El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

Los apoyos políticos, sociales y legales al macrovertedero de Zarra van cayendo según pasan las semanas y hacen cada vez más inviable su construcción. Además, la contestación ciudadana es cada vez mayor, como quedó patente en la última concentración de la plataforma opositora al proyecto, que reunió a cientos de personas en el municipio del Valle de Ayora.

El exalcalde Juan José Rubio —del partido local AEPZ— impulsó la obra junto a la empresa privada Treco Gestión de Residuos en 2017, pero la actual corporación, liderada por el socialista Raúl Martínez, rechaza su construcción y deja el proyecto herido de muerte. Juan José Rubio argumentó en su día, según el acta del Ayuntamiento a la que ha tenido acceso elDiario.es, que los terrenos sobre los que se construiría la planta de residuos estaban “echados a perder” y que podría “reportar beneficios importantes al municipio”. “Se prevé la creación de unos treinta puestos de trabajo. Salvo el personal técnico, se va a procurar que se contrate a personal de Zarra. Se prevé la revisión del Convenio cada cinco años”, refleja el acta del pleno que aprobó el convenio.

El actual alcalde explica que, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de julio de 2026, el equipo de gobierno fijó claramente su posición respecto al proyecto: “Zarra rechaza la implantación del vertedero en los términos planteados, un posicionamiento que ya ha sido trasladado por los cauces institucionales correspondientes”, en referencia a la Conselleria de Medio Ambiente, que es la que está elaborando el informe de impacto ambiental. Fuentes de la conselleria explicaron a este periódico que, con la oposición del consistorio, era muy difícil que prosperara el proyecto. De hecho, el PP de la Comunitat Valenciana, que sostiene al Gobierno de Pérez Llorca, se pronunció esta misma semana contra el macrovertedero.

Raúl Martínez recuerda que el actual concejal Juan Carlos Escudero formaba parte de aquel ejecutivo local en 2017, como representante de AEPZ (Agrupación de Electores por Zarra), formación que actualmente corresponde a JPZ (Juntos por Zarra), de la que hoy es portavoz en la oposición. “Cabe destacar que en 2017 ninguno de los miembros del equipo de gobierno que hoy gestiona el municipio formaba parte de aquella corporación municipal que rubricó la aprobación de dicho convenio. Por tanto, mientras el gobierno municipal se ha encontrado con un procedimiento iniciado años atrás, quien hoy ejerce la oposición sí estuvo presente en la decisión que dio origen al expediente”, denuncia el alcalde.

Para el socialista Raúl Martínez, resulta “llamativo” que quien en 2017 participó en la aprobación de un convenio favorable a la instalación de este vertedero “pretenda ahora trasladar la responsabilidad al gobierno municipal, cuando los hechos demuestran que esta corporación ha tenido que afrontar un procedimiento iniciado con anterioridad y ha actuado defendiendo los intereses de Zarra, rechazando el proyecto en los términos planteados”. “El equipo de gobierno ha asumido la responsabilidad de gestionar esta situación heredada, actuando desde el primer momento con transparencia y trasladando su oposición al proyecto al considerar que no responde al modelo de municipio que se quiere construir para Zarra”, añade.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes conocedoras del procedimiento, si el Ayuntamiento de Zarra no concede una nueva licencia de obras, porque la actual no estaría en vigor, la empresa no podría impulsar el macrovertedero. Esa licencia estaría desactualizada, según las mismas fuentes, y necesitaría ser refrendada una vez más por el pleno del Ayuntamiento de Zarra, que ahora está en contra del proyecto. Esto dejaría a la promotora sin una de las autorizaciones necesarias incluso en el improbable caso de que la Conselleria de Medio Ambiente aprobara la declaración de impacto ambiental.

Els suports polítics, socials i legals al macroabocador de Zarra van caient a mesura que passen les setmanes i fan cada vegada més inviable la seua construcció. A més, la contestació ciutadana és cada vegada més gran, com va quedar patent en l’última concentració de la plataforma opositora al projecte, que va reunir centenars de persones al municipi de la Vall d’Ayora.

L’exalcalde Juan José Rubio —del partit local AEPZ— va impulsar l’obra juntament amb l’empresa privada Treco Gestión de Residuos el 2017, però l’actual corporació, liderada pel socialista Raúl Martínez, rebutja la seua construcció i deixa el projecte ferit de mort. Juan José Rubio va argumentar en el seu dia, segons l’acta de l’Ajuntament a la qual ha tingut accés elDiario.es, que els terrenys sobre els quals es construiria la planta de residus estaven “llançats a perdre” i que podria reportar beneficis importants al municipi. “Es preveu la creació d’uns trenta llocs de treball. Tret del personal tècnic, es procurarà que es contracte personal de Zarra. Es preveu la revisió del conveni cada cinc anys”, reflecteix l’acta del ple que va aprovar el conveni.

L’actual alcalde explica que, en el ple extraordinari celebrat el passat 9 de juliol del 2026, l’equip de govern va fixar clarament la seua posició respecte del projecte: “Zarra rebutja la implantació de l’abocador en els termes plantejats, un posicionament que ja ha sigut traslladat pels canals institucionals corresponents”, en referència a la Conselleria de Medi Ambient, que és la que està elaborant l’informe d’impacte ambiental. Fonts de la Conselleria van explicar a aquest diari que, amb l’oposició del consistori, era molt difícil que prosperara el projecte. De fet, el PP de la Comunitat Valenciana, que sosté el Govern de Pérez Llorca, es va pronunciar aquesta mateixa setmana contra el macroabocador.

Raúl Martínez recorda que l’actual regidor Juan Carlos Escudero formava part d’aquell executiu local el 2017, com a representant d’AEPZ (Agrupació d’Electors per Zarra), formació que actualment correspon a JPZ (Junts per Zarra), de la qual hui és portaveu en l’oposició. “Cal destacar que el 2017 cap dels membres de l’equip de govern que hui gestiona el municipi formava part d’aquella corporació municipal que va rubricar l’aprovació d’aquest conveni. Per tant, mentre el govern municipal s’ha trobat amb un procediment iniciat anys arrere, qui hui exerceix l’oposició sí que va estar present en la decisió que va donar origen a l’expedient”, denuncia l’alcalde.

Per al socialista Raúl Martínez, resulta “cridaner” que qui el 2017 va participar en l’aprovació d’un conveni favorable a la instal·lació d’aquest abocador “pretenga ara traslladar la responsabilitat al govern municipal, quan els fets demostren que aquesta corporació ha hagut d’afrontar un procediment iniciat amb anterioritat i ha actuat defensant els interessos de Zarra, rebutjant el projecte en els termes plantejats”. “L’equip de govern ha assumit la responsabilitat de gestionar aquesta situació heretada, actuant des del primer moment amb transparència i traslladant la seua oposició al projecte en considerar que no respon al model de municipi que es vol construir per a Zarra”, afig.

Segons ha pogut saber elDiario.es de fonts coneixedores del procediment, si l’Ajuntament de Zarra no concedeix una nova llicència d’obres, perquè l’actual no estaria en vigor, l’empresa no podria impulsar el macroabocador. Aquesta llicència estaria desactualitzada, segons les mateixes fonts, i necessitaria ser referendada una vegada més pel ple de l’Ajuntament de Zarra, que ara està en contra del projecte. Això deixaria la promotora sense una de les autoritzacions necessàries fins i tot en l’improbable cas que la Conselleria de Medi Ambient aprove la declaració d’impacte ambiental.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha presentado una iniciativa para frenar de manera definitiva la implantación de un macrovertedero de residuos de amianto en el término municipal.

Esta semana la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado el anuncio por el que se inicia el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto.

El portavoz socialista, José González, ha anunciado que ya ha solicitado formalmente y por escrito al alcalde, Manuel Serrano, la convocatoria de la Junta de Portavoces con el objetivo de incluir en el orden del día del próximo Pleno Ordinario, fijado para el 27 de agosto, y con los informes técnicos pertinentes, el debate y votación de un acuerdo plenario de no conformidad respecto a la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de este proyecto.

La iniciativa empresarial se ha planteado en el paraje La Castra, y prevé la construcción de nueve vasos de almacenamiento de desechos de amianto procedentes de diversos puntos de la provincia de forma progresiva, con capacidad para cerca de 300.000 toneladas. “La operativa contemplada supondría el tránsito diario de seis camiones de cinco toneladas divididos en dos rutas de acceso al término municipal”, explican los socialistas.

El concejal José González considera que “existen sobradas razones y motivos de tipo social, económico y medioambiental para rechazar y no respaldar este tipo de proyectos que tan sólo aportan inseguridad, intranquilidad y la alteración de nuestro modo de vida y de nuestro medio ambiente”.

La iniciativa del Grupo Municipal Socialista se apoya en el nuevo marco normativo de Castilla-La Mancha, tras la reciente entrada en vigor de la Ley 5/2026, de 16 de julio, que ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental autonómica para reforzar la autonomía local, exigiendo de forma obligatoria un certificado de conformidad del Pleno de la Corporación para poder continuar con la tramitación de cualquier expediente de impacto ambiental.

El ayuntamiento tiene “capacidad de decisión definitiva”

El portavoz socialista ha destacado que este cambio legislativo otorga al Consistorio una “capacidad de decisión definitiva”.

“Esta facultad de adoptar un acuerdo de no conformidad en nombre de toda la ciudadanía no sólo permite manifestar el rechazo, sino que se convierte en un instrumento clave para que la voluntad del Ayuntamiento y de la ciudadanía sea el principal elemento para decidir qué tipo de desarrollo económico e industrial queremos para Albacete”, ha explicado González Martínez, añadiendo que si en el Pleno de agosto se alcanza ese acuerdo de no conformidad, “el procedimiento quedará finalizado”.

También ha apelado a la unidad de la Corporación para ofrecer “certidumbre a los vecinos y vecinas” y actuar con la misma determinación con la que ya se intervino en el pasado frente a otras iniciativas perjudiciales para el municipio. “Este es el camino que debe seguir el Ayuntamiento para aportar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, como ya hizo este Consistorio con el proyecto de la planta de biogás, que se paralizó por la unanimidad municipal y ante el que el Grupo Municipal Socialista presentó una moción de rechazo que fue aprobada”, ha comentado José González, refiriéndose a una iniciativa planteada en octubre de 2024 y que se frenó a tráves de la oposición del ayuntamiento albaceteño.

Para concluir, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha señalado que “confiamos en que Manuel Serrano pase de las palabras a los hechos, y más allá de un titular improvisado defienda los intereses de la ciudadanía”.

La portavoz del PP dice que “llegan tarde”

La portavoz del Grupo Popular, Rosa González de la Aleja, ha respondido asegurado que “el PSOE llega siempre tarde, mal y a veces nunca”, afirmando que “pasó con la planta de biogás y ahora con la de amianto”.

Se ha dirigido al concejal socialista para recordar que “en el día de ayer el alcalde anunció públicamente, ante los medios de comunicación, que el Ayuntamiento iba a plantear todas las acciones políticas, sociales, técnicas e institucionales necesarias para evitar su instalación, como la celebración de un Pleno”.

En este sentido, ha pedido al portavoz socialista que opte por “la unidad y el consenso en temas que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos”, como la planta de amianto, “en lugar de ir por su cuenta con la única intención de colgarse medallas políticas que no le corresponden y apropiarse de anuncios que no son suyos”.

González de la Aleja opina que “los socialistas quedaron retratados con el proyecto del biogás, al ocultar las gestiones e impulsarlo, y ahora pretenden redimir sus penas proponiendo cosas ya anunciadas y que están en marcha”.

“Nos resulta curioso que los socialistas del Ayuntamiento quieran darnos ahora lecciones cuando fueron ellos los que dejaron el proyecto de la planta de biogás en un estado avanzado para su instalación”, en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE. “Fue el Partido Popular, con Manuel Serrano al frente, quien lo paró en Romica”, ha recordado la edil.

En su opinión, el portavoz del PSOE “solo busca la notoriedad que ni su partido le da, ya que no preguntan por él ni en las encuestas”.

Hoy la edil insiste en que el PP rechazará el macrovertedero de amianto. “El equipo de Gobierno actuará con determinación, firmeza y contundencia, avalado por criterios urbanísticos y medioambientales, para impedir la instalación de esta planta de amianto en Albacete”, ha zanjado.

Continúa adelante la tramitación del proyecto para construir un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra de Albacete, impulsado por Soluciones Técnicas de Amianto, SL, con sede en el polígono industrial Campollano.

Este lunes, la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha publica el anuncio por el que se inicia el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto.

La empresa presentó el documento para lograr la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con fecha de 27 de febrero de 2026 y en él cambia algunos detalles del proyecto inicial que se conoció hace ahora un año. Por ejemplo, reduciendo capacidad: si de forma inicial contaba con 14 vasos de depósito de amianto y una capacidad para albergar 525.000 toneladas de residuos a lo largo de su vida útil, 25 años, ahora esos parámetros cambian.

El vertedero se ubicaría en una superficie superior a las 18 hectáreas y tendría 9 vasos de depósito de amianto. Su capacidad total llegaría a las 279.989 toneladas de residuos.

Los vasos serán también más pequeños pasando de poder albergar 75.000 m³ cada uno a 51.850 m³. El promotor justifica el cambio como una forma de garantizar un comportamiento ambiental más predecible y estable.

También alega que los vasos no se abrirán de una vez, sino de forma progresiva, según se vayan llenando y se taparán con “materiales inertes (tierras) que actuarán como barrera física adicional” y con “impermeabilización” para evitar la infiltración al terreno.

¿De dónde vendrán los residuos de amianto?

Entre las instalaciones, el vertedero tendrá una nave de 600 m2 que servirá para albergar las oficinas de la empresa, junto con aseos-vestuario y almacenamiento de maquinaria. También habrá una báscula para el pesaje de los vehículos que traerán los residuos de amianto y hasta una planta fotovoltaica para abastecerse de energía.

Aunque no se citan de forma específica los lugares de procedencia de los residuos peligrosos, sí se alude a que la intención es dar servicio a la provincia de Albacete y al resto de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

El proyecto inicial contemplaba la admisión de hasta cuatro tipos de residuos de amianto, incluyendo los procedentes del sector naval y ferroviario, del sector textil o de la automoción.

Ahora solo se admitirán residuos de amianto procedentes la construcción (calderas, hornos, paredes, techos, canalizaciones, etc.) o restos de fibrocemento (recubrimientos de tejados ondulados, tejas, pizarra, baldosas, azulejos...).

Autorización “excepcional” porque el plan urbanístico no lo permite

Para la implantación de este vertedero se ha elegido una parcela en suelo rústico de reserva, concretamente suelo no urbanizable común (SNUC) de uso agrícola, en concreto campos de cultivo de secano. Hay dos alternativas de ubicación propuestas, más o menos cercanas a núcleos de población y a otros elementos de interés ambiental o económico.

En todo caso, está muy cerca del canal del trasvase Tajo-Segura y su ubicación coincide con la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.

La planta se ubicaría a menos de siete kilómetros de La Gineta y en un radio de no más de 18 kilómetros estarían tanto Albacete capital, como Barrax, Los Olivos o La Roda.

La empresa promotora reconoce que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Albacete, solo permite los usos usos agrícolas, ganaderos, forestales y otros compatibles con la preservación del medio rural y que la implantación de infraestructuras de gestión de residuos peligrosos, como un vertedero de amianto, no se contempla como uso ordinario en este tipo de suelo.

Y sin embargo, confía en que este proyecto pueda ser una excepción “bajo ciertas condiciones” y poder así conseguir una autorización excepcional que requeriría, además, un informe preceptivo del Instituto Geológico y Minero de España que evalúe si cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, una distancia mínima de 2.000 metros de zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas.

De entrada, el proyecto cuenta con un informe de afección negativo por parte del Ayuntamiento de Albacete, alegando impactos en el entorno natural, la calidad de vida de los vecinos por el tráfico pesado y el riesgo de contaminación.

Para que pueda recibir el visto bueno deberá pasar también otros filtros: que no afecte a la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona, que las condiciones geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas de la zona no se vean alteradas, además de comprobar que no hay riesgo sísmico, de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el emplazamiento del vertedero o que se respeta la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

La empresa descarta riesgos sísmicos o de inundaciones aunque reconoce un riesgo “moderado” de incendios forestales.

Lo que sí se identifica como una debilidad crítica es el riesgo por exposición a fibras de los trabajadores, calificado como “de intensidad alta y potencialmente significativo”. O en sí mismo el riesgo “moderado” de emisión de fibras de amianto al medio ambiente.

También se reconocen “impactos potenciales” de infiltración de lixiviados al subsuelo y afección a acuíferos, si el sistema de impermeabilización “falla”.

Así justifica la empresa el proyecto

La empresa promotora dice apostar por un vertedero controlado argumentando que “el amianto es un residuo peligroso cuya gestión debe realizarse conforme a la normativa estatal y europea” y que su proyecto “busca establecer una instalación adecuada para su almacenamiento y eliminación, cumpliendo con los requisitos de seguridad y protección ambiental”.

Recuerda también que desde la prohibición del uso del amianto en 2002, en Castilla-La Mancha “se han desarrollado estrategias para su gestión segura” o que en Albacete operan varias empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

“La retirada progresiva de elementos de fibrocemento de cubiertas, bajantes y otros elementos constructivos que suponen una problemática requiere de empresas que ofrezcan servicios integrales para su retirada y gestión conforme a normativa vigente”, señala.

También sugiere la “necesidad de contar con nuevas instalaciones como vertederos controlados autorizados para su eliminación segura”, en las que se pueda realizar una correcta trazabilidad de los residuos.

Una iniciativa muy contestada

La iniciativa recibía hace justo ahora un año un amplio rechazo social, incluyendo el de la Diputación Provincial. Su vicepresidente Fran Valera señaló entonces que se prestaría “apoyo institucional, técnico y jurídico” a las localidades afectadas por la posible instalación, es decir Albacete capital, Barrax, La Gineta y también La Roda.

Desde la Diputación se presentó un “completo documento de alegaciones” para mostrar su oposición a la iniciativa por el “gran impacto ambiental, social y en la salud pública que podría tener”.

También Ecologistas en Acción Albacete subrayó el pasado año “la gran inquietud” causada a los vecinos de la zona “por donde pasarían cada año cientos de camiones con esa peligrosa mercancía”.

Se trata, recuerda la organización ecologista, de productos industriales cuyo uso decayó hace más de veinte años “debido a los graves riesgos de su exposición a la salud, tanto en el manejo y producción como en los materiales resultantes de su utilización y los restos o residuos que se derivan, tanto por la degradación como la fractura, trituración o la manipulación de los mismos”.

En concreto, recuerdan, “se asocian directamente con los riesgos de multitud de tipos de cáncer de pulmón, por la inhalación de las fibras que se desprenden en estos procesos”. Por esa razón, subraya Ecologistas en Acción, “la gestión de los residuos procedentes de los materiales con amianto se ha convertido en un problema de muy difícil gestión, que debe ser realizado por personas muy cualificadas y empresas bien acreditadas”.

Creen necesaria la gestión adecuada de los residuos que contienen amianto, pero con tres condiciones fundamentales. No solo que la realicen “empresas y personal suficientemente acreditado para esa función”, sino que el tratamiento se centre en “residuos de proximidad, procedentes de localidades cercanas al punto digestión y almacenamiento, para evitar los riesgos de la posible rotura de los envases que los contiene y su potencial liberación de las fibras de amianto al aire”.

Y por último, que el lugar de almacenamiento sea el más idóneo, evitando al máximo posible los riesgos en el medio ambiente. A este respecto, proponen usar zonas ya degradadas, como canteras abandonadas, “que podrían ser utilizados para el depósito de esos residuos”.

Según Ecologistas en Acción el proyecto “no reúne a nuestro juicio ninguna de esas condiciones”. Además, recuerdan que el proyecto pretende ocupar una zona que está catalogada en el PGOU de Albacete como suelo agrícola de especial protección y además “en una zona que está catalogada de especial protección para aves esteparias, como la avutarda, la ganga o el sisón, todas ellas especies protegidas que verían totalmente alterado su hábitat”.

Bolaños de Calatrava, Novés y El Provencio

El vertedero de amianto de Albacete no sería ni el primero ni el único en Castilla-La Mancha, aunque algunos proyectos han pasado más desapercibidos. En Novés (Toledo) opera la planta autorizada Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. (RENOVÉS), que dispone de una celda específica para “el depósito seguro y eliminación de residuos de amianto”.

En Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) existe un depósito, con una celda específica “confinada y aislada” para amianto, en una planta operada por la empresa Ignea Medioambiente, S.L., en la Carretera de Moral de Calatrava, en la finca 'Las Heras'. Su capacidad total supera los más de cuatro millones de toneladas, pero en el lugar también se depositan residuos industriales no peligrosos e inertes.

En El Provencio (Cuenca) el pasado mes de junio se conoció el proyecto para ampliar el basurero de vertidos peligrosos en esta población, incluyendo un depósito de amianto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha publica este jueves en el Diario Oficial de la comunidad autónoma la modificación de la Ley de Evaluación ambiental, aprobada el pasado en las Cortes regionales, en un texto que otorga mayor autonomía a las administraciones locales, en concreto para poder vetar la implantación de macrogranjas o plantas de biometano en sus términos municipales.

El texto establece que los ayuntamientos deben otorgar su conformidad mediante un acuerdo del Pleno antes de que los proyectos puedan avanzar en su tramitación administrativa. Esta validación municipal debe considerar factores socioeconómicos, urbanísticos y ambientales, permitiendo detener planes que no se alineen con los intereses de la comunidad local. Por eso los ayuntamientos ahora deben emitir informes técnicos específicos detallando qué actividades relevantes del municipio podrían verse afectadas para justificar que el proyecto no puede seguir adelante.

Será además una decisión de carácter vinculante. Si el Pleno municipal emite un certificado de no conformidad, el órgano ambiental debe dictar una resolución de finalización del procedimiento, lo que efectivamente bloquearía el proyecto.

Se otorga al ayuntamiento la capacidad de denegación motivada: es decir, en los casos en que el ayuntamiento actúa como órgano sustantivo, si el Pleno no otorga su conformidad, el ayuntamiento dictará una resolución motivada para denegar la tramitación del proyecto.

Además, la ley introduce nuevas modalidades para ejecutar medidas compensatorias y define las funciones técnicas de las entidades colaboradoras en el seguimiento de los expedientes.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación ciudadana: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse.

Todo tiene un pero...

La “autonomía” que se otorga a los ayuntamientos para decidir en realidad tiene un límite y deja de serlo cuando el órgano sustantivo superior, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que el proyecto es “estratégico” para la comunidad autónoma. Así que pese al cambio, la Junta mantiene la potestad de continuar el proceso tirando de la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Por cierto, fue cuestionada en su momento por el Tribunal Constitucional al pretender, en su redacción inicial, eliminar la necesidad de evaluación ambiental. Algo que tuvo que ser cambiado.

La norma que ahora se ha modificado es el primer paso además de cara al futuro decreto de regulación del biogás. En paralelo, el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa actual de actuaciones “prioritarias”, en la que el biometano ocupa un lugar especial.

Los cambios entran en vigor mañana, día 24 de julio.

El Gobierno de Emiliano García-Page ha comenzado a allanar el camino para el futuro decreto que regulará las polémicas plantas de biometano y su “efecto llamada” para las macrogranjas, con una moratoria para los expedientes en curso. Uno de los objetivos principales de esa regulación es dar a los ayuntamientos el poder de decidir si quieren o no que estos proyectos se implanten su territorio.

Pero para ello, primero debe modificar la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma. Y ese es el paso que hoy ha dado a través de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se modifica esa norma, cuya toma en consideración ha aprobado el pleno parlamentario con la mayoría absoluta socialista. Los grupos del PP y Vox han votado en contra.

Ha explicado los detalles el diputado socialista Francisco José Barato, quien desde el primer momento ha vinculado este cambio normativo con el futuro decreto que regulará las plantas de biometano.

Según ha subrayado, el principal cambio de la Ley regional de Evaluación Ambiental es otorgar “autonomía” a los ayuntamientos sobre los proyectos empresariales que quieran implantarse en sus municipios, tanto en aquellos en los que la Corporación local actúa como órgano sustantivo como en los que no.

Con ello, los ayuntamientos pasan de ejercer una “participación informativa” a adoptar una “participación efectiva” de decisión principal en los informes de impacto ambiental.

En total, la reforma incorpora ocho cambios sustanciales. En primer lugar, se mantiene el informe técnico municipal requerido a los ayuntamientos en los expedientes de evaluación, sobre compatibilidad urbanística y afección socioeconómica de los proyectos. Pero se añade que el pleno municipal “deberá conocer el proyecto y pronunciarse expresamente”, validando o no su conformidad con el proyecto. Si el plenario local no lo autoriza, el proyecto no continuará su tramitación.

“El Ayuntamiento ya no se limita a ser informado, fija una posición efectiva, que tendrá un carácter vinculante”, ha subrayado el parlamentario del PSOE. “En todos los escenarios, los ayuntamientos tendrán una intervención clara, formal y efectiva en los proyectos de evaluación ambiental. Decidirán sobre su continuación”.

En cuanto al proceso de información pública de los expedientes, se añade en la normativa de Evaluación Ambiental un “refuerzo” de la participación de la ciudadanía: la obligación de publicar este trámite en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, advirtiendo del plazo de presentación de las alegaciones. El objetivo es dar más posibilidades a los vecinos y vecinas para pronunciarse al respecto.

En la Ley actual se prevé el desarrollo de medidas compensatorias para corregir los efectos ambientales de proyectos empresariales. Con esta modificación, se amplían las funciones de las entidades colaboradoras de la Administración autonómica en materia de seguimiento, vigilancia y control. Todo ello, “sin desplazar las competencias de vigilancia” de la inspección ambiental autonómica.

Finalmente, la reforma establece que esta potestad de los ayuntamientos podrá ejercerse sobre los expedientes en curso, en tramitación. Esos proyectos quedarán suspendidos desde el momento en que estos cambios se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) durante un plazo máximo de un año, en el que las corporaciones locales deben pronunciarse sobre ellos.

La excepción cuando el proyecto es “estratégico”

Pero existe una excepción en estos cambios. Aunque un ayuntamiento decida en su pleno municipal que no quiere que un proyecto empresarial se ubique en su municipio, el Gobierno castellanomanchego se reserva la opción de seguir adelante con el expediente si se considera “estratégico”.

Y precisamente, actualmente el Ejecutivo regional prepara un anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que complementa a la normativa regional de actuaciones “prioritarias”, y donde el biometano ocupa un lugar especial.

No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos

“No cambiamos quién tiene la competencia para autorizar, pero sí reforzamos el poder de decisión de los ayuntamientos, haciendo compatible el desarrollo económico con la calidad de vida de nuestros pueblos”, ha concluido, no obstante, Francisco José Barato.

El rechazo de la oposición ha sido frontal. Desde Vox, el portavoz adjunto de su Grupo Parlamentario, Francisco José Cobo, ha acusado al PSOE de “poner en peligro la seguridad y el control del impacto ambiental”. Esta reforma, ha dicho, va “contra la naturaleza jurídica de prevenir, corregir y valorar los efectos ambientales”.

Ha arremetido así contra lo que considera “dar poder de veto a un órgano político” (en referencia a los ayuntamientos) frente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En su opinión, que un informe municipal sea vinculante “no tiene sentido”.

Además, el parlamentario del partido de ultraderecha ha afirmado que el régimen transitorio de un año es “un auténtico despropósito” y que esta reforma provocará “muchos litigios y conflictos en los tribunales por la nulidad de expedientes”, sobre todo en los proyectos considerados “prioritarios” o estratégicos“.

En la misma línea se ha pronunciado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres, quien se ha referido a esta forma como un “enorme ejercicio de contradicción política”. “La Junta se quiere quitar responsabilidades de encima, porque la evaluación ambiental es una competencia autonómica, no de los ayuntamientos”.

Trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones

“Con esto, trasladan esa responsabilidad a cada alcalde, a cada concejal, que no tienen recursos para realizar una evaluación en condiciones. Los alcaldes pasan a asumir el desgaste, la presión social. Con esto nos dicen que un proyecto no se desarrolle si no le gusta a quien esté gobernando. Es utilizar a alcaldes y concejales como escudo político”, ha argumentado.

Ha dejado claro que su partido está a favor de la participación de los ayuntamientos en los trámites de evaluación ambiental, pero no de que se “sustituya el criterio técnico” por una “decisión política”.

Además, considera que la mayor incoherencia es que si al Gobierno regional le parece “estratégico”, el proyecto salga delante de cualquier forma. “¿La voluntad municipal es sagrada o no, o solamente cuando coincide con los criterios de Page? Esto es una doble vara de medir tremendamente injusta”.

Santiago Lucas-Torres también se ha preguntado con qué recursos van a contar los ayuntamientos de pueblos muy pequeños para decidir sobre un proyecto, y también ha considerado que la reforma puede ser inconstitucional por “romper el equilibrio competencial, por sustituir informes técnicos por votaciones”.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha mostrado “atónita” por el rechazo de la oposición. Ha afirmado que la reforma cumple con el principio de autonomía local que recoge la Constitución y también con la Ley de Bases del Régimen local.

Por ello, ha preguntado directamente a la bancada del PP si le van a decir a ayuntamientos como Campos del Paraíso, en Cuenca (donde gobierna este partido y donde se proyectan varias plantas de biometano en un término municipal muy pequeño), que “no van a poder decidir” sobre ello.

“No vamos a frenar el desarrollo. El periodo transitorio va a permitir que no se agoten los 12 meses. Porque nada más entrar en vigor esta reforma, un pleno municipal puede automáticamente validar un expediente y que este siga su curso”, ha remarcado la consejera.

Si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle

Además, ha defendido que la reforma también permite mayor transparencia, de manera que los promotores puedan informar a los ayuntamientos de que su proyecto “es el mejor del mundo mundial”. “Pero si un ayuntamiento tiene dudas, ahí estará la Junta para ayudarle, pero además hay un órgano técnico fundamental, que son las diputaciones provinciales. Los municipios no están abandonados”.

Mercedes Gómez ha concluido insistiendo que este es el primer paso para el futuro decreto de regulación de las plantas de biometano, cuyo borrador estará en exposición pública “próximamente”. Ha incidido en que los 919 ayuntamientos de la región están esperando “como agua de mayo” esta iniciativa y “van a tener siempre el asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Ya dispone de autorización ambiental definitiva el proyecto para construir la planta de biometano que se ubicará en el término municipal de Gálvez, en la comarca de los Montes de Toledo. La instalación está diseñada para procesar anualmente casi 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y subproductos animales.

Esta instalación fue declarada como “prioritaria” por el Gobierno de Castilla-La Mancha y obtuvo la declaración de impacto ambiental positiva hace más de un año, pero en los últimos meses se introdujeron una serie de cambios que requieron una autorización ambiental integrada (AAI) definitiva para poder operar. Esta es la luz verde de la que ya dispone.

La empresa promotora de esta planta es Nortiben Green Energy y su objetivo es convertir los residuos agroganaderos en biometano para su inyección en la red gasista, además de la producción de fertilizantes certificados a partir del material digerido, el denominado y polémico digestato. En esta misma comarca de los Montes de Toledo, se encuentra ya operando otra planta similar, en la localidad de Noez, cuya promotora es Biomethane Initiatives.

El 15 de mayo de 2025, hace más de un año, el Gobierno regional solicitó a promotora de la futura planta de Gálvez que subsanara algunos aspectos de informe de impacto ambiental para adaptarlo a los nuevos criterios adoptados en el Plan regional de Biometanización de la comunidad autónoma.

La resolución explica que, con ello, el proyecto requería dos procesos paralelos: la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la AAI aprobada hoy. La primera, que es el visto bueno técnico sobre la viabilidad ambiental se publicó el 6 de mayo de 2025. Y una vez obtenido, ahora el Ejecutivo le otorga la autorización definitiva. 

Los condicionantes ambientales

Con ello, en principio culmina todo el proceso administrativo, tras haber adaptado el proyecto a las nuevas normativas regionales y haber “superado las fases de información pública y evaluación de impacto”. Esta nueva resolución es el documento legal que permite finalmente la construcción y explotación de la planta, aunque bajo condiciones ambientales estrictas.

Se da la circunstancia de que la luz verde que la Dirección General de Calidad Ambiental da a esta futura instalación en Gálvez se produce mientras el Gobierno regional prepara un nuevo decreto con restricciones para las nuevas instalaciones de este tipo, tras el fuerte rechazo social y de algunos ayuntamientos. En principio, se trata de una moratoria a la que tendrían que acogerse también los expedientes en curso, pero aún no hay fecha prevista para su aprobación.

Por el momento, en el caso de esta futura planta, la autorización ambiental, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece protocolos de vigilancia ambiental, límites estrictos de emisiones a la atmósfera y medidas para la protección del suelo.

Entre ellos se encuentra el control de la contaminación atmosférica y de los olores, con límites de emisión para las calderas y para el proceso de proceso de upgrading (amoniaco y metano).

Asimismo, para evitar olores, una de las mayores críticas que reciben este tipo de instalaciones y que más rechazo social ha causado, la planta debe funcionar bajo un modelo de “instalación cerrada”. Esto incluye naves en depresión mecánica, filtros de carbón activo y el transporte de residuos en vehículos cerrados. También se deben realizar inspecciones periódicas por organismos de control acreditados

Para la protección del suelo y del agua, la planta no podrá realizar vertidos de aguas industriales o lixiviados al cauce público; y estas aguas deben ser recirculadas al proceso de digestión. Debe mantener igualmente redes independientes para aguas de proceso, pluviales limpias (tejados), pluviales de contacto (viales) y aguas sanitarias.

A este respecto, todas las superficies de almacenamiento y proceso deben estar hormigonadas o asfaltadas y contar con sistemas de recogida de lixiviados. A ello se suma la obligación de mantener una red de seis piezómetros para monitorizar constantemente la calidad de las aguas subterráneas y detectar posibles fugas.

En cuanto la gestión del digestato (el principal residuo saliente de estas plantas), la autorización publicada hoy obliga a registrarlo como producto fertilizante con certificado de la Unión Europea o estatal para dejar de ser considerado residuo.

Ruidos y protección de fauna

En lo referido a los ruidos y el mantenimiento, establece que no se pueden superar los 70 deciblios (dB) durante el día y la tarde, y los 60 dB durante la noche en los límites de la parcela. Obliga a la promotora a instalar una “pantalla vegetal”, una barrera de plantas autóctonas de al menos cinco metros de ancho alrededor del perímetro, para insonorización.

Finalmente, la resolución para la planta de biometano de Nortiben en Gálvez contempla diversas medidas de protección de la fauna. Menciona así el caso del águila imperial, presente en la zona y en peligro de extinción: se contempla la cancelación de los trabajos de obra civil durante su periodo de nidificación del águila imperial, que abarca los meses de febrero a mayo. También se soterrará la línea de alta tensión (de 20 kV) que contempla en su estudio, para evitar colisiones o electrocuciones de la avifauna del entorno.

Y en general, para evitar accidentes con la fauna silvestre o doméstica, la planta debe contar con vallado perimetral en sus balsas de digerido líquido, con sistemas de rescate en caso de caídas accidentales, y también la mencionada “pantalla vegetal” para favorecer la integración y reducir el impacto visual y acústico sobre el hábitat circundante.

Desde que en 2015 comenzó a operar el vertedero de El Provencio, en la provincia de Cuenca, “siempre ha cumplido la normativa vigente” y no ha provocado “ningún problema”. Tampoco su reciente ampliación supone ninguna “afección ambiental añadida”, por lo que no ha sido necesario que la Administración autonómica realizara una nueva evaluación.

Así lo han precisado a este periódico fuentes de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional, con motivo de la reciente reunión de vecinos y vecinas de la localidad, convocados por Ecologistas en Acción, en la que mostraron su “creciente preocupación” por la ampliación de estas instalaciones.

El departamento explica que el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que cuenta este basurero ha sido “alto” y que las inspecciones se han llevado a cabo de manera periódica desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.  

En estos 11 años, añade, “no ha dado ningún problema” y en las inspecciones que se han ido realizando, el grado de cumplimiento de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) ha sido alto.

“No es contaminante” porque las celdas están “impermeabilizadas”

“Se trata de un vertedero que cumple con la normativa en este tipo de residuos (amianto) y no es contaminante: no obstante, y para añadir más seguridad, las celdas están impermeabilizadas”, señalan las citadas fuentes, que recuerdan que es la única instalación de Castilla-La Mancha que puede acoger restos residuos.

Aunque el amianto es considerado residuo peligroso cuando se manipula y para quien lo manipula, una ver “inertizado” (volver inerte un residuo) ya no es considerado como tal. Por eso, en la Dirección General ponen el acento en el hecho de que precisamente esa es la labor que realizan en la instalación: hacer que el amianto no tenga ningún tipo de reacción química.

En cuanto a la ampliación de sus instalaciones en cuatro celdas más, que denuncia Ecologistas en Acción, la Dirección General de Calidad Ambiental afirma que “no va a tener una afección medioambiental añadida” a la que ya existe, y está “dentro de la normativa permitida”. Es el motivo por el que no ha sido necesario un nuevo expediente de evaluación como demanda el colectivo.

Por último, sobre la posible contaminación del acuífero, el departamento precisa que las celdas están “altamente impermeabilizadas” para evitar cualquier tipo de estas afecciones. “Sí hubiese algo a nivel de acuífero, la competente es la Confederación Hidrográfica, y hasta el momento no tenemos constancia de que haya problemas”.

Medio centenar de vecinos de El Provencio y Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca, se han reunido convocados por Ecologistas en Acción para mostrar su “preocupación” por la ampliación de la capacidad del basurero de residuos peligrosos ubicado en la primera localidad.

Este vertedero está ubicado sobre el Acuífero de la Mancha Occidental y a escasos 200 metros de la Tubería Manchega que abastece de agua potable a numerosas poblaciones. Propiedad de la empresa Gestión de Residuos El Provencio SL, es el único almacén de residuos peligrosos en activo de toda Castilla-La Mancha.

Carlos Villeta, representante de la organización ecologista, informó a los vecinos y vecinas de que, desde que esta instalación se abrió hace más de diez años, ha pasado de gestionar dos a 41 tipos de residuos peligrosos, y de tener cinco a nueve celdas de vertido, sin que la Junta de Castilla-La Mancha, afirma, haya sometido esta ampliación a una nueva evaluación ambiental por considerarse cambios “no sustanciales”.

“A pesar de que la instalación para la gestión y vertido de residuos industriales peligrosos lleva operando más de 11 años, la mayoría de los vecinos desconocía sus características y funcionamiento”, explica Villeta.

Una superficie de 12 hectáreas

Según precisa, con una superficie cercana a las 12 hectáreas, el vertedero puede admitir hasta 18.650 toneladas al año de residuos peligrosos (en torno a 1.200 camiones), de los que puede verter en sus celdas hasta 11.050 toneladas.

Asimismo, explica que en una visita al vertedero el 13 de junio, se pudo identificar desde el exterior, grandes volúmenes de residuos con amianto, así como postes y traviesas de ferrocarril tratados con creosota que estaban siendo astillados. “También se reciben (entre otros residuos peligrosos) lodos y tierra contaminada con hidrocarburos pero no se pudieron identificar”, añade.

En el acto informativo, alertó de que, España en general y Castilla-La Mancha en particular, con una “fiscalidad mínima”, está impulsando “la importación de residuos de otras zonas y países, promoviendo un peligroso negocio”.

Petición a la Consejería de Desarrollo Sostenible

También intervino en el acto público Ariosto de Haro, Geólogo, experto en control calidad de recubrimientos de vertederos, alertando sobre el riesgo de avenidas, desbordamientos y contaminación de acuífero.

Ecologistas en Acción ya ha dado los primeros pasos en el conocimiento pormenorizado del vertedero de El Provencio y ha solicitado por escrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible información ambiental de sus actividades en los dos últimos años.

Según Villeta, el grupo de asistentes acordó constituirse en Plataforma y conformar un grupo de trabajo. También se animó a los vecinos y vecinas a “trabajar unidos para luchar contra un proyecto que hipoteca el futuro su tierra, evitando conflictos de siglas y electoralistas”.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con la empresa gestora del basurero como con la Consejería de Desarrollo Sostenible para recoger su valoración sobre esta denuncia y sobre la petición del colectivo ecologista, sin que por el momento haya habido respuesta.

A petición del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Tribunal Supremo ha emitido un auto a por el que acepta estudiar qué tipos de planeamientos deben ser sometidos a la evaluación ambiental estratégica (EAE) al existir sentencias contradictorias. Uno de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a la corporación local y otro al Gobierno de Canarias, lo que implicó la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU-5), por lo que ahora se quiere sentar jurisprudencia definitiva para estos casos.

El Ayuntamiento aprobó en enero de 2022 la ordenanza provisional para adaptar el régimen de usos del Plan, después de que en 2017 el TSJC emitiera el fallo que dio lugar a que, tal y como ocurre en la actualidad, el plan vigente sea el de 1992.

El Gobierno canario interpuso un recurso contra el acuerdo plenario de 2022 ante el TSJC, que lo estimó, ratificó la nulidad del PGO y fijó que la EAE debe tener carácter continuo para ver si, en un momento dado, determinado problema tiene efectos ambientales.

En todo caso, la exclusión de este mecanismo de control básico debe fijarla el órgano ambiental competente sin que sea la administración autora del plan la que pueda determinarla, lo que daría lugar a su anulación, como ocurrió con el PGO de Santa Cruz, según dictaminó el TSJC.

El Ayuntamiento de Santa Cruz interpuso un recurso de casación recordando las competencias que a las corporaciones locales les otorga la ley y la Constitución, y donde sostiene que la EAE no es un trámite preceptivo en cuestiones como la ordenanza municipal al no generar efectos significativos en el medio ambiente.

Para defender su punto de vista, cita fallos del Supremo y del Tribunal Constitucional (TC) y otro pronunciamiento como sentencia de contraste del TSJC, que desestimó el recurso del Gobierno canario por entender que no era preciso este requisito. 

El proyecto para construir una macrogranja porcina en Pozuelo (Albacete), impulsado por Cefusa, una empresa vinculada a la conocida marca comercial ElPozo, ha sido rechazado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Desarrollo Sostenible publica este jueves una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la que la Dirección General de Calidad Ambiental declara la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del expediente para esta explotación de producción y recría de lechones.

El planteamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pozuelo ha sido clave. En 2023 este pueblo inició su particular batalla para blindarse frente a las explotaciones ganaderas intensivas, la industria que en este caso buscaba extenderse desde la vecina Región de Murcia a Albacete.

Se propuso una modificación de Plan de Ordenación Municipal (POM) con el objetivo de preservar el suelo rústico “de transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos”. Esta era una petición recurrente de las plataformas sociales y vecinales contrarias a las macrogranjas.

La reforma introducía una regulación de la ganadería, especialmente la intensiva, que permita garantizar, no solo “la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos en las zonas protegidas” (que ya cuenta con las legislaciones estatal y autonómica), sino también asegurar que los usos del suelo “son coherentes con su utilidad pública la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural”.

Un proyecto que colea desde hace seis años

El origen de este expediente está septiembre de 2020 cuando la mercantil Cefu, S.A presentó a la Junta de Castilla-La Mancha una solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la producción de miles de cerdos. Generó entonces una fuerte oposición vecinal que se organizó en torno a la Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón.

Las protestas fueron recurrentes tras la pandemia de COVID-19. Los vecinos se han movilizado masivamente con recogidas de firmas y manifestaciones, aunque al proyecto no le faltaron adeptos.

El curso normal del expediente se vio interrumpido por la entrada en vigor de la moratoria regional para nuevas explotaciones ganaderas de porcino en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en 2022. Una moratoria que se acabó el pasado 31 de diciembre de 2024, abriendo de nuevo la posibilidad a los más de 60 proyectos que había sobre la mesa y quizá otros nuevos, con una nueva normativa que condiciona la gestión de los purines que fue calificada por las plataformas anti-macrogranjas como una “farsa” y que ha abierto la puerta no solo a este tipo de explotaciones intensivas sino a la industria de producción del biogás que se nutre, entre otras cosas, de residuos de la ganadería.

El 20 de enero de 2025, una vez finalizada la moratoria, se requirió a la empresa promotora la adaptación técnica del proyecto a las nuevas exigencias de gestión de estiércoles.

Dos meses después, el 21 de marzo de 2025, la Dirección General de Calidad Ambiental recibió el informe de Compatibilidad Urbanística emitido por la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Pozuelo, “en el que se concluye de forma expresa que la actividad proyectada no es compatible con la normativa urbanística vigente”.

La modificación puntual urbanística realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo lo ha impedido al establecer límites de capacidad productiva para las explotaciones ganaderas en función de su ubicación y de los parámetros poblacionales y territoriales. “Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles”, concluye el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esa incompatibilidad, abunda el Ejecutivo regional, “bloquea la evaluación de impacto ambiental”.

Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles

Tomás Villarrubia — Director General de Calidad Ambiental

La decisión se ha tomado a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa que han sido desestimadas “de forma íntegra” porque no se aprecian “circunstancias que justifiquen la continuación del procedimiento, dado el carácter vinculante y sobrevenido del informe de incompatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Pozuelo”.

Hay que recordar que se planteaban hasta 51 naves, cerca de la pedanía de Argamasón, para albergar a los animales y proyectos que sumaban capacidad para decenas de miles de cerdos, hasta 85.000 en algunos informes, para un pueblo que no llega a los 500 habitantes.

Pese a todo, esta resolución todavía deja abierta la puerta a que la empresa promotora pueda interponer un recurso de alzada para intentar sacar adelante el proyecto. Este medio ha contactado con la promotora para conocer su valoración sobre la decisión del Gobierno regional, y si habrá o no recurso, aunque hasta el momento no ha sido posible.

Stop Macrogranjas: “Es el resultado de la lucha vecinal”

Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial y una de las impulsoras de la plataforma vecinal en Pozuelo ha valorado la decisión del Ejecutivo regional. “Esta es la noticia que veníamos esperando. Por fin, desde que comenzamos preocupados en 2017 con el primer proyecto presentado”.

Cree que “es el resultado de la lucha vecinal” porque “la plataforma que no ha dejado ni un momento de preocuparse por el estado del proyecto. Primero informándose de los efectos tanto ambientales, económicos y demográficos que supondría para la zona. Y después reclamando al Consistorio, órgano sustantivo que tenía, como siempre le hemos venido reclamando, herramientas municipales para frenar estos proyectos y proteger el futuro de toda la comarca”.

Lozano ha recordado que la macrogranja porcina proponía instalar hasta 18 balsas de purines, “y después con el nuevo proyecto presentado en plena pandemia, era algo más pequeño, pero todavía monstruoso”.

“Podemos celebrar que nuestra comarca, nuestros municipios: Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro, Casa Cañete, La Solana, San Pedro... estarán libres de proyectos de ganadería industrial del calibre que planteaba la empresa Cefu, SA/ El Pozo”.

Lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana

Inma Lozano — Portavoz Coordinadora Stop Ganadería Industrial

Ha agradecido a la plataforma y a la Coordinadora Stop Ganadería Industrial “que apoya, asesora y acompaña a los pueblos en este duro proceso de David contra Goliat. Son muchos los pueblos que están defendiendo su territorio frente a proyectos devastadores pero cada vez son más los que son rechazados y paralizados por las denuncias que venimos haciendo”, señalaba en declaraciones a este medio.

En su opinión, “más allá de declaraciones, ordenanzas, suspensiones temporales.... lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana”, asegura, tras lo ocurrido con este caso. “Si el ayuntamiento no da compatiblidad urbanística, fundamentada en su Plan de Ordenación Urbana, el Gobierno regional no puede dar ni la Declaración de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Integrada ”.

Además, decía, “con la euforia del logro conseguido, animamos al resto de plataformas a seguir luchando y defendiendo sus territorios, su agua y el futuro de las generaciones que vendrán. Felicidades a todos los vecinos y gracias por no frenarse en todos estos años en su defensa del territorio”, ha concluido.

No habrá planta termoeléctrica de biomasa en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real), al menos de momento, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya desestimado y archivado su expediente de autorización ambiental, según publica el Diario Oficial de esta comunidad autónoma (DOCM).

El inicio del expediente para la construcción de esta instalación se inició en 2017 con la solicitud de presentación Estudio de Impacto Ambiental. Entonces lo gestionó la Viceconsejería de Medio Ambiente, que en ese año estaba integrada en la Consejería de Agricultura, y actualmente forma parte de la de Desarrollo Sostenible.

El pasado mes de febrero, ocho años después, la empresa promotora manifestó su intención de continuar con la tramitación mediante la presentación del citado Estudio de Impacto Ambiental, que finalmente no llevó a cabo.

Al no haber recibido la Administración hasta la fecha documentación o solicitud alguna relativa a la continuación del procedimiento ni la presentación del estudio, ha procedido a su desestimiento y archivo del expediente. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, la promotora puede interponer recurso de alzada ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes.

Se da la circunstancia de la empresa promotora es Athisa Biogeneración, la misma que gestiona la planta de gestión de residuos sanitarios donde el pasado mes de octubre se produjo una explosión que dejó a una persona muerta y dos heridas graves.

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, defendió entonces la licencia municipal concedida a la empresa, ubicada en el Polígono Industrial El Llano de la localidad. Los hechos todavía se están investigando, sin que por el momento hayan trascendido los motivos de la explosión.

Precisamente, la Plataforma Ciudadana de Socuéllamos ha hecho público su malestar por la falta de respuestas del Ayuntamiento en el pleno municipal del pasado 26 de diciembre en relación a este siniestro.

Preguntas sobre el accidente en el pleno municipal

Concretamente, este colectivo registró varias preguntas en las que se interesaba por el grado de control y seguimiento antes del accidente, por las actuaciones realizadas tras la explosión, especialmente en lo relativo a la protección sanitaria de la población, y por la naturaleza de los residuos existentes en las instalaciones y el posible riesgo de emisión de contaminantes a la atmósfera, “con las consecuencias que ello podría tener para la salud pública y el medio ambiente”.

Según la plataforma, la respuesta de la Alcaldía fue que, al encontrarse el expediente en sede judicial, no podía facilitar información.

A ello replica que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno solo permite denegar información cuando se acredita que su divulgación puede perjudicar de forma concreta una investigación o un procedimiento sancionador, y que la denegación “no puede ser genérica ni automática”.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas de protección sanitaria y ambiental se han adoptado, con independencia de la existencia de un procedimiento judicial”, concluyen.

Nuevo paso en el intento de implantar el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha con horizonte 2030 y su estudio ambiental estratégico.

La Dirección General de Calidad Ambiental ha iniciado un nuevo proceso de información pública, el segundo que pone en marcha, tras una primera fase muy criticada, en la que se se llegaron a presentar más de 13.000 alegaciones y en la que incluso la Consejería de Sanidad cuestionó el plan por su posible impacto en la salud pública. Algunos ayuntamientos, como el de Valdepeñas, cambiarán su Plan de Ordenación Municipal (POM) para evitar que este tipo de plantas puedan llegar a su territorio.

La razón de este segundo procedimiento público que se abre ahora, según reconoce la Consejería de Desarrollo Sostenible, tiene que ver precisamente con “los informes y alegaciones recibidos” y con “la elevada participación ciudadana que se ha producido”. Así que la Dirección General de Calidad Ambiental considera “oportuno” facilitar un nuevo período de información pública de cuarenta y cinco días hábiles adicionales, contados a partir del 7 de octubre, para que puedan volver a presentarse alegaciones, tanto a la versión inicial del plan de mayo de 2025 como al estudio . ambiental estratégico de junio de 2025, junto con un resumen de su contenido “para facilitar su comprensión”.

En la resolución que se publica este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se explica que en la actualidad se está tramitando la evaluación ambiental estratégica ordinaria del plan y que se emitirá la correspondiente declaración ambiental estratégica una vez concluido el segundo proceso para recoger la opinión pública.

Manifestación en Madrid: “Salvemos el mundo rural”

Precisamente este domingo, miles de personas de muchas provincias de la España vaciada se manifestaron en Madrid, sumando las reivindicaciones de cerca de 500 plataformas bajo el lema común 'Salvemos el mundo rural agredido' y entre sus quejas están las que tienen que ver con la implantación de plantas de biogás en los pueblos.

La organización estima que asistieron cerca de 20.000 personas, aunque la Delegación del Gobierno de Madrid las cifra en 1.500, para denunciar “las agresiones especulativas y el abandono que sufre el mundo rural” en Murcia, Galicia, Andalucía, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y la Comunitat Valenciana.

Denuncian que los gestores públicos, además de “no hacer una planificación y aprobar casi todos los proyectos, están recibiendo miles de millones de los fondos europeos que pagaremos todos los ciudadanos con nuestros impuestos”. También han reclamado a las personas que viven en las grandes ciudades que sean conscientes de la importancia que tiene el medio rural para proporcionar alimentos, oxígeno, y salud con el equilibrio de la biodiversidad.

Durante la marcha se repasaron las citadas “agresiones” simbolizadas con 19 clavos que destruyen el territorio rural español como las macrorrenovables, macrogranjas, plantas de biogás, minas, la especulación con el agua, los centros de datos y el hidrógeno verde.

Otra parte de los clavos son el abandono que sufren con el ferrocarril convencional, la poca igualdad con la sanidad rural, la eliminación de más de mil paradas de autobuses en los pueblos con el nuevo mapa concesional, la falta de inversiones en carreteras y en las comunicaciones planificadas en esa España vaciada que retrasan décadas. Todas ellas son causantes de que no se revierta la despoblación, por lo que han vuelto a recordar que “ser pocos, no resta derechos”, reclamando la igualdad que marca la Constitución.

También han exigido para el sector primario respeto a un precio justo por las cosechas, una PAC justa y sin recortes, menos burocracia, y un apoyo real para el desarrollo de una ganadería extensiva que es fundamental para prevenir los incendios junto a otras medidas, “que siempre se les olvida hasta el próximo verano”.

El manifiesto ha sido muy diferente a lo habitual y muy emotivo, redactado por el escritor Javier Sierra, que lo ha leído conjuntamente con la agricultora, ganadera y activista segoviana Rosa Arranz, y el científico del CSIF y divulgador Fernando Valladares. Han comenzado destacando que “mi pueblo se muere”, es “un clamor”, se mueren por “falta de oportunidades y servicios esenciales”, porque se impide que limpien sus bosques, por la falta de mantenimiento de su patrimonio, y han recordado que la palabra “cultura” viene del latín 'cultus', que no es sino el cuidado de la tierra.

Han incidido en que “eso no es lo peor, a mi pueblo, a nuestros pueblos, también los están matando” con las instalaciones masivas de energías renovables, o ahora de biogás, “que destrozan paisajes milenarios de alto valor medioambiental”, añadiendo la industrialización sin miramientos con las macrogranjas. Denuncian que “lo matan las políticas corruptas que lo permiten, y que encargan los estudios de viabilidad ecológica a las propias empresas que las promueven.”

Además, han resaltado que “los matan” la falta de una política de vivienda pública decidida, la falta de un ferrocarril digno provocando el aislamiento, y un Pacto de Estado por una Sanidad Pública que sea igual para todos.

La Consellería de Medio Ambiente asegura que no ha recurrido a entidades de colaboración ambiental desde que se aprobó el decreto que las regulaba en julio de 2023 y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado parcialmente. Consultado por este periódico, el departamento de Ángeles Vázquez responde que ninguna de las cinco compañías inscritas en el Rexistro de Entidades de Colaboración Ambiental de Galicia ha participado hasta ahora en la tramitación de procedimientos de evaluación ambiental. “Ninguno de los expedientes gestionados desde la entrada en vigor del decreto se ve afectado no está en riesgo de ser anulado o suspendido”, señala. Esta afirmación contrasta con la de la CIG, el sindicato que recurrió la norma y que este jueves consideraba que el dictamen judicial afectará a proyectos eólicos, de minas o al de la macrocelulosa Altri.

Medio Ambiente menciona que el alto tribunal gallego “solo anula ciertos apartados de 3 de los 41 artículos” del decreto. Son los que considera contrarios al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público y que, al ver de los magistrados, implicaban una privatización parcial de los controles ambientales. “El decreto externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada”, dice la sentencia. No existe además “ninguna reserva de control, supervisión o dirección” en las consellerías competentes. Los informes de las entidades de colaboración ambiental -empresas privadas- “no pueden ser contratados ni sometidos a crítica por el órgano que tiene formalmente la facultad de decidir”.

La Xunta sostiene sin embargo que su intención era “simplificar” los procedimientos de evaluación ambiental mediante lo que denomina colaboración público privada. También recuerda que un registro de entidades de colaboración ambiental “está prevista y regulada en comunidades como el País Vasco”. Precisamente en el modelo vasco se detiene la sentencia del Tribunal Superior gallego. Según esta, las “funciones materiales” del registro vasco son diferentes del gallego. No hay, por ejemplo, “referencia a la asunción completa de la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación ambiental”. Tampoco, al contrario que en el decreto de la Xunta ahora cuestionado, desaparece “la atribución de las facultades inspectoras”.

El Gobierno gallego finaliza la respuesta remitida a elDiario.es afirmando que “el decreto solo prevé la colaboración auxiliar y de carácter técnico [de las mencionadas entidades privadas] en las evaluaciones ambientales. El dictamen del tribunal entiende lo opuesto: ”La Sala entiende que las funciones atribuidas a las entidades de carácter ambiental, en la forma en que se regulan con una vocación clara de ser incardinadas de forma estable en los procedimientos ambientales [...], avalan una pretensión estructural y no coyuntural de colaboración de esta figura en la actividad ordinaria de la Xunta de Galicia“.

La consellería de Medio Ambiente anuncia que recurrirá la sentencia.

La conselleira de Medioa Ambiente: “No supone nada”

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula parte de un decreto de la Xunta por privatizar procedimientos de evaluación ambiental “ahora mismo aún no supone nada” porque el Gobierno gallego “no había empezado a desarrollarlo”. Además, en respuesta a preguntas sobre esta decisión judicial dijo que cree que “fue un malentendido”.

“Estas entidades de colaboración las tenemos para urbanismo, para ITV... están desarrolladas en otras comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco, Madrid y Cataluña”, manifestó. Añadió que “en absoluto” afecta a la decisión que la Xunta tiene que tomar sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri para Palas de Rei (Lugo), según recoge Europa Press. “No tiene nada que ver una cosa con la otra”, aseguró, horas después de que el sindicato que presentó la demanda diese una rueda de prensa para explicar los efectos de la sentencia, que asegura que tendrán impacto en proyectos mineros, eólicos y también en la planta anunciada por la compañía portuguesa para la comarca de A Ulloa.

Vázquez sostiene que la voluntad de la Xunta de contar con entidades de colaboración certificadas “no tiene nada que ver con ningún procedimiento”. “Ahora mismo no hay ninguna entidad certificada”, añadió. En el registro público que figura en el sitio web de la Consellería están anotadas cinco empresas.

La conselleira confirma que la Xunta presentará recurso contra la sentencia, pero insistió en que “no influye en el trámite de ningún establecimiento que se quiera instalar en el territorio”. Lo que quiere la Xunta “es ser abierta, tener colaboraciones y ser más ágil”, defendió y reiteró que el Gobierno gallego tiene la pretensión de aplicar la “colaboración público-privada”, que “debe estar regulada a través de unas entidades que tienen que estar certificadas y que pueden ser desde colegios hasta centros”.Cree que “la lógica es que la administración tire de ese personal especializado, que, en todo caso, es una entidad que tiene que estar certificada para que pueda colaborar”.

Su argumento es que hay instituciones, como la universidad, que están más avanzados que los trabajadores públicos en conocimientos. “Colaborar no quiere decir suplir, no quiere decir privatizar, no quiere decir que vayan a hacer la parte administrativa. Es simplemente agilizar y, por otro lado, que no dependamos solo del conocimiento de los funcionarios, sino que muchas veces la universidad, los colegios... van por delante, y nosotros tenemos que ir parejos con todos ellos”, dijo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parte del decreto que regula las entidades de colaboración ambiental y que el Diario Oficial de Galicia publicó el 3 de julio de 2023. Lo hace su sección tercera de lo Contencioso-administrativo por entender que implica “una privatización parcial” de los controles ambientales. La misma norma, denunciada por la CIG y en su día criticada también por el Partido Socialista en términos similares a los que ahora recoge la sentencia, creaba el llamado registro de entidades de colaboración ambiental y el banco de personas expertas en evaluación ambiental.

“El carácter privado de las entidades de colaboración ambiental y la completa externalización, que se concibe con carácter estructural”, recogida en el artículo 27 del mencionado decreto, resulta contraria al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público. No existen, añaden los magistrados encargados de redactar el dictamen, “mecanismos de control realizados por funcionarios públicos sobre la actuación de estas empresas en el procedimiento en concreto”. Así, a la administración solo le quedan “simples ratificaciones, sin posibilidad de contraste”.

“El decreto externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada”, añade. Estas se encargan de analizar incluso los informes sectoriales preceptivos de los órganos administrativos o la necesidad de un segundo trámite de información pública. No existe además “ninguna reserva de control, supervisión o dirección” en las consellerías competentes. Los informes de las entidades de colaboración ambiental -empresas privadas- “no pueden ser contratados ni sometidos a crítica por el órgano que tiene formalmente la facultad de decidir”.

Para el alto tribunal gallego, “la colaboración que la Xunta demanda de las entidades de colaboración ambiental se convierte en una verdadera privatización de la tramitación de la evaluación ambiental, que implica inexcusablemente la traslación a una empresa privada de funciones que están reservadas a funcionarios públicos”. La sentencia dictada a raíz del recurso presentado por la CIG impugna los artículos 27, 28.1 inciso final y 29.5 del decreto.

Cuando la norma inició su trámite, bajo la presidencia del Alberto Núñez Feijóo, el diputado socialista Pablo Arangüena alertó de que la Xunta privatizaba el control ambiental de los proyectos. El decreto ahora parcialmente anulado lo publicó el Diario Oficial de Galicia ya con Alfonso Rueda en San Caetano.

La Xunta de Galicia continúa poniendo dificultades para alegar contra el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo). El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes una relación de 820 personas a las que la Consellería de Economía requiere que demuestren que son parte interesada en el procedimiento de aprobación del proyecto. En caso contrario, sus solicitudes serán desestimadas. Para Greenpeace, se trata de un intento de “silenciar una oposición masiva”, con un número de alegaciones “histórico”, por parte de un Gobierno gallego que “ha perdido la batalla del relato”.

La publicación en el DOG afecta a aquellos opositores a la planta a los que el ejecutivo autonómico no pudo localizar para solicitárselo de forma directa. Desde el pasado mes de octubre, organizaciones disconformes con el proyecto —como Ulloa Viva o la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa— vienen denunciando el envío masivo de cartas desde la Secretaría Xeral de Industria a persoas y entidades que habían presentado alegaciones. Lo consideraron una “ofensiva antidemocrática para tratar de amordazar” a la ciudadanía.

Entonces, el presidente de la Xunta —dando por buena una cifra del diario ABC, ya que el número exacto nunca ha trascendido— habló de las más de 24.000 alegaciones presentadas como una “acción orquestada”, ya que en su gran mayoría eran “copias” y limitaba a unas 200 las que eran diferentes entre sí.

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, defiende ese modo de actuar, que no es nuevo, aunque no recuerda ningún caso en que alcanzase el mismo impacto. “Lo que hicimos fue abastecer a la ciudadanía de modelos de alegaciones”, una acción con la que pretendían compensar un “desigualdad brutal”: “La Xunta lleva estudiando el expediente desde 2022. Sin embargo, a la gente sólo le dejaron un mes para revisar los 4.000 folios del estudio de impacto y la autorización ambiental”.

Y es lo que han hecho, de nuevo, una vez que la Consellería comenzó a reclamar que se acreditase el interés: en la web de Greenpeace, como la de otras organizaciones y entidades, están colgados los modelos para que los afectados respondan a estos requerimientos.

La ley del procedimiento administrativo, citada por el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, en el anuncio que publica el DOG, recoge como interesados en un expediente a quienes lo promuevan, a quienes tengan derechos que puedan resultar afectados por él o a aquellos “cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución”.

“Se están amparando en un interpretación superrestrictiva de la ley”, argumenta Santos, que recuerda que los requerimientos llegaron incluso a la Plataforma Ulloa Viva, que lidera la oposición desde la comarca donde se pretende levantar la planta: “Si ellos no son parte interesada...”.

“La Xunta lo que quiere es silenciar la oposición masiva” que ha dejado un número de alegaciones “histórico” y protestas tan multitudinarias como la que colapsó Palas de Rei en mayo o la que desbordó la Praza do Obradoiro de Santiago en diciembre.

“No hablamos de un proyecto en el que sólo sea parte interesada la que tenga una leira o una actividad económica en la zona. Esto afecta a todo el país”. Santos recuerda cómo la papelera de ENCE en Pontevedra “cambió la configuración” del paisaje gallego y teme el impacto de Altri: una mayor eucaliptización, afectación a la cuenca del río Ulla —“el segundo curso fluvial más importante de Galicia”—, que desemboca en la ría de Arousa, la que hasta la enorme caída de los últimos años era “la ría más productiva”. “Afecta al modelo de desarrollo y cualquier gallego tiene derecho a opinar sobre el modelo de desarrollo del país”.

El río Bullaque, uno de los mejor conservados de la provincia de Ciudad Real, tiene voz propia en las redes sociales. Y lo hace desde que vecinos de su entorno se han alzado contra la proyección de una macrogranja porcina, muy cercana a este importante ecosistema. La ciudadanía lleva dos años recogiendo firmas y mostrando su rechazo a un proyecto que incluso quiso “saltarse” la moratoria a la que se ha sometido este tipo de proyectos industriales en los últimos años, según confirman fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La situación se remonta a 2022, cuando desde Ecologistas en Acción se presentaron alegaciones contra dos proyectos de cebaderos de ganado porcino en régimen intensivo en el término municipal de El Robledo, en Ciudad Real, una localidad que destaca que el río es “fuente de vida, refugio y lugar de asiento” desde tiempos “inmemoriales”. No solo eso: el río forma parte del Parque Nacional de Cabañeros y también de la Red Natura 2000, como lugar de importancia comunitaria.

En agosto de ese año, la organización ecologista advertía de que en el proyecto del promotor Vallehermoso, S.R.L, presentaba estos dos proyectos en “fraude de ley”, ya que se dividía “en dos” lo que “a efectos ambientales” es un solo proyecto. El objetivo de esto: “eludir la moratoria” a las macrogranjas establecida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que finaliza este año. “Las dos macrogranjas tienen efectos acumulativos”, afirmaban desde la organización.

Este medio se ha puesto en contacto con Ibéricos Vallehermoso, sin obtener valoración al respecto, de momento.

“Sinergia” de las explotaciones, y la necesidad de evaluación ambiental

Ecologistas en Acción volvió a llamar la atención sobre sendos proyectos en octubre de este año, y acusaban directamente a la Junta de Comunidades de “vulnerar” su propia moratoria. Se referían así a unas declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que recalcó que se estaba elaborando el documento de alcance para tramitar la evaluación ambiental ordinaria, “teniendo en cuanta la sinergia de los efectos de las dos explotaciones de este municipio”.

El proyecto, insistían desde la organización ecologista, supone uno “único”, ya que los que se están tramitando están separados “tan solo” por 1000 metros entre las balsas de purines. Entre ambos se cuentan casi 4.000 cabezas de cerdos. “Fragmentado en dos para burlar la moratoria y con la intención manifiesta de ampliar las instalaciones en un futuro”, resaltaban desde Ecologistas.

Desde la Delegación de la Junta de Comunidades en Ciudad Real resaltan que “efectivamente”, las macrogranjas tienen “efectos acumulativos”, que es lo que llevará a una tramitación ordinaria de su impacto ambiental, que tendrá en cuenta sus posibles ampliaciones y sus efectos acumulados. Por eso no se llevará a cabo una evaluación ambiental simplificada, destacan. “No incumple legalmente la moratoria debido a que se trata de dos proyectos separados, pese a que la empresa haya buscado la forma de saltarse la misma”, explican las fuentes del Gobierno regional.

Además, añaden que, una vez “analizado en profundidad”, los servicios técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible concluyeron que se trata de dos proyectos y no uno solo.

Desde la Junta explican que son conscientes de las “posibles afecciones” sobre el río Bullaque y la Red Natura 2000. “Estamos siendo más exigentes, si cabe, en la tramitación”. En este sentido, han resaltado que “si se cometiera cualquier irregularidad, conminaríamos al promotor a subsanarla antes de iniciar un proyecto”. Y en el caso de que “no fuera así”, se le “aplicarían las sanciones correspondientes.

Las mismas fuentes recuerdan que existe una moratoria vigente hasta el último día del año y que, por tanto, no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones ambientales para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino de grandes tamaños. Tampoco se admitirán nuevas solicitudes de modificaciones de las autorizaciones ambientales integradas concedidas a instalaciones de explotaciones ganaderas de porcino que supongan ampliación de capacidad, recuerdan.

El abrazo al río Bullaque

José Falquina es portavoz de la asociación Bullaque Vivo, que reúne a unas 300 personas de las localidades por las que pasa el río, tan querido en la comarca: Retuerta del Bullaque, Pueblonuevo del Bullaque, El Torno, El Robledo, Piedrabuena y Luciana. “Desde el primer minuto que vimos la posibilidad de que nos iban a implantar este tipo de industria cárnica intentamos evitar en lo posible que se pudiese hacer esto que creemos que es un mal”, recalca.

En agosto de este año, decenas de personas se reunieron para “abrazar” al río y mostrar así su rechazo no solo a este proyecto en particular, sino a una situación general de “degradación hídrica” en la comarca, la provincia y la región. Reivindicaban una gestión “racional” del agua en la cuenca del Guadiana para poder “reconciliar la vida de los habitantes” con los procesos ecológicos“. Y también pedían la instalación ”urgente“ de una depuradora en el municipio de El Robledo para mejorar la calidad del agua del río.

Falquina explica que desde la asociación conocen los casos de otras localidades y poblaciones que “ya sufren las consecuencias” de la instalación de este tipo de industria cárnica. “No parece que aporte muchos beneficios”, señala. Y también lamenta que se haya acusado a la asociación de no querer contribuir al desarrollo económico de la zona. “Parecía como que queríamos romper con la posibilidad de que hubiera puestos de trabajo en la zona. Pero consideramos que este tipo de industria va a generar muy poquitos puestos y que incluso va a perjudicar los que ya existen”, asegura el portavoz.

Pero lo que más les importa es el río, que quedaría a apenas “setecientos metros” de distancia de uno de los proyectos. “Esta zona tiene un valor incalculable”, asegura el vecino, por su flora y su fauna. “Cualquier vertido, cualquier riada dañaría notablemente el conjunto del ecosistema que tenemos aquí”.

“No podemos tomar ninguna postura”, asegura el alcalde

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha zanjado el asunto rápidamente en conversación con elDiarioclm.es. Es regidor en este pueblo de Ciudad Real desde 2023, bajo las siglas de la Agrupación Robledana de Electores Independientes (AREI). “Ahora mismo no podemos tomar ninguna postura, ni de favor ni en contra”, recalca el alcalde, que señala que una vez la consejería de Desarrollo Sostenible emita su posición, “tanto si es favorable como desfavorable”, el Ayuntamiento tendrá que tramitar la licencia.

“El proyecto ha estado parado hasta que se nos informó de que se les solicitó una evaluación de impacto ambiental ordinaria”, resaltaba Ormeño, que señalaba igualmente que desde el municipio se tendría que contratar a una asesoría técnica medioambiental para ciertos estudios. “En el momento en que nos soliciten nos pondremos manos a la obra”, zanjaba el alcalde.

Pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere hacer del biogás, mediante decreto, una apuesta firme en el despliegue de fuentes renovables en la región y aunque ha presumido de su amplia capacidad para la producción de este gas procedente de residuos orgánicos, la Administración regional ha decidido poner fin a un proyecto de biometano cuya promotora tenía planeado desarrollar en la ciudad de Albacete, la más poblada de Castilla-La Mancha.

Es el caso de la planta proyectada por Biogás Albacete S.L., filial de Aratel Energías Renovables, en el polígono industrial de Romica de Albacete. La Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional ha archivado los trámites de evaluación de impacto ambiental. Lo han comunicado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, quienes han manifestado que de esta forma, se pone fin a un procedimiento que comenzó hace dos años con el inicio del expediente.

La decisión de tumbar esta iniciativa, según informa el Gobierno regional, se realiza de conformidad de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, puesto que el informe urbanístico de compatibilidad urbanística ha sido negativo.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Albacete, gobernado por el PP, ya inició hace dos años su batalla contra este proyecto, arropado después por todos los grupos municipales. De hecho, en septiembre de 2023 cambió las normas urbanísticas de la ciudad para impedir la implantación en el término municipal de industrias que pudieran “generar molestias por olores”.

Concretamente, se introdujo en la regulación de los usos de las zonas industriales del suelo urbano la “prohibición expresa” de este tipo de industrias de producción de biogás a partir de residuos orgánicos de diversa procedencia.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento anunció la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente en el mismo sentido. En un artículo de esta regulación municipal se incluyó que “las actividades susceptibles de provocar malos olores como consecuencia de la naturaleza de los materiales a procesar, como el caso de residuos orgánicos de distinta procedencia, o durante las etapas de producción, no podrán ser instaladas en polígonos industriales”.

El PSOE se alineó con el PP

Ante estas medidas, el PSOE albaceteño, en la oposición, ya tenía preparada también su ofensiva de rechazo, alineada con el alcalde y contra todo pronóstico, a la vista del desarrollo de varios de estos proyectos en la región con el visto bueno del Gobierno socialista. Presentó una moción que se aprobó por unanimidad (incluido Vox) en el pleno municipal tan solo un día después de que el alcalde del PP anunciara las medidas mencionadas.

En esta propuesta se pidió al Ayuntamiento que iniciativas como la planta de Aratel no puedan instalarse en suelos industriales. “Hemos mostrado unanimidad frente a la instalación de iniciativas empresariales que no estén bajo la premisa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”, resalta la concejala socialista Amparo Torres tras aprobarse la moción.

El PP y el PSOE unieron así sus fuerzas para presentar las alegaciones pertinentes al proyecto de la mercantil en el proceso de exposición pública, a través de su Servicio de Medio Ambiente y de la Gerencia de Urbanismo. La alianza de ambos partidos llamó la atención por tratarse de la ciudad más poblada de la comunidad autónoma.

A la oposición política se unió también la vecinal y social. Desde ACCEM-Ecologistas de la Manchuela y explicaron que este rechazo se debía a que “se están agitando las aguas” con los proyectos de biogás y ambos partidos se vieron “azuzados” por el rechazo social.

Hoy mismo, la portavoz de Stop Ganadería Industrial, Inma lozano, ha considerado un “alivio” que se archive el proyecto. Ha recordado que esta plataforma ayudó a redactar las alegaciones mostrando los “efectos nocivos” tanto para las personas de la urbanización cercana al polígono industrial como para los propios empresarios. “Estos proyectos no son mas que ponerle una tirita al problema de los purines”, ha dicho.

No obstante, ha mostrado su “gran preocupación” ante el plan de biometanización que prepara el Gobierno regional. “Es técnicamente deficiente y los datos son dudosos”, afirma Lozano, al tiempo que apunta que Castilla-La Mancha proyecta alrededor de 100 plantas de estas características. “Nosotros estaremos muy atentos, las valoraremos en su conjunto y presentaremos alegaciones en todos aquellos proyectos en los que veamos que no se cumpla la normativa y que tengan efectos tanto para el entorno como para la salud de las personas”.

La promotora defendió su proyecto

Poco después, Aratel Energías Renovables salía al paso de estas medidas para defender su proyecto. Argumentó que se trata de una empresa centrada en desarrollar proyectos de energía renovable de diferentes tecnologías en el marco de la transición energética, “con años de experiencia en el sector y sólida presencia en Castilla-La Mancha”. En ese comunicado, confirmaba que estaba desarrollando una planta de biometano en la ciudad, ubicada en el Polígono de Romica, a través de la filial Biogás Albacete.

Detallaron entonces que la inversión total del proyecto era de 13 millones de euros con la creación de 50 empleos durante su construcción y 10 puestos de trabajo durante la fase de operación y mantenimiento de la planta.

Según afirmó, el proyecto se hacía “en cumplimiento de las normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales vigentes en Castilla-La Mancha y el municipio de Albacete”, tras superar “minuciosos y exhaustivos requerimientos demandados por la Junta y el ayuntamiento en el proceso de autorización ambiental integrada (AAI).

Concluía afirmando que tenía la voluntad de continuar con sus planes de inversión, impulsando este proyecto “que aportará sostenibilidad, innovación y desarrollo económico a las empresas albaceteñas en una localidad de la que también forma parte”. No obstante, el Gobierno de Castilla-La Mancha hoy le ha dado carpetazo.

El Gobierno de Cantabria ya tiene redactada la nueva Ley de Evaluación Ambiental y prevé remitirla antes de que termine este 2024 al Parlamento autonómico para su tramitación, al tiempo que avanza en la elaboración de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático y la Estrategia de Bioeconomía y Economía Circular, que aprobará posiblemente a finales de este año o principios del próximo.

De este modo, la de Evaluación Ambiental será “una de las primeras leyes que entren en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones”, según ha avanzado este martes el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), que ha explicado que esta norma se había quedado “obsoleta” y se ha necesitado “rehacerla completamente”.

Como ha señalado, “hay un montón de nuevas normativas tanto europeas como nacionales que se han implementado en los últimos años y la han dejado absolutamente antigua”.

Además, ha defendido que “necesitamos una ley que preserve nuestros valores ambientales a lo largo y ancho de toda Cantabria. Sin duda tenemos un patrimonio natural que debemos proteger a toda costa, pero también hay cuestiones absolutamente redundantes, que paralizan la gestión diaria de muchísimos expedientes dentro de la propia Consejería y esta ley va a venir a corregir”.

El consejero, que ha hablado de este asunto en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega, donde ha participado este martes en la presentación de la evolución del Plan de Acción Saja-Besaya, ha asegurado que tratará de llegar a un acuerdo “lo más amplio posible” con las fuerzas políticas del Parlamento para que esta ley “nazca fruto del consenso” y “tenga estabilidad en el tiempo”.

De hecho su departamento ha trabajado con el borrador del anterior Gobierno (PRC-PSOE) tanto para esta norma como para la Estrategia frente al Cambio Climático. “No hemos tirado nada del trabajo que ya se había hecho por el anterior Gobierno”, aunque si se han modificado algunas cuestiones, ha indicado el titular de Medio Ambiente.

Esta Estrategia, según ha dicho, está ya “muy avanzada” y se aprobará en las próximas semanas.