Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.

Los VII Premios Desalambre se convirtieron en un espacio de debate y reflexión bajo la pregunta ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, que analizó la situación de las organizaciones de ayuda humanitaria en un momento, el actual, con necesidades crecientes por conflictos y crisis y cada vez menos ayuda oficial a este tipo de proyectos.

Bajo la moderación de Gabriela Sánchez, la mesa reunió a Virginia Saiz, directora general de Plan International en España; Isla Ramos, directora general de Save The Children en España; y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, quienes coincidieron en que la pregunta sobre la ausencia de las ONG no es solo hipotética en un mundo “cada vez menos solidario y más bélico”, en palabra de Saiz.

La conversación arrancó con una crudeza necesaria para un panorama desolador: la caída de la ayuda oficial al desarrollo entre un 9 y un 17% en 2025 y el desmantelamiento de grandes sistemas de donación como USAID (United States Agency for International Development, por sus siglas en inglés) en un movimiento que, según los datos aportados, podría provocar que “14 millones de personas puedan morir de aquí al 2030”.

Uno de los puntos más críticos del debate fue la denuncia de las llamadas “crisis olvidadas”, con el foco puesto en el conflicto de Sudán. Isla Ramos describió una realidad de “crisis sobre crisis” en la que el colapso del Estado y la inseguridad extrema impiden que la información llegue a los medios. También compartió el desolador mensaje que le transmite su equipo sobre el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”.

Pese a este silencio mediático, las organizaciones reivindicaron su papel de primera respuesta en contextos donde nadie más llega. Virginia Saiz recordó que, ante la emergencia sudanesa, su organización fue la primera en responder, logrando entregar “kits de alimentos a 12.000 familias”. Esta labor de terreno, según la experta, es lo que permite que las comunidades mantengan un hilo de esperanza cuando las estructuras estatales desaparecen.

Saiz incidió en que el trabajo de las organizaciones es mucho más complejo que la imagen simplista y paternalista que se suele tener del “blanco del norte que llega a dar comida a los niños pobres”. Defendió un modelo basado en soluciones locales y en la incidencia política, subrayando que llevan a cabo “un enfoque de soluciones”, como lograr leyes contra el matrimonio infantil o políticas de desarrollo en países como República Dominicana o Uganda.

Por su parte, Isla Ramos lanzó una serie de preguntas punzantes, en la línea del propio título vertebrador del debate, para subrayar la relevancia del sector en el terreno: “Si no existieran las ONG, ¿quién sería el primero en llegar y el último en marcharse?”. Ramos hizo hincapié en el papel de estas organizaciones como conectoras de las comunidades con las instituciones internacionales y como altavoces de denuncia, cuestionando directamente: “¿Quién alzaría la voz? ¿Quién daría voz a todas esas personas?”.

Reinvención del modelo de ayuda

El debate también abordó la necesidad de una autocrítica profunda sobre el modelo de ayuda. Virginia Saiz fue tajante al señalar que la crisis financiera actual es “el golpe que el sector necesitaba para reinventarnos” y para alejarse definitivamente de la mirada colonial. Según Saiz, es imperativo reconocer que “el sur de hoy no es el sur de hace 30 o 40 años” y que el papel de las ONG del norte debe ser el de trabajar como iguales, apreciando las capacidades y la sociedad civil ya existente en cada país. En este mismo aspecto quiso incidir Mar del Mar Linde, que resaltó la importancia de ayudar “a desarrollar capacidades para buscar soluciones” en los propios países.

Linde trasladó también la reflexión al ámbito de la protección de la infancia, tanto en contextos de guerra como en la realidad cotidiana de España. Recordó que en 2024 se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección español y enfatizó que “detrás de este número hay 55.010 situaciones y vidas vulnerables”. Para Linde, la labor de las organizaciones es vital para garantizar un “entorno protector y seguro”, factores determinantes para que estos menores tengan oportunidades de futuro y no caigan en la exclusión social.

La mesa concluyó con un sentimiento de urgencia a dar respuesta a las crecientes necesidades y una reivindicación del papel de las ONG no solo como gestoras, sino como observadoras y denunciantes. La pregunta inicial se respondió con una advertencia sobre la invisibilidad: sin estas organizaciones, miles de niños y comunidades perderían su red de apoyo y su capacidad de ser escuchados. Como recalcó Gabriela Sánchez al final del encuentro, la prevención y el apoyo sostenido son lo único capaz de cambiar trayectorias de vida que, de otro modo, estarían condenadas al olvido.

Ali tenía 13 años cuando le explotó un proyectil cerca mientras jugaba al fútbol. Perdió una pierna. Su hermano Nour, de nueve, terminó con una lesión medular que le provocó paraplejia. Su madre emprendió un camino desesperado por varias ciudades en Sudán en busca de atención médica en un país donde la guerra ha vaciado hospitales y carreteras. En ese trayecto, la ayuda humanitaria fue lo único que encontró en forma de red: apoyo para el transporte, material escolar y artículos de manutención básica. Lo suficiente para que sus dos hijos volvieran a la escuela.

Historias y testimonios similares se repiten en Sudán desde hace más de 29 meses de conflicto abierto, con un impacto devastador sobre los menores. Pero fuera del país, Sudán se desliza por los márgenes, aparece y desaparece en medios de comunicación eclipsado por otras guerras y urgencias. Mientras, dentro, se acumulan las señales de una catástrofe sostenida con una violencia generalizada, desplazamientos masivos, brotes de cólera y hambruna confirmada en zonas de Darfur el Norte y Kordofán del Sur. 

La guerra civil en Sudán, que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sigue agravándose y transformando el país en una catástrofe humanitaria. A finales de octubre de 2025, las paramilitares RSF capturaron Al Fasher, última capital estatal bajo control gubernamental en Darfur del Norte, marcando un punto de inflexión político y militar al expulsar al ejército en vastas zonas del país y fragmentar aún más el control territorial. 

La caída de Al Fasher y las ofensivas en otras regiones han estado acompañadas por atrocidades generalizadas, incluidas masacres de civiles y violencia sexual. Una misión independiente de la ONU ha alertado de que las acciones de las RSF en este enclave muestran “indicios de genocidio” contra comunidades no árabes, con asesinatos masivos y violencia sistemática que pueden reflejar intención genocida por parte de la milicia. 

La mayor crisis humanitaria del planeta

“La mayor crisis humanitaria del planeta” suena a frase hecha hasta que se escucha a quien trabaja allí. “No es una afirmación retórica”, dice Francesco Lanino, subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán durante una conversación con elDiario.es. “Es una descripción basada en la realidad sobre el terreno. Es una combinación devastadora de guerra activa, desplazamientos masivos y colapso casi total de servicios básicos”, añade. 

Lanino pone un ejemplo que da cuenta del riesgo: “Alrededor de 375.000 personas están en hambre extrema al borde de la hambruna en Darfur”. Describe asentamientos improvisados, niños desnutridos y familias que dependen completamente de la ayuda humanitaria. “Esta crisis no se está estabilizando. Está empeorando”, insiste el subdirector desde Sudán. 

Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil

Francesco Lanino — Subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán

Según datos proporcionados por Save the Children, más de 15 millones de niños y niñas necesitan ayuda urgente, casi seis millones han sido desarraigados de sus hogares y más de 10 millones están expuestos a violencia en primera línea. A ello se suma que hasta el 70% de los hospitales en zonas de conflicto han cerrado y 13 millones de menores siguen sin poder acudir a las aulas. Más de 3.000 centros educativos se utilizan como refugios. 

Shiroug, nacida y criada en Sudán, es doctora, pero en sus ratos libres se dedica a su verdadera pasión: la ilustración. Actualmente vive en el estado de Al Jazirah, un lugar, cuenta, “relativamente seguro por el momento”. Cuando empezó la guerra, tuvo que dejar su casa en Jartum y desde entonces ha tenido que desplazarse, al menos, un par de veces. En el barrio en el que creció “ya no hay seguridad, está casi abandonado y no hay electricidad”, dice a este medio. 

A la pregunta de cómo se vive el día a día, Shiroug responde con una emoción sostenida. “En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal”, apunta la joven. Habla también del cansancio de la juventud: “En los últimos años, incluso antes de la guerra, los jóvenes han pasado por muchas cosas sin poder procesar realmente lo que está sucediendo”.

El silencio como multiplicador del daño

Shiroug expresa su frustración por la escasa atención que suscita la guerra a nivel mediático. “Al principio había poca cobertura y, cuando llegó, ya era tarde. El genocidio de Al Geneina ocurrió tres semanas después del inicio de la guerra y apenas se cubrió en medios de comunicación internacionales”, explica. “Al Fasher solo ocupó titulares tras el asedio de la ciudad, y después, otra vez, silencio”, añade Shiroug.

“Sudán no es tanto un conflicto olvidado, sino más bien un conflicto ignorado. Me sorprende que con la magnitud de las atrocidades y la crisis humanitarias en Sudán no se hable ni la mitad de lo suficiente”, dice a elDiario.es Mohamed Amro, presidente de Casa de Sudán, organización radicada en Madrid.

En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal

Shiroug — Doctora sudanesa

Además, Amro apunta a una idea que atraviesa las conversaciones con la diáspora sudanesa. “Por relevancia o magnitud, la crisis humanitaria de Sudán debería estar en todos los medios cada día, pero no lo está”. Lamino coincide con este diagnóstico y aporta algunos motivos: “Primero, la complejidad del conflicto con múltiples actores armados, frentes cambiantes y acceso muy limitado para periodistas y observadores internacionales y, segundo, que vivimos en un momento de acumulación de crisis globales que compiten por atención y financiación”. Pero advierte: “El sufrimiento no desaparece porque no esté en los titulares, simplemente se vuelve más silencioso y peligroso”. 

Ese silencio, según Lanino, también tiene consecuencias medibles: “Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil”, insiste el representante de Save the Children. 

Darfur y la violencia dirigida

En algunas regiones del país, especialmente Darfur, se habla abiertamente de limpieza étnica y genocidio. Lanino explica que, como organización humanitaria, no les corresponde hacer “calificaciones legales” y que debe determinarlo una investigación independiente. Pero sí pueden describir patrones: testimonios consistentes de ataques contra civiles, violencia dirigida a comunidades concretas, destrucción de viviendas y desplazamientos forzados. “Cuando ves que la gente huye no solo de combates, sino porque siente que está siendo perseguida por su identidad, es una señal extremadamente preocupante”, dice. 

Amro denuncia un giro más étnico del conflicto y de dinámicas que les recuerdan a ciclos previos de violencia en Darfur como la violencia étnica contra grupos de la región, como los fur o los masalit. 

Entre la cautela jurídica y la denuncia política hay un punto en común: la urgencia de proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario y sostener mecanismos independientes de investigación y rendición de cuentas.

Una de las “pocas estructuras operativas que resisten”

En muchas zonas de Sudán, especialmente en áreas afectadas por desplazamientos masivos, “las organizaciones humanitarias como Save the Children se han convertido en una de las pocas estructuras operativas que quedan cuando las instituciones públicas colapsan o dejan de funcionar”, apunta Lanino. No se trata solamente de repartir ayuda, sino también de sostener “sistemas mínimos” donde ya no existen. 

Según información proporcionada por Save the Children, la organización trabaja en 13 de los 18 estados de Sudán, con 15 oficinas y más de 450 empleados en colaboración con 31 organizaciones aliadas, tanto nacionales, como internacionales o instituciones gubernamentales. 

La acción de la organización abarca salud, nutrición, agua y saneamiento, protección infantil, seguridad alimentaria y educación, además de respuestas de emergencia como refugios y artículos no alimentarios. Aun así, la propia entidad subraya el límite de su alcance. “No podemos sustituir a un Estado ni garantizar seguridad. Podemos salvar vidas y reducir riesgos, pero la protección real requiere que cesen los ataques contra civiles, que se respete el derecho internacional humanitario y que haya voluntad política para estabilizar el país”, cuenta Lanino.  

¿Qué pasaría si las ONG se retiraran de Sudán? “Las consecuencias serían inmediatas y muy graves”, sentencia Save the Children. En muchas zonas de Sudán, la ayuda, dice, “es la principal y a veces la única fuente” de alimentos, agua potable, atención sanitaria básica y protección infantil. “Muchas de las familias que he conocido dependen completamente de esa asistencia para sobrevivir. No existe un sistema público capaz de sustituirla. Sin apoyo, las familias se verían obligadas a reducir aún más las comidas, asumir riesgos extremos o recurrir a estrategias negativas como el trabajo infantil”, añade. Por eso, concluye Lanino, no sería solo una “reducción de servicios”, sino “un golpe directo” a la supervivencia y a la protección de millones de niños. 

Save the Children, al igual que otras ONG internacionales, trabaja con los miles de voluntarios que integran las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR), redes ciudadanas que, entre otras cosas, gestionan comedores comunitarios y hospitales y ayudan a evacuar a civiles heridos. “Nuestro objetivo es brindar ayuda mutua basada en la economía solidaria”, explican las ERR. La red se extiende por los 18 estados del país, donde coordinan unidades para entregar ayuda esencial allí donde la infraestructura tradicional no llega, convirtiéndose en un salvavidas para la población.

Obstáculos, falta de respuesta y urgencia

Sostener la última línea humanitaria implica operar entre combates activos, cambios en el control territorial del país, bloqueos administrativos y logísticos, carreteras inseguras y permisos que se retrasan. A ello se suma, y como advierten desde Save the Children, una “falta de financiación sin precedentes” y una “falta crítica de acceso humanitario”. Lanino, quien considera que la respuesta internacional “no está a la altura”, insiste en que “las necesidades están creciendo rápidamente, pero los recursos no aumentan al mismo ritmo”. 

Mohamed Amro defiende la importancia de la información y la normalización de conversaciones sobre Sudán en el debate público y político. “Hay que hacer presión desde los medios a los dirigentes políticos para que gobiernos como el de España actúen”, apunta. La joven Shiroug, desde dentro del país, reclama campañas que expongan complicidades externas, recaudación para apoyar a supervivientes y sistemas de salud y presión, incluso boicots, contra actores entre los que señala a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido acusados en repetidas ocasiones de sostener a las fuerzas paramilitares RSF.

Lanino fija un horizonte concreto: en los próximos seis meses debe garantizarse un acceso humanitario “seguro, sostenido y predecible”, medidas reales de protección de civiles e infraestructuras esenciales y financiación suficiente. De lo contrario, advierte, la crisis seguirá profundizándose y marcará a toda una generación.

Viviendas arrasada, calles inundadas, comercios destrozadas, 229 víctimas mortales - nueve de ellos menores - y miles de familias desplazadas; así dejó la trágica dana de 29-O de 2024 su marca en Valencia. Un año después de esta tragedia, las heridas siguen abiertas y visibles en cada rincón de la ciudad. Entre estos dolores viven también los menores, de los cuales se habla menos. La riada que golpeó con furia la Comunitat Valenciana, ha afectado a 200.000 niños, niñas y adolescentes, según revela el informe Con el barro en la mochila, elaborado por Save The Children y la Universitat de Valencia. La investigación basada en el testimonio de más de 2.300 familias, profesionales de los servicios, de la educación, de las ONG y a responsables políticos, alerta el impacto emocional persistente en la infancia y de la necesidad de situar a ellos en el centro de la construcción.

Según el estudio, el 24% de la infancia valenciana afectada sigue teniendo problemas para dormir y más del 30% de los niños y niñas afectados todavía sienten miedo a la lluvia y las tormentas. “Cuando truena me pongo muy nervioso y no puedo dormir”, explica un niño de 9 años de Paiporta, una de las zonas más afectadas por la dana. Su testimonio recogido del informe, refleja el temor que persiste en muchos niños y adolescentes tras la tragedia. El informe también destaca cambios significativos en el comportamiento de los niños y niñas: “mayor ansiedad, estrés persistente, dependencia de pantallas como mecanismo de escape”. Entre los adolescentes, un 12,4% manifiesta dificultades de concentración, un 11% pasa más tiempo frente a dispositivos electrónicos y un 7% prefiere el aislamiento social.

Save The Children denuncia que el acompañamiento social y emocional de los niños, niñas y adolescentes ha sido “muy deficiente” y “se ha fiado todo a su capacidad de resiliencia”. Actualmente, la principal preocupación de las familias (45,7 %) es el estado emocional de sus hijos e hijas.

El colegio, un salvavidas para la infancia

La escuela es un refugio fundamental para los menores para poder volver a la normalidad. “Ante cualquier emergencia, como la que vivimos en Valencia, es crucial que los centros educativos se reabran cuanto antes. En un contexto de crisis, ir a la escuela ayuda a recuperar un sentido de normalidad y esperanza para esos niños y niñas”, explica Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana. Según el informe, más de la mitad de las familias (52,4%) reconoce que sus hijos han sufrido retrasos en el aprendizaje tras la emergencia.

“El colegio no solo es un lugar de aprendizaje: también garantiza servicios esenciales como el comedor escolar, vital para muchas familias con menos recursos” explica la organización. En octubre de 2024, más de 18.000 niños de las comarcas afectadas dependían de becas comedor, una ayuda vital para garantizar su alimentación. “Mantenerlo abierto tras una emergencia asegura una alimentación saludable para los que más lo necesitan”, señala Hernández.

No poder asistir a la escuela ha afectado particularmente al estado emocional (71,6 %) y relacional (33,3 %) del alumnado. “Tras una emergencia, las heridas que más perduran en el tiempo son las psicológicas. En este caso, hemos echado en falta que la administración habilitará más espacios seguros, protectores y de buen trato hacia la infancia y la adolescencia para reducir el impacto psicoemocional de estos niños y niñas”, subraya el director.

El impacto de la dana también se refleja en las actividades de ocio y socialización de estos menores. El 45,4% de los niños ha dejado de practicar deportes, el 28% ha reducido actividades al aire libre, el 25% ha interrumpido actividades culturales y el 24,7% ha dejado de asistir a extraescolares. “No entendemos cómo todavía hoy muchos espacios donde los niños se relacionan siguen sin estar rehabilitados, cuando son esenciales para su desarrollo”, lamenta Hernández.

La crisis climática es “una realidad” para la infancia valenciana

La dana puso de relieve la vulnerabilidad de la infancia frente al cambio climático. Save the Children alerta que el 93% de los niños y niñas valencianos sufrirán al menos un fenómeno climático extremo al año, situando a la Comunitat Valenciana como la cuarta región más expuesta de España. Las familias con menos recursos son las más afectadas, viviendo en zonas de mayor riesgo y con menos capacidad de adaptación.

El informe, barro en la mochila, muestra que casi el 15 % de las familias encuestadas perdió su vivienda y que una de cada cuatro considera que su hogar es ahora menos seguro para los niños, niñas y adolescentes que antes de la dana. Además, cuatro de cada cinco familias (80,3 %) residentes en los municipios de la “zona cero” viven en edificios aun con reparaciones pendientes o directamente en viviendas muy afectadas, pero en las que se ven obligadas a seguir residiendo.

Un año después, Save the Children reclama que la reconstrucción del territorio incluya a los niños y niñas en la toma de decisiones y priorice su bienestar emocional. “Es necesario reforzar la respuesta en ámbitos como el de la educación, la salud mental y el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, incorporando un enfoque preventivo y situando a los niños y niñas en el centro de las decisiones para garantizar sus derechos y fortalecer su resiliencia ante futuras emergencias”, concluye Hernández.

Los padres de Sara se divorciaron cuando ella tenía 8 años. A los 10, su padre comenzó a abusar de ella en el piso que había alquilado. Dos años después del comienzo de los abusos, Sara reveló en el colegio lo que le había sucedido. A partir de ese momento empezó a recibir tratamiento psicológico debido a las graves secuelas de lo sufrido, como episodios de autolesiones e ideación suicida. Sin embargo, pese a que la causa judicial se inició un mes tras la denuncia, el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años después. 

El caso de Sara es un caso real y no aislado: en España, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuales aún siguen enfrentándose a procesos judiciales largos que prolongan su dolor. Así lo refleja el nuevo informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia basado en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024, como la de Sara.

Los resultados apuntan, entre otras cosas, a que el 40,9% de los procesos judiciales asociados a abusos infantiles se prolongan más de tres años, y a que un 12,1% se extienden más allá de los 5 años. “Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas”, señala Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la ONG. Pese a todo este tiempo de espera, en el 38,5% de los casos no se aplicó ninguna medida cautelar.

Según el análisis de sentencias, la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se sitúa en torno a los 12 años

Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sido víctima de violencia sexual y que casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a menores de 18 años, pero “el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos”, denuncia Perazzo.

La víctima suele rondar los 12 años

Según el análisis de sentencias, la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se sitúa en torno a los 12 años, lo que supone un incremento respecto a la media de edad del estudio anterior (11 años). El 51,8% de las víctimas tenían entre 10 y 14 años, el 24% eran adolescentes de más de 15 años, y el 22,6% tenían menos de 10. En el 1,6% de los casos no constaba la edad.

En el 82,9% de los casos analizados las víctimas son niñas y adolescentes, lo que confirma la continuidad de esta tendencia y refleja un incremento respecto al 80,3% registrado en el estudio anterior de la ONG, publicado en 2023. Los niños representan el 17,1% de los casos, cifra que, asegura Save the Children, podría estar relacionada con una mayor reticencia a revelar los abusos. El 5% de las víctimas tenían algún tipo de discapacidad.

El 87,8% de las sentencias estudiadas corresponden a casos en los que hay una sola víctima, lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2021-2022 (68,6%). “Aunque en un caso llega a haber 13 víctimas, los casos de tres o más representan menos del 4%”, explican.

El 98% de los agresores son hombres

El 98% de las personas acusadas son hombres. En 8 de cada 10 sentencias la persona agresora es conocida por los niños y las niñas (familiares, amigos o conocidos, profesionales que trabajan con niños y niñas…). Sin embargo, el porcentaje de agresores a los que la víctima desconocía ha ido en aumento con los años. En el período 2019-2020 se trataba de un 16%. En este último son el 19,5%. 

La incidencia en el entorno familiar ha descendido 7,7 puntos porcentuales desde 2019-2020. En éste, las figuras agresoras más frecuentes son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%)

La incidencia en el entorno familiar ha descendido 7,7 puntos porcentuales desde 2019-2020. En este, las figuras agresoras más frecuentes son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Se observa que la media de edad de las víctimas varía en función del perfil del agresor: en los casos en los que la agresión procede del entorno familiar, la media es de 10 años, mientras que, cuando el agresor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida, se sitúa en torno a los 13 años. En 6 de cada 10 casos se trata de agresores sin antecedentes.

Las víctimas denuncian cada vez más

Los datos indican que la madre es quien denuncia en el 38,8% de los casos registrados, lo que la convierte en la principal figura denunciante, seguida por las propias víctimas (37,6%) o el padre (6,9%). En el 5,6% de los casos ambos progenitores realizan la denuncia de forma conjunta. 

Save the Children ha identificado un incremento en el porcentaje de denuncias realizadas por las propias víctimas (que ha aumentado de un 20,9% a un 37,6%) y por profesionales del ámbito educativo y sanitario, que ya se sitúan en el 3,8% de los denunciantes. Estos avances podrían atribuirse, por una parte, a una mejora en la accesibilidad a los canales de denuncia y, por otra, a una mayor formación entre profesionales. Sin embargo, destacan que “teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que niños, niñas y adolescentes pasan en los centros educativos, estos siguen siendo porcentajes muy bajos”.

Más de la mitad tuvo que declarar más de una vez

La declaración del menor fue tomada seriamente en consideración por el tribunal en el 94% de los casos, una cifra que en el informe subrayan como “muy positiva”. Sin embargo, hay otros datos que preocupan seriamente a la ONG, como el número de veces que niños, niñas y adolescentes se ven obligados a hablar de los abusos que han vivido. En más de la mitad de los casos estudiados la víctima tuvo que declarar más de una vez. 

Solo en poco más de 3 de cada 10 sentencias se menciona la aplicación de la ‘prueba preconstituida’ —la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio—

Por otro lado, solo en poco más de 3 de cada 10 sentencias se menciona la aplicación de la “prueba preconstituida” —la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio—. Además, de entre los menores que sí hicieron uso de esta práctica, 6 de cada 10 tuvieron que, aun así, volver a declarar en el juicio. “Esta cifra sigue siendo insuficiente y nos preocupa que refleje un uso minoritario de esta prueba”, denuncian, a la par que reclaman que se convierta en una práctica “sistemática” extendida hasta los 18 años.

En el 83% de los casos hubo condena y en el 56,8% de ellos la pena de prisión superó los 5 años, lo que supone un aumento respecto al período anterior, en el que las penas de prisión de más de 5 años representaban el 36,6%. En el 63% de estas sentencias condenatorias, además de las penas privativas de libertad, se aplicaron medidas de seguridad complementarias, como la prohibición de acercarse a la víctima. 

A pesar de que la pena de inhabilitación para trabajar con menores de edad es de obligada aplicación, comprobamos que esta no se aplica en gran parte de los casos

Save The Children

No obstante denuncian que “a pesar de que la pena de inhabilitación para trabajar con menores de edad es de obligada aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo 192.3 del Código Penal, modificado por la LOPIVI, comprobamos que esta no se aplica en gran parte de los casos”. 

Una justicia no adaptada a la infancia

Save The Children expresa también su decepción por la lenta puesta en marcha del Real Decreto 422/2025, aprobado este año por el Consejo de Ministros, que establece la creación de las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia. “Solo se contempla la creación de tres (Barcelona, Madrid y Málaga) para todo el Estado”, recalcan, e instan a que se amplíen de manera urgente.

Además, señalan que “no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares” pese a que lo establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ya 4 años. “Se deben de cumplir los compromisos de la LOPIVI”, recuerdan.

Sostienen que es necesario garantizar que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas

Y sostienen que es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra la mujer y menores), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas. 

Por último, piden extender el modelo Barnahus a todas las comunidades autónomas, donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados, alegando que los resultados de un proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio.

Momo nadó solo desde la playa de La Bocana, en Marruecos, hasta la costa de Melilla. Lo hizo cuando el sol ya había caído y la noche se fundía con la oscuridad del mar. Cuando alcanzó suelo español, la policía lo registró como si tuviera 16 años, pero una evaluación psicológica posterior estimó que tenía solo 13 años pero, igualmente, “fue sometido al cuestionable procedimiento de determinación de la edad”, según uno de los casos recogidos en un reciente informe de Save The Children.

Su historia no es una excepción, sino un patrón que se repite en las fronteras de la Unión Europea, según ha denunciado por Save The Children en el estudio Cruzando fronteras, publicado este miércoles. El reciente trabajo de la organización analiza la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes en las fronteras exteriores de la Unión Europea, con enfoque en cinco países: España, Grecia, Italia, Polonia y Finlandia. A raíz de entrevistas con menores, profesionales, así como revisión de fuentes oficiales y académicas, el documento destapa fallos estructurales y vulneraciones sistemáticas de derechos, sobre todo hacia la infancia no acompañada. Según el informe, el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo puede agravar aún más la desprotección infantil.

La organización alerta de que muchos menores migrantes son erróneamente clasificados como adultos, lo que les excluye automáticamente de la protección que les corresponde. Las evaluaciones visuales en las fronteras europeas, basadas en la altura, rasgos faciales o vello corporal, se siguen utilizando como criterio principal para determinar la edad de los migrantes en lugar de métodos multidisciplinarios.

El informe sostiene que la forma en que se determina la edad entre niños y niñas migrantes varía significativamente entre países, pero en todos los casos existen fallos que comprometen su protección. Tanto en España como en Polonia se observa una dependencia excesiva de las evaluaciones físicas y, aunque en Grecia y en Italia disponen de marcos legales más estructurados, su aplicación es inconsistente.

“Si bien el panorama actual revela que, en algunos países, como España y Polonia, las evaluaciones de edad se utilizan de forma rutinaria y arbitraria, incluso cuando la minoría de edad del niño no ofrece dudas”, indica el informe. “Se trata de una práctica habitual, sobre todo, respecto de quienes carecen de documentación adecuada o cuyos documentos no son reconocidos por la policía, alegándose que no pueden demostrar su autenticidad. Los testimonios de los propios menores o de profesionales pertinentes —mediadores culturales, psicólogos, etc.— rara vez se consideran pruebas relevantes”, cuestionan.

Además, Save the Children demanda que la detención automática de menores sigue siendo una práctica extendida en varios países, a menudo en centros no adaptados a la infancia e incluso junto a adultos. La ausencia de personal especializado durante las primeras 72 horas tras su llegada impide detectar casos de vulnerabilidad, víctimas de trata o de violencia sexual.

Otra vulneración común es el rechazo sistemático de documentación oficial. En España y Polonia, por ejemplo, los pasaportes procedentes de ciertos países se descartan con frecuencia sin una evaluación justa. En Italia y Grecia se ponen en duda los documentos oficiales, y aunque Finlandia tiende a aceptar la documentación más fácilmente, cuando se integra la evaluación de edad dentro del procedimiento de asilo se dificultan las apelaciones en caso de error.

Posibles efectos del Pacto Europeo

Aunque el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo no entrará en vigor hasta 2026, varios países ya han reformado sus leyes migratorias con una perspectiva que prioriza el blindaje fronterizo sobre los derechos humanos. Según el informe, en el nombre de la “emergencia”, se han normalizado prácticas como las devoluciones en caliente, la detención prolongada y la denegación sistemática de solicitudes de asilo.

Además, Save the Children demanda que el pacto europeo introduce el concepto de la “instrumentalización de la migración”, cuando se acusa a terceros países de usar a personas migrantes como herramienta de presión política, sirviendo así para justificar restricciones más severas. El informe advierte que entre la población menor, esta narrativa deshumaniza a los niños y niñas, reduciéndolos a una amenaza y no a sujetos de derechos.

En 2024, 61.323 personas llegaron a España por vía marítima, de las cuales el 76% lo hizo a través de la ruta atlántica hacia Canarias. Como apunta el informe, al menos un 10% eran niños y niñas, aunque la falta de identificación adecuada sugiere que la cifra es considerablemente más elevada. Actualmente, Canarias acoge a más de 5.000 menores no acompañados, pero la falta de traslados hacia la Península ha convertido los centros de emergencia en estructuras saturadas, permanentes y sin garantías mínimas.

Con el objetivo de materializar una solución eficaz y sostenible sobre la situación de la niñez migrante, el informe de Save the Children sugiere una serie de medidas inmediatas. Por ejemplo, una identificación temprana y fiables de menores migrantes, con personal especializado y protocolos adaptados a la infancia. La organización también propone una tutela efectiva y asistencia legal garantizada desde el primer momento y alternativas a la detención para niños y adolescentes, especialmente los no acompañados.

La organización insiste en que el futuro sistema migratorio europeo debe colocar el interés superior del menor en el centro y exige que se cumplan los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el caso de España, el informe insiste en la distribución territorial equitativa para evitar la sobrecarga de regiones como Canarias, y en la formación en trauma y género para el personal de fronteras, especialmente ante la violencia que sufren niñas migrantes.

“Antes trabajaba a jornada completa, pero ahora que tengo que cuidar de mi hijo pequeño con autismo, no puedo trabajar todas las horas que me gustaría. Mi cuñada me ayuda los fines de semana”. Este es uno de los testimonios que se pueden leer en el informe de Save the Children Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España, que concluye que las familias con hijos e hijas a cargo no son capaces de recuperar su bienestar económico al ritmo que lo hacen otros colectivos y que tener un empleo en España no garantiza poder obtener lo básico para vivir.

La investigación demuestra que tener una familia, tener hijos, se puede convertir en un factor perverso porque impide salir de la pobreza. Las exigencias propias de la crianza, los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, el bajo nivel educativo, la precariedad, la insuficiencia de horas trabajadas son elementos que limitan la capacidad laboral de las familias, especialmente de las madres y de los tipos de familia más vulnerables: familias monomarentales y familias numerosas. Y esto afecta de manera directa al bienestar de niños, niñas y adolescentes, explican en el informe de Save the Children.

El riesgo de pobreza aumenta significativamente en hogares con niños y niñas. En ellos las posibilidades de entrar en situación de pobreza aumentan en seis puntos porcentuales, pasando del 11,7% al 17,1%, a pesar de que las personas del hogar tengan empleo. En hogares donde conviven dos personas adultas, pero solo una trabaja, la tasa de pobreza empeora hasta el 21%, y crece de manera sustancial cuando se añaden hijos a cargo: hasta un 33% si hay un hijo, 38% con dos hijos y puede llegar al 63% si hay tres o más hijos. En contraste, si ambos adultos trabajan, las cifras bajan significativamente (6,3% en hogares con un hijo, 8,9% si hay dos y 14,7% si hay tres o más).  

Los hogares sin personas menores de edad muestran las tasas más bajas de pobreza laboral. Los hogares de dos adultos presentan la tasa más reducida (10,4%), seguidos por los de tres adultos (12,1%) y los de un adulto (13,7%).

El informe revela una paradoja que también tira por tierra algunos de los axiomas neoliberales: el empleo como vía para salir de la pobreza. Ya no es así. Tener un trabajo en España no garantiza la capacidad para cubrir las necesidades básicas para vivir. El 11,7% de las personas con empleo en nuestro país viven en situación de pobreza. Según Save the Children, en España ya hay familias que viven “en situación de pobreza laboral”.

La pobreza laboral no es solo una estadística: es el resultado de un sistema en el que, a pesar de que muchas personas cumplen con todo lo necesario para alcanzar una vida digna, no logran acceder a ella.  

Testimonios de familias como: “Vendría muy bien que existiese una manera de poder dejar a mis hijos en algún sitio mientras trabajo, ya que no me puedo permitir trabajar menos horas porque tengo que hacer frente a los gastos” u otros como “con nuestros ingresos, no podemos permitirnos pagar a alguien para cuidar de los niños, así que me organizo para trabajar por la noche” de algunas de las familias que han participado en el informe de Save the Children demuestran que las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral siguen siendo un obstáculo significativo, afectando a las familias con ingresos más bajos y a las mujeres. La falta de opciones de cuidado infantil accesibles o la rigidez de los horarios laborales, limitan la capacidad de muchas personas para mantenerse empleadas o para aumentar su intensidad laboral.

De hecho, uno de los argumentos sobre las causas principales del origen de la pobreza laboral en España es la baja intensidad en el empleo. Una de cada cuatro personas empleadas que ha trabajado en algún momento del año no ha ganado lo suficiente como para salir de la pobreza debido a la parcialidad y la discontinuidad en el empleo. La baja intensidad del empleo se define por un número insuficiente de días trabajados a lo largo del año, en la realización de empleos a tiempo parcial o de empleos de corta duración y baja dedicación horaria, situaciones todas ellas que limitan los ingresos salariales suficientes para salir del riesgo de pobreza.

Según Save the Children, se entiende como baja intensidad laboral a trabajar menos de 180 días al año, intensidad laboral media a trabajar entre 180 y 300 días y alta intensidad laboral a trabajar más de 300 días. La mayoría de quienes presentan una baja intensidad laboral no logran superar el umbral de riesgo de pobreza: solo el 13,1% de las personas empleadas consigue ingresar suficiente salario como para salir del riesgo de pobreza.

Entre las personas que presentan una baja o media intensidad laboral, los tipos de contrato más frecuentes son los temporales y los fijos discontinuos. En concreto, el 48% de las personas que presentan una baja intensidad laboral tiene como contrato más habitual uno de carácter temporal (29% a jornada completa y 19% a parcial), y, además, un 29% tiene uno fijo discontinuo como contrato más frecuente. 

A misma intensidad laboral, las mujeres en general superan el umbral de pobreza en mayor medida que los hombres. Esto puede deberse a que la parcialidad podría ser elegida en mayor medida para ellas debido a la reducción de jornada para la ocupación en tareas domésticas y de cuidados. Así, persisten desequilibrios en la participación laboral de las mujeres, así como en la dedicación al trabajo doméstico, de cuidados y de atención a las personas. La parcialidad por razones de conciliación recae de manera casi exclusiva sobre las mujeres: “Para casi 400.000 mujeres, el motivo de escoger una jornada parcial es la necesidad de cuidar de personas dependientes, frente a 28.000 hombres”.

La subida del Salario Mínimo Inteprofesional (SMI) de los últimos años ha sido un factor directo, según el informe, en la reducción de la pobreza laboral. Así, en 2023, el SMI superó en más de 3.500 euros al umbral de pobreza, ya que suponía 15.210 euros anuales, mientras que el umbral de pobreza estaba situado en los 11.584. Una persona empleada a jornada completa durante todo el año percibiendo estrictamente el SMI contaría con los ingresos suficientes para superar el umbral de riesgo de pobreza. 

Esta situación es diferente para dos tipos de hogares: los hogares con dos personas adultas y cuatro niños o adolescentes y las familias monoparentales. En estas últimas, cuando hay un solo niño a cargo, el SMI supera por apenas 60 euros el umbral de pobreza, por lo que cualquier variación de los ingresos puede suponer una caída en la pobreza; en el caso de familias monoparentales con dos hijos no pueden salir de la pobreza ingresando solo un salario mínimo. 

Por otro lado, los aumentos del SMI en España en los últimos años han buscado llegar a esa marca del 60% del salario medio. Sin embargo, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha alertado de la devaluación que han sufrido los salarios mínimos en términos reales a causa de la inflación desencadenada a partir de 2022, a pesar de su moderación en los años posteriores. 

Save the Children plantea un cambio en las políticas públicas para superar la pobreza: mejorar la calidad del empleo, flexibilidad horaria y actualización de las políticas activas de empleo con perspectiva de familia e infancia. Mejorar las condiciones de conciliación, mediante la compensación de la reducción de la jornada por cuidados, el aumento de los permisos por nacimiento o el desarrollo de programas públicos de cuidados. Por último, la puesta en marcha de una prestación universal a la crianza y la mejora de acceso a prestaciones focalizadas como el Complemento de Ayuda a la Infancia.

El coste de la crianza ha aumentado significativamente en Andalucía, alcanzando un promedio mensual de 722 euros por hijo o hija en 2024, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2022. Así lo evidencia el estudio El Coste de la Crianza en Andalucía 2024, que ha realizado Save the Children.

Criar es caro, lo que potencialmente influye a la propia decisión de tener un hijo o una hija. En Andalucía nacen 1,22 hijos o hijas por mujer, la tasa más baja de toda Europa. La brecha entre la fecundidad deseada y la efectiva es una de las mayores de Europa: el 20% de mujeres de más de 40 años con hijos o hijas habrían querido tener más, y de las que no tenían casi la mitad hubieran querido, según la Encuesta de Fecundidad, Familia e Infancia de septiembre de 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas.

El aumento de estos costes en la crianza se debe principalmente a la inflación, que ha afectado de forma significativa a los bienes y servicios esenciales, como los suministros del hogar y los alimentos. Los gastos que más han aumentado en Andalucía desde 2022 son los relacionados con la vivienda (41%) y la alimentación (25%). Además, el 51% de los niños y niñas viven en hogares con serias dificultades para afrontar gastos imprevistos, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2022. Con independencia del ciclo económico, los hogares con niños y niñas son los más afectados por la evolución de los precios, con una “inflación específica de la crianza” que supera ampliamente –entre un 37%-51%– a la inflación general.

“La crianza representa una carga económica considerable para las familias, especialmente en la adolescencia, y se ha convertido en un factor de riesgo significativo de pobreza”, asegura Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía. Las familias con hijos o hijas deben destinar más de la mitad de su renta a estos gastos, y la probabilidad de estar bajo el umbral de la pobreza aumenta un 70% para quienes tienen menores de edad a su cargo“.

Mayor riesgo de pobreza: hogares con menores de 18 años y monomarentales

En un contexto de crecimiento generalizado de rentas, los indicadores de pobreza se han reducido en 2023 para casi todos los grupos de edad y tipos de hogar. No es así en el caso de las personas menores de 18 años o en los hogares con niñas y niños, cuyos indicadores de pobreza empeoran. En 2023, el 29,20% de los niños, niñas y adolescentes en Andalucía se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (ECV, 2023), mientras que la tasa de pobreza general se situaba en el 19,53%.

La cifra de pobreza para hogares monomarentales en Andalucía es especialmente preocupante: se enfrentan a una tasa de pobreza relativa del 57,57% (46,84% en 2022), ascendiendo 10,73 puntos porcentuales de un año a otro.

Los gastos corrientes de vivienda son también de los que más han aumentado, con un incremento del 13% desde 2022 y del 190% desde 2018.

De promedio, el coste adicional con respecto a la vivienda cuando nace un niño o niña asciende a 92 euros al mes. En total, los gastos relacionados con la vivienda, sumando suministros del hogar, ascienden a 123 euros mensuales por hijo o hija en Andalucía. Este aumento significativo en los costes de vivienda contribuye a la carga económica general que enfrentan las familias, especialmente aquellas con ingresos limitados.

El coste de la crianza por edades

El coste de criar a un niño varía significativamente según la etapa de la infancia o adolescencia. De cero a tres años el coste mensual es de 570 euros en Andalucía. Las principales partidas con mayor peso en el coste de la crianza en esta franja de edad son la conciliación (las escuelas infantiles), la vivienda (adaptar el espacio a un nuevo miembro) y la alimentación. De los cuatro a los seis años el coste mensual es de 702 euros.

De los 7 a los 12 años se alcanza la máxima cifra, con un coste mensual de 435 euros. En la habitación se hacen algunos cambios para dejar de lado algunos muebles. Los niños y las niñas ya comen más cantidad de alimentos y se han incorporado totalmente a la dieta de la familia. De los 13 a los 17 años el coste mensual es de 433 euros. Los niños y niñas han dejado los juguetes de lado y el ocio se realiza con amigos y amigas, o a través de dispositivos tecnológicos.

El coste de la crianza no solo es una carga económica inasumible para muchos hogares con niños y niñas en Andalucía, sino también una inversión esencial en el futuro de nuestra sociedad. Si bien en los últimos años ha habido avances significativos, sigue siendo necesario aumentar la inversión pública en infancia, todavía muy lejos de la media europea. A la mejora de prestaciones existentes, como la RMISA (Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía) o el IMV (Ingreso Mínimo Vital) -y su Complemento de Infancia-, que deben complementarse y llegar a más hogares, deben añadirse nuevas formas de apoyo a la crianza más eficaces. Un apoyo adecuado a la crianza requiere de políticas transversales que mejoren distintos aspectos, como el acceso equitativo a comedores, escuelas infantiles, permisos de maternidad/paternidad generosos e intransferibles o una reforma coherente que mejore la progresividad global de los impuestos directos e indirectos, entre otros.

No obstante, este informe de Save the Children enumera sólo alguna de las principales líneas de actuación de políticas públicas enfocadas en lograr niveles de apoyo a la crianza adecuados para la infancia, con especial énfasis en la más vulnerable. Estas recomendaciones de políticas públicas implican a todos los niveles administrativos, desde la Junta de Andalucía al gobierno central o a los municipios. Todos deben comprometerse a diseñar, presupuestar y ejecutar políticas integrales y coordinadas, en el marco de las respectivas competencias, que mejoren el apoyo a la crianza en los hogares de Andalucía:

La implementación de una prestación a la crianza a nivel estatal y rediseñar las desgravaciones fiscales autonómicas :

Reformular la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (RMISA) con enfoque de infancia.

Rediseñar y revalorar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) para los tramos de mayor edad.

Vincular las actualizaciones de las prestaciones a indicadores del coste de la crianza.

Niña. Comienza a sufrir abusos sexuales a los once años. Abusos que son denunciados con ayuda de su madre y que son juzgados en procesos que se alargan hasta los tres años. Es el perfil de la menor víctima de abusos sexuales que dibuja Save the Children. A nivel nacional, el 80% de las víctimas menores de abusos sexuales son niñas y el 20% niños. Los agresores, el 82% conocidos, padres y parejas de la madre en su mayoría, y el 18% desconocidos.

Lo realmente preocupante en los delitos sexuales contra los menores es que en un porcentaje altísimo, la agresión proviene siempre del entorno, familiares o conocidos. Esto es lo realmente preocupante

Bárbara Romo — Responsable de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito

Y en La Rioja, la fotografía es similar. Según los datos facilitados por la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, en 2023 atendieron a 30 niñas víctimas de violencia sexual y a 3 niños. En 2024, y hasta el mes de septiembre, en esta Oficina han atendido a un niño y a 25 niñas. Unas cifras que su responsable, Bárbara Romo, califica de “preocupantes” aunque “lo realmente preocupante en los delitos sexuales contra los menores es que en un porcentaje altísimo, la agresión proviene siempre del entorno; familiares o conocidos. Esto es lo realmente preocupante”.

Preocupación que comparte la coordinadora de RESET, Mª Pilar Yangüela, un programa del Gobierno de La Rioja que presta atención psicológica personalizada a menores maltratados y/o abusados físcia o sexualmente, al que llegan derivados de la OAVD de La Rioja y que imparte Psico 360, Centro de Psicología. Ahora mismo, hay 32 casos abiertos de abusos sexuales a menores de los que el 90% han sido cometidos por conocidos. Sólo en el mes de octubre, llegaron cinco nuevos casos. “Parece que este tipo de delitos los cometen personas desconocidas cuando no es así”, insiste Yangüela. Y ahí está el riesgo y el peligro. Y es que lo menores pueden reinterpretar lo que les está ocurriendo porque no tienen esos conocimientos de educación sexual y piensan que esas conductas, esas agresiones y abusos, son una forma de querer. “Pensaba que esa era su forma de quererme, pero cuando tuve novio y me tocaba de la manera que me había tocado esa persona... Es así como esta chica fue consciente de lo que le había ocurrido”, relata Yangüela. Porque muchas veces estas agresiones salen a la luz tiempo después. “Muchas veces, en el proceso terapéutico trabajando con personas mayores se dancuenta de lo que han sufrido porque los menores reinterpretan lo que les está ocurriendo”. Y por esta razón, Romo insiste en la necesidad de trabajar en la prevención y sensibilización. Un trabajo que dice también hay que hacer en casa “porque los niños y las niñas no interpretan el abuso como algo negativo cuando viene de alguien con el que existe una relación de afectividad, porque es tu tío, un abuelo, un amigo de los padres.... no se percibe como algo negativo y ahí está el peligro”.

El mayor factor de protección es que la familia apoye, acompañe, no tenga dudas y legitime sus emociones

Mª Pilar Yangüela — Coordinadora del programa RESET

“Es muy difícil de descifrar, interpretar y entender todo esto con la mente e un niño”. Por esta razón, la coordinadora del programa RESET insiste además en la importancia de que el menor esté acompañado por la familia, por el padre, por la madre. “El mayor factor de protección es que la familia apoye, acompañe, no tenga dudas y legitime sus emociones. Cualquier caso de abuso sexual provoca un impacto en el desarrollo, más aún si es menor, pero si se le proporciona esta unidad de apoyo, el menor o la menor va a salir adelante casi con seguridad”.

En el otro extremo, los menores que no cuentan con este factor de protección. “Hemos tenido casos de niñas a las que no les han creído y al final se han arrependido”. Menores, cuenta, “que se sienten castigadas porque han denunciado a la pareja de su madre, a su propio padre, a su hermanastro... y que tienen que salir de sus casas porque hasta que finaliza todo el proceso judicial ellos pemanencen en casa y la que sale es la menor. Menores que, además de sufrir el trauma del abuso sexual, se sienten abandonadas y castigadas, de forma que dejan de contarlo, vuelven a casa y la denuncia no sigue. O sigue, pero con esa soledad que puede sentir una niña de 14-15 años que ha sido víctima de abuso sexual y que se encuentra en un centro de menores”.

“Arrancar el sentimiento de culpa”

Una vez que estos menores llegan al programa RESET derivados de la OAVD uno de los objetivos, y también una de las mayores dificultades, es arrancarles el sentimiento de culpa, “que existe porque existen ciertos mensajes”. Y es que Yangüela recuerda que en uno de los casos el tío de la víctima acusaba a la menor de haberle provocado. “Me provocaba, estaba en bragas en su habitación”. Mensajes que lograron generar un sentimiento de culpa en la víctima, una niña, que llegó incluso a plantearse que no debería haber estado así vestida en su propia casa. Y es ese sentimiento de culpa el que hay que arrancar. Y para ello, el equipo de profesionales del programa RESET lleva a cabo una intervención individual y también familiar. “Rescatamos a alguna persona de apoyo para la menor, una persona que le esté dando ese apoyo seguro para que en libertad, con tranquilidad y serenidad, pueda sacar todo lo que lleva dentro”. Una intervención individual y familiar que se completa con otra grupal. “Grupos terapéuticos en los que descubren que hay otras personas a las que les ha pasado lo mismo, la fuerza del grupo y la tribu es muy sanadora. Esta parte también es muy importante”.

El objetivo es que aprendan a vivirlo de otra manera, sin pesadillas, sin esa intensidad emocional, sin esa culpa, sin ese miedo a la reactivación fisiológica...

Mª Pilar Yangüela — Coordinadora del programa RESET en Psico 360, Centro de Psicología

Y es que es importante quitar ese sentimiento de culpa, “porque olvidarlo, no se olvida”. Yangüela relata que los menores derivados al programa RESET quieren olvidar lo ocurrido pero eso no pasa. “El objetivo es que aprendan a vivirlo de otra manera, sin pesadillas, sin esa intensidad emocional, sin esa culpa, sin ese miedo a la reactivación fisiológica... con las terapias se persigue que lo vivan de la forma más alejada a sus emociones para poder transitar por eso que les ha ocurrido de una manera que no les afecte tanto en el presente o en momentos cruciales porque a veces un trauma se queda ahí, pero en determinados momentos vitales vuelve a aparecer”. De la mano de las profesionales, las menores víctimas consiguen identificar lo ocurrido y aparender a vivirlo de otra manera.

La importancia de preconstituir la prueba

Y antes de llegar al programa RESET, los menores víctimas de abusos sexuales son atendidos en la Oficina de Asistencia a la Victima del Delito de La Rioja. Y en estos primeros momentos, lo más importante es preconstituir la prueba porque en este tipo de delitos, con lo único que se cuenta es con el testimonio de los menores, “los delitos no se cometen con testigos y no hay pruebas fehacientes del abuso” apunta Bárbara Romo. Y en este sentido, y para la preconstitución de las pruebas, La Rioja cuenta con la Cámara Gesell. Una habitación que simula una sala infantil con mesas y sillas bajas y dibujos con el fin de que los menores no se sientan impresionados por lo que supone un juzgado. Además, evita que los menores vean al juez y a las partes personadas, que se encuentran en una sala contigua comunicada por la Sala Gesell a través de un cristal de visión unilateral. Los menores están acompañados por psicólogos de menores, que forman parte del equipo multidisciplinar del Palacio de Justicia, que, en un ambiente distendido y de forma adecuada a su edad, formulan las preguntas que, a través de un auricular, les transmiten desde la sala anexa.

La Rioja fue una de las primeras comunidades autónomas en implantar esta Cámara Gesell, “un espacio en el que el menor realiza la declaración garantizando además todos los derechos del acusado, todavía investigado, de forma que esta grabación pueda utilizarse en el juicio. Por esta razón es tan importante hacerlo con todas las garantías y por ello pueden estar el abogado defensor e incluso el investigado detrás del cristal”. La rapidez en la preconstitución de la prueba es fundamental, insiste la responsable de la OAVD. “Tiene que ser rápido porque hasta entonces no podemos comenzar con la intervención psicológica con la menor o el menor porque se podría considerar que se está contaminando la prueba y el relato”. De esta forma, una vez que se preconstituye la prueba, se deriva al menor a intervención psicológica “y a la vez ya se trabaja también con los progenitores”. Y en aras de esta rapidez, Romo señala el proyecto piloto de Canarias que cuenta con un juzgado de menores. “Un juzgado similiar al de Violencia sobre la Mujer, pero con menores. Algo que me parece realmente importante porque estamos viendo que hay procedimientos que se quedan estancados porque no hay un juzgado especializado y esto no puede ser”.

Debemos enseñarles desde pequeños que los adultos tienen que respetar su cuerpo, que no se puede tocar, porque si no, no lo perciben como una agresión sexual porque el agresor siempre usa además el secreto, el favoritismo...

Bárbara Romo — Responsable de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito

Ocho de cada diez casos de abuso sexuales contra la infancia se producen en el entorno familiar y el agresor es una persona conocida o un familiar de la víctima. Además, Save the Children también estima que sólo el 15% de los casos de abuso sexual llega a denunciarse. De ahí la importancia de continuar trabajando en la prevención y en la sensibilizació, un trabajo que Romo reitera también debe hacerse en casa. “Si al menor desde pequeño se le dice, por ejemplo mientras se le baña, esto es tuyo y no lo toca nadie salvo papá y mamá mientras te bañan”, ellos de forma expontánea van a contar cuando un adulto lo haga. Debemos enseñarles desde pequeños que los adultos tienen que respetar su cuerpo, que no se puede tocar, porque si no, no lo perciben como una agresión sexual porque el agresor siempre usa además el secreto, el favoritismo...“.

Y más datos a tener en cuenta porque Save the Children también señala que el 67% de los agresores no tienen antecedentes penales. Y de los que sí los tienen, sólo en el 4% de los casos había sido por delitos contra la libertad sexual. De igual forma, este estudio también desmonta el mito de que las personas que agreden son monstruos y que si esto ocurriera en nuestro entorno, nos daríamos cuenta. Por esta razón, en la lucha contra este tipo de violencia, la clave también está en la prevención.

Cada día de 2022 se denunciaron en España 23 delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima una persona menor de edad, la inmensa mayoría de ellas (82%) mujeres. Una de cada cinco de estas personas tenía menos de 13 años. Dicho de otro modo: cada día se denuncian cuatro agresiones contra niñas (3,6 en concreto, de media), según el informe Silenciadas, un análisis sobre agresiones sexuales en la adolescencia, elaborado por Save the Children, que recuerda además que estos son los casos conocidos. “Ser niña vuelve a ser un factor de riesgo determinante para poder sufrir una agresión de este tipo”, advierte la organización. Las denuncias contra menores de edad suponen algo menos de una de cada dos (un 44%) de las 18.731 que se presentaron hace dos años en total en España.

“Las niñas y adolescentes están condicionadas por los roles y estereotipos de género que van encaminados a que el amor sea el centro, a un canon de belleza difícil de cumplir, a agradar sexualmente y al mismo tiempo vivir la sexualidad de forma reservada. Esto se va construyendo desde la primera infancia con las muñecas, los dibujos animados, los vídeos y programas de televisión, las redes sociales... todos encaminados a conseguir un modelo femenino de belleza y corporal que nunca se acaba de conseguir”, ha explicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de Save the Children.

En cuanto a los agresores, los datos de delitos sexuales cometidos tanto por personas adultas como por personas entre los 14 y los 17 años (edades en las cuales ya hay responsabilidad penal aunque sigan siendo menores de edad) reflejan que en el 97% de los casos el agresor es un hombre. “La masculinidad también está condicionada por la exigencia de los roles y estereotipos de género desde la primera infancia con los propios juguetes y espacios de socialización como el recreo: fuertes físicamente, activos sexualmente, vivir situaciones de riesgo, alejarse de las emociones y con actitudes de control y dominación, que se confunden con protección o incluso con afecto”, señala Perazzo.

Más agresiones grupales

Save the Children también denuncia en su informe que las agresiones sexuales grupales, cometidas por más de una persona, han aumentado en los últimos cinco años un 64%, según datos del Ministerio del Interior. Aún suponen una pequeña parte del total, apenas un 4,2%, pero sumaron un total de 632 casos en 2022, casi dos por día.

Respecto a este tipo de agresión, la ONG señala dos preocupaciones específicas más allá del hecho en sí: el perfil de la víctima y la (cierta) tendencia a dejar constancia de la agresión. La persona que sufre una agresión grupal tiene de media 15 años y los agresores una edad similar, explica Save the Children. Es habitual que ambas partes se conozcan previamente y que el delito incluya penetración y violencia. Además, explica la directora Perazzo, “más de un 10% de las agresiones sexuales múltiples son grabadas o fotografiadas como señal de dominio y a la espera de un reconocimiento del grupo de iguales, lo que muestra de forma clara cómo afectan las nuevas tecnologías e Internet a la forma de relacionarse de niños, niñas y adolescentes”.

Internet y, específicamente, la pornografía, otra de las cuestiones que preocupan a las expertas de Save the Children, que consideran “necesario” que el Gobierno desarrolle una legislación específica que despliegue medidas de prevención que contempla la ley como la educación afectivo-sexual o en un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

“La pornografía no puede ser la profesora de sexualidad de niños, niñas y adolescentes porque estamos hablando de ficción, no es real. Es como si enseñáramos a conducir a adolescentes con videojuegos de carreras de coches. Por tanto, es fundamental implantar una educación afectivo-sexual desde edades tempranas para que niños y niñas puedan establecer relaciones más sanas y más igualitarias, así como dotarlos de herramientas para que puedan hacer un uso seguro de Internet y las redes sociales”, señala Perazzo.

La educación sexual reglada, en la escuela, es uno de los debes del sistema. La ley la contempla, pero no le reserva espacios específicos, por lo que docentes y profesionales externos que imparten formación específica deben buscarle huecos, lo que no siempre se cumple. Que existan actores –léase Vox– que niegan que el fenómeno exista, califiquen de “adoctrinadora” este tipo de educación y trabajen para vetarla tampoco ayuda, sostiene la organización.

Ser mujer es factor de riesgo

Save the Children concluye su informe señalando factores de riesgo y recomendando buenas prácticas para reducir este fenómeno. En cuanto a lo primero, ser mujer (o niña) incrementa por sí mismo las posibilidades de sufrir violencia sexual, sostiene la ONG. Las tecnologías –que normalizan la violencia y llaman a ser relevante en redes y a exponerse–, la infancia privada de cuidado parental –por ejemplo la que vive en centros de protección–, la cultura machista, el modelo familiar –familias desestructuradas, con rupturas complicadas o en las que se vive violencia–, ciertos perfiles sociales –con menor capacidad de gestión emocional y de conflictos–, la hipersexualización o los discursos negacionistas son algunos de los factores que identifica Save the Children que pueden influir a la hora de sufrir una agresión.

Con el objetivo de minimizar las agresiones y proteger a las víctimas, la ONG propone una serie de acciones, como mejorar en la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, con todas sus derivadas: educación digital y con perspectiva de género, información y sensibilización permanentes, etc. También son importantes las figuras de referencia para las adolescentes, la formación de profesionales que trabajen con la infancia o dotar de herramientas a las familias.

Un 29,20% de las personas menores de 18 años en Andalucía se encontraba en situación de pobreza en 2023, frente al 28,9% de los menores en el resto del país. Así lo revela el análisis que ha realizado Save the Children a raíz de la última la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2023 del Instituto Nacional de Estadística publicada este lunes, que arroja que la tasa de pobreza severa infantil ha aumentado en la comunidad hasta el 16,18%, esto es, 1,17 puntos porcentuales más con respecto a 2022, afectando a un total de 250.841,5 niños y niñas.

En total, el número de niños y niñas en situación de pobreza en la comunidad en 2023 era de 452.709. Comparando estas cifras con las del año anterior, supone un ligero descenso de 0,21 puntos porcentuales, cuando la tasa se situaba en el 29,41%. A pesar de esta imperceptible bajada, la organización alerta de que la pobreza infantil sigue superando a la pobreza general, que se sitúa en Andalucía en el 19,53%, (en el anterior ejercicio era de 20,51%).

Además, sigue persistiendo la brecha entre la pobreza severa de niños, niñas y adolescentes y la del conjunto de la población andaluza, que se mantiene en el 9,4%. A nivel estatal, esta tasa se eleva ligeramente hasta el 13,7% (0,19 puntos porcentuales con respecto a 2022).

Los jóvenes, los más afectados por la inflación

En este contexto, Save the Children ha recordado que vivir bajo el umbral de la pobreza en Andalucía significa, en el caso de un hogar compuesto por dos personas adultas y dos menores de edad, ingresar menos de 19.160,10 euros al año.

La portavoz de Save the Children en Andalucía, Irene Santos, ha asegurado que, tras unos años marcados por el impacto de la pandemia y la inflación, las tasas de pobreza infantil en Andalucía “siguen siendo inasumibles”. “Si bien es verdad que el crecimiento generalizado de los ingresos eleva los umbrales de renta con los que se calculan estas tasas, el estancamiento de la pobreza infantil no se explica sólo por ello”, ha añadido.

Santos ha señalado que “las tasas de carencia material que afectan a los niños, niñas y adolescentes vuelven a subir desde niveles ya muy altos”. Por otro lado, se observa un “desacople entre la población general y la infancia: son los niños, niñas y adolescentes quienes están siendo más afectados por la inflación acumulada”.

Subida de salarios

De ahí que Save the Children considere que es importante tener en cuenta el crecimiento generalizado de los ingresos medios. Por un lado, la organización valora “muy positivamente” dicho aumento de la renta media por hogar, de hasta un 8,1% para el conjunto de hogares. Ello afecta también al análisis que hace la entidad.

Las tasas de pobreza se calculan en función de las rentas de todos los hogares. Por ello, si la renta del total de los hogares sube, aumentará también el umbral de la pobreza. Un hogar compuesto por dos personas adultas y dos niños con ingresos anuales de 21.200 euros --unos 1.766 euros mensuales para 4 personas--, en la ECV de 2022 no se habrían considerado en riesgo de pobreza, pero con un umbral de pobreza más alto, sí que lo son. Si se calcula la tasa de pobreza infantil de la ECV de 2023 con los umbrales de 2022, obtendría un 24,5% de pobreza infantil. De esta forma, una parte de la subida de la pobreza infantil se debe al “efecto umbral”.

Esta consideración no quiere decir que la subida sea “artificial”. De hecho, Save the Children considera que muestra de manera “preocupante” cómo los ingresos de las familias con niños y niñas a cargo no han subido de la misma manera que otros hogares: cuando se observan las tasas de pobreza por grupos de edad, en todos ellos han bajado, excepto en la de menores de edad.

Carencia material y social severa

Analizando la encuesta con una perspectiva más amplia, el impacto de la pobreza y la exclusión social en Andalucía asciende hasta el 38,45% si a la tasa de pobreza se le añaden la carencia material y social severa y la baja intensidad laboral (personas mayores de 18 años que han trabajado menos del 20% de su potencial de empleo en un año), alcanzando a 593.259,57 niños, niñas y adolescentes, frente al 36,59% del año pasado.

En España, la tasa sería del 34,5%, frente al 32,2% del año pasado. Las tres dimensiones constituyen la tasa de pobreza y exclusión (AROPE), que es el indicador común europeo definido por Eurostat. Asimismo, la carencia material y social severa en Andalucía ha aumentado, afectando al 16,92% de niños, niñas y adolescentes, es decir, sube 3,21 puntos porcentuales.

A nivel estatal, la tasa sería del 12,3%, dos puntos porcentuales más que el año anterior. Según Save the Children, esto apunta al impacto de la dimensión más aguda de la pobreza infantil y su relación con la escalada de precios de los últimos años, que impide el acceso a bienes y servicios esenciales para unas condiciones de vida y bienestar mínimos para la infancia a 261.111,426 niños, niñas y adolescentes en España.

El incremento de los niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a, al menos, dos raciones de carne, pollo o equivalente a la semana también es preocupante en Andalucía. Son el 13,32% del total frente al 10,07% de la ECV 2022. En España, la cifra sería del 7% del total frente al 5,9% de la edición anterior, lo que supone un incremento de 3,25 puntos porcentuales en un contexto de continuado aumento de los precios de los productos de alimentación.

Algunos de los elementos contemplados en el análisis de la carencia material han experimentado cambios reseñables. Especialmente grave es que un 23,95% (20,44% en 2022) de niños y niñas viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, hecho que supone un aumento de 3,51 puntos porcentuales. En España, se ha pasado del 16,1% de la ECV 2022 al 19,9%. En cambio, ha descendido ligeramente el porcentaje de niños y niñas cuyas familias han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, entre otros), desde el 20,14% en la anterior ECV hasta el 19,51% actual (del 16,7% al 16,4% actual a nivel estatal).

Tener hijos, un factor de riesgo de pobreza

Los hogares con hijos menores de edad se enfrentan a mayores tasas de pobreza en Andalucía. El 26,21% de estos hogares se encuentran bajo el umbral de la pobreza relativa, frente al 11,74% de los hogares sin menores de edad a cargo. En el anterior ejercicio, eran 25,20% frente al 14,95%.

A nivel estatal, el 24,9% de estos hogares se encuentran bajo el umbral de la pobreza relativa, frente al 15,2% de los hogares sin menores de edad a cargo. En el anterior ejercicio, eran 24,7% frente al 16%. La diferencia es igualmente significativa en el caso de la pobreza severa en Andalucía (12,97% en los hogares con menores de edad frente al 5,26% en los hogares sin hijos a cargo).

En el conjunto del país, 10,8% en los hogares con menores de edad frente al 5,7% en los hogares sin hijos o hijas a cargo. Todo ello pone de relieve la necesidad de las familias con hijos e hijas de contar con ayudas para evitar que la crianza suponga un riesgo de caer en la pobreza. La situación de los niños en hogares monomarentales en Andalucía resulta especialmente preocupante puesto que se enfrentan a una tasa de pobreza relativa del 57,57% (46,84% en 2022), ascendiendo 10,73 puntos porcentuales de un año a otro. A nivel estatal, la tasa de pobreza relativa sería del 55% (51,7% en 2022), ascendiendo 3,28 puntos porcentuales de un año a otro.

Así las cosas, Save the Children reitera que las mujeres están expuestas a una mayor precariedad y pobreza laboral, hecho que influye en sus tasas de pobreza, “desproporcionadamente elevadas”. Más de la mitad de los niños de estos hogares están en una situación especialmente vulnerable en Andalucía, ya que el 36,46% se encontraron en pobreza severa en 2023, 10,18 puntos porcentuales más que en la ECV 2022. A nivel estatal, el 31,4% se encontraron en pobreza severa en 2023, 2,67 puntos porcentuales más que en 2022.

El pasado junio Pilar Kaltzada (Donostia, 1970) fue nombrada presidenta de Save The Children, organización en la que ha formado parte desde distintas posiciones, incluido el voluntariado. Su objetivo, defender los derechos de los niños y, en cualquier situación de emergencia, trabajar en conseguir una respuesta humanitaria para cada conflicto. “Nuestra razón de ser es la protección de los derechos de la infancia, por lo que uno de los principales retos es hacer ver que todavía hoy es necesario defender y poner sobre la mesa la necesidad de que la infancia sea la prioridad de las políticas públicas y de la respuesta humanitaria. La inversión en justicia social tiene que ser una inversión de infancia”, señala a este periódico.

Es un reto que con cada nueva emergencia social se complica cada vez más y más, si se tiene en cuenta que, como Kaltzada critica, la agenda tiene poca capacidad para integrar la realidad del mundo. “El hecho de que ahora estemos mirando con esta angustia hacia los territorios ocupados de Gaza no significa que no esté ocurriendo nada en Yemen, que sigue habiendo una guerra abierta en Ucrania o que hay miles y miles de niños y niñas en este momento emprendiendo rutas de migración. Es un problema que la opinión pública no sea capaz de gestionar que hay más de un conflicto a la vez”, lamenta.

¿Qué supuso para usted que la nombraran presidenta de Save The Children?

Mucha alegría, pero también responsabilidad. Es una organización a la que llevo vinculada muchos años desde diferentes posiciones. He recorrido todas las etapas, porque he sido socia, voluntaria y ahora presidenta. He conocido la organización desde distintos lugares y me hace mucha ilusión contribuir ahora desde la presidencia.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la ONG?

Todas las organizaciones que tenemos un mandato doble, un mandato de defensa de derechos y un mandato de respuesta humanitaria, estamos en un mundo en el que tanto los derechos como la necesidad de respuesta humanitaria son gigantescos. Nuestra razón de ser es la protección de los derechos de la infancia, por lo que uno de los principales retos es hacer ver que todavía hoy es necesario defender y poner sobre la mesa la necesidad de que la infancia sea la prioridad de las políticas públicas y de la respuesta humanitaria. La inversión en justicia social tiene que ser una inversión de infancia.

En estos momentos los ojos del mundo entero están puestos en Gaza. ¿Cuál es la situación de los menores allí?

Todo el mundo tiene en este momento metidas en la retina algunas imágenes y tenemos también la información que recibimos desde este terreno. Save The Children tiene un equipo de personas desde hace muchísimos años trabajando y viviendo allí y estamos viviendo todo lo que está ocurriendo con muchísima preocupación. La infancia es la principal perdedora en cualquier situación de emergencia y, esto es una emergencia humanitaria. Nuestra organización surgió en 1919 como respuesta a la situación absolutamente insoportable que sufrían los niños y niñas en el contexto de aquella guerra mundial. De hecho, la razón por la que se creó Save the Children fue para proteger a la infancia, independientemente del bando en el que estuvieran viviendo. Dijimos entonces y llevamos diciendo más de un siglo que todas las guerras se declaran contra la infancia porque son quienes más sufren una guerra sin tener, por supuesto, nada que ver en el desarrollo del conflicto. Por lo tanto, todas las guerras tienen un impacto diferencial en la infancia.

En el caso de los territorios ocupados, debemos tener en cuenta que su población muy joven y que el número de niños y niñas que viven en territorios ocupados es muy alto. Por lo tanto, sabemos que quien más está sufriendo es la infancia. Según los datos que recibimos casi el 40% de las muertes han sido niños y niñas. Sabemos que los datos de que al menos que la información que recibimos es que casi el 40% de las bajas han sido ya niños y niñas, por lo que el impacto en la infancia es absolutamente brutal. Además, conocemos que hay heridos y fallecidos, pero no somos capaces de evaluar aún el impacto en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en Gaza en este momento.

Es un problema que la opinión pública no sea capaz de gestionar que hay más de un conflicto a la vez

En ese sentido, ¿cómo valora la posición del Gobierno de España, Estados Unidos y la Unión Europea en el conflicto palestino-israelí?

La posición que puedan tener los Estados es una cuestión que deberán resolver los Estados. Desde una organización de enfoque humanitario lo que tenemos que exigir de todas las maneras posibles es que haya un alto al fuego, que se permita de una vez por todas la entrada a la ayuda humanitaria y que esa entrada sea segura para la población civil y para los trabajadores de ayuda humanitaria, porque en este momento no podemos actuar. En los casos casi esporádicos que se ha permitido la entrada de cierta ayuda humanitaria, son vías que ni son seguras ni son constantes, la necesidad de ayuda humanitaria que existe en este momento probablemente es algo que no hemos visto, desde luego en la historia reciente. Y sin embargo, todas las organizaciones estamos a la espera de que se abran corredores en los que realmente sea seguro poder actuar. Es fundamental que esta sea la petición más allá del resto de peticiones que puedan hacerse. La nuestra tiene que ser una petición claramente de mandato humanitario. Vivimos con muchísima preocupación y con mucha angustia la situación en la que están nuestros compañeros y compañeras en terreno, pero sobre todo en la que está toda la población y específicamente, en nuestro caso, niños y niñas.

¿A la sociedad le importa más un niño en función de si es de Gaza, de Ucrania o de Yemen?

Está claro que la preocupación social tiene mucho que ver con la agenda y la agenda parece que tiene poca capacidad para integrar la realidad del mundo. El hecho de que ahora estemos mirando con esta angustia hacia los territorios ocupados de Gaza no significa que no esté ocurriendo nada en Yemen, que sigue habiendo una guerra abierta en Ucrania o que hay miles y miles de niños y niñas en este momento emprendiendo rutas de migración. Es un problema que la opinión pública no sea capaz de gestionar que hay más de un conflicto a la vez. Durante este mes, además de los territorios ocupados en Gaza, han ocurrido ocho terremotos en Afganistán. En este momento hay miles y miles de niños y niñas saliendo de Afganistán porque se cierra la frontera con Pakistán. Son situaciones de auténtica crisis humanitaria en las que no somos capaces de poner el foco. Creo que tenemos que hacer una revisión muy profunda como sociedad para aceptar que el mundo es un lugar muy complejo y que las respuestas que tenemos que dar no pueden ser simples. No podemos gestionar solo un conflicto porque es absolutamente injusto para los niños y niñas que están sufriendo el resto de conflictos que están absolutamente silenciados, pero siguen ocurriendo.

Tras la guerra de Ucrania, por un lado, y el aumento de los flujos migratorios de personas provenientes de países empobrecidos, por el otro, el número de refugiados y migrantes está aumentando, entre ellos muchos menores. ¿A qué se enfrenta un niño que migra? 

Tenemos que pensar que los niños tienen agencia, no son solamente personas que se dejan llevar o que van perdidas en sus procesos migratorios. Son poblaciones valientes que tienen gran capacidad de resistir. Es absolutamente injusto que no existan condiciones de vida en tu territorio y que te veas obligado a marcharte, sea por la pobreza o por cuestiones de conflictos armados, que la mayoría de los casos suelen ir muy entrelazados. Se enfrentan a una a un viaje en el que la vulneración de sus derechos es prácticamente completa. En muchos casos están sometidos a todo tipo de vejaciones, de situaciones que o son o rozan lo delictivo. Muchos niños y niñas emprenden ese viaje porque realmente no tienen otra solución y tienen que hacerlo en condiciones en las que carecen absolutamente de la protección que deben tener, porque son menores, pero son personas que son sujetos de derecho. Mientras no existan rutas migratorias seguras con el nivel de protección extra que requieren, las personas menores van a estar enfrentándose a un auténtico calvario. Es un camino de absoluta vulnerabilidad. Es muy importante que cambiemos la mirada sobre las personas que migran en general y sobre los menores en particular, y que seamos muy exigentes a la hora de garantizar los derechos cuando acceden a nuestro territorio.

¿Sufre más violencia una niña que migra?

Todos los niños y niñas están sujetos a los mismos riesgos de vulnerabilidad, pero como en toda la vida, no hay ninguna situación que sea neutral desde el punto de vista de género. Las niñas, además, se enfrentan a situaciones en las que diferencialmente están en mayor riesgo. El tránsito de las mujeres en los procesos de migración es un tránsito que tiene sobre todo una carga de riesgo asociado a lo sexual, asociado a todo tipo de violencias que que que necesita tener un tratamiento diferencial. Las niñas se exponen muchísimo más y es por eso también que en la mayoría de los casos son muchísimo más invisibles. En la típica imagen de menores llegando a costas difícilmente vemos a las niñas. ¿Dónde están? Porque ellas también han salido de sus lugares de origen, pero no las vemos. No descubro nada si digo que muchas niñas terminan en redes de trata o que su propio cuerpo es un cuerpo de abuso. Hay poco conocimiento todavía sobre cómo impacta realmente el proceso migratorio en las niñas, pero sabemos por los testimonios que recogemos que son especialmente vulnerables. Muchas veces vemos, por ejemplo, que en una entrada a través del mar llegan mujeres con bebés y en muchas ocasiones esos niños han sido engendrados durante el proceso migratorio y desde luego no ha sido voluntariamente por parte de las mujeres.

Tenemos un concepto limitado de pobreza. También es pobre un niño que no puede comprar unas gafas o en casa no tiene dónde estudiar

Otra de las cuestiones que están trabajando en la ONG es la lucha contra el matrimonio infantil. Según sus datos en el mundo hay un matrimonio forzoso cada 7 segundos. ¿Qué se puede hacer para evitar que sigan ocurriendo situaciones de ese tipo?

Lo que debemos hacer es entenderlo en el contexto. Comprender cuáles son las raíces de estas prácticas y tratar de proteger a las menores y cambiar sus condiciones de partida para que esta práctica, tan extendida en el mundo y tan invisible, cambie. Hay que trabajar en el terreno con las propias niñas, porque ellas son una fuerza poderosa de cambio. En muchas ocasiones se realiza un enfoque externo y limitado, por eso desde Save The Children se trabaja con un enfoque comunitario en el que son las propias comunidades las que ofrecen alternativas a esta práctica que vulnera el derecho de las niñas, que las condena con crueldad. Si somos capaces de proveerles de herramientas, de alternativas, de formación y de modos de subsistencia, en muchas ocasiones ese matrimonio que las comunidades más tradicionales pueden ver como una alternativa de vida deja de ser una opción.

España es el segundo país europeo en el que más niños y niñas “malviven”. ¿Qué situaciones sufren estos niños y niñas? ¿La sociedad española es consciente de ello?

Aquí hay siempre un debate abierto, porque como sociedad tenemos una imagen de pobreza muy limitada. Sin embargo, la pobreza en España no tiene por qué solo ser esa imagen de un niño que pide en la calle, también es un niño que, por ejemplo, no puede hacer frente a un gasto necesario como comprarse unas gafas o que en casa no tiene un sitio en el que ponerse a estudiar o no pueden encender la calefacción. El concepto de pobreza es relativo porque un niño pobre en España puede no ser pobre en otro lugar del mundo. La privación que estamos viendo aquí tiene que ver con la mala calidad de las condiciones de vida del entorno familiar vivienda, renta, acceso a recursos básicos como pueden ser el refuerzo de educación y sobre todo una subordinación absoluta a los medios más básicos. Hay niños que si no comen en el comedor escolar, directamente no comen. O niños que vienen a nuestros centros y no se quitan el abrigo, porque están acostumbrados a llevar abrigo en interiores porque no tienen calefacción en casa.

¿La sociedad es consciente de ello?

No. No somos conscientes porque hay muchos tipos de pobreza y algunas son más difíciles de ver sobre todo porque la pobreza sigue teniendo un estigma brutal socialmente. Miramos hacia otro lado porque nos incomoda darnos cuenta de que en nuestra sociedad del bienestar conviven personas que no pueden ni de lejos acercarse a lo que llamamos bienestar. La pobreza es difícil de ver, pero está entre nosotros. Hay ciudades en las que conviven las luces de grandes centros comerciales con viviendas con falta de luz, como puede ser en la Cañada Real, que está a pocos kilómetros de un Madrid con un consumo lumínico espectacular y en el que pronto vamos a ver las luces de Navidad, cuando hay lugares en los que no cuentan con electricidad para calentarse. No estamos hablando de tener electricidad para tener acceso a Internet o ver la televisión, son personas que no tienen ni para calentarse y no pasar frío en su propia casa.

Laura tiene 13 años y ha sido invitada a un grupo de Whatsapp por una amiga. Al ver que los temas que se tratan le disgustan, decide abandonarlo y entonces Pepe comienza a enviarle mensajes privados. Poco tiempo después, tras algunas conversaciones, Pepe le envía fotos de sus genitales y le pide que ella haga lo mismo. También la presiona para que le mande imágenes en ropa interior y desnuda. Ella accede y el ritmo de peticiones aumenta. Laura recibe amenazas de publicar las fotografías que ya tiene si no le envía más. Pepe termina obligando a Laura a masturbarse a través de videollamada y accede a sus redes sociales, donde publica una foto de ella con un pecho descubierto junto a su número de teléfono. El abusador hace lo mismo con María, una amiga de Laura. Han pasado cuatro años para que Pepe fuera condenado.

Este relato es un caso real recogido por la organización Save the Children en un informe que analiza por primera vez una treintena de sentencias recientes de agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes a través de internet. El conocido como grooming contra menores ha motivado 954 denuncias en 2022, según los datos del Ministerio del Interior. El 84% de los delitos sexuales que usan la red como herramienta involucran a la infancia. Es solo la “punta del iceberg” de esta realidad porque, dice la ONG, solo se ponen en conocimiento de las autoridades el 15% de los abusos sexuales a menores en general.

El grooming es un delito “por el cual una persona adulta contacta con una niña, un niño o adolescente por medios electrónicos con el fin de hacerle participar en cualquier actividad sexual”, define la organización en un informe que concluye que existen muchas similitudes entre usar esta vía para ejercer violencia sexual sobre la infancia o emplear la física. El modus operandi es el mismo: los abusadores instrumentalizan el cariño y la confianza a través del engaño, el soborno, la coacción o fingir otra identidad y aíslan a la víctima para asegurar que está desprotegida y los hechos no salen a la luz.

También se dan algunas diferencias entre esos dos tipos de agresiones, como una edad media mayor de las víctimas (13 años frente a 11) y un porcentaje más alto de desconocidos entre los victimarios. Aun así, el 52,5% de los perpetradores de delitos sexuales contra menores a través de internet son personas con las que las víctimas tienen algún tipo de relación: “conocidos” (23%), “educadores o maestros” (9,8%), “monitores o entrenadores” (16,4%) u “otros familiares” (3,3%).

Es una proporción bastante inferior al 80% que revela un informe más amplio publicado por la misma organización hace un mes como resultado del examen minucioso de 400 sentencias dictadas contra agresiones sexuales físicas a menores entre 2021 y 2022 en Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi y Madrid.

Los abusos sexuales desaparecieron del Código Penal con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual para engrosar un único tipo delictivo: las agresiones sexuales. Sin embargo, las sentencias abarcan un periodo en el que todavía no había entrado en vigor, por eso utiliza en ocasiones “abuso” para referirse a esta realidad.

Un 42% de las víctimas son varones

Entre las conclusiones destacan también que las niñas representan el 57,4% de las víctimas mientras los niños sufren las agresiones en el 42,6% de los casos. “Estas cifras contrastan con las del abuso sexual físico, donde 8 de cada 10 víctimas son niñas”, analiza la ONG.

Además, la mayoría de los abusadores no tenían antecedentes de ningún tipo (95%) y la denunciante más habitual de lo que está ocurriendo es la madre (54%), aunque en uno de cada tres procesos analizados no consta quién lo puso en conocimiento de las autoridades.

Save the Children también estudia qué pasa después de la denuncia. La dilatación en los procedimientos judiciales hasta que se dicta sentencia conduce a que casi la mitad de los casos tarden tres años en resolverse. Un 15% de los procesos se demoran hasta seis años.

En el informe anterior, la organización no abordaba los motivos que han podido llevar a esta situación pero sí ponía el foco en “los efectos que tiene para las víctimas” enfrentarse a un proceso que se dilata: “Un periodo muy largo no respeta los principios fundamentales del interés superior del menor porque en la vida de un niño supone muchísimo tiempo. Eso unido a que muchas veces tienen que repetir una y otra vez su testimonio puede provocar victimización secundaria”.

Save the Children recuerda que, también en el entorno digital, el género y la edad son factores de riesgo para las violencias

En el 96,7% de los casos el fallo de la sentencia es condenatorio, “por lo que podemos extraer las mismas conclusiones que en el abuso sexual ”físico“: el problema es que en la mayoría de ocasiones no se denuncia y en los casos que llegan a juicio, las víctimas ven vulnerados sus derechos”, subraya el informe. En cuanto a las penas, la más impuesta fue de más de cinco años de prisión (72,1% de los casos). Los dos únicos casos de absolución fueron por falta de pruebas y por prescripción.

La ONG recuerda que, también en el entorno digital, el género y la edad son factores de riesgo para las violencias. “Estos datos muestran que los niños y niñas son un colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia a través de internet. En el caso del online grooming hay que recordar que el abusador se va ganando poco a poco su confianza para involucrarlos en una actividad sexual, que puede ser desde hablar de sexo y obtener fotos o vídeos hasta mantener un encuentro sexual”, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children. La relación de la infancia con la tecnología comienza a los siete años de edad, según la organización, y el 95% de los niños y niñas de entre 10 y 15 años utiliza internet.

Save the Children aprovecha el estudio para reclamar juzgados especializados en violencia contra la infancia, algo a lo que apuntaba la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que mandataba al Gobierno a elaborar en el plazo de un año un proyecto de ley con este objetivo que a día de hoy no se ha impulsado. Además, demanda una fiscalía especializada y equipos técnicos que también reciban formación al respecto, así como la implantación del modelo de las llamadas 'casas de los niños' o modelo Barnahus, generalizado en otros países.

Se trata de espacios amigables para la infancia que pasan a ser el lugar de referencia una vez se interpone denuncia y allí se desplazan todos los profesionales que intervienen en el caso, de forma que no se somete al menor al periplo que normalmente se ve obligado a atravesar. Esta medida está incluida en la llamada ley del solo sí es sí, y aún pendiente de aplicar en toda España.

En la Comunitat Valenciana hay 32.100 niños, niñas y adolescentes que no se puede permitir comer un plato de pollo, carne o una proteína equivalente como mínimo cada dos días, según la extrapolación de datos realizada por Save the Children de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022.

Ante esta situación, las familias más vulnerables, cuyas vacaciones se han visto limitadas por el aumento de precios y que ahora afrontan una vuelta al cole con esa misma tendencia, confían en las becas comedor para cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos e hijas.

“Gracias a las becas comedor, niños y niñas con pocos recursos pueden optar a una nutrición más completa y saludable, lo que también tiene un claro impacto en su rendimiento escolar”, explica Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Estas becas actúan como un pilar de apoyo, no solo aliviando la carga financiera de las familias, sino también proporcionando a niños, niñas y adolescentes un espacio seguro donde puedan recibir una alimentación equilibrada que contribuya a su crecimiento y bienestar general. “Es imprescindible que el nuevo gobierno autonómico aumente el alcance de estas becas, para que ningún niño o niña se quede atrás por motivos económicos”, concluye Hernández.

Una cobertura insuficiente en la Comunitat Valenciana

Según datos de Save the Children, en la Comunitat Valenciana las ayudas de comedor escolar sólo alcanzan al 19,72% del alumnado en educación infantil y obligatoria. Las disparidades de cobertura de las becas comedor entre comunidades van desde el 2,12% en la Región de Murcia, el 8,2% de la Comunidad de Madrid o el 12,44% en Catalunya, al 18,11% en Andalucía, o al 28,72% en Canarias. Únicamente en Euskadi cubren a todo el alumnado en riesgo de pobreza.

De esta manera, en la Comunitat Valenciana, 138.432 alumnos y alumnas estarían recibiendo ayuda de comedor, frente los 252.770 niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Esto supone que más de 110.000 menores de edad que viven en hogares vulnerables de la Comunitat Valenciana continúan pagando el comedor escolar o no tienen acceso al mismo.

Además, en la Comunitat Valenciana la ayuda de gratuidad del comedor sigue sin tramitarse por concesión directa –se le concede como derecho a todo el que cumple con los criterios– sino por concurrencia competitiva mediante un sistema de puntos. Esto significa que, si no queda presupuesto en esa partida de becas, aunque las familias reúnan los requisitos, se pueden quedar sin esa ayuda.

La periodista y consultora Pilar Kaltzada (Donostia, 1970) ha sido designada nueva presidenta de Save the Children en España, tras el proceso de renovación de los órganos de gobierno de la organización, que se han completado este pasado sábado.

El nuevo equipo de Presidencia se completa con las Vicepresidencias de Gorka Arechabaleta (Global Finance Senior Director del Boston Consulting Group) y Gema Reig (Directora de Transformación y Desarrollo de Negocio para España y Portugal de Abanca Seguros), mientras la Secretaría recae en Isabel Lázaro (Catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas).

Pilar Kaltzada ha formado parte del Patronato de Save the Children España desde 2016 y en los últimos tres años ha ejercido como vicepresidenta. Es periodista y consultora de comunicación estratégica en Linking Ideas, entidad de la que es directora y socia fundadora, segun informa Europa Press.

La nueva presidenta cuenta con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento y gestión de la comunicación, en ámbitos como innovación, cultura y género. A lo largo de su carrera ha trabajado como ejecutiva y asesora en empresas privadas e instituciones públicas, y participa en diferentes grupos think tank en sus ámbitos de competencia.

Pilar Kaltzada tiene una dilatada trayectoria profesional en medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). También es una de las promotoras del medio EnpresaBIDEA.

Para la nueva presidenta de Save The Children en España, la pobreza infantil, la violencia contra las niñas y los niños o “su ausencia real en la toma de decisiones que condicionan su vida y su futuro” son “la prueba papable de que queda mucho por hacer por garantizar sus derechos”.

“Las crisis humanitarias, las guerras y las desigualdades en todo el mundo tienen un impacto diferencial en la vida de millones de niños y niñas, y no debemos permanecer impasibles, porque no son circunstancias inevitables, sino violaciones de derechos esenciales que debemos y podemos reparar”, ha señalado.

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas “sobreviven, aprenden y están protegidas”.

Actualmente la organización opera en más de 120 países y en Euskadi está presente desde hace casi 20 años, “realizando una intensa actividad de incidencia política y social, y proporcionando apoyo educativo y actividades de ocio y tiempo libre a más de 500 niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social en Bilbao, Barakaldo y Vitoria-Gasteiz”.

En el conjunto del Estado, trabaja desde hace más de 30 años con “programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social”.

España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, un 6,5%, sólo por detrás de Grecia e Irlanda, y que supone el doble de la media europea (3,2%), ha denunciado este martes la ONG Save The Children. La organización ha publicado el estudio 'Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España'.

El informe señala que en el actual contexto de alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no han ido acompañados de un aumento de los ingresos de las familias, con una intensa devaluación de los salarios en la actual crisis inflacionista, se han intensificado las dificultades de muchos hogares.

“Esta sobrecarga afecta a cuatro de cada 10 hogares con hijos o hijas a cargo que viven de alquiler. Son aquellos que tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza”, explica la ONG.

Es el caso de Manuela, una madre separada de 45 años que vive en Sevilla con dos hijos. “Yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer”, expone la afectada, recoge la agencia Europa Press.

El estudio ahonda en las condiciones de las viviendas y avisa de más de 2 de cada 10 niños viven en casas insalubres, lo que repercute en su salud física y mental, y afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y seguridad, según ha detallado el director de la organización, Andrés Conde. Esta situación insalubre se refiere a cuestiones como goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo.

Solo 2% de hogares en pobreza recibieron ayudas

La ONG advierte de que, pese a medidas positivas como las incluidas en el denominado “escudo social”, la actual situación del mercado de la vivienda puede devolver a muchas familias a situaciones de riesgo. El estudio recuerda que “se estima que entre el 70% y el 80% de los desahucios –casi 700.000 en España desde 2008– afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.

La organización humanitaria ha alertado de la escasez de vivienda social y de las ayudas públicas. Así, España se sitúa como uno de los países con parques de vivienda social “más pequeños de Europa”, alcanzado apenas el 2,5% del total, una cuarta parte de la media europea, que es de un 9,3%, destaca el informe.

El alcance de las ayudas también supone un problema, según el estudio, con solo un 2% de los hogares con menores en situación de pobreza que quedan cubiertos por estas, según los cálculos de Save the Children con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Apuntan que hay “1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza” de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda. Si bien, en 2020, “solo 25.000 familias” con menores a cargo recibieron una prestación para la vivienda.

La directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ha subrayado que “se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales” en España, al tiempo que aboga por abordar su construcción incluyendo a la iniciativa privada.

Para hacer frente a estos retos, la ONG ha difundido una serie de recomendaciones. Entre ellas, reclama “aumentar los presupuestos anuales para incrementar la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a la vivienda por parte de familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad”, así como “automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias perceptoras del IMV, rentas mínimas o similares”, por ejemplo.

La XII legislatura en Andalucía, que comienza en estos días entre debates de investidura, tomas de posesión en calle y nombramientos de Consejo de Gobierno, ofrece una nueva oportunidad de poder legislar y gobernar para todas las personas que residen en nuestra comunidad autónoma.

Una de las frases –entre varias de ellas– con la que el presidente Juanma Moreno lleva jugueteando estos días es la de que va a gobernar para todos los andaluces, tanto para los que le votaron, como para los que no. En ese caso, le recordamos al Sr. Presidente que hay 1.6 millones de personas que no le votaron, no porque su opción política no fuese la que más les encajara, ni por desmovilización, sino simplemente porque la ley electoral no se lo permite. Son las personas menores de 18 años, los niños y niñas que viven en Andalucía.

Creo haber escrito sobre esto alguna vez, sobre la posibilidad –remota- de que la sociedad avance de tal modo que al menos permita votar a los mayores de 16 años, o quizás a los mayores de 14. No es ninguna locura, viendo el grado de madurez de algunos de estos adolescentes, que tienen absoluta capacidad intelectual de elegir a quién creen que les representaría mejor en el Parlamento o en la propia acción de gobierno. Serían miles de personas participando en elecciones, opinando, decidiendo y construyendo ciudadanía y democracia. Pero todavía nuestra sociedad no está lo suficientemente madura o no es lo suficientemente valiente para dar ese salto tan fácil como necesario.

Conformémonos pues, por ahora, con la frase del Presidente, la de que gobernará para toda la ciudadanía andaluza.

En otras ocasiones, los asuntos de infancia y adolescencia en Andalucia no aparecían en los debates de investidura, y resultaba descorazonador que los temas que afectan directamente al 20% de la población no fueran siquiera tenidos en cuenta en espacios de tanto peso histórico y político como son los diferentes momentos que se producen en un cambio de legislatura.

En esta ocasión celebramos que, dentro del amplio elenco de temas a tratar por el candidato a la presidencia del gobierno andaluz en el debate de investidura, junto con las réplicas y dúplicas de sus opositores parlamentarios, hayan salido en el atril de la Iglesia del Hospital de la Sangre temas como la erradicación de la pobreza infantil severa, la educación de 0 a 3 años, la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, el apoyo a las familias más vulnerables o las dificultades de salud mental en los jóvenes, sobre todo tras el impacto profundo de la todavía omnipresente pandemia.

De alguna manera, esto escenifica lo que ha estado pasando en estos últimos tres años y medio de legislatura, y es que se ha estado hablando de infancia en el Parlamento de Andalucía, así como en el seno del gobierno andaluz. Probablemente, no tanto como a nosotros nos hubiera gustado, y lo hemos dicho cuando así ha sido, pero creemos que los representantes políticos son claramente conscientes de las necesidades de nuestra infancia, de los problemas que les acucian y de que es urgente buscar soluciones inmediatas y duraderas.

Andalucía debe dejar de liderar los rankings de pobreza infantil y, para ello, debe impulsar en esta legislatura el Ingreso por la Infancia y la Inclusión, una renta de inserción complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que puede acabar con la pobreza infantil severa. Es urgente salir también del grupo de comunidades autónomas que tiene las tasas más altas de abandono escolar prematuro, priorizando las becas y ayudas a los niños y las niñas más desfavorecidos.

Es necesario adaptar la Ley Orgánica de Protección de la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI), y, precisamente, nuestra Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía (LIAA) es una gran oportunidad para desarrollar medidas de prevención, atención y reparación para niños y niñas. Andalucía podría contar con un sistema excelente en la lucha contra la violencia sexual hacia la infancia si impulsara el Modelo Casa de los Niños, un modelo del que Andalucía ya está muy cerca y que sólo requiere una coordinación interinstitucional sólida y una apuesta política firme por aquellos que sufren la peor de las violencias en silencio.

En Save the Children no pensamos que ninguna de estas medidas sea imposible, entre otros motivos, porque el propio presidente está convencido de ellas. Además, la gran mayoría las lleva en su programa electoral –y esperamos también que en su programa de gobierno–. Como bien dijo el señor Moreno, en el debate de investidura no podía hablar de todos los temas, pero de algunos de infancia sí que habló y, tanto de eso como del resto de temas que se quedaron atrás, nos encargaremos de recordárselos desde nuestra organización.

La sensibilidad del anterior gobierno andaluz con la infancia estaba fuera de toda duda, la sensibilidad del presidente con la infancia está fuera de toda duda. Pero quedaron cosas en el camino, intenciones no plasmadas en medidas definitivas.

Así pues, este nuevo gobierno tiene que estar más, si cabe, a la altura que el anterior, orientarse y enfocarse desde el primer momento en los temas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, para poder decir al término de esta XII legislatura que esta vez sí se ha aprovechado la oportunidad para la infancia.

Un 27,9% de los menores de 18 años en Andalucía está en situación de pobreza, cinco puntos por encima del año anterior. Así lo revela el análisis que ha hecho Save the Children a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística publicada este miércoles, y tomando como referencia el umbral de renta autonómico.

En total, el número de niños y niñas en situación de pobreza en 2021 en Andalucía se elevó a más de 439.000. En su análisis, la organización alerta de que la pobreza infantil supera la pobreza de la población en general que sube 1,6 puntos respecto el año anterior y alcanza el 20,5%.

Según señala Save the Children en una nota de prensa, las cifras reflejan el “dramático” impacto de la pandemia en la vida de las familias andaluzas, ya que la ECV correspondiente a 2021 recoge los datos de ingreso referidos a 2020, siendo la primera encuesta en medir el impacto real de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia en la renta de las familias. Todo ello “evidencia”, a su juicio, la necesidad de que el nuevo Gobierno andaluz “ponga en marcha medidas urgentes para reducir la desigualdad y la pobreza entre aquellas familias que más lo necesitan”.

Para el portavoz de Save the Children en Andalucía, Javier Cabrera, “es especialmente preocupante el incremento del porcentaje de población infantil que vive en pobreza severa en Andalucía, que ha pasado de un 10,1% en 2020 a un 15,3% en 2021, lo que supone más de 240.000 niños y niñas viviendo en esta situación. Y todo esto a pesar de la introducción de medidas clave de lucha contra la pobreza, como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía”.

Además, la organización alerta de que la carencia material y social severa que afecta a la infancia andaluza “ha aumentado progresivamente, pasando de afectar a un 5,9% de la población infantil en 2019, a un 9,3% en 2020 y llegando en 2021 a un 11,4% de niños y niñas menores de 18 años en la comunidad”, lo que supone que actualmente “cerca de 180.000 niños y niñas estén viviendo en una situación que supone el nivel más extremo de escasez, lo que conlleva a la imposibilidad de atender necesidades básicas para el bienestar y dignidad de la infancia”.

La orgnanización indica que algunos de los elementos contemplados en el análisis de la carencia material han experimentado aumentos importantes: un 15,2% de niños y niñas vive en hogares andaluces que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, frente al 9,3% que se encontraba en esta situación el año anterior. El 7,3% de la infancia vive en hogares que no se pueden permitir una comida de carne, pollo y pescado cada dos días, frente al 6,4% del año anterior.

“Nuevamente, los hogares con hijos e hijas menores de edad se enfrentan a mayores tasas de pobreza”, lamentan desde Save the Children, que apunta que el 24,5% de estos hogares se encuentra en situación de pobreza frente al 15,8% de los hogares sin menores a cargo. La brecha entre estos dos tipos de hogares ha aumentado cuatro puntos respecto a 2020 (20,8% en hogares con hijos e hijas a cargo y 16,7% en los hogares sin menores a cargo).

Además, “si comparamos los datos entre los últimos años, nos encontramos con que la crisis ha afectado más profundamente a los hogares con hijos e hijas a cargo, ya que en los hogares sin menores a cargo las tasas de pobreza han disminuido”, manifiestan.

Añaden que la diferencia “es igualmente significativa” en el caso de la pobreza severa (12,3% en los hogares con menores de edad frente al 8,3%). “Todo ello pone de relieve la necesidad de las familias con hijos e hijas de contar con ayudas para evitar que la crianza suponga un riesgo de caer en la pobreza”, aseguran.

Pobreza en hogares monoparentales

Save the Children alerta además de que la situación de los hogares monomarentales resulta “especialmente preocupante puesto que se enfrentan a una tasa de pobreza del 44,4% (22,3 puntos por encima respecto al año anterior)”. El análisis sostiene que las mujeres cuentan “con mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual influye en sus tasas de pobreza, desproporcionadamente elevadas”.

Asimismo, advierte de que “más de la mitad de estos hogares están en una situación especialmente vulnerable, ya que han aumentado considerablemente los hogares monomarentales en situación de pobreza severa, que eran el 10,3% del total en 2020 y alcanzan en 2021 el 22,4%”.

Este empeoramiento está estrechamente relacionado con el alza de los precios, especialmente de la energía o los alquileres. Ambos gastos constituyen algunos de los principales que se analizaron en el último informe de Save the Children, 'El coste de la crianza', y suponen “uno de los factores principales de vulnerabilidad para las familias con hijos e hijas”. La organización recuerda que el coste de criar un hijo en 2022 en Andalucia es de 641 euros al mes.

“Para 166.467 hogares andaluces, los más empobrecidos, es directamente imposible cubrir este gasto, incluso dedicando todos sus ingresos a ello. Desde 2018, el coste del cuidado de los niños y niñas ha crecido en la comunidad un 14%. Desde entonces, y hasta marzo del 2022, la inflación en nuestro país ha aumentado un 11,3%. La crianza en Andalucía y el resto de España se ha encarecido por encima del incremento general de precios, ya de por si elevado”, expone la organización.

“Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir la desigualdad a la que hacen frente las familias más vulnerables. Es importante poner el foco en políticas que rompan el círculo de transmisión de la pobreza que, en cuatro de cada cinco casos, se reproducen de generación en generación”, afirma Cabrera.

Ayuda universal a la crianza

Por último, la organización indica que para muchas familias con hijos e hijas en Andalucía, la factura de la crianza “es inasumible y las aboca a los elevados niveles de pobreza infantil que constata” una vez más la Encuesta de Condiciones de Vida y que “son impropios” de una comunidad con un avanzado sistema de protección social. Asegura que del sistema español de apoyo a las familias e infancia se encuentra “entre los menos desarrollados del entorno europeo”, al destinar el 1,3% del PIB en apoyo a infancia y familias, frente al 2,3% de media en la UE.

Save the Children propone distintas medidas para facilitar a las familias la crianza e incentivar la natalidad en Andalucía: implementar una ayuda de 100 euros mensuales de forma universal y modificar la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía para convertirla en una prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital que amplíe la cobertura económica y asuma gastos de vivienda de las familias con derecho a estas prestaciones.

“El nuevo Gobierno andaluz tiene ahora la oportunidad de poner estas medidas en marcha para reducir los insoportables niveles de pobreza infantil. Estas propuestas tendrían un impacto positivo sobre la infancia en situación de pobreza porque invertir en la crianza de los niños y niñas previene situaciones futuras de pobreza y exclusión social y porque atienden las situaciones de mayor urgencia a las que se enfrenta la infancia más empobrecida”, concluye Cabrera.

Las ayudas de comedor escolar solo llegan al 6 % del alumnado de infantil, primaria y ESO en Extremadura, por debajo del 11,2 % de la media nacional, según un estudio de Save The Children, que cifra en más de un millón los niños bajo el umbral de la pobreza en España que no reciben beca de comedor. El motivo, según la organización, son las desigualdades territoriales en el presupuesto destinado y los requisitos de acceso, además de la falta de comedores en centros educativos.

Representantes de la ONG han afirmado en la presentación del informe “Garantizar comedor escolar sano y gratuito a toda la infancia en riesgo de pobreza” que las ayudas de comedor escolar llegan solo al 11,2 % del alumnado de infantil, primaria y ESO, a pesar de que la pobreza infantil en España se sitúa en el 27,4 %. “Las diferencias entre comunidades son abismales”, ha apuntado el especialista en Educación de Save the Children, Álvaro Ferrer, que ha indicado que el umbral de renta requerido varía, muchas exigen un nivel por debajo del propio umbral de la pobreza para conceder la ayuda o que, a pesar de cumplir los requisitos, muchas familias no la reciben por falta de presupuesto disponible.

Las disparidades de cobertura entre comunidades van del 1,9 % del alumnado en Murcia al 25,2 % en Canarias, mientras que solo Euskadi atiende a todos los menores en riesgo de pobreza. Además, Murcia, Melilla, Ceuta, Aragón, Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha excluyen a los alumnos de la ESO en estas becas.

En cuanto a la falta de comedores escolares, Ferrer ha afirmado que solo uno de cada diez institutos públicos dispone de uno y únicamente el 3 % de los niños accede a este servicio, frente a que el 90 % de los centros privados o concertados tiene uno y más del 25 % de su alumnado lo usa.

Desde la ONG piden al Ministerio de Educación que destine una partida de los fondos europeos para asegurar que todo niño bajo el umbral de la pobreza reciba este servicio de forma gratuita, el cual, según diversos estudios internacionales, produce beneficios en la salud, la alimentación, el aprendizaje, la concentración o el desempeño escolar de los niños.

Asimismo, la responsable de Incidencia Política de Save The Children, Carmela del Moral, ha afirmado que los comedores son una “vía de inclusión e integración” y garantizan una “actitud menos estigmatizante” hacia estos colectivos vulnerables.

Del Moral ha asegurado que invertir en comedores escolares también tendría un impacto positivo en la economía, ya que, además de ayudar a esas familias, generaría empleo y permitiría dinamizar las economías locales al fomentar el consumo de productos locales y saludables, en un contexto en que el 28,1 % de los menores padece obesidad.

La Región de Murcia es la comunidad autónoma donde menos niños tienen acceso a becas comedor, un 2 por ciento, según el informe presentado este martes por Save The Children. Junto a Ceuta, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias, Murcia se encuentra entre las seis comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza infantil.

Según esta ONG, en nueve comunidades, entre ellas la Región, Comunidad Valenciana y Aragón, estas ayudas no se consiguen por concesión directa, sino por concurrencia competitiva. Esto significa que, si no queda presupuesto en esa partida de becas, aunque las familias reúnan los requisitos, se pueden quedar sin esa ayuda. Y en el caso de Murcia, se añade que los niveles de renta establecidos para acceder son muy bajos –ingresos por debajo de 616 euros al mes para un hogar de cuatro personas-, por lo que “resulta casi imposible conseguir una beca comedor”, denuncian desde Save the Children. De acuerdo con la organización, esta desigualdad entre regiones se debe a que, al haber renunciado el Ministerio a regularlo, cada comunidad autónoma decide qué requisitos valora para que las familias accedan a las becas comedor.

“Cuando hablamos de malnutrición, no se trata solo de comer poco, sino de comer mal. Si los niños y niñas de bajos recursos no van al comedor escolar, lo más probable es que se alimenten mal en sus casas por la dificultad económica de sus familias de comprar alimentos de calidad, por la falta de conciliación, por nivel cultural, etc.”, explica Álvaro Ferrer, especialista de educación en Save the Children. Para el experto, el comedor escolar es un aliado para luchar contra la pobreza y, por tanto, contra el problema del exceso de peso infantil en España. “Suponen para los hijos e hijas de las familias más empobrecidas la única posibilidad de recibir una dieta equilibrada y saludable”. 

La pobreza es uno de los factores de riesgo que explica los elevados niveles de obesidad y sobrepeso en la infancia en España: la obesidad casi se duplica en las familias de renta baja frente a la de hogares acomodados, según el informe “Adiós a la dieta Mediterránea” que Save the Children presentó en el pasado mes de abril.