incidencias registradas.

En cuanto a los suministros, afirman que “en la última Junta de Gobierno Local se aprobó notificar formalmente a la empresa los impagos detectados y se ha abierto un expediente administrativo. En función del resultado, se exigirá el abono inmediato o se procederá a la detracción de las cantidades correspondientes”.

Respecto a las declaraciones del grupo Aike, el concejal de Igualdad, Roberto Narro (PP), asegura que las condiciones de manutención, higiene y seguridad del centro “están garantizadas”. “Las incidencias puntuales se atienden con la mayor rapidez posible”.

El Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por Partido Popular y Vox, estaría interesado en albergar la escultura de un toro de 300 metros. Un proyecto megalómano impulsado por la Academia Española de Tauromaquia.

El proyecto responde al nombre de 'El Toro de España', y sería “una colosal escultura metálica en forma de toro bravo con el objetivo de convertirla en el principal icono turístico de España y uno de los mayores reclamos internacionales de todos los tiempos”, tal y como informa la agencia Europa Press. La idea es combinar “innovación técnica, valor cultural y potencia visual”, a imagen y semejanza de otros grandes símbolos nacionales como la Torre Eiffel en Francia, la Estatua de la Libertad en EE.UU. o el Coliseo Romano en Italia.

Tras descartarlo la ciudad de Madrid, esta semana le han preguntado a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, si hay interés por parte de su gobierno, conformado por PP y Vox en instalar el 'monumento'. Ella no dice ni que sí, ni que no.

“Ahora es solo una idea”, asegura. “De momento, hay gente que está estudiando esa posibilidad, pero hasta que no sepamos las condiciones, no vamos a decir nada al respecto. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario”, ha afirmado a preguntas de los periodistas.

Insiste en que “de momento, es solamente una idea que alguien ha lanzado, pero no conocemos nada más, ni detalles ni plazos ni nada más” y que esperarán a conocer algo más, “pero todo lo que sea bueno para la ciudad de Guadalajara, se verá”. La regidora, ha señalado que lo que conoce es que hay un proyecto, al parecer, auspiciado por “una serie de personas” que están “interesadas” en buscar un lugar para ubicar un toro “gigante”.

“Sabemos que esa propuesta está encima de la mesa y que se ha descartado en sitios como Madrid y que hay otros que se han presentado y nosotros, como Ayuntamiento, estamos dispuestos a ver qué supondría elevar esta estatua en la ciudad y analizar todas las propuestas que puedan ser positivas, si esta lo es, para la ciudad de Guadalajara”, ha remarcado.

En cualquier caso, ha aseverado que, pese a que se trata de un proyecto de grandes dimensiones, ya que se trataría de un toro de al menos 300 metros de altura, cree que la capital alcarreña tiene un término municipal “grande y maravilloso”, aunque ha precisado que ahora no sabía cuál podría ser ese espacio al igual que desconocen las condiciones y lo que se necesitaría y supondría.

La Academia deTauromaquia, “sorprendida” por las declaraciones de la alcaldesa

Las declaraciones de la alcaldesa de Guadalajara han sorprendido a los promotores del proyecto. La Academia de Tauromaquia ha respondido en un comunicado que fue el Ayuntamiento alcarreño el se interesó por la propuesta solicitándoles más información a través del área de Festejos, cuya titularidad corresponde a Santiago López Pomeda, concejal del Partido Popular.

Aseveran que el 25 de julio se remitió la información solicitada al Ayuntamiento, comunicándole además que el primer paso que debían dar era concretar cuál sería el terreno y sus características que pensaban destinar al proyecto. “La Academia no recibió respuesta y, por eso, nos sorprende lo manifestado ayer por la alcaldesa”.

El Partido Popular ha dado a conocer en la tarde de este sábado, durante la celebración del 21 Congreso Nacional en Madrid, que la diputada por Ciudad Real Carmen Fúnez y la alcaldesa de Guadalajara Ana Guarinos formarán parte, como vocales, del Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de Alberto Núñez Feijóo.

Del máximo órgano de dirección también forma parte el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez, como miembro nato y también lo es de la Junta Directiva Nacional. Como vocales de Castilla-La Mancha en esta Junta Directiva Nacional se ha incluido en la propuesta a Ana Cantarero, alcaldesa de El Pedernoso y a Miguel Ángel Ruiz, el alcalde de Puertollano.

Como miembros natos de la Junta Directiva Nacional están las siguientes personas, incluido el propio Paco Núñez.

1. AGUSTIN CONDE BAJEN

2. ALEJO JOAQUÍN MIRANDA DE LARRA ARNAIZ

3. ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ

4. ANTONIO ROMÁN JASANADA

5. BEATRIZ JIMÉNEZ LINUESA

6. BENJAMÍN PRIETO VALENCIA

7. CARLOS VELAZQUEZ ROMO

8. CARMEN RIOLOBOS REGADERA

9. CAROLINA AGUDO ALONSO

10. DANIEL PÉREZ OSMA

11. ENRIQUE BELDA PÉREZ PEDRERO

12. FRANCISCO CAÑIZARES JIMÉNEZ

13. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ NÚÑEZ

14. ISRAEL ROBERTO PEREZ JIMENEZ

15. JORGE SANCHEZ-INFANTE GOMEZ-ESCALONILLA

16. JOSÉ LUIS MONTALVO ROPERO

17. JOSE MANUEL VELASCO RETAMOSA

18. LEOPOLDO JERÓNIMO SIERRA GALLARDO

19. LUCAS CASTILLO RODRÍGUEZ

20. Mª MONSERRAT RIVAS DE LA TORRE

21. MANUEL RAMÓN SERRANO LÓPEZ

22. MARÍA JESÚS BONILLA DOMÍNGUEZ

23. MARÍA CARMEN NAVARRO LACOBA

24. MARIA CONCEPCION CEDILLO TARDIO

25. MARÍA PATRICIO ZAFRA

26. MARIA PILAR ALIA AGUADO

27. MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MARTIN

28. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO

29. MIRIAM GARCÍA NAVARRO

30. PILAR MILAGROS ROJO NOGUERA

31. RAÚL DALMACIO VALERO MEJÍA

32. ROSA ROMERO SÁNCHEZ

33. SIMÓN VALENTÍN BUENO VARGAS

34. VICENTE TIRADO OCHOA

35. JOSÉ JULIÁN GREGORIO

Por otro lado, y de acuerdo a una enmienda introducida ayer viernes en la Ponencia de Estatutos, se incluye representación de 10 pequeños municipios por designación del presidente Alberto Núñez Feijóo. La representante de Castilla-La Mancha será Almudena González, la alcaldesa de Almonacid de Toledo.