Propuestas sobre limpieza de grafitis, vandalismo y espacios para mayores, entre los asuntos abordados hoy en los ‘Sábados del vecino’. Precisamente esta semana, el Ayuntamiento de Logroño informaba de la identificación de siete autores, tres de ellos menores, de más de 200 grafitis realizados en la ciudad durante el año pasado. Pintadas cuyo valor se está cuantificando por parte municipal en los correspondientes expedientes sancionadores.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por el concejal Ángel Andrés, ha mantenido este sábado encuentros personales con una decena de vecinos y vecinas de Logroño dentro de una nueva sesión de los ‘Sábados del vecino’.

Se trata de una iniciativa impulsada por el alcalde, Conrado Escobar, y que tiene como objetivo reforzar la participación ciudadana y posibilitar que los ciudadanos expongan sus propuestas, sugerencias o inquietudes de forma directa. Durante los encuentros, celebrados este sábado en Logroño, se han abordado cuestiones como la limpieza de grafitis en los escaparates y vandalismo. También las mejoras en los barrios han sido protagonistas en las conversaciones entre el alcalde y los ciudadanos y ciudadanas, que han planteado propuestas para la zona de Cascajos y La Ribera y espacios para los mayores. Se han abordado, además, iniciativas sobre seguridad ciudadana. Otras cuestiones referentes a pasos peatonales, obras en la calle Sagasta, taxis o coches estacionados en doble fila, han centrado las conversaciones.

Todas las propuestas que se presentan en estos encuentros por parte de la ciudadanía son siempre estudiadas y seguidas por los diferentes concejales que conforman el equipo de Gobierno, con el objetivo de darles respuesta en el menor tiempo posible.

Cómo participar en los ‘Sábados del vecino’

Los ‘Sábados del vecino’ se llevan a cabo los primeros sábados de cada mes (salvo aquellos que sean festivos o por alguna cuestión de agenda, en cuyo caso se reprograma en otro sábado del mes) en el área de Alcaldía del propio Ayuntamiento entre las 9:30 y las 14:00 horas.

Para participar en los mismos, existen tres vías de inscripción: el teléfono 010, el canal de Whatsapp municipal (618700010) y un correo electrónico habilitado específicamente para esta iniciativa: sabadodelvecino@logrono.es.

Las peticiones se podrán recibir hasta el jueves previo a la celebración de los encuentros y será necesario identificarse con nombre, apellidos, teléfono de contacto y asunto que se desea tratar. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Logroño se pondrá en contacto con la persona para concertar la cita a una hora determinada.

El proceso de escucha impulsado por el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia sobre el nuevo Guggenheim en la comarca de Busturialdea-Urdaibai ha concluido con el “no” de la sociedad de esa zona a construir el museo. La decisión ya había sido tomada por las instituciones por la inviabilidad del proyecto, algo que según reconocía la propia diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ya se “intuía” debido a los “obstáculos insalvables, como los relativos a la Ley de Costas, la legislación medioambiental y la tramitación territorial y urbanística. Ahora, tras el proceso de escucha de la ciudadanía de la comarca, el relato más prevalente es que se rechaza la ampliación del museo, pero se quiere ”hablar del desarrollo de la comarca“, después de que en las primeras fases del trabajo el relato más representado era el que se mostraba ”absolutamente en contra de la ampliación del museo Guggenheim en Urdaibai“.

“En lugar de plantear nuevas soluciones puntuales, las narrativas recogidas reclaman reforzar el Plan Estratégico actual con nuevas iniciativas que complementen las necesarias inversiones en infraestructuras ya comprometidas”, recoge el proceso final presentado este lunes en Gernika por la diputada general de Bizkaia y la vicelehendakari primera del Gobierno vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. Se trata de un trabajo realizado en ocho meses en el que han participado cerca de mil vecinos de la zona y guiado por Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies (ALC), una entidad creada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, con la colaboración del centro AC4 de la Universidad de Columbia.

En concreto, se han realizado 949 entrevistas y se han recogido 1.002 narrativas contrastadas mediante sesiones de interpretación colectiva y enriquecidas en un seminario internacional celebrado en Ekoetxea Urdaibai los días 1 y 2 de diciembre de 2025. La mayoría de los diálogos recogidos han sido presenciales, aunque también se han incorporado aportaciones escritas, telemáticas y en formato audio. “Este volumen de participación permite ir más allá de posiciones explícitas y captar tensiones, matices y contradicciones que habitualmente no emergen en el debate público”, han señalado durante la presentación.

Desde el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, que era de los que defendían el “sí o sí” del museo, han valorado ahora este proceso como “una expresión de una nueva manera de hacer política en el siglo XXI, especialmente adecuada para responder a retos complejos”. Es un proceso que ha permitido comprender mejor las inquietudes, expectativas y preocupaciones de la sociedad de Busturialdea-Urdaibai y generar conocimiento útil para la acción pública, dicen. En este sentido, las instituciones toman nota de las conclusiones del informe y reafirman su compromiso con el desarrollo de la comarca, aunque la ponencia anunciada en 2024 en el Parlamento Vasco nunca se llegó a poner en marcha. Subrayan que el proceso aporta una capa cualitativa que permite reforzar y completar la hoja de ruta ya existente, el Plan Estratégico Comarcal de Busturialdea-Urdaibai.

La Diputada general de Bizkaia ha señalado que el informe “aporta claves muy valiosas para seguir avanzando en el impulso de esta comarca y para reforzar su cohesión social y territorial”. Según Etxanobe, el proceso de escucha ha puesto de relieve que “Busturialdea es una comarca diversa, con miradas plurales y complejas, con grandes debates que la atraviesan y que no admiten respuestas simples”. “Se ha evidenciado un amplio consenso social en torno a la necesidad de impulsar su desarrollo socioeconómico sin renunciar a la protección del entorno, y se han identificado preocupaciones compartidas que ya están siendo abordadas desde el Plan Estratégico Comarcal, al que este informe aportará nuevas claves de mejora”, alega.

Asimismo, ha añadido que “el proceso aporta aprendizajes claros para las instituciones: la importancia de una información más transparente y compartida, y la urgencia de atender las brechas territoriales y sociales que generan desafección, desconfianza y sensación de agravio, especialmente entre quienes se sienten más vulnerables”. “Cerrar estas brechas es una responsabilidad colectiva, del conjunto de la sociedad, y como diputada general de Bizkaia, la asumo”, ha confirmado Etxanobe. Por su parte, la vicelehendakari Bengoetxea ha añadido que el informe del proceso de escucha “no plantea un camino nuevo, sino que ayuda a recorrer mejor el que ya existe: refuerza lo que está en marcha, aporta elementos nuevos que deben analizarse y encaja plenamente con la apuesta del PEC por una gobernanza más colaborativa.”

Los vecinos no se sienten partícipes de la toma de decisión

Tras las entrevistas realizadas en un proceso de escucha que comenzó en febrero de este año, los ciudadanos argumentan que no sienten una participación real en la toma de decisión. Se les informa o consulta, pero su voz no transforma los resultados. “La verdadera transformación exige escalar hacia modelos de asociación o poder ciudadano, donde no solo se informa o consulta, sino que se comparte poder de decisión, en un ejercicio genuino de gobernanza colaborativa. En resumen, Murueta es un lugar cargado de atmósferas afectivas y simbolismo colectivo. Abordarlo únicamente como un emplazamiento técnico o turístico no reconoce su densidad material, discursiva y emocional”, señala el informe.

Las voces contrarias a la instalación del museo en la comarca solicitan un nuevo modelo de turismo y soluciones concretas a los problemas de vivienda y transporte que genera el modelo actual. “Todas las narrativas coinciden en que durante los últimos diez años ha cambiado la manera en la que la sociedad vasca entiende el valor del turismo, no solo en Urdaibai. Si hace una década atraer visitantes a una comarca en desarrollo era interpretado positivamente, en la actualidad existe una visión mucho más crítica sobre los impactos reales que genera. Lo que antes era sinónimo de prosperidad, hoy genera dudas y resistencias por su impacto directo en vivienda, movilidad, servicios y cohesión social”, adelanta.

Por otro lado, los testimonios de personas más especializadas en las industrias culturales demandan mayor claridad y definición del proyecto museístico. “Consideran que se ha presentado el continente, pero se ha hablado poco del contenido y de la pertinencia de una nueva infraestructura de estas características. Las personas entrevistadas hasta el momento muestran una necesidad de identificarse con el proyecto, así como de ligarlo a su identidad. En opinión de estos sectores, la especialización en arte y naturaleza no debería estar reñida con una mayor presencia del arte contemporáneo vasco de vanguardia”, recoge.

A modo de conclusión, el informe sostiene que, a pesar de las diferencias y matices, todos los testimonios tienen en común el desarrollo humano sostenible. “Las personas que llevan décadas trabajando en el impulso de la reserva de la biosfera consideran que se ha producido una evolución muy positiva en la comarca. Anteriormente, se veía la declaración de reserva de la biosfera como un posible freno al desarrollo económico y esta narrativa ha evolucionado positivamente. Hoy en día, encontramos opiniones a favor y en contra de la ampliación del museo, pero por encima de narrativas diferentes existen patrones comunes y los argumentos que se utilizan para construir estas narrativas son similares: es necesario combinar una protección especial del entorno (por su carácter de reserva natural) con el desarrollo socioeconómico de la zona, debemos apostar por un modelo de turismo que tenga en cuenta los impactos negativos que genera, especialmente en la calidad del empleo, el impacto directo en la subida de los precios de la vivienda y en la saturación de los sistemas de transporte. Existe un gran consenso sobre esta cuestión y hasta la fecha, es muy destacable que no hayamos recogido ninguna narrativa negacionista sobre el cambio climático o que se posicione fuera del marco de valores asociado al desarrollo humano sostenible”, indica el documento.

Cinco patrones sobre el Guggenheim de Urdaibai

En el proceso se han encontrado cinco tipos de posicionamiento diferentes o patrones, como los nombran en la investigación. El primero son quienes están totalmente en contra. “Su principal objetivo es evitar que se lleve a cabo este proyecto y considera que la discusión debe centrarse en esta cuestión más allá de que haya otros temas relevantes relacionados con el desarrollo de la comarca. Aunque en las interpretaciones colectivas le hemos asignado una edad y una profesión ficticia para humanizarlo, dentro de este mismo patrón confluyen diferentes generaciones, género, ocupaciones o incluso ideologías y posiciones políticas. Sus argumentos son contundentes: la posible ubicación del museo en el humedal de Murueta no respeta la legislación vigente, no existe información suficiente sobre el proyecto y las decisiones se han tomado en contra de la voluntad de la ciudadanía”.

El segundo patrón lo componen las personas que están en contra de la ampliación, pero a favor del desarrollo de la comarca. “Este segundo patrón se opone también a la ampliación del museo, pero considera que es necesario centrar la discusión en el desarrollo de la comarca. Es una cuestión de prioridad o urgencia. Este patrón también es compartido por diferentes ideologías, géneros y generaciones. Las narrativas recogidas en este patrón consideran que Urdaibai está estancada y en declive. A pesar de conocer las propuestas que se están impulsando por las instituciones en el marco del nuevo Plan Estratégico de la comarca y la declaración de zona de actuación prioritaria (ZAP), consideran que la inversión económica es insuficiente, la discusión ha sido superficial y limitada a los agentes menos críticos”.

El tercer patrón está a favor de una posible ampliación del museo. Su principal argumento es que hay que tomar la iniciativa ante una situación de declive. En su opinión, las instituciones tienen la responsabilidad y la legitimidad democrática para plantear iniciativas tractoras y disruptivas y, aunque son conscientes de que pueden surgir críticas, argumentan que siempre se cuestiona lo nuevo, hasta que funciona. El cuarto patrón, por su parte, no tiene una posición totalmente definida y representa a personas que en función del desarrollo de la iniciativa, se posicionaría a favor o en contra de la ampliación del museo. Por último, el quinto patrón representa principalmente a aquellas personas que expresan impotencia, desafección y escepticismo respecto a los procesos participativos e institucionales.

El proceso de escucha no es vinculante, ya que corresponderá a las instituciones valorar los resultados y comunicar sus impresiones y posibles actuaciones futuras. “El enfoque de escucha profunda no reemplaza la decisión, pero ofrece la base para diseñar políticas públicas que se sostengan en el tiempo porque hacen un esfuerzo especial por entender los marcos de sentido de la ciudadanía. En un nivel más profundo, este debate nos permite hablar de qué modelo de desarrollo queremos para la comarca (y para el conjunto de Euskal Herria) y cómo deben activarse los procesos de gobernanza colaborativa con una fuerte perspectiva comunitaria”, concluye el documento.

Desde La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) valoramos positivamente que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha haya abierto el Proceso Participativo del Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2025–2030 en el Portal de Participación, ya que supone una oportunidad para reforzar el vínculo permanente entre ciudadanía-Administración que debe regir la convivencia y para pasar de la consulta puntual a una cultura estable de deliberación, retorno y rendición de cuentas.

Como todo proceso es susceptible de mejora, creemos estamos en posición de proponer dos palancas muy prácticas: un panel público de indicadores y una batería de recomendaciones que mejoren el alcance, la inclusión y el impacto real del actual proceso en marcha.

Recordemos que la Ley 8/2019 de Participación de Castilla-La Mancha no solo reconoce instrumentos como encuestas y consultas, sino que enfatiza la difusión, la accesibilidad, el debate/contraste y el retorno motivado, lo que en la práctica supone: medir, abrir y devolver resultados de forma comprensible para que toda la ciudadanía pueda participar.

Como decíamos, a fin de tener información para medir el nivel de éxito de estas consultas ciudadanas, deberíamos disponer de un panel de elementos de acceso público que nos permitan mejorar el proceso de participación, contemplando:

• Una medición del nivel de respuesta y cobertura que incluya el número total de encuestas y tasa de respuesta por cada 10.000 habitantes, con desglose por provincia y tamaño de municipio, a fin de saber si hemos llegado a todo el territorio regional, también al mundo rural.

• Incluir ítems que midan la representatividad e inclusión más allá de los clásicos sexo y grupos de edad, y, cuando sea posible, seguimiento y eliminación de brechas de acceso (discapacidad, conectividad, cuidados, etc), gracias a lectura fácil, diseño mobile-first, subtitulado/transcripción de sesiones y apoyos a personas con discapacidad. No es un extra, ya que forma parte de los principios legales de accesibilidad y comprensión que exige la legislación de accesibilidad y no discriminación.

• Valorar la calidad de la respuesta analizando el porcentaje de cuestionarios completos y densidad de aportaciones abiertas recibidas ya que, si solo hay clics rápidos sin comentario, la participación es débil. En este punto, creemos que es importante añadir variables que ayuden a detectar brechas (por ejemplo nivel educativo, situación laboral, dificultades de acceso) y abrir campos de texto en bloques clave (satisfacción, valoración del portal y retorno). La calidad del dato mejora el diseño de políticas.

• La ciudadanía es diversa, por lo que es esencial informarla por canales diversos, como el portal web institucional, redes, prensa, radio o TV, que permita publicar una memoria de comunicación para fomentar la participación. En este sentido, es importante que toda la información salve las brechas de acceso ya mencionadas.

• Además de las encuestas, es necesario realizar foros, ponencias o reuniones con la ciudadanía, ya que la participación se fomenta con más participación.

• La vacuna contra la desafección ciudadana es la información, de modo que se informe sobre la fecha de publicación del informe final y una matriz de trazabilidad (“qué se incorpora, qué no y por qué”), con responsables identificados, motivará a hacer seguimiento y seguir participando.

• Publicación del informe final, con porcentaje de propuestas incorporadas y porcentaje motivado (qué no se asume y por qué), y un calendario claro de devolución es la pieza que más confianza genera.

Desde la Red creemos que el proceso abierto es un buen punto de partida, aunque si la Administración mide lo que importa, abre espacios de deliberación reales y devuelve resultados motivados, la ciudadanía percibirá que su opinión cuenta y volverá a participar en el futuro.

Como entidad que viene desarrollando procesos de participación social desde 2004, ofrecemos nuestra experiencia y colaboración para definir y monitorizar el panel de indicadores, dinamizar foros con entidades sociales y contribuir a que el Plan 2025–2030 sea un caso de éxito: participación útil, inclusiva y con efecto en las decisiones públicas.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros estamos un tanto sorprendidos por la decisión del Gobierno de convocar una consulta pública sobre una operación de compra de una empresa privada por otra. Tras meses de declaraciones contrarias a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que ha presentado el BBVA sobre el Banco Sabadell, nos hemos encontrado con que el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de gobernar deja este asunto al albur de una consulta.

El 9 de mayo de 2024, BBVA lanzó una oferta de compra hostil por el Banco Sabadell. La operación se enfrentó desde el primer momento a la oposición del Gobierno, los partidos y las dudas del mercado. De hecho, el Gobierno salió a la palestra para asegurar que advirtió al banco vasco de su posición contraria a la compra del Sabadell antes de que la lanzara. Desde entonces no ha parado de escenificar su negativa a la OPA. Incluso, desde el Ministerio de Economía se trasladó a la presidenta del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, las “preocupaciones” respecto a la opa hostil. 

El Gobierno tiene motivos suficientes para poner pegas a la operación. La unión de BBVA y Sabadell acentuaría la falta de competencia en el sistema financiero español. Si sale adelante la operación, los tres grandes bancos concentrarán dos de cada tres depósitos en España. Eso sin contar que si se termina culminando puede suponer el despido de 5.000 empleados de la entidad resultante.

Sin embargo, pese a la clara concentración bancaria que supone el éxito de la OPA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde, con una serie de condicionantes, a la oferta de compra de BBVA sobre Banco Sabadell. La decisión del organismo de Competencia dejó la pelota en el tejado del Ministerio de Economía, que tendrá que llevar la operación al Consejo de Ministros y modificar las exigencias o vetar la adquisición.

Con el posicionamiento que ha tenido ante la OPA, parecía claro que el Gobierno iba a frenar la operación, pero no. Sorpresivamente, este Ejecutivo no quiere gobernar. Tomando una decisión inédita alrededor de una operación entre empresas privadas, Pedro Sánchez anunció una consulta pública sobre la OPA. 

Para aumentar la confusión, “ciudadanos, asociaciones y organizaciones” pueden participar, pero el resultado no va a ser vinculante. Desde el Gobierno se intentó justificar alegando que es “un proceso habitual, y se quiere emplear para pulsar los intereses que hay en la sociedad”. Aquí puedes leer las claves de la consulta pública de la OPA del BBVA sobre Sabadell: quién participa, cuándo y sus consecuencias.

La pregunta principal de la consulta pública es la siguiente: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?”. Sorprendente, una vez que desde el Gobierno se ha repetido hasta la saciedad que su preocupación principal en esta operación era por un problema de competencia. Aquí te explicamos cómo son las preguntas de la consulta pública que ha puesto en marcha el Ejecutivo.

Sinceramente, no es serio. Hay temas más relevantes para los españoles que sí son merecedores de una consulta pública. Por ejemplo, la forma de Gobierno de nuestro país, si queremos una monarquía o una república.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede descargar sobre la ciudadanía un problema de competencia en una consulta con un buzón de sugerencias. No se puede gobernar así. La opinión de la sociedad es relevante, pero lo que se espera del Gobierno es que defienda a los ciudadanos como consumidores y los proteja de un mercado que no entiende de derechos.

El gráfico

Más de una semana después del gran apagón seguimos con el falso debate de la necesidad de las nucleares para sostener el sistema eléctrico español. La confusión sobre las razones del caos eléctrico ha recrudecido la batalla ideológica entre las renovables y la nuclear. El PP, al que el ministro Óscar Puente acusaba este viernes de “trabajar directamente” para las eléctricas y ejercer de “lobby de las nucleares”, ha intensificado su ofensiva para que el Ejecutivo cancele el cierre progresivo previsto a partir de 2027 con el primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control de este miércoles señaló que “vincular el debate a las nucleares es irresponsable y una gigantesca manipulación”.

Toda esta polémica viene por el interés económico de las grandes compañías eléctricas con intereses en la energía nuclear. No es una cuestión de seguridad de suministro, sino de márgenes de beneficio Por ejemplo, desde Endesa, que anunció este miércoles que en el primer trimestre de 2025 ganó 583 millones de euros, se subrayó que “no es solo cuestión de extender la vida [de las centrales nucleares] sino también de reducir los impuestos”. 

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, negó que las nucleares fueran “una rémora” para la recuperación del sistema eléctrico en respuesta a las declaraciones en las que el presidente del Gobierno acusó a estas plantas de ser “más un problema que una solución” en esta crisis energética. Aunque, si se ve el gráfico de arriba se puede percibir cómo las centrales nucleares no aportaron energía eléctrica al sistema hasta casi dos días después. De hecho, la central nuclear de Almaraz no produjo electricidad desde el apagón. La planta aseguró que REE le había pedido “arrancar de manera urgente”; pero una semana después del apagón no lo había hecho y ultimaba su conexión tras un proceso “más largo” de lo previsto. 

Para ser un país competitivo, la energía tiene que ser barata. La fórmula para hacer más competitivas a nuestras empresas solo se puede lograr con fuentes renovables de energía. Por cierto, las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días.  

Una de las consecuencias del apagón del lunes 28 de abril fue el efecto que tuvo en el acceso a internet y en las comunicaciones telefónicas. La mayoría de los ciudadanos se encontró de repente que no tenían conexiones digitales, los teléfonos móviles resultaban prácticamente inútiles. Los usuarios de Starlink, la compañía de satélites de Elon Musk cuyos servicios son más independientes de la infraestructura terrestre, pudieron mantener el servicio de datos. El tráfico de datos de Starlink marcó cifras récord tanto en España como en Portugal el lunes del apagón y el martes siguiente, con tasas de uso hasta un 60% más altas de lo habitual. La pregunta es pertinente: ¿No debería tener España un sistema de satélites similar para asegurar las comunicaciones? ¿No sería más adecuado que una empresa como Telefónica fuera la compañía que tuviera una red de satélites que evitase el apagón de comunicaciones? Aquí tienes más información sobre cómo se disparó el uso de Starlink durante el apagón y demostró el papel del internet orbital.

El dato

24%

es el tipo efectivo que se paga de media sobre los beneficios de las empresas internacionales por el Impuesto de Sociedades, según un informe del EU Tax Observatory (el Observatorio Fiscal de la UE, en inglés). En el estudio de esta organización independiente se advierte de que el Impuesto de Sociedades se ha reducido cerca de cinco puntos desde 2014 para las multinacionales que operan en nuestro país. Esta reducción impositiva amplifica la reducción de los ingresos públicos, que ya sufren un agujero de alrededor de 9.000 millones al año por el traslado de parte de las ganancias de estas grandes compañías a guaridas fiscales. Aquí te contamos cómo el impuesto de Sociedades se ha reducido cinco puntos desde 2014 para las multinacionales.

Por cierto, esta grieta del sistema fiscal podría ser fácilmente solventada en el paquete legislativo que tiene pendiente de aprobar el Gobierno para dar por terminada la reforma impositiva. Aquí te contamos que entre las reformas pendientes que ha presentado el Gobierno a Bruselas está la retirada de “beneficios fiscales” como el del diésel.

 Hay crisis que provocan sospechas. El pasado domingo un robo de cable en diversos puntos de Toledo derivó en un nuevo terremoto para las operaciones ferroviarias. No es extraño que desde el Ministerio de Transportes se hable de sabotaje, aunque también es cierto que no es la primera vez que un robo de cobre interrumpe la circulación ferroviaria. En esta ocasión lo que provoca más dudas es que el pillaje fue de unos 150 metros de cable de cobre con un valor de 300 euros, aunque las consecuencias fueron trenes que no pudieron llegar a su destino y miles de viajeros afectados en el regreso del puente del Primero de Mayo. Sospechas aparte, es necesario que el Gobierno se tome en serio la seguridad de las infraestructuras y ponga medidas adicionales. Aquí te explicamos cómo el robo de cables de cobre por 300 euros ahonda los problemas ferroviarios.  

Cada vez que habla sube el pan

Si durante la emergencia sanitaria avalamos a empresas y autónomos, ahora, ante la emergencia habitacional, vamos a avalar a nuestros jóvenes y a nuestras familias con menores a cargo

Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno

No hay nada que objetar a las palabras de Pedro Sánchez en mayo de 2023. El problema es que casi dos años después, al cierre de abril, el aval solo ha llegado a 3.722 personas. La concesión de avales de hasta el 20% para la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo no se puede decir que esté siendo un éxito. Para empezar, aunque se anunció hace dos años, entró en vigor hace uno y los bancos se han ido sumando poco a poco a la medida. La línea de financiación es de 2.500 millones de euros pero se han financiado compras de viviendas por valor de 459 millones, es decir, si los avales han sido por la horquilla máxima del 20% estamos hablando de que solo se han utilizado unos 90 millones, lo que representa menos del 4% del total previsto en la línea de financiación. Con el grave problema de vivienda que tienen los españoles, especialmente los jóvenes, es necesario darle una vuelta a las condiciones de la medida para que más ciudadanos puedan tener acceso a la compra de vivienda. Aquí te explicamos por qué los avales del Gobierno para la primera vivienda llegan a solo 3.700 jóvenes dos años después de anunciarlos.

Bien Público

Nuevo récord histórico de personas con trabajo en España. Es difícil hablar de caos de gestión y de desastre cuando se ha conseguido que 21,5 millones de personas tengan empleo en nuestro país, aquejado de un problema de desempleo durante años. Tenemos ahora el reto de implementar la reducción de la jornada laboral. Aquí puedes leer diez claves del proyecto de ley que tramitará el Parlamento. Pactado con los sindicatos y sin la patronal, es un punto de partida con el que el Gobierno se abre a cambios: “Negociación toda, el margen es absoluto”. De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cediendo algo de terreno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este martes tras su aprobación en el Consejo de Ministros que todas las empresas tendrían de plazo hasta final de año para reducir la jornada laboral a 37 horas y media.

El principal problema del Gobierno para sacar adelante la medida está en la derecha, especialmente en Junts. La formación independentista de derechas que lidera Carles Puigdemont se ha colocado como principal opositor a la medida. Quien es de derechas, es de derechas aunque se disfrace con la estelada. No es de extrañar el enfado del líder de CCOO con la formación catalana: “Es más inútil que la última tostada del pan Bimbo”. La declaración de Unai Sordo provocó una insólita respuesta de Puigdemont, que tiró de recetas “de chatCPT”. Ahora que el Gobierno le ha dado por consultar cosas insólitas y Junts es tan amigo de las urnas, ¿por qué no hacen una consulta sobre la reducción de la jornada laboral?

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó este boletín. Volveremos el próximo jueves con más noticias económicas. Si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

La Asamblea de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid se ha organizado durante toda esta semana en 58 ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid en lo que ha denominado la Consulta por la Sanidad Pública. Desde el lunes y hasta el domingo, 1.700 mesas certificadas repartidas por toda la región tratan de medir el compromiso ciudadano con el derecho a la salud y la asistencia médica en la Comunidad de Madrid. “El objetivo es saber si realmente la gente apoya la sanidad pública”, explica Pepa Fernández, una de las 10.000 voluntarias de la iniciativa, que en su caso se encuentra en una de las mesas en el barrio de Puerta del Ángel de la capital.

La pregunta que se plantea en la consulta es la siguiente: “Considerando la situación de deterioro actual de la Atención Primaria, de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Hospitales en la Comunidad de Madrid, ¿estás de acuerdo en exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid, como tarea prioritaria, la financiación necesaria que permita el aumento en la dotación de personal y medios sanitarios en la Atención Primaria (Centros de Salud, Servicios de Urgencia de Atención Primaria, Servicios de Urgencia Rurales) y Hospitales de la Comunidad de Madrid, para recuperar una Sanidad 100% Pública, de Calidad y Universal?”.

Aunque las consultas no son vinculantes, la idea es recabar el máximo de firmas posibles para que, una vez finalizada la semana, la asamblea de voluntarios pueda presentar los datos de participación a la Comunidad de Madrid “para que se sepa el pulso de la ciudadanía”, expresa Fernando Cano, otro de los voluntarios. De momento, el índice de participación es el esperado ya que, durante la mañana del primer día, más de 200 personas firmaron en una de las mesas de Puerta del Ángel, un barrio que tampoco es de los más concurridos en toda la comunidad.

“Ha venido gente de todas las edades, pero sobre todo gente mayor muy preocupada porque están empezando a notar en carne propia cómo se está destrozando la sanidad pública”, indica Mari Carmen Alba, una de las vecinas que gestiona esa mesa y que afirma también haber notado a los participantes más preocupados y asustados que otras veces.

Sin embargo, sigue habiendo gente reticente a votar y a expresar su disconformidad con la gestión de la sanidad pública madrileña: “Ves que están de acuerdo en que faltan recursos para la sanidad, pero no quieren participar porque una firma les causa mucho problema”, señala Fernández. De hecho, una de las vecinas que se acercó a una mesa para informarse declaró su malestar con el contexto general tanto de la sanidad como de las protestas vecinales de los últimos meses: “Creo que está todo muy politizado y no me creo nada porque hay lista de espera en todas las comunidades autónomas. Hay una batalla política en la Comunidad de Madrid con la presidenta Ayuso”, destacó la vecina, quien finalmente decidió participar.

Asimismo, los voluntarios de las mesas también se han tenido que enfrentar a insultos y acusaciones por parte de algunos que pasaban por allí. “Nos hemos encontrado de todo. Gente que nos dice que sigamos luchando y otra que viene a insultarnos”, manifiesta Alba.

El abandono de la sanidad y la falta de recursos

El desmantelamiento de la sanidad pública madrileña de los últimos años ha llevado a profesionales sanitarios, sindicatos y vecinos de todos los barrios de Madrid a manifestarse masivamente por recuperar este servicio esencial y público y pedir más recursos. Así, las consultas de estos días siguen ese camino de dichas manifestaciones convocadas para el 13 de noviembre y el 12 de febrero.

La problemática en esta cuestión, coinciden los entrevistados para este artículo, es el hecho de mezclar sanidad con política: “No quieren firmar porque creen que si estamos haciendo esto es porque estamos en contra de Ayuso y no es así”, aclara Fernández. “Estamos en contra de todo aquel que nos privatice, la salud no es un tema ideológico ni político”, señala Luís Díaz, otro de los voluntarios de una de las mesas de Puerta del Ángel.

Justamente, en este mismo barrio los vecinos notan esa falta de recursos que acaba culminando en centros de salud cerrados o sin médicos y en promesas que no se cumplen, como la construcción de uno nuevo. Es el Centro de Salud Puerta del Ángel, un local alquilado prácticamente sin médicos para la densidad de pacientes que hay y donde hace años está colocado un cartel que asegura la construcción de otro centro de salud. Según Elena González, una de las vecinas que gestiona las mesas, el problema de ese ambulatorio es que no hay suficientes médicos ni enfermeros, pero lo que más faltan son pediatras. Y no solo eso, sino que destaca el hecho de que haya un dinero público que se esté derivando a la sanidad privada. “Aquí en Madrid ya está pasando eso, a mí misma me enviaron una carta con un listado de hospitales privados donde podía ir para que me realizaran una mamografía, y todo por las listas de espera en los hospitales públicos”, expresa.

Para Díaz, la cuestión de fondo que subyace a esta situación sanitaria tan precaria son los recursos económicos: “Los gobiernos continuos en la Comunidad de Madrid han decidido invertir cada vez menos. En la COVID-19, se tendrían que haber dado cuenta de la situación, pero no han corregido ni aprendido. Dicen que no hay dinero, pero lo hay para lo que quieren”. Además de una mayor inversión, el voluntario destaca también una sanidad pública inclusiva que no deje fuera a los miles de inmigrantes que acuden a los centros y se les rechaza la asistencia médica porque, por su situación personal, pueden no estar dados de alta aún en el sistema sanitario.

Pedro María y Araceli, una pareja que decidió participar en la consulta de la mesa enfrente del Centro de Salud Puerta del Ángel, también recalcan el valor de la sanidad pública y universal, “sea del partido que sea”, dicen. Según comentan, es imprescindible mejorar la situación laboral de los trabajadores sanitarios, sobre todo para que los más jóvenes se sientan motivados: “La población sanitaria en Madrid está envejecida, la media es muy alta y los nuevos no quieren trabajar en urgencias porque son duras y se cobra poco”, explican. Critican además el mal uso del dinero público, que se malgasta en infraestructuras ya cerradas como el Hospital Isabel Zendal: “Hemos pagado toda la sanidad con creces”. 

Un total de 81.617 personas de los 37 millones de electores en España, según el censo electoral, han participado en la consulta popular estatal sobre monarquía o república que se ha celebrado este sábado, organizada por una plataforma ciudadana. En Castilla-La Mancha han sido 1.769 los votos emitidos.

La Plataforma Consulta Popular Monarquía o República ha desplegado 724 puntos de votación por distintos puntos de España y 15 ciudades extranjeras para llevar a cabo la consulta. En Castilla-La Mancha se pudo votar en 22 mesas, hubo un total de 1.769 sufragios de los que 1.464 se decantaron por el sistema político de la República y 161 por un sistema monárquico. Además se emitieron 144 votos en blanco o nulos.

En total, en España han votado 81.617 personas, con 76.106 votos a favor de la república (93,25%), 4.731 a favor de la monarquía (5,81%) y 780 votos nulos o en blanco (0,94%), si bien la cifra de participación se aleja del total de 37.172.134 personas del censo electoral del INE a abril de 2022.

La consulta se ha desarrollado con la ayuda de 4.000 personas voluntarias y con “absoluta normalidad”, según la organización, que ha destacado que no ha habido “conflictos ni incidencias relevantes”, aunque si “pocos” con “fuerzas antidemocráticas que intentaron sin conseguirlo impedir la consulta”.

En este sentido, han señalado a la Subdelegación Provincial del Gobierno en Alicante y a los gobiernos municipales de Martorell, Hospitalet de Llobregat y Salou, en Cataluña. Además, han denunciado que en el municipio de Los Alcázares (Murcia) “la actuación de un grupo fascista impidió las votaciones en una mesa de votación”.

Un total de 3.771 vecinos de Usansolo, mayores de 16 años, votarán en próximo 27 de marzo si desean constituirse en “municipio independiente” y segregarse de Galdakao. Según ha recordado el Consistorio vizcaíno y recoge Europa Press, el resultado de la consulta no será vinculante, pero “la vigente Norma Foral para casos de segregación contempla la posibilidad de preguntar”.

Los llamados a las urnas deberán responder a una única pregunta entre las 9:00 y las 20:00 horas: “¿Desea que Usansolo se constituya en un municipio independiente?”. Las urnas se instalarán en cuatro mesas diferentes en la escuela de Unkina y se prevé que los resultados estén listos sobre las 21:30 horas. Siguiendo las pautas establecidas por esta norma, el Ayuntamiento remitirá los resultados a la Diputación de Bizkaia y la deliberación quedará en manos de las Juntas Generales de Bizkaia, quien tomará la decisión sobre el futuro de Usansolo.

Esta no será la primera vez que Galdakao celebre una consulta ciudadana para conocer el interés de los ciudadanos de Usansolo en pertenecer a un municipio independiente. Ya lo hizo en 2014, cuando todavía la norma foral 9/2012 prohibía la desanexión de parte del municipio para crear un nuevo Ayuntamiento. En aquella consulta sin validez jurídica, en la que tomaron como modelo el referéndum independentista de Escocia, el 90% de los participantes se posicionó a favor de la desanexión de Usansolo —1.964 de los 2.187 votos emitidos—. Tras la nueva consulta prevista para marzo, el Consistorio trasladará los resultados y la memoria de la Comisión Mixta a la Diputación. El departamento foral competente redactará la propuesta y la remitirá a la Comisión Jurídica Asesora, que tendrá que elaborar un dictamen en un plazo “improrrogable” de un mes. Después, la Diputación deberá aprobar el dictamen y enviarlo a las Juntas Generales de Bizkaia, que serán los responsables de resolver la alteración propuesta.

Usansolo podría convertirse antes de verano en el municipio 113 de Bizkaia y el 252 de Euskadi. Para ello, deberá primar el “sí” entre los vecinos del actual barrio de Galdakao en la consulta popular que el Ayuntamiento prevé convocar para finales de marzo. Además, en el pleno municipal de este jueves, se realizará una votación para aprobar la memoria en la que se detallan las cuestiones económicas, jurídicas y técnicas que conllevaría su desanexión tras ser aprobada por la Comisión Mixta y la Diputación Foral de Bizkaia. Así, el Ayuntamiento pretende dar respuesta a una reivindicación ciudadana que “se viene repitiendo desde hace más de 30 años”.

La asociación electoral Usansolo Herria fue creada en 2011, coincidiendo con las elecciones municipales, para perseguir el objetivo de “aunar fuerzas” y “construir y posicionar” a Usansolo como la localidad 113 de Bizkaia. Sin embargo, el deseo de los usansolotarras de pertenecer a un pueblo independiente viene de mucho antes. Como indica la asociación en un comunicado, en la década de los 90 los vecinos anunciaron que compartían “los derechos y la voluntad de ser pueblo como cualquier otro municipio”. “Fuimos un pueblo pequeño, pero a medida que han ido pasando los años, ahora alrededor de 5.000 usansolotarras vivimos aquí. A pesar de que Usansolo ha ido extendiéndose y ampliándose siempre hemos sentido y guardado las ganas y pasión por ser un pueblo”, señala el manifiesto. El trabajo realizado durante aquellos años dejó, asegura la asociación, “sentimientos y raíces” que aún a día de hoy siguen presentes, por lo que los vecinos se propusieron recuperar el proceso de desanexión. En las elecciones de 2011 Usansolo Herria consiguió dos concejales que mantiene en la legislatura actual en el Ayuntamiento de Galdakao.

La plataforma se reunió en julio de 2021 con los representantes de los grupos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia, a quienes entregaron la memoria sobre la segregación de Usansolo y la consulta popular con el objetivo de que la Diputación Foral de Bizkaia la aprobara. En la memoria se hace un análisis sobre cuestiones como “las infraestructuras y los recursos con las que contaría cada municipio, y si los dos serían viables económica y socialmente”. Así, el informe elaborado por la Comisión Mixta, en la que se congregan representantes de Usansolo, Galdakao y la Diputación, concluyó que “no habría consecuencias negativas y que la nueva organización sería viable para los dos municipios”, tal y como recoge el Ayuntamiento de Galdakao. La memoria ha sido aprobada por la Diputación y ahora espera recibir el 'sí' del pleno del Ayuntamiento, que expondrá la votación como el segundo de los puntos del orden del día.

La norma foral 9/2012 de demarcaciones territoriales de Bizkaia dictó en un primer momento que estaba prohibida la división de municipios para crear nuevos ayuntamientos. No obstante, la norma fue modificada en 2015 y se agregó un párrafo al artículo 27 en el que se especifica que está permitido en Bizkaia que parte de una localidad se desanexione para constituir una nueva. “Hemos cumplido nuestra palabra y ponemos en manos de las Juntas Generales un proyecto que sirve a todo el territorio, no solo a Usansolo. Esto es política de verdad: dar soluciones legales a problemas reales”, apuntó el entonces diputado de presidencia y portavoz foral y actual diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

La norma foral también sufrió otra modificación. En concreto, el artículo 46 bis recoge la posibilidad de realizar una consulta ciudadana en la que “la ciudadanía que pretende segregarse para constituir un nuevo municipio independiente” manifieste su opinión sobre la alteración del término municipal, si bien no es obligatoria. El Ayuntamiento de Galdakao, aun así, aprobará también durante el pleno de este jueves la consulta, que prevé celebrar antes de que termine el mes de marzo. A palabras de Agustín Aizpuru, concejal de Usansolo Herria, “el equipo de gobierno y, en especial, Usansolo Herria, consideran que el proceso no puede culminar hasta que no se posicione previamente a favor o en contra de la modificación tramitada por los usansolotarras” y ha añadido que es “importante tener su opinión y marcar la voluntad de Usansolo”.

Esta no será la primera vez que Galdakao celebre una consulta ciudadana para conocer el interés de los ciudadanos de Usansolo en pertenecer a un municipio independiente. Ya lo hizo en 2014, cuando todavía la norma foral 9/2012 prohibía la desanexión de parte del municipio para crear un nuevo Ayuntamiento. En aquella consulta sin validez jurídica, en la que tomaron como modelo el referéndum independentista de Escocia, el 90% de los participantes se posicionó a favor de la desanexión de Usansolo —1.964 de los 2.187 votos emitidos—. Tras la nueva consulta prevista para marzo, el Consistorio trasladará los resultados y la memoria de la Comisión Mixta a la Diputación. El departamento foral competente redactará la propuesta y la remitirá a la Comisión Jurídica Asesora, que tendrá que elaborar un dictamen en un plazo “improrrogable” de un mes. Después, la Diputación deberá aprobar el dictamen y enviarlo a las Juntas Generales de Bizkaia, que serán los responsables de resolver la alteración propuesta.

“Antes de verano”

Según ha indicado el Ayuntamiento de Galdakao, se prevé que el proceso finalice “antes de verano”. De esa manera, si ganara el 'sí', Usansolo se convertiría en el municipio 113 de Bizkaia y 252 de Euskadi, tal y como reivindica la asociación electoral Usansolo Herria. “El Ayuntamiento de Galdakao dará así respuesta a una reivindicación que se viene repitiendo desde hace más de 30 años. Escuchará la voz de las y los usansolotarras y concluirá el proceso que establece la Norma Foral para su materialización. Así lo prometió el equipo de gobierno en el punto 72 del Plan de Gobierno, y así lo está haciendo”, se ha congratulado el Consistorio vizcaíno.

El de Usansolo no es el único proceso de segregación que ha presenciado Euskadi. En 2016, la localidad guipuzcoana de Ezkio-Itsaso consiguió dividirse en dos, consituyendo así Itsaso, el municipio 89 del territorio histórico. Sin embargo, a comienzos de 2021 Itxaso volvió a formar parte de la localidad de Ezkio-Itsaso, después de que el Tribunal Superior anulara su desanexión por no llegar al mínimo de 5.000 habitantes que marca la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno de España. Usansolo tampoco supera esa barrera—tiene 4.678 habitantes—, aunque sí la de 2.500 vecinos que marca la norma foral. Ante esta incógnita, los representantes de Usansolo Herria mostraron en julio confiar en la “voluntad política”.

La unión de las ciudades extremeñas de Don Benito y Villanueva de la Serena pasará este lunes un nuevo trámite. El Consejo de Ministros autorizará en su reunión del día 8 la celebración de la consulta popular entre los vecinos de ambos municipios, puesto que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen local, según ha anunciado este jueves la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Esta consulta era un compromiso de los alcaldes pacenses con los vecinos, que serán llamados a las urnas a finales de febrero o principios de marzo -se baraja el 20 de febrero- para decidir si, como ha dicho Rodríguez, “dejar a un lado las rivalidades y recelos típicos de dos municipios vecinos y sumar esfuerzos por el bien común” o, por el contrario, abandonar una idea recurrente desde hace décadas pero imposible hasta ahora de materializar.

La ministra de Política Territorial ha destacado que se trata de una “lección de cogobernanza” que están dando “a todos” estos dos ayuntamientos pacenses, que son un “ejemplo de la colaboración que queremos impulsar en nuestro modelo territorial”. Pero aún está por ver si al menos dos tercios de los vecinos que participen en el referéndum aprueba esa fusión, puesto que es el apoyo que han exigido los ayuntamientos para seguir adelante.

De ser así, el nuevo municipio, del que aún se desconoce su nombre y sus señas de identidad, que saldrán de un concurso de ideas, votará a su primer alcalde o alcaldesa en las elecciones locales de 2027, cuatro años antes de los que en un principio se anunció.

De la fusión de ambos municipios saldría una nueva entidad local con una población aproximada de 65.000 habitantes, lo que la convertiría en la tercera de Extremadura, solo por detrás de Badajoz y Cáceres, y con una extensión de 713 kilómetros cuadrados. El área urbana resultante se alzaría como segundo polo económico de la provincia de Badajoz y primer núcleo municipal económico tanto del sector de la agricultura y la ganadería como de la industria en Extremadura.

Según los estudios preliminares de ambos consistorios, el impacto de esta fusión en términos de riqueza, actividad económica y desarrollo de rentas sería de incrementos del 2,75 % en las rentas de los hogares y del 5 % tanto en empleo, especialmente en servicios y empresas, como en población con estudios universitarios.

Los plazos que se barajaron hace unos meses se están adelantando por los apoyos que la fusión está recabando, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, las fuerzas políticas locales y de la Asamblea de Extremadura y, sobre todo, de los empresarios y colectivos de Don Benito y Villanueva de la Serena, con los que se mantienen encuentros informativos para incidir en las bondades de la unión.

Por lo tanto, también se agilizarán las tareas pendientes, como la elaboración de planes técnicos, como los estudios de solvencia municipal, la unificación de normas tributarias y planes urbanísticos ,así como de los servicios públicos y trabajadores municipales. También se ha anunciado que se construirá un núcleo administrativo en la zona del hospital comarcal, aunque el compromiso es descentralizar los servicios públicos.

La Consejería de Educación y Cultura del Ejecutivo murciano mantiene su pulso con el veto parental y sigue adelante para convertir en norma la autorización familiar que exige Vox a cambio de su apoyo parlamentario al Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos. El Gobierno de Fernando López Miras ya anunció el pasado 28 de enero que no daría su brazo a torcer con el veto parental.

El siguiente paso ha sido publicar en el portal de la Oficina de la Transparencia y Participación Ciudadana la consulta ciudadana necesaria en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos abierta desde el pasado 3 de febrero y hasta el próximo día 22. El proceso se cerrará, sin embargo, cinco días después de cumplirse el plazo que dio la ministra de Educación, Isabel Celaá, para derogar la instrucción de principios de curso sobre el veto parental por vulnerar el artículo 27 de la Constitución y varios tratados internacionales suscritos por España. 

Según la consulta publicada en el portal del Gobierno murciano, la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional tiene previsto proceder a la modificación de los tres decretos de currículo de Infantil, Primaria y Secundaria, por lo que se abre un proceso para posibilitar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley.

En la memoria justificativa de la reforma se especifica que las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma podrán pronunciarse acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y posibles soluciones alternativas.

En los últimos días distintos sectores de las comunidades educativa y científica de la Región están manteniendo debates internos sobre su posicionamiento al respecto del veto parental. Una de ellas, la Universidad de Murcia (UM) tiene previsto un claustro extraordinario el próximo 19 de febrero para debatir su adhesión institucional al Manifiesto por la eliminación del pin parental en Murcia.

Según el documento, con la reforma se pretende aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos, “en el marco de los principios constitucionales” y señala que  la realidad educativa y la experiencia de cursos anteriores “aconsejan la modificación de los decretos de referencia”.

El proyecto de modificación pretende adoptar las medidas “adecuadas” para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares esté presidida “por la objetividad, neutralidad, el respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos”.

Además, se prevé en la modificación propuesta una “mejora” en la definición de las actividades complementarias, así como la necesidad de recabar el consentimiento de las familias para aquellas actividades programadas por los centros y desarrolladas en horario lectivo por personas ajenas a los mismos que no sean empleados públicos.

Ahí está uno de los matices del blindaje por decreto de la norma: A diferencia de la instrucción vigente, que es una orden de rango menor y que da a los centros un mayor margen de actuación, el decreto obligará a asistir a la actividad complementaria salvo que haya un no expreso de los padres. Además, en el caso de que las charlas sean impartidas por empleados públicos no será necesaria dicha autorización familiar. El segundo punto implica que, por ejemplo, las acciones formativas coordinadas desde la Consejería de Salud, que son impartidas por enfermeras y médicos, no podrán ser prohibidas por los padres.

El portavoz del grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, reprochó este martes que “en pleno mes de agosto el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se pronunciara a favor del cuestionado proyecto de ampliación de la línea 2 del tranvía de Tíncer a La Gallega”.

La Corporación insular publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el trámite de consulta pública sobre el documento de evaluación de impacto ambiental de la línea 2, que se decanta por el trazado a través de la avenida de Los Majuelos.

“Nuestro grupo en el Cabildo, debido a la gran controversia social generada en torno al proyecto de ampliación del tranvía, siempre ha apoyado la realización de una consulta ciudadana con todas las garantías democráticas, con el apoyo necesario de las administraciones competentes, con votación en urnas transparentes y con responsables de auditar el proceso. Ya es hora de que Carlos Alonso se suba al carro de la democracia. El debate se centraría en dos modelos: por un lado, el que defiende Coalición Canaria, basado en la ampliación del tranvía, y por otro, la alternativa planteada por la oposición en el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz junto a colectivos ciudadanos, basada en un sistema cualificado de guaguas, mucho más económico y eficiente”, afirma Sabaté.

El consejero de la formación morada recuerda que “en el año 2016 presentamos una moción que resultó rechazada por el grupo de gobierno, en la que pedíamos la realización de una consulta ciudadana entre la población censada en la zona más directamente afectada por la propuesta: los barrios del suroeste del área metropolitana tinerfeña. Proponíamos también que, antes de la consulta, se desarrollara un proceso de difusión de información y debates reglados en los que se pudieran expresar y contrastar con la máxima calidad y transparencia las distintas posiciones y argumentos”.

Como es habitual en este tipo de discusiones, señala Sabaté, “se plantean argumentos a favor y en contra, y las distintas partes tratan de legitimar sus posturas acudiendo a reales o supuestas muestras de apoyo social. Pero, en cualquier caso, los debates públicos constituyen una oportunidad para la profundización y la maduración democrática cuando se pueden contrastar datos y argumentaciones de calidad, y cuando existen mecanismos reglados y transparentes de deliberación cívica y toma de decisión colectiva”.

La ciudad de Madrid es algo más de lo que pasa dentro de la M-30. Por eso, el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha decidido extender a los “distritos exteriores” de la capital consultas ciudadanas que se han testado en el centro. Son las votaciones abiertas y de resultado vinculante para remodelar espacios públicos. El método que ya se ha probado en Plaza de España y Gran Vía se cuela ahora en 11 plazas ubicadas en 11 distritos fuera de la almendra central de la capital, algunas tan emblemáticas como La Remonta.

Hasta el domingo, los ciudadanos pueden votar –telemáticamente o de forma presencial en urnas in situ solo el fin de semana– si quieren reformar esos espacios y qué proyecto de los dos posibles para cada plaza les convence más. Las propuestas finalistas han sido seleccionadas, del mismo modo que en Plaza de España, por un jurado compuesto por expertos y personal municipal de diversas áreas, explican fuentes del Consistorio, que confirman que los resultados se harán públicos el próximo martes. El Ayuntamiento no ha facilitado de momento ningún dato de participación.

“No solo nos preocupa el parque del Retiro, el paseo del Prado o la Gran Vía. Nos tiene que preocupar qué pasa en la Plaza de la Remonta o qué pasa en las plazas de Hortaleza o Ciudad Lineal donde también vive mucha gente”, explicó el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo el pasado 9 de octubre, recién iniciado el periodo de votaciones. El objetivo de estos proyectos, asegura, es configurar una ciudad con “distintas centralidades” que atienda del mismo modo al centro que a los “distritos exteriores abandonados de la inversión y de la preocupación de las administraciones”.

La Plaza de La Remonta, cerca de Plaza de Castilla (distrito Tetuán), es la más grande de todas las que van a reformarse y también la que ha reunido más propuestas de remodelación (22). Con 11.000 metros cuadrados, es la mayor plaza porticada de Madrid y su estado está lejos de ser el óptimo. El pavimiento está en muy mal estado y los dos proyectos seleccionados, de los que quedará uno, tendrán que arreglar este problema y “replantear sus condiciones ambientales y su funcionalidad” porque apenas tiene ahora árboles ni sombras.

Los 11 son lugares, reconocen fuentes del Consistorio, que “necesitan mejoras”: hay plazas como la de La Vaguada, en Fuencarral-El Pardo, con un estanque sin agua y un teatro cerrado; o la de Emperatriz (Carabanchel Alto), para la que se están buscando alternativas para la gran carga de tráfico que soporta, procedente de la Avenida de los Poblados.

No todos los espacios incluidos en la consulta son plazas actualmente. Cinco de las 11 no existen ahora como tal. La zona que se ubica junto a la Glorieta de Mar de Cristal (Hortaleza), por ejemplo, es un descampado donde aparcan coches y que está infrautilizado.

Lo mismo ocurre en Puerto de Canfranc, en Puente de Vallecas, con una parcela vacía calificada como zona verde a la que no se da ningún uso. Y a la espalda del Parque del Capricho (en el distrito de Barajas) se localiza otro terreno al que no se puede acceder porque está franqueado por un muro, que se derribará. Allí, si los vecinos así lo deciden, habrá una plaza: la Plaza de la Duquesa de Osuna.

Las obras no empezarán hasta 2019

Es posible que no todas las plazas terminen remodelándose porque la primera pregunta que responden los participantes es si quieren que esas obras se lleven a cabo. Se seguirá adelante con el proceso siempre que hayan más síes que noes. En esos casos, la idea ganadora tendrá que presentar un proyecto de ejecución y posteriormente el Ayuntamiento licitará las obras. Los trámites administrativos, admiten fuentes del Consistorio, harán que las obras –que no cuentan a priori con plazos de ejecución– no se inicien hasta 2019.

Tampoco hay un presupuesto cerrado de momento, dice el Ayuntamiento. Lo que sí se sabe es que todos estos trabajos están dentro Plan MAD-RE (Madrid Recupera) para la regeneración urbana, un programa que se inició en 2016 con 24 millones de inversión y que está dotado para este año con 50.

Los 22 proyectos preseleccionados para las 11 plazas priorizan las zonas verdes y peatonales y pretenden hacer de esos espacios lugares de identidad, encuentro y referencia para los barrios, según el Ayuntamiento. En la web habilitada, además, se propone un foro de debate donde los participantes pueden dejar comentarios sobre cuáles son los problemas que afectan a la plaza, por ejemplo.

En la consulta pueden votar todos las personas empadronadas en Madrid y mayores de 16 años. Todos los participantes que cumplan estos requisitos pueden dar su opinión en una o en las 11 plazas, independientemente del distrito en el que residan. Hay dos canales de votación: por internet o in situ en cada plaza el sábado y el domingo, donde se pondrán urnas. En esta ocasión, los días de voto presencial se han concentrado solo en dos y en lugares concretos, algo distinto a la experiencia piloto con Plaza de España, que desplegó 130 urnas por muchas zonas de la ciudad durante una semana de “gran consulta ciudadana” en las que se podían votar varias cuestiones (las obras de Gran Vía, el billete único, Madrid 100% sostenible y seis consultas para diferentes distritos).

Aprieto para el Ayuntamiento de Barcelona por los resultados de la consulta organizada por los vecinos sobre una de las grandes apuestas urbanas de Colau. A la pregunta “¿quiere el actual proyecto de supermanzana del Poblenou?”, la respuesta ha sido contundente: el 87,2% de los participantes en la consulta rechazan el proyecto del Consistorio. El 12,5% votó a favor y el 0,2% lo hizo en blanco. En la consulta han participado 1.739 vecinos.

Con esos datos en la mano, el portavoz de la Plataforma de Vecinos, Jordi Campins, concluye: “Este invento no nos gusta nada”. A tenor de los resultados de la consulta, Campins ha pedido a los grupos y en especial al Gobierno de Ada Colau que dé marcha atrás en el proyecto, que califica de “imposición”.

La Plataforma de Afectados por la Supermanzana, entidad opositora a la iniciativa, había organizado esta consulta en los domingos consecutivos del 14, 21 y 28 de mayo. Se habían dispuesto tres urnas, una para conocer la opinión de los habitantes del perímetro de la supermanzana, la de los comerciantes de la zona y una tercera urna para los residentes. Los vecinos habían recogido más de 4.000 firmas y han protagonizado hasta dos manifestaciones en contra del proyecto.

Los resultados de la consulta suponen un nuevo varapalo a la apuesta del Gobierno municipal de Barcelona en Comú por la peatonalización de este tramo del Poblenou, en funcionamiento desde setiembre de 2016. La previsión de los responsables municipales es que la propuesta de eliminación del tráfico de coches se extienda a cuatro zonas más de la ciudad, paso imprescindible para pacificar la ciudad.

Pero los vecinos critican los perjuicios que supone respecto al aparcamiento, el acceso a los autobuses (se han desplazado al perímetro de la supermanzana) o la garantía del buen funcionamiento de los equipos de emergencia. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) denunció también la “falta de planificación” de la intervención, al tiempo que pedía “más consenso vecinal” en las nuevas reformas del espacio.

Las reacciones de la oposición ante los resultados de la consulta organizada por los vecinos han sido inminentes. El portavoz del Grupo Demócrata (antigua Convergencia), Joaquim Forn, ha propuesto la convocatoria de un pleno extraordinario en el distrito de Sant Martí para que se redefina el proyecto. “¿Qué más tiene que pasar para que rectifiquen?”, se ha preguntado el edil.

También el portavoz del grupo municipal de ERC, Alfred Bosch, ha recordado al Gobierno “la obligación de escuchar” ya que “los resultados hablan por sí mismos”. Por su parte, el concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Koldo Blanco, ha pedido al gobierno municipal que “desmantele inmediatamente el desafortunado experimento de la supermanzana del Poblenou”.

Preguntado por esta cuestión, el Ayuntamiento no ha hecho valoración de los resultados de la consulta organizada por la Plataforma de vecinos contrarios al proyecto de la supermanzana. Fuentes muncipales se han limitado a señalar a este medio que “reiteran la apuesta municipal para seguir trabajando para mejorar cada dia la supermanzana. La consulta organizada por los vecinos dobla la participación de la consulta oficial organizada por el Ayuntamiento sobre la Diagonal realizada en 2010 y que alcanzó una participación del 12%.

FE DE ERRATAS: En una primera versión de esta noticia, se indicaba que “según el censo electoral de 2015, la participación ha sido del 26%”. Sin embargo, esta es la cifra proporcionada por la entidad organizadora, que se corresponde a una estimación que ha hecho la propia Plataforma.

La Junta de Castilla-La Mancha ha abierto un procedimiento de consulta participativa ciudadana, como trámite previo al inicio del procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, según consta en una Resolución de la Vicepresidencia regional publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La consulta se prolongará hasta la primera quincena de mayo y será la Dirección General de Coordinación y Planificación, que está a cargo de Alejandro Alonso, quien se ocupe de su puesta en marcha. Al finalizar el proceso se celebrará una jornada sobre la reforma estatutaria, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que se abrirá un debate sobre las aportaciones recibidas.

El Gobierno Regional quiere conocer así “los intereses que están latentes en la sociedad castellano-manchega, y profundizar en el modelo del Estado democrático”. Por este motivo, considera “necesario” establecer un diálogo con los ciudadanos mediante un procedimiento participativo que, sostiene la Junta, “es imprescindible para conseguir el acierto y eficacia de la acción política institucional”.

Se recabará la opinión del movimiento asociativo y de la ciudadanía en lo que tiene que ver con la justificación de las necesidades que pretenden solucionarse, sobre el objeto, finalidad y contenido de la reforma estatutaria, sobre la necesidad y oportunidad de su aprobación y sobre las posibles soluciones alternativas.

En la Resolución se recuerda que el tiempo transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por Ley Orgánica 9/82, de 10 de agosto, “hacen aconsejable la redacción de un nuevo texto, para dar adecuada respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos, profundizar en su protección, aumentar el marco competencial y establecer un sistema solidario de financiación”.

Un primer texto para antes del verano

Precisamente este lunes, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro ha continuado con la ronda de contactos de cara a la reforma estatutaria. En este caso, el encuentro se ha celebrado con el Partido Castellano.

Martínez Guijarro ha explicado que la reforma busca “el máximo consenso y la máxima participación” y confía en tener “un primer texto en el que se incluyan estas aportaciones antes del verano” y poder remitir el documento definitivo “antes de finalizar el año” al Congreso de los Diputados.

Las propuestas del Partido Castellano

El presidente nacional del Partido Castellano (PCAS), Pedro Manuel Soriano, ha explicado, según recoge Europa Press que ha trasladado al vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, una serie de solicitudes que esta formación política considera que deben incluirse en el nuevo Estatuto regional y que pasan por medidas contra la despoblación o “colaboración institucional entre las comunidades autónomas castellanas”.

Soriano cree que el agua también es una cuestión que debe “aparecer reflejada”, al igual que la Ley Electoral sobre lo que, a preguntas de los medios, Soriano ha señalado que hay que apostar por “comarcalizar --que los diputados se elijan en las comarcas-- o bien la circunscripción única”, y “en ningún caso” mantener la actual.

De su lado, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha puesto de manifiesto que “habrá que introducir una regulación específica en materia hidráulica y ambiental, que en el caso del río Tajo las dos confluyen, porque el problema es ambiental e hidráulico”. Sin embargo, ha explicado que en este encuentro “no se ha profundizado en esta cuestión”.

Por último, ha concluido explicando que se trata de la última ronda de contactos que el Ejecutivo ha estado llevando a cabo con las formaciones políticas, sin embargo, ha dicho el vicepresidente esto “no quiere decir que no pueda haber nuevas rondas o aportaciones”.

“Vinculante”. Así ha descrito el equipo de Gobierno de Ahora Madrid la consulta ciudadana de Madrid, celebrada del 13 al 19 de febrero, desde que la anunció. Los resultados se conocieron el pasado lunes, desde entonces, se ha abierto una incógnita, ¿cuándo ejecutará el Ayuntamiento de Madrid las decisiones de los miles de madrileños que participaron en la consulta?

El ejecutivo de Manuela Carmena tiene un dictamen desde que se conocieron los resultados de los más de 212.000 empadronados en Madrid mayores de 16 años que votaron en la consulta. Los madrileños han decidido, entre otras cosas, que las aceras de Gran Vía sean más anchas o cómo quieren que sea la futura Plaza de España. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno municipal.

Los plazos para Gran Vía

De las 83.100 personas que respondieron a las cuatro cuestiones sobre la remodelación de Gran Vía, un 85,49% respalda darle prioridad al peatón a través de la ampliación de aceras frente al 13,79% que votó en contra. La mayoría de los votantes también quieren que se mejoren las plazas aledañas (88,25% de votos a favor), que se incremente el número de pasos de peatones (66,74%) y que se dé prioridad al transporte público frente al vehículo privado con el 92,23% de respaldo.

Ahora se inician una serie de procesos por los cuales el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto que la nueva Gran Vía esté finalizada al término de 2018 (siempre teniendo en cuenta que son plazos provisionales, precisan desde el Ayuntamiento de Madrid).

El proyecto se terminará de redactar a finales del mes de abril. Se conocen algunas claves de cómo será la futura Gran Vía desde que el pasado mes de enero, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, las presentaran en rueda de prensa: la futura Gran Vía pasará a ser Área de Prioridad Residencial (APR) y solo podrán circular residentes y transporte público, no habrá diferencias de altura entre aceras sino que será una plataforma única y las aceras serán más anchas para priorizar al peatón.

En el mes de mayo se comenzará la tramitación del proyecto que, con un plazo de seis meses estará adjudicado en torno al mes de octubre o noviembre de 2017, explican fuentes municipales. Como el proyecto tiene un plazo aproximado de ejecución de 14 meses, la obra estaría finalizada a finales de 2018, ha anunciado el edil.

La nueva Plaza de España

El Gobierno de Manuela Carmena también tiene fecha para la nueva Plaza de España, después de que el proyecto ganador en la gran consulta ciudadana haya sido Good Bye Mr. Ford con el 52,19% de los apoyos: será durante el primer semestre de 2019. Hasta llegar a esta fecha -siempre provisional- hay una serie de pasos que deben producirse.

A finales de este mes de marzo se formalizará el contrato con el equipo ganador. Transcurrido este tiempo, durante los siguientes tres y cuatro meses, el equipo ganador debe redactar el proyecto de ejecución. Por lo tanto, se comenzará a tramitar la adjudicación del proyecto a finales del mes de julio. Llegados a este punto, el plazo de tramitación es de seis meses y la obra “se podría adjudicar a finales de 2017 o principios de 2018”, según las previsiones del área de Desarrollo Sostenible.

Las obras tienen un plazo de ejecución estimado de entre 16 y 18 meses, por lo que el consistorio estima que estarán finalizada “entre abril y mayo de 2019”. La fecha puede coincidir con las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Para conocer los resultados de la “gran consulta ciudadana” de Madrid, celebrada durante la semana del 13 al 19 de febrero, todavía habrá que esperar al menos hasta el lunes. El Ayuntamiento de Madrid se encuentra desbordado con el escrutinio de los votos, que continúa en Matadero. Desde el consistorio reconocen que las previsiones sobre el recuento han fallado, después de que se haya tenido que retrasar el anuncio de los resultados que estaba previsto para el pasado martes.

Los madrileños que han votado por correo postal, presencialmente en algunas de las urnas habilitadas alrededor de la capital o telemáticamente a través de la web Decide Madrid han decidido cuestiones sobre la futura Gran Vía, cómo será finalmente la nueva Plaza de España o si quieren un billete de transporte único y un Madrid 100% Sostenible. El único dato que se conoce es que 130.000 personas depositaron su voto por correo postal antes de que comenzara oficialmente la semana de votación. Unos votos a los que habrá que sumar los depositados en las urnas y los online; eliminando de la suma las duplicidades. 

El escrutinio de este proceso participativo comenzó este lunes a las 10 de la mañana. Desde entonces, centenares de voluntarios siguen ayudando con el recuento e implicados con este proceso. La participación ciudadana es uno de los cambios que Ahora Madrid quiere consolidar en la capital y por eso la consulta ciudadana de febrero no es el único proceso participativo que se ha producido durante estos casi dos años de legislatura. Tampoco será el último.

El gran salto en el ideario colectivo se ha producido con la consulta de febrero cuando miles de madrileños se han sumado a decidir cuestiones que afectan a su día a día o a aspectos de la futura ciudad. Tras haberse superado todas las previsiones de participación, el Ayuntamiento cree que los propcesos participativos abiertos en estos momentos en la capital tendrán una gran acogida.

Los Foros locales

Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos aprobaron el pasado mes de diciembre el reglamento para el funcionamiento de los Foros Locales. Este proceso de participación vecinal se ha configurado para que los ciudadanos definan propuestas que los concejales están “obligados” a remitir a la administración pública.

Los concejales de distrito son los presidentes de estos foros, lo que permite “rendir cuentas” a la sociedad, según explica a eldiario.es el concejal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui. El pasado fin de semana se constituyeron siete foros locales: Puente de Vallecas, Usera, Arganzuela, Villa de Vallecas, Salamanca, Ciudad Lineal y Chamartín. A lo largo de esta semana, dos más -Tetuán y Carabanchel-. Entre viernes y sábado formarán el resto de los 21 distritos que quedan: Latina, Centro, Moratalaz, Vicálvaro, San Blas-Canillejas, Retiro, Fuencarral y Hortaleza.

Hay cerca de 1000 personas inscritas y más de 150 asociaciones, lo que hace una media de 150 personas por cada foro. Las propuestas que se salgan adelante en los foros serán elevadas al pleno del distrito por el concejal donde decidirán si se aprueba o no. 

“Nos ha sorprendido la gran acogida que ha tenido la puesta en marcha de los foros”, explica el Mirgui. El edil recuerda que algunas entidades vecinales han hecho una “gran labor” donde la Administración “no llegaba” y ahora es el momento de que puedan colaborar “con determinadas actuaciones” en los programas municipales. “Una propuesta que llegue a través de los foros locales no puede ser ignorada en ningún caso”, asegura Murgui. “Se trata de un modelo muy abierto y permeable a los vecinos”. 

Presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Madrid ha destinado este año 100 millones de euros para los presupuestos participativos que se ejecutarán en el ejercicio 2018. En 2016, también los madrileños pudieron decidir en qué se emplearían 60 millones del presupuesto, cuyas propuestas se deben ejecutar este año.

De los 100 millones, un 66% más que en el año anterior, 70 millones de euros se destinan a proyectos localizados en los distritos, y 30 millones a proyectos para toda la ciudad de Madrid. La cifra es fija, el conjunto de las inversiones que se propongan no podrán sobrepasar ese tope. El Consistorio se ha mostrado tajante en este punto.

Para participar hay que estar empadronado en Madrid y en caso el caso del momento de la votación ser además mayor de 16 años. Hay dos vías: a través de la web Decide Madrid o presencialmente, en las Juntas de Distrito y las Oficinas de Atención al Ciudadano. La presentación de los proyectos está abierta hasta el 6 de marzo. El apoyo a los proyectos se hará del 11 marzo al 25 de marzo. La evaluación de los proyectos se producirá del 26 de marzo hasta el 14 de mayo y la votación final a través de una consulta ciudadana será del 15 de mayo al 30 de junio. 

A la hora de presentar una propuesta, la web pide un título, una explicación detallada, que se especifique si afecta a toda la ciudad o a un distrito y ofrece la posibilidad de adjuntar documentación. También puede aclararse si está respaldada por una asociación.

Hay una serie de requisitos para presentar las propuestas. Tienen que ser una inversión, es decir, no pueden proponerse subvenciones o becas, ni tampoco variaciones en el gasto de personal. El gasto del proyecto no puede extenderse más allá de los dos años y debe corresponder a competencias municipales, o no superará la evaluación de los técnicos del Ayuntamiento.

Propuestas ciudadanas

En esta semana de la participación ciudadana, los empadronados en Madrid mayores de 16 años han podido votar dos cuestiones propuestas directamente por la ciudadanía. 'Madrid 100% sostenible' y el 'Billete de transporte único' fueron dos iniciativas ciudadanas planteadas a través del portal Decide Madrid. Estas propuestas consiguieron el 1% de apoyos, es decir 27.064 votos telemáticos. Una vez pasada esta barrera, la propuesta se vota a través de una consulta, como ha ocurrido con las dos propuestas anteriormente mencionadas. 

Este es un proceso por el cual cualquier ciudadano puede plantear una iniciativa para Madrid. Actualmente hay alrededor de 7.900 propuestas ciudadanas. Cuando una de ellas consiga el apoyo del 1%, unos tres meses después pasará a ser consultada. Cualquier persona empadronada en Madrid puede hacer su propuesta a través de la web. El Ayuntamiento de Madrid se reserva la admisión de las propuestas en base a tres requisitos: que se competencia municipal, que no suponga un coste inasumible en los presupuestos o que sea ilegal. 

Nueva ordenanza de Movilidad Sostenible

La nueva ordenanza de Movilidad Sostenbile también está siendo sometida la participación ciudadana. La consulta incluye siete preguntas: acerca de potenciar más el transporte público colectivo sobre privado; sobre si es adecuado mantener vigente el texto actual; acerca de la seguridad vial; sobre los aparcamientos municipales, la promoción de vehículos poco contaminantes y la instalación de puntos de recarga de energías limpias o por dónde deberían circular patinetes y patinetes eléctricos.

Se puede votar a través de esta web hasta el 15 de marzo. 

La consulta ciudadana del 13 al 19 de febrero tiene desbordado al Ayuntamiento de Madrid. Cuando la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, y el responsable de Participación Ciudadana, Miguel Arana, la presentaron en rueda de prensa, fijaron como fecha para dar a conocer los resultados el 21 de febrero, es decir, hoy.

Al contrario de esta previsión, el consistorio continúa este martes con el escrutinio de votos y ha enviado un email a los inscritos en Decide Madrid, solicitando voluntarios para seguir contando y comprobando que los votos no están por duplicado. Este lunes más de 90 voluntarios y colaboradores ayudaron a este propósito. El escrutinio sigue hoy hasta las diez de la noche con más de 100 personas colaborando y se prevé que continúe este miércoles.

“Desde ayer lunes a las 10 de la mañana más de 100 personas están contando los votos que miles y miles de personas como tú han depositado en las urnas o emitido por correo en la primera votación ciudadana. Aunque aún no hay cifras definitivas, sabemos que decenas de miles, quizás centenares de miles de papeletas, necesitan ser escrutadas una a una”,, ha solicitado Decide Madrid vía email.

“Por eso necesitamos tu ayuda. Miles de manos y ojos para contar todos esos votos y hacer de este escrutinio histórico un proceso ejemplar. Hoy en Nave de Terneras, Matadero, en paseo de la Chopera 14, desde las 9:00 de la mañana a las 22:00 de la noche. Y a partir de mañana en La Cineteca de Matadero, los días que hagan falta hasta que el último voto esté contado. ¡Te esperamos!”, continúa.

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este lunes el escrutinio de la consulta ciudadana sobre el futuro de Gran Vía y Plaza de España, las propuestas ciudadanas 'Billete único para el transporte público' y 'Madrid 100% sostenible' y las preguntas en seis distritos de la capital. 

Cerca de 90 voluntarios y colaboradores concentrados en la Nave de Terneras de Matadero, tras recibir indicaciones por parte del personal del Ayuntamiento, han empezado a contar los votos depositados en las urnas que se han repartido a lo largo de la pasada semana en Juntas Municipales de Distrito, centros municipales y en mesas de votación ubicadas en todos los distritos de Madrid.

El escrutinio principal se está realizando desde las 10 horas en las Naves de Ternera de Matadero de Madrid después de que desde el lunes hasta el domingo se hayan desplegado mesas de votación en distintos puntos de la ciudad para conocer la opinión de los madrileños respecto a las propuestas planteadas, voto que también se podía realizar mediante la web Decide Madrid y a través de voto por correo. 

Arranca el escrutinio de los votos emitidos para la 'gran consulta ciudadana' impulsada por el AyuntamientoUnos 75 voluntarios se han personado en estas dependencias para iniciar el recuento y hasta el lugar se ha desplazado el delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, que ha tildado de proceso “histórico” esta consulta ciudadana. 

Soto ha explicado que más de 1.000 voluntarios están gestionando el proceso de votación presencial desde las mesas habilitadas y de momento el único dato de participación provisional que se conoce es el del voto por correo, con más de 130.000 sufragios emitidos, según las primeras estimaciones proporcionada por Correos. 

Todos y todas hemos paseado alguna vez por esa Gran Vía que hoy suscita tanto debate y estoy seguro de que todos y todas hemos tratado de huir por las calles más cercanas, tratando así de realizar una sutil finta a la realidad que actualmente nos ofrece esta arteria madrileña. Y es curioso porque -estarán de acuerdo conmigo- las lógicas que se producen en el 80% del espacio de la Gran Vía, es decir el destinado a los coches, las reproducimos los peatones en las aceras mediante la creación de carriles de subida y de bajada como si fuéramos bípedos motorizados no contaminantes.

Resulta también curioso pararse a pensar si dentro de este combate cuerpo a cuerpo ustedes están disfrutando de las edificaciones emblemáticas que les rodean (y que suelen recomendar encarecidamente a todos los turistas que nos visitan) o si, por el contrario, simplemente se aferran al intento de no chocar mientras trata de alcanzar el paso de peatones más cercano o esquivan puestos de venta formales e informales. Las lógicas del vehículo privado se siguen reproduciendo en las aceras: esquivar para seguir adelante.

Y si ustedes se ponen en el ángulo contrario, en la posición del conductor… ¿usualmente utilizan la Gran Vía para tratar de atravesar la ciudad? ¿No han sentido la necesidad de esquivar a toda costa esta alternativa en la medida de lo posible? O cuándo van a comprar al centro, ¿prefieren hacerlo en coche?

Tanto si las respuestas son afirmativas como si son rotundas negaciones, les sugiero que lean este artículo hasta el final para ver si coinciden conmigo en que debemos cambiar el modo en que entendemos el uso de la ciudad. Después, puede seguir admirando la Gran Vía desde el coche si lo prefiere.

Estamos en la semana del proceso de participación ciudadana sobre la mejora peatonal (no tanto peatonalización) de esta arteria de la ciudad, creada a principios del siglo XX con la intención de descargar la afluencia de población hacia la cercana Puerta del Sol, entre otras medidas. El debate se centra, básicamente, en las repercusiones que tendrá sobre la presencia de los vehículos privados, pero, en cambio, olvidamos el elemento esencial en esta ecuación: la gente. Y es por ello que, tomando como elegante ejemplo aquella máxima del urbanista Jan Gehl, making cities for people, mediante la cual se define un modo muy específico de hacer ciudad, se nos olvida que la ciudad debiera ser pensada con y para las personas. Con los ciudadanos, ensalzando su participación en la toma de decisiones para hacer de la ciudad, como diría Henry Lefebvre, una obra de la que se sientan orgullosos sus autores.

Si bien el resultado de la anterior consulta ciudadana en los presupuestos participativos fue baja; se ha de reconocer que la participación como cualquier otro proceso, conlleva un aprendizaje por parte de los individuos consultados y en esto, siguiendo el símil automovilístico, también estamos en periodo de rodaje. Pero lo que sí es un elemento clave es la voluntad por parte del Gobierno Local de querer escuchar las demandas y abrir la gestión de la ciudad en operaciones realmente importantes al conjunto de la ciudadanía.

Además de involucrar a los madrileños en la gestión de la ciudad, se ha de tener en cuenta la necesidad de hacer la ciudad para los madrileños. Es indudable que la Gran Vía es un orgullo castizo, uno de esos elementos representativos de Madrid que sirven tanto para identificarla, como para poder distinguirla del resto de ciudades, en la etapa actual donde los procesos de globalización pintan de un tono gris el espectro urbano mundial, categorizándolo y estableciendo todo tipo de rankings sobre la ciudad: la más segura, la más vivible, la más sostenible, etc.. Desatendiendo, así, lo que Jordi Borja, entre otros, denominó el “Urbanismo Ciudadano”: un modo de hacer la ciudad que tenga en cuenta elementos identitarios, bajo la premisa de la mejora del entorno urbano y de aquellos elementos emblemáticos que en ella se encuentran. Propiciando el aumento del sentimiento de pertenencia a un espacio con unas potencialidades enormes.

Es evidente que existe una importante componente política en el rechazo que supone la mejora peatonal de la Gran Vía,pero, más allá de esto, existen discursos que defienden poco menos que la imposibilidad de cambios en diferentes áreas de la ciudad por los trastornos que ocasionarían a la vida en el municipio madrileño. Más especialmente en las que componen el centro de la ciudad, como si de un Armagedón urbano se tratara, se da a entender que el cambio en la Gran Vía supondrá un cataclismo de tremendas dimensiones que hará colapsar la vida urbana en el centro de Madrid.

Nos han bombardeado con las repercusiones negativas que supondría el ensanchamiento de las aceras de la arteria madrileña: pérdidas para el comercio, incomodidad para los vecinos residentes, falta de acceso para los visitantes del centro de la ciudad, etc. En primer lugar, hace cincuenta años se remodeló la calle Preciados (1969) para evitar el paso a los vehículos y más recientemente, en la última década, se han llevado a cabo procesos de peatonalización de áreas centrales de la ciudad como las calles del Arenal en el año 2006 y, tres años después se cerraba el triángulo comercial entre las plazas de la Puerta del Sol, la Red de San Luís y la de Callao. Incluyendo también la remodelación de buena parte de la calle Fuencarral en la zona más próxima a la propia Gran Vía, con las consecuentes influencias sobre el tráfico de las áreas circundantes.

En todos estos procesos de graníticas intervenciones y resultado inconexo para la vida urbana llevados a cabo en tiempos pretéritos (plazas esteparias, instalación de bancos unipersonales o vallas a modo de alambradas en fuentes públicas que imposibilitan la estancia en los espacios públicos, etc.), siempre existieron voces discordantes que denunciaban verse afectados por la repercusión en las ventas de sus negocios o la escasa incidencia en la resolución de problemas como la prostitución en estas áreas centrales de Madrid. Las quejas a las intervenciones en la ciudad, no son nuevas ni exclusivas del gobierno actual, sino que son propias de este tipo de intervenciones que hacen tambalearse la tranquilidad urbana del centro de la ciudad.

Hay que recordar que tenemos uno de los mejores servicios de transporte público a nivel mundial, hecho que favorece indudablemente la conexión del centro con otras áreas urbanas de la ciudad. Unido a la municipalización del servicio de bicicletas públicas y empresas de alquileres de vehículos eléctricos, podría servir para hacer más sostenible la movilidad urbana. El efecto que ha tenido sobre el comercio en las zonas peatonalizadas completamente creo que es evidente y el ejemplo de la calle Preciados serviría para ilustrarlo, por no hablar de la revalorización de las zonas que se han visto modificadas por este tipo de intervenciones.

Pero, obviamente, este tipo de actuaciones van acompañadas de serios riesgos que se han de tener en cuenta si se quiere una ciudad para los ciudadanos. Como he señalado con anterioridad, creo necesario entender que esta mejora en la peatonalización de la Gran Vía debe enfocarse desde la premisa de tomar al ciudadano como elemento clave sobre el que gire el debate, dejando entrever que el hecho de quitarle los privilegios al vehículo privado no debe ser a costa de cedérselo a otros elementos que tienen cabida en el espacio público y que dificultan la finalidad última que aquí se defiende - y que recogen Brenner, Marcuse y Mayer en Cities for people, not for profit.- la puesta en el centro de las necesidades de las personas.

Al igual que poco a poco se ha ido diluyendo la idea del Broadway madrileño merced a la implantación de grandes tiendas de marcas multinacionales en antiguos teatros y cines, que terminan por despersonalizar el espacio público de la Gran Vía. Sería un error que la ampliación de las aceras se convirtieran en escenarios propicios para la aparición de espacios públicos privatizados como son las terrazas de los locales de hostelería, espacios destinados a localizaciones de espacios de empresas privadas, etc.; que terminan por establecer que se puede tener más espacio público, pero de mala calidad, con el eterno problema de los diversos tipos de contaminación del aire o acústica. Se trata en definitiva de dotar a la Gran Vía de elementos que permitan a los individuos permanecer y no únicamente transitar.

Es por ello que defiendo que si la monumentalidad de la Gran Vía se percibe mejor desde el interior de un coche detenido en un semáforo que desde el propio espacio público, seguiremos viviendo un Gran Vía madrileña a pesar de la gente en lugar de disfrutar un espacio para la gente.

El Ayuntamiento de Madrid ya tiene los primeros datos de participación de la consulta ciudadana de febrero en la que se votan propuestas ciudadanas, los proyectos finalistas de Plaza España, cuatro cuestiones sobre la reforma de Gran Vía y otras preguntas por distritos. 68.200 madrileños ya han ejercido su derecho a voto, a través del correo postal gracias a las papeletas que han llegado a los buzones. Este mecanismo de voto no incluye todas las preguntas y se podrá ejercer hasta el 12 de febrero.

“Ya son muchos más [participantes] que el proceso de presupuestos participativos del año pasado”, ha expuesto Miguel Arana, responsable de participación del área de Transparencia y Participación del Ayuntamiento de Madrid. Para votar en urna o telemáticamente habrá que esperar a la semana del 13 al 19 de febrero, pero desde el consistorio celebran que antes de abrir este proceso ya haya 68.200 madrileños que hayan depositado su voto, que esperan que crezca exponencialmente cuando se abra el voto telemático. 

Más de 1.100 personas se han presentado ya como voluntarios para estar en las mesas electorales en esta campaña, cuyo lema es 'Vota sí, vota no. Haz historia. Decide Madrid'. Las mesas estarán disponibles de nueve de la mañana a siete de la tarde. El 21 de febrero se conocerán los resultados de esta consulta, según ha precisado Arana. 

Esta consulta mezcla una serie de cuestiones “para ahorrar costes”, con propuestas impulsadas tanto por los propios ciudadanos, como por el Gobierno de Ahora Madrid. Por un lado, los madrileños decidirán por dos propuestas ciudadanas que han conseguido el 1% de apoyos a través del portal Decide Madrid. Una propuesta pasa a ser consultada en el momento que recibe 27.064 apoyos telemáticos. En este momento, han pasado el filtro dos: el bono único de transporte y un Madrid 100% sostenible, con catorce medidas para hacer la ciudad más sostenible. 

A estas propuestas se le suman otras que impulsa el propio Ayuntamiento. Los madrileños van a decidir también en esta consulta los dos proyectos finalistas para la remodelación de Plaza España y las cuatro cuestiones sobre Gran Vía. Además, hay otras preguntas propuestas desde las juntas de distrito, en la que solo pueden votar los residentes del distrito.