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“Voy a seguir pidiendo explicaciones sobre el caso de Incarlopsa gobierne quien gobierne”

FOTO: Incarlopsa

Teresa Sánchez Garzón

  • El diputado de Podemos, David Llorente, ha vuelto a exigir responsabilidades tras la sentencia que da la razón a un veterinario que denunció maltrato animal en la empresa

Hace unas semanas el sindicato CCOO pidió el cese del director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, a la luz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que reconoce que este departamento habría actuado “a dictado” de la empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (INCARLOPSA) al expedientar a dos funcionarios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el matadero porcino que la empresa tiene en Tarancón (Cuenca).

Una sentencia, resultado de una denuncia realizada en su momento por el sindicato STAS-Intersindical, de la que ya habló en un pleno de las Cortes regionales el diputado de Podemos, David Llorente, y sobre la que se ha vuelto a referir este jueves, en la última sesión plenaria. En concreto el portavoz del grupo parlamentario ha preguntado quién es el responsable de haber expedientado y haber apartado de su puesto de trabajo a los dos veterinarios funcionarios de la Junta a los que se refiere la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del 21 de septiembre de 2017.

Una pregunta que ha respondido el propio consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, asegurando que su departamento no expedientó a los dos veterinarios que denunciaron incumplimientos en la normativa de bienestar animal por parte de la empresa Incarlopsa ya que, ha señalado, dicho expediente “fue sobreseído y archivado”.

Fernández Sanz ha detallado que la sentencia del TJSCM en la que se trata el caso de estos dos funcionarios “se refiere a medidas cautelares, que no sancionan”. “El TSJCM dice que las medidas cautelares son las que se deben retirar pero no los expedientes, porque nunca se ha expedientado a nadie”.

“Usted tiene una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que dice que desde su Consejería expedientaron y apartaron de su puesto de trabajo de forma arbitraria a dos veterinarios funcionarios de la Junta porque se quejó Incarlopsa, porque a la empresa le resultaba incómodo que los funcionarios denunciasen sus incumplimientos de la normativa de bienestar animal” ha asegurado David Llorente.

El portavoz de Podemos en las Cortes ha recordado que según recoge la sentencia apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios, con el único elemento para justificar tal cosa que “las simples quejas de un administrado con evidente interés en el asunto” entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra “una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (…), que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general (…)”.

“¿Es que el PSOE de García-Page es como el PP de Cifuentes, que aquí no dimite nadie, pase lo que pase?” ha preguntado David Llorente. Además ha señalado. ¿Es que si yo no traigo esto aquí nadie pide explicaciones ni responsabilidades? Además el portavoz de la formación morada ha asegurado que no se va a callar y va a seguir pidiendo responsabilidades y explicaciones sobre el caso Incarlopsa, “gobierne quien gobierne”.

El caso data del año 2013 cuando los veterinarios, funcionarios de la escala superior de Sanitarios Locales, comenzaron a levantar actas de infracción contra Incarlopsa por lo que consideraban un “incompleto proceso de aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados”. Una queja de Incarlopsa ante Sanidad provocó que fueran expedientados y apartados de sus trabajos en 2016. Lo recurrieron y, en primera instancia, la Justicia dio la razón a la Junta. Algo con lo que el Alto Tribunal castellano-manchego no está de acuerdo.

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