La Autoridad Portuaria de Santander (APS) prevé adjudicar la reordenación de Marina del Cantábrico antes de que finalice el año 2026 por una inversión total de unos 40 millones de euros y mediante tres concesiones diferentes (Marina zona este, Marina zona oeste y Varadero), para un plazo de 30 años, destinadas a “revitalizar el dominio portuario de esta zona como espacio trascendental de la actividad náutica”.

Entre las actuaciones, se contempla la modernización de las instalaciones, la mejora de las infraestructuras y la activación funcional y social de la zona portuaria, creando un espacio de encuentro y desarrollo de actividades deportivas y de ocio vinculadas al mar.

Además, recoge la concesión de 850 amarres en la zona este y estima una capacidad de entre 600 y 700 amarres en la zona oeste; y se prevé trasladar a Varadero el servicio de mantenimiento, reparación, construcción y puesta en seco de embarcaciones, cuya actividad se desarrolla en la dársena de Maliaño.

Así lo ha señalado el presidente de la APS, César Díaz, este miércoles en rueda de prensa, en la que ha presentado el proyecto de reordenación integral de Marina del Cantábrico, cuya concesión actual de 50 años finaliza en julio de 2027, y que se propondrá al Consejo de Administración de la institución en su reunión de este viernes para su aprobación.

Díaz ha indicado que este planteamiento, que afectará a un total de 177.800 metros cuadrados de lámina de agua y 53.700 metros cuadrados de superficie terrestre, parte de las conclusiones de un estudio de mercado, encargado por la APS, que recoge entre sus principales conclusiones “una disponibilidad de amarres muy limitada y con una rotación bastante escasa, una tendencia hacia atraques de mayor eslora y un flujo creciente de embarcaciones de tránsito”.

Estas tres concesiones pasan por una marina que, prácticamente, coincide con la superficie de agua que ocupan los amarres actuales; una nueva instalación náutico-deportiva en la zona oeste de la dársena; y una nueva infraestructura de varadero, reparación, construcción y puesta en seco de embarcaciones.

En cuanto a la tramitación, Díaz ha informado que el proyecto se someterá al acuerdo del Consejo de Administración y, en caso de que se apruebe, posteriormente, se publicarán los pliegos de las tres licitaciones, que establecen en los tres casos un periodo de cuatro meses para la presentación de ofertas.

Así, a partir de la primera quincena del mes de agosto y una vez finalice el plazo de licitación, se procederá a la valoración de las ofertas presentadas, con la previsión de que la propuesta de adjudicación se pueda llevar a cabo antes de que finalice este año.

El presidente de la APS ha detallado las intervenciones de las tres concesiones. Así, en la Marina zona este, que coincide sustancialmente con la actual, persigue asegurar la continuidad de la actividad náutico-deportiva.

También pretende favorecer su revitalización mediante la modernización de las instalaciones, la mejora de las infraestructuras y la activación funcional y social de la zona portuaria en la que se integra, creando un espacio de encuentro y desarrollo de actividades deportivas y de ocio vinculadas al mar.

La capacidad mínima que establecen las condiciones de la concesión es de 850 amarres, de los que un 60%, como mínimo, deberá estar destinado a esloras iguales o menores a ocho metros; un 30%, como mínimo, a esloras entre ocho y 12 metros y un 10%, como máximo, a esloras entre 12 y 18 metros.

La concesión incluye también el actual edificio de Capitanía que deberá estar abierto al público y en el que podrán establecerse usos de oficina, aseos, duchas, restauración o el desarrollo de actividades sociales y culturales.

En este caso, la inversión mínima exigida será de 3,5 millones de euros, si bien la mayor puntuación de las ofertas rondará los 7,5 millones.

Mientras que en la Marina zona oeste esta nueva instalación náutico-deportiva, ubicada en el sector oeste de la dársena, nace con el objetivo de dar respuesta a la demanda de puestos de amarre, actualmente no cubierta, y de acoger embarcaciones de mayor eslora.

El concesionario deberá reservar al menos un 5% del total de amarres para embarcaciones de más de 18 metros de eslora, así como un 10% para amarres destinados a embarcaciones de tránsito, siendo la capacidad estimada de entre 600 y 700 amarres, en función de la distribución de esloras que proponga cada licitador.

La concesión incluye una parcela en la que podrán desarrollarse usos y servicios asociados a la explotación náutico-deportiva, así como una estación de servicio de combustible para atender las necesidades de las embarcaciones y, de manera opcional, de vehículos.

El objetivo es favorecer el aprovechamiento de la lámina de agua de la dársena, atender la demanda de nuevos atraques en el entorno de la Bahía y favorecer la revitalización de la zona como espacio de actividad náutico-deportiva, incrementando la afluencia ordenada de usuarios y generando dinámicas positivas de carácter social, económico, turístico y deportivo.

Para esta intervención se requiere una inversión mínima de 10 millones de euros y la máxima puntuación de las ofertas se establecerá en los 20 millones.

Finalmente, la concesión de Varadero está destinada a la construcción, adecuación y explotación de una instalación para la varada, mantenimiento, reparación, construcción y puesta en seco de embarcaciones, que permita atender la demanda creciente de estos servicios vinculados a la actividad náutica.

La instalación incluye una lámina de agua de 3.600 metros cuadrados que se corresponde con la zona colindante al muelle que cierra la dársena por el este, para permitir tanto la espera como las maniobras necesarias para el izado de las embarcaciones, así como una superficie terrestre de 30.200 metros cuadrados.

Esta operación supondrá el traslado de la actividad de varadero de la dársena de Maliaño a esta nueva ubicación, liberando este espacio para la integración puerto-ciudad de una zona que es de vital importancia para el bienestar de los vecinos del Barrio Pesquero y Castilla-Hermida.

Para Varadero se exige una inversión mínima de 6 millones de euros, aunque la máxima puntuación de las ofertas se fijará en 12 millones.

Viviendas

Cuestionado por la prensa sobre los edificios de la zona que albergan viviendas, Díaz ha señalado que esas viviendas ya están declaradas “innecesarias” para la APS y están en proceso de desafectación del dominio portuario, por lo que pasarán a ser bienes patrimoniales de la APS y, de esta forma, dejarán de estar reguladas por el Plan especial del Puerto y pasarán a estar reguladas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Camargo, que “ya contempla estos edificios de viviendas tal como están”.

Así, una vez que finalice el proceso de concesión para sus ocupantes, que también termina en julio del 2027, se llevará a cabo un proceso de oferta de venta de esas viviendas, en el que los actuales concesionarios tendrán “preferencia” para poder acceder a la compra de las mismas.

El Gobierno ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra un apartado del decreto ley “de medidas urgentes en materias de puertos de la Generalitat y de minimización del impacto generado por la DANA al Parque Natural de L'Albufera” aprobado en julio del pasado año. La normativa queda así suspendida hasta que se resuelva el litigio.

Según el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha recurrido el artículo 2 del Decreto-ley 10/2025, de 8 de julio, del Consell. La normativa, elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, amplía la limitación temporal de las concesiones, fijada hasta la fecha en un máximo de 30 años, una cuestión que chocaría con la normativa estatal.

El texto modifica este artículo para que puedan llegar a prorrogarse durante 50 años, si la empresa que lo gestiona lleva a cabo una “inversión relevante no prevista en la concesión”. Entre los supuestos, la inversión debe “mejorar la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o la seguridad y la operatividad de las instalaciones u obras realizadas en virtud del título concesional, su productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o que supongo la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementan la competitividad”. En todo caso, indica la redacción, “que sea superior al 20 por ciento del valor actualizado de la inversión prevista en el título concesional”. La norma afecta a las empresas que gestionen instalaciones portuarias autonómicas: restaurantes, chiringuitos, o puertos deportivos, entre otros.

En su recurso, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática considera que “la norma pretende introducir modificaciones en el régimen de las prórrogas concesionales de los puertos de competencia de la Generalitat, es decir, aquellos que no tengan la calificación de interés general por el Estado”. Concretamente, las modificaciones afectan a la prórroga no contemplada en el título de otorgamiento, concedida en atención a la realización de inversiones relevantes no previstas en la concesión.

Sin embargo, “la legislación estatal en materia de concesiones portuarias marca el límite de las potestades legislativas de la Comunidad Autónoma tanto en cuanto las concesiones portuarias de su competencia sólo podrán prorrogarse en los mismos términos y condiciones que los previstos en la legislación estatal de puertos de interés general”.

Por este motivo, se solicitó el preceptivo dictamen urgente al Consejo de Estado que concluyó en su Dictamen nº 186/2026, del Consejo de Estado, de 12 de marzo de 2026, “que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la norma, por el que se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 32 de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat, con el alcance señalado en la propuesta”.

En la vertiente oeste de La Palma se encuentra Tazacorte, el municipio más pequeño de la isla, con alrededor de 5.000 habitantes, pero con una presencia significativa en la geografía y la cultura de La isla. Su localización sobre una ladera suroeste le proporciona una exposición directa al océano Atlántico y convierte al municipio en uno de los lugares con más horas de sol de España. Estas condiciones climáticas influyen tanto en la vida diaria de los residentes como en la experiencia de los visitantes, favoreciendo actividades al aire libre durante gran parte del año.

El territorio de Tazacorte se organiza principalmente en dos núcleos: la Villa de Tazacorte, que concentra el casco histórico, y el Puerto Pesquero, que articula la actividad marítima y recreativa del municipio. Esta división refleja la evolución histórica del lugar, donde la agricultura, especialmente el cultivo de plátano, y la pesca han definido tanto la economía como el paisaje del valle. La combinación de laderas, litoral y espacio urbano compacto permite que los visitantes recorran gran parte del municipio a pie, integrando patrimonio, naturaleza y actividad económica en un único itinerario.

La historia y la geografía del municipio se relacionan estrechamente con la cultura local. Tazacorte mantiene elementos que permiten observar la colonización europea, la influencia del Atlántico en la vida diaria y la consolidación de una economía basada en la agricultura y la pesca. Su clima soleado, la disposición del valle y la cercanía del mar configuran un contexto que hace del municipio un punto de interés tanto para quienes recorren la isla como para quienes buscan un espacio que combina patrimonio, paisaje y litoral.

El litoral y la playa de arena negra más extensa de Tazacorte

El litoral de Tazacorte incluye una playa de arena negra que se extiende por casi dos kilómetros, siendo la más larga de la isla. Este arenal se caracteriza por su oleaje moderado y por estar parcialmente protegido por un espigón, lo que lo convierte en un espacio seguro y accesible para familias y visitantes. La playa cuenta con bandera azul y dispone de servicios que facilitan la estancia de los bañistas, integrando comodidad y conservación ambiental en un mismo entorno.

El color oscuro de la arena refleja la actividad volcánica que ha dado forma a gran parte del paisaje de La Palma. Su extensión y ubicación permiten recorrerla a pie, combinando actividades de baño y paseo con la observación del entorno natural. La playa mantiene un perfil tranquilo, evitando la masificación que afecta a otras zonas costeras de Canarias, y permite a los visitantes disfrutar de la geología y la dinámica marítima del lugar. Desde este punto también parten excursiones marítimas que permiten observar delfines, ballenas y tortugas, así como contemplar las fajanas, plataformas de lava que surgieron tras la erupción volcánica de 2021.

Casco histórico y vida local

El casco histórico de Tazacorte refleja la colonización europea y la evolución del municipio desde finales del siglo XV. El Puerto de Tazacorte, situado en la desembocadura del Barranco de Las Angustias, constituye el núcleo más antiguo de la isla y fue el punto de partida de la conquista de La Palma en 1492. Sus calles conservan la estructura original, con casas solares de los siglos XVI y XVII que muestran balconadas de madera y fachadas de colores, característicos de la arquitectura canaria.

Entre los edificios más destacados se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel, considerada el primer templo católico de la isla. La Villa, por su parte, mantiene plazas y calles que permiten recorrer el trazado histórico y comprender la relación entre el puerto, las zonas agrícolas y la vida comunitaria. El Museo del Plátano, único en Europa, documenta la importancia de este cultivo para la economía local y permite conocer su historia, técnicas de producción y relevancia cultural.

El puerto de Tazacorte cumple funciones tanto pesqueras como recreativas. Inaugurado en el año 2000, incluye un muelle deportivo considerado uno de los mejor valorados del archipiélago por su ubicación y calidad de servicios. Desde allí se gestionan excursiones marítimas y actividades pesqueras, consolidando la integración entre la economía local y la oferta turística. La proximidad del puerto al casco urbano y a la playa facilita el acceso de los visitantes a los distintos puntos de interés.

La gastronomía local se basa en productos del mar y de la tierra. En guachinches y restaurantes se pueden degustar pescados frescos como peto, albacora, vieja o alfonsiño, combinados con productos agrícolas locales. Esta oferta refleja la historia de la localidad, donde la pesca y la agricultura han sido motores económicos durante siglos, y constituye un atractivo más para quienes recorren el municipio.

En conjunto, Tazacorte presenta un equilibrio entre patrimonio, litoral y actividad económica que permite al visitante comprender la historia y la vida cotidiana del municipio en un solo recorrido. Su playa de arena negra, el casco histórico, el puerto y la gastronomía conforman un espacio donde la tradición y la naturaleza conviven de manera accesible y ordenada, ofreciendo una experiencia completa para quienes buscan recorrer La Palma más allá de los destinos más conocidos de la isla.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, están cuadrando agendas para cerrar cuanto antes una nueva reunión en Madrid que deberá servir para avanzar en temas de interés común, incluido el desarrollo estatutario pero también la incertidumbre económica internacional. La parte vasca confía en que, como se prometió, este encuentro de alto nivel se produzca antes de los festivos de Semana Santa. Técnicamente, será una “comisión bilateral”. ['A posteriori', fuentes de ambos Gobiernos han informado de que la reunión se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo]

En la cita se constatarán algunos avances con respecto a la anterior reunión, de finales de enero. Por ejemplo, hay acuerdo para la creación de un “órgano bilateral” en el que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Lo ha habido también para que Euskadi se siente en dos organismos internacionales, Unesco y ONU Turismo. Pero no lo hay aún sobre el gran asunto pendiente del Estatuto de 1979, la transferencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, que se llegaron a cifrar en 2024 en 12.000 millones de euros, el equivalente al 75% del presupuesto autonómico actual.

El origen de estas 'cumbres' hay que buscarlo en la investidura de 2023. En aquel momento, Sánchez pactó con el PNV que en dos años, es decir, antes del final de 2025, se habrían resuelto los flecos pendientes del Estatuto, que es de 1979. Desde entonces se han ido produciendo acuerdos, como los traspasos de Cercanías o de los permisos de trabajo. Pero llegó la Navidad y no estaba todo cerrado, como se había prometido. El PNV llegó a alzar la voz y a condicionar su apoyo a la delicada mayoría gubernamental en el Congreso, pero finalmente a finales de enero se cerraron algunos acuerdos en materias como las políticas pasivas de empleo o, lo que es lo mismo, la cesión a Euskadi del Sepe estatal y del pago de las prestaciones y subsidios de paro.

Fue entonces, en La Moncloa, cuando Sánchez y Pradales fijaron un nuevo hito en el calendario: Semana Santa. La realidad es que, desde entonces, las reuniones han sido una constante. Han sido en Madrid o telemáticas, como la celebrada este mismo lunes por la tarde con el secretario de Estado Arcadi España como interlocutor de la consejera vasca que comanda las negociaciones, María Ubarretxena. El PSE-EE, como socio del PNV en Euskadi y responsable de muchas de las nuevas materias transferidas, también está implicado en las conversaciones.

Las fuentes consultadas asumen que va a ser imposible tener todos los temas pendientes cerrados en estos pocos días. El gran elefante en la habitación sigue siendo el de la gestión de las pensiones. Los Gobiernos central y vasco han iniciado ya la transferencia de la Seguridad Social, la primera vez que algo así ocurre con cualquier comunidad autónoma. Pero la parte política y económicamente más relevante, los 12.000 millones de las pensiones, sigue sin estar cerrada. El terreno de juego, en todo caso, está ya acotado: el Estado seguirá fijando la normativa y cuantías y no habrá afección a la denominada 'caja única' de solidaridad interterritorial. Euskadi será un nuevo cajero, como marca su Estatuto desde hace casi medio siglo y aún no se ha cumplido.

El propio Pradales, en su última visita a Madrid de enero, fijó otras prioridades por delante de la Seguridad Social, aunque en ningún caso dio a entender que podría sufrir el enésimo retraso. En la lista hay otras transferencias pendientes, pero ya de menor relevancia, como la gestión de los paradores de turismo o de asuntos relacionados con la matriculación o los permisos de vehículos. Hasta ahora, los Gobiernos central y vasco sólo han discrepado abiertamente sobre una demanda de los nacionalistas, la de ampliar la transferencia de Puertos ya realizada en 1982 para que Euskadi gestione el de Pasaia, ahora de “interés general” y, por lo tanto, de competencia exclusiva del Estado. En aeropuertos, sin embargo, sí han encontrado una fórmula “negocial” para saciar la demanda del PNV de que las instituciones locales tengan algo que decir en materia de inversiones y rutas en una comunidad sin AVE sin tocar la competencia de Aena. Foronda, de hecho, será un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión, según se ha anunciado.

Igualmente, Pradales extendió otra lista de reclamaciones a Sánchez. Se insistió en pedir más capacidades en materia migratoria como “frontera norte” de España -también para la Ertzaintza-, en lograr fórmulas para dar estabilidad a la profesión médica en un contexto de escasez de personal -el consejero Alberto Martínez tiene una guerra abierta desde hace meses con la ministra Mónica García- y en iniciar ya la renovación del Cupo, el pago que hacen los territorios forales al Estado por los servicios que presta y que se regula por una ley quinquenal.

En su rueda de prensa en La Moncloa, Pradales hizo una lista de “cumplimientos” y otra de “incumplimientos”. Él mismo admitió que, cuantitativamente, eran más los primeros. Pero afirmó también que, en lo cualitativo, hay algunos de los segundos que son flagrantes. “Los incumplimientos del Gobierno español se producen en materias esenciales para el bienestar de los vascos”, dijo textualmente el lehendakari. Y agregó: “Los compromisos adquiridos no se han cumplido en su totalidad. He trasladado mi preocupación al presidente. Porque en estos tiempos de desafección política, ser fiel a la palabra dada y a los documentos suscritos entre ambos Gobiernos es, más que nunca, una obligación irrenunciable”.

De su lado, el ministro Ángel Víctor Torres resaltó la “lealtad” con la que opera el Gobierno central en relación a Euskadi. Él también hizo una enumeración y contó 22 traspasos de competencias desde 2018, doce de ellos desde 2023. “Somos un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías”, recalcó.

El colectivo de 41 estibadores de Avilés ha pedido este martes la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, por entender que no sólo “mira para otro lado” en su conflicto laboral si no que su gestión está siendo “inoperante”.

El portavoz de los trabajadores de la estiba, Manuel Pravia, ha denunciado que la Autoridad Portuaria, “no sólo sigue en sus trece de no querer intervenir en el problema”, si no que permite determinadas irregularidades “como diferentes contratos para un mismo barco, habiendo un convenio para aplicar”. También se ha referido en declaraciones a otras “anomalías” como empresas que operan en el puerto sin licencia estibadora.

“Ya no es sólo la mediación, ahora lo que pedimos es la dimisión de esta persona -Rodríguez Vega- porque creemos que no está capacitada y no puede seguir ahí de esta manera de actuar tan inoperante”.

Los trabajadores anunciaron ayer que irán a la huelga indefinida, más allá de la convocada hasta el próximo domingo, 15 de marzo, si la patronal no abandona su idea de disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE), que está en el origen del conflicto laboral.

Los trabajadores de la estiba local están en huelga desde el pasado 15 de febrero para tratar de evitar la disolución del CPE, que ven como garante del mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales.

Las empresas que forman parte del CPE mantienen su postura de disolver la entidad y proceder a una subrogación del personal, que la parte social rechaza por entender que no garantiza el suficiente volumen de trabajo, con el consiguiente peligro de despidos.

Los trabajadores han protagonizado una nueva concentración de protesta, esta vez frente a la sede de la Autoridad Portuaria, en la que también han coreado frases de apoyo al sector de las empresas auxiliares, en huelga por la falta de avances en su convenio.

Además de la huelga indefinida, que ya está acordada y se llevará a cabo si no hay acercamiento de posturas, los trabajadores mantienen la convocatoria de la manifestación prevista para el próximo sábado, día 14 de marzo, por las calles de Avilés.

El Puerto de Málaga ha vuelto a dar luz verde a la colocación de cuatro imponentes esculturas en el acceso al recinto, frente a la Plaza de la Marina. Estarán allí durante seis meses, sin posibilidad de prórroga, a partir del próximo 15 de marzo. Así lo ha decidido la mayoría de los consejeros, frente a la oposición de una serie de instituciones culturales de la ciudad, que rechazan la actuación por afectar a la percepción “visual y simbólica” del Centro (declarado Bien de Interés Cultural y, por tanto, protegido), y de la sección sindical de UGT en el Puerto, que sostiene que no es legal gastar 67.000 euros en colocar dos pedestales sin convocar antes un concurso.

La instalación de las “columnas del mar” (Venus con un sol, de 5 metros; Neptuno con red, de 7,5 metros; y dos leones), obra del escultor ceutí Ginés Serrán, apunta así a su etapa final, después de dos meses de intensa polémica y tras el frenazo de hace unas semanas para dar oportunidad a un nuevo debate por parte del Consejo.

Este viernes los consejeros han votado a favor de limitar el comodato (la cesión de la obra) que se pactó con el artista, Ginés Serrán, añadiendo una cláusula para limitar explícitamente el periodo de muestra a seis meses. Cuando pasen, se retirarán sin posibilidad de prórroga ni de que Serrán pueda reclamar nada.

Han votado a favor de esta propuesta 11 de los 15 consejeros. Justiniano Sen, vocal de UGT, y Javier Salas, subdelegado del Gobierno, han votado en contra. La abogada del Estado ha emitido voto particular sin oponerse a la propuesta, y CCOO se ha abstenido.

UGT había planteado unos acuerdos alternativos que pasaban por mantener las obras en depósito hasta contar con un informe exhaustivo sobre el título usado para ocupar el dominio público portuario, el procedimiento, la posible afección al entorno del BIC del Centro Histórico, la compatibilidad con el planeamiento urbanístico y la justificación del gasto público asociado (67.000 euros de los pedestales + 8.000 euros del informe técnico + los posibles gastos de mantenimiento). Esta propuesta no ha llegado a votarse.

Las instituciones insisten en que debe protegerse el paisaje

Carlos Rubio, presidente del Puerto, defiende que con la decisión de colocar las estatuas durante seis meses, y no más, queda zanjado el debate, que en las últimas semanas ha girado en torno a la estética de las esculturas (“propias del Universo Marvel”, según la Academia de Bellas Artes), la transparencia (no se informó inicialmente de la ubicación ni del coste), la fórmula legal (comodato y sin concurso) y la ubicación (privilegiada y junto al Centro Histórico).

Este mismo jueves, el Ateneo, la Academia de Bellas Artes, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales volvieron a alertar de que colocar esas estatuas ahí atenta contra la normativa de protección del Patrimonio Histórico, contradiciendo a la consejera de Cultura Patricia del Pozo, que lo descartó días antes en el Parlamento andaluz con el argumento de que el ámbito de protección del BIC no delimita ni define ningún entorno. Es decir, que fuera de la superficie estricta del BIC, Cultura no tiene nada que decir.

Según las instituciones culturales, la protección del patrimonio histórico es integral y no se limita a edificios o espacios concretos, sino que incorpora el paisaje urbano, el entorno, la imagen histórica asociada, la percepción simbólica o la imagen cultural. Es decir, que Cultura debería pronunciarse porque la actuación, aunque esté fuera de la superficie declarada BIC, puede producir impactos visuales, paisajísticos o ambientales sobre él, alterando vistas, escalas o volumetrías.  

“Creo que están siendo muy radicales y que todo eso está mitigado desde que el momento en que es una exposición temporal”, replica Rubio, quien recuerda que en la Plaza de la Marina ha habido “instalaciones horrorosas y no han dicho ni pío”.

Gasto de 67.000 euros

Por su parte, UGT mantiene que sigue habiendo irregularidades en el procedimiento administrativo para instalar las esculturas, que podrían justificar su nulidad y desembocar en responsabilidades para el Puerto o sus consejeros, como mínimo contables.

Entre otras, usar un contrato civil (el comodato) para actuar sobre dominio público portuario; asumir gastos públicos con un contrato de obra menor sin procedimiento administrativo ni concurrencia competitiva; calificar como gratuito un contrato que genera gasto público; o la posible afección al entorno BIC.

Justiniano Sen insiste en que Puertos del Estado no responde en su informe a una cuestión clave: con qué título se ocupa suelo público portuario para mostrar la obra de un escultor particular. “Hay sentencias que dicen que eso es un enriquecimiento y eso requiere concesión”, advierte. Rubio replica que el comodato pone las estatuas a disposición del Puerto, y que no tendría sentido que este se “autoconcediera” nada.

La colocación y retirada en seis meses de las estatuas no despeja la duda de qué pasará después con los pedestales. La idea parece ser aprovecharlos para usos culturales en el futuro, siempre que las propuestas vengan de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento, previo convenio con estas administraciones. “Tomamos nota, y debemos tener claro que cualquier actuación cultural será promovida por alguna administración con competencias culturales”, explica Carlos Rubio, presidente del Puerto, a este medio.

El vocal de UGT cree que es un requiebro que busca eludir la posible responsabilidad por haber gastado 67.000 euros sin concurso en los pedestales. Sen explica que al ser obra fija ligada a las esculturas debería haberse sacado a concurso, y advierte de que dará traslado al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía.

En la primera versión del comodato ese gasto lo asumía el escultor. El borrador se cambió para que el Puerto asumiera el coste, sin advertir a los consejeros. Se suponía que los pedestales eran un anejo de las obras, indisociables por tanto de Neptuno y Venus, pero ahora se desliza que se puedan reutilizar.

Dos meses después de saltar la polémica, Rubio admite que si llega a prever lo que ha ocurrido hubiese actuado de otra manera. “Se pensó que era positivo, que sería aceptado por la ciudad y que contribuía al embellecimiento, y nadie puso pegas ni dijo lo contrario hasta enero”, cuenta ahora.

Sen subraya todo este episodio se produce por la desviación del Puerto de la actividad portuaria para mezclarse en un asunto, la presunta promoción cultural, que no le compete. “Tenemos dos conflictos colectivos abiertos y mientras nos gastamos 70.000 euros en pedestales”, lamenta. Y observa que nunca se fue claro con la ubicación ni se informó de los pedestales, de ahí que la polémica surgiera en enero, cuando la instituciones culturales descubren lo que van a sostener. A partir del 15 de marzo, si no hay sorpresa en forma de recurso, serán dos inmensas deidades romanas aderazadas para ajustarse a la idiosincrasia marenga y turística de la capital de la Costa del Sol.

El Gobierno andaluz rechaza terciar en la polémica por la instalación de las grandes esculturas de Neptuno y Venus en el acceso al Puerto de Málaga, con el argumento de que la superficie en la que colocarían, frente a la Plaza de la Marina, queda fuera del espacio delimitado como Bien de Interés Cultural, el Centro Histórico de la ciudad. “Al encontrarse fuera del BIC y no existir un entorno definido en su declaración, no requiere autorización de la Consejería de Cultura”, ha asegurado Patricia del Pozo, Consejera de Cultura, en el Parlamento Andaluz. También ha avanzado que dará respuesta al escrito presentado por entidades de la ciudad.

Ahora, Del Pozo rechaza que Cultura pueda intervenir, porque las obras se ubican en el espacio lindero con el BIC, y no sobre él. Así ha respondido la consejera en la Comisión de Cultura ante la pregunta del parlamentario socialista por Málaga Josele Aguilar, quien le ha pedido que “no mire para otro lado” ante lo que ha calificado una “agresión” al centro histórico cuyo origen está, según Aguilar, en el “ataque de megalomanía” del presidente Rubio.

Del Pozo ha explicado que los técnicos de la Delegación Territorial de Málaga han comprobado que los pedestales se encuentran fuera de la delimitación del conjunto histórico de Málaga, a unos 40 metros del límite sur del BIC, en cuya declaración o inscripción, en 2012, “no se delimitó ni se definió ningún entorno”. Aunque el Puerto estuvo incluido inicialmente en la incoación del expediente para delimitar como BIC el Centro Histórico, “se modificó la delimitación inicial con la que había sido incoado”. Del Pozo ha explicado que se entendió que la protección de ese espacio correspondía al Ministerio, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, al estar adscrito el dominio público portuario a la Administración del Estado. “Por lo que quiera que sea, quedó fuera de la delimitación”, ha concluido.

Aguilar cree que la distancia al BIC no es de 40 metros sino “directamente adyacente”, y ha insistido en que es irrelevante porque la legislación no establecería que tenga que estar delimitado previamente en la declaración del BIC también el entorno. Aguilar ha recordado que un artículo de la ley recoge la contaminación visual como un “elemento de protección de los bienes de interés cultural”.

Aguilar ha calificado la pretensión de colocar ahí las esculturas como una “agresión”. “Es un ataque a la visión que todos los malagueños y malagueñas tenemos de lo que es nuestro centro histórico”, ha aseverado el socialista, recordando la oposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo; el Ateneo; la Sociedad Económica Amigos del País; la Academia Malagueña de la Ciencia; el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales. “No decimos que no la puedan poner en otro sitio del Puerto, pero no en la entrada.

Nueva votación en el Consejo

Las imponentes esculturas de Ginés Serrán (Venus con un sol -5 metros de altura y 1,9 toneladas-; Neptuno con red de pesca -7,5 metros y 2,25 toneladas; y dos leones, de 1,85 metros y 750 kilos cada uno-) han provocado una intensa polémica en la ciudad en las últimas semanas.

El debate versó inicialmente sobre su calidad y estética, pero ya gira en torno a la opacidad con la que la Autoridad Portuaria de Málaga tramitó un expediente que afecta al uso y disfrute del espacio público, los al menos 80.000 euros que ha costado la instalación (a pesar de que el escultor cede gratuitamente las obras) y el impacto de colocar esas piezas un espacio preeminente de la ciudad.

El Consejo de Administración aprobó aceptar la cesión en comodato de las estatuas en una reunión el pasado junio, pero la polémica no estalló hasta enero, con la colocación de los pedestales, en los que el Puerto ha gastado 67.000 euros. El pasado 12 de febrero el Presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, frenó para volver a someter la cuestión al Consejo de Administración del Puerto, admitiendo implícitamente que hasta ahora no ha habido debate.

Rubio acaba de convocar un Consejo Extraordinario, este viernes, esta vez con un único punto en el orden del día: ubicar las estatuas por un periodo de seis meses “sin posibilidad de prórroga”. Inicialmente las estatuas iban a estar allí durante 25 años. Para UGT, que se ha opuesto a la colocación de estas esculturas, se trata de una “maniobra de distracción”, “un lavado de cara ante la presión social y cultural de Málaga” que no resuelve las “graves irregularidades” del expediente.

El sindicato denuncia que sigue ocultándose el coste total de la intervención, porque a los 8.000 euros del informe técnico y los 67.000 de la colocación de los pedestales hay que añadir los de vigilancia y seguros. También apunta que el informe de Puertos del Estado sigue sin responder a la cuestión de si es posible ceder ese suelo público, donde se ha ejecutado una obra pública permanente, sin una concesión para ello.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU) ha autorizado la ampliación de la fábrica de azufre de la empresa del exalcalde de Polanco, Julio Cabrero & Cía, en el puerto de Requejada, después de que el Gobierno de España haya dado el visto bueno para que construya otra nave industrial en zona de servidumbre de protección.

La autorización de la nueva construcción de la fábrica ha superado los trámites urbanísticos antes de la firma del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán: los informes positivos del Ayuntamiento de Polanco y la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, los acuerdos del Consejo de Gobierno de Cantabria para la declaración de utilidad pública y excepcional importancia y el visto bueno de la Demarcación de Costas.

La sociedad familiar, una empresa líder en la producción y envasado de azufre en Europa, se fundó en el año 1960 y opera desde sus instalaciones en la Ría de San Martín. Actualmente ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados que incluye fábrica, almacenes, laboratorios y oficinas en una parcela propiedad de la empresa.

Produce unas 20.000 toneladas al año para los sectores del caucho, principalmente fabricantes de neumáticos, y para el de la agricultura, grandes distribuidores del sector agroalimentario. La fábrica exporta más del 40% de su producción de azufre.

La nueva nave que construirá para poder incrementar la producción estará formada por dos cuerpos adosados de planta rectangular. Estará ubicada al lado de otra que ya existe y tendrá una superficie total de casi 2.000 metros cuadrados, incluyendo la rampa para camiones.

El puerto comercial de Requejada es de titularidad privada y pertenece a la empresa que fabrica el azufre desde el año 1984, cuando el fundador de la sociedad, Julio Cabrero, se lo compró a AZSA.

El colectivo de estibadores del puerto de Avilés ha decido prolongar su calendario de huelga hasta, al menos, el próximo 15 de marzo, para exigir, entre otras medidas, el mantenimiento del Centro Portuario de Empleo (CPE), al tratarse de un problema “internacional que está teniendo mucho calado”.

“Mucha gente quiere venir aquí a protestar porque atenta contra un modelo en el sector”, ha explicado este jueves a EFE el portavoz del colectivo en huelga, Manuel Pravia.

Los huelguistas tenían planteado celebrar este jueves una reunión con el gerente liquidador del CPE y sus abogados, pero algunos problemas de espacio en la sede de la Autoridad Portuaria y de horarios, por los paros intermitentes, lo está complicando, según ha explicado su portavoz.

Los trabajadores pretendían hacer valer en la reunión las reivindicaciones de ampliar la actual plantilla y garantizar sus derechos laborales con la permanencia del CPE, que le ha llevado a convocar esta huelga.

La reunión se enmarca en el proceso de liquidación del CPE y la intención del colectivo en huelga era poner sobre la mesa su paquete de reivindicaciones, que está por encima de los sindicatos, porque tiene que ver con la defensa de un modelo de trabajo, han insistido.

Los 41 estibadores han iniciado su cuarto día de huelga de un calendario que afectaba inicialmente a diez jornadas y que ahora se prolongará, como mínimo, hasta el próximo 15 de marzo.

La próxima tanda del calendario será del 23 al 27 de febrero, como hasta ahora, mediante paros parciales de una hora en todas las franjas horarias alternas del día.

Los estibadores del puerto de Avilés están llamados a secundar una huelga en la segunda quincena de febrero para protestar contra el cierre del Centro Portuario de Empleo (CPE), una decisión que el colectivo considera injustificada y que, advierte, aboca a los trabajadores a la precariedad laboral o al desempleo.

El conflicto tiene su origen en la decisión “unilateral” de las empresas socias del CPE de avanzar hacia su liquidación y cierre definitivo, una medida que, según los estibadores, no responde a causas económicas, organizativas ni productivas. Así lo ha explicado este martes a EFE el portavoz del colectivo, Manuel Pravia.

En Avilés, el CPE agrupa a 41 estibadores, que reclaman la apertura de una mesa de negociación en la que participen tanto la patronal como la Autoridad Portuaria, en su condición de ente público. “Queremos sentarnos a negociar y poner coherencia”, ha señalado Pravia, que denuncia una falta de voluntad negociadora por parte de las empresas.

Si no se alcanza un acuerdo, la huelga se desarrollará entre el 16 y el 20 de febrero y entre el 23 y el 27 del mismo mes, mediante paros parciales de una hora en todas las franjas horarias, desde la 01.00 hasta las 24.00 horas.

“El hecho de que algo sea legal no significa que sea de obligado cumplimiento”, ha subrayado el portavoz de los estibadores, que acusa a la patronal de “desestabilizar un puerto por un capricho” amparándose en la legislación vigente. A su juicio, la decisión pone en riesgo no solo los puestos de trabajo directos, sino también el tejido económico vinculado a la actividad portuaria.

Más cierres de centros portuarios

Las empresas consignatarias que forman parte del CPE cuentan, además, con personal fijo en plantilla, lo que, según Pravia, podría traducirse en despidos “directos o indirectos” y afectar “al futuro de muchas familias” y de las empresas que operan en el entorno del puerto.

El colectivo alerta de que lo que ocurre en Avilés podría sentar un precedente. “Puede ser la lanzadera para una cascada de cierres de centros portuarios en España”, ha advertido Pravia, quien defiende la huelga como una respuesta frente al intrusismo laboral y la pérdida de empleo cualificado.

Los estibadores recuerdan que llevan décadas siendo “el músculo del puerto” y cuestionan la decisión de cerrar el CPE en una infraestructura que mueve una media de cinco millones de toneladas de mercancías al año. Como comparación, Pravia ha señalado que en el puerto de Pasajes (Gipuzkoa), con algo más de tres millones de toneladas anuales, la plantilla de estibadores asciende a 80 trabajadores.

Tras años con los vertidos procedentes de dragados paralizados en Galicia, la Xunta anuncia avances en la tramitación para llevar a una zona próxima a la Illa de Sálvora los lodos que se retiren en la limpieza del río Lérez a su paso por Pontevedra. El cálculo del Gobierno gallego es que se van a extraer 500.000 metros cúbicos de material que se van a depositar en la llamada zona B, muy cercana al Parque Nacional das Illas Atlánticas, pero justo fuera de la zona de protección de dos millas náuticas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expuso este lunes que comienza ahora el trámite de información pública del estudio de impacto ambiental de la obra de dragado, que corre a cargo de Portos de Galicia y que costará 11,9 millones de euros. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge el anuncio de que empieza el trámite y el proyecto básico de las obras. Los documentos se podrán consultar durante 30 días en la web de Portos de Galicia para presentar alegaciones.

La Xunta llevaba años insistiendo en la intervención, que estaba a la espera de que se decidiese que punto era adecuado para verter los materiales que se retiren con la limpieza del río. En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica suspendió el depósito de materiales en el punto E/8, que era el que se venía usando, para evaluar si debían seguir acumulándose lodos en esa zona, que llegaba a introducirse en una parte en el área de protección alrededor del parque nacional. Ahí se habían acumulado desde 1998 tantos residuos que se había levantado una montaña que llega a los 18 metros en su punto más elevado. Estos depósitos han sido criticados por pescadores que trabajan en la zona y ecologistas, que avisan de los posibles efectos sobre la ría de Arousa, la joya de la corona de la producción marisquera en Galicia.

El estudio encargado por el Ministerio concluía que se podía seguir descargando en la misma zona, pero analizaba también otro punto, llamado B y a dos kilómetros del E/8, que finalmente fue el recomendado. El Gobierno gallego se apresuró a iniciar los trámites para que el material que se retire del Lérez termine en esas aguas. El dragado se va a centrar en el puerto de As Corvaceiras y el club naval. Se va a conseguir que haya mayor calado en el río y se va a limpiar el canal para recuperar explotación marisquera.

La Xunta asegura que los materiales que se van a retirar porque están impidiendo el crecimiento del marisco son arenas de categoría A -la considerada menos peligrosa- y que habrá un programa de vigilancia ambiental previo a la obra y durante su ejecución, dotado con 400.000 euros. Rueda ha indicado que se va a intervenir en tramos que suman una longitud total de 4,5 kilómetros, con un área de 309.130 metros cuadrados.

Cuando Mario Sanz bajó las escaleras de su faro y cerró la puerta por última vez, supo que algo de la memoria colectiva se estaba perdiendo. A sus 65 años, se jubiló el pasado septiembre como uno de los últimos fareros de Andalucía, tras más de tres décadas en el faro de Mesa Roldán, en Carboneras y en pleno corazón de Cabo de Gata en Almería. Consciente de la caducidad de su tarea, Mario comenzó a recopilar todo tipo de artefactos marítimos relacionados con su profesión y los fue ordenando hasta configurar un museo único que con su jubilación se ha quedado en el aire. Por ello, lucha para que no se pierda y siga abierto al público.

Porque el museo del faro de Mesa Roldán corre el mismo riesgo de desaparición que el empleo del propio Mario Sanz. De hecho, él mismo empezó a trabajar en este lugar apenas unos meses antes de que en 1992 el llamado Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítinas –tal y como se conoce a los fareros– se extinguiese. Convencido de su papel de “guardián de la memoria”, Sanz decidió desde ese instante guardar todos los recuerdos de valor y, junto a cuadros y otras obras de arte, configurar un espacio museístico que, sin la presencia de un farero, queda a expensas de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), responsable de la gestión de este faro.

Desde el adiós de Mario Sanz, es la APA la que hace el mantenimiento de un edificio que sigue guiando a los barcos, aunque ahora de forma automática. También es la Autoridad Portuaria la encargada de abrir y cerrar al público las visitas interesadas en conocer el museo que Sanz fue creando durante más de 33 años. Sin embargo, como no hay nadie permanente en el faro de Mesa Roldán, las visitas se limitan a dos o tres veces al mes y siempre previa cita concertada. Algo que contrasta con la actividad que hasta septiembre había en este espacio museístico: abierto de forma continuada y con una clara vocación educativa y divulgativa.

No en vano, durante esas tres décadas, Mario Sanz no sólo se ha ocupado de encender y vigilar una luz fundamental para la navegación, sino que ha convertido el faro en un espacio vivo. Allí se han organizado presentaciones de libros, exposiciones temporales de pintura y fotografía, talleres y visitas escolares. Todo ello de manera gratuita. “Hemos estado abriendo el faro a todo tipo de visitas y haciendo actividades culturales durante más de treinta años”, recuerda Sanz. El resultado es una colección de más de 3.000 piezas vinculadas al mar, a la señalización marítima y a la historia de los faros, reunidas sin financiación específica y a lo largo de toda una vida profesional.

Guardián de la memoria

El origen del museo está íntimamente ligado a la desaparición del propio oficio. “Llegas a un sitio que se está acabando, que ya declaran a extinguir, y sabes que vas a ser el último que va a haber en este faro”, explica. “Te quedas un poco como guardián de la memoria: si no guardo yo las cosas, se va a perder todo”. Así empezó a conservar equipos antiguos, documentación, herramientas y objetos cotidianos del trabajo en los faros, ampliando después la colección hacia el arte, las maquetas y los archivos históricos, incluidas fotografías de antiguos fareros y fareras de toda España.

Por eso, el cierre de facto del museo tras su jubilación ha generado preocupación en Carboneras. La asociación Amigos del Faro de Mesa Roldán, de la que el propio Sanz es presidente y que cuenta con más de 700 personas asociadas, alerta de que el actual sistema de visitas limita gravemente el acceso. “Antes estaba abierto de manera permanente y la mayor parte de las visitas se concentraban los fines de semana”, explican desde la entidad. Ahora, las aperturas se producen entre semana y dependen de que un funcionario se desplace desde Almería para abrir el edificio.

Desde la asociación insisten en que el problema no es la falta de interés social, sino una decisión administrativa que deja sin uso cultural un edificio histórico. El faro de Mesa Roldán fue construido en 1863, tiene más de 160 años y se alza a 210 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Un enclave privilegiado que, además de su valor patrimonial, se había consolidado como un atractivo turístico para el municipio.

El Ayuntamiento de Carboneras comparte este diagnóstico. Fuentes municipales señalan que el Consistorio considera el faro “un elemento de gran valor turístico y cultural” y se muestra dispuesto a alcanzar un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Almería para que pueda seguir siéndolo. Para ello, admiten, será necesario encontrar una fórmula de gestión adecuada, pero aseguran que el apoyo municipal será total para mantener abierto el museo y preservar la actividad cultural asociada al faro.

Un sueño complicado

La Autoridad Portuaria de Almería, por su parte, defiende que el faro de Mesa Roldán es una instalación de dominio público portuario y una señal marítima en activo, cuya gestión corresponde exclusivamente a la APA y a personal técnico cualificado. Desde el organismo sostienen que el faro es visitable mediante un sistema de visitas previa solicitud, similar al de otros faros bajo su competencia, y que no se han perdido visitas, sino que se organizan conforme a un calendario establecido.

En cuanto a la posibilidad de ceder la gestión del museo a terceros, la APA la descarta al considerar que no es legalmente viable, al formar parte de una instalación portuaria en funcionamiento. Una interpretación que choca con la visión de quienes han sostenido durante años el proyecto cultural del faro y con la del propio Ayuntamiento, que reclama una mayor flexibilidad para garantizar su apertura regular. En todo caso, desde el Consistorio existe la voluntad de intentar llegar a un acuerdo con la APA y desde la asociación cultural del faro no descartan tomar otro tipo de acciones para lograr su cometido.

Mientras las administraciones deciden qué hacer con el faro, el futuro del museo marítimo de Mesa Roldán sigue en el aire. Para Mario Sanz, la cuestión va más allá de su historia personal: “Es un desperdicio total de espacio y de todo el trabajo que se ha hecho durante años”. Tras décadas cuidando de una luz pensada para orientar a otros, el último farero de Mesa Roldán pide ahora que no se apague la del patrimonio común.

Si todo va como las administraciones prevén, Neptuno y Venus dominarán desde las alturas el acceso al Puerto de Málaga en apenas un mes. Este es el plazo aproximado que el Presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, se da para colocar las figuras (de 7,5 y cinco metros de altura y 2,25 y 1,9 toneladas de peso) sobre los pedestales de tres metros en los que se trabaja desde hace semanas. La pretensión del Rubio cuenta con el aval del alcalde Francisco de la Torre (PP), que este jueves aseguró que la Gerencia de Urbanismo no ha puesto reparos al proyecto, un conjunto escultórico del ceutí Ginés Serrán compuesto por las dos figuras mitológicas y dos leones que las acompañan, y denominado “Las columnas del mar”.

El proyecto ha levantado una intensa polvareda. Se cuestionan los rasgos estéticos de las obras (“más propias del Universo Marvel”, dijo la Real Academia de Bellas Artes en un duro comunicado), las implicaciones económicas (70.000 euros de dinero público para la instalación de las esculturas, cedidas en comodato) y el impacto paisajístico y simbólico (se colocarán en el acceso al recinto portuario desde la Plaza de la Marina, un espacio que linda con el Centro Histórico, declarado Bien de Interés Cultural).

En teoría, estarán allí seis meses, antes de trasladarse a una ubicación “más idónea”. Sin embargo, el propio escultor ya dijo a este diario que los seis meses servirían para comprobar “la reacción del público” para ver “si le parece bien o no”, dejando la puerta abierta a su continuidad. Además, hay dudas jurídicas de que, una vez colocadas, el Puerto pueda unilateralmente retirarlas a otro lugar sin que medien razones técnicas, de seguridad o de operativa portuaria.

Sus críticos lamentan que una decisión de este calado no se haya sometido a debate ciudadano, pasando de puntillas por el Consejo de Administración del Puerto y esquivando también el debate municipal. Razonan que, aunque se ubiquen sobre suelo portuario, las esculturas condicionan la imagen de la ciudad.

Nada de esto parece que vaya a torcer la voluntad de Rubio, que insiste en que la ley se lo permite y que no es la primera vez que se traen obras al Puerto. El presidente del Puerto trata de reconducir el debate al gusto estético: “Que en este caso a estas academias no les gusta nada, pues yo lo siento mucho. Pero es temporal, les queda el consuelo para los que no les gusten de que en seis meses ya no las verán”.

Sin intervención del Ayuntamiento ni de la Junta de Andalucía

La limitación a seis meses sigue sin convencer a la Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Academia Malagueña de las Ciencias, del Ateneo y del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, que advierten de que una intervención de este tipo exige licencia municipal previa aunque esté en suelo portuario.

Razonan que no es una intervención “estrictamente portuaria”, y que el Ayuntamiento debe intervenir en obras que “se integren funcionalmente” en la ciudad, afecten a la “estética” o la “accesibilidad” de la ciudad o tengan finalidad “cultural” o “expositiva”. En apoyo de esta postura, las instituciones culturales citan varias sentencias del Tribunal Supremo.

Hace dos semanas el alcalde tenía dudas y anunció una consulta a Urbanismo para ver si el Ayuntamiento tiene “margen legal para intervenir”. Pero apenas dos días después el Puerto anunció que ya había acordado con el Ayuntamiento que las esculturas se colocasen en esa ubicación, si bien solo durante seis meses. Tras quince días de silencio, el alcalde dice ahora que las dudas que los técnicos de Urbanismo le dicen que el Ayuntamiento no tiene que intervenir y que la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía “dice lo mismo”.  

En un comunicado emitido este jueves, las instituciones culturales malagueñas también muestran su sorpresa con el hecho de que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se haya inhibido a pesar de que el Centro Histórico (declarado Bien de Interés Cultural en 2012) esté inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y recuerdan que la protección de estos espacios abarca su “entorno, percepción simbólica e imagen cultural”, incluyendo elementos que alteren vistas, relaciones visuales, escalas o volumetría. “Que las estatuas proyectadas estén unos metros detrás de la línea de demarcación del ámbito BIC” no eximiría de la protección del entorno, señalan.

Propias del “universo Marvel”

Venus con un sol en las manos (en alusión a la Costa del Sol), Neptuno con una red de pesca (por el carácter marinero de Málaga) y los dos leones, todos hechos en bronce, son obra de Ginés Serrán, un escultor ceutí pero residente en Nueva York que quiere, según ha dicho, homenajear los orígenes de su padre malagueño.

Al conocer las obras, la Academia de Bellas Artes de San Telmo emitió un duro comunicado tildándolas de “pseudo-neoclasicismo pretencioso y grandilocuente”, “más propio del cómic de superhéroes y superheroínas surgido del universo Marvel”. Serrán, que tiene varias esculturas similares repartidas por el mundo, está muy contrariado y ha acusado a algunos académicos de juzgar sus obras sin tener bagaje. Protesta por lo que considera una ofensa a su honor.

Un proyecto tramitado durante cuatro años

Más allá del aspecto estético, los críticos cuestionan la opacidad con la que el Puerto ha tramitado un expediente con un evidente impacto visual, simbólico e incluso emocional, en un espacio, el Puerto, que ya es escenario desde hace más de diez años de una batalla por la construcción o no de un rascacielos que dominaría la Bahía, ahora en barbecho tras el varapalo de Puertos del Estado al proyecto.

La tramitación de la idea de Serrán ha sido discreta. Durante cuatro años el proyecto de las esculturas estuvo latente y no pasó por los órganos de gobierno del Puerto. En abril de 2025 Rubio lo llevó al Consejo de Administración del Puerto, pero lo retiró por sorpresa en el último instante. En julio volvió a llevarlo, y es entonces cuando los consejeros lo aprobaron sin que nadie se opusiera, lo que ha servido al Presidente para esgrimir la supuesta unanimidad.

Lo cierto es que algunos consejeros no acudieron a la convocatoria de aquel día (como la abogada del Estado y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía), otros se ausentaron a mitad de reunión (el subdelegado del Gobierno) y entre los que sí estuvieron hay quienes alegan que Rubio actuó de mala fe, enterrando la cuestión entre decenas de asuntos y omitiendo aclarar cuál iba a ser la ubicación definitiva. “Nunca se debatió sobre el sitio. Tenían decidida la ubicación pero no la compartieron, sino que la metieron de tapadillo”, explica una fuente del Consejo.  

En cambio, el debate giró en torno a la fórmula elegida para aceptar el regalo: se optó por el comodato durante 25 años, con el fin de evitar la tributación, a pesar de que Puertos del Estado prefería la donación. Ese contrato de comodato fue presentado en varias versiones entre abril y julio, sin aclarar que había sufrido modificaciones sustanciales: por ejemplo, quién era el comodante (primero la Fundación de Ginés Serrán, finalmente el propio escultor), el emplazamiento (de las columnas a “la entrada del Puerto de Málaga colindante con la Plaza de la Marina) y quién pagaba los gastos de colocación: sólo en la última versión los asumió el Puerto, que ha gastado 69.801,45 euros en la obra de los pedestales.

“Ni tan sols ho he intentat, per si de cas”. El patró d'un catamarà que fa temporada a Eivissa i fondeja sovint en Porroig o Cala Jondal ho té clar: encara que té el vaixell al seu nom i amb llicència per a operar, el passat estiu va preferir no publicitar-lo com a lloguer turístic. Una prudència que encaixa amb l'escenari que es dibuixa, almenys ara com ara, a Balears: els propietaris d'embarcacions recreatives no podran llogar les seves barques durant els mesos més forts de la temporada alta. El Tribunal Superior de Justícia de les illes ha recolzat -cautelarment- la prohibició del Govern balear en aquesta matèria, frenant ara com ara la via que permetia als patrons explotar comercialment les seves embarcacions privades durant un període limitat, per a això deuen estan inscrits a la categoria que així ho permet.

L'any passat, el Govern central va modificar el Reglament d'Ordenació de la Navegació Marítima, a instàncies de la Marina Mercant, per a permetre a aquestes embarcacions fer un canvi d'ús i operar amb finalitats lucratius durant tres mesos a l'any, un canvi temporal d'activitat creada pensant en zones amb una activitat de xàrter molt limitada, com Galícia, on resulta econòmicament inviable exigir la creació d'una empresa de charter per a realitzar a penes unes poques sortides a l'any.

A penes unes setmanes després, l'Executiu balear va aprovar un decret que, en la pràctica, impedeix que el ‘Airbnb nàutic’ operi a Balears: la norma prohibeix el lloguer d'embarcacions privades mitjançant el canvi temporal d'ús, activitat per a la qual exigeix expressament la seva inscripció en la denominada Llista Sisena -categoria del Registre de Vaixells i Empreses Navilieres reservada a les embarcacions d'esbarjo amb finalitats lucratius-. “Balears arrossega des de fa anys una sobredemanda de xàrter nàutic i un elevat nivell d'intrusisme”, assevera Eva Cokes, propietària d'una empresa familiar de xàrter a Sant Antoni, en declaracions a elDiario.es.

Balears arrossega des de fa anys una sobredemanda de xàrter nàutic i un elevat nivell d'intrusisme

Eva Cokes — Propietària d'una empresa familiar de xàrter

El reglament aprovat pel Govern -publicat com a decret 44/2025, d'1 d'agost, que regula l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo- va ser recorregut via contenciosa-administrativa per l'Associació de Propietaris d'Embarcacions de Llista Setena -la relativa a les embarcacions d'esbarjo d'ús privat, és a dir, vaixells que estan pensats per a ús particular i no per a ús comercial- amb l'objectiu de mantenir la possibilitat d'operar durant uns mesos a l'any sense canviar definitivament de llista, emparant-se en la reforma estatal que permet a les embarcacions d'esbarjo dur a terme activitats comercials durant un màxim de tres mesos.

El reglament aprovat pel Govern va ser recorregut per l'Associació de Propietaris d'Embarcacions de Llista Setena -la categoria relativa a les embarcacions d'esbarjo d'ús privat, és a dir, vaixells que estan pensats per a ús particular i no per a ús comercial- amb l'objectiu de mantenir la possibilitat d'operar durant uns mesos a l'any sense canviar a la llista expressa per a això

El Tribunal Superior de Justícia de Balears, no obstant això, ha desestimat -en forma, no en fons- el recurs mitjançant un acte en el que recorda que la Sala, a l'octubre, ja havia rebutjat una petició similar per part d'una altra associació. En la seva resolució, a la qual ha tingut accés elDiario.es, el tribunal torna a posar el focus en el “potent interès públic” de la normativa autonòmica i rebutja suspendre-la de manera provisional: d'una banda, perquè per a concedir la cautelar hauria d'apreciar-se prèviament la nul·litat del decret, i per un altre, perquè els actes impugnats “són idèntics a uns altres que ja van ser jurisdiccionalment anul·lats”.

A més, la màxima instància judicial de les illes subratlla que els possibles perjudicis derivats d'aplicar el decret balear serien únicament econòmics i, per tant, “indemnitzables”, a més de “insuficients” per a contrarestar l'interès general “lligat a la immediata execució de qualsevol disposició de caràcter general”.

Més pirateria i oferta deslleial

El patró amb qui s'ha posat en contacte aquest periòdic recorda que tenia el vaixell de la seva propietat publicat en Airbnb quan vivia a Cartagena (Múrcia), però es va veure obligat a retirar-lo. Ara, a Balears, malgrat tenir llicència per a exercir una activitat comercial, ni tan sols ha intentat posar-ho en lloguer “per si de cas”. La plataforma, en realitat, no sol·licita cap mena de llicència per a publicitar els serveis, que poden reservar-se a través d'aquesta. El Consell d'Eivissa persegueix, igual que ho fa amb l'allotjament turístic il·legal, els anuncis que ofereixen una experiència nàutica sense tenir autorització per a això.

Airbnb no sol·licita cap mena de llicència per a publicitar els serveis de xàrter, que poden reservar-se a través de la mateixa plataforma. El Consell d'Eivissa persegueix, igual que ho fa amb l'allotjament turístic il·legal, els anuncis que ofereixen una experiència nàutica sense tenir autorització per a això

Amb Airbnb, en concret, la institució manté un acord per a perseguir l'intrusisme i agilitzar la retirada de les ofertes i les sancions, tal com informa el Consell a aquest diari. Amb la diferència, en el cas de les embarcacions, que l'agent sancionador és la Capitania Marítima.

Actualment, la plataforma només mostra dos anuncis (molt similars) amb experiències nàutiques. El que es promociona és una excursió marítima per la costa de Sant Antoni, en el sud-oest de l'illa, per uns 110 euros per persona. Les travessies inclouen una parada a Platjes de Comte -un enclavament turístic fonamental-, banys en aigües turqueses, cava a bord i esmorzars amb l'etiqueta gourmet. L'anunci destaca els 25 anys d'experiència del patró del vaixell i acumula centenars de valoracions positives.

Encara que es tracta de dos anuncis distints, el que s'ofereix és molt similar: sortida des del port, amb trasllat previ en embarcació auxiliar fins al veler, recorreguts al costat de penya-segats i un brindis amb xampany durant la posta de sol, en espanyol o en anglès. En altres pàgines web com TripAdvisor abunden també aquestes experiències en aigües d'Eivissa i Formentera i en moltes ocasions, es tracta d'embarcacions sense llicència per a actuar amb fins lucratius o amb bandera estrangera, adverteix Cokes.

“Només cal anar al moll de Es Pins a l'estiu i veure totes les persones que embarquen a clients des d'allí…”, apunta. En el cas d'aquestes últimes -les que no tenen distintiu espanyol-, sí que poden llogar a Espanya l'embarcació amb tripulació o sense ella complint una sèrie de requisits: comptar amb una autorització de la Marina Mercant, seguir rigorosament la normativa estatal i autonòmica i obeir els requisits fiscals específics.

Només cal anar al moll de Es Pins a l'estiu i veure totes les persones que embarquen a clients des d'allà

Eva Cokes — Propietària d'una empresa familiar de xàrter

La via judicial, encara oberta

La suspensió de la mesura cautelar no implica, ara com ara, el tancament de la via judicial, ja que el tribunal balear no ha entrat encara a valorar el recurs a fons. Des de la Direcció General de Ports i Transport Marítim aclareixen que l'acte del TSJIB es limita a resoldre la petició de mesures cautelars i no entra ni en el fons de l'assumpte ni en la legalitat del decret impugnat. Es tracta, insisteixen, d'una decisió de caràcter estrictament processal que no anticipa el criteri que haurà d'adoptar el tribunal quan es pronunciï sobre l'assumpte principal.

A l'espera d'aquesta anàlisi, la Conselleria de la Mar assegura a elDiario.es que manté una posició de “cautela i respecte” cap al procediment judicial en marxa. El Govern ja ha advertit als propietaris d'embarcacions de la llista setena que siguin titulars d'amarraments als ports públics de Balears que perdran el seu dret sobre el servei si comercialitzen les seves barques temporalment amb finalitats turístiques. Però, al marge d'això, l'Executiu autonòmic evita avançar escenaris respecte a l'activitat del xàrter nàutic i remarca que seran els tribunals els que hagin d'aclarir les qüestions que segueixen pendents de resolució.

Per part seva, el Govern central ha portat la norma autonòmica davant el Tribunal Constitucional (TC) en considerar que envaeix competències estatals en matèria de navegació marítima. A aquest recurs se suma la denúncia presentada per listaseptima.com, una de les principals plataformes de comercialització del ‘Airbnb nàutic’. No obstant això, el Govern balear té assumides les competències sobre la regulació del xàrter marítim.

La principal perjudicada, la patronal del xàrter nàutic a Balears, ha defensat públicament la prohibició autonòmica per l'impacte que el canvi d'ús podria suposar sobre la seguretat marítima a les illes, així com el seu impacte mediambiental. Des del sector indiquen a elDiario.es que a Balears, per a exercir legalment l'activitat de xàrter és obligatori disposar d'un port basi autoritzat.

Es tracta de requisit “indispensable” perquè permet ordenar l'activitat, limitar el nombre d'embarcacions, facilitar inspeccions i evitar la saturació de determinades zones, entre altres. El que significa que en cas de permetre's el canvi temporal d'ús, moltes embarcacions podrien operar sense un port basi real, la qual cosa agreujaria el problema de sobreexplotació del litoral, amb un major nombre de fondejos -és a dir, més pressió sobre les cales- i més dificultats per a portar un control administratiu. Els patrons intueixen que, en un escenari de pirateria i intrusisme, el que faria l'aplicació del reial decret seria agreujar encara més la situació. “La resolució -del Govern- només obriria la porta a que hi hagués més pirateria nàutica i a un augment de la competència deslleial”, conclou Cokes.

“Ni siquiera lo he intentado, por si acaso”. El patrón de un catamarán que hace temporada en Eivissa y fondea a menudo en Porroig o Cala Jondal lo tiene claro: aunque tiene el barco a su nombre y con licencia para operar, el pasado verano prefirió no publicitarlo como alquiler turístico. Una prudencia que encaja con el escenario que se dibuja, al menos por ahora, en Balears: los propietarios de embarcaciones recreativas no podrán alquilar sus barcas durante los meses más fuertes de la temporada alta. El Tribunal Superior de Justicia de las islas ha respaldado -cautelarmente- la prohibición del Govern balear en esta materia, frenando por ahora la vía que permitía a los patrones explotar comercialmente sus embarcaciones privadas durante un periodo limitado, para lo cual deben estar inscritos en la categoría que así lo permite.

El año pasado, el Gobierno central modificó el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, a instancias de la Marina Mercante, para permitir a estas embarcaciones realizar un cambio de uso y operar con fines lucrativos durante tres meses al año, un cambio temporal de actividad creada pensando en zonas con una actividad de chárter muy limitada, como Galicia, donde resulta económicamente inviable exigir la creación de una empresa de charter para realizar apenas unas pocas salidas al año.

Apenas unas semanas después, el Ejecutivo balear aprobó un decreto que, en la práctica, impide que el ‘Airbnb náutico’ opere en Baleares: la norma prohíbe el alquiler de embarcaciones privadas mediante el cambio temporal de uso, actividad para la que exige expresamente su inscripción en la denominada Lista Sexta -categoría del Registro de Buques y Empresas Navieras reservada a las embarcaciones de recreo con fines lucrativos-. “Balears arrastra desde hace años una sobredemanda de chárter náutico y un elevado nivel de intrusismo”, asevera Eva Cokes, propietaria de una empresa familiar de chárter en Sant Antoni, en declaraciones a elDiario.es.

Balears arrastra desde hace años una sobredemanda de chárter náutico y un elevado nivel de intrusismo

Eva Cokes — Propietaria de una empresa familiar de chárter

El reglamento aprobado por el Govern -publicado como decreto 44/2025, de 1 de agosto, que regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo- fue recurrido vía contenciosa-administrativa por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima -la relativa a las embarcaciones de recreo de uso privado, es decir, barcos que están pensados para uso particular y no para uso comercial- con el objetivo de mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar definitivamente de lista, amparándose en la reforma estatal que permite a las embarcaciones de recreo llevar a cabo actividades comerciales durante un máximo de tres meses.

El reglamento aprobado por el Govern fue recurrido por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima -la categoría relativa a las embarcaciones de recreo de uso privado, es decir, barcos que están pensados para uso particular y no para uso comercial- con el objetivo de mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar a la lista expresa para ello

El Tribunal Superior de Justicia de Balears, sin embargo, ha desestimado -en forma, no en fondo- el recurso mediante un auto en el que recuerda que la Sala, en octubre, ya había rechazado una petición similar por parte de otra asociación. En su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal vuelve a poner el foco en el “potente interés público” de la normativa autonómica y rechaza suspenderla de forma provisional: por un lado, porque para conceder la cautelar debería apreciarse previamente la nulidad del decreto, y por otro, porque los actos impugnados “son idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados”.

Además, la máxima instancia judicial de las islas subraya que los posibles perjuicios derivados de aplicar el decreto balear serían únicamente económicos y, por tanto, “resarcibles”, además de “insuficientes” para contrarrestar el interés general “ligado a la inmediata ejecución de cualquier disposición de carácter general”.

Más piratería y oferta desleal

El patrón con quien se ha puesto en contacto este periódico recuerda que tenía el barco de su propiedad publicado en Airbnb cuando vivía en Cartagena (Murcia), pero se vio obligado a retirarlo. Ahora, en Balears, a pesar de tener licencia para ejercer una actividad comercial, ni siquiera ha intentado ponerlo en alquiler “por si acaso”. La plataforma, en realidad, no solicita ningún tipo de licencia para publicitar los servicios, que pueden reservarse a través de la misma. El Consell de Eivissa persigue, igual que lo hace con el alojamiento turístico ilegal, los anuncios que ofrecen una experiencia náutica sin tener autorización para ello.

AirBnB no solicita ningún tipo de licencia para publicitar los servicios de chárter, que pueden reservarse a través de la misma plataforma. El Consell de Eivissa persigue, igual que lo hace con el alojamiento turístico ilegal, los anuncios que ofrecen una experiencia náutica sin tener autorización para ello

Con Airbnb, en concreto, la institución mantiene un acuerdo para perseguir el intrusismo y agilizar la retirada de las ofertas y las sanciones, tal como informa el Consell a este diario. Con la diferencia, en el caso de las embarcaciones, de que el agente sancionador es la Capitanía Marítima. 

Actualmente, la plataforma solo muestra dos anuncios (muy similares) con experiencias náuticas. Lo que se promociona es una excursión marítima por la costa de Sant Antoni, en el sudoeste de la isla, por unos 110 euros por persona. Las travesías incluyen una parada en Platjes de Comte -un enclave turístico fundamental-, baños en aguas turquesas, cava a bordo y almuerzos con la etiqueta gourmet. El anuncio destaca los 25 años de experiencia del patrón del barco y acumula centenares de valoraciones positivas. 

Aunque se trata de dos anuncios distintos, lo que se ofrece es muy similar: salida desde el puerto, con traslado previo en embarcación auxiliar hasta el velero, recorridos junto a acantilados y un brindis con champán mientras durante la puesta de sol, en español o en inglés. En otras páginas web como TripAdvisor abundan también estas experiencias en aguas de Eivissa y Formentera y en muchas ocasiones, se trata de embarcaciones sin licencia para actuar con fines lucrativos o con bandera extranjera, advierte Cokes.

“Solo hay que ir al muelle de Es Pins en verano y ver todas las personas que embarcan a clientes desde allí…”, apunta. En el caso de estas últimas -las que no tienen distintivo español-, sí pueden alquilar en España la embarcación con tripulación o sin ella cumpliendo una serie de requisitos: contar con una autorización de la Marina Mercante, seguir a rajatabla la normativa estatal y autonómica y obedecer los requisitos fiscales específicos. 

Solo hay que ir al muelle de Es Pins en verano y ver todas las personas que embarcan a clientes desde allí

Eva Cokes — Propietaria de una empresa familiar de chárter

La vía judicial, todavía abierta

La suspensión de la medida cautelar no implica, por ahora, el cierre de la vía judicial, ya que el tribunal balear no ha entrado todavía a valorar el recurso a fondo. Desde la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo aclaran que el auto del TSJIB se limita a resolver la petición de medidas cautelares y no entra ni en el fondo del asunto ni en la legalidad del decreto impugnado. Se trata, insisten, de una decisión de carácter estrictamente procesal que no anticipa el criterio que deberá adoptar el tribunal cuando se pronuncie sobre el asunto principal.

A la espera de ese análisis, la Conselleria del Mar asegura a elDiario.es que mantiene una posición de “cautela y respeto” hacia el procedimiento judicial en marcha. El Govern ya ha advertido a los propietarios de embarcaciones de la lista séptima que sean titulares de amarres en los puertos públicos de Balears de que perderán su derecho sobre el servicio si comercializan sus barcas temporalmente con fines turísticos. Pero, al margen de eso, el Ejecutivo autonómico evita avanzar escenarios respecto a la actividad del chárter náutico y remarca que serán los tribunales los que deban aclarar las cuestiones que siguen pendientes de resolución. 

Por su parte, el Gobierno central ha llevado la norma autonómica ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invade competencias estatales en materia de navegación marítima. A este recurso se suma la denuncia presentada por listaseptima.com, una de las principales plataformas de comercialización del ‘Airbnb náutico’. Sin embargo, el Govern balear tiene asumidas las competencias sobre la regulación del chárter marítimo. 

La principal perjudicada, la patronal del chárter náutico en Baleares, ha defendido públicamente la prohibición autonómica por el impacto que el cambio de uso podría suponer sobre la seguridad marítima en las islas, así como su impacto medioambiental. Desde el sector indican a elDiario.es que en Baleares, para ejercer legalmente la actividad de chárter es obligatorio disponer de un puerto base autorizado. 

Se trata de requisito “indispensable” porque permite ordenar la actividad, limitar el número de embarcaciones, facilitar inspecciones y evitar la saturación de determinadas zonas, entre otros. Lo significa que en caso de permitirse el cambio temporal de uso, muchas embarcaciones podrían operar sin un puerto base real, lo que agravaría el problema de sobreexplotación del litoral, con un mayor número de fondeos -es decir, más presión sobre las calas- y más dificultades para llevar un control administrativo. Los patrones intuyen que, en un escenario de piratería e intrusismo, lo que haría la aplicación del real decreto sería agravar aún más la situación. “La resolución -del Gobierno- solo abriría la puerta a que hubiera más piratería náutica y a un aumento de la competencia desleal”, concluye Cokes.

Un bosque, dentro de una gran finca, rodea la casa de Mar Vidal (Alicante, 1955). Es una casa apartada que, por dentro, parece un faro nórdico, llena de antigüedades, de escaleras, de estancias. Una casa que mira, y no es casualidad, al faro de Ajo. Una casa cuya distribución cuenta quién es Vidal: la única farera que ha habido en la historia de Cantabria, la primera y la última, y una de las 26 mujeres fareras en la historia en España.

La descripción de la casa de la farera la hace Cristina Rodríguez, directora del documental 'Aunque seamos islas', que presenta este martes 27 de enero, a las 19.30 horas, en los cines Embajadores de Santander, donde volverá a proyectarse el 17 de febrero, a las 20 horas.

Vidal vivió en el faro de Ajo entre 1986 y 1994 porque su marido, también farero, era el encargado. Entre medias, se sacó la oposición y fue farera de El Caballo y de El Pescador, ambos en Santoña, entre 1988 y enero de 1993. Las fechas son importantes porque responden a la muerte de una profesión: en 1992 se aprobó un decreto por el cual se declara una profesión a extinguir. La pareja tuvo que decidir entre ser funcionarios o ser fareros.

Mar Vidal y su marido Antonio decidieron ser funcionarios, pero su trabajo les convenció de quedarse en Cantabria, con sus dos hijas, enfrente del faro de Ajo, en la casa apartada que parece un faro nórdico. Vidal, que ahora está jubilada, participa en el documental junto a otras cinco fareras, contándole su vida a una cineasta que recorre el país en busca de las últimas representantes de esta profesión tan peculiar. Una directora que, en paralelo, está en medio de una crisis profesional, y le va contando su proceso a su sobrino pequeño, porque es el único que le pregunta por su largometraje.

“Elegí para vivir un escenario cercano, un lugar donde poder seguir viéndolo (el faro). Nos hicimos una casa en un alto, desde el que se veía todo el cabo. Muy poco cambió, la curiosidad no cesó, pusimos varias pizarras en casa donde ponemos lo que aprendemos y lo que se nos ocurre”, le cuenta Mar Vidal a la directora en una de las muchas reflexiones que le ha ido compartiendo en los últimos años.

Porque Vidal, que es muy activa en sus dos cuentas de Instagram, pide que sea Cristina Rodríguez la que hable por ella. “En general, los fareros son poco de exponerse”, dice la directora, “pero, por circunstancias personales, en este momento de su vida, necesita tranquilidad”. De hecho, cuando Rodríguez le contactó hace años, Vidal le propuso a la directora que le entrevistara por audios. Pero tras conocerse, le abrió las puertas de su casa y cambió de opinion.

Así la directora, que se incluye como personaje en el documental, descubrió que Vidal vivió una infancia rígida en Alicante hasta que un día, mientras iba paseando, se encontró con un amigo y le habló de las oposiciones a farera. Luego Vidal visitó el faro de Cudillero, en Asturias, volvió y decidió preparar la oposicion en Madrid.

Ya tenía una hija y allí conoció a Antonio, que entonces estudiaba Ingeniería naval, aunque no terminó la carrera. Él le empezó a dar clases de apoyo para sacarse la oposición. Así, comenzaron una relación y tuvieron otra hija. Mar se sacó la plaza, con dificultades, porque era de letras puras, en 1987. Al llegar al faro recuperó sus dos sueños de infancia. “Es una soñadora que ha sabido materializar sus sueños”, describe Rodríguez.

“Cuando tomé las riendas de mi vida, decidí que el miedo nunca me guiaría, porque te paraliza y te somete”, le cuenta Vidal a la directora en otra reflexión que tampoco sale en el documental.

Para entender la vida de Mar Vidal después del faro, hay que volver al origen de esta funcionaria jubilada. Vidal se crió en el franquismo y soñaba con salir de Alicante para vivir en el campo. Pero tenía otro sueño: subir en una nave espacial, como en Star Trek (en su casa actual, hay muchos detalles de la saga).

Mar Vidal dedicó sus años de farera a estudiar y a leer. Estudió a distancia Historia, hizo cursos de Física, talleres de escritura creativa, se involucró en el activismo durante y después del 15M, luego estudió un módulo de Antropología Forense. Hoy es una apasionada de la antropología, sobre todo de la prehistoria, en particular de los neandertales. Y se ha seguido cultivando hasta hoy, leyendo desde Albert Einstein a María Zambrano, viendo películas de ciencia ficción, aprendiendo de decoración. “Por eso digo que se mimetizó con su sueño: tiene un espíritu farero”.

“Fui tras una idea, tras un modo de vida, que me permitiera seguir otras direcciones en un entorno natural y apartado. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida”, le confiesa Mar Vidal a Cristina Rodríguez en otra de las conversaciones que han compartido durante este trabajo cinematográfico.

Perseguir sus sueños

De cada farera, dice Rodríguez, saca una enseñanza: Mar le enseñó la constancia para perseguir sus sueños y la importancia de valorar la soledad. “Ella entendió que el faro le permitía más reflexion y más capacidad para observar el mundo. Se mimetizó con su profesión; lleva una vida muy farera”, cuenta la cineasta en una visita a Santander. “A ella el faro le ha dado cultura, le ha dado tiempo para cultivarse, porque era un trabajo presencial, pero no trabajoso”, observa Rodríguez.

Vidal fue la primera farera a la que visitó Rodríguez, que llegó al faro de Ajo dos días después de que lo pintase Okuda. “A ella no le pareció mal lo de Okuda, pero a Antonio no le gustó”, cuenta Rodríguez, sobre una de las protagonistas de 'Aunque seamos islas'.

El documental está construido con material de archivo, reflexiones de la cineasta y entrevistas, a través de varios viajes. “En la ciudad hay mucho ruido, pero en un faro estás contigo. Lo que tienes al lado es naturaleza y tú, eso te da una posición de mirar al mundo. En estos años he encontrado muchísimos elementos comunes con las fareras”.

En puertas del arranque del período de sesiones en el Parlamento Vasco tras el largo parón de Navidad, el PP ha escalado el tono de su oposición al Gobierno de Imanol Pradales y ha etiquetado de “clientelismo”, “corruptelas” y “corrupción” la gestión de EKP (Euskadiko Kirol Portua, la sociedad autonómica de gestión portuaria) por las adjudicaciones directas “a dedo” durante un cuarto de siglo tanto en materia de combustible (17 millones de euros), como de telefonía y comunicaciones (0,8 millones) y seguros (1,7 millones). En una rueda de prensa en Bilbao, el líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés, y la parlamentaria Ana Morales han anunciado que pedirán “todos los expedientes” de EKP y que reclamarán la comparecencia en la Cámara de la consejera que gestiona la competencia de Puertos, Amaia Barredo, del PNV, aunque por el momento descartan ir a la Fiscalía.

Euskadi asumió la competencia de Puertos en 1982 -aunque en ocasiones ahora se apunte a que es una materia pendiente- y creó en 2000 la sociedad EKP. La comunidad autónoma tiene el control de las instalaciones portuarias que no son de interés general, que son todas salvo Pasaia y Bilbao. Entre 2012 y 2025 la responsable de esa entidad fue Edurne Egaña, también dirigente el PNV en Gipuzkoa. El pasado año, este periódico publicó auditorías del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas críticas con la gestión económica y las adjudicaciones sin concurso. Finalmente, también en 2025, la consejera Barredo relevó a Egaña pero, inmediatamente, la recolocó como asesora con un salario superior a los 80.000 euros. En el medio se han cruzado las críticas por la gestión de los amarres en diferentes puertos, incluido el de Donostia.

Según el PP, lo sucedido en EKP se eleva “clientelismo”, “corruptelas” o “corrupción”, los términos que han empleado en la comparecencia. Insisten en que, en el caso de los contratos “a dedo” de suministro de gasóleo de los puertos, se han ido en un porcentaje muy alto a la empresa de un dirigente del PNV de Gipuzkoa y exjuntero ya fallecido. Han apuntado a un 76%, más de 12 millones de euros. La presidenta de los nacionalistas guipuzcoanos, María Eugenia Arrizabalaga, ya salió en tromba a denunciar las “calumnias” del PP.

“Los vascos merecemos algo más”, ha dicho De Andrés, que entiende que el PNV contemporiza con las investigaciones que afectan al PSOE a cambio de que ocurra lo mismo a la inversa en Euskadi. “El PNV participa en la misma degradación. Se están uniendo para taparse las responsabilidades políticas en casos de corrupción”, ha manifestado De Andrés. Morales se ha felicitado de que su labor de control desde la oposición haya forzado a EKP a anunciar ya concursos para realizar los contratos de suministros mediante concurrencia abierta. Los 'populares' sostiene que podrían depurarse responsabilidades políticas sin necesidad de sentencias judiciales.

La Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz, presidida por Teófila Martínez, histórica alcaldesa del PP, acaba de cerrar el plazo para recibir ofertas para gestionar el suculento negocio del tráfico de cruceros en el Puerto. Las empresas candidatas aspiran a hacerse con la construcción y explotación durante 35 años del tráfico de una nueva terminal y más de 60.000 metros cuadrados para la recepción de pasajeros y comercios en lo que ahora se llama zona de “interacción puerto-ciudad”.

El concurso abre una nueva carrera por los cruceristas cuando el Puerto sigue sin cerrar la que abrió en 2013: desde hace más de una década, una empresa libra una batalla judicial por la explotación de una de las dos terminales ya existentes, en el Muelle Alfonso XIII. Desde 2017, la Autoridad Portuaria tiene pendiente de ejecutar una sentencia que, en última instancia, le obliga a entregar su explotación y permitir la construcción de una terminal satélite a la del Muelle Ciudad.

La situación entrecruza dos contiendas en dos tiempos y dos escenarios diferentes. La primera es una vieja batalla legal en tierra que remueve desde hace más de una década las aguas del Puerto. Cádiz Cruise Terminals, S.L. y Málaga Cruceros, S.A. se disputan desde 2013 la terminal del Muelle Alfonso XIII y la construcción de la nueva terminal satélite; esta disputa está teóricamente zanjada a favor de Málaga Cruceros por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de febrero de 2024, que sigue sin ejecutarse. La Autoridad Portuaria señala que el otorgamiento está “pendiente de resolución, dada la complejidad del expediente”. “Hay un bloqueo institucional”, denuncia Susana Gutiérrez, CEO de Málaga Cruceros, que en diciembre presentó un nuevo escrito al TSJA denunciando la inacción del Puerto.

En paralelo, el Puerto ha abierto otro concurso para construir una nueva terminal, la tercera, con su zona complementaria, comercial y licencia para la prestación del servicio portuario al pasaje, en la explanada del muelle Reina Sofía, justo al lado del Muelle Reina Sofía. Ocean Terminals y la multinacional MdT Ports mostraron un interés inicial por construirla, pero el Puerto aún no ha desvelado cuántas ofertas ha recibido finalmente.

No son lo mismo porque la superficie afectada no es la misma, pero ambas concesiones son contiguas, están íntimamente ligadas por el objeto, y hay quien sospecha que el nuevo concurso no puede entenderse sin atender a las trabas a la primera concesión que en la última década han puesto la Autoridad Portuaria de Cádiz y el Ayuntamiento, gobernado ahora por Bruno García, mano derecha de Teófila Martínez en su último mandato como alcaldesa (2011-2015).

La nueva concesión del Muelle Reina Sofía, abierta al uso “puerto-ciudad”

En juego está el negocio del desembarco y consumo inmediato de los cruceristas. Desde hace años, la cifra de cruceros que llegan a Cádiz no deja de crecer. La Tacita de Plata vende no sólo su propio encanto, sino también su condición de puerta de entrada a Sevilla, a menos de hora y media en autobús. En 2025 llegaron 344 y 624.000 cruceristas, a los que se cobra una tasa por pasajero y atraque. Además, las terminales prestan otros servicios a las navieras (como el check-in, seguridad o control de equipajes) y a los pasajeros (excursiones, consigna), que además suelen encontrar una amplia oferta de restauración y comercios nada más poner un pie en tierra.

Actualmente el Puerto está embarcado en una reordenación que le permita rentabilizar mejor sus espacios. Es lo que va a ocurrir con el Muelle Reina Sofía: se trasladará la terminal de contenedores para destinar ese suelo a “usos compatibles con el tráfico de cruceros, actividades complementarias, comerciales y de puerto – ciudad”, a más tardar en 2028. Es ahí donde entra la construcción de una nueva terminal privada capaz de ofrecer servicios portuarios y comerciales.

La concesión incluye unos 60.000 metros cuadrados de superficie terrestre para la construcción y explotación de la terminal de pasajeros y una zona comercial, 400 metros lineales de línea de atraque, zona de maniobra y 20.000 metros cuadrados de lámina de agua. A cambio, la adjudicataria se compromete a una inversión mínima de diez millones de euros y al pago de una tasa de ocupación de algo más de un millón de euros al año, más las tasas de actividad.

Inicialmente, dos empresas se interesaron. De un lado, ITM Group, a través de su filial europea Mdt Port Investments, que en el último año y medio ha logrado la concesión de la terminal de Melilla y la del Puerto de Motril, en esos casos sin competencia. Tal y como contó este medio, esta última adjudicación está envuelta en la polémica, porque la expansión europea de ITM Group ha sido comandada por la hermana de Francisco José González-Méndez Herrera, quien dirigía el puerto granadino hasta apenas mes y medio antes de que Mdt Port presentara su solicitud, y luego se convirtió en director de negocio y desarrollo. Según fuentes internas del Puerto de Motril, González-Méndez Herrera acaba de ser despedido del Puerto de Motril.

La segunda que mostró interés fue Ocean Terminals, dirigida por José Luis Almazán Palomino, exdirector del Puerto de Melilla (2004-2012) y antiguo dirigente del PP melillense. El interés de esta empresa evitó que la adjudicación pudiese recaer directamente en Mdt Port, y obligó al Puerto a convocar el concurso. Sin embargo, finalmente Ocean Terminals ha evitado presentar una oferta, según confirma una portavoz oficial de la compañía.

Una concesión resuelta por los tribunales, pero sin concluir

La nueva terminal se ubicará a pocos metros y en la misma dársena que la ya existente en el Muelle Alfonso XIII, adjudicada por resolución judicial a Málaga Cruceros. Esta cree que el Puerto está obstaculizando la entrega y ya ha comunicado al TSJA que la Autoridad Portuaria “prioriza” la nueva concesión con la finalidad de “orillar” el cumplimiento de su sentencia, que sigue posponiendo.

No está claro cómo se repartirán los atraques entre las tres terminales (Ciudad, Alfonso XIII y Reina Sofía) que coexistirán. La Autoridad Portuaria no ve problema: “No existe ningún indicio de que sean incompatibles [las tres terminales], dado el volumen de tráfico de cruceros que acoge el Puerto”, señala en respuesta a este medio. Ese volumen se reparte de manera desigual: para 2026 se espera que en 158 días no haya ningún crucero, mientras que en 89 días habrá más de dos. “Es obvio que una tercera terminal mejora el servicio en general y en concreto para esos días en los que, por ocupación de las dos terminales actuales o por tamaño de los cruceros hay que atender a más de un buque a la vez”, explican desde el Puerto.

Aunque los pliegos regulan el criterio de asignación de atraques y utilización de las terminales, también se advierte de que podrán ser modificados por la Autoridad Portuaria por “motivos de explotación portuaria”. “La demanda es la que es, lo barcos son los mismos. Todas darían el mismo servicio”, observa Susana Gutiérrez, CEO de Málaga Cruceros.

Málaga Cruceros lleva 12 años peleando por hacerse con esa terminal, que en los últimos tiempos ha gestionado el Puerto de manera directa. se hizo con la adjudicación tras una larga batalla judicial que pareció ganar en 2017. La entidad se impuso entonces a la UTE Cádiz Cruise Terminal, previa sentencia del TSJA que descartó a esta por falta de solvencia económica. La resolución, sin embargo, dejó un fleco suelto: no decía qué pasaba entonces. La Autoridad Portuaria quiso dejar desierto el concurso, pero Cruceros Málaga volvió a recurrir y logró que en febrero de 2024 el TSJA volviera a darle la razón.

Con la sentencia en la mano, la empresa presentó al Puerto tres alternativas para el estudio de detalle de la nueva terminal, advirtiendo que una de ellas (la original) no encajaba con el nuevo plan urbanístico municipal. El Puerto eligió esa misma, y el Ayuntamiento la rechazó. “Un callejón sin salida”, lamenta Susana Gutiérrez. Mientras, el Puerto sigue sin dictar la resolución que adjudique la ya existente a favor de Cruceros Málaga.

Desde mediados de la primera década de los 2000, Cruceros Málaga gestiona las terminales de Levante y El Palmeral de Málaga hasta 2038 y 2042, respectivamente. Cruceros Málaga está integrado en un consorcio internacional: en 2013 era propiedad de Creuers del Port de Barcelona (80%) y la Autoridad Portuaria de Málaga (20%), pero en 2020 Creuers compró a la APM su porcentaje por 1,5 millones de euros. Desde 2023, el 100% de Creuers pertenece, a su vez, al holding crucerístico internacional Global Ports Holding (GPH).

Con una red de pesca y un sol en las manos y flanqueados por leones, Neptuno y Venus, imponentes dioses romanos del mar y el amor, están llamados a contemplar desde las alturas la principal entrada al Puerto de Málaga, y desde allí a los miles de malagueños y cruceristas que a diario transitan por este espacio emblemático en el que la marina se funde con el Centro Histórico.

Sin embargo, las esculturas de bronce de ocho y cinco metros de altura (once y ocho, incluyendo sus pedestales) esculpidas por Ginés Serrán serán dioses con pies de barro, promete la Autoridad Portuaria. Su presidente Carlos Rubio ha tomado una decisión salomónica en vista de la “controversia generada entre diversas instituciones de carácter cultural”: después de seis meses, las piezas se trasladarán a una ubicación “consensuada y con menor impacto”. Sin embargo, Serrán aspira a que sigan allí: “Es tiempo suficiente para que el público diga sí o no”, señala a este medio. Y arquitectos como Salvador Moreno Peralta dudan de que se acometa un esfuerzo tan importante para tan poco tiempo. Tampoco el alcalde lo ve claro. Este martes, Francisco de la Torre (PP) dijo comprender la polémica, y anunció que había pedido a Urbanismo que estudiara si la ciudad tenía algo que decir, en vista de que las esculturas, aun en suelo portuario, trascienden la actividad portuaria e impactan en el paisaje urbano.

La decisión del Puerto, supuestamente consensuada con el Ayuntamiento, pretende zanjar la polémica, pero lo previsible es que no lo consiga. Un manifiesto abierto a firma en Change.org exige la “inmediata paralización” del montaje y que, en todo caso, la cuestión pase los trámites de información, licencia y dictamen del Ayuntamiento de Málaga y la Comisión Provincial del Patrimonio, lo que hasta ahora no ha ocurrido, por lo que advierte de posibles acciones legales.

Tras días de silencio, el Puerto ha salido al paso este miércoles con el comunicado, difundido un rato antes de que esas instituciones (la Real Academia de Bellas Artes, la Academia Malagueña de Ciencias, el propio Ateneo, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y la Sociedad Económica de Amigos del País) subrayaran con un manifiesto su frontal oposición al conjunto escultórico, al que califican de seguir un “criterio estético pseudoclasicista”, pretender una “monumentalidad ampulosa y anacrónica” y, en definitiva, de ser un “sonrojante remedo de estéticas del pasado”. “No podemos colocarlas en el sitio de mayor tránsito como si fuera un escaparate”, insiste Moreno Peralta.

“Inequívoco enganche kitsch” en una zona emblemática

Su supuesta “pretenciosidad” y su “inequívoco enganche kitsch”, según definición de la Real Academia de Bellas Artes, es la primera capa de la polémica, que se enmarca en el debate más amplio sobre los criterios, procesos y modos con los que se decide sobre el espacio público y preferente en Málaga. En otras palabras: quién, cómo y para qué decide qué se coloca en los lugares más sensibles de la ciudad.

El asunto pasó por el Consejo de Administración del Puerto (con presencia de todas las administraciones), que aprobó su instalación para generar “una nueva seña de identidad emblemática y reconocible nacional e internacionalmente, que previsiblemente favorecerá la acción comercial en materia portuaria y marítima”. Fuentes del consejo señalan que, tras descartar colocarlas sobre las columnas, no se aclaró dónde irían, pero en la memoria sí se señala que estarán “en un espacio incorporado a los espacios de interacción puerto-ciudad”.

Durante meses el asunto no tuvo eco. Ahora, el asunto ha escalado a la prensa internacional con un artículo publicado en el Times en el que se recogen las críticas ciudadanas y académicas al proyecto.

A falta de las piezas, el debate hasta ahora no gira solo en torno a su mayor o menor calidad artística, sino a la decisión del Presidente de la Autoridad Portuaria de disponer de esta forma de ese espacio, central y simbólico en la ciudad, sin consultarlo con nadie: ni con la ciudadanía, ni mucho menos con las instituciones culturales más relevantes de Málaga, que esta vez han marcado el paso. “La ciudad no estaba dormida, y ha bastado este movimiento para que se manifieste”, dice Rosario Camacho, presidenta de Academia de Bellas Artes.

Además de la crítica estética, subyace un argumento identitario: en los últimos años la ciudad ha sufrido un acelerado proceso de desnaturalización ejecutado al margen (y muchas veces en contra) de la voluntad de miles de vecinos, lo que ha incluido evitables atentados paisajísticos que han descompuesto la imagen de la ciudad.

Esta propuesta se observa como un paso más en un espacio simbólico y al límite del Centro Histórico (declarado Bien de Interés Cultural): la intersección Puerto-ciudad, donde ya se instaló una noria gigante, y en el mismo espacio público (supuestamente ajeno a la regulación municipal) donde se pretende desde hace más de una década un rascacielos de 144 metros de altura, el Puerto. La cuestión es si la máxima autoridad portuaria, el Presidente, puede hacer lo que quiera en ese espacio, abierto a la ciudadanía hace 15 años, sin consultar a nadie.

El artista: “Hay injurias”

Desde hace días, Venus y Neptuno aguardan en algún almacén del Puerto su turno para descubrirse al público. Se supone que será pronto, pero la Autoridad Portuaria no ha comunicado aún cuándo ocurrirá. Por ahora, una valla de obra que protege dos voluminosos pedestales cierra el paso franco en la entrada principal al Puerto de Málaga, en el extremo occidental del Paseo de los Curas, junto a la Plaza de la Marina y al lado de calle Larios.

Estos días el artista está enfadado. “Hay difamación e injurias, hacia el proyecto y hacia mí como artista, sin llamarme y sin ver las esculturas, y a pesar de mi trayectoria. Es infame”, protesta por teléfono. Se refiere a un comunicado de la Real Academia de Bellas Artes que prendió la mecha de la polémica, del que responsabiliza en exclusiva a su presidenta, Rosario Camacho, de quien pide la dimisión.

Hasta entonces, el proyecto había pasado desapercibido, apenas mencionado en un par de artículos de prensa de hace más de un año. Pero hace una semana se colocaron los dos inmensos pedestales y la Academia dio la voz de alarma con términos que dolieron en su orgullo. En el comunicado atribuía a sus esculturas un “pseudo-neoclasicismo pretencioso y grandilocuente”, “más propio del cómic de superhéroes y superheroínas surgido del universo Marvel que de una sincera recuperación del clasicismo desde la óptica contemporánea”.

A Serrán le ha dolido también las menciones posteriores a su “extraño currículum”: “Metiéndose en Google o la IA puede ver lo que he hecho yo. 250 individuales y colectivas en 23 países. Tengo la Llave de Oro de Miami, de Kentucky, he expuesto en Japón. Tengo la medalla de las artes de los Medici, soy embajador de las artes en Roma. Mis esculturas son un icono en Ceuta”, asegura: “Y no me ha llamado a mí, cuando tiene una miembra (sic) de la Academia que es de Ceuta y me conoce, porque fui su profesor de Dibujo en el instituto”.

Ginés Serrán, que hoy tiene 76 años, dice ser arqueólogo y antropólogo, además de artista. Nacido en Ceuta, ha residido durante décadas en Nueva York. Su obra escultórica se caracteriza por incorporar elementos que rompen el clasicismo de las piezas, y tiene como punto de inflexión 2007, cuando colocó 'Los Hércules y La Unión del Mundo', un conjunto de siete metros de altura y cuatro toneladas, en el puerto de su ciudad natal.

Cuenta que la idea para Málaga, con la que quiere homenajear a su padre, se lo ocurrió por casualidad en 2021, justo antes de una reunión con Carlos Rubio para el posible alquiler de un espacio museístico en el Palmeral. “Mientras esperaba, vi las cuatro columnas que hay en la entrada, y le comenté que a lo mejor el arquitecto pensaba poner algo arriba”. Así que fueron al archivo y vieron que, en efecto, así era. “Mira, si queréis os pongo algo, porque me gustaría que hubiera una huella de mi obra en Málaga. Me dijo: ”Es que tus obras son muy caras“, y yo le dije que se lo regalaba a la ciudad y al Puerto”.

70.000 euros de dinero público

Ha puesto mucho dinero de su bolsillo, asegura. La fundición en bronce en su estudio de Manchuria, al norte de China (“lo hago allí porque aquí costaría el triple”), la valora en cientos de miles de euros. El flete hasta Algeciras costó 15.000 euros; guardarlas allí hasta tener la aprobación del Puerto, otros 30.000; y traerlas en camión, el resto hasta 60.000. Las piezas, cedidas mediante un contrato de comodato, valen tres millones de euros, asegura. “Encima de todo esto, que sea la gente tan desagradecida…”.

Sin embargo, todo esto no sale gratis. La cimentación y colocación de los pedestales tendrá un coste de casi 70.000 euros de dinero público, que la Autoridad Portuaria abonará a la constructora Verosa, única licitante al concurso abierto el pasado mes de octubre.

Serrán dice que sólo aspira a que lo juzgue la gente, y acusa a los académicos de no representarse más que a sí mismos. Estos, en su manifiesto abierto al público, insisten en que las obras impugnan la política cultural de la ciudad, pues ninguno de los museos sobre los que ha configurado su identidad cultural (el Pompidou, el Picasso, el Thyssen, el Ruso) la acogerían: “Resultaría inconcebible”. Pero van más allá del cuestionamiento estético, y denuncian la falta de transparencia del proceso y su posible ilegalidad. El Ayuntamiento aún no ha aclarado si debe emitir licencia o no, por ser suelo portuario.

Ni seis meses, ni 25 años ni dos días, los “académicos” de Málaga no quieren esas piezas en ese sitio ni ahora ni nunca, y con su posicionamiento firme han marcado, esta vez, el debate ciudadano.