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Ulibarri, 'jefe' de Enredadera, está "tranquilo" en prisión y convencido de que el caso es un error que se aclarará

El letrado de José Luis Ulibarri es el conocido penalista Luis Rodríguez Ramos, que asegura a eldiario.es que tanto él como su cliente consideran desproporcionada la medida de prisión provisional

El abogado considera que el caso se ha armado con conversaciones cortadas y con manifestaciones que realiza el socio de Ulibarri, Ángel Luis García, sin base alguna

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El empresario José Luis Ulibarri, el alcalde de León, Antonio Silván; y el consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones

El empresario José Luis Ulibarri, el alcalde de León, Antonio Silván; y el consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones

El empresario José Luis Ulibarri, cabecilla de la Trama Enredadera, según el juez instructor y la UDEF, asume su prisión provisional sin fianza con la seguridad de que la medida se levantará pronto. Cuando ha transcurrido poco más de un mes de su ingreso en el Centro Penitenciario Brians 2, su abogado, el prestigioso penalista Luis Rodríguez Ramos, asegura a eldiario.es, que se encuentra "tranquilo" y convencido que su detención es fruto de un error que se aclarará en breve.

"Cuando la Fiscalía dijo que iba pedir la prisión preventiva, anunció que sería una estancia corta, pero no dijo cómo de corta", afirma el letrado. Con un máximo de dos años prorrogables otros dos, Rodríguez Ramos descarta tan siquiera que alcance el primer tramo. Su intención es volver a recurrir la medida "tan pronto se analicen todos los dispositivos y documentos" que se encontraron en los registro de viviendas, oficinas y sedes municipales. "José Luis dice que está tranquilo porque no hay nada y yo estoy de acuerdo. Aquí se ha basado el caso en unas conversaciones de su socio -Ángel Luis García-, que dice mentiras, y además las conversaciones están cortadas", comenta. Cómo acabó Ulibarri relacionado societariamente con un hombre como García, que en algunas conversaciones llega a ocultar cosas a otros socios, es según su abogado, una cuestión meramente empresarial, como la necesidad de concurrir en UTE (Unión Temporal de Empresas) a algunos concursos públicos, sin más.

El abogado se ha referido sólo a la pieza de Badalona, con la que arrancó el caso, que es la que estudia minuciosamente junto a José Luis Ulibarri.  La pieza más controvertida, a la espera de que se levante el secreto sobre la de Astorga, es la de León. El abogado no ha querido pronunciarse sobre las conversaciones de Ulibarri con el alcalde de León, en la que éste le informaba en directo del desarrollo de una mesa de contratación, o de la llamada del alcalde de Hospital de Órbigo en la que prácticamente rogaba que no desconfiase de él porque "había cumplido" y había dado su "cuerpo entero".

"Aún no he visto esa parte porque de momento, aunque el juez instructor de León ha citado a algunos imputados para que declaren el 11 de septiembre, José Luis no está entre ellos", reconoce Rodríguez Ramos. Lo fundamental ahora es conseguir la libertad de Ulibarri. "Es una medida desproporcionada: no existe riesgo de fuga -La Udef temía una huida a Colombia, donde está su compañera sentimental y el hijo que tuvieron hace poco- y tampoco de destrucción de pruebas, puesto que se le detuvo y se procedió a registrar tanto su vivienda como la de su exmujer, así como sus oficinas en Valladolid y Madrid". Aunque está imputado en el Caso Gürtel y la Fiscalía pide para él siete años de prisión, Ulibarri nunca fue detenido por este caso, algo que destaca su abogado. El juicio se celebrará "probablemente en septiembre", el mismo mes en que su representante legal confía en que habrá salido de Brians 2.

Ulibarri fue detenido el pasado 3 de julio en su vivienda de Madrid, y no en Valladolid como informó por error este diario. Fue trasladado directamente a Valladolid para que estuviese presente en el registro de sus oficinas y a continuación a Badalona, para declarar ante el juez que había empezado a instruir la causa y que posteriormente la dividió en tres: Badalona, León y Astorga.

Los delitos que se investigan son la prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal. Junto al Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que instruyó la mayor parte de la causa y la dividió días antes de las detenciones y registros, está al frente de la investigación la Fiscalía Anticorrupción.

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