La Plataforma por la Integración Ferroviaria sobre la denuncia contra el Ayuntamiento y la Junta: “Es un acto de resistencia frente a una gestión indecente”

La Plataforma por la Integración Ferroviaria de Valladolid ha mostrado un “apoyo firme y sin fisuras” a la denuncia presentada por Ciudad Sostenible, ASCIVA y el Ateneo Republicano ante la Fiscalía General del Estado contra los representantes del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad SA (SVAV).

“Compartimos la visión de que existen indicios de administración desleal en la gestión de la SVAV y que esto es un paso necesario de higiene democrática”. Así, para mostrar la “gravedad” de la situación, y subrayando que es “vital” que todos los vecinos comprendan qué ha sucedido, apuntan al Plan de Integración Ferroviaria que se sustanció en un convenio firmado por las administraciones implicadas (Ministerio, Junta y Ayuntamiento), y que tenía financiación asegurada y obras activas para conectar los barrios y modernizar el entorno de las vías.

“Sin embargo, la decisión política de los actuales responsables de bloquear este plan y forzar su resolución ha traído la parálisis total. Han cambiado obras reales por la pérdida de inversiones ya aprobadas y una deuda millonaria injustificada que pagaremos todos los vallisoletanos. Lo que se juzga aquí es el modo de gestionar los intereses públicos”, afirman en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es.

Lo que se persigue con la denuncia, explican, es “responsabilizar a los cargos públicos de su administración desleal y el bloqueo injustificado de proyectos viables como los pasos de Ariza sin ni siquiera entrar en el debate 'soterramiento sí o no'”. “Estamos ante una crisis de decencia en la gestión pública, una gestión que ha derivado en un callejón sin salida para nuestra ciudad. La política del ”porque yo lo digo“ debe acabar, los vallisoletanos nos merecemos un retorno inmediato a la gestión del interés común”, añaden.

Para la Plataforma, la liquidación del convenio “no ha sido un accidente, sino una estrategia política irresponsable” e inciden en el perjuicio económico porque se “condena” a la ciudad y a la Comunidad a “un reparto de deuda millonaria a cambio de nada” y porque se produce un abandono de los barrios, en los que se cancelan proyectos de movilidad y urbanización que eran urgentes. Aluden además a la “higiene democrática”, con una denuncia que es “necesaria” para exigir responsabilidades. Por último, piden un nuevo convenio de integración y que se ejecuten de manera inmediata los tres pasos de Ariza.