Proteger el suelo rústico, la nueva fórmula de un pueblo de Albacete para blindarse contra las macrogranjas
El suelo rústico es una de las figuras que más modificaciones ha sufrido en las reformas legislativas urbanísticas. Con carácter general, este tipo de suelo, también denominado rural, no permite construcciones debido a la falta de electricidad, agua, gas o red de saneamiento, pero dependiendo de cada caso concreto y de las normas autonómicas, existen algunas (bastantes) excepciones. En Castilla-La Mancha, entre las posibles edificaciones sobre suelo rústico se encuentran obras adscritas al sector primario. Eso incluye a la ganadería, y por tanto, a las explotaciones intensivas o macrogranjas.
Con carácter general, al encontrarse dentro de un espacio rural con condiciones naturales, el suelo rústico puede ser preservado por la ordenación territorial y urbanística para su transformación en suelo urbano, pero será objeto de protección según sus características ecológicas, paisajísticas o ambientales y si representa un valor productivo, agropecuario, ganadero o forestal.
Esta es la clave con la que el municipio albaceteño de Pozuelo, uno de los más activos del país en su lucha contra las macrogranjas gracias a la movilización ciudadana, busca blindarse contra estas explotaciones intensivas. Para ello, sigue adelante la modificación de Plan de Ordenación Municipal (POM). El objetivo: preservar el suelo rústico “de transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos”. Era una petición recurrente de las plataformas sociales y vecinales contrarias a las macrogranjas.
En esta reforma introduce una regulación de la ganadería, especialmente la intensiva, que permita garantizar, no solo “la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos en las zonas protegidas” (que ya cuenta con las legislaciones estatal y autonómica), sino también asegurar que los usos del suelo “son coherentes con su utilidad pública la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural”.
Respetar la “naturaleza” de las fincas rústicas
El Ayuntamiento, del PSOE; quiere garantizar la protección del paisaje tradicional dentro de los límites que establece la propia ley y, más concretamente, garantizando el cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Esta norma determina que los actos de edificación adscrita al sector primario en suelo rústico solo son posibles “cuando el planeamiento territorial los permite y cuando guarden relación con el destino y naturaleza de la finca”.
El Ayuntamiento alega que todas las cuestiones desarrolladas en esta modificación puntual contribuirán al desarrollo sostenible municipal, entendido como aquel “cubre las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”.
Concretamente, la reforma actualiza los parámetros de parcela mínima y ocupación máxima para las distintas obras, construcciones e instalaciones permitidas en suelo rústico para hacerlos coincidir con los definidos en la Instrucción Técnica de Planeamiento de Suelo Rústico de 2020. Y de la misma forma, desarrolla la regulación del uso ganadero en suelo rústico, especialmente de los métodos intensivos que caracterizan a las macrogranjas.
Además, se va a introducir un nuevo plano de ordenación que regule la ganadería intensiva definiendo categorías en función de las capacidades ganaderas máximas admisibles en el término municipal de Pozuelo, todo ello calculado en función de la capacidad de acogida del territorio.
Dicho plano recoge un perímetro de protección respecto del límite de los núcleos urbanos en el que se prohíbe la aplicación de purines a los cultivos agrícolas. Según el texto, la reforma no altera o modifica el modelo territorial, no supone el incremento de la demanda de recursos hídricos para abastecimiento de la población ni la modificación de caudales de vertido.
Tampoco clasifica como suelo urbano o urbanizable el que previamente fuera rústico, ni legaliza actuaciones urbanizadoras irregulares y “en ningún caso desvirtúa la ordenación originaria del POM, cubriendo y cumpliendo, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y objetivos considerados en las mismas”.
Según el texto de la reforma de su POM, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) con motivo de su trámite de evaluación ambiental, esta regulación de determinadas actividades en suelo rústico se encuentra dentro de la competencia local de formular innovaciones a su planeamiento y regular las actividades en su término municipal. Pero debe darle el visto bueno final el Gobierno autonómico. De momento, la Dirección General de Economía Circular ha resuelto que la evaluación ambiental no es necesaria. Queda por tanto que lo analice la Comisión Provincial de Urbanismo y la Consejería de Fomento.
El Ayuntamiento, consultado por elDiarioclm.es, ha declinado valorar la cuestión por el momento al encontrarse en trámite esta reforma.
Sí se ha pronunciado Stop Ganadería Industrial. Inma Lozano es agricultora, portavoz de este colectivo y también de la Plataforma ‘No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón’. En 2018 capitaneó una plataforma vecinal contra de la instalación de una macrogranja de cerdos en la zona (51 naves y hasta 140.000 cerdos auspiciada por CEFUSA, empresa que pertenece al Grupo Fuertes, al igual que El Pozo).
Pero actualmente, esta misma empresa proyecta otra construcción de 85.000 cerdos en la misma localidad. Según apunta Lozano, sobre esta última “amenaza” se desconoce actualmente el estado del expediente- “Ni está anulado ni archivado. Se ha pedido más información a la empresa pero no hemos tenido acceso a ello por cuestión de protección de datos”.
Recuerda esta plataforma que esta última explotación tiene firmada la compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento, a pesar de tener una de sus naves en un camino público. Fue esta cuestión la que motivó que solicitaran al Consistorio una modificación del POM, con el objetivo de conseguir su “blindaje”, al igual que otros municipios de la provincia como Cenizate.
Era algo necesario que veníamos reclamando desde hace años
“Era algo necesario que veníamos reclamando desde hace años. En primer lugar, para proteger el municipio frente a explotaciones ganaderas de la envergadura que Cefusa-El Pozo quería instalar. Tanto por la cercanía a núcleos urbanos como Argamasón, Casas de Cañete, La Zarza o La Solana, como por la cantidad de purines que generaría al tener capacidad para más de 85.000 cabezas”, apunta Inma Lozano.
Esta plataforma siempre ha denunciado que no habría capacidad para gestionar bien esos purines. No hay hectáreas suficientes para “aprovecharlos según la normativa” y “no contaminar el suelo y el acuífero”, que ya presenta altos niveles de nitratos rozando los 47 mg/litro en el agua del grifo (siendo 50 el límite para ser apta a consumo), según las últimas mediciones que el colectivo ha realizado dentro de la Red Ciudadana de Vigilancia de Nitratos, con la que la plataforma colabora.
Ahora la cuestión queda en manos del Gobierno castellanomanchego. Actualmente la instalación de macrogranjas de cerdos en esta comunidad autónoma está sometida a una moratoria vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, colectivos ecologistas y sociales han denunciado que esta medida es un “coladero” y que siguen tramitándose permisos de ganadería industrial.
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