Un trabajador de 22 años de edad ha resultado herido este lunes tras ser aplastado por una máquina de apilar bandejas en la empresa Incarlopsa de Tarancón (Cuenca). Se trata del segundo accidente laboral en menos de una semana en esta instalación, puesto que la compañía ya registró la semana pasada otro accidente.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos de este lunes han tenido lugar sobre las 14.40 horas. El herido ha sido trasladado por una UVI al Hospital de Cuenca y al lugar ha acudido también la Guardia Civil.

En cuanto al anterior accidente laboral, se produjo el pasado 8 de agosto cuando un trabajador de 40 años de edad resultó herido tras amputarse el dedo con una máquina. El trabajador fue trasladado por medios externos a la mutua de su trabajo y al lugar ha acudido Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Incarlopsa investiga los hechos

Con motivo de estos hechos, Incarlopsa ha emitido un comunicado en el que lamenta “profundamente” estos accidentes. “Nuestra principal preocupación es que los trabajadores afectados reciban la atención médica y el apoyo necesario para su pronta recuperación”, subraya la empresa, y detalla que el empleado que sufrió el accidente este lunes ya ha sido dado de alta en el hospital y se incorporará con normalidad a su puesto de trabajo, mientras que el que sufrió la amputación “ya está recuperándose en casa”.“

“Estamos investigando las causas de los hechos con el objetivo de tomar las medidas necesarias y evitar que incidentes como estos se repitan. La seguridad de nuestros empleados es la máxima prioridad para Incarlopsa. Por ello, contamos con rigurosos y estrictos protocolos de prevención de riesgos, adaptados a las particularidades de nuestro sector, y brindamos formación continua en esta materia a todos nuestros trabajadores”, concluye.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha dedicado hoy amplios elogios a la empresa Incarlopsa. Concretamente, ha considerado que “un gran ejemplo” de la transformación que suponen para la industria agroalimentaria los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Es más, la ha definido como “uno de los mejores ejemplos” de dicho cambio.

Hereu ha hecho estas declaraciones en la visita que ha realizado a las instalaciones la compañía en Tarancón (Cuenca). Una empresa “líder”, ha dicho, pero que está haciendo también“ un proceso de transformación desde el punto de vista de eficiencia energética y de mejora de los procesos de digitalización”, dentro de un sector que es “seguramente la industria más importante que tenemos en España”, ya que representa, ha dicho, más del 2,5% del PIB nacional.

Previamente, el ministro ha anunciado que intentará “flexibilizar los criterios” de la segunda convocatoria del mencionado PERTE en materia agroalimentaria, para que “gane en capilaridad” y favorecer que el desarrollo de la industria tenga “impacto territorial”. Ha comentado que esa flexibilización de criterios buscará que se puedan presentar “proyectos individuales de empresas” con importes “algo menores”.

“Nos interesa esta capacidad de generar impacto territorial en muchos sitios. Tenemos que seguir persistiendo en esta política de desarrollo de esta industria que tiene tanto impacto territorial”, ha proseguido, poniendo a Incarlopsa como “ejemplo” de transformación del territorio en el que se ubica.

Hereu ha recordado que esta primera convocatoria del PERTE Agroalimentario ha supuesto 182 millones de euros de aportación para la “transformación” de esta industria, mientras que la segunda convocatoria tendrá “un mínimo de 300 millones”, con 100 millones en subvenciones y 200 en financiación.

CCOO ha denunciado que Incarlopsa ha despedido a una trabajadora, tras conocer su intención de presentarse a las elecciones sindicales por Comisiones Obreras. “Nunca había pasado”, lamentan desde la organización, que ha organizado varios días de concentraciones de protesta frente a la fábrica en Tarancón (Cuenca). Ángel León, secretario general de CCOO Industria, ha apelado a la dirección de la empresa para “buscar solución a este conflicto”.

Solución, señala León, que “sólo pasa por la readmisión de la trabajadora y que el proceso electoral se pueda desarrollar con las máximas garantías y con la máxima normalidad, como siempre se ha hecho en esta empresa”, resaltan. “Es inaceptable que la empresa de mayor facturación de Castilla-La Mancha incurra en estas prácticas antisindicales”, denunció León, que acudió este miércoles a la concentración.

Derecho constitucional

“No es de recibo que ante una trabajadora que quiere ejercer un derecho constitucional como es concurrir a unas elecciones sindicales, la respuesta por parte de la empresa sea despedirla en el momento en que conoce que se quiere presentar”, afirmó León. Por eso, desde el sindicato señalan que “Incarlopsa debe rectificar” y para ello se está “peleando en la calle”. También han advertido de que no descartan recurrir a la vía judicial. “A nuestro entender estamos ante una vulneración de un derecho fundamental”, resaltó León.

 “Apelo a la dirección de la empresa para que nos sentemos a buscar solución a este conflicto, solución que solo pasa por la readmisión de la trabajadora y que el proceso electoral se pueda desarrollar con las máximas garantías y con la máxima normalidad, como siempre se ha hecho en Incarlopsa”, señaló León, en el mismo sentido que el presidente del comité de empresa, Migueñ Ángel Bonito, así como el secretario general de CCOO Industria de Cuenca, Pedro Lucas.

Por su parte, Lucas explicó que “tenemos abiertos todos los procesos electorales dentro del grupo Incarlopsa y el otro día, el pasado día 12, cuando se presentaron los censos electorales en los que aparecen las personas que va a poder ejercer su derecho al voto y su derecho a presentarse a las elecciones sindicales, hay una trabajadora de la planta de Corte y Envasado con más de cinco años de antigüedad que observa que no está en el censo electoral”.

En una empresa “de calado”

 Lucas ha recalcado que fue la trabajadora la que pide a CCOO que se realice la reclamación al censo y que el sindicato lo hace tal como lo pide. “Al día siguiente, Recursos Humanos llama a la trabajadora y le comunica el despido ‘por bajo rendimiento’, aceptando de entrada la empresa su improcedencia y sin dar mayores argumentos ni explicaciones”, asegura Lucas.  

“Esto, en una empresa de este calado, la más grande la provincia, con una ya muy larga trayectoria sindical, donde se han realizado multitud de procesos electorales, nunca había pasado. Pedimos a Incarlopsa que reflexione y rectifique”, concluyen desde CCOO.

En el verano de 2021 las localidades de Gascueña y Tinajas se ‘rebelaron’ contra la instalación de una macrogranja en la zona con 6.000 cerdos. Llegaron a constituir una asociación para frenar la llegada de la explotación intensiva a tus pueblos. Ese mismo año ambos ayuntamientos aprobaron sendas ordenanzas para regular (y endurecer) su normativa frente a este tipo de proyectos ganaderos.

Ahora a los vecinos de estos pueblos se han sumado los de Huete, Villalba del Rey, Portalrubio de Guadamejud, Valdemoro del Rey,  La Peraleja y Moncalvillo. Tienen en ciernes otros tres nuevos proyectos porcinos con más de 2.000 cerdos cada uno, auspiciados por Icpor Castilla-La Mancha S.L., la sociedad del grupo Incarlopsa con sede en la localidad conquense de Tarancón.

Una de las macrogranjas se ubicaría en Moncalvillo de Huete y las otras dos en el término municipal de Portalrubio de Guadamejud, que solo cuenta con 35 habitantes censados. “Los proyectos cumplen escrupulosamente con los requisitos definidos en el Real Decreto306/2020, incluyendo tanto la separación sanitaria entre granjas como la distancia a núcleos urbanos, entre otros”, asegura la empresa promotora.

Unos 120 vecinos se han reunido para organizarse. “No lo entiendo. Se supone que hay una moratoria en Castilla-La Mancha para macrogranjas porcinas”, dice Pilar Moya, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca en Tinajas. Cuentan con el apoyo de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca que desde 2016 se ha posicionado para impedir que las explotaciones intensivas copen los pueblos conquenses. Su presidenta, Remedios Bobillo, carga contra los tres nuevos proyectos. “Casos como este evidencian la ineficacia de una moratoria que no lo es y que en la práctica favorece a las grandes empresas del sector del porcino, las cuales se ceban en las pequeñas localidades para evitar contestación social”.

Y es que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el pasado mes de enero una moratoria que, en teoría, impide la ampliación y la apertura de nuevas macrogranjas porcinas (solo de este tipo de ganadería) hasta el 31 de diciembre de 2024. Y sin embargo tiene excepciones que, según Pueblos Vivos Cuenca, están permitiendo a los promotores saltarse la norma. Las explotaciones porcinas son más viables si tienen menos de 2.500 cabezas porque no necesitan Autorización Ambiental Integrada. Y no están prohibidas si incorporan “sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de sólidos de cara a impulsar la necesaria transformación del sector”. Unas excepciones que desde Pueblos Vivos Cuenca ya calificaron en su momento como “un coladero”.

“Los tres proyectos diseñados por ICPOR cumplen escrupulosamente con la normativa vigente”, replican fuentes cercanas a la empresa y, “no solo” en cuanto a la moratoria, abundan, sino respecto a la normativa estatal aprobada en 2020 y que establece las normas de ordenación de las granjas porcinas intensivas.

“Desde nuestra fundación en 2012, ICPOR ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente. Por poner un ejemplo simple, ¿un conductor incumple la normativa si circula por una autovía a 116 km/hora cuando el límite es 120 km/hora? No. Circula perfectamente dentro de la legalidad”, señalan en declaraciones a este periódico. 

El papel “decepcionante” de los alcaldes

Ningún alcalde de los municipios afectados acudió a la reunión convocada en Tinajas hace unos días. “Es decepcionante que no aparezcan para decir que van a luchar con nosotros para defender los pueblos. A la gente eso le está haciendo mucho daño”, asegura Pilar Moya. Buscaban explicaciones y confirmar la postura de los ayuntamientos durante un encuentro que muchos tuvieron que seguir desde la calle por las normas de seguridad por la COVID-19, explican los organizadores.

No ha sido posible recabar las opiniones en este sentido de los alcaldes de Huete (una de las tres explotaciones se ubicará en una de sus pedanías) y Portalrubio de Guadamejud, pese a los reiterados intentos de elDiarioclm.es. El alcalde de Tinajas, donde tuvo lugar la reunión, sí ha comentado que su intención es “apoyar” a los vecinos. “Mientras yo esté estarán prohibidas. Para eso hemos aprobado una ordenanza”, asegura Francisco Javier Romero. “No queremos problemas ni con nuestros vecinos ni con los de los otros municipios”.

Cada proyecto se ha presentado individualmente y tiene una capacidad de 2.496 cerdos de cebo. Es decir, cuatro por debajo del nivel de los 2.500 que obligaría a presentar una autorización ambiental integrada. El inicio de las obras está previsto para el próximo mes de noviembre, explica Pueblos Vivos Cuenca, aunque desde ICPOR aseguran “no hay estimación concreta” para los plazos. Los proyectos se encuentran en la fase de evaluación ambiental. “Depende de diferentes administraciones y cada una maneja unos plazos”. 

Las tres macrogranjas suman una capacidad total de 7.488 cabezas y engordarán previsiblemente a 18.464 cerdos de cebo al año. Se ubicarán en una zona próxima al pantano de Buendía. “Según ratios técnicas comúnmente aceptadas consumirán conjuntamente 30 millones de litros de agua al año (unas 21 veces el consumo de los habitantes de Portalrubio), producirán unos 16 millones de litros de purines al año (equivalente a 4,8 piscinas olímpicas) y emitirán 38 toneladas de amoniaco y 68 toneladas de metano al año”, detalla Pueblos Vivos Cuenca.

Sobre la oposición vecinal la empresa promotora dice que “cada uno es muy libre”, pero apunta que “se trata de una nueva campaña de desinformación a la ciudadanía basándose en un desconocimiento absoluto de la situación actual del sector”. Indica que sus críticas se basa en “el modelo de desarrollo y de granja que se construía hace décadas y cuando la regulación del sector y las preocupaciones de la sociedad eran otras bien distintas a las actuales. No solo en el sector porcino, sino en cualquier tipo de actividad”.

ICPOR se defiende de las críticas, pero no ofrece datos de su actual producción ganadera

ICPOR asegura que contribuye a “modernizar el sector porcino” con “el bienestar animal y el compromiso medioambiental” como clave en sus instalaciones y que también están actuando para mejorar aquellas granjas operativas hace décadas. Explican que tapan las balsas de purines para evitar emisiones, que dan cursos de formación a granjeros para su aplicación y que disponen de “soluciones para tratar el purín, reduciendo el olor y su contenido de nitrógeno, para facilitar su posterior valorización como fertilizante orgánico en los campos de cultivo”. 

Sin embargo, la empresa no ofrece datos sobre el actual volumen de cabezas de porcino que gestiona ni tampoco sobre los proyectos pendientes que tienen sobre la mesa. “Esos datos forman parte del core business de ICPOR”, argumentan, para insistir en que cumplen “escrupulosamente con la normativa”. ¿Y cuál es el destino de la producción porcina de la empresa?, preguntamos. “Todos los clientes con los que trabaja ICPOR son nacionales por lo que nuestra producción se destina íntegramente al territorio español”, explican.

Agua subterránea de la cabecera del Tajo

El agua necesaria para estas granjas es otra de las cuestiones que indigna a los vecinos. Según los datos que maneja Pueblos Vivos Cuenca se cuenta con una concesión de agua de un sondeo que se ubica a poco más de dos kilómetros del embalse de Buendía.

El informe ambiental presentado para los proyectos de Portalrubio incide en esta cuestión. “Se dispone de una concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas desde la que se va a detraer el volumen anual necesario para el uso de la explotación ganadera”. Dicha concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo fue publicada en el Boletín de la Provincia ya en 2017.

“No necesitan hacer pozos. Ya los tienen, los pidieron para regadíos con agua de Buendía”, asegura Pilar Moya. “No tenemos agua para el pueblo, pero sí para esto. Es algo que han estado fraguando desde hace tiempo”.

Las fuentes de ICPOR consultadas niegan este extremo. “Las granjas proyectadas se abastecerán de agua mediante la concesión actual con la que cuentan las parcelas donde estarán ubicadas, que se nutren de agua a partir de un pozo privado. No del embalse de Buendía”. Se trata de una concesión vigente, destinada a regadío y “cuando estén operativas las granjas, parte de esa concesión se destinará a uso ganadero” aunque sin aumentar la dotación ni el consumo. “Independientemente de que las granjas se pongan en marcha o no, el agua que figura en la concesión seguirá consumiéndose, tal como se está haciendo actualmente”, añaden las mismas fuentes. 

Una nueva asociación bajo el paraguas de Pueblos Vivos en la Alcarria conquense

De la Asociación vecinal conjunta surgida en Gascueña y Tinajas nacerá otra todavía más grande que se sumará al colectivo Pueblos Vivos Cuenca. “Ahora será la Alcarria conquense la que tenga que luchar, con siete pueblos. Nos vamos a unir y pedimos a los que no están afectados que lo hagan. Hoy es en mi pueblo, pero mañana puede ser en el tuyo”.  

Pilar Moya vuelve a cargar contra los alcaldes: “No están informando a la gente. Ellos son los que tienen los medios, y no lo hacen. Deben dejar que la población decida y que pueda defender sus intereses” y anuncia alegaciones a los proyectos sin descartar otras vías.

Los que siempre hemos luchado por cuestiones medioambientales asistimos sorprendidos a la usurpación de nuestro lenguaje y vocabulario por parte de esta nueva ola de capitalistas que son los mismos que nos han llevado a la situación de desastre medioambiental en que nos encontramos, y que, lejos de cambiar sus prácticas (acción totalmente contraria a la maximización de beneficios que persiguen), se limitan a invertir ingentes cantidades de dinero en campañas de imagen que invaden todos los medios de información afines.

Campañas destinadas a realizar un lavado verde , obtención de certificados de bienestar animal por parte de instituciones financiadas por ellas mismas, certificados de huella de carbono cero, de aplicación de prácticas de Economía Circular y un largo etcétera, destinado a convencer a quién ya esté predispuesto de las bondades de una práctica cuya motivación última es la obtención de dominio empresarial y poder económico y que lleva aparejada una crueldad animal difícil de digerir sin altas dosis de insensibilidad o mentira.

Naturalmente, la brutalidad de este hecho requiere también de altas dosis de maquillaje:

-Contribución al empleo.

-Fijación de población

-Bienestar animal

-Contribución a causas sociales.

En esta línea se sitúa una de las empresas locales más significadas. Ya no podemos hablar de Incarlopsa como de una empresa únicamente sino como prácticamente de un grupo empresarial muy potente y con tentáculos que pretenden abarcar todo el proceso productivo del sector del que son uno de los líderes, el porcino.

Ahora tenemos 'Granja Belinchón', tenemos 'Greenpork', tenemos 'Icpor' y un largo etcétera. Tiene un brazo integrador con mucho músculo y ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, en parte también gracias a la obtención de un trato más que preferencial por parte del gobierno de García-Page. Esta empresa solita se llevó en 2015 el 9,5 % de las ayudas de fomento de la calidad alimentaria.

Pero la hemeroteca es muy tozuda y esta empresa que ahora se jacta de ser puntera en sostenibilidad o bienestar animal, lleva años escondiendo lo que barre por debajo de la alfombra.

Nos retrotraemos al 2018 cuando los veterinarios inspectores de Castilla la mancha denunciaron prácticas de maltrato animal en los mataderos de Incarlopsa y fueron represaliados por la Junta de Comunidades bajo presión de dicha empresa. Esta es nuestra empresa puntera en bienestar animal, es la que tiene estos cadáveres escondidos en el armario.

Estamos hablando de la misma empresa 'verde', preocupada por la región y por el bienestar de los vecinos, que no ha dudado, bajo el nombre de Icpor, en demandar al Ayuntamiento de Cenizate por ponerle trabas en representación legítima de sus vecinos. Una empresa que se jacta de una gestión modélica de las deyecciones en las granjas que integra y por las que es abastecido.

Pero, no nos engañemos. Aquí lo único que importa es la cuenta de resultados y los balances de final de año, obtenidos a costa de pueblos, de gente, de sus aguas. A costa de inundar los paisajes antaño rurales con estructuras de fabricación de carne y destrucción de vida. A costa de que un hedor insoportable invada todos los rincones. A costa de comprar voluntades.

Esta es la Incarlopsa que conocemos, y no la de los cerditos rosa de cuento que nos muestran en su publicidad. Por eso reclamamos que estas industrias dejen de canibalizar nuestro país.

Ya se conocen los detalles del estudio de viabilidad del proyecto del puerto seco y plataforma logística intermodal de Albacete 'Eco-Port' que ha sido elaborado por la empresa Indra tras el acuerdo alcanzado en su día con la Consejería de Fomento Castilla-La Mancha. Un estudio que determina la 'hoja de ruta' a seguir en la estrategia de logística, movilidad y transporte de mercancías, de la mano de múltiples empresas interesadas y del impulso de las administraciones.

Con el apoyo directo de la Junta de Castilla-La Mancha, el Grupo Candelo será 'tractor' de este proyecto. Esta empresa ya cuenta con más de 50 hectáreas de terrenos junto a sus instalaciones en la A-31 y, entre los proyectos que en su día presentaba a los fondos europeos, estaba el de la plataforma logística para Albacete.

Las infraestructuras logísticas se situarán en pleno corredor ferroviario Madrid-Levante, en la confluencia de las autovías A-31, A-30 y próximas a la A-32, actualmente en obras, con acceso a la línea de tren convencional electrificada.

El proyecto de puerto seco supone una inversión de 8 millones de euros para infraestructura y equipos. Según los cálculos de la consultora para el año 2027 (fecha en la que se alcanza el ramp-up del proyecto o momento económico álgido) el puerto generará casi 800.000 euros de ingresos llegando de forma progresiva hasta los 2,4 millones de euros en el año 2051, acumulando en este mismo año un EBITDA o beneficio bruto de más de 16 millones de euros.

A su vez, el desarrollo de la plataforma logística supone una inversión de 41,93 millones de euros, llegando a tener ingresos anuales siempre superiores a 1,8 millones de euros, (alcanzando algún año hasta los 6,4 millones de euros) hasta el año 2051.

Esta nueva área logística en la ciudad de Albacete se llevará a cabo en dos fases, ocupando en la primera fase un total de más de 400.000 metros cuadrados, de los cuales 282.000 metros cuadrados serán de superficie útil comercializable, con una ocupación objetivo de más de 189.000 metros cuadrados, lo que representa el promedio de ocupación del conjunto de polígonos industriales de la ciudad de Albacete.

Con los datos que se manejan hoy, el Eco-Port podría llegar a acoger de forma directa, 34.700 contenedores de su entorno más cercano, pudiendo llegar incluso a los más de 116.000 contenedores si se analiza su zona de influencia potencial.

En clave urbanística, solamente contempla la opción de un modelo de layout (diseño en cuanto a la disposición) flexible y que permita que cada cliente pueda diseñar su proyecto “llave en mano”. 

Según el estudio, “las tendencias de regionalización logística por el e-commerce y los cambios en los patrones de consumo contribuyen a que el parque logístico en España esté creciendo fuertemente en los últimos años” y Albacete entra en las posibilidades de la tendencia de futuro que demanda suelo logístico especializado.

Trenes de hasta 750 metros

El estudio de viabilidad ha analizado “cinco proyectos comparables en Zaragoza y en Burgos-País Vasco, dos nodos concentradores de carga en el norte de España”, según se detalla, en concreto la terminal intermodal de Júndiz y el polígono logístico Arasur (ligados al puerto de Bilbao) o el puerto seco de Pancorbo, en el País Vasco así como las terminales en Zaragoza, ligadas al puerto de Barcelona.

Se ha llevado a cabo un estudio de mercado, una proyección de la demanda, una evaluación de las alternativas de modelos de gestión y un estudio de pre-viabilidad. “Los resultados son claros: esta plataforma logística es viable”, asegura el informe, porque “hay infraestructuras, hay buena conexión, hay demanda, se sitúa en el eje ferroviario más corto entre Madrid y un puerto, va en línea con los objetivos de sostenibilidad y el transporte intermodal por ferrocarril a través del Puerto Seco y ofrece una alternativa competitiva para un sector empresarial que ya está y va a seguir creando empleo”.

Una de las principales ventajas, al margen de su posición geográfica, que destaca el estudio es que dentro del conjunto de los principales corredores intermodales que hay, “este que planteamos aquí hoy es el único que permitiría el tráfico de trenes más largos de hasta 750 metros”. El puerto de Valencia tiene acceso ferroviario en sus tres terminales y ya se está trabajando para ampliar la longitud máxima de los trenes admitidos. De hecho, incide en que ya se están llevando a cabo inversiones superiores a los 125 millones de euros para mejorar la accesibilidad ferroviaria.

¿Qué actores están ya interesados?

Entre quienes ya apuestan por implicarse están desde navieras como Maersk Line, las autoridades portuarias de Valencia y Alicante, operadores portuarios como TMS, CSP SPAIN, desarrolladores de infraestructuras ferroviarias como ADIF, operadores ferroviarios como MEDLOG o Laumar Cargo, cargadores como IKEA o TIBA o los grupos Gran Europa (vinculado al puerto seco de Azuqueca de Henares, en Guadalajara) y Hercesa (empresa de Guadalajara implicada en el desarrollo logístico de la capital y Marchamalo, donde se ubicará otro puerto seco en 2023).

Se han realizado hasta 21 entrevistas con potenciales usuarios de esta infraestructura. Entre ellos Airbus, Eiffage, grupo vinculado a infraestructuras de energía o construcción, la cárnica Incarlopsa o la cuchillera Arcos; operadores logísticos e intermodales como MEDLOG, Conterail, Transportes Caudete o TIBA. Se ha contado también con la opinión de los operadores portuarios y navieras como CSP Spain, Boluda o Aleatica; y con promotores inter-logísticos como Panattoni, entre otros.

“Proponemos una alianza amplia, una apuesta compartida, que cuenta con lo mejor que podemos ofrecer como región: por un lado, la potenciación del sector agroalimentario; y, por otro lado, la apuesta por sectores industriales como el aeronáutico y el energético que están afrontado procesos de inversión y de ampliación en la región”, señala el estudio.

Joint Venture como modelo de gestión

Además, se han estudiado hasta cinco modelos de gestión para la plataforma logística. Para los autores del estudio, el modelo “más atractivo” es una alianza (Joint Venture) público-privada en la que se compartirán los costes de la aportación de los terrenos, los costes asociados a la construcción y urbanización, así como la gestión de la comercialización. Es una forma, explican, de “compartir riesgos y co-dirigir el proyecto”.

No obstante, hay otra posibilidad no descartable que pasa por el desarrollo y concesión a tercero, a través de una autoridad pública.

Incarlopsa, compañía castellanomanchega líder en la producción y elaboración de productos cárnicos porcinos, cuenta ya con cámaras de videovigilancia en su matadero situado en Tarancón (Cuenca) desde abril de 2020, más de un año antes de que se regule su instalación en España mediante Real Decreto, cuya aprobación está prevista para finales de 2021, y tres meses antes de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición dependiente del Ministerio de Consumo sometiera a exposición pública el proyecto.

Según ha señalado la compañía, la compañía ha dotado a sus instalaciones con la tecnología necesaria para facilitar un control absoluto de cada animal, antes incluso de que sea obligatorio por ley.

Incarlopsa inició la instalación de cámaras de videovigilancia en junio de 2019, cuando las introdujo en la zona de recepción y descarga de los animales, y finalizó el proceso en abril de 2020, cuando incorporó este tipo de dispositivos al resto de dependencias de la instalación donde el animal está vivo. Así, hay cámaras de videovigilancia instaladas en todo el recorrido que realiza el cerdo hasta que es sacrificado.

El sistema de vídeovigilancia instalado en el matadero de Incarlopsa está compuesto por un circuito cerrado de televisión y un sistema para la grabación, almacenamiento, recuperación, reproducción, transmisión y copia de las imágenes, registrando la fecha, hora y ubicación de las grabaciones tomadas.

Cuando finalmente se apruebe el Real Decreto elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, España podría convertirse en el primera país de la Unión Europea en contar con una regulación legal específica sobre la instalación de sistemas de videovigilancia en sus mataderos, reforzando la posición de referencia del sector porcino español. Otros países de la Unión Europea ofrecen la opción voluntaria de instalarlos y solo Reino Unido lo tiene implantado por ley. 

El primer pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento de Almendros (Cuenca) ha aprobado por unanimidad su adhesión a la institución del Defensor de las Generaciones Futuras, una figura propiciada por la Fundación Savia y que, en la práctica, pretende ser “una declaración de intenciones en relación con la polémica macrogranja que Incarlopsa pretendía instalar, con la mayor parte del pueblo en contra”.

En Almendros, un pueblo de 225 habitantes, el proyecto para instalar una macrogranja porcina de 2.600 cerdos con lechones condicionó el resultado de las elecciones municipales del 26 de mayo. Allí gobernaba el PP en solitario (ni siquiera había grupo de la oposición) y tras los comicios una candidatura independiente de cuatro concejales en contra de la granja más un edil del PSOE conformaron el nuevo ayuntamiento.

Ahora, explican que la aprobación unánime de los cuatro concejales independientes y del único concejal del PSOE “es una declaración de intenciones respecto al cumplimiento del programa electoral del partido independiente PIDA, ganador de las elecciones, que dio un vuelco electoral en este municipio” y recuerdan que el PP, anterior equipo de Gobierno, “obtuvo un resultado insólito: ha pasado de tener siete concejales a tan sólo siete votos por el apoyo del anterior alcalde a un polémico proyecto de macrogranja de cerdos que ha contado con el rechazo de la población”.

La Institución del Defensor de las Generaciones Futuras, explican, “es una vanguardista propuesta de compromiso con el medio ambiente para que nuestros hijos y nietos no sean rehenes de decisiones políticas equivocadas del presente”.

Trece países de todo el mundo, municipios, ciudades y diferentes corporaciones se han sumado a lo que califican de “llamada a la responsabilidad”. Almendros se convierte en el municipio número 219 en adherirse (ya hay 21 adhesiones en Castilla-La Mancha hasta la fecha) y es el primero que lo hace en la región en la presente legislatura.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se ha dirigido por segunda vez al departamento de Medio Ambiente del Gobierno regional para que remita el expediente ambiental relacionado con la construcción de una macrogranja porcina en la localidad conquense de Almendros que albergará unas 80.000 cabezas al año y que se encuentra a tres kilómetros del parque arqueológico de Segóbriga. 

Lo ha dado a conocer la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) y fuentes del Alto Tribunal confirmaban a eldiarioclm.es que el procedimiento, que se encuentra en la sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo está en fase de tramitación. Se ha remitido un requerimiento a la Junta para que envíe el citado expediente al haber pasado el plazo dado por la Sala para recibir la documentación.

La asociación vecinal de Almendros recurrió el pasado mes de agosto la Autorización Ambiental Integrada, emitida por el departamento de Medio Ambiente de la Junta. 

Fue a principios de septiembre cuando el Alto Tribunal castellano-manchego resolvió admitir a trámite el escrito presentado por la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) e instó a la Junta a que, en un plazo de 20 días, enviar el expediente ambiental en el que se sustenta la autorización de esta granja.

La asociación ADERA, que paga su defensa con las cuotas de más de un centenar de sus asociados, explica en un comunicado que se constituyó para defender “un atropello ambiental y un escándalo político” que se sustenta “básicamente”, según aseguran, “en el interés económico de Incarlopsa” - la cárnica situada a escasos 15 kilómetros de la granja y copromotora de la misma- y del alcalde del municipio, Acisclo Jiménez, del PP, “que ha vendido sus tierras para facilitar la construcción de esta explotación”.

ADERA explica que el requerimiento remitido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Ruural otorga un plazo de diez días con “la advertencia de sanción disciplinaria”. 

En opinión de los vecinos, “quieren dejar pasar el tiempo sin entrar en el fondo del asunto, conocedores de las deficiencias, y esperar a que transcurran las próximas elecciones y sea en última instancia un tribunal quien determine”. 

ADERA ha solicitado de nuevo una reunión con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, “para tratar sobre las denuncias planteadas que han sido firmadas y avaladas por un equipo multidisciplinar integrado por técnicos industriales, medioambientales, expertos en minería e hidrología” y sobre las cuales, aseveran, “la Consejería no ha querido entrar”.

Acusan a este departamento del Gobierno regional de “falta de determinación política para abordar el fondo de la cuestión”, algo que dicen, unido a la participación del alcalde (PP), en su doble calidad de cargo público y propietario de terrenos que “pudiera tener derivaciones penales” lo que, añaden, “inquieta especialmente al municipio que observa una aparente colusión de intereses de la que el único beneficiado es Incarlopsa”. 

Además, apuntan que “indigna sobremanera la posición de silencio, falta de transparencia y cinismo del propio alcalde, que se beneficia de la venta de unos terrenos y sitúa en exclusiva la responsabilidad administrativa en la Junta”. En este sentido, concluyen, “si esa situación la planificara Incarlopsa para que le resultase como se observa, es imposible que le hubiera salido mejor”.

Pitos, consignas y cantos ‘serranos’ este lunes en la toledana plaza de Zocodover en contra de las macrogranjas porcinas. En concreto de la que Icpor Soria, empresa vinculada a Incarlopsa, quiere instalar en la localidad conquense de Zarzuela, con 2.600 plazas.

Convocadas por la Plataforma ‘Serranía de Cuenca Limpia y Viva’, un centenar de personas se han desplazado desde aquella provincia hasta la capital regional con mensajes muy claros -no exentos de crítica- para el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, en cuya gestión se centraban muchas de las pancartas. “Page, si no defiendes tu tierra y su gente vaya mierda de presidente”, se podía leer en una de ellas, mientras cantaban “los gorrinos no votan, señor Page entérese” o “Page escucha, la sierra está en la lucha”.

Serranía Limpia y Viva ha pedido este lunes a la Junta de Castilla-La Mancha un pacto autonómico en el que “se aborde el despoblamiento y la fragilidad de la economía de las zonas rurales de montaña desde una visión integral”. Reclaman una legislación adaptada a una producción local y artesana que, dicen, “facilitaría el funcionamiento de las empresas que nacen y trabajan en nuestra comarca”.

El portavoz de la Plataforma Serranía Limpia y Viva, Ángel Daniel Chacón , ha comentado que solo en la provincia de Cuenca hay una solicitud de instalación de tres macrogranjas de cría y 35 macrogranjas de engorde. “Estamos hablando 38 instalaciones, más lo que ya teníamos”.

Pepa Peralta, vecina de Villalba de la Sierra, abundaba en esa denuncia: “No es solo Cuenca sino toda la región, con un gobierno que dice que no, pero que no puede ir contra la ley, mientras lo está subvencionando. Vamos a seguir en pie de guerra. Sin fecha”. Anuncia que “darán la cara porque somos el pueblo y nuestro modo de vida no es criar gorrinos que además contaminan las aguas”. Denuncia “secretismos y que te vayan cerrando las puertas. Te informas de chiripa”.

“Lo único que van a fijar es población de gorrinos, por cierto muy maltratados, y a expulsar a los ciudadanos. Y no nos escuchan, no nos escuchan. Al final lo que decimos es que los gorrinos no votan y las personas sí”.

Tampoco han faltado pancartas, consignas y mensajes para Incarlopsa a la que acusan de una avaricia que va a destruir la región“. Han denunciado lo que califican de ”chantaje de Incarlopsa a la región“ así como el ”apoyo incondicional“ que se le ha dado por parte de los distintos gobiernos castellano-manchegos. ”Los planes de expansión de una empresa privada no pueden condicionar ni condenar el presente y el futuro económico, social y medioambiental de toda una comarca que ha decidido cómo desarrollarse económicamente“, decía Lourdes, una de las portavoces que ha leído un manifiesto en el que el colectivo defiende un modelo de desarrollo socioeconómico ”sostenido con el sacrificio de nuestras gentes, familias, jóvenes emprendedores, agricultores y ganaderos que trabajan día a día por conservar la herencia de sus antepasados, con la esperanza de dejar la misma tierra digna a sus hijos“.

También defienden “el modo de vida rural y sostenible, en equilibrio con el medio natural y garantizando su respeto y protección”, frente al que califican de “demagogo argumento de creación de empleo cada vez que políticos y empresarios quieren apoyar la instalación de una empresa contaminante en el medio rural despoblado, aprovechándose de la debilidad económica de los ayuntamientos y de la menor capacidad de movilización social”.

Por otro lado, han exigido el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, “programa totalmente incompatible con el modelo de macrogranjas porcinas” y han invitado al grupo de acción local de la comarca, PRODESE, a liderar el movimiento de oposición al proyecto y “a ser consecuente y coherente con su propia estrategia de desarrollo comarcal, que identifica el turismo de naturaleza como motor de desarrollo de nuestro territorio”.

En la concentración se ha podido ver al diputado regional de Podemos, David Llorente y también al coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo. El próximo 29 de agosto, la plataforma tiene cita para reunirse con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo.

El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, ha pedido excusas por comparar la sentencia de 'la manada' con la de los veterinarios que denunciaron maltrato animal en el antiguo matadero de Incarlopsa. Fue CCOO quien pidió, semanas atrás, “su cese inmediato” tras conocerse la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia reconocía la “complacencia” de su departamento ante las quejas de Incarlopsa por las denuncias de tres veterinarios. Dos de ellos fueron expedientados, tal y como reconoce la propia sentencia.

“La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, recogía la sentencia fechada en septiembre de 2017. Sobre este punto y poniendo como ejemplo las opiniones del juez particular de la sentencia de 'la manada' Tordera aseguró que “a veces los tribunales en sus aportaciones no son relativamente todo lo correctos que deben ser porque no han estado ahí”.

De esta manera se ha disculpado en rueda de prensa de los agentes sociales que por su comentario pudieron sentirse ofendidos y, además, ha señalado que la comparación “no fue acertada”. En concreto, el secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, aseguraba hace unos días que comparar la sentencia de los veterinarios que denunciaron maltrato animal en el antiguo matadero de Incarlopsa, con la de 'la manada' no fue “afortunado”.

Hace unos días, Manuel Tordera, reconoció que la empresa Incarlopsa se quejó de los veterinarios que denunciaron maltrato animal, porque “se pasaban de sus funciones”, ya que en la empresa trabajan siete veterinarios, de los cuales “cinco hacían una cosa y dos la contraria”, además recordó que la Justicia había dado la razón a la Junta dos veces. Fue su respuesta tras el nuevo debate ( en una pregunta oral del diputado de Podemos, David Llorente) en torno a este tema celebrado en el pleno en las Cortes regionales.

El secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, ha asegurado hoy que, comparar la sentencia de los veterinarios que denunciaron maltrato animal en el antiguo matadero de Incarlopsa, con la de 'La Manada', “no es muy afortunado”.

Se refería a las palabras de Manuel Tordera, director general de Salud Pública que, días atrás, era preguntado por el caso que sigue de vigente actualidad debido a la insistencia del diputado regional de Podemos, David Llorente, quien volvía a preguntar la semana pasada en las Cortes regionales por los veterinarios funcionarios que ejercían su labor en la sede de  Incarlopsa, en Tarancón (Cuenca). 

Fue CCOO quien pidió, semanas atrás, el cese “inmediato” del director general de Salud Pública tras conocerse la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia reconocía la “complacencia” del departamento ante las quejas de Incarlopsa por las denuncias de tres veterinarios. Dos de ellos fueron expedientados, tal y como reconoce la propia sentencia.

“La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, recogía la  sentencia fechada en septiembre de 2017.

“Desconozco las declaraciones pero si las hizo, no creo que sean muy afortunadas”, ha dicho el máximo responsable regional de CCOO. “Me imagino que la administración estará haciendo un estudio a la solicitud que nosotros planteamos. La sentencia dice lo que dice y será la Administración la que tenga que tomar una decisión definitiva”, aunque ha matizado que CCOO “no va a esconderse cuando detecte que hay alguna cosa que se hace mal”.

Las declaraciones las realizaba De la Rosa antes de un acto para presentar un estudio que el sindicato ha encargado a varios investigadores de la UCLM titulado 'El sector agroalimentario en Castilla-La Mancha' con datos recogidos entre los años 2012 y 2016 y por el que el sindicato ha pagado 6.000 euros, según desvelaba uno de los autores. 

El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, ha reconocido que la empresa Incarlopsa se quejó de los veterinarios que denunciaron maltrato animal, porque “se pasaban de sus funciones”, ya que en la empresa trabajan siete veterinarios, de los cuales “cinco hacían una cosa y dos la contraria”, además ha añadido que la Justicia ha dado la razón a la Junta dos veces.

Tordera se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras el nuevo debate (en una pregunta oral del diputado de Podemos, David Llorente) en torno a este tema celebrado ayer en las Cortes regionales.

Tordera ha señalado además que tras estos hechos “uno piensa desde fuera que alguien se equivoca porque no pueden hacer cosas diferentes en lo mismo”, por lo que “entra una duda razonable” y “hay que investigar”. En la investigación, según el director general, se hizo “lo que se hace en todos los casos cuando hay una duda en algo”, primero con una información reservada para “valorar si la denuncia tenía algún atisbo de verdad”.

Reconoce que se abrió expediente pero sin suprimir sueldo ni empleo

Los inspectores encargados de esta primera información reservada “vieron que había indicios de que hubiera algún problema”, por lo que se abrió un expediente y se retiró a los trabajadores de la línea de matadero, pero “se les mantiene en el trabajo con el mismo sueldo y en la misma localidad” y “se les hace que no se dediquen a eso mientras se hace la instrucción”.

Las personas que fueron apartadas “se sintieron agraviadas”, según ha destacado Tordera, por lo que fueron al Tribunal Contencioso-Administrativo de Cuenca, que “da la razón a la Administración”, ya que “está haciendo lo correcto” y le indica que “siga haciendo la instrucción”.

Sin motivos para que “continúen fuera”

En ese punto continúa la instrucción, ha señalado, y cuando termina de hacerse, el instructor dice que “no ve motivos para que continúen fuera”, que “no hay causa” y por ello pide “que vuelvan al puesto de trabajo”.

Esto ocurre en abril de 2017 cuando “se les vuelve a colocar en su puesto de trabajo” y en septiembre de 2017 el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha “vuelve a dar la razón a la administración” y dice que “hay que admitirlos”, algo que se había producido “hacía cinco meses”. A juicio del director general, las decisiones de la instrucción y de la Consejería “han sido acertadas”, ya que los tribunales ordinarios “han dado la razón dos veces” a la Administración regional.

Manuel Tordera, tras decir el juez que la Junta “actuaba al dictamen de la empresa”, ha puesto como ejemplo las opiniones del juez particular de la sentencia de 'La Manada', ya que “a veces los tribunales en sus aportaciones no son relativamente todo lo correctos que deben ser porque no han estado ahí”. “Yo respeto muchísimo y siempre doy la razón al tribunal, aunque esté o no esté de acuerdo”, ha concluido.

El caso de varios veterinarios que denunciaron prácticas de maltrato animal en el antiguo matadero que la empresa Incarlopsa tenía en Tarancón (Cuenca) ha vivido hoy un nuevo episodio en las Cortes de Castilla-La Mancha para enquistarse todavía más y entrar en bucle.

El diputado de Podemos, David Llorente, ha vuelto a plantear -han sido varias similares en las últimas semanas- una pregunta oral al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, sobre “veterinarios funcionarios de la Junta de Comunidades”.

Llorente le ha recordado que el pasado 19 de abril ya preguntó sobre “quién era responsable de haber expedientado y apartado de su puesto de trabajo a los veterinarios funcionarios de la Junta que denunciaron incumplimientos de la normativa de bienestar animal por parte de Incarlopsa”. La respuesta entonces fue la negativa de que existiera tal expediente.

El diputado de la formación morada ha llevado hoy a las Cortes un documento con la “Resolución del expediente disciplinario nº 2/2016”, fechado el 19 de diciembre de 2017“. David Llorente se ha dirigido al titular de Sanidad para afirmas que ”las mentiras tienen las patas muy cortas, sr. consejero. En ese expediente se dice literalmente que “se incoa por la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca (…) expediente disciplinario” y se adopta la medida (cautelar) de apartar a estos funcionarios de su puesto de trabajo.

Ha recordado el diputado de Podemos que tras esa Resolución, el veterinario afectado presentó recurso contencioso-administrativo contra la Dirección Provincial y, tras una sentencia desestimatoria en primera instancia, se presentaba recurso de apelación. Fue entonces cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia firme contra la Junta “en la que se dice literalmente que apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios por las simples quejas de Incarlopsa es una manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación”, ante la empresa cárnica, señalaba el diputado que ha acusado de “mentir” al consejero.

“Creo que Castilla-La Mancha no se merece que siga en su cargo. Castilla-La Mancha merece un consejero de Sanidad que defienda el interés general frente a intereses particulares por poderosos que sean”, le espetaba el diputado de Podemos titular de Sanidad.

También le ha pedido que “defienda a sus propios funcionarios cuando denuncian incumplimientos de la ley en lugar e expedientarlos y apartarlos de su puesto de trabajo”.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha vuelto a negar la existencia del expediente y ha acusado al diputado de Podemos de no saber distinguir documentos. “Lejos de pedir perdón, que es lo que tenía que haber hecho porque eso no es un expediente, usted no sabe lo que es un expediente claramente. Eso no es un expediente. Es una resolución de que no se haga un expediente, por lo tanto no mentí, que quede bien claro. Usted es el que ha venido a mentir una vez más”.

Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestima, ha añadido, “son las medidas cautelares. Estúdiese lo que son medidas cautelares y lo que es un expediente”, le ha recomendado al diputado de la formación morada.

El sindicato STAS dijo hace un mes que no solo hubo expedientes, sino sanción

El caso colea ya desde hace varias semanas. El sindicato STAS acusó al consejero de “mentir” el pasado 24 de abril, días después de lo dicho en las Cortes regionales. Según este sindicato “hubo expediente disciplinario y hubo sanciones”, aludiendo al documento que hoy exhibía el diputado de Podemos y a una segunda “Resolución 1/2016”, también fechada el 19 de diciembre de 2017.

En esos documentos, explicaba STAS, se dice literalmente que “con fecha 28 de junio de 2016 se incoa por la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca, en el ejercicio de la competencia contemplada en… [bla bla bla], expediente disciplinario al apreciarse que los hechos denunciados pudieran constituir falta de muy grave a grave”.

Y que en el párrafo siguiente, continuaba STAS, añade: “La directora provincial de Sanidad en el acuerdo de inicio de 28 de junio de 2016 adoptó la medida cautelar consistente en el traslado por un plazo de seis meses del expedientado desde su puesto de trabajo de Veterinario Oficial de Matadero en Incarlopsa, al Distrito de Salud de Tarancón”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que la empresa Incarlopsa es “magnífica” y ha asegurado que no dejará de hacerlo “por más que haya algunos que les guste frivolizar hasta con miles de puestos de trabajo que están detrás de esa gran industria”. Además, ha asegurado que no va a caer “en ningún populismo” con respecto a esta empresa “que ponga en cuestión a quien se levanta todas las mañanas con ganas de crecer y hacerlo además con el orgullo de ser de esta tierra”.

El presidente regional ha recordado que Incarlopsa “da de comer a gran parte” de la comarca de Tarancón y “tira de la economía de manera extraordinaria”, algo que no puede “dejar de reconocer”, ha reiterado. García-Page se pronunciaba así en la presentación la puesta en marcha del anillo perimetral de la red de tuberías de agua y del nuevo depósito de Santa Marina, dos infraestructuras cuyo uso será cedido a la Mancomunidad de Aguas 'El Girasol'.

Pacto nacional del agua

Dentro de la presentación, Emiliano García-Page, también ha considerado que es “absurdo” plantear un Pacto Nacional del Agua “si no se quieren cambiar las cosas”. Y es que, explicó, si el acuerdo de agua que se pueda plantear lo es “para seguir como hasta ahora” supondría “tomar el pelo a la gente”. Por este motivo, ha pedido a los dirigentes políticos “que no engañen a nadie”, aunque ese discurso se traduzca en votos.

Sin embargo, se ha mostrado también convencido de que la batalla del agua “la vamos a terminar ganando a base de constancia y racionalidad”, y ha recordado que Europa “ya nos ha dado la razón”. Asimismo, ha pedido que “antes de quitarle el agua a otras cuencas”, se intente aprovechar los recursos que tenemos cercanos, “y mucho más si tenemos un agua que no se acaba, como es la del mar”.

En cuanto a los trasvases, ha afirmado que si se quiere insistir en ellos como solución al problema del agua en el país, se debe hacer “entre todos los ríos”, ya que hay una “forma de ser solidario más racional y sostenible, que es la desalación”. Por ello, ha vuelto a pedir que se usen las desalinizadoras al cien por cien de su capacidad, como ya hacen cada vez más países en el mundo.

Hace unas semanas el sindicato CCOO pidió el cese del director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, a la luz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que reconoce que este departamento habría actuado “a dictado” de la empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (INCARLOPSA) al expedientar a dos funcionarios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el matadero porcino que la empresa tiene en Tarancón (Cuenca).

Una sentencia, resultado de una denuncia realizada en su momento por el sindicato STAS-Intersindical, de la que ya habló en un pleno de las Cortes regionales el diputado de Podemos, David Llorente, y sobre la que se ha vuelto a referir este jueves, en la última sesión plenaria. En concreto el portavoz del grupo parlamentario ha preguntado quién es el responsable de haber expedientado y haber apartado de su puesto de trabajo a los dos veterinarios funcionarios de la Junta a los que se refiere la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del 21 de septiembre de 2017.

Una pregunta que ha respondido el propio consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, asegurando que su departamento no expedientó a los dos veterinarios que denunciaron incumplimientos en la normativa de bienestar animal por parte de la empresa Incarlopsa ya que, ha señalado, dicho expediente “fue sobreseído y archivado”.

Fernández Sanz ha detallado que la sentencia del TJSCM en la que se trata el caso de estos dos funcionarios “se refiere a medidas cautelares, que no sancionan”. “El TSJCM dice que las medidas cautelares son las que se deben retirar pero no los expedientes, porque nunca se ha expedientado a nadie”.

“Usted tiene una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que dice que desde su Consejería expedientaron y apartaron de su puesto de trabajo de forma arbitraria a dos veterinarios funcionarios de la Junta porque se quejó Incarlopsa, porque a la empresa le resultaba incómodo que los funcionarios denunciasen sus incumplimientos de la normativa de bienestar animal” ha asegurado David Llorente.

El portavoz de Podemos en las Cortes ha recordado que según recoge la sentencia apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios, con el único elemento para justificar tal cosa que “las simples quejas de un administrado con evidente interés en el asunto” entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra “una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (…), que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general (…)”.

“¿Es que el PSOE de García-Page es como el PP de Cifuentes, que aquí no dimite nadie, pase lo que pase?” ha preguntado David Llorente. Además ha señalado. ¿Es que si yo no traigo esto aquí nadie pide explicaciones ni responsabilidades? Además el portavoz de la formación morada ha asegurado que no se va a callar y va a seguir pidiendo responsabilidades y explicaciones sobre el caso Incarlopsa, “gobierne quien gobierne”.

El caso data del año 2013 cuando los veterinarios, funcionarios de la escala superior de Sanitarios Locales, comenzaron a levantar actas de infracción contra Incarlopsa por lo que consideraban un “incompleto proceso de aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados”. Una queja de Incarlopsa ante Sanidad provocó que fueran expedientados y apartados de sus trabajos en 2016. Lo recurrieron y, en primera instancia, la Justicia dio la razón a la Junta. Algo con lo que el Alto Tribunal castellano-manchego no está de acuerdo.

Una docena de vecinos de Almendros (Cuenca) se han 'encerrado' esta semana durante varias horas en el Ayuntamiento para conocer y constatar las, a su juicio, “graves deficiencias administrativas” del proyecto de macrogranja porcina de 80.000 lechones al año año proyectada en esta localidad por Icpor Soria SL, la empresa ganadera de Incarlopsa.

Estos vecinos forman parte de la Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros. Dicen que su intención no es “atizar una estéril campaña de criminalización de todos los proyectos de granjas” -de hecho en este municipio hay una primera granja ya en construcción y no cuestionada- pero en el caso de la segunda macrogranja sostienen que “está contaminada con múltiples vicios”, entre ellos “la coincidencia de su ubicación” en sendas parcelas cuya propiedad reciente se atribuye presuntamente al alcalde, Acisclo Jiménez.

En la revisión del expediente los vecinos dicen haber detectado también la “celeridad” con la que el Ayuntamiento quiere dar luz verde al proyecto. De hecho, según los datos recogidos, el inicio de la tramitación de las licencias “fue previo a la publicación en el Boletín Oficial de la Autorización Ambiental Integrada”.

También “llama la atención”, según explican, que se emita solicitud de información a los servicios técnicos de Diputación Provincial y a los órganos competentes para que evalúen un proyecto básico para poder conceder licencia de obras y actividad “sin ni siquiera garantizar el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico o afecciones a zonas de suelo rústico de especial protección”.

“Tenemos más que sospechas que el alcalde apoyado por su auxiliar de Secretaría pretenden realizar una tramitación exprés de la licencia de obras desde el día 15 de enero de 2018 fecha en la que aún ningún vecino del municipio conocía la existencia de este proyecto de macrogranja porcina en Almendros”. Además dicen “sospechar” que el Ayuntamiento “intenta eludir la calificación urbanística de la parcela y no tener que pasar por la Comisión de Urbanismo, lo que retrasaría considerablemente la concesión de licencia de obra y actividad del proyecto”.

El proyecto inicial de macrogranja, recuerda el colectivo vecinal, se sustentaba en la captación de aguas de un pozo público de emergencia para caso de sequía y con una capacidad de extracción, según los técnicos que han estudiado el mismo, tres veces superior a la permitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Además de una balsa de purines sobre un arroyo seco y afecciones a masas forestales de la propia parcela, el proyecto inicial que contemplaba la instalación de una incineradora. Con fecha 2 de febrero, y ante las presiones de los vecinos, el promotor presentó cambios sustanciales en el proyecto, aunque permanecen abiertas dudas sobre la posibilidad de su puesta en marcha.

Por este motivo, esta misma semana han remitido un escrito a la Alcaldía solicitando “que se abstenga en la autorización de la licencia de obras” y también han pedido al diputado 'popular' en las Cortes regionales, Carlos Velázquez, que inicie en Almedros su anunciada ronda de entrevistas con alcaldes y concejales porque sospecha de “intereses ocultos” de la Junta en la proliferación de macrogranjas en la región. En la localidad de Cuenca el Gobierno local, recuerdan, lo compone “una aplastante mayoría absolutista de siete concejales del PP, sin nadie en la oposición”.

El pasado mes de febrero, los cinco ingenieros del equipo técnico del colectivo vecinal ya presentaron un recurso de alzada ante la Junta de Castilla-La Mancha del que aún no tienen respuesta. La próxima semana el colectivo tiene previsto retirar la copia completa del expediente de tramitación de la licencia de obras y los acuerdos de los plenos para remitirlo a sus abogados y comunicar a todas las partes y organismos competentes las afecciones reales del proyecto.

La asociación lamenta que no exista “ni un sólo informe que garantice el bienestar social de la la población, las posibles afecciones sobre su término municipal, fauna y flora, zona de especial protección de aves (ZEPA) o alguna medida correctora para paliar los efectos de este tipo de explotaciones, a su juicio, ”tan nocivas, insalubres y peligrosas“.

El certificado de bienestar animal que la empresa cárnica Incarlopsa exhibió para justificar las buenas prácticas en su matadero porcino de Tarancón (Cuenca) ha generado nuevas dudas después de que la entidad certificadora, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) desmintiese haberlo otorgado en el marco del sistema Welfare Quality.

Para aclararlo, la empresa conquense ha remitido a los medios de comunicación, sin hacer declaraciones, un documento en el que es el Instituto Comunitario de Certificación SL (ICC) quien expide el certificado pero siguiendo los protocolos de bienestar animal elaborados por el IRTA.

Este certificado, que caduca en julio de este año, fue emitido por primera vez en 2017 coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones del matadero de Incarlopsa. Se realizaron mejoras en el nuevo recinto para ampliar su capacidad de producción. Poco tiempo después se conocía una sentencia que daba la razón a uno de los veterinarios de la Junta que denunciaron que no se estaba respetando la normativa de bienestar animal en el antiguo matadero. 

El certificado se renueva cada seis meses. De hecho, el que Incarlopsa acaba de dar a conocer caduca en julio de este año, según ha explicado Francesc  Areny Cluet,  gerente del Instituto Comunitario de Certificación SL (ICC), una entidad “privada e independiente”, según consta en su web, “dedicada a la certificación de productos y servicios en los sectores alimentario y productos de gran consumo”, y que tiene su sede en Sabadell (Barcelona).

Areny explica que en octubre de 2010, el IRTA y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) firmaron un documento para establecer los requisitos de bienestar animal en mataderos de porcino y vacuno. “Solo en el caso de mataderos y en ningún caso en explotaciones ganaderas”, matiza.

ICC  se encarga de certificar que las empresas cumplen con los requisitos. “A nosotros nos ha contratado FECIC”, explica. “Se trata de una certificación privada que no depende de ningún documento público ni oficial ni tampoco de normativa genérica aplicable”.

Actualmente, ICC tiene certificados un total de  25 mataderos, casi todos en Catalunya, pero dos de ellos están en Castilla-la Mancha, en concreto en la provincia de Cuenca. El primero es el que Incarlopsa posee en Tarancón y el segundo corresponde a la empresa Cárnicas Frivall con sede en Villar de Olalla, detalla el gerente. 

El gerente del ICC sostiene que “no hay nada oficial de Welfare Quality o al menos no lo había”, frente a las afirmaciones del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) que está adscrito a la Generalitat de Catalunya y que confirmó a eldiarioclm.es que es la única certificación oficial que existe en España vinculada al sistema Welfare Quality.

“Nosotros no tenemos ningún convenio firmado con Welfare Quality”, reconoce Areny, porque, en realidad, se trata solo de un “sistema genérico que te dice lo que estaría bien hacer”. En concreto se establecen cuatro principios básicos de bienestar animal a tener en cuenta: la alimentación, el alojamiento, el estado sanitario y el comportamiento.

A partir de ahí hay doce criterios para decidir si se cumple o no con las buenas prácticas en bienestar animal como la ausencia y de hambre y sed prolongadas, el confort en relación al descanso, la facilitad de movimiento, la ausencia de lesiones o de enfermedades, la ausencia de dolor causado por el manejo o una relación humano-animal positiva, entre otros.

¿Cuántos de esos requisitos han sido evaluados y certificados en el caso de Incarlopsa? Esa pregunta se queda sin respuesta por parte del ICC,  que remite a la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) con la que no ha sido posible contactar. “Nosotros no somos los propietarios del documento de certificación”, insiste. Tampoco Incarlopsa ha dado más explicaciones. 

El acuerdo suscrito entre IRTA y FECIC incluye “un pliego de condiciones” que marca los requisitos a cumplir por las empresas cárnicas para certificar sus mataderos y que evalúa parámetros como el transporte, la descarga, el alojamiento o el aturdimiento“ de los animales, entre otros.

En todo caso, se trata de un sistema ‘a la carta’, según explica el gerente del ICC, porque “tú puedes hacer documento privado en el que incluyas pocas o muchas cosas de lo que marca Welfare Quality”. Empresas como Incarlopsa se han sumado a esta práctica.

El certificado de buenas prácticas, no oficial y del que se desconocen los parámetros analizados supone, y así se 'vende' a las cárnicas, “una herramienta comercial para poder mejorar la imagen de la empresa y disponer de un atributo diferencial en las exportaciones”. Un camino, el de la internacionalización, que Incarlopsa explora en la actualidad. Corea del Sur, Japón, Filipinas, la Unión Europea e incluso China están entre sus objetivos.

Los certificados son “papel mojado y tramposo”

Oyba Valenzuela, miembro de la Comisión de Derecho Animal de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ) confirma que “no hay ningún certificado oficial” en nuestro país relacionado con el bienestar animal en los mataderos. Tan solo existe, aclara, normativa europea que se traspone a un Reglamento y que “se queda cojo respecto a determinados animales y situaciones”.

Son, dice, certificados “de buenas prácticas, similares a la ISO” y emitidos en la actualidad por entidades privadas pero “son papel mojado y tramposo porque se paga por ser examinado.Todo se queda en casa y por lo tanto, garantías para los consumidores no hay más allá de lo que haga la comunidad autónoma”.

“El derecho animal es todavía muy incipiente”, lamenta Valenzuela, quien cree que “hasta cierto punto la normativa europea se está incumpliendo” y que los respectivos gobiernos “deberían exigir una certificación oficial, a través de organismos certificadores oficiales porque ahora mismo es un negocio”. Sostiene que “es cuestión de voluntad política de cada comunidad autónoma y a veces no la hay”.

No era cierto. Incarlopsa, empresa cárnica con sede en la localidad conquense de Tarancón no posee el  certificado europeo Welfare Quality de bienestar animal tal y como había anunciado tras conocerse una sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que quitó la razón a la Junta de Castilla-La Mancha por expedientar a varios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el antiguo matadero porcino de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (Incarlopsa) y criticando que hubiera actuado a “dictado” de la cárnica.

Tras conocerse la polémica sentencia, Incarlopsa emitió un comunicado para defender su “compromiso” con el bienestar animal y asegurar que cumple “en todo momento la normativa aplicable” situándolo además como una “prioridad”. Para ello aseguraba estar en posesión del certificado Welfare Quality de bienestar animal que emite Aenor. 

Hoy, ese comunicado ha sido retirado de su página web y según ha podido confirmar eldiarioclm.es, Incarlopsa no posee el certificado que asegura el bienestar animal, el único oficial en España, según fuentes del IRTA. Este periódico no ha conseguido recabar, tras varios intentos, la versión de la empresa conquense. 

Welfare Quality  es un sistema para evaluar “de una forma objetiva” el bienestar animal en granjas y mataderos, identificar las causas de un bienestar deficiente y asesorar para introducir mejoras. Así lo definen los técnicos del IRTA, Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias que depende de la Generalitat de Catalunya, que desarrollaron los correspondientes protocolos y asesoran a AENOR, encargado de su emisión. 

Se basa en  cuatro principios de bienestar animal relacionados con el buen alojamiento, la buena alimentación, la buena salud y el comportamiento apropiado además de identificarse 12 criterios de bienestar animal.

La Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos que se opone a la instalación de grandes explotaciones porcinas en la provincia auspiciadas por esta empresa, ha comentado la noticia para criticar que Incarlopsa siga “haciendo gala de sus malas artes en materia de bienestar animal. Su insistencia por aparentar que esta materia es una de sus mayores prioridades está cayendo en saco roto, los hechos van día a día demostrando lo contrario”.

La empresa Incarlopsa ha defendido su compromiso con el bienestar animal, “cumpliendo en todo momento la normativa aplicable” y situándolo como una “prioridad” con “auditorías e inspecciones constantes, realizando esfuerzos en mejorar y adaptar sus procesos e instalaciones para garantizar el bienestar animal”.

Así ha reaccionado la empresa a través de un comunicado después de que hace una semana se conociera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que reconoce que la Junta habría actuado “a dictado” de la empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (INCARLOPSA) al expedientar a dos funcionarios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el matadero porcino que la empresa tiene en Tarancón (Cuenca).

“La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, recoge la sentencia fechada en septiembre de 2017. Se resuelve la apelación (en primera instancia el juez en Cuenca dio la razón a la Junta) de uno de los veterinarios funcionarios de la Consejería de Sanidad expedientados mientras que el otro permanece a la espera de resolución judicial de su caso. Una tercera veterinaria expedientada, según recoge la sentencia, cambió de destino en su momento.

La sentencia condena a la Junta a reponer al trabajador en su puesto de trabajo y a resarcirle por daños y perjuicios porque “la Administración ha utilizado la vía del expediente disciplinario para dar respuesta a una situación que de ningún modo podía ni debía ser tratada por esta vía”.

En base a esta polémica, el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que en los “conflictos” entre trabajadores públicos y la Administración “no voy a entrar como presidente y lo que tengo que decir con claridad es que si alguien piensa que hay alguna ilegalidad, que lo denuncie en los tribunales”. “Hay empresas que pueden cometer un error y también pueden cometerlo los funcionarios, todos tienen que cumplir con las leyes. Para esto están los tribunales y las sentencias se tienen que cumplir”.

La empresa, por su parte, asegura que cumple “en todo momento la normativa aplicable, tanto a nivel comunitario, con el referencial Welfare Quality, como nacional”. “Para la compañía el cumplimiento de las normativas en bienestar animal, como no puede ser de otra manera, siempre ha sido una prioridad, como se puede comprobar en las nuevas instalaciones que están en funcionamiento desde marzo de 2017 en las que se invirtieron 40 millones de euros”.

Incarlopsa, que recalca que es la “compañía líder en la producción y elaboración de productos cárnicos porcinos”, muestra su “firme compromiso con sus clientes de garantizar la máxima calidad y seguridad alimentaria en la amplia gama de productos que comercializa”.

Para ello, añade, “somete todos los procesos de su cadena de producción a los más estrictos controles, tanto propios como los fijados en la legislación vigente, así como a los realizados por organismos e instituciones independientes a los que se acoge de modo voluntario”.