El empresario de la construcción y los medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados desde el próximo 20 de octubre, que es cuando arranca el último juicio de Gürtel, el referido al blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 14 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental continuada, que habría cometido para ayudar a Francisco Correa.

Ulibarri, que posee el 50% de la televisión de Castilla y León –financiada por el gobierno autonómico– es propietario de varios medios en la Comunidad, entre ellos El Mundo de Castilla y León y varias cabeceras locales, además de explotar licencias de radio, ya tiene una condena de cárcel a sus espaldas. En abril de 2022 asumió 19 meses de prisión en la causa Gürtel Boadilla. La sentencia de la Audiencia Nacional lo consideró autor responsable y colaborador necesario de la trama de corrupción. En ese momento, el empresario decidió colaborar con la Justicia pocos meses antes de que arrancase el juicio en el que se exponía a una condena de 7 años de cárcel, y acabó reconociendo los cinco delitos.

En la nueva causa que afronta está acusado de encubrir el fraude fiscal de Francisco Correa, el hombre que recogía las mordidas del PP a las empresas a las que concedía adjudicaciones. Tanto Correa como Pablo Crespo, líderes de la trama, se enfrentan a 77 años de prisión por el entramado creado para eludir los pagos a Hacienda ocultando los fondos que habían obtenido. Correa habría ocultado más de 24 millones de euros mediante dinero en efectivo que integró en la 'caja B' de sus empresas gracias a un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.

Así, se elaboraron facturas falsas “con el fin de ocultar los servicios realmente prestados o su destinatario final, o para simular el pago de servicios inexistentes que no solo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos”, según el juez instructor. Ulibarri es uno de los empresarios que, presuntamente, participó en esa trama que falseó facturas por servicios no prestados. No es el único leonés que está imputado, también aparece otra constructora de la provincia, Teconsa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción relata que Correa recibió por su ilegal intermediación en adjudicaciones públicas en Castilla y León varias cantidades. En 2002 obtuvo 49.763 euros por la adjudicación del “Expediente 1.2-BU-10, variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas. C-6318, de Bilbao a Reinosa, puntos kilométricos del 41,450 al 46,100, provincia de Burgos” por la Consejería de Fomento de Castilla y León, a cargo en ese momento de José Manuel Fernández Santiago.

En 2003, un importe de 120.500 euros relacionado con la adjudicación del “Proyecto global de construcción del centro de tratamiento de residuos urbanos, depósito de rechazos y accesos, para la gestión de los residuos urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca”, situado en Gomecello, por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, entonces al cargo de Silvia Clemente; y un importe de 31.150 euros, también en el año 2003, por la adjudicación del “Proyecto de construcción de la variante de Olleros de Alba (León) carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, tramo de Olleros de Alba pk. 4,100-8,600”.

Gürtel Castilla y León, archivada por el TSJ para los políticos y cargos de la Junta, pero no por la Audiencia Nacional para los empresarios

Gürtel sí que llegó a los tribunales de Castilla y León pero el recorrido fue corto: los hechos relacionados con la Variante de Olleros de Alba fueron objeto de diligencias previas tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia y acabaron archivadas en 2012 por prescripción de los delitos de prevaricación y cohecho al considerarse que no concurrió ninguna irregularidad penalmente relevante en la adjudicación de la obra, sin perjuicio de estimar al mismo tiempo indiciariamente acreditados los distintos pagos y su vinculación con aquella. Es decir, los delitos no se descartaron entonces, y actualmente, son sus beneficiarios quienes se sientan en el banquillo, pero no aquellos que tuvieron el poder de adjudicar.

Respecto al papel de Ulibarri, la Fiscalía se refiere a la ocultación de ingresos de Francisco Correa procedentes de la venta del barco Carmen Junior III, al leonés. En el año 2005 tanto desde Easy Concept como desde Good & Better SL se emitieron facturas a empresas relacionadas con Ulibarri “que no se correspondían con servicios realmente prestados, sino que iban dirigidas a ocultar el precio abonado por aquel a Francisco Correa por la compra de la embarcación” y a poder deducirse esos gastos por las empresas receptoras.

Correa había comprado el barco en 2001 para su uso personal, no obstante lo cual y con el fin de ocultar su verdadera titularidad, realizó la compra a nombre de Pasadena Viajes por un precio de venta que se declaró en 39.500.000 pesetas. Pero según la Fiscalía “el importe realmente abonado, descontando los correspondientes gastos, ascendió a 67.972.562 pesetas”. La diferencia fue pagada en el año 2001 en efectivo, 7 millones de pesetas desde la Caja B y las restantes 21.472.562 pesetas (129.052,7 euros) de fondos opacos no depositados previamente en ningún banco.

En 2005 Francisco Correa vendió el barco a José Luis Ulibarri que lo adquirió a través de su sociedad Conseil de Cabinet SA declarando únicamente 192.323,87 euros –223.095,69 euros con IVA– de los 420.788,77 euros –488.114,97 euros con IVA– realmente abonados. “José Luis Ulibarri y Francisco Correa convinieron que la cuantía restante, 228.465 euros, se enmascarara, con el fin de ocultar el verdadero motivo y final destinatario de la entrega de los fondos, como servicios prestados por sociedades vinculadas y gestionadas por el primero a entidades relacionadas con Francisco Correa acordando, asimismo, que los supuestos servicios se reflejaran falazmente en las siguientes facturas”, dice la Fiscalía.

Así, recoge una serie de supuestos servicios prestados por la constructora de Ulibarri, Begar, y por su inmobiliaria Peñalba. También se refiere la Fiscalía a una operación del año 2006, cuando se concluyeron las gestiones para la venta de la finca de El Escorial, eligiéndose por unanimidad de los socios la oferta de José Luis Ulibarri, efectuada en representación de UFC SA, que proponía un precio de 8.500.000 euros y en la que se eludieron impuestos como el de patrimonio mientras se recibían mordidas para conseguir los permisos necesarios para instalar una estación de servicio.

El Ministerio Fiscal considera a Ulibarri cooperador necesario, junto a otros imputados, de varios delitos contra la Hacienda Pública (IRPF y Patrimonio en 2005 y 2006), blanqueo de capitales y falsedad documental continuada. Además de los 14 años de prisión, se solicitan multas que superan los 20 millones de euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 4 años.

La 7 de Castilla y León Televisión, el canal autonómico del grupo RTVCyL concesionario de las emisiones de televisión digital en la comunidad, no ha alterado este viernes 29 de agosto su programación para ofrecer la comparecencia en directo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la oleada de incendios forestales de este mes agosto. En su lugar han emitido una programación de toros, información de campo y un concurso infantil.

Cuando el presidente Mañueco comenzaba su comparecencia a las once de la mañana el canal pasó un programa de toros por su pantalla, que justo finalizó cuando el presidente del Ejecutivo acabó su discurso casi una hora después de empezar. A este programa le siguió otro sobre informaciones agrarias, Agro en acción, al que siguió un concurso infantil, Castillos y Leones.

El canal autonómico, que tiene un segundo canal La 8 con emisiones provinciales, está controlado a medias por las familias Ulibarri y Méndez Pozo, de los constructores José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo, ambos condenados en casos de corrupción relacionados con el Partido Popular.

El pasado mes de junio se aprobó la nueva financiación pública a RTVCyL en un Consejo de Gobierno, en medio de la polémica por la aprobación de la nueva Ley de Publicidad Institucional aprobada con el voto de PSOE y Vox y otros minoritarios que contemplaban nuevas medidas de control a la televisión.

La financiación fue aprobada por el Gobierno de Mañueco tras recibir en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) el voto a favor del gobierno autonómico (3 votos), el PP (1), el PSOE (1) y Soria ¡Ya! (1), el voto en contra del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea y la ausencia de Vox, que se negó a acudir a la reunión. Supone una concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026.

Paralelamente la Junta de Castilla y León aprobó renovar la concesión a RTVCyL por 15 años, abriéndose a tener una nueva concesión para cumplir lo aprobado en la nueva ley de publicidad institucional.

El procurador socialista Pedro González Reglero ha protestado por que el “patrono” de Castilla y León Televisión sea diferente al de otras empresas cuando ha habido un conclicto con los trabajadores, que llevan siete meses negociando. El socialista ha recordado que Castilla y León Televisión recibe 21 millones de euros anuales y aún así tiene “equipos obsoletos, de mala calidad” y con periodistas “que no firman las noticias porque sus jefes dirigen las noticias”.

El socialista también ha destacado la necesidad de conocer los salarios de toda la plantilla, incluida la de los “grandes jefes de 6.000 euros” y conocer la viabilidad real de las dos empresas que componen Castilla y León. González Reglero ha destacado la importancia de que haya transparencia en las cuentas que permita “una mayor objetividad e imparcialidad” en los medios de comunicación.

El procurador de Podemos Pablo Fernández ha reprochado a la Junta de Castilla y León que “se ponga de perfil” con esta cuestión. “Pese a que es una televisión privada, su gobierno les regala anualmente 21,3 millones de euros, lo que supone más del 90% de su financiación. ¿Y quienes son sus dueños? Qué casualidad, los empresarios de cabecera del PP: los hijos del señor Ulibarri, condenado por corrupción en la trama Gürtel, y Méndez Pozo, condenado por falsedad documental”, ha esbozado Pablo Fernández.

El también procurador del Grupo Mixto ha asegurado que Castilla y León Televisión es conocida como “Telemañueco” y ha reprobado que el sueldo medio sea de 1.200 euros pese a su elevada cualificación. “Y en lugar de obligar a los propietarios a negociar un nuevo convenio colectivo y a garantizar condiciones dignas, ustedes se desentienden para no perturbar a sus empresarios de cabecera, a cambio de que Castilla y León Televisión sea propaganda del PP. Esto no va a salir jamás en la tele ni en buena parte de los medios de esta comunidad porque el que paga, manda”, ha afeado Pablo Fernández, que ha justificado que de esta manera el PP “compre buena parte de los medios”, la clave que “explica” los 37 años de gobierno del PP en Castilla y León.

Podemos acusa al PP de ir “dopado” a las elecciones

En una primera interevcnión, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la “profesionalidad, objetividad y el trabajo” de los profesionales de Castilla y León Televisión. El también consejero de Economía ha asegurado que sería “bueno” que los trabajadores alcanzaran un acuerdo. “Son muchos los trabajadores que han perdido capacidad adquisitiva y tienen dificultades para llegar a fin de mes, y estos trabajadores no son ajenos a esta realidad”, ha apostillado.

Pablo Fernández ha apostado por un control parlamentario de Castilla y León Televisión y ha acusado al PP de pagar a los medios para que sean “su aparato de propaganda” y les permita ir “dopados a las elecciones”. El portavoz de la Junta de Castilla y León ha asegurado que su opinión sobre los trabajadores es mejor que la que ha transmitido Pablo Fernández. “Se equivoca echando la culpa de sus resultados electorales a esos trabajadores y a los medios de comunicación. Son más o menos parecidos a los que había hace dos legislaturas y su partido ocupaba diez escaños y hoy está usted solo”, ha replicado Fernández Carriedo, que ha repetido prácticamente entera su primera intervención

“No había nadie para abrir al Samur, ninguna enfermera y tampoco en recepción. Tuvieron que marcharse y volver una hora después, mientras la pobre mujer de 93 años seguía con problemas para respirar”. Así recuerda Leonor, entre la indignación y el espanto, uno de las noches más traumáticas en la residencia de Peñuelas, en Madrid. O en -como ella la llama- “la residencia de los horrores”.

Ahí vive su hermana Pilar, que a sus 78 años lleva ya 17 en este centro de mayores de Arganzuela debido a su discapacidad física. Aunque Pilar no fue la víctima de aquella negligencia, vio reflejada la precaria situación del lugar que debería sentir como su casa. La falta de personal en reiterados turnos, especialmente de noche, motivó aquel suceso y una de las sanciones interpuestas a esta residencia gestionada por Aralia Servicios Sanitarios. Una compañía vinculada además a un empresario condenado por su participación en la rama madrileña de la trama Gürtel.

Pese a esta circunstancia, las multas y el “abandono del que te das cuenta nada más entrar por la puerta”, Aralia es la única candidata en el proceso de licitación abierto por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña va a mantener la privatización en la gestión del servicio y no hay ningún otro aspirante. Se encarrila así una contratación que garantiza a la compañía una facturación de 34,5 millones de euros durante los dos próximos años. De hecho, Aralia presentó su oferta en la fecha límite (el pasado 9 de octubre) y después de una convocatoria previa que quedó desierta ante la falta de solicitudes, según la documentación a la que este diario ha tenido acceso.

La entidad se ocupa de Peñuelas desde hace diez años. Según Leonor, que habla por su hermana Pilar para Somos Madrid, la degradación fue evidente: “Con la anterior empresa nos quejábamos, pero al lado de esta era una maravilla. Dicen que cumplen los ratios porque al contar la plantilla incluyen gente de mantenimiento y recepción, pero los pliegos del contrato con la Comunidad hablan de personal médico. Por las mañanas y por las tardes no llegan al mínimo requerido. Por las noches, donde se pide apenas un enfermero, es habitual que no haya nadie”.

El pliego de condiciones exigidas por el propio Gobierno autonómico establece también una serie de servicios para garantizar la dignidad de las personas que viven en las residencias cedidas a manos privadas. Este apartado tampoco se estaría cumpliendo, y eso que como apostilla Leonor los requisitos son “minimísimos, por ejemplo bañarlas dos veces en semana o plancharles la ropa”. “Tienen un pelo que da pena verlas y nadie cuida el estado de sus prendas”, lamenta la también vicepresidenta de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare).

Un médico especializado en cirugía estética

“Luego está la comida, que es pésima, de muy mala calidad. Claro que la Comunidad apenas les da cuatro euros por día y persona para alimentación, así que ya me dirás qué van a hacer. Mi hermana, al haber sido toda su vida discapacitada, siempre se ha adaptado a todo sin quejarse. Pero hasta ella, que se alimentaría de las piedras, me comenta que lo que les dan es incomible”. Otro insólito aspecto es que el médico que atiende el centro no es geriatra: “Su especialidad es la cirugía estética”.

Por si no fuera suficiente, Aralia está ligada a José Luis Ulibarri, empresario de la construcción y la comunicación implicado en la trama Gürtel. Ulibarri fue condenado en abril de 2022 a un año y medio de cárcel y cinco más de inhabilitación por prevaricación, fraude a la administración, falsedad documental, tráfico de influencias y un delito fiscal. En el juicio, el empresario reconoció haber participado en la trama de amaño de contratos de la Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Maniobró para que una de sus compañías fuera la adjudicataria en la venta de una parcela por un precio menor al procedente en 2005, con comisiones que acabaron en los bolsillos, entre otros, del cabecilla Francisco Correa.

Una década antes había fundado Aralia, que en la actualidad dirigen varios familiares. La empresa administra varias residencias y centros ocupacionales por toda España, algunos como el de Peñuelas por adjudicaciones públicas. Hasta 2021, estaba al frente de otras tres residencias de ancianos por encargo de la Comunidad de Madrid: Ensanche de Vallecas, Ventilla y Parque de los Frailes, en Leganés. Fue la propia Consejería de Políticas Sociales la que entre 2018 y 2020 impuso cinco sanciones a esta empresa por un valor total de 94.285,55 debido a diversos incumplimientos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó todas ellas.

No obstante, según denuncian las familias de los residentes, nada ha cambiado en Peñuelas. La última sanción, a raíz de la ausencia de personal para atender a la mujer con problemas respiratorios, llegó hace solo una semana. Con un montante de 45.561 euros, como avanzó la Cadena SER, es la tercera en 2023. Eso sí, las cifras están muy lejos de esos 34,5 millones que Aralia va a facturar en caso de resultar ganadora de un concurso en el que la suya es la única oferta. Por eso, pese a las multas, las familias piensan que este contexto de “inseguridad y desatención” va a alargarse en el tiempo. “El mantenimiento brilla por su ausencia. Este verano se han llegado a registrar 37 grados en la habitación de mi hermana”, critica Leonor.

Se podría haber dejado a Aralia fuera de la licitación si la Comunidad de Madrid hubiese hecho lo que tenía que hacer: imponer una sanción grave a la residencia por todas sus faltas

Tienen motivos para desconfiar en que se produzca un volantazo. Aunque Aralia incumple sistemáticamente varios puntos del pliego de la Comunidad de Madrid para la gestión externa de la residencia, ninguna otra entidad se ha presentado a la licitación convocada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Leonor, como muchas otras familias, exige que el Ejecutivo regional intervenga para evitar una nueva prolongación del contrato.

“Esto se podría haber conseguido si la Comunidad hubiese hecho lo que tenía que hacer: imponer una sanción grave a la residencia por todas sus faltas. Pero como no les interesa que Aralia pierda la oportunidad de presentarse, en vez de eso les ponen varias multas por infracciones pequeñas, que implican pagos económicos pero no dejarlas fuera automáticamente de un proceso de contratación con un organismo público”, explica Leonor.

La Comunidad de Madrid se ampara en “la aplicación de la ley”

Tanto ella como otros allegados de residentes en Peñuelas que prefieren opinar desde el anonimato creen que la solución más razonable sería recuperar la titularidad pública de la residencia. Además de las mayores garantías que esto conlleva en el cumplimiento de distintos estándares, Leonor considera que el cambio facilitaría la rendición de cuentas: “Cuando el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez López, visitó a mi hermana y al resto de internas dijo que la gestión pública no asegura unas mejores condiciones. Yo le respondí que lo que desde luego asegura es que nos podamos dirigir a alguien para pedir responsabilidades sin que se escabulla, porque ahora mismo la Comunidad nos redirige a Aralia y Aralia a la Comunidad. Me reconoció que tengo razón”.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de la que depende la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, defienden en declaraciones a este medio su “aplicación estricta de la Ley de contratos del sector público”. Limitan su actuación a que “se comprobará el cumplimiento de todos los criterios legales por parte de la mesa de contratación, como órgano autónomo constituido por técnicos funcionarios, la abogacía y la intervención de la Comunidad”. Aprovechan la ocasión para presumir del crecimiento de las inversiones autonómicas en residencias, con “un aumento de financiación de un 33% y mejoras tanto en personal como en criterios de calidad”. 

Estas fuentes no se manifiestan sobre otro aspecto criticado por las familias: la ausencia de reuniones con los afectados. Dirigentes madrileños acudieron hace unas semanas a la residencia, dicen que para conocer de primera mano el estado de la infraestructura y todo lo que allí ocurre. Leonor les manifestó su sorpresa ante dicho interés, ya que previamente habían ignorado todas sus reclamaciones de información, sus peticiones de mantener un encuentro y sus quejas. Una compañera de Pladigmare le aseguró que a las autoridades autonómicas “les enseñaron solo los pasillos, no las habitaciones, ni la cocina, ni el espacio en el que guardan la medicación de los internos”.

Un “problema de modelo” con Aralia como exponente

“Una empresa sancionada por descuidar a las personas mayores no puede seguir al mando de una residencia. Es puro sentido común”, sostiene en declaraciones a este medio la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. “Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han abandonado a su suerte a las personas mayores. Les importa cero su salud y su bienestar. No son casos aislados: es un problema de modelo. El modelo de residencias del PP es antiguo y cutre, propicia el abandono, es un auténtico desastre y traspasa todos los límites: comida en mal estado, malnutrición, profesionales precarizados, desatención a los mayores… todo eso repercute en su salud”.

“Lo hemos visto con los protocolos de la vergüenza y las más de 7.200 personas mayores fallecidas por no tener la asistencia médica que necesitaban. El PP ha convertido las residencias públicas en un foco de abandono y escándalos cuando deberían ser ejemplo de excelencia”, concluye Maestre.

El director de operaciones de Aralia, Jaime De La Lama, afirma por su parte que el único objetivo de la compañía es “atender el bienestar de los residentes”. Destaca “el compromiso y el esfuerzo diario de toda la plantilla de Peñuelas, aunque siempre es posible mejorar”. “En relación a temas como el de la alimentación deficiente, se han llevado a cabo los controles necesarios por las autoridades a instancias de una queja debidamente formulada en tal sentido y que fue archivada posteriormente”, añade. Matiza además que “Aralia no tiene capacidad alguna para pedir la prolongación del contrato”, ya que los tiempos dependen de la licitación convocada por la Comunidad de Madrid.

En Peñuelas convivían 220 ancianos, aunque la cantidad ha disminuido recientemente ya que no se están ocupando plazas que quedan libres por fallecimiento debido a “una supuesta reforma para mejorar instalaciones”, indica Leonor. “No sé muy bien cómo van a afrontarla con residentes dentro, pero la nueva normativa les obligaba a reducir el número de internos y contar con habitaciones más grandes”.

Hace varias semanas una señora escapó de la residencia, sin que nada ni nadie se lo impidiera. Leonor relata que “no apareció hasta el día siguiente, gracias a que el entorno de la desaparecida llenó las calles de carteles con su imagen”. Quería abandonar aquel cuarto convertido en prisión. En una extensión eterna del confinamiento que personas como ella sufrieron más que nadie, ese que parecía iba a enseñar una lección a base de miles de muertes.

Los trabajadores de Radio Televisión Castilla y León del centro de producción de Parquesol, donde se realizan informativos locales y programas, han manifestado su “solidaridad” con los compañeros de los servicios informativos regionales , que el pasado jueves denunciaron la “manipulación de la información política” así como las condiciones que impone la empresa en la negociación del convenio, y reconocen “su valentía” al hacer pública “una situación que no es deseable en la redacción de ningún medio de comunicación, ya sea público o privado”.

Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, hasta hace un par de años propiedad del condenado en Gürtel, José Luis Ulibarri y que ha pasado el testigo a sus hijos, Adriana, Soledad y Enrique Ulibarri. Aunque es una empresa privada, su financiación es pública y cada año, la Junta de Castilla y León les da una subvención directa que en los últimos ejercicios no ha bajado de los 21 millones de euros.

En un comunicado a través de CC.OO, el comité de empresa se refiere a la “actitud poco constructiva y despótica de la empresa en la negociación colectiva, que roza lo chulesco”, tras lo que se han reunido en una asamblea en la que se ha puesto en común “el hastío generalizado ante la falta de proyecto” y ante lo que consideran “un continuo y reiterado desprecio de la empresa por los trabajadores y sus condiciones laborales, indignas de profesionales cualificados”. Los trabajadores han acordado convocar una general con todos los compañeros del resto de centros de producción regional y local; para que, “todos unidos, de una vez por todas”, tomen las medidas que se consideren necesarias.

“No aceptamos ningún agravio más y no vamos a permitir que se juegue con nuestro futuro y el de nuestras familias. Necesitamos salarios dignos y actualizar las condiciones laborales a los nuevos tiempos. No podemos renovar, como quiere la empresa sin negociación alguna, un convenio colectivo desfasado e impropio de un sector audiovisual pujante y en evolución permanente”, advierten.

Medidas “drásticas y proporcionales” a la “cerrazón” de la empresa

Aseguran que “la dirección de la empresa ya está incumpliendo su compromiso con los trabajadores al no subir, a sabiendas de que tienen la obligación legal de hacerlo, el IPC pactado”. “Es decir, no contentos con no querer negociar subidas salariales necesarias para salir de la precariedad en la que nos encontramos, se permiten el lujo de bajarnos el sueldo incumpliendo todo lo pactado. A expensas de ver cuál es su actitud en la mediación ante el SERLA, acudiremos a los tribunales si es necesario”.

Además, invitan a los compañeros del resto de centros de producción que RTVCyL tiene en la Comunidad a “sumarse y luchar” por lo que creen “de justicia”, “unas condiciones laborales dignas en una empresa con proyecto de futuro”.

“Esperamos poder contar con la unidad de todos para ejercer las medidas de presión que sean necesarias. Y si la actitud de la empresa continúa siendo como hasta ahora, completamente drástica y carente de empatía hacia sus trabajadores, ya anunciamos que las medidas que adoptemos serán proporcionales a su cerrazón e igualmente drásticas”, finaliza el comunicado. 

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León también ha apoyado las demandas de los trabajadores de Radio Televisión Castilla y León. “Ejercer el periodismo con bajos sueldos, horarios que imposibilitan la conciliación laboral, familiar y personal y la falta de estabilidad laboral afectan directamente a la calidad de la información que recibe la ciudadanía”, ha lamentado el Colegio, que ha exigido que se “garantice la libertad” de sus profesionales en su trabajo.

El pasado jueves, día en que los trabajadores de informativos denunciaron las condiciones laborales que se les impone, Radio Televisión Castilla y León presentó la nueva temporada en una gala a la que el PSOE de Castilla y León y el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, no acudieron como gesto de solidaridad.

En el último año, la Justicia ha confirmado varias multas que suman 94.000 euros a la empresa que durante años gestionó diversas residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, y que a día de hoy sigue gestionando un centro en el distrito de Arganzuela de la capital. En varias resoluciones a las que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado hasta cinco sanciones por incumplimientos de contrato y deficiencias en el servicio a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios en cuatro residencias de la ciudad. Se trata de una empresa ligada a José Luis Ulibarri, empresario castellano y leonés condenado recientemente por su participación en la trama Gürtel. Una de estas residencias, la de Peñuelas ubicada en el distrito de Arganzuela, todavía es gestionada por esta empresa mientras el resto ya han sido adjudicadas a otras compañías.

José Luis Ulibarri fue condenado el pasado mes de abril a un año y medio de cárcel y cinco más de inhabilitación por delitos de prevaricación, fraude a la administración, falsedad documental, tráfico de influencias y un delito fiscal. En el juicio, el empresario reconoció haber participado en la trama de amaño de contratos que encabezó la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte: consiguió, por ejemplo, que su empresa fuera la adjudicataria de la venta de una parcela por un precio menor al procedente en 2005 y pagando comisiones que acabaron en los bolsillos, entre otros, del cabecilla Francisco Correa.

Una década antes, este empresario castellano y leonés había fundado su empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, que en la actualidad dirigen varios familiares. La compañía gestiona varias residencias y centros ocupacionales por todo el país, algunos por adjudicaciones públicas, y que hasta hace un año y medio estaba al frente de cuatro residencias de ancianos por encargo de la Comunidad de Madrid: Ensanche de Vallecas, Ventilla, Peñuelas y Parque de los Frailes en la localidad de Leganés.

Fue la propia Consejería de Políticas Sociales la que entre 2018 y 2020 impuso cinco sanciones a esta empresa por incumplimientos en todas estas residencias de ancianos y por un valor total de 94.285,55 euros. Unas sanciones que, según ha sabido este periódico, ha ido confirmando a lo largo del último año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las dos últimas sentencias sobre esta empresa han sido firmadas por los magistrados de lo contencioso-administrativo en las últimas semanas.

Una de estas cinco sanciones tienen que ver con la única residencia que todavía es gestionada por Aralia: la de Peñuelas, en el barrio madrileño. En casi todos los casos la inspección, que acudió en ocasiones a petición de plataformas de familiares y afectados, detectó infracciones e incumplimientos del contrato por el que habían cobrado varios millones de euros públicos. En el caso de la residencia Parque de los Frailes de Leganés, por ejemplo, descubrieron que no habían comunicado a las autoridades un brote de gastroenteritis que había afectado a 23 internos del centro.

En otros centros, los inspectores de la Comunidad de Madrid descubrieron que se incumplían turnos de los gerocultores, que había menos fisioterapeutas de los debidos y que no se llevaban correctamente los registros de tratamientos médicos, alimentación por sonda o cambios de postura de los pacientes. Son cinco sanciones confirmadas por el TSJM en el último año aunque los archivos oficiales demuestran que se interpusieron más sanciones por parte de la administración regional en años anteriores. En 2019, por ejemplo, la Justicia confirmó otra multa más de 16.000 euros por el estado en que se encontraba la residencia del Ensanche de Vallecas: baños sucios, baberos sucios, suelos sucios y una “dejadez absoluta”.

Estas sentencias rechazan de plano los recursos y argumentos de las empresas ligadas al empresario condenado en la trama Gürtel y a la espera de juicio en otra de sus piezas principales. Sobre las ausencias de personal en las residencias, Aralia alegaba que eran ausencias “temporales, vacaciones, sistemas rotatorios de guardia o libranzas semanales”, algo que según una de las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Madrid “no desacredita” lo que vieron los inspectores al acudir.

La mayor parte de estas sanciones por la gestión de residencias tienen que ver con concesiones públicas de la Comunidad de Madrid, pero existen más sentencias de tribunales de todo el país que ratifican sanciones impuestas en otros territorios. Por ejemplo, los 11.555 euros de sanción impuestos por la Junta de Castilla-La Mancha por deficiencias y ausencias de personal en una residencia de Molina de Aragón (Guadalajara), confirmada por la Justicia el año pasado.

Nuevos gestores y sanciones en las residencias

En los primeros meses de 2020, poco antes del estallido de la pandemia de coronavirus en España, varios medios publicaron que la intención de la Consejería de Políticas Sociales, en ese momento todavía en manos de Ciudadanos con Alberto Reyero, era sancionar a esta y otras empresas por incumplimientos e incluso romper el contrato que mantenían con la administración madrileña. Esa sanción definitiva no se produjo, Reyero dimitió unos pocos meses después y algunos contratos de Aralia se terminaron.

La única de estas residencias que sigue a día de hoy en manos de esta empresa es la de Peñuelas, en el distrito madrileño de Arganzuela, dado que la concesión que le fue otorgada por primera vez en 2015 y vigente, después de varias prórrogas, hasta que empiece 2023 según figura en la documentación de la Comunidad de Madrid. Desde el gobierno regional explican a elDiario.es que la concesión termina en cinco meses y que ya se está trabajando en la licitación de un contrato nuevo.

Aralia gestionó la residencia de Ensanche de Vallecas entre 2014 y 2020. La primera adjudicación fue por 8,4 millones de euros y después hubo una prórroga de tres años más hasta 2020 por ocho millones más. El año pasado, tras un nuevo concurso público, la gestión del centro quedó en manos de Centenari Salud por 10,9 millones durante tres años hasta octubre de 2023. Este mismo mes de abril, menos de un año después de obtener la gestión del centro, la nueva contratista ha sido sancionada con más de 50.000 euros por parte de la Consejería por motivos similares a su predecesora en cuanto a falta de personal, según puede comprobarse en el portal de contratación de la propia Comunidad de Madrid.

La residencia de Leganés, por su parte, llegó a manos de Aralia en 2017 por valor de 12 millones y que fue prorrogada hasta en tres ocasiones entre agosto de 2020 y mayo de 2021, cuando la empresa ya había sido sancionada por incumplimientos de contrato, entre otras, en esta misma residencia por un brote de gastroenteritis no comunicado. El año pasado la gestión de esta residencia del sur de Madrid fue adjudicada por la Consejería a la empresa Centenari Salud. El centro Isabel La Católica de Ventilla, finalmente, fue adjudicado a Aralia en 2014 durante tres años y por 9,2 millones de euros, contrato prorrogado en 2017 durante tres años más. Desde el año pasado esta residencia está en manos de la empresa Arquisocial en una adjudicación de 11,7 millones de euros.

La primera jornada del juicio de la pieza Gürtel Boadilla ha deparado pocas sorpresas: 17 de los 24 acusados que reconocen los hechos que les imputa la Fiscalía se ratificarán en la confesión cuando llegue el momento de declarar, tal y como han adelantado sus letrados en la fase de cuestiones previas. Todos ellos renuncian además a la práctica de prueba y piden que su asistencia al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional se limite al momento de su declaración y al último día, cuando podrán ejercer su derecho a decir la última palabra. Entre ellos está el magnate de medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, que ha ocupado la tercera fila del banquillo de los acusados.

Ulibarri forma parte del grupo de empresarios que, según la Fiscalía, colaboró con la trama de adjudicaciones amañadas del Ayuntamiento y de la que se considera cabecillas a Francisco Correa, al ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo y al el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como “el albondiguilla”. En la causa figura el PP como partícipe a título lucrativo.

La pieza ahonda en la actividad desarrollada por el grupo de Francisco Correa en la localidad madrileña entre 2001 y febrero de 2009 “de forma ininterrumpida”, según el auto de apertura de juicio oral. En esos años, las personas y sociedades que formaban el grupo delictivo se enriquecieron “de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad”.

En el caso de José Luis Ulibarri, la Fiscalía pide para él 7 años y 1 mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Siempre según la tesis del juez instructor, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron. Sin embargo, el pasado mes de julio, Ulibarri reconoció los cinco delitos que le imputa el Ministerio Público y propuso una sentencia de conformidad que reduciría su pena de cárcel a 19 meses. Además, ha hecho efectiva la consignación en el juzgado de medio millón de euros para el Ayuntamiento de Boadilla en concepto de responsabilidad civil

Ulibarri llegó a mostrar su preocupación por este juicio durante la investigación de otra presunta trama corrupta, el caso Enredadera. En las escuchas autorizadas por el juez instructor el empresario pedía a su letrado, que entonces era el reputado penalista Luis Rodríguez Ramos, hablar con alguien “de arriba” para que las fiscales de la pieza de Boadilla recibiesen “directrices”. De lo contrario, afirmaba el constructor, estarían “perdidos”.

Ulibarri, propietario de varios medios de comunicación en Castilla y León ahora en manos de sus hijos, entre otros el 50% de Televisión Castilla y León, aparece también como investigado en Púnica y en otra pieza de Gürtel, la referente a Francisco Correa. Además ha estado imputado en varias piezas de Enredadera.

La vista se reanudará mañana con la resolución de las cuestiones previas que han planteado tanto abogados de la defensa, como de las acusaciones y la Fiscalía.

El empresario de los medios de comunicación y la construcción José Luis Ulibarri, procesado en una pieza Gürtel y acusado en otra, se enfrenta a penas de prisión de 21 años. El camino ha sido largo desde que su nombre apareció en el caso más grave de financiación irregular del Partido Popular, en febrero de 2009. Ulibarri ha estado desde entonces bajo sospecha, pero nada ni nadie ha conseguido pararlo. La imputación en el sumario de Gürtel no minó su poder y su influencia en los cenáculos políticos y empresariales de Castilla y León. Con el tiempo, llegarían otras causas como Púnica y Enredadera. Su estrategia siempre ha sido negarlo todo y seguir adelante.

Su nombre y el de Gürtel empezaron a aparecer unidos en 2006, entre otros, en periódicos propiedad de otros dos constructores: Antonio Miguel Méndez Pozo (Grupo Promecal) y José Martínez Núñez (La Crónica de León). Ulibarri contraatacó de manera expeditiva y a golpe de talonario. El 3 de octubre de 2006 contrató una página de publicidad en domingo e impar en el Diario de León con el título “Begar responde al expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo y al procesado José Martínez Núñez”. En esa propaganda Ulibarri colocaba un durísimo e irónico comunicado para responder a las informaciones que habían publicado contra él los dos constructores en sus respectivos periódicos.

Batalla empresarial con el periodismo como rehén

“Los medios de comunicación controlados por dos constructores y empresarios modélicos de Castilla y León, José Martínez Núñez (La Crónica de León) y Antonio Miguel Méndez Pozo (Diario de Burgos, Diario Palentino, Diario de Ávila y el Día de Valladolid) para quienes el grupo Begar es su más molesta competencia, están manipulando informaciones para favorecer sus propios intereses inmobiliarios en perjuicio de los de Begar”, comenzaba el escrito.

Ulibarri aseguraba que los medios de los constructores de la competencia habían manipulado los datos sobre la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte (Madrid). Se trataba de la finca en la que construiría poco después viviendas de lujo con su mercantil UFC y por la que en septiembre de 2021 se sentará en el banquillo. A pesar de negar los hechos, y de haber seguido acumulando poder gracias a sus medios de comunicación, la instrucción de la causa siguió adelante.

Para Ulibarri los medios de la competencia, propiedad de Martínez Núñez, ya fallecido, y de Méndez Pozo, habían “manipulado los datos” por la adjudicación de la parcela de Boadilla y los habían “extrapolado, derivado y amplificado intencionadamente para difundir ante la opinión pública hipótesis y conclusiones totalmente falsas sobre la legalidad de todas las adjudicaciones de terrenos en concursos públicos a UFC SA, la promotora inmobiliaria del Grupo Begar”.

Así, la empresa de Ulibarri desmentía “rotundamente” haber cometido “ningún tipo de irregularidad legal o fraude a la seguridad social, ya que tiene a su disposición la organización empresarial del Grupo Begar en el que está integrada y que contrata todos sus servicios y medios necesarios para la ejecución de proyectos inmobiliarios”.

Transcurrida más de una década, la Fiscalía pide para él siete años y un mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Siempre según la tesis del juez instructor, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se habría encubierto con pagos de servicios que no se prestaron. Pero también fruto de esa supuesta alianza con los cabecillas de Gürtel, Ulibarri está ya procesado en otra pieza, la que corresponde a los delitos fiscales de Francisco Correa y en los que él colaboró, presuntamente, con facturas falsas por servicios que nunca prestó. La Fiscalía pide para él 14 años de prisión. Su intención de “tocar” a las fiscales del caso, como llegó a pedirle a su abogado, parece no haber dado fruto.

El comunicado también golpeaba directamente a sus rivales. Se refería a José Martínez Núñez como el “empresario procesado por sabotajes a propiedades del empresario Sindo Castro”, quien sufrió un “auténtico calvario con el Sr. Martínez Núñez, también involucrado en el ”caso Cuiña“ por un presunto intento de asesinato” —un sicario que acabó suicidándose aseguró que le había contratado para matar al político gallego—. De Méndez Pozo recordaba que había cumplido “condena de cárcel” por el Caso de la Construcción de Burgos. Para él, los dos constructores utilizaban sus medios de comunicación “para desprestigiar a un grupo empresarial como Begar, líder en sector de la construcción en Castilla y León y con una plantilla que supera los 5.500 trabajadores”. Su delito, decía, fue “tener la osadía de crear empresas que puedan competir en el feudo de estos oscuros personajes”.

Aquella guerra cruzada durante años mantuvo en vilo a la clase política, siendo como eran ambos dos de los empresarios más influyentes de la comunidad. Pero la vida y los negocios dan muchas vueltas y en enero de 2009, cuando no habían transcurrido ni tres años del incendiario comunicado, Ulibarri se asoció con Méndez Pozo, a quien había denominado “oscuro personaje” a página completa en el diario más vendido de León.

Un pacto auspiciado por la Junta de Castilla y León

La guerra de intereses había cambiado después de que la Junta sacase a concurso la adjudicación de la TDT y mediase para que los dos empresarios que tenían sus respectivos canales de televisión analógica se uniesen. Poco se sabe de los detalles de aquella negociación, pero ambos acabaron aliados. El Gobierno de Castilla y León evitó así que la televisión quedase en manos de uno de ellos y eso desatase otra batalla que no interesaba a nadie y que además podía acabar salpicando al Ejecutivo autonómico.

Ambos constructores tenían altavoces de sobra para amplificar cualquier batalla contra quien fuese: en 2007 Ulibarri ya se había hecho con el Diario de León, pagando 36 millones de euros, una cantidad astronómica para un periódico que ni estaba en venta ni valía esa cantidad. Fue una oferta que el Grupo Voz no pudo rechazar. Como ejemplo de lo disparatado de esa compra está otra que hizo en 2013, cuando adquirió la cabecera de El Mundo de Castilla y León mediante una operación que no llegó al millón de euros.

Hasta que compró Diario de León Ulibarri sólo había sido accionista de La Voz de Galicia, el diario más importante de aquella comunidad, propiedad de Santiago Rey Fernández Latorre, un empresario bien relacionado con el PP y con una gran capacidad de influencia en Galicia. Con la compra de la cabecera leonesa, Ulibarri aumentó el poder que ya tenía en la vida política de la región. La pelea con Martínez Núñez, que venía de lejos, se había recrudecido. Ambos eran cuñas de la misma madera. Ulibarri había trabajado para él hasta que creó Begar. Llegó a sufrir un sabotaje de Martínez Nuñez en sus oficinas de Valladolid, donde dos encapuchados tiraron cócteles molotov con una explícita nota: “primer aviso”. Tanto uno como otro tenían su centro de operaciones en Ponferrada y Ulibarri era el que más contratos conseguía del Ayuntamiento.

El caso Rosaleda fue la piedra de toque que usó Martínez Núñez en su periódico ya extinto, La Crónica de León, para desprestigiar a su competidor. Se trataba de una adjudicación de más de 5.000 viviendas que fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia, y en la que UFC, una filial del grupo de Ulibarri, consiguió buena parte de las parcelas y se hizo también con las concedidas a otras constructoras.

Pese a sus buenas relaciones con el poder autonómico, el Grupo Begar, “líder en el sector” como decía Ulibarri en el comunicado, fue sacudido por los embates de la crisis y entró en concurso de acreedores en 2009. Tenía un pasivo de 261 millones de euros. Lo superó en 2011. En 2016, ya con nuevo nombre, Grupo Elodea, su matriz volvió al concurso, con una deuda de 189 millones.

Ahora, con una más que probable condena de cárcel, su emporio se tambalea y eso incluye el pacto con su enemigo de toda la vida, Méndez Pozo, que no quiere seguir asociado a un presunto corrupto décadas después de haber saldado su deuda con la Justicia. El Gobierno autonómico no reacciona, temeroso de la ira de uno de los hombres más poderosos de Castilla y León, hasta el momento.

Televisión Castilla y León, propiedad de los dos empresarios de la construcción y los medios, Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri -acusado en la pieza Gürtel de Boadilla- e imputado en la que afecta a Correa, además de en Enredadera y Púnica- ha conseguido arrancar a la Junta 20 millones de euros en forma de “subvención directa”, tal y como ha podido comprobar eldiario.es. El cobro de esta cantidad, que supera en un millón a la concedida en 2019, será por adelantado, mucho antes de que una auditoría demuestre que se han cumplido los objetivos.

Cada año, la Junta de Castilla y León concede la mal llamada subvención -la Audiencia Nacional en sentencia firme la calificó en 2018 como un contrato de prestación de servicios sujeto a IVA- a la televisión privada que explota su licencia de TDT. La fórmula de la “subvención directa” evita que la decisión pase por control presupuestario o por la Intervención de la Administración.

La cantidad que le otorga desde 2009 oscila entre los 18 y los 25 millones de euros, y se pueden cobrar por adelantado pidiendo un anticipo de hasta el 100%. La Junta obliga a justificar que la prestación del servicio se ha producido. En el caso de la ayuda de 2019, la fecha límite era el 31 de enero de 2020.

Este año, la Junta ya ha anunciado que Radio Televisión Castilla y León va a recibir al menos 12,7 millones por adelantado. El primer pago, “cuatrimestral” según explicó el vicepresidente Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves, será de seis millones, y el segundo será de 6,7. No queda fijado cuándo cobrará los 7,3 millones restantes. A pesar de las reiteradas preguntas de este medio, el vicepresidente no aclaró en esa rueda de prensa qué cantidad total cobraría la televisión durante este año, tan sólo se refirió a los dos primeros cuatrimestres.

Mejoras tecnológicas

¿Cómo justifica el Gobierno autonómico esta “subvención” de 20 millones? en el documento del acuerdo al que ha tenido acceso este diario y que firman el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se precisa que la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre -de la que forman parte todos los grupos parlamentarios- ha determinado que la empresa debe implementar “diversas mejoras de tipo tecnológico, en las condiciones de los empleados, en la programación y en los medios materiales que utiliza”. La Comisión determina las condiciones de “financiación del servicio a través de la concesión directa de una subvención por un importe de veinte millones de euros destinada a financiar los indicados objetivos y necesidades”.

En el acuerdo también se concreta que “como consecuencia de la disponibilidad presupuestaria existente en la fecha actual, motivada en la prórroga de los presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2018 para el ejercicio 2020, el presente acuerdo da cumplimiento parcial a las condiciones de financiación establecidas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, sin perjuicio de los acuerdos posteriores que se adopten para completar la financiación hasta el importe establecido”.

“Situación de emergencia derivada de la pandemia”

Para justificar la financiación de la televisión privada, se hace alusión a “la situación de emergencia derivada de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19” que “supone una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud debido al elevado número de ciudadanos afectados y a la limitación de derechos que ha supuesto la declaración del estado de alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. En este sentido, la Junta de Castilla y León considera que “los servicios de comunicación audiovisual televisiva son servicios de interés general cuya importancia es cada vez mayor ya que garantizan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y del derecho a recibir información”.

Motiva de este modo que es “imprescindible” que “desde los poderes públicos se garantice aún más el derecho de los ciudadanos a recibir información” y que “Radio Televisión de Castilla y León, S.A. es el único titular de una licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico”. Por este motivo la Junta “considera esencial garantizar el acceso a la información de los ciudadanos de Castilla y León” y justifica la “necesidad” de adoptar el acuerdo “en el momento actual”. No hay ninguna otra resolución de la Junta que justifique partidas presupuestarias para otros medios privados que informan igualmente a los ciudadanos.

Fuentes de la corporación empresarial que forma Televisión Castilla y León, han insistido en que “no se trata de un adelanto de la subvención”, sino que se procederá al pago como en años anteriores. En los acuerdos de las subvenciones de ejercicios pasados nunca se ha precisado, como en este de 2020, que se iban a cobrar cantidades en cuatrimestres.

Por otro lado, fuentes de la Comisión de Seguimiento indicaron a eldiario.es que fue en febrero cuando el director general de Televisión Castilla y León, Jorge Losada, explicó que la televisión debía adaptarse al formato HD y que esa adaptación técnica costaría un millón de euros. También se refirió a la actualización del IPC de las nóminas de los trabajadores. La situación de la pandemia y los gastos que ha tenido que asumir el Gobierno autonómico no han modificado el presupuesto que se decidió en febrero a la televisión privada.

Los 20 millones no es la única subvención directa que cobrará de la Junta. En abril del pasado año, “a propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día” autorizó la concesión directa de una subvención a Radio Televisión Castilla y León de 27.600.000 euros “para resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA”. Esta subvención directa se reparte en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022.

Pero la televisión de los dos constructores no sólo se financia con la subvención, además obtiene publicidad de la Junta y de las Cortes de Castilla y León, esta última paga una media de 9.000 euros por un programa de media hora que se emite semanalmente. Durante esta Semana Santa la reemisión de procesiones de otros años ha contado con el patrocinio del Gobierno autonómico, diputaciones y ayuntamientos.

La primera imputación del constructor y magnate de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, llegó en febrero de 2009, cuando el entonces juez Baltasar Garzón levantó el secreto de sumario en una causa que investigaba una red de corrupción entre empresarios y Partido Popular: Gürtel. En ese momento, Ulibarri era un empresario reconocido en la Comunidad, como dueño de la constructora Grupo Begar y propietario de una televisión, emisoras de radio y varios periódicos. A lo largo de más de una década sin juicio, ha ido sumando imputaciones en causas de corrupción sin que la Justicia haya podido hacer nada por evitarlo.

Poco antes de esa imputación que marcaría un antes y un después para el PP, el 23 de enero de 2009, la Junta de Castilla y León había anunciado que la oferta conjunta de Ulibarri y del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo había ganado el concurso para la explotación de dos canales autonómicos de la TDT. Ulibarri estaba bajo sospecha, pero ello no impidió que recibiese año tras año y hasta la actualidad, una subvención millonaria -de entre 18 y 25 millones de euros por ejercicio- para Radio Televisión Castilla y León. Tampoco se le retiró la publicidad institucional en sus medios, y mucho menos dejó de concurrir a licitaciones. Sin condena firme, Ulibarri siguió haciendo negocios y los políticos de la Comunidad continuaron acudiendo a sus galas, charlas y agasajos. Ulibarri, presuntamente, era un corrupto, pero de facto seguía siendo un prohombre en Castilla y León.

Han pasado 11 años desde esa primera imputación en Gürtel y José Luis Ulibarri ya está formalmente acusado desde 2016. La Fiscalía pide para él 7 años y un mes de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Según el Ministerio Público, su empresa UFC consiguió una parcela en Boadilla del Monte mediante el pago de mordidas de más de un millón de euros. El juicio no ha llegado a señalarse cuatro años después aunque la previsión era que se celebrase en septiembre de 2018. El volumen de causas de la Audiencia Nacional lo han ido retrasando.

Enredadera

Mientras tanto, a Ulibarri se le han ido acumulando los problemas judiciales. En junio de 2018 reventaba el caso que más le ha afectado y el único por el que ingresó en prisión provisional, la Operación Enredadera. Una investigación de un juzgado de Badalona acabó descubriendo una trama para el amaño de concursos públicos liderada por el empresario leonés. Los pinchazos que contiene el sumario pusieron en solfa a varios políticos de la Comunidad que le informaban de concursos, le ofrecían obras o que se sentían maltratados en sus medios. La cota de poder de Ulibarri había ido subiendo, especialmente en Castilla y León, y sus medios de comunicación son una herramienta. En el sumario, la Fiscalía destacaba la “asombrosa capacidad” de influencia del empresario gracias sus medios y cómo “premiaba o castigaba” a quienes no accedían a sus pretensiones.

Gürtel: “hay que hablar con alguien de arriba”

Esos pinchazos también afloraron su intento de manejo, abogado mediante, de “las fiscales de Gürtel” cuando suponía que quedaba poco para que se señalase el juicio. Tal y como publicó eldiario.es, en una conversación telefónica pidió a su abogado, el reputado penalista Luis Rodríguez Ramos, hablar con alguien “de arriba” para que las fiscales recibiesen “directrices”. De lo contrario, afirma el constructor, estarían “perdidos”.

Pero, en tanto la investigación Enredadera seguía avanzando, con piezas abiertas en la mitad del país, Ulibarri volvió a aparecer imputado en otro caso de corrupción en septiembre de 2019, en concreto en la Operación Púnica. Según el juez, el cabecilla de la trama, Francisco Granados, Francisco Granados, contó con Ulibarri en su plan de amaño de concursos públicos mientras fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y después de Presidencia y Justicia. Tal y como relata en un auto, Granados “vislumbró en la Consejería de Transportes, y especialmente en la entidad Mintra, una nueva oportunidad de negocio, que le permitiría enriquecerse con dinero público procedente de las adjudicaciones millonarias en el sector de infraestructuras y transporte de la CAM, y en concreto con las adjudicaciones para la construcción de las infraestructuras de metro y metro ligero proyectadas en el ”Plan de Ampliación de Metro de Madrid para 20032007“, que contaba, según se ha podido saber por fuentes abiertas, con un presupuesto de 4.700 millones de euros”. Ulibarri recibió adjudicaciones y presuntamente realizó pagos por ellas superiores a los 100.000 euros.

De nuevo, Gürtel

Con la tríada de imputaciones, parecía que el empresario había tocado techo, pero hace tan sólo unos días, su nombre apareció en el listado de imputados de la pieza principal de Gürtel y que investiga los pagos y el patrimonio del líder de la trama Francisco Correa. Ulibarri y sus empresas aparecen como pagadores en sociedades vinculadas al primero. Estas cantidades serían presuntas mordidas maquilladas como prestaciones de servicios.

La actividad pública de José Luis Ulibarri en Castilla y León es más discreta desde hace dos años. No acude a los actos que organiza con sus medios pero mantiene el poder en la clase política. Pocos se niegan a acudir los desayunos de prensa que organiza con su periódico en Valladolid, El Mundo de Castilla y León, la última fue la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

En cuanto a su actividad empresarial, Méndez Pozo, su socio en la televisión privada que financia la Junta, no le quiere dentro: meses después de su paso por prisión por la Operación Enredadera, Ulibarri dejó de ser consejero delegado, miembro de la comisión ejecutiva y consejero delegado mancomunado de Radio Televisión Castilla y León. Su mano derecha, también imputado en la causa, dejó la presidencia de la tele. Pero en el consejo están sus hijos: Soledad, Adriana y Enrique. Soledad Ulibarri es consejera desde el mismo día en que salió su padre. Adriana era consejera de la tele desde 2014, pero desde la salida de Ulibarri forma parte de la comisión ejecutiva, y ocupa el lugar de su padre. Es además secretaria del consejo y consejera delegada mancomunada. Enrique, el más joven de los tres, entra también como consejero. Los tres hijos que tuvo Ulibarri con su primera mujer aparecen en los pinchazos de la Operación Enredadera, hablando de las reacciones de algunos políticos a las presiones que según la Fiscalía ejercía el empresario sobre ellos, pero no están imputados.

El devenir judicial de las causas contra el empresario determinará si continúa recibiendo dinero público a través de sus medios y el resto de empresas que posee y si puede mantener el poder y la influencia en políticos de Castilla y León y Madrid.

El constructor y empresario de los medios, José Luis Ulibarri, ha dejado el consejo de administración de Radio Televisión Castilla y León, la televisión privada que ha financiado desde su creación el Gobierno regional. La situación judicial de Ulibarri, que no ha dejado de complicarse, hacía “insostenible”, según fuentes cercanas, su permanencia en una corporación que comparte con un empresario rival, el también constructor y 'pope' de medios, Antonio Miguel Méndez Pozo.

Radio Televisión Castilla y León recibe millones de dinero público de la Junta, un dinero que no se fiscaliza porque se da por hecho que cumple con las estipulaciones del contrato marco firmado con el Gobierno autonómico. Tener a un imputado al frente era empresarialmente arriesgado y políticamente inaceptable. Ulibarri está acusado en Gürtel, la trama de financiación ilegal del Partido Popular, imputado en Enredadera, que se dedicaba a presionar a políticos para conseguir licitaciones, y recientemente se ha conocido que también se le investiga en Púnica, otra trama de contratos amañados en distintas administraciones públicas que según la Audiencia Nacional lideraba el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.

El 13 de diciembre de 2018, según el Registro Mercantil, Ulibarri salió de Televisión Castilla y León: dejó de ser consejero delegado, miembro de la comisión ejecutiva y consejero delegado mancomunado. Su salida se produjo después de seis meses convulsos que comenzaron con su detención como presunto cabecilla de la Operación Enredadera, una red de amaño de concursos públicos que presuntamente se valía de los contactos de Ulibarri con los políticos para adjudicarse obras y servicios. Tras algo más de mes y medio en prisión provisional, Ulibarri volvió a la calle, pero ya nada fue igual. Esta vez, el sumario puso al descubierto tramas, conversaciones y relaciones que difícilmente podían sostener la imagen pública de uno de los hombres con más poder en la región. Su situación no sólo perjudicaba a la tele, salpicaba al PP, partido que ha sostenido el canal con ayudas millonarias a lo largo de diez años.

Sobre el papel, Ulibarri está fuera de Televisión Castilla y León, pero de alguna manera, sigue dentro. Sus tres hijos, Soledad, Adriana y Enrique, han pasado a ser consejeros. Soledad Ulibarri es consejera desde el mismo día en que salió su padre. Adriana, que siempre ha estado en los negocios de los medios con él, era consejera de la tele desde 2014, pero desde la salida de Ulibarri forma parte de la comisión ejecutiva, ocupa el lugar de su padre. Es además secretaria del consejo y consejera delegada mancomunada. Enrique, el más joven de los tres, entra también como consejero. Los tres hijos que tuvo Ulibarri con su primera mujer aparecen en los pinchazos de la Operación Enredadera, hablando de las reacciones de algunos políticos a las presiones que según la Fiscalía ejercía el empresario sobre ellos, pero no están imputados.

La salida de José Luis Ulibarri no ha sido la única. Tras él ha ido su mano derecha, Miguel Hernán Manovel, que presidía Televisión Castilla y León cuando fue detenido e imputado en la Enredadera. El nuevo presidente es ahora el hijo de Méndez Pozo, Gregorio. La salida de Ulibarri no ha sido sencilla, según fuentes consultadas por eldiario.es, y ha generado tensiones en el nuevo consejo de administración.

Además, estos días se ha conocido la salida de un 'histórico' de RTVCyL, el director general de la tele, Eduardo Álvarez, dejará la corporación para empezar a trabajar por su cuenta. No se sabe aún quien ocupará su puesto, pero se anunciará la próxima semana. Álvarez seguirá un tiempo breve en la tele para facilitar la transición.

También sale de algunas de sus empresas

La televisión no es lo único que ha dejado José Luis Ulibarri. Mientras espera el juicio Gürtel y el avance de la instrucción en Enredadera, Ulibarri ha abandonado otros cargos en algunas de sus empresas.

En febrero de 2019 dejó de ser administrador único de Elodea, en concurso de acreedores desde 2016. Es el nombre con el que rebautizó a Begar, la constructora que aparece en la Púnica. Desde el 17 de junio de este año, no forma parte de Edigrup Producciones TV SA, la mitad de la tele que forma parte de RTVCyL y su hija Adriana es ahora la administradora única mientras él lo es de forma solidaria. De esta sociedad sale también Miguel Hernán Manovel. De Edigrup Producciones formó parte entre 2010 y 2014 Manuel Campo Vidal, que aparece en uno de los pinchazos de Enredadera.

El 17 de junio ha dejado de ser también el presidente, consejero y consejero solidario de Castilla y León Radio SA, la mercantil con la que explota la emisora esradio y de la que también ha salido Hernán Manovel. Adriana Ulibarri pasa a ser administradora única. Lo que Ulibarri no ha dejado de momento, son las mercantiles propietarias de los periódicos Diario de Soria, El Mundo de Castilla y León y Diario de León. Tampoco ha salido de una sociedad patrimonial que administra con Adriana, Ayalba Inversiones SL, con un capital social de 9,7 millones de euros.

José Luis Ulibarri no conoce a nadie, “ni a Granados, ni a Marjaliza, ni a nadie de la Púnica”, ha declarado este jueves ante el juez que instruye el caso. El empresario de la construcción y de los medios de comunicación –es propietario del 50% de Televisión Castilla y León y tiene además radios y periódicos, entre ellos El Mundo de Castilla y León– afronta así su tercera imputación en un caso de corrupción.

Ulibarri está acusado en una pieza de Gürtel por la que se enfrenta a una petición de pena de más de 7 años de prisión, está investigado como presunto cabecilla de la trama del caso Enredadera, en la que tiraban de políticos para amañar concursos en todo el país, y es también un encartado en Púnica. En concreto, forma parte de la pieza número 8, que investiga la etapa de Francisco Granados como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Granados es el principal investigado del caso, y del que toma nombre la operación por la similitud de su apellido con la denominación de la fruta granada Punica Granatum. Según el juez, Francisco Granados tiró de Ulibarri en su plan de amaño de concursos públicos como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Granados “vislumbró en la Consejería de Transportes, y especialmente en la entidad Mintra, una nueva oportunidad de negocio, que le permitiría enriquecerse con dinero público procedente de las adjudicaciones millonarias en el sector de infraestructuras y transporte de la CAM, y en concreto con las adjudicaciones para la construcción de las infraestructuras de metro y metro ligero proyectadas en el 'Plan de Ampliación de Metro de Madrid para 2003-2007', que contaba, según se ha podido saber por fuentes abiertas, con un presupuesto de 4.700 millones de euros”.

Granados, “abusando gravemente de su nuevo cargo público”, concertaría con el consejero delegado de Mintra, el investigado Jesús Trabada, adjudicar a empresas medianas, que llegarían de la mano del investigado David Marjaliza, y que pagarían una comisión por ello, contratos públicos de construcción de infraestructuras ferroviarias, “que hasta ese momento venían siendo adjudicados a las grandes y pujantes constructoras españolas”.

La investigación ha revelado que los contratos adjudicados a las empresas concertadas experimentaban, durante la ejecución de la obra, “un elevado sobrecoste de su precio de licitación, por la existencia de nuevos contratos por modificados y contratos complementarios de la obra inicialmente contratada, que siempre eran adjudicados de forma directa, sin concurso, a aquellas empresas. El precio de estos nuevos contratos llegó en algunos casos a superar el precio del contrato inicial”.

La estrategia que se puso en práctica buscó el concierto con los administradores de otras empresas medianas que operaban en el sector de la obra civil pública, como Begar, o la también sociedad leonesa Teconsa, y que tampoco habían accedido nunca a las licitaciones de Mintra. Estas sociedades se presentarían a las nuevas licitaciones, formando una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la mercantil Obrum. Todas ellas pagaron comisiones a través de facturación falsa.

En una de esas obras ferroviarias aparece Begar, la empresa de Ulibarri que actualmente se llama Grupo Elodea, y que se encargó de los trabajos del tramo 1-C de Metrosur.

Ulibarri niega haber pagado comisiones

Según la contabilidad de Marjaliza, Begar pagó a Granados y al propio Marjaliza supuestas comisiones a través de ingresos en una empresa de este último. El ingreso se hace de Begar a Aruba, la sociedad de Marjaliza que se usaba para canalizar las comisiones. Según obra en el sumario, en el año 2004 Begar realizó pagos a Aruba por valor de 109.733,68 euros. Pero Ulibarri ha negado hoy al juez haber pagado por las adjudicaciones, tal y como ha explicado su letrado a eldiario.es.

Sin embargo, para el juez Manuel García Castellón, la declaración que hizo en su momento David Marjaliza, dio valor a los indicios de que “medió con autoridades públicas a favor de la mercantil Begar, en licitaciones públicas”.

Las pruebas en las que se basa son dos facturas localizadas en el registro practicado en la sede social de las empresas de Marjaliza que constatan que fue la sociedad Aruba “el instrumento que materializó, mediante facturación mendaz emitida a la sociedad Begar, el pago de las comisiones que entregó esta sociedad por la adjudicación del contrato firmado con Mintra el 18 de mayo de 2004, tal y como reza el concepto de cada una de ellas. También fijan el importe de la comisión en 109.733,68 euros”.

Las adjudicaciones de las obras de metro que recibió Begar superan los 25 millones de euros: el 29 de abril de 2004, obras de 12.192.608,86 euros; en julio de 2005, 2.433.735,35 euros; y en junio de 2006, 12.012.146,18 euros.

Los hechos serían constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo, sin perjuicio de que puedan calificarse como constitutivos de otros delitos que se evidencien en la instrucción.

La Junta de Castilla y León ha vuelto a inyectar millones de euros a Radio Televisión Castilla y León, una corporación privada pero financiada con dinero público, propiedad de dos empresarios de la construcción con temas pendientes con la justicia. El burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado por el Caso de la Construcción y el leonés José Luis Ulibarri está a la espera de juicio oral por el caso Gürtel y está imputado en la Operación Enredadera, aún en instrucción.

A través de dos subvenciones directas, el Gobierno autonómico ha concedido 46,6 millones de euros a Televisión Castilla y León, y lo ha hecho justo antes de que se celebren unas elecciones que podrían apear del poder en la región al Partido Popular después de 32 años. En la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones del Ministerio de Hacienda aparecen los dos acuerdos que se han registrado con un día de diferencia y sobre los que la Junta de Castilla y León no ha informado en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno, en las que suele reportar todo tipo de iniciativas.

El pasado 1 de abril, el Gobierno autonómico publicó el acuerdo de concesión de una subvención directa 19 millones de euros. Estas ayudas las concede desde que se creó la Corporación Radio Televisión Castilla y León, un proyecto por el que la Junta adjudicó las licencias de Televisión Digital Terrestre y con el que, en parte, conseguía crear una televisión autonómica, pero de gestión privada. Para ello tuvo que poner de acuerdo a los dos empresarios rivales, que presentaron un proyecto en común que se impuso al de un empresario foráneo, el del asturiano Blas Herrero.

Entre 2009 y 2011, el Gobierno de Juan Vicente Herrera concedió anualmente cantidades de hasta 25 millones. Sin embargo, Hacienda puso la vista en estas ayudas en 2011 y reclamó el pago de IVA correspondiente, 10 millones, que sufragó la televisión y que supuso el despido de 37 personas.

La multa la ratificaron después los tribunales. En una sentencia del 26 de marzo de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó un recurso interpuesto por Radio Televisión Castilla y León, S.A. contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 17 de marzo de 2015. La Sala consideró que las cantidades que percibió Radio Televisión Castilla y León, S.A. durante los años 2009, 2010 y 2011 debían estar sujetas a IVA, a pesar de la consideración de subvención que la Junta otorgó a dichas cantidades.

En esta nueva ayuda de 19 millones de euros, se precisa que está “incluida toda cantidad que, en su caso, se tuviera que abonar en concepto de IVA, destinada a financiar los objetivos y necesidades de interés público de la televisión digital terrestre en el ámbito de Castilla y León, sin que constituya alteración del contenido prestacional propio de la gestión del servicio público de la televisión digital terrestre”.

El pasado 1 de abril, entró en registro el acuerdo de la Junta que establece que “teniendo en cuenta que Radio Televisión Castilla y León, S.A. ha tenido que soportar el pago del IVA sin repercutirlo a la Administración de la Comunidad de Castilla y León y que la Audiencia Nacional ya ha fijado de manera definitiva su consideración de que las cantidades percibidas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para atender necesidades de interés público están sujetas a IVA, se considera necesario resarcir a dicha entidad de las cantidades soportadas en concepto de IVA derivadas de las subvenciones concedidas con esa finalidad - de interés público- desde 2009 a 2017”.

Esta resolución que hizo efectiva la Junta en el mes de abril, se tomó previamente en un órgano en el que están presentes todos los grupos políticos. El 2 de julio de 2018, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre acordó “por unanimidad, a la vista del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, resarcir a Radio Televisión Castilla y León, S.A.”.

De esta forma, la Junta de Castilla y León, “a propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día” autorizó la concesión directa de una subvención a Radio Televisión Castilla y León de 27.600.000 euros “para resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA”. Esta subvención directa se reparte en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022.

Lo llamativo es que a pesar de que la Audiencia Nacional considera que lo que la Junta concede no son subvenciones sino contratos, el Gobierno sigue dándoles la misma denominación. La diferencia entre una y otro es la discrecionalidad.

Las subvenciones directas se regulan en el artículo 31 de la Ley 5/2008 y las autoriza la Junta de Castilla y León con carácter excepcional, siempre que a su juicio existan razones que acrediten el interés público, social, económico, humanitario o de otra índole debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Las razones que justifican este tipo de subvenciones son tan diversas y poco precisas que permiten su utilización facultativa por parte de la Junta de Castilla y León.

A diferencia de lo que ocurre con las subvenciones ordinarias y con la mayor parte de los gastos que realiza la Administración de la Comunidad, este tipo de ayudas no exigen que sean conocidas con carácter previo por los órganos de control económico y jurídico (tanto Intervenciones como Asesorías Jurídicas). Pero además tampoco hay control sobre la forma de justificarlas.

Si la Junta de Castilla y León tramitase esta inyección de dinero mediante un contrato, estaría obligada a licitar y otras empresas de cualquier punto de España podría acceder al concurso.

El Partido Popular de Castilla y León ha blindado al alcalde y al consejero que aparecen las conversaciones pinchadas por la UDEF al constructor y empresario de medios de comunicacion, José Luis Ulibarri, en la Operación Enredadera. El objetivo: garantizar su aforamiento.

El alcalde de León, Antonio Silván, íntimo del empresario, y miembro de la Ejecutiva de Pablo Casado, aparece en varios pinchazos telefónicos en los que ambos hablan de adjudicaciones. La Operación Enredadera destapó una trama de favores y extorsiones a políticos a traves de los medios de Uibarri para que le adjudicasen concursos. Destacaba la Fiscalía en sus muchos informes la asombrosa capacidad que tenía el empresario para manejar a la clase política en Castilla y León.

“A ver cómo se arregla”

El 29 de septiembre de 2017 Silván llamó a Ulibarri para decirle que “lo otro” ya estaba “también” adjudicado. “yo no sé si lo sabes pero... [...] Pues ya, pues ya, ya está ya está”, le indicó. Ulibarri le dio las gracias y quedaron en verse la siguiente semana. El 6 de octubre de 2017, Silván volvió a llamar al empresario. Le informó en directo de la apertura de ofertas del concurso de gestión de basuras en la Mancomunidad de Hospital de Órbigo (León), de la que a su vez le iba dando datos una parlamentaria del PP que formaba parte de la mesa de contratación. Silván comentó a Ulibarri que una empresa estaba superando a la suya, y este respondió: “que lo arreglen”. El alcalde de León llegó a justificar lo que parecía un concurso ya ganado, con un “un, un, un corrimiento al final de alguno”. Ulibarri insistió. “a ver cómo se arregla” y se despidió de un Silván que no sabía cómo explicarse diciendo que iba a hacer “una gestioncilla rápida”. El Ayuntamiento de León forma parte de una pieza separada que se abrió dentro de la causa. El trasiego de información y de adjudicaciones entre parte del equipo de Gobierno de Silván y José Luis Ulibarri era continuo.

Presión mediática para hacerle senador

Cuando el caso estalló, en junio de 2018, Silván era, además de alcalde, parlamentario, una condición que le convierte en aforado. Pero la aprobación en 2016 del Estatuto de los Altos Cargos de Castilla y León ha acabado con esta posibilidad: los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes ya no pueden ser diputados autonómicos. El primer movimiento del PPCyL para garantizar el aforamiento de Silván fue intentar colarlo en las listas al Senado, cargo que no es incompatible con el de regidor. La presión no sólo fue interna: uno de los periódicos de Ulibarri llegó a publicar que su inclusión en la lista era un hecho. En la dirección nacional del partido no sentó demasiado bien y poco después, la noticia desaparecía de la edición digital. No sólo eso: días más tarde se confirmo que Silván no iba a pisar el Senado.

Aparentemente, el alcalde de León quedaba desprotegido ante una instrucción judicial que discurre muy lentamente. Aunque el juez que instruye la pieza de León citó a declarar a varios imputados en septiembre, acabó suspendiendo los interrogatorios. Desde entonces, no se han convocado.

Mientras, el PP ha encontrado un resquicio para aforar al alcalde. Tal y como se hizo con Rita Barberá, Silván ha pasado a ser miembro de la Diputación Permanente de las Cortes en calidad de suplente. Su nombramiento, que se produjo a finales de marzo, ya es un hecho en la web del Parlamento de Castilla y León.

De consejero independiente a parlamentario

Quien también va tener condición de aforado es el actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que es juez de profesión y no está afiliado al PP. Suárez-Quiñones tenía pocas o nulas posibilidades de ser parlamentario autonómico, y muchas menos de formar parte de un hipotético nuevo Gobierno de Castilla y León. Pesa mucho su discutida gestión, en la que el Tribunal Superior de Justicia le ha tumbado órdenes para dar caza al lobo por basarse en estudios de escaso rigor, o la orden de caza, que llegó a suspender la actividad cinegética en la Comunidad. Pero, sin duda, pesa mucho una conversación que mantuvo con José Luis Ulibarri, que forma parte del sumario Enredadera y cuyo audio reprodujo eldiario.es en exclusiva.

“Yo soy la Administración”, le dijo al empresario tras ofrecerle, sin concurso, las obras de una carretera que superaban los dos millones de euros. Suárez-Quiñones formaba parte de los políticos maltratados por los medios de Ulibarri. Sin adjudicaciones, todo eran ataques. El propio consejero reconoció a eldiario.es que había sufrido bastante con las publicaciones de una de las cabeceras del constructor. “No me han tratado bien, ya se ha visto, El Mundo (de Castilla y León) me ha dado unas hostias... si hasta me han llamado palmero del ministro de Fomento”, declaró.

Según han confirmado a eldiario.es fuentes del PP, ahora se ha encontrado un acomodo al hasta ahora consejero. Encabezará la lista a las Cortes por León, algo poco común para un independiente, ya que los partidos, por norma general sólo llevan como parlamentarios a políticos afiliados. La maniobra pone de manifiesto el propósito real, mantener el fuero. La decisión no ha agradado a todo el partido, según las mismas fuentes.

Si el juez decidiese citar a Silván o Suárez-Quiñones en calidad de imputados, la causa pasaría a manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el mismo que archivó el caso Gürtel para el expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, a quien el juzgado madrileño que empezó a instruir la causa atribuía presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Curiosamente, mientras la causa moría en Castilla y León, avanzaba a nivel nacional y hace un año una sentencia reconocía pagos por adjudicaciones en la Comunidad y condenaba, entre otros, al que fue vicepresidente de la Junta, Jesús Merino, como comisionista.

Las relaciones entre el TSJCyL y el Gobierno regional son fluidas: el coche en que se desplaza el presidente, magistrado también de la sala de lo Penal que se ocupa de los aforamientos, lo pone la Junta. El segundo de los tres magistrados que componen la sala es primo político del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y llegó al Tribunal a propuesta de las Cortes.

El portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, maniobró con empresarios amigos para mejorar el tratamiento de Vox en los medios de comunicación. Así se desprende de las conversaciones publicadas este martes por la Cadena Ser, en las que el hasta ahora presidente del partido en León, Carlos Portomeñe, asegura que Alonso le hizo una oferta en este sentido.

Esta charla se desarrolló en octubre del pasado año y, en ella, se hizo especialmente hincapié en el empresario José Luis Ulibarri, propietario de televisiones, periódicos y radios e implicado en la 'operación Enredadera'. “Jaime Alonso va a hablar con Ulibarri porque debe haber salido ya de la cárcel. Le he pedido que hable con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos y él me ha dicho que le va a hacer caso”, comenta el expresidente de Vox León al que era su 'número dos', José Carlos Rúa, y le subrayaba: “¡Y fíjate los medios que controla! Le he dicho que necesitamos que nos abran hueco de vez en cuando”.

Según Portomeñe, la respuesta de Alonso fue: “Eso déjalo de mi mano”. En una segunda charla, los dos dirigentes de Vox celebran una portada de un periódico de Ulibarri: “Hoy nos sacan, mira (...) Joder, qué diferencia con lo de antes”.

La Cadena Ser también ha publicado una tercera conversación telefónica entre el vicepresidente de Vox, Víctor González Coello de Portugal, y un exdirigente de la formación de ultraderecha en la provincia. “Jaime Alonso en un señor que se ha acercado a Vox, que colabora y que nos encanta. Es muy inteligente”, explica González Coello a su interlocutor. La charla se produjo el pasado sábado.

No es la primera vez que se revelan las conexiones entre el partido de ultraderecha en León y la fundación franquista. Tal y como adelantó este lunes la emisora mencionada, el propio Portomeñe celebraba el contacto de Jaime Alonso como “la llamada del millón”, ya que estaba interesado en colaborar en la financiación del partido y, según sus palabras, tiene “línea directa” con el líder de Vox, Santiago Abascal.

En la jornada en la que eldiariocyl ha desvelado el audio en el que el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ofrece realizar la obra de una carretera al empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción ‘Enredadera’, sin pasar por concurso público, esta información se ha colado en el discurso del acto de campaña que el PSOE ha celebrado en la tarde de este martes en Ávila. Allí, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ante la presencia del líder nacional Pedro Sánchez, se ha referido durante su intervención a esa conversación telefónica, que desvelado este medio en exclusiva.

Luis Tudanca salía al paso de las acusaciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que sostiene que el PSOE a nivel nacional está utilizando las instituciones. “Claro que utilizamos las instituciones porque eso es la política. Y las vamos a seguir utilizando para mejorar la vida de los ciudadanos”. Una reflexión que dio pie al socialista a comentar en un abarrotado acto la relación del Partido Popular de Castilla y León con la ‘trama Enredadera’.

El líder de los socialistas en la Comunidad ha lamentado haber tenido que escuchar cómo Juan Carlos Suárez-Quiñones telefoneaba al empresario para hacerle esa oferta, con la ya famosa frase de “yo soy la Administración”. “Con el Partido Socialista, los ciudadanos sí van a saber quién es la administración”, ha sentenciado Tudanca, confiado en poder vencer en las elecciones autonómicas del 26 de mayo para arrebatar la Presidencia de la Junta de Castilla y León al Partido Popular.

“Conocí a José Luis Ulibarri en 2016, tenía una empresa de patatas en Valladolid […] decidimos hacer una empresa en la que él tendría el 60% de la sociedad y yo el 40%, estuve de acuerdo. Porque él es un hombre influyente y a mí no me conoce nadie”.

El socio del cabecilla de la trama Enredadera, Ángel Luis García, explicó así al juez su alianza con el todopoderoso Ulibarri, un acaudalado constructor que controla importantes medios de comunicación en Castilla y León, empezando por el canal de televisión que sufraga el Gobierno regional y en el que tiene de socio a Antonio Míguel Méndez Pozo, otro hombre del ladrillo en esa autonomía.

García está considerado según los investigadores como el número dos de la organización que amañaba contratos en Ayuntamientos y Diputaciones y en la que Ulibarri ejercía de “conseguidor” para sus firmas e incluso para firmas de la competencia. El empresario, que salió de prisión hace un par de semanas, y está acusado de graves delitos relacionados con la corrupción en el sumario Enredadera, manejaba importantes contactos entre los políticos y mecanismos de presión  por su condición de editor de prensa en Castilla y León.

El pasado 5 de julio, tres días después de su detención, García relató al juez que él ni siquiera conocía el sector donde pretendía operar con Ulibarri. “Yo sobre todo quería aprender el tema técnico. Agema [la pequeña empresa de construcción que tiene] sólo puede hacer pequeñas obras. Nunca ha tenido obra pública consistente”, contó al juez instructor. Su contacto con Gespol, la firma de software de pacificación del tráfico a través de radares y semáforos, quería vender en Castilla y León y no recuerda cómo contactan con él.  El juez le preguntó por sus contactos con políticos.

García aseguró que conocía al alcalde de León, Antonio Silván –que aparece en los pinchazos telefónicos a Ulibarri informándole de la puntuación en un concurso- pero que sólo habló con él “dos veces”, y a dos de sus concejales –uno de ellos dimitido por su implicación en el caso-. Se le preguntó por concejales, por técnicos, por alcaldes…y García no negó conocerlos, pero sí se refirió a encuentros casuales y conversaciones “triviales”. 

Silván y Ulibarri

Su testimonio dejó al descubierto a Ulibarri. Se le preguntó si se había reunido con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo (PSOE) y contestó afirmativamente, pero que no sabía de qué habían hablado. También contestó que creía que se había reunido con el alcalde de Villaquilambre, Manuel García (PP) -hoy en la oposición tras una moción de censura por la trama-, pero que tampoco conocía el motivo. Asintió a la pregunta de si se habían producido encuentros entre Silván y Ulibarri. “Sé que quedan”, confesó.

El empresario esquivó las preguntas que le afectaban directamente. El juez quiso saber si había comido con uno de los concejales del Ayuntamiento de León, tal y cómo había comentado a Ulibarri en una llamada el 2 de febrero de 2017. “No he comido nunca con Yiyo. A veces digo cosas para quedar bien con Ulibarri”, declaró. Aseguró no recordar la conversación en la que este le dice que es suyo, que lo tiene controlado. García cuenta al juez que a veces fanfarronea. No supo explicar por qué uno de los directivos de Gespol dice en una llamada que se han reunido en el Ayuntamiento de León con varios concejales y que entraron por una puerta trasera y accedieron a la sexta planta en un ascensor con llave. “Es todo mentira”, declaró.

Un rácano y un niño de los recados

Para sus encuentros con el asesor de Ciudadanos en la Diputación, Sadat Maraña, presunto contacto que le facilitaba información sobre concursos y supuestamente influía en las decisiones del PP por ser un partido llave, sí tiene explicaciones. “Hace un año que no hablo con él porque cero, cero, cero”. Llega a explicar la entrega de un sobre diciendo que era la dirección de un médico porque Maraña tiene a una hija enferma, que él no da sobres de otro tipo porque es “un rácano”. “Yo era el niño de los recados, no he visto ni un duro”, afirmó. También contestó sobre un concurso en el Ayuntamiento de León en el que pensaban ir en UTE (Unión Temporal de Empresas) con Etra, filial del grupo ACS.

Según las conversaciones pinchadas, Florentino Pérez dio la orden de no presentarse a nada con Ulibarri por estar imputado en Gürtel. Pero García relató al juez que nunca tuvieron interés en presentarse y que no le consta que Ulibarri diese alguna directriz para que no se le adjudicase el concurso, a pesar de que las conversaciones, que él aseguró no recordar, eran evidentes. Ulibarri exigía el 4% de lo que facturase Etra si ganaba el concurso.

Cuando el juez le pregunta por una conversación en la que dice que ya ha dado 6.000 euros al asesor de Ciudananos, lo justifica así: “Tengo la manía de decir la palabra 6.000 euros”. También niega otra charla telefónica, en la que decía que había que pagar “sólo por éxito” (por concurso ganado). “Ni le ofrecí ni le di dinero a Sadat”. García negó pagos, negó conversaciones, y cuando el juez le preguntó por frases concretas, como la intención de Maraña de presionar a una alcaldesa, responde que eran “faroles”.

En su frenética actividad, el socio de Ulibarri llegó a trabar contacto con el exministro de Fomento en el Gobierno de Aznar Francisco Álvarez Cascos. “Él me dice que quiere entrar en Carrefour. No recuerdo bien quién me lo presentó [...] Hemos tratado que queremos introducirnos en Leche Pascual, en Helios, pero está todo parado”, explicó. El juez le preguntó si le había puesto en contacto con cargos electos, pero García dijo que sólo con técnicos de Foro, su partido en Asturias. No recordaba por qué Cascos le dijo en una conversación “esto no se puede contar”. Relató al juez que había borrado todos los chats de conversación con él.

El socio de Ulibarri, al que todos los investigadores atribuyen un papel clave, apenas admitió durante el interrogatorio nada que le incrimine. Hasta el punto de que hay varias conversaciones en las que menciona pliegos de concursos y cuando el juez le pregunta responde que ni sabe lo que es un pliego y que suele decir que sí a todo sin entender. Tampoco tuvo memoria para saber cómo se hizo con el concurso de San Andrés del Rabanedo subcontratando al verdadero adjudicatario, ni que mediase para que no lo sancionasen por la renuncia al contrato. También evidenció lagunas cuando el juez le pregunta por los testaferros de Ulibarri, que según relató García a un amigo por teléfono, había conocido en Valladolid.

Aunque no paró de hacer gestiones para la empresa que tenía con Ulibarri, Utebo, aseguró que las decisiones las tomaba el constructor, que él ni siquiera tiene firma ni poderes. “Algunas de las reuniones que he tenido ha sido para justificarme delante de José Luis [Ulibarri], no he dado resultados para la empresa. A los  cargos de los Ayuntamientos los he conocido por José Luis, hace dos años ni los conocía”, confesó. También explicó que nunca estuvo en reuniones con cargos electos, que montó la empresa con Ulibarri porque pensó que la iban a vender. “Me he dado cuenta de que ni un chavo, pero yo no lo busqué por influencias”, se lamentó ante el juez. García insistió en que sólo consiguió una operación en Arroyomolinos. Obvió la tesis fundamental del juez y el fiscal: aunque no ganasen concursos, los conseguían para otras empresas y se lucraban con ello.

Cuando el presunto cabecilla de la trama Enredadera –una red de amaños de contratos públicos desmantelada por la policía con detenciones en varios ayuntamientos- José Luis Ulibarri pasó a disposición judicial el pasado 4 de julio, desconocía hasta qué punto había llegado la investigación y el alcance de los pinchazos telefónicos sobre los que se apoya todo el caso.

Con la causa bajo secreto de sumario, el empresario de la construcción y los medios de comunicación, negó en los interrogatorios datos que hoy son evidentes para los investigadores del caso. A Ulibarri, como sucede en este tipo de operaciones, sólo se le informó de los delitos por los que había sido detenido dos días antes en su vivienda de Madrid: una lista que pasaba por la prevaricación, el cohecho y el tráfico de influencias, entre una larga lista que lo mantuvo en prisión los últimos meses hasta que salió en libertad a mediados de septiembre.

En el acta de esa primera declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez le preguntó lo que la policía había deducido de sus llamadas intervenidas durante los meses anteriores: si acostumbra a ponerse en contacto con políticos cuando sus empresas tienen problemas o intereses. “No lo sé, si tengo contratos es porque me tocan”, contestó antes de añadir que su hija Adriana, cuyas conversaciones de tono político también registra la UDEF, “vende vino” y “no está en las empresas” para aclarar después que ella se ha centrado los medios de comunicación.

Ulibarri intentó desmentir que use sus cabeceras de prensa y televisiones para un fin determinado, a pesar de que varias conversaciones con sus directivos demuestran cómo presiona y pide ‘vueltas de tuerca’ sobre ciertos políticos.

El empresario renegó ante el juez de su socio, Ángel Luis García, que, según el sumario, le tenía al tanto de cada transacción y reunión. “Yo no he tenido nada que ver ni soy socio [se salió de una empresa en común cuando la investigación ya estaba en marcha], ha utilizado mi nombre en falso”, declaró sin saber que los investigadores tenían horas y horas de audios con conversaciones entre ambos que habían sido constantes.

Durante el interrogatorio, el constructor y editor de prensa en Castilla y León dijo al juez: “No hay ninguna conversación mía con alcaldes”. La Udef refleja en sus informes varias charlas con los alcaldes y alcaldesas de León (PP), Ponferrada (PP), Hospital de Órbigo (PSOE), Villarejo de Órbigo (PSOE) y San Andrés del Rabanedo (PSOE). Esas charlas revelan cómo al empresario se le iba informando acerca de concursos públicos.

Entre las más conversaciones más escandalosas está la que mantuvo con el alcalde de León y miembro de la ejecutiva de Pablo Casado, Antonio Silván, que le informó en directo de las votaciones de una mesa de contratación. Ulibarri iba perdiendo y ordenó a Silván que lo arreglasen.

En el caso del alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, que participó en esa mesa de contratación, la llamada se produjo al día siguiente para declarar a Ulibarri que estaba a su servicio: “Yo no le he fallado […] yo cuando doy mi palabra y doy mi cuerpo, lo doy entero”, le llega a decir el regidor al empresario.

Ante el juez, Ulibarri, cuyas sociedades tienen intereses en la obra pública, la prestación de servicios y los medios de comunicación, manifestó que él no firma nada y que desde 2010 está fuera de la primera línea y sólo supervisa sus negocios. El empresario obvió ante el juez las razones de esa teórica desvinculación: un “problema” que tuvo en 2009. El el año en que fue imputado en una de las piezas de Gürtel cuyo juicio está todavía pendiente de fecha.

Otra de las evidencias que Ulibarri negó fue su relación directa con uno de los directivos de Gespol, Roberto Legazpi. A preguntas del juez descartó que las conversaciones grabadas sean suyas. En este punto la declaración fue haciéndose más confusa y contradictoria. Tiene su explicación. La alianza con Gespol en la que Ulibarri presuntamente ejerció de conseguidor de contratos está en el centro de la operación Enredadera.

Gespol, una empresa de gestión de software de multas absorbida por Valoriza, viene de la mano de su socio Ángel Luis García, que lleva tanto a Legazpi como a otro de los imputados, Alberto Bueno, a su despacho de Valladolid.

Ellos, según Ulibarri, le sugirieron que se reuniese con el responsable de Valoriza. Así, en un segundo encuentro acuerdan formar una Ute (Unión Temporal de Empresas) en la que ellos se encargaban de las instalaciones semafóricas y él de la gestión de cobros para la que Ulibarri tenía “infraestructura”. Según su versión, Ángel Luis quería presidir la empresa pero él desconfiaba y pretendía controlar los pactos. Para la UTE, crearon Utebo y los socios le indicaron que diese de alta otra mercantil más, Anento. Según Ulibarri esta última está inactiva y la primera tampoco ha tenido funcionamiento, más allá del acuerdo con Gespol.

El magnate de Castilla y León aseguró que desconocía cualquier gestión en Villaquilambre (León) uno de los concursos que la Fiscalía destaca como importante en la presunta red delictiva. Utebo, dijo Ulibarri, sigue teniendo los 100.000 euros de capital social.

El juez le preguntó por qué el resto de los integrantes de la trama se referían a él como “Dios2 o ”El Jefe“. ”No lo sé, supongo que he dicho 'no' a muchas propuestas que me han hecho“, respondió. Descartó que quisiera comprar Valoriza, aunque sí recordó una conversación con uno de sus directivos, también imputado, que le dijo que se iba a ir de la empresa. En la sede del conglomerado de Ulibarri, le recordó el juez, se encontraron folios con el membrete de Valoriza.

Ulibarri también respondió a preguntas sobre su mano derecha en las empresas y presidente de Radio Televisión Castilla y León, Manuel Manovel, también investigado en este caso. De él dice que es una persona “de confianza” con una función “económica” y de supervisión, que supone que no redacta contratos [algunas conversaciones pinchadas indican lo contrario] y que no le manda hacer gestiones y que desconoce si habla de los pliegos.

En el interrogatorio Ulibarri descartó haber dado órdenes cambiar algo en un pliego de contratación de un concurso público y también negó haberse reunido con alcaldesas aunque conversaciones conversaciones interceptadas por la policía demuestran que sí se citaron. El juez también mostró interés por saber de “Florencio”, que aparece en los pinchazos, la persona que le informó de que la alcaldesa [que la Udef identifica erróneamente como regidora de La Cistérniga aunque en informes posteriores se refiere a la de La Bañeza] le había mandado un mensaje porque estaba a punto de sacar los pliegos para construir una residencia. “Florencio [Carrera] es el director de la tele de Valladolid, no conozco a ningún otro Florencio”, declaró.

Cuando el juez volvió a preguntar por la relación con su socio, Ángel Luis Garcia, Ulibarri dijo que no hay que hacerle mucho caso, que no ha ganado ningún contrato con él, que los últimos meses solo habían hablado dos o tres meses y que no ha querido comer con él. Así, se desvinculó por completo de negociaciones en Asturias aunque los investigadores tienen abundante documentación para probar que García informaba a su jefe con detalle de todo.

Aunque en un primer momento Ulibarri lamentó no haber conseguido contratos con Gespol, después reconoció una subrogación de contrato en Arroyomolinos (Madrid)-donde el alcalde, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, está imputado-. “Yo no he cobrado ninguna comisión y hace años que lo las pago”, llegó a decir al juez.

Durante la declaración, se le preguntó por qué en una de las conversaciones pinchadas cortó a Ángel Luis y le dijo que por teléfono no le contase nada. “Yo sólo tengo un teléfono y otro que me regalaron y lo usé por dos llamadas y no lo he vuelto a utilizar, hablo por el fijo”, asevera Ulibarri al juez que sospechaba ya en ese momento de un soplo que puso al empresario al tanto de la investigación. Los audios acumulados por la Udef demuestran lo contrario.

Su declaración no convenció al fiscal, que apuntó a la presunta comisión de delitos de inducción a la prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, inducción a la revelación de información privilegiada, inducción a la malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, cooperación a la falsedad documental por funcionario público, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

La colaboración de José Luis Ulibarri y su socio Ángel Luis García en la ejecución delictiva de Gespol es “capital” para los investigadores. Según el sumario son “los dos pilares fundamentales con quienes cuenta Gespol al objeto de lograr influenciar a funcionarios y autoridades municipales”. “Su relevancia social como empresarios y propietarios de medios les abre las puertas de concejalías y alcaldías” de múltiples ayuntamientos, apuntan los informes policiales.

Recuerda además, que las conversaciones revelaron el “uso torticero” que hacían de los medios. Además de señalar la asombrosa capacidad de influencia de José Luis Ulibarri, subraya que las adjudicaciones en Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo (León) habrían avanzado por su directa intervención sobre las autoridades. Ulibarri estuvo en prisión hasta el pasado 14 de septiembre, cuando el juez entendió que no había riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y le dejó en libertad sin fianza.

Un juez ha acordado hoy dejar en libertad a los empresarios leoneses José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, que permanecían en prisión preventiva tras ser detenidos el pasado mes de junio en la Operación Enredadera, sobre una supuesta red corrupta que amañaba sistemas de regulación del tráfico.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha decidido hoy dejar en libertad a los tres investigados por la Operación Enredadera que aún seguían en prisión preventiva, si bien ha ordenado que le entreguen el pasaporte y que se personen periódicamente en el juzgado.

No obstante, ha ordenado que le entreguen el pasaporte y que se personen periódicamente en el juzgado.

Así, el juez ha optado por dejar en libertad a los tres detenidos que aún seguían en prisión, entre ellos los empresarios José Luis Ulibarri -implicado también en el caso Gürtel- y Ángel Luis García, después de que la Fiscalía lo haya solicitado, al considerar que ya no se daban los requisitos por los que se había acordado su privación de libertad.

Una vez acordada judicialmente su puesta en libertad, la salida de prisión de los tres investigados se efectuará cuando haya culminado el trámite administrativo en su centro penitenciario, según el TSJC.

La Policía Nacional detuvo el pasado 3 de julio a unas cuarenta personas en una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, entre ellos los empresarios ahora exarcelados y Carlos Ruipérez, entonces alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, que dimitió el 27 de julio.

Esta operación también ha comportado la dimisión de la alcaldesa del municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, la socialista María Eugenia Gancedo, y tres de los cuatro ediles de este municipio investigados por la Policía.

También fueron arrestados los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid); el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) y la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa.

Entre los detenidos en esta operación también figuran Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr.

La operación salpicó a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

A tan sólo 24 horas de una moción de censura que previsiblemente lo descabalgará de la Alcaldía, el regidor de Villaquilabre (León), Manuel García, ofrecía una rueda de prensa para insistir en su inocencia y rechazar cualquier implicación la trama de amaños de contratos públicos que reventó con la Operación Enredadera el pasado 3 de julio.

En medio de la operación, García, que además de alcalde es diputado autonómico, fue detenido y trasladado a comisaría. Las conversaciones de los principales investigados en la trama le aludían directamente como uno de los políticos dispuestos a arreglar concursos de adjudicación en su Ayuntamiento e incluso mediar en los de otro municipio.

Manolín, como le llaman los cabecillas de Enredadera, insiste en que su detención fue “irregular” y en que no está investigado. Lo irónico es que hizo estas afirmaciones en presencia de quien se presentó como su abogado, Fernando Santocildes, decano del Colegio de Abogados de León, y letrado defensor de otra alcaldesa imputada en la trama: la socialista María Eugenia Gancedo, regidora de San Andrés de Rabanedo.

García no ofreció ni un sólo detetalle de las circunstancias de su detención, de apenas tres horas el pasado 3 de julio, tan sólo quiso dar alguna “pincelada” de “lo que pasó”. “Acudió la UDEF y nos pilló por sorpresa por la magnitud de la operación”, recordó. Sobre él, subraya que el auto judicial de entrada y registro sólo mencionaba su localización, que fue más allá y acabó en comisaría. “Ya me explicarán por qué si su señoría dice una cosa ellos hacen la contraria. Alguien tendrá que dar explicaciones en ese sentido”, advirtió.

El regidor se atrevió a vaticinar el final de la causa judicial: “A mí me parece que esto quedará en agua de borrajas, porque vuelvo a insistir en la desproporcionalidad del asunto, que no hay ninguna base en ese sentido”.

La detención de García es discutible: por su condición de aforado debería haber una orden judicial y esta emanaría directamente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y no del juez instructor de Badalona, en el sumario no aparecen ni una ni otra. Distinto es que se hubiese producido una detención estrictamente policial durante el tiempo que dura un registro.

Tanto García como su abogado remarcaron que no existe imputación. Se basan en que no han recibido una sola notificación del juzgado. Sin embargo, en el auto del juez instructor, fechado el 2 de julio, un día antes de los registros, dice textualmente sobre el registro de sedes municipales de Villaquilambre: “Además, previa localización de los investigados D.Manuel García Martínez, D. Mónica Varón Valle y D. Jesús De Celis De Celis, se autoriza entrar y registrar en los despachos que habitualmente utilicen en dependencias municipales; extendiéndose la autorización al acceso y registro de los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones, así como a los archivos informáticos que se contengan en los ordenadores, discos duros, dispositivos de almacenamiento extemo, etc., habitualmente utilizados por D. Manuel García Martínez, D.” Mónica Varón Valle y D. Jesús De Celis De Celis, incluidos aquellos susceptibles de contener comunicaciones postales, electrónicas, telefónicas, etc“. En esa comunicación, el juez se refiere a García como ”investigado“.

Tampoco el fiscal de la causa parece tener dudas de lo que la trama hizo en Villaquilambre ni de quien le sirvió de ayuda. Un escrito del ministerio público fechado el 28 de junio apunta: “En relación al municipio de Villaquilambre no cabe sino afirmar que los indicios hasta la fecha obtenidos acerca del grosero proceder de los investigados resultan sencillamente aplastantes. Así las cosas, los responsables de Gespol, con la ayuda de Ángel Luis García y José Luis Ulibarri, así como también con la de Sadat Maraña y Juan Carlos Fernández -asesor y diputado de Ciudadanos en la Diputación de León, respectivamente- habrían logrado que varias autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Villaquilambre, singularmente el alcalde, Manuel

García Martínez, la concejal Mónica Varón Valle y el informático municipal, Jesús De Celis De Celis, les revelaran sistemáticamente información privilegiada en relación a diversos contratos administrativos, concertándose con ellos al objeto de lograr la irregular adjudicación de varios de esos contratos, todo ello en claro perjuicio del erario público asimismo, visto el modo de proceder de aquellos al impedir la pública concurrencia“.

García aseguró este jueves que se reúne con muchos empresarios porque es “totalmente permeable” pero señaló que “jamás” ha facilitado información. Sobre los registros de ordenadores y discos duros y posibles correos electrónicos intercambiados con la trama, el todavía alcalde se excusó en que “nunca” abre su correo, y que son otras personas quienes lo gestionan.

Si bien judicialmente García no ha recibido ninguna notificación, políticamente ha quedado muy tocado. La moción de censura se desarrollará este viernes a las 12.00. Los resultados son previsibles ya que en los municipios para presentar una moción es necesaria una mayoría del Pleno. La ensalada de grupos de Villaquilambre -según García su Ayuntamiento “parece Naciones Unidas”-  no ha frenado la iniciativa. A favor de ella están el PSOE, con tres concejales; Unión del Pueblo Leonés, con dos; Ahora Villaquilambre-Podemos, con otros dos e Izquierda Unida y UPyD con uno cada uno.

Previsiblemente, votarán en contra los cinco concejales del PP, se abstendrán dos concejalas no adscritas que antes eran de Ciudadanos y no se conoce la intención de un tercer concejal no adscrito que también perteneció a la formación naranja.

Para García la moción está “orquestada por la dirección regional del PSOE” porque “Tudanca [el secretario general] está obsesionado con acabar con el PP de León”. Según él, “hará todo lo posible” y se refirió a Pedro Sánchez: “Pactar con quien haya que pactar, a cualquier precio, incluso con los asesinos, y Villaquilambre no va a ser una excepción”.

García apeló a la responsabilidad, porque según él un cambio de alcalde va a paralizar proyectos, por lo que pidió a los grupos que reconsiderasen su postura. También leyó un whatsapp de apoyo de un supuesto “histórico del Psoe” cuya identidad no desveló, y en el que critica que su partido intente “llegar al poder de malas maneras y con tanto odio”.

Desde el PP de Castilla y León también hubo advertencia cuando se conoció la presentación de la moción de censura, el portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, anunció que si había moción en Villaquilambre, se haría lo propio en el ayuntamiento socialista de San Andrés de Rabanedo.