La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha confirmado la absolución del expresidente de la Diputación Provincial de Valencia Jorge Rodríguez y de los otros 13 acusados en el marco del ‘caso Alquería’.

El TSJ-CV ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia del pasado mayo, dictada por la que la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que absolvió a todos los encausados de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en los contratos de alta dirección firmados por Divalterra (antes Imelsa, la empresa pública de la institución provincial) entre 2015 y 2018, durante el mandato de Rodríguez.

La sentencia, que no es firme, concluye que la declaración de hechos probados en el fallo inicial “no permite fundamentar la condena que se pretende”.

Además de Jorge Rodriguez, también fueron absueltos Agustina Brines (vicegerente de la empresa, de Compromís) y José Ramón Tiller (del PSPV), el jefe de gabinete del entonces presidente, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart. También los siete altos directivos contratados, todos afines al PSPV y a Compromís.

Las acusaciones (además de la Fiscalía Anticorrupción figuraban el PP y la entidad Acción Cívica contra la Corrupción) mantenían que los máximos responsables de Divalterra diseñaron un sistema artificioso de áreas de dirección en la empresa únicamente para favorecer a miembros, afines o simpatizantes de los partidos políticos que dirigían entonces la corporación provincial.

La Audiencia de València consideró que no había resultado acreditado que la mercantil pública resultase perjudicada económicamente por ese nuevo modelo de gestión y tampoco apreció la comisión de ninguno de los delitos atribuidos a sus responsables. La Fiscalía Anticorrupción fue la única acusación que recurrió la sentencia absolutoria. El PP declinó esa posibilidad y, actualmente, gobierna en la Diputación de València con Ens Uneix, la formación que creó Rodríguez tras ser expulsado del PSPV a consecuencia del 'caso Alquería'.

Por su parte, el TSJ-CV ha ratificado ahora la sentencia absolutoria al entender que está suficientemente motivada en virtud de la prueba practicada en el juicio oral.

“Se podrá compartir o no por este tribunal de apelación lo dicho por el tribunal de primera instancia, pero no es posible afirmar que sus apreciaciones sean contrarias al sentido común, a la lógica o a la experiencia, ni por tanto que sean absurdas, arbitrarias, inconsistentes o incoherentes”, señala el alto tribunal valenciano.

“Cuanto menos concurren dudas razonables al respecto, y esta apreciación del tribunal de instancia se respeta por este tribunal de apelación, dado que las razones tomadas en consideración por aquél son razonables y acordes con el sentido común, la lógica vulgar y la experiencia ordinaria”, concluye.

El juicio del 'caso Alquería' encara sus últimas sesiones con las conclusiones de las acusaciones populares y las defensas. La letrada de la entidad 'Acción Cívica contra la Corrupción', Miriam Salmerón, ha señalado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez como el máximo responsable de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra enjuiciados. Rodríguez, ha apostillado la abogada, “ocultó la contratación ilegal a los miembros del Consejo de Administración que no eran miembros del equipo de gobierno y ocultó los informes jurídicos negativos previos y posteriores”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en el juicio del 'caso Alquería' penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

La abogada ha trazado una panorámica sobre los cargos contratados en la firma, afines al PSPV-PSOE y a Compromís: “Fueron un engaño pues no se les otorgaban poderes ni facultad alguna; sus beneficiarios, todos ellos compañeros de partido político, no obligaban a la empresa ni dirigían su gestión, no formalizaban compras, no realizaban pago alguno, no tenían autonomía ni asumían responsabilidad alguna, algunos no tenían ni presupuesto, ni personal a cargo, otros ni siquiera acudían con regularidad al puesto de trabajo, alguno ni trabajó”.

La acusación popular ha recordado que, tras el cese de siete de los contratados de alta dirección, Divalterra “siguió funcionando sin cubrir dichos puestos”. La letrada, en la línea de la Fiscalía Anticorrupción en su exposición de conclusiones, ha destacado que el empleo público la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad “está fuera de toda duda”.

Las defensas sostienen que existe un debate jurídico sobre los contratos de alta dirección (el policía encargado de la investigación reconoció que desconocía este extremo). Sin embargo, la acusación popular argumenta que en los contratos del 'caso Alquería' “se seleccionó directamente a dedo sin ningún tipo de análisis de la capacidad de los contratados”. “Se maquinó” para “contratar a dedo” a los altos directivos “sin evaluar ningún tipo de mérito ni capacidad”, ha denunciado Miriam Salmerón.

La acusación popular ha pedido al tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia una sentencia condenatoria. Una absolución, ha dicho, “lesionaría gravemente la prevención general y específica del derecho penal para toda la clase política porque la impunidad de la corrupción es un crimen en sí misma”.

El letrado de la otra acusación popular, que ejerce el PP, también ha señalado a Jorge Rodríguez como el “principal instigador” de los contratos de alta dirección y ha aludido a una “intencionalidad directa” de saltarse la ley, según recoge Europa Press. “Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público”, ha abundado el abogado Vicente Ibor.

La acusación popular del PP ha recordado que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración de Divalterra. “¿Por qué no se hizo, pese a que PSPV y Compromís tenían mayoría en el Consejo?”, se ha preguntado el letrado, y ha contestado: “Es evidente que no llevaron los contratos al Consejo porque no podían contar con los informes favorables preceptivos”.

“Todo se hizo de forma deliberada”, ha apuntado el abogado, quien ha añadido que había una “ilegalidad” en el modo de la elección de los contratados, un “clientelismo político”.

Jorge Rodríguez “no dio ningún nombre”

La defensa de Jorge Rodríguez, que ejerce la letrada Ángela Coquillat, ha dado una versión diametralmente distinta. “No participó en los contratos de altos directivos ni enchufó a nadie. Tampoco sabía nada de su presunta ilegalidad”, ha dicho. Su cliente tampoco participó en el acuerdo de Gobierno de 2015 entre el PSPV-PSOE, Compromís y València en Comunitat que repartió las áreas, según ha destacado la letrada. También ha negado que Rodríguez tuviese la intención de enchufar a afines a su antiguo partido (tras su detención por el 'caso Alquería' dejó de militar en las filas socialistas y creó La Vall Ens Uneix, formación con la que revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent). “De haber sido así también hubiera nombrado a otros directivos en otras empresas públicas que gestionaba. Y no se hizo”, ha añadido.

Cuando Rodríguez llegó a Divalterra, ha proseguido, “se necesitaba control y había mucho que hacer”, lo que justificó, a su entender, el nombramiento de cogerentes. “Había que poner controles en la empresa y se pusieron. Y así lo decía el exjefe jurídico José Luis Vera en un informe”, ha manifestado.

“Era una empresa [Divalterra] muerta y sin futuro y tan solo utilizada para intereses espúreos de algunas personas. Se quiso trabajar y solucionar este problema y, para fomentar la transparencia, se buscó una empresa auditora externa”, ha dicho, y se ha preguntado: “¿Qué sentido tiene que vigilen tu legalidad si tu intención es hacer ilegalidades?”.

La letrada ha recordado que hubo dos informes favorables a las contrataciones de alta dirección. “Rodríguez no participó entregando ningún currículum ni en las entrevistas. Solo le informaron sobre las capacidades de ellos. No dio ningún nombre ni mandó ningún correo o WhatsApp enchufando a nadie. No participó en la redacción de contratos ni se le advirtió de ningún problema de forma inicial, ni por parte de los expertos ni de los técnicos jurídicos de Divalterra”, ha aseverado.

No fue hasta noviembre de 2015, una vez efectuados los contratos, cuando supo por parte del exgerente Víctor Sahuquillo que podía haber alguna irregularidad. Y a la vista de sus manifestaciones, fue cuando pidió a los gerentes que solicitaran a José Luis Vera un informe, en el que sólo se hablaba de “dudas” pero no de “ilegalidades”. “Salvo esos correos ninguna irregularidad se le hizo saber a Rodríguez”, ha dicho la letrada.

La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia ha reconocido que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración: “No cabe duda de ello, pero tampoco hay duda de que no había ninguna reticencia ni nadie informó que la hubiera. Y de ahí a que no se conociera que se había contratado a siete personas, eso no. Se ha acreditado que estos nombramientos se hicieron a bombo y platillo y se les dio publicidad”, ha subrayado.

Tras el debate de las cuestiones previas, las sesiones más jugosas del juicio del 'caso Alquería, que juzga las presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de Valencia, arrancan este semana con la declaración del principal acusado, el expresidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez. El acusado, que dimitió tras su detención y revalidó la alcaldía de Ontinyent con una nueva marca electoral después de salir del PSPV-PSOE, sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, que ejerce la letrada Ángela Coquillat. Así, Rodríguez ha apuntado al entonces jefe jurídico, José Luis Vera, actualmente investigado en la causa del 'caso Azud'.

El expresidente de la Diputación de Valencia ha declarado que oyó hablar por primera vez del concepto de contrato de alta dirección a Vera, que “decía que era el más ventajoso para la empresa”. Rodríguez también ha descrito la “situación complicada” a su llegada a la presidencia de la institución provincial en 2015, en plena resaca de las detenciones del 'caso Taula' y con la empresa pública como epicentro de la presunta trama de corrupción.

“Cuando llegamos allí está presente la UCO y la Intervención General del Estado”, ha recordado Jorge Rodríguez, quien ha reconocido que ante la “situación extrema” que se vivía en la empresa pública, los nuevos responsables de la Diputación de Valencia desconfiaban hasta de los técnicos. Ante una firma pública “oscura”, sin las cuentas aprobadas y con “muchísima incertidumbre”, los gerentes deciden crear, con el aval de Vera, siete grande áreas de alta dirección.

Rodríguez, a pesar de la desconfianza, optó por “no entrar como elefante en cacharrería” y “dar una oportunidad a mucha gente que desconocíamos cómo trabajaba”, dando continuidad a la firma pública. El acusado ha declarado que no conocía inicialmente a los dos denunciantes del 'caso Alquería', el director económico de la empresa pública, José Luis Castellote, y el responsable del departamento jurídico, José Luis Pellicer. Rodriguez ha relatado que ambos formaban parte del equipo de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y uno de los principales protagonistas del 'caso Taula', y que descubrieron que Pellicer había sido “colocado a dedo” y que ambos cobraban “nóminas VIP”, con unos excepcionales pluses por productividad. 

El expresidente de la institución provincial ha defendido la legalidad de las contrataciones de alta dirección y ha asegurado que nunca recomendó a nadie para los puestos, sólo buscaba “personas formadas y con ganas de trabajar”. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que se trata de abultados contratos prácticamente a dedo para cargos de Compromís y del PSPV-PSOE.

Durante la declaración de Rodriguez han aflorado antiguos ajustes de cuentas de los primeros años de gestión en la Diputación de Valencia. Sobre el correo electrónico de Víctor Sahuquillo, gerente de la empresa pública, en el que le advertía de que los seleccionados no estaban cumpliendo con sus “labores de alta dirección”, Rodríguez se ha escudado en que los informes que le remitía por e-mail el entonces gerente eran tan farragosos (“muy largos y bastante densos”) que ni siquiera los leía; se limitaba a contactar telefónicamente con Sahuquillo para que le resumiera su visión.

Así, Jorge Rodríguez ha expuesto la situación interna de la empresa pública: Sahuquillo no compartía el modelo de “cogobernanza” entre el PSPV-PSOE y Compromís en la firma y “quería ir estableciendo líneas” de trabajo mientras que Agustina Brines (entonces cogerente y también acusada) y Vera “trabajaban en la limpieza del terreno”. Una “empresa a dos velocidades” en la que “no hay buena relación” entre Sahuquillo, Brines y Vera.

Para ilustrar la situación —y para hilaridad del público presente en la sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia—, Rodríguez ha recordado las palabra de Vera sobre Sahuquillo en uno de los correos electrónicos: “Es tan mamarracho que no vale ni para gestionar un puesto de castañas”.

El expresidente de la Diputación de Valencia también ha deslizado que “Vera decía que tenía contacto habitual” con el fiscal del 'caso Taula', Pablo Ponce, que también ejerce la acusación pública también en Alquería. “Vera nunca me dijo que era un delito, ni siquiera tuve yo ningún tipo de percepción de que hubiera alguna irregularidad administrativa”, ha abundado Rodríguez.

El síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, torna a posar-se la toga en els jutjats. Mata, un penalista famós, va renunciar el mes de gener passat a la dedicació exclusiva per la seua activitat parlamentària i torna a exercir de lletrat en el despatx que comparteix amb la seua dona, també advocada.

El polític socialista, un dels càrrecs més pròxims al president de la Generalitat, Ximo Puig, reforça així el despatx familiar, encara que no podrà portar casos contra la Generalitat Valenciana.

Des de dijous, Manolo Mata deté la representació jurídica de dos càrrecs del PSPV-PSOE investigats en el cas Alqueria.

Així doncs, el portaveu socialista en les Corts i sotssecretari del PSPV defensa, amb la seua dona, els investigats Vicente Lucas Ferrando Zapater i Víctor Jiménez Bueso. El seu despatx assistia ja aquestes dues persones, però ara serà Mata en persona qui plantege la seua estratègia de defensa.

Tots dos càrrecs socialistes van ser col·locats com a alts càrrecs en l’empresa Divalterra (hereua d’Imelsa, l’empresa pública de la Diputació de València) i han acabat imputats en el cas que investiga el titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de València.

El despatx familiar també defensa imputats en altres casos de corrupció vinculats al Partit Popular. El portaveu socialista, de 60 anys, és llicenciat en Dret per la Universitat de València i especialista en dret penal i en responsabilitat civil mèdica.

El lletrat Mata ha exercit l’acusació en casos tan sonats com el dels dialitzadors de Baxter i en el cas Maeso i és cofundador del Grup d’Advocats Joves del Col·legi d’Advocats de València i membre de l’Associació Valenciana de Juristes Demòcrates.

Manolo Mata, un polític que es fa pràcticament amb tot l’arc parlamentari, coneix amb detall el món judicial valencià.

No debades, fa més de tres dècades que exerceix d’advocat a València, una activitat que ha compatibilitzat amb els seus càrrecs de representació política. Els tres primers anys com a síndic en la legislatura 2015-2019 ja va exercir de diputat sense exclusivitat.

Una de las defensas de los investigados en el conocido como caso Alquería ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por no obtener respuesta a sus recursos cuando se cumplen seis meses desde que el entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, fuese detenido.

Según han informado a EFE fuentes del caso, la queja obedece a la falta de respuesta por parte de la Audiencia Provincial a un recurso de apelación contra la reiterada negativa del Juzgado de Instrucción número 9 de levantar el secreto del sumario.

Este medio año de prórrogas ha afectado el proceso de elección de candidato para la alcaldía de Ontinyent llegando a generar un conflicto entre la dirección del PSOE en Ferraz, que prefería que Rodríguez no fuera candidato, y la dirección socialista valenciana, que apoyaba al todavía alcalde dado que no se saben concretamente las acusaciones que pesan sobre Rodríguez. Finalmente Jorge Rodríguez ha sido designado candidato, condición que ejercería hasta el momento en que se levantara el decreto de sumario en caso de mostrar cargos de peso.

Entre las motivaciones en las que estaría este alargamiento del secreto de sumario estaría la imposibilidad de la Policía Nacional de entrar a los correos electrónicos de los investigados, correos de los que al parecer habría perdido las claves de acceso, por lo que tuvo que volver a las diferentes administraciones para intentar recuperar el acceso.

Horas después de que agentes de la UDEF de la Policía Nacional volvieran a entrar en la Diputación de València, en le sede de la empresa Divalterra y el Ayuntamiento de Ontinyent para “completar” información sobre la investigación del caso 'Alquería', el principal acusado en este caso, Jorge Rodríguez, que dimitió como presidente de la corporación cuando estalló, participaba este martes en Ontinyent en un acto público del PSPV-PSOE para explicar las cuentas que prepara el Consell para 2019 y hacer balance de legislatura.

En este acto -programado con anterioridad al regreso de la UDEF y enmarcado en una campaña socialista que también se realiza en otras capitales comarcales- ha participado la consellera de Territorio de la Generalitat Valenciana, la también socialista María José Salvador, que ha pasado la jornada en Ontinyent donde ha explicado las inversiones de la Generalitat a los alcaldes de las comarcas centrales valencianas, entre ellos Jorge Rodríguez, que mantiene el cargo de primer edil de Ontinyent. Pero el carácter más de partido lo ha marcado la presencia también del secretario de organización del PSPV-PSOE, José Muñoz.

Muñoz fue uno de los partícipes de las negociaciones que mantuvieron con tensión a los socialistas valencianos con Ferraz a raíz de la candidatura de Rodríguez en Ontinyent, una candidatura que precisamente se confirma este miércoles día 5, pese a su condición de imputado, ya que el partido ha decidido mantenerlo como cabeza de cartel al considerar que, mientras no se levante el secreto de sumario de la investigación, no ha trascendido ninguna acusación de peso que justifique apartarlo. Actualmente lo que se sabe es que Rodríguez y sus colaboradores más cercanos están siendo investigados por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Pese a que el propio Jorge Rodríguez ha querido restar trascendencia al regreso de la policía a las administraciones que dirigía (y que dirige todavía en el caso del ayuntamiento), ya que el propio alcalde ha explicado que la UDEF buscaba descargarse correos que ya obran en su poder, desde el PP no se ha dudado en denunciar la situación.

La número dos del PP en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, ha criticado lo que considera una “incoherencia” del PSPV por “hacer una fiesta a Rodríguez”, mientras la portavoz popular en la Diputación, Mari Carmen Contelles, afirmaba que Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, “pretende blanquear en sus listas la presunta corrupción de Rodríguez”.

Tres setmanes després de que Jorge Rodríguez delegara en la primera tinent, Rebeca Torró, l’alcaldia d’Ontinyent, ha représ la seua activitat com a cap de govern municipal. Rodríguez ha delegat cada cadascuna de les tres últimes setmanes les seues funcions en Torró després, començant el passat 2 de juliol quan va anunciar que dimitia com a president de la Diputació de València, després d’haver sigut detingut la setmana anterior dins l’operació policial Alqueria.

Per al seu retorn a l’activitat com a alcalde Rodríguez ho ha fet amb un tema positiu, com és l’anunci d’un increment en el pressupost del projecte d’execució de l’hospital d’Ontinyent, anuncia fruit de la reunió que ha mantingut amb la consellera de Sanitat, Ana Barcelo, en una reunió de seguiment dels tràmits per a la construcció de l’hospital. En la trobada també s’ha anunciat que el projecte d’execució es presentarà en agost, la licitació es farà a l’últim trimestre d’enguany i les obres començaran en la primera meitat de 2019

En xifres concretes s’ha explicat que la Conselleria de Sanitat ampliarà en quasi un 20% la inversió prevista en les obres de l’hospital d’Ontinyent, que passa de 26.115.000 a 32.000.000 d’euros. A més a més també exposava que el projecte bàsic i d’execució d’obra es presentarà aquest mes d’agost i la licitació es farà a l’últim trimestre d’enguany, per tal que les obres puguen començar en la primera meitat de 2019.

A l’encontre, al qual també assistien la primera tinent d’alcalde, Rebeca Torró, el regidor de Territori, Jaime Peris, i la Directora General d’Eficiència i Règim Econòmic, Carmelina Pla, també s’explicava que tot açò va a fer necessària una addenda al conveni per tal d’ajustar el nou preu i amb ell les anualitats, la primera de les quals, la corresponent a 2019, passarà a ser de 4’25 milions d’euros.

Els investigadors del cas Alquería segueixen aprofundint en l'aclariment de l'estructura -o estratègia- que es va utilitzar des de l'empresa pública Divalterra (antiga Imelsa) per a contractar set alts càrrecs sense el corresponent procés de selecció públic i de lliure concurrència i pels quals van detenir i van imputar sis persones pels presumptes delictes de prevaricació i malversació de cabals públics, entre ells l'expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.

El titular del jutjat número 9 de València, Miguel Ángel Casañ, i el fiscal Anticorrupció, Pablo Ponce, indaguen en les persones que “van muntar” i van justificar amb aparença de legalitat la contractació de set alts càrrecs que van ocupar persones afins a PSPV i Compromís. En la desena d'interrogatoris que els investigadors han realitzat a testimonis i imputats les preguntes han anat a la recerca del pecat original.

Segons ha pogut saber eldiario.es de diferents fonts, les declaracions dels interrogats han apuntat al primer equip de la empresa Imelsa -posterior Divalterra- quan l'esquerra va aconseguir el poder al maig de 2015. En concret, el primer gerent José Ramón Tíller; el primer cap de gabinet de Jorge Rodríguez, José Manuel Orengo, i el director dels serveis jurídics, José Luis Vera, que va encarregar i va redactar informes sobre la contractació en els quals donava opció de continuar amb les contractacions.

La causa continua secreta però la documentació amb la qual treballen els investigadors -excepte els documents extrets dels aparells electrònics confiscats en els registres- és pública i ja obra en la investigació. Per exemple, l'acta del primer consell d'administració de Divalterra -encara es deia Imelsa- de 24 de juliol del 2015 en què el Partit Popular ja avisava dels problemes de contractar directius sense concurrència pública.

Així i després d'aprovar el nomenament per part del gerent, José Ramón Tíller, de José Luis Vera com a director dels Serveis Jurídics, Administració i Transparència de Divalterra, ja salta la primera espurna amb el PP. És el portaveu dels populars Rafael Soler qui demana la paraula en el consell d'administració i pregunta al secretari i a l'assessor jurídic si “la contractació de personal en l'empresa pública ha de fer-se seguint els mateixos principis de publicitat, mèrit i capacitat que en l'administració pública”.

El secretari, reflecteix l'acta, respon que efectivament així ha de ser. En aqueix moment demana la paraula en el consell d'administració el cap de gabinet de Rodríguez, en aqueixa època José Manuel Orengo. Aquest últim assegura que “els estatuts socials no són limitatius dels contractes d'alta direcció, que no estan subjectes a la publicitat, mèrit i capacitat, amb un règim especial de contractació”. És en aqueix moment, i així ho han declarat davant el jutge i el fiscal varis interrogats, quan es comencen a asseure les bases per a la creació de llocs de “alta adreça” en *Divalterra que abans tenien la figura legal de directors d'àrea.

D'aquesta manera *Divalterra comença a encarregar informes per a justificar les contractacions. Entre setembre de 2015 i juny de 2016 es presenten fins a set informes sobre aquesta contractació. Les opinions dels experts són contradictòries amb negatives taxatives com la de Santiago Blanes (*Tomarial). El 14 de juny, el cap de jurídic Vera ofereix dues opcions, mantenir als set directius contractats estudiant la possibilitat de donar-los poders executius als càrrecs o rescindir els contractes i traure'ls a concurs. S'opta per la primera opció i es manté la guerra d'informes fins a la denúncia que desencadena l'operació *Alquería.

L'escàndol de l'Operació Alqueria que s'ha emportat per davant el president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez, i el seu equip de confiança en l'empresa pública Divalterra, ha obert una ferida de difícil sutura en la Corporació Provincial. D'antuvi, Compromís, una de les quatre formacions que sustenten el govern socialista, està disposat a forçar una remodelació àmplia de la institució.

La formació valencianista ha mantingut aquest dilluns la seua segona reunió, en aquest cas de la seua comissió de coordinació institucional, per a tractar les seqüeles de les detencions del passat dimecres, entre les quals es troba Agustina Brines, ja exgerente de Divalterra, l'empresa investigada, a la qual li han retirat cautelarment el carnet de militant i, per voluntat de la implicada, ha sigut apartada de les seues responsabilitats en l'empresa pública en representació de Compromís. Fins i tot sense conclusions de pes, Compromís advoca per una reestructuració de la Corporació provincial i de les seues empreses depenents.

Ja la vicepresidenta del Consell i co portaveu, Mónica Oltra, apuntava divendres passat al fet que anava sent hora de replantejar-se el pacte de govern. Després dels comicis del 2015, la formació es va quedar amb fam de poder en aquesta entitat, encara que finalment va acabar cedint a fer un pacte similar al del Botànic en el Palau de la Batlia. I la caiguda del seu president és una oportunitat per a repensar la institució, de la qual aquesta formació no és molt amiga, en considerar-la una estructura arcaica i difícilment adaptable al segle XXI.

La formació no està disposada a acceptar la presidència del socialista Toni Gaspar sense més, com un mer recanvi, seguint la proposta dels socialistes -que al seu torn segueix la línia del pacte postelectoral-, encara que algunes fonts del partit ja apuntaven la setmana passada al fet que el problema no és l'alcalde de Faura. Siga la que siga la proposta, haurà de comptar amb els vots d'Esquerra Unida i València en Comú (Podemos), aliats naturals de socialistes i valencianistes en aquesta institució.

La cogerente de Divalterra detinguda dimecres passat en el marc de la 'Operació Alqueria', Agustina Brines, ha deixat el seu càrrec al capdavant d'aquesta empresa. L'altre gerent, Xavier Simón, ja ha sigut destituït pels socialistes. L'Executiva del Bloc, partit majoritari de Compromís i al qual pertanyia l'arrestada, s'ha reunit d'urgència aquest divendres per a prendre una decisió, hores després que Ferraz decidira suspendre de militància el president de la Diputació de València i a altres dos detinguts.

La Permanent del Bloc -nom del seu òrgan directiu- d'aquest divendres ha sigut bastant tibant, ja que el sector crític de la formació es negava a apartar-la.

Segons ha comunicat la secretària general del Bloc, Àgueda Micó, Brines ha informat el seu partit que ha donat aquest pas fins que puga declarar davant el jutge i queden aclarides “totes les qüestions que la vinculen als últims esdeveniments” de l'empresa pública Divalterra, la causa de la qual està sota secret. L'exgerent va ser nomenada el 2015 a proposta de Compromís.

Els contractes d'alts directius de l'empresa pública Divalterra que han motivat aquesta operació, mitjançant una fórmula que evitava la concurrència pública i els mèrits, són alcaldes socialistes de xicotets municipis com Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el president de la gestora del PSPV en la comarca de la Foia de Bunyol, Lucas Ferrando; o l'exsecretario d'Organització del Bloc (partit que forma part de la coalició Compromís) i regidor de Silla, Josep Melero. Aquest últim té certes afinitats amb el sector poc inclinat a prendre la decisió.

Compromís -integrada per tres partits- es reuneix al llarg de la vesprada d'aquest divendres per a escoltar les explicacions de Brines i prendre una decisió sobre el seu carnet de militant. Compromís també ha de valorar la proposta de Toni Gaspar com a successor de Jorge Rodríguez al capdavant de la Diputació de València, un suport que anirà condicionat a una reforma dràstica de la gestió i el possible tancament de l'empresa pública que ha sigut germen de diversos casos de corrupció.

Al llarg d'aquest dijous està previst que declaren davant el jutge els sis detinguts en l'operació Alquería, entre els qui es troba el president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez -inicialment no estava previst que això succeïra fins al divendres-. Es dóna la circumstància que va ser la policia nacional la que va ordenar la detenció dels sis implicats, mentre que el jutge només havia autoritzat les entrades policials i els escorcolls en les dependències públiques i en els domicilis dels detinguts.

Al també alcalde d'Ontinyent i els altres arrestats, que han passat la nit en els calabossos de la comissaria de Sapadors, se'ls investiga pels presumptes delictes de prevaricació i malversació per fraccionament de contractes i nomenament de càrrecs d'alta direcció.

El matí del dimecres, agents de la Udef es personaven en les dependències de la Diputació de València, l'empresa pública Divalterra i l'Ajuntament d'Ontinyent a la recerca de documentació i arrestaven Jorge Rodríguez i altres cinc persones (el seu cap de Gabinet, Ricard Gallego; l'assessor Manuel Reguart; el secretari-lletrat assessor del Consell d'Administració de Divalterra Jorge Cuerda; i els cogerentes de l'empresa pública de la institució provincial Xavier Simón i Agustina Brines).

Després d'un dia d'intensa activitat policial, el secretari general del PSPV i president de la Generalitat, Ximo Puig, proposava la destitució de Jorge Rodríguez de tots els seus càrrecs, tant en el partit, on era portaveu i secretari de Comunicació, com en la Diputació de València i l'Ajuntament d'Ontinyent. Puig proposa com a relleu de Rodríguez en la institució provincial l'actual diputat d'Hisenda i alcalde de Faura, Toni Gaspar.

La decisió del líder dels socialistes valencians de destituir Rodríguez es produïa hores després que el secretari d'Organització del PSOE, el també valencià José Luis Ábalos, apuntara que l'alcalde d'Ontinyent havia de dimitir: “no està en condicions de continuar”.

L'Alqueria del Basket ya es una realidad, una fábrica de sueños para los 500 niños y niñas de la escuela del Valencia Basket que aspiran a jugar algún día en el primer equipo y en la Selección Española.

La instalación, la mayor de Europa dedicada a la formación con una extensión de 15.000 metros cuadrados, ha abierto sus puertas oficialmente este miércoles con un concurrido acto de inauguración que ha estado presidido por el propietario del club, Juan Roig, y en el que también han participado el alcalde de València, Joan Ribó, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Ubicada junto al pabellón de la Fuente de San Luis, l'Alqueria del Basket alberga 13 pistas (nueve cubiertas) donde jugarán y entrenarán los 49 equipos de la escuela del Valencia Basket. Las instalaciones, de la más alta calidad, cuentan también con gimnasio y zona médica.

El proyecto se ha construido una parcela cedida por el Ayuntamiento de València por un plazo de 50 años, tras los cuales, el terreno y las instalaciones se revertirán de nuevo a la ciudad.

El recinto ha sido impulsado a título personal y con capital privado de Juan Roig, con una inversión de 18 millones de euros.

Precisamente, Roig ha querido agradecer tanto “al Consistorio, como a los vecinos, al colegio Les Arts y a todas las personas e instituciones que han apoyado y participado en un proyecto que tiene como objetivo que los niños y niñas estén en las mejores condiciones de formación para contribuir a desarrollar el baloncesto y sus valores”.

Además, ha manifestado su deseo de que “de estas instalaciones salga el futuro capitán de la selección española” y ha celebrado que “después de 30 años hemos logrado ser campeones de liga, esperemos no tardar tanto en ser campeones de Europa”.

Por su parte, el alcalde València, Joan Ribó, se ha mostrado satisfecho “por el trabajo conjunto realizado” para la consecución del proyecto, mientras el presidente del Consell, Ximo Puig, ha ensalzado “los valores de trabajo de trabajo y esfuerzo que representan l'Alqueria del Basket, que son los mismos que se transmitirán a cientos de niños y niñas y son los que queremos asociar a la Comunitat Valenciana en este nuevo tiempo”.

Por su parte, el consejero delegado del Valencia Basket, Paco Raga, ha avanzado que la entidad, con Roig a la cabeza, trabaja ya en un proyecto de nuevo pabellón con más capacidad que la 'Fonteta': “El propietario es consciente de la actual limitación de aforo y se va a empezar a trabajar en ello”.