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Crece la presión sobre el Gobierno regional por apoyar macrogranjas pese al “rechazo social”

Las plataforma regional arremete también contra PSOE y PP por no haber respaldado la resolución de Podemos en las Cortes

El diputado David Llorente ha sacado a la luz una sentencia contra la Junta por expedientar a un veterinario que denunció incumplimientos en bienestar animal

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, sostiene que su formación apuesta por "un modelo de granjas pequeñas o medianas"

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Granja de cerdos

Interporc / Europa Press

Entre los colectivos ciudadanos y ecologistas que se están constituyendo para mostrar su rechazo a la  instalación de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha no ha gustado que el Pleno de las Cortes castellano-manchegas rechazara la semana pasada, con los votos en contra del PSOE y la abstención del PP, la propuesta de Podemos para apoyar la ganadería extensiva y "dejar de promover con dinero público" estas instalaciones. Quieren aumentar su presión hacia ambos partidos y sobre todo hacia el Gobierno regional. Desde la Plataforma CLM Stop Macrogranjas, que agrupa a movimientos de toda la comunidad autónoma, consideran que con esa resolución se habría apoyado un desarrollo rural y agropecuario sostenible.

“Lamentamos este apoyo decidido de los partidos mayoritarios a la ganadería intensiva sin atender las demandas de la mayoría de la población rural, incluso las de muchos de sus propios compañeros de partido, alcaldes y concejales de localidades afectadas. Se ve distinto desde un despacho en Toledo que en los propios municipios afectados”, argumentan.

A este respecto, destacan la “incongruencia” de las palabras del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, cuando afirmó que no se pondría ninguna explotación de este tipo si no "venía avalada" por los vecinos del pueblo. Esta plataforma recuerda sus sucesivas reuniones en pueblos afectados donde “nadie les ha preguntado, ni los ayuntamiento ni la Consejería”, por lo que “difícilmente podrán saber su opinión”. Es más, apuntan que los vecinos se enteran de los proyectos una vez aprobada la autorización ambiental por parte de la propia Consejería. Ponen así varios ejemplos de pueblos que rechazan mayoritariamente estas instalaciones como Pozuelo, Priego, Cañete, Almendros o Pozorrubielos de la Mancha, “y ninguno de estos proyectos se ha parado”.

Según este colectivo, resulta “especialmente llamativo” cómo desde la Administración regional, las grandes empresas cárnicas y organizaciones del sector porcino, alertados por el “gran rechazo” que están conllevando estos proyectos, hacen llamamientos continuos a las poblaciones de los pueblos afectados “para no dejarse engañar por los movimientos que nos posicionamos contra la ganadería industrial”.

“En cada ocasión que vamos a un pueblo lo único que aportamos que no suelen conocer los vecinos son los datos de la explotación (número de plazas, capacidad de la balsa, parcelas donde se esparcirán los purines, el consumo de agua: datos que sacamos de los propios proyectos presentados) y las experiencias que se están dando en otros pueblos para frenar la instalación de estas explotaciones. Mientras PSOE y PP siguen apoyando los planes de expansión por Castilla-La Mancha de las grandes empresas cárnicas, esta Plataforma seguirá apoyando a los pueblos que se opongan a estos planes”, concluyen.

"A dictado  de la sociedad inspeccionada"

La presión sobre la Administración regional llega también desde el diputado regional de Podemos David Llorente. Durante su intervención en el pleno de la semana pasada, hizo referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra la Junta por “actuar a petición” de Incarlopsa contra un veterinario funcionario que denunció incumplimientos de la normativa de bienestar animal. En esta sentencia, del pasado mes de septiembre, se establece al final que “la materia no era apta para un expediente disciplinario”. “La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos", apunta.

También mencionó otra sentencia más reciente contra la propia Consejería de Agricultura, del pasado 15 de enero, en este caso sobre una autorización ambiental en Torrejoncillo del Rey. Aquí, en el voto particular de uno de los magistrados se establece que las medidas de seguridad de la declaración de ambiental “no son efectivas para evitar la contaminación, básicamente, tanto de las aguas ya sean superficiales o subterráneas para el consumo del municipio (…) como de su atmósfera”. Agrega que la autorización concedida “pone en grave riesgo la calidad de los recursos hídricos de toda la comarca y su medio ambiente como consecuencia del proyecto aprobado.”

La situación no solo ha llevado a empresas del sector porcino como Incarlopsa a defenderse de las acusaciones de los colectivos. También representantes de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha (ARGAPOR) han valorado ese polémico pleno en las Cortes, donde estuvieron presentes. Afirman que los movimientos vecinales que han logrado la paralización de algunos expedientes con “presiones” a los ayuntamientos, “no son movimientos espontáneos de la población,  son movimientos encendidos por unos pocos que, por razones ideológicas, utilizan a la gente de nuestros pueblos para conseguir sus fines, y utilizando el desconocimiento que se tiene de nuestro sector, malinforman y promueven la acción del ‘firme aquí’ con todo el argumentario que pudimos escuchar en nuestras Cortes”.

Podemos apuesta por un "modelo de granjas pequeñas o medianas"

Este lunes, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha sido preguntado por su opinión acerca de la proliferación de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha. Se ha remitido a la postura ya expresada por el diputado de la formación morada en las Cortes regionales el pasado jueves, David Llorente, para añadir: "Nuestra posición es clara. No estamos en contra de las granjas pero el modelo de macrogranjas parece que pone en cuestión el impacto ambiental" y ponía como ejemplo la experiencia en otras comunidades autónomas como Catalunya o Aragón, donde este tipo de explotaciones funcionan desde hace años. El impacto, ha dicho, "es muy fuerte. Mucha gente de pequeñas poblaciones ve en peligro su modo de vida". 

En su opinión, el desarrollo de este tipo de proyectos "económicamente no es tan, tan importante" y apuesta por un "modelo de granjas pequeñas o medianas" que, desde su punto de vista "tiene menos impacto ambiental" y propicia una "mejor distribución de la riqueza".

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