El alcalde de Valladolid, el consejero de Fomento y otros consejeros de la SVAV, denunciados ante la Fiscalía General por administración desleal

La paralización de la integración ferroviaria por el empeño del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en cumplir la promesa electoral de soterrar las vías, ha provocado, por el momento, que la bronca entre Consistorio y el gobierno autonómico con el Ministerio de Transportes acabe en la Fiscalía General del Estado. La Asociación Cultural Ciudad Sostenible, la Asamblea Ciclista de Valladolid y el Ateneo Republicano de Valladolid han registrado ante la FGE en Madrid una denuncia por un presunto delito de administración desleal contra seis consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 SA (SVAV), entre los que se encuentran el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

La SVAV, en proceso de liquidación ante el bloqueo político del convenio de integración, posee un pasivo no corriente según su auditoria de 2024, de 220 millones de euros y que ahora quedan en el limbo al perder la sociedad su objeto social.

Según una nota de prensa a la que ha tenido acceso elDiario.es, la denuncia, también dirigida contra los concejales de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y Urbanismo, José Ignacio Zarandona Fernández, así como contra el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Ángel Marinero Peral y la directora general de Urbanismo, María Pardo Álvarez, documenta cómo los representantes municipales y autonómicos “han usado su puesto en el Consejo de Administración de SVAV para impedir la licitación y ejecución de obras ya proyectadas, lo que constituye una obstaculización intencionada sin sustento en ningún informe técnico, basada únicamente en criterios de oposición política, lo que ha supuesto que con sus decisiones hayan paralizado la actividad de la sociedad”.

Esa obstaculización o inactividad deliberada ha supuesto, siempre según la denuncia, “una desviación del objeto social de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, al impedir las actuaciones que se contemplan en el marco del convenio de 2017 y que son el fin de la entidad”. De esta manera, los fondos destinados a la ejecución de obras públicas no han servido a su finalidad legal, incumpliéndose así el principio de buena administración y el deber de diligencia que incumbe a quienes ejercen funciones directivas sobre patrimonio público.

Los denuciantes sostienenen que la decisión “arbitraria o la inacción negligente” de los denunciados no obedece a causas técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas, sino que responde a una voluntad contraria al interés público y a los fines propios de la sociedad, y que han actuado con “abuso” de sus facultades de gestión y con infracción del deber de fidelidad al patrimonio administrado.

La denuncia deja claro que los acuerdos alcanzados en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (convenio de integración ferroviaria) establecen un vínculo entre las instituciones y sociedades implicadas (Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Adif y Renfe) que no es comercial, por lo que su causa es el interés público de Valladolid.

La conducta descrita revela “una administración infiel del patrimonio público confiado”, caracterizada por la inobservancia consciente del deber de diligencia y de lealtad institucional.

La “reiterada negativa de los denunciados a la licitación de los tres pasos de Ariza, la paralización del derribo y sustitución del viaducto del Arco de Ladrillo, del paso de San Isidro y del proyecto de la nueva estación intermodal de autobuses prevista en el barrio de las Delicias no obedece a causas técnicas, jurídicas o presupuestarias objetivas, sino a una voluntad contraria al interés público”.

Los denunciados, insisten, han administrado la Sociedad Valladolid Alta Velocidad “de forma desleal, ilegal e indecente”. Su actuación ha sido “contraria a los compromisos adquiridos y suscritos de forma unánime por administraciones de distintos signo político en el Convenio de 2017 de integración ferroviaria en superficie”. El único objetivo de los denunciados ha sido de “oposición política reivindicando un soterramiento ya descartado unánimemente y sin la aportación de absolutamente nada que justifique ni su viabilidad técnica, ni su viabilidad financiera, ni la más mínima posibilidad de que la SVAV comulgue con esa falaz rueda de molino”.

Así califican sus actuaciones de “injustificable estrategia de bloqueo cuyo eslogan ha sido: soterramiento o nada”. En la denuncia registrada ante la Fiscalía General del Estado se solicita que se investiguen los hechos, se recabe la documentación societaria y administrativa necesaria para constatar los hechos expuestos, al margen de la ya incluida en la denuncia presentada, así como las consecuencias económicas y de interés público para la ciudad de Valladolid. Además, se solicita la declaración como testigos del resto de consejeros de la sociedad y, en especial, de su presidente, de la secretaria del consejo de administración y del director general de la sociedad.