El que fuera asesor fiscal del bar Franky de Pamplona al que la Guardia Civil señala como un presunto lavadero de dinero proveniente de Acciona ha reconocido este miércoles en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que entre 2016 y 2018 emitió facturas falsas a nombre de la constructora a petición del que tiempo después fuera asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Miguel Moreno Purroy ha ratificado, por tanto, las declaraciones que hizo el pasado marzo en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. 

La Unidad Central Operativa (UCO) puso el foco en el informe que incriminó al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la “operativa” que permitió “al entorno” de Koldo García “obtener liquidez proveniente de Acciona” a través de un pequeño establecimiento hostelero, el Franky. El bar elaboraba facturas falsas por supuestas comidas de empleados de Acciona por “700 o 800 euros” y el dinero acababa en el bolsillo del que tiempo después fuera mano derecha de José Luis Ábalos. En su atestado, la UCO hace referencia a tres facturas que suman 6.975 euros. 

Ante el juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, el asesor fiscal ha confirmado, no obstante, que emitió unas seis facturas entre 2016 y 2018 a petición Koldo García y en las que este le indicaba el importe y él se inventaba los tiquets para justificar las facturas. Esas facturas se emitían a nombre de Acciona y una de ellas a nombre de UTE Recajo, participada por la constructora. Ha sostenido, además, que Koldo García no le entregó los tiquets que justificasen las facturas que emitía y que simplemente le decía el importe que debía constar en la factura y a quien debía emitirse.

Este miércoles también ha comparecido como testigo Francisco Javier Lorente, propietario y gestor del establecimiento, que ya está cerrado. Durante el interrogatorio, ha afirmado que a petición de Koldo García le pudo indicar en una ocasión a gerente que elaborase una factura y que este era el encargado de elaborar facturas contra los tiquets que le entregaban los clientes, si bien ha manifestado que no sabe si en este caso se hizo de esa manera. No obstante, ha insistido en que nunca entregó dinero a Koldo García.

En las próximas semanas, cerrará sus puertas para siempre la histórica cárcel donostiarra de Martutene. Está ya listo el nuevo centro penitenciario de Zubieta después de unas obras que han acumulado retrasos de años y que hasta tangencialmente se han visto envueltas en las investigaciones de corrupción contra el entorno de Santos Cerdán, exdirigente del PSOE, por haber sido adjudicadas a una UTE liderada por Acciona. El viejo edificio, cuya primera piedra fue colocada en 1944 y abrió en 1948, será derribado para buscar nuevas zonas de construcción que alivien el problema de la vivienda en la ciudad con los precios más altos de España, al igual que sucederá con los cuarteles del Ejército en Loiola. Se habla de 400 casas.

Según datos oficiales, al cierre de abril, la población penitenciaria en Martutene era de 347 personas, 322 varones y 25 mujeres. Es algo menos del 19% del total de internos en las cárceles vascas a 30 de abril, 1.838. Un centenar de esos presos están en semilibertad, en tercer grado. Del total de reos, 48 eran de ETA.

Desde 2021, las cárceles vascas son gestionadas por el Gobierno autonómico. El acuerdo de transferencia con el Estado incluyó la doble cesión en Álava de Zaballa y del viejo presidio de Nanclares de la Oca, todavía sin uso definido, de la cárcel de Basauri en Bizkaia, que es de 1964, y del centro de Martutene en Gipuzkoa. Eso sí, ya se avisó de que cuando concluyeran las obras de Zubieta, entonces ya en proyectadas, habría cambios. La nueva cárcel de Donostia la ha construido y pagado el Estado (con un coste superior a los 40 millones de euros) y ahora la ha traspasado al Gobierno vasco. El acuerdo de 2021 preveía la 'devolución' de Martutene, que a su vez será cedida a la ciudad para sus planes urbanísticos. Será la primera vez que el Estado intervenga en proyectos de vivienda protegida en Euskadi desde 1981.

El plan ya se está ejecutando. Desde hace unos días Zubieta ya es propiedad del Gobierno vasco, en concreto desde que apareció en el Boletín Oficial del Estado un real decreto ajustando los términos de la transferencia de Prisiones de 2021. Y la fecha aproximada para el cierre de Martutene es dentro de un mes, hacia el 15 de junio. El traslado implicará varios días para la acomodación de todos los internos y del personal, siempre con estrictas medidas de seguridad. En 2011, cuando abrió Zaballa, fueron muy difundidas las imágenes de largas filas de vehículos de la Ertzaintza haciendo esa mudanza desde Nanclares de la Oca. Adicionalmente, la operación de derribo tendrá un presupuesto de unos cuatro millones de euros.

Martutene fue abierta en 1948 y está llena de historia. Sustituyó a la prisión provincial anterior, la de Ondarreta, de 1890, también derribada y que fue muy protagonista en los oscuros años de la Guerra Civil y de inicio de la dictadura. El Ayuntamiento, que hace unos años encargó una publicación sobre el penal, explica que “desde 1931”, es decir, en tiempos republicanos, “se agolparon sobre todo presos políticos”. La ciudad fue conquistada por los sublevados contra el régimen constitucional poco después del golpe de Estado y, “a partir de 1936, los franquistas encarcelaron a miles de personas”. “Muchos de ellos fueron torturados y al menos 600 fusilados”, expone el Ayuntamiento.

El primer franquismo, todavía con la II Guerra Mundial en marcha, diseñó para Donostia una nueva cárcel. Fue un proyecto de gran alcance, a la luz del eco que tuvo fuera de Gipuzkoa la colocación de la primera piedra en 1944. El ministro de Justicia de la época, Eduardo Aunós, encabezó los fastos, que incluyeron desfiles, saludos fascistas y bendiciones católicas del obispo del momento, Carmelo Ballester, titular de la diócesis de Vitoria que entonces abarcaba también a Gipuzkoa y que mantiene una calle en la capital vasca. El alcalde franquista, Rafael Lataillade, dijo que las nuevas instalaciones eran una “vieja aspiración” de la ciudad y lo consideró una “reforma urbana de extraordinaria importancia”.

“El señor Aunós felicitó al alcalde por la labor realizada y dedicó un fervoroso elogio a la ciudad de San Sebastián, tanto por sus bellezas como por su sentido de la hospitalidad y de la hidalguía. Hizo una apología de la formidable labor llevada a cabo por el Caudillo, que se preocupaba constantemente por el bienestar de los españoles”, explicaba la crónica de un periódico de Palencia sobre la primera piedra. El ministro fue agasajado con una placa de homenaje regalada por el Ayuntamiento y con la medalla de oro de Gipuzkoa, entregada por la Diputación. “El palacio de la Diputación se encontraba artísticamente engalanado. En la escalinata [estaban] los alabarderos y clarineros de la Diputación”, se exponía sobre el segundo homenaje.

El ministro, natural de Lleida, falangista y admirador de Benito Mussolini, remarcó que Gipuzkoa era la puerta de entrada a la nueva España para los extranjeros y el último recuerdo para los que marchaban del país. Y añadió una curiosa mención al euskera, no oficial y perseguido en aquel momento. “Ningún español puede sentirse extraño en esta provincia, llena de esencias españolas y donde la milenaria lengua nativa supo convivir sin suerte de menosprecio bajo los alcázares imperiales de una España que dio a los hijos de esta tierra rango universal y un lenguaje inigualado, que les permite desarrollar sus actividades creadoras en los ámbitos del mundo”, sentenció, siempre según el diario de Palencia. Según Aunós, Martutene iba a proporcionar a los presos “condiciones inmejorables” tanto de “ambiente” como por la modernidad de los nuevos equipamientos.

Las obras duraron cuatro años, menos que las de Zubieta, de la que ya se hablaba en 2005. Fue en mayo de 1948, hace ahora 78 años, cuando se trasladaron los presos de Ondarreta al nuevo recinto. “Está desalojándose la cárcel de Ondarreta. Los presos se han mudado. Alguien tiene la suerte de poder mudarse de casa ¡y sin pagar renta ni renegar porque no funciona el ascensor! Si toda mudanza constituye una novedad, esta será como una fiesta extraordinaria para los reclusos”, escribía 'El Diario Vasco' en aquel momento. A mediados de mayo, se confirmó la “entrega” del Estado de Ondarreta a la ciudad una vez ya activada la entonces conocida como “Prisión Provincial de Loyola”. De 1951 a 1982 existió allí un monumento en memoria de los “caídos”, es decir, de las víctimas del bando sublevado en la Guerra Civil.

El “dolor” en Martutene

En marzo, 24 entidades memorialistas de Gipuzkoa pidieron al Gobierno vasco y al Ayuntamiento que Martutene que sea designada como “lugar de memoria”. Según recogió Europa Press, recalcaron que Martutene es “exponente notorio de la represión franquista” y citan los recurrentes estados de excepción o el año 1968. Su propuesta pasa por que “se conserve algún elemento representativo”, sea la entrada o una garita, “para que en un futuro cercano, desde el máximo respeto al dolor generado y a la verdad histórica” pueda ser recordado lo que allí sucedió cuando se haya completado el desarrollo urbanístico proyectado.

Sin embargo, el episodio más conocido en la historia de Martutene data de 1985, ya en democracia. El 7 de julio de ese año, el cantante Imanol ofreció un concierto. Al terminar, escondidos en los bafles, se fugaron los presos de ETA Iñaki Pikabea y Joseba Sarrionaindia. La historia ha pervivido en la memoria colectiva merced a la canción 'Sarri, Sarri', de Kortatu. En 2024, Fermín Muguruza cantó para los presos allí mismo e interpretó 'Sarri, Sarri'. Eso motivó que el Gobierno vasco ordenara que las actividades en los centros penitenciarios incluyeran “repertorios acordes a los derechos humanos”.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha afirmado en las últimas semanas que la apertura de Zubieta (técnicamente llamado por el Estado “Centro Penitenciario Norte III”) será “un hito clave para la consolidación y avance en la implementación del modelo penitenciario vasco”. La prisión ocupa 28 hectáreas de terreno en Eskusaitzeta y son 36.000 los metros cuadrados construidos. Tiene seis módulos y 234 celdas. En 2024 se dijo que iba a tener una capacidad máxima “para 500 personas reclusas”, pero ahora se rebaja a 475, 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 para cumplimiento de penas en régimen abierto y otras modalidades. Sea como fuere, la apertura será clave para aliviar el “tensionamiento” que han sufrido los penales vascos desde 2021. Una parte relevante de los internos de Zaballa pasarán ahora a Zubieta.

La empresa Acciona se ha llevado el mayor contrato actual del Ayuntamiento de Vitoria y, quizás, el mayor que la ciudad ha firmado nunca en su historia. La compañía ha resultado adjudicataria por 381,8 millones de euros de la contrata de limpieza y gestión de residuos para los próximos diez años, es decir, a razón de 38,1 millones anuales. Hace cinco años, como precedente más cercano, se firmó un contrato de 103,1 millones con la UTE de Cespa (Prezero) y la local Onaindia para cuatro ejercicios, es decir, no más de 26 millones.

La renovación de las condiciones propuesta inicialmente ya mejoraba sustancialmente tanto el canon anual, de unos 25 a unos 35 millones de euros, como la duración total del servicio, de cuatro a diez años. Sin embargo, un recurso del sector y la ausencia de ofertas dejó desierta la primera convocatoria y obligó a una prórroga del acuerdo con la UTE anterior. Finalmente, el Ayuntamiento se avino a subir aún más el presupuesto. Es prácticamente un 50% más de lo que se venía pagando hasta ahora. Acciona, que recibe esta adjudicación en un contexto en que su nombre ha aparecido en investigaciones de corrupción, ha sido la única licitadora y ha ofrecido una rebaja del 0,8% del precio de salida.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, del PSE-EE, ha señalado que la etapa de Acciona, que nunca antes había pasado por Vitoria para realizar el servicio de limpieza, “va a marcar un antes y un después”. Las previsiones es que la nueva contrata entre en vigor en junio.

La documentación oficial de la contrata plantea, por ejemplo, que se implementará una nueva aplicación móvil llamada 'City in touch'. Servirá para abrir los contenedores que requieran de identificación, como los de basura orgánica y fracción resto (el marrón y el gris), pero también en un futuro para denunciar incidencias y gestionarlas, entre otros servicios. Las pruebas han mostrado que este sistema, complementario al de la tarjeta física ciudadana, permite abrir los contenedores en un margen de entre ocho y diez segundos.

En general, la única oferta posible, la de Acciona, ha recibido 73,6 puntos sobre 100 en el apartado técnico, según el informe firmado por el alto funcionario municipal Joseba Sánchez. En él se alude a un sistema “puerta a puerta muy ambicioso” para la hostelería, por ejemplo, o a la calidad y “robustez” de los nuevos contenedores de “acero galvanizado” frente a los actuales, que se vuelan con facilidad. También son más firmes contra el “vandalismo”, dijo la alcaldesa.

La documentación muestra que se incorporarán a la flota vehículos eléctricos, en concreto barredoras de la marca Tenax o vehículos Renault Master. Habrá también barredoras de combustión de Ros Roca y la mayoría de camiones serán de la casa Iveco, salvo algunos Fuso (Mitsubishi) para la recogida de vidrio.

Otras novedades anunciadas por el Ayuntamiento son el “nuevo servicio de fregado de pavimento con la utilización de unas máquinas específicas para extraer la suciedad” que harán las calles más “pulcras”, equipos de “desbroce de la vegetación o retirada de la hoja en función de cada estación” y limpiezas intensivas de los barrios al menos una vez al año. Asimismo, desaparece el camión que hacía las veces de punto verde móvil y “se va a transformar con la colocación de veinte puntos fijos para el reciclaje de aceite de cocina, pilas, radiografías, residuos electrónicos, entre otros materiales”. “Se van a distribuir por diferentes espacios y barrios de la ciudad, para que se conviertan en pequeños Garbigunes, mucho más cercanos a la ciudadanía y no tener así ya que estar pendientes de la visita” del cambión, expuso Etxebarria.

La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

Un juzgado navarro ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, después de que la Fiscalía le denunciase tras haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán.

Entrecanales ha sido citado a declarar en sede judicial el día 4 de septiembre a las 10:00 horas, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas. De esta forma, el presidente de Acciona no comparecerá en el Legislativo navarro, ya que, según fuentes consultadas los trabajos de la comisión finalizarán en el mes de junio, antes de que Entrecanales tenga que acudir a sede judicial a declarar.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita a declarar.

El exgerente de la sociedad pública navarra de vivienda Nasuvisa Alberto Bayona ha admitido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' que mantuvo varias reuniones con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, si bien ha negado cualquier “relación laboral o contractual” con Servinabar 2000, la mercantil propiedad también de Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por funcionar supuestamente como el vehículo para el cobro de comisiones ilegales.

Según ha detallado Alberto Bayona, los contactos con Antxon Alonso, que no ha sabido cuantificar, se produjeron tras su salida de la empresa pública de vivienda en el año 2023, es decir, después de que el Gobierno de Navarra adjudicase a Servinabar 2000, en UTE con Acciona, el contrato para la construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña en 2022. El exgerente de Nasuvinsa ha enmarcado esos encuentros en su actividad profesional tras su salida de la empresa pública. Según ha explicado trabajaba para una empresa en el análisis de parcelas de uso residencial que pudiesen ser de interés para promotores para la gestión de proyectos.

“Tuvimos un encuentro casual en la calle, él me preguntó cuál era mi actividad y le expliqué que estaba analizando unas parcelas para ver si podían ser de interés para promotores. Él estaba interesado en unas parcelas, pero no se llegó a concretar nada”, ha señalado Alberto Bayona sobre sus reuniones con Antxon Alonso. “No he cobrado nada de Servinabar 2000”, ha aseverado.

El exgerente de Nasuvinsa ha negado también haber tenido relación con Santos Cerdán o Koldo García y haber desarrollado algún tipo de actividad incompatible con su cargo como gerente en Nasuvinsa. Asimismo ha asegurado desconocer que Cerdán era accionista de Servinabar.

La sociedad pública Nasuvinsa adjudicó dos lotes de VPO a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, uno de 62 viviendas en el año 2018 y otro de 43 en 2022, los dos en el barrio de Erripagaña. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó algunas “irregularidades” en el proceso de esas adjudicaciones como la inexistencia de actas de las reuniones que mantuvo la mesa de contratación.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de Geroa Bai, ha desvelado este miércoles en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Parlamento foral que en 2018, cuando era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa, mantuvo una reunión con el empresario Antxon Alonso de la que no había informado hasta ahora por el interés que tenía el dueño de Servinabar 2000, la mercantil que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción, en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga.

“Hubo una solicitud por su parte en este sentido para llevar adelante esta cuestión, y desde Nasuvinsa se le establecieron las condiciones que podrían contemplar una opción de esas características, pero que finalmente no se materializaron. Si no recuerdo mal, se le envió una propuesta de precios de alquiler, etc., que no contestó y que, por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que ya como consejero mantuvo otras dos reuniones con Alonso en relación con el proyecto de Mina Muga en las que analizaron “la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”.

Según José María Aierdi, en esas reuniones Alonso acudía como representante de Servinabar, “pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”. Así, ha añadido, el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigió al Departamento de Vivienda que él lideró en la legislatura 2019-2023 para “planificar el suelo necesario para atender esa demanda de vivienda y las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”.

En ese contexto, ha dicho que mantuvo “unas 50 reuniones” con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso para saber si el proyecto, por parte de los socios, “tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.

Según ha añadido el consejero navarro, Antxon Alonso le trasladó que no había “ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto” y que simplemente estaban tratando de obtener las autorizaciones oportunas “para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”.

Sobre si el proyecto Mina Muga era entonces artificial, el consejero ha comentado que vieron que “quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. “Por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”, ha señalado.

Ha asegurado el consejero que no tuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha dicho.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

El propietario y gestor del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente emitir facturas falsas a Acciona para que después Koldo García cobrase el dinero en efectivo, ha negado haber participado o tener conocimiento de la presunta trama y ha aseverado que “nunca” pagó dinero en efectivo al exasesor del Ministerio de Transportes. Javier Lorente ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Según los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe, el bar Franky servía a la trama para lavar dinero y obtener liquidez a través de facturas “ficticias” que el contable del establecimiento, Miguel Moreno Purroy, emitía a Acciona. La constructora llegó a pagar más de 2.700 euros en facturas por supuestas comidas de empleados y posteriormente el dinero acababa en los bolsillos de Koldo García.

El dueño del bar, Javier Lorente, ha reconocido que conocía a Santos Cerdán y Koldo García por ser clientes de su establecimiento, pero ha negado que les realizase pagos en efectivo. Según ha apuntado, de las facturas se encargaba su “amigo” y contable, Miguel Moreno Purroy. “No sé si hizo alguna vez alguna factura que no debía”, ha añadido.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, pese a que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil consta un intercambio de mensajes a través de Whatsapp o correos electrónicos en el que están incluidos tanto Merino como el propio Lorente. “No sé por qué me habla de Acciona todo el rato, yo no he hecho ninguna factura a nombre de Acciona. Yo no he hablado con Acciona en la vida”, ha asegurado Lorente.

Lorente ha asegurado que “no le consta” que Acciona emitiera esas facturas y que no recurda si empleados de Acciona comían en su bar. “Venía mucha gente a comer, sobre todo personal de los juzgados (situados frente al bar)”. “De las facturas se encargaba mi contable. Sinceramente, supongo que si alguien me pide una factura será porque es una comida grande o porque hay varios tiquets”, ha señalado.

El gerente de la zona norte de Acciona Costrucción, Eduardo Montes, quien era subordinado de los dos directivos de la constructora imputados por el 'caso Koldo', ha confirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que fue Acciona la que introdujo a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en la comunidad foral.

Montes ha señalado que fue él quien comunicó a la tercera empresa de la UTE, Osés Construcción, la participación de un 15% de Servinabar, si bien ha negado que fuese él quien tomó la decisión. Según ha dicho, fue el directivo imputado Tomás Olarte quien le comunicó la decisión. “No digo que él lo decidiese, solo que él me lo comunicó”. También ha reconocido que Servinabar 2000 “no era imprescindible”.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán' Acciona y Osés excluyeron a Servinabar 200 de la unión temporal de empresas.

El gerente de la zona norte de Acciona Construcción ha asegurado que Servinabar 2000, además de aportar “conocimiento del medio”, realizaba trabajos en la obra que justificaban su 15% en la UTE a pesar de que únicamente contaba con dos empleados en la misma, dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales. “Las facturas respondían a trabajos realizados”, ha aseverado para explicar que una participación del 15% “no implica que tenga que aportar el 15% de los medios”.

Según ha contado, como gerente de Acciona Construcción en Navarra ya había tenido una experiencia previa con la mercantil de Antxon Alonso, al que conoció en 2019. Fue en las obras para la construcción de 42 viviendas VPO en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Allí, según ha apuntado, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción también hacía trabajos reales, tanto es así que ha apuntado que el director de obra era de Servinabar 2000.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado durante su interrogatorio que Servinabar 2000 haya realizado trabajos en la obra y ha atribuido su participación en la UTE a la presencia de Santos Cerdán en el accionariado de la mercantil para conseguir la adjudicación. “No es razonable que por dos trabajadores se tenga una participación del 15%”, ha reprochado.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha enviado a la Fiscalía la negativa a comparecer del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Todos los grupos, salvo Vox, coinciden en que Entrecanales ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal por haber dado plantón hasta en dos ocasiones a la comisión. Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar si considera que el presidente de la multinacional ha cometido ese delito.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos.

Los servicios jurídicos de la Cámara Foral defienden que la citación es personal y está dirigida al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por lo que Acciona no puede designar a otro representante para acudir a declarar al Parlamento Navarro.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

Los grupos de la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Koldo' estudian denunciar al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales por negarse a comparecer. Entrecanales ha dado plantón por segunda vez este lunes a la comisión del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también Santos Cerdán.

UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo/Zurekin ya han mostrado su voluntad de dar traslado a la Fiscalía de la negativa del presidente de Acciona a no comparecer para que analice si ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. La decisión la tomarán el martes en la reunión interna que celebrarán los grupos de la comisión antes de la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Tras negarse a comparecer en enero, la comisión decidió volver a citarle este lunes 9 de febrero, pero el presidente de Acciona ha vuelto a dar plantón a la comisión de investigación.

La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión. Este lunes también ha acudido en lugar de Entrecanales Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y de nuevo se ha rechazado su declaración.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, tampoco acudirá a su segunda citación en la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Cerdán'. Entrecanales, que ya dio plantón a la comisión del Parlamento navarro el pasado 20 de enero, ha enviado un escrito a este foro en el que avanza que tampoco acudirá el próximo lunes, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a elDiario.es fuentes de la comisión.

Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer y no hacerlo puede constituir un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, ya avanzó que de no acudir de nuevo a la citación, serán los grupos de la comisión los que decidan si dar traslado a la Fiscalía.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

En su escrito enviado a los miembros de la comisión navarra de investigación, Acciona vuelve a explicar que la negativa de Entrecanales a comparecer se debe a que no ha sido la persona designada por el consejo de administración de la multinacional para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión.

La empresa insiste en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en su escrito que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

A su juicio, la comparecencia que correspondería sería la de Acciona Construcción, “cuya participación en el proyecto sí es directa”. “Así lo confirmaría la decisión de la comisión de requerir la comparecencia de Eduardo Montes de Frutos, gerente de departamento Zona Norte de Acciona Construcción en España, lo que hace, si cabe, menos necesaria la comparecencia del presidente de la matriz”, ha añadido.

Insiste la compañía en su escrito en que “la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual” y recuerda que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente la representación de la compañía, que corresponde al Consejo de Administración. En su escrito a la comisión, Acciona considera que, con la convocatoria, “podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital”.

El exconsejero de Cohesión Territorial y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha defendido este martes en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la presencia de Santos Cerdán en “algunas” reuniones del Gobierno de Navarra con el Ministerio de Fomento pese a que no era un cargo de ninguno de los dos Ejecutivos.

“Ocupaba un puesto de referencia en el PSOE como diputado y como secretario de Organización”, ha señalado Ciriza para justificar la presencia de Cerdán en las reuniones en las que se habló de la “urgencia” de duplicar los túneles de Belate en la carretera N-121-A. Esas obras fueron adjudicadas posteriormente a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

Sobre las reuniones, el que fuera consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023, ha asegurado que Cerdán tenía una actuación “normal” y “discreta” y ha afirmado que “nunca” hablaron de empresas. También ha señalado que era una práctica “habitual” y que otroes diputados también han acudido a reuniones con el Ministerio, sin saber concretar quiénes. “Fuimos a hablar de financiación, a pedir ayuda al Ministerio porque nosotros solos no podíamos acometer la obra”, ha solemnizado Ciriza, que ha apuntado que en ningún caso sospechó de la participación de Cerdán en la mercantil investigada por el Tribunal Supremo.

Preguntado por el portavoz de UPN, Javier Esparza, por su relación con Santos Cerdán, ha explicado que lo conoció en el año 2011 y que tenía una relación “cordial” con él, pero ha negado que fuese él quien le introdujera en el Gobierno foral. “Fui en las listas al Parlamento de Navarra a petición de María Chivite y es ella la que me nombra consejero”, ha apuntado para añadir que Cerdán “nunca” le habló de liderar la consejería.

También ha negado que hablara con el ex secretario de Organización del PSOE sobre los asuntos a tratar en las reuniones con Fomento. “No preparábamos nada con él antes de las reuniones, yo preparaba las reuniones con mi equipo y a Cerdán le contaba lo mismo que a otros partidos sobre las necesidades que teníamos en infraestructuras como el TAV, la N-121-A o la AP-15”, ha añadido.

Sobre la mesa de contratación de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, ha afirmado que él no la quiso “controlar” con nombramientos como el del exdirector general de Obras Públicas Pedro López Vera. Según ha precisado esa propuesta, que constaba en un correo electrónico enviado por el propio director general, era “de trabajo”, y buscaba que la mesa fuera “lo más plural y transparente”. “Estábamos buscando lo mismo que ahora, mejorar los procesos de adjudicación”, ha expuesto. “Cuando se hizo esa propuesta, ha apuntado, ”no había ni proyecto de los túneles“, ha apostillado. ”En el momento que nos dijeron que no se podía, pues se quitó“.

Ciriza también ha justificado la “necesidad” de prorrogar el contrato del director de Nuevas Infraestructuras del Gobierno foral y que ejerció como presidente de la mesa, Jesús Polo, a pesar de que estaba en edad de jubilación por las “dificultades” para cubrir las plazas de dirección.

La directora general de Osés Construcción, Noemí Osés, ha asegurado que fue Acciona quien introdujo a Servinabar 2000 en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento para el túnel de Belate por 62,8 millones de euros más IVA. La constructora navarra se desvincula así de la participación de un 15% en la UTE de la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO sitúa en el centro de la trama por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán', Acciona y Osés han excluido a Servinabar 2000 y se han quedado con su participación a cambio de 900 euros de indemnización, ha precisado la directora general de la constructora. “No puso el aval, incumplió el código ético y no aportó los fondos que se le reiteraron en varias ocasiones”, ha añadido para justificar la exclusión de Servinabar 2000 de la UTE.

La responsable de Osés ha señalado que la presencia de la mercantil de Alonso y Cerdán no era “imprescindible” y que no cuestionaron su presencia en la UTE porque fue Acciona quien la propuso. “¿Qué remedio nos quedaba? Acciona es un socio con el que llevamos años trabajando y es quién tiene la clasificación y la mayoría”, ha apuntado Noemí Osés.

La directora general de la constructora navarra ha explicado que Acciona les comunicó que Servinabar 2000 se encargaría de los controles de calidad, seguridad y medio ambiente. Labores, que ha asegurado podían realizar ellos o Acciona. “Ahora lo hacemos nosotros”, ha apostillado. Preguntada por qué entonces se le dio a Servinabar 2000 un peso del 15% en la UTE ha dicho que “eso se lo deberán de preguntar a Acciona”. “Queda claro que ha sido un regalo de Acciona”, ha solemnizado el portavoz de UPN, Javier Esparza.

Noemí Osés ha asegurado que no conoció a Antxon Alonso hasta que se adjudicó la obra y que no conocía que, tal y como sostiene la UCO de la Guardia Civil, Acciona y Servinabar 2000 tenían un acuerdo firmado por el que la mercantil de Alonso y Cerdán se llevaba un 2% de todas las obras que realizaba el gigante de la construcción. “Radicalmente no”, ha subrayado.

También se ha desvinculado del modificado del proyecto que supuso un sobrecoste a la obra de 8,5 millones de euros que a la postre fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General del Gobierno de Navarra. Ese reparo le costó el cargo al director general de Obras Públicas del Ejecutivo foral. “Desde la UTE no se ha planteado nunca un modificado, fue la dirección de obra. La UTE encargó un estudio preliminar del proyecto para garantizar la seguridad de la obra”, ha defendido.