Campaña tras campaña, la lucha por alcanzar unas condiciones dignas para las temporeras de Huelva persiste en el campo andaluz. Las mujeres marroquíes copan la recogida de frutos rojos entre enero y julio, lejos de unos beneficios multimillonarios que sitúan a Andalucía como la principal exportadora europea. Aun así, los sindicatos, a pie de invernadero, intentan dar voz a las empleadas que pugnan por que se cumplan los acuerdos bilaterales entre los países, donde se les asegura viviendas en buenas condiciones y unas jornadas ajustadas a la ley, aunque el miedo a las consecuencias las paralice: ya hay siete denuncias registradas en Inspección de Trabajo, correspondientes a fincas ubicadas en Almonte, Moguer, Lucena de Puerto y Palos de la Frontera.

“La fresa importa más que la mano de obra”, determina Ana Pinto, portavoz y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. “Las viviendas tienen condiciones horribles y desde enero nos empezaron a llamar las compañeras para denunciar que no se cumplían los requisitos mínimos o que las obligaban a trabajar los domingos”, determina. Ya hay una veintena de personas atendidas y este año, a diferencia de los anteriores, podrán acceder por fin a los inmuebles donde están alojadas las temporeras para comprobar las condiciones de habitabilidad gracias a las actualizaciones de la normativa en materia de extranjería. Humedades en las paredes, cables sueltos, asentamientos chabolistas donde se construyen casas con palets de madera, en las que malviven durante meses.

El campo andaluz fue cambiando de forma lenta pero irreversible a finales de la década de los 90. En aquella época, Pinto inclinaba su espalda para recoger del suelo el oro rojo. Pese a los esfuerzos, recuerda aquel periodo feliz, lleno de compañerismo, que cambió por completo por la avaricia del sistema. “Empecé con 16 años y hacía las campañas de naranjas, aceitunas, y he visto como las condiciones iban cada vez a peor. Me parece digno que con tus manos alimentes a otras personas, se creaban vínculos, pero, de repente, impusieron normas nunca vistas: no podías llevar agua en el carro y la tenías que dejar al otro lado del invernadero para no perder el tiempo, con gente medicándose, prohibieron que ayudaras a las compañeras, para incrementar la presión de coger kilos, o tener música”, detalla. “Mi madre me enseñó que, si en el trabajo cumplo, nadie me puede explotar, y no me conformé con lo que no era justo”.

“A kilómetros del agua”

El fin era maximizar los beneficios, por lo que las condiciones laborales y salariales fueron empeorando, en paralelo al éxito de las campañas que convertían a Huelva en un referente mundial. En un contexto abusivo y desigual donde la mecanización del cultivo era inviable por la delicadeza del producto, las familias andaluzas dejaron el campo en busca de mejores oportunidades. Así, la contratación en origen se formalizó en 2002 a través de la Orden GECCO ante la falta de plantilla, dejando la puerta abierta a la explotación laboral que sufrirían unas trabajadoras con miedo a que las devolvieran a su país, sin conseguir ahorros para sus familias, o que no las volvieran a llamar. El jornal en Huelva es 60,51 euros brutos por 6,5 horas, apuntan los sindicatos: apenas unos 1.100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que el 92% de las participantes en los programas de migración circular en 2025 fueron mujeres, ellas son las principales afectadas por estas condiciones. El contingente procedente de Marruecos asciende este 2026 a 17.000 personas, aunque cada vez más se suman trabajadores procedentes de Sudamérica, llegando a las 21.000 contrataciones. La selección se hace en origen, en ciudades como Tánger, a donde se desplazan miles de mujeres desde las aldeas circundantes para realizar las entrevistas. ¿Las condiciones? Tener entre 25 y 45 años, en edad para soportar las cargas del trabajo, con hijos, y casada, divorciada o viuda, es decir, con arraigo para que se cumpla el compromiso de retorno.

En la campaña 2024/2025, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, notificó que la campaña 2024/2025 había cerrado con una producción de 210.345 toneladas de fresa, un descenso del 5% comparada con el ejercicio anterior, y 699,3 millones de euros en exportaciones. En cuanto a la frambuesa, llegaron a las 37.660 toneladas (un 6,5% menos) y los 229,6 millones, mientras que la mora alcanzó las 1.890 toneladas (caída del 11%) y 18,3 millones. Alemania y Reino Unido son los principales importadores. A pesar de los beneficios, Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, declaraba en 2020 que las personas del campo onubense vivían “como animales”: “A kilómetros del agua, sin electricidad o saneamiento adecuado. El campo de recolectores de fresas fue verdaderamente impactante”.

Conocer los derechos laborales

“El convenio del campo de Huelva va por contratos fijos-discontinuos y, a través de las tarjetas TIE se permite la vuelta al trabajo durante cuatro años siempre y cuando cumplas con el compromiso de retorno”, explica Ana Pinto. Sin embargo, a la hora de conformar los contingentes, no se respeta la antigüedad de las trabajadoras de la campaña, “¿cómo controlamos eso?”, se pregunta, “no hay una lista en Marruecos, que se debería revisar por WhatsApp, pero se elimina como un castigo por menor producción”. “Lo más importante es que las trabajadoras conozcan sus derechos, se organicen y denuncien”, y la insistencia y difusión de la información desde los sindicatos a las trabajadoras ha logrado la interposición de demandas y la intervención de Inspección de Trabajo.

Además, hace un lustro se introdujeron dos nuevas órdenes ministeriales, la Orden TMS/1426/2018 y la TMS/1277/2019, con el fin de mejorar las actuaciones de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para controlar que se cumple correctamente la normativa laboral, a raíz de las polémicas que saltaron a la palestra mediática y, también, en función del acuerdo sobre mano de obra que se firmó entre España y Marruecos, adoptado en 2001. En su artículo 6, se establece que “los trabajadores y trabajadoras marroquíes gozarán de los derechos y privilegios que les conceda la legislación española”.

“Ninguna de estas mujeres quiere salir en la foto: tienen miedo”, critica Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMINA). Antes de llegar a los juzgados o a las autoridades competentes, intermedian con los empresarios para llegar a una solución entre las partes, haciendo hincapié en las actitudes o exigencias de los encargados son los principales problemas que se encuentran en el día a día.

“En una finca en Moguer, la cocina estaba quemada, el grifo de la cocina estaba amarrado con una cuerda, las paredes llenas de humedades... Nos presentamos en la finca y recogimos pruebas con todo ello”, explica. Nombra el caso de una trabajadora que durante ocho años soportó las condiciones de la infravivienda hasta que las amenazas y los malos tratos por parte de los responsables de la finca mellaron la relación y no pudo aguantar más: “El empresario no quiso hacer nada, es más, si no hubieran hecho ese daño, habría seguido en la misma situación”.

Ezzohayry llegó a la provincia en el año 97, antes de la Orden GECCO. Venía en un contingente procedente de Marruecos y conoció al que ahora es su marido. Hasta el año 2017 trabajó en el campo, pero las ernias en su columna vertebral provocaron que le dieran una incapacidad laboral para tales tareas. Fue entonces cuando decidió implicarse en la lucha sindical: “El campo ha empeorado. En mis tiempos era mejor porque estaban las personas españolas, no las migrantes, que no conocen las normas, muchas no saben leer el idioma, y temen perder el trabajo o que no las vuelvan a llamar si se quejan”.

Abusos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva corroboró la existencia de abusos sexuales por parte de cinco patronos españoles a varias trabajadoras marroquíes, de entre 18 y 30 años, el 24 de abril de 2014. El auto recogía que algunas de las vejaciones eran “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre” o “hijas de puta, tontas, inútiles”. Los agravios hacia las temporeras dieron el salto mediático en el año 2018, después de años de ostracismo laboral y social. También, alrededor de 100 trabajadoras declararon haber sufrido abusos sexuales por parte de jefes y trabajadores en un reportaje en el diario alemán Correctiv. En un frente común, se registró la primera denuncia judicial por parte de cuatro temporeras marroquíes al encargado de una explotación agraria de Moguer y, seguidamente, una segunda denuncia ante la Audiencia Nacional de diez temporeras marroquíes a la empresa Doñana 98 por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

El artículo Influencia en la agenda mediática en la cultura de la violación: los casos de La Manada y las Temporeras de Huelva en la revista Investigaciones Feministas analiza la influencia que tuvieron tales hechos en los medios de comunicación de aquel entonces. Mientras que los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín en Pamplona impactaron y movilizaron a la sociedad española, los que se daban en el sur andaluz quedaron relegados a un segundo apartado, pese a la gravedad de lo denunciado y la reiteración de los daños infringidos cada campaña ante la ausencia de unos organismos públicos que velaran por su protección. La cultura de la violación, tal y como se detalla, actúa a través de una triple dominación: la nacionalidad, el sexo y la clase.

La portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha rompe una lanza a favor del sector y sentencia que la violencia sexual “no es mayor” que en otros sectores. Pero las condiciones propician escenarios peligrosos: “Las mujeres que viven en asentamientos chabolistas sin papeles están más expuestas, sin ningún tipo de seguridad, y, por otro lado, las que tienen contrato en origen van por caminos secundarios, no tienen transporte... Imagínate ir andando por ahí y, si pasa algo, tener luego que demostrarlo porque no tienes testigos; están muy expuestas y vulnerabilizadas”.

La medida de regularización extraordinaria que anunció el Gobierno central la contempla como una oportunidad para darle salida a estas realidades, tan menospreciadas: “No es normal que en menos de 24 horas haya una sentencia judicial en la que se dictamine que una mujer tiene intereses espurios para quedarse en España”.

¿Es la migración circular la solución? Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apoya a las diferentes asociaciones y las personas que viven en los asentamientos que hay desperdigados por el territorio con asesoría y acompañamiento. “Aquí se juega con la necesidad, con el temor, y las fincas tienen una actitud bastante hostil hacia las asociaciones por el daño a su imagen”, indica. En todo caso, Pinto zanja el asunto: “Este monocultivo funciona en base a la explotación laboral, porque en unos meses se quiere la mayor producción posible y un aumento del PIB tanto a nivel provincial como nacional. Se expolia el medioambiente, pero se quiere que Andalucía sea exportadora a nivel mundial y cuenta con el beneplácito de mucha gente y de los partidos”.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

Más de 14.000 mujeres, principalmente magrebíes –aunque también subsaharianas, rumanas, búlgaras o latinoamericanas–, se trasladan cada año a Huelva, donde se cultivan más del 80% de las fresas españolas, para trabajar en la campaña anual de recogida. Este macronegocio generó 657 millones de euros solo en el primer semestre de 2025.

El sector se sostiene mayoritariamente por estas mujeres, quienes hoy en día son en su mayoría extranjeras. Hasta hace pocos años, este trabajo era realizado principalmente por jornaleros y jornaleras españoles, pero la precarización del sector ha llevado a que muchos trabajadores locales opten por otros empleos y a que los empresarios dependan cada vez más de la mano de obra migrada.

A través del ensayo visual y documental, el reciente filme Strawberry Fields, dirigido por Julia Montilla, explora la situación de las mujeres temporeras y reflexiona sobre los problemas derivados de la agricultura intensiva, como la explotación de los trabajadores o los daños medioambientales.

El documental, que se ha presentado este viernes en Barcelona, ha ganado la 11a edición del Premio de Videocreación de la Generalitat de Catalunya y el Festival Loop. La producción corre a cargo de los ocho Centros Territoriales de Artes Visuales de Catalunya, Santa Mònica, el Departamento de Cultura de la Generalitat y Loop Barcelona.

La obra también plantea una crítica al urbanocentrismo y a las desigualdades existentes entre el mundo urbano y el rural, partiendo de la idea que la historia actual “la suelen escribir las personas que viven en las grandes ciudades”, subraya la directora. El título, que remite a la canción de los Beatles, alude a la percepción distorsionada de la realidad, planteando que “la vida es más sencilla si cerramos los ojos”, tal como cantaba Lennon. No obstante, la película sugiere que la mirada “es un acto político”, cuestionando la “invisibilidad de las jornaleras”.

A lo largo de los años, varias organizaciones han reportado numerosas situaciones de abuso, precariedad e incluso acoso sexual hacia estas trabajadoras temporales del sector de la fresa. La mayoría de las jornaleras son mujeres con hijos, ya que, según Montilla, “así se aseguran de que volverán a su país cuando acabe la temporada de recolección”. El hecho de que la inmensa mayoría de ellas sean mujeres, también recae en “la idea patriarcal de que son más delicadas y cuidadosas, algo relevante para la recolección de frutas como las fresas”.

El documental se centra, principalmente, en explicar la situación actual de las jornaleras extranjeras, aunque también incluye imágenes de archivo sobre temporeras españolas durante la revolución social, el franquismo y la Transición en municipios de Andalucía occidental. De hecho, Montilla destaca que los nuevos migrantes magrebíes, que empezaron a llegar a principios del siglo XXI, “aceptaron condiciones de trabajo que los españoles ya no querían tolerar y esto, en ocasiones, llegó a generar malestar y antipatías con ellos, en vez de con los propietarios, que eran quienes ofrecían este tipo de condiciones”.

Es cierto que el Ministerio de Trabajo cuenta, desde 2002, con el programa GECCO acordado con Marruecos. Este programa no establece un tipo de contrato propio, sino que fija un conjunto de requisitos y garantías para la contratación de temporeras. Por lo tanto, estas trabajadoras firman el contrato agrario general contemplado en la normativa española, y es sobre este contrato donde deberían aplicarse las garantías marcadas por la orden GECCO.

Entre ellas, por ejemplo, se encuentran ofrecer un alojamiento adecuado, organizar los desplazamientos hasta los invernaderos o asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales pactadas. A las jornaleras también se les exigen obligaciones como regresar a su país al finalizar la campaña o no desempeñar otras actividades laborales mientras dure su contratación.

Además, el Ministerio de Igualdad cuenta con una guía específica para la atención y asesoramiento de las trabajadoras migrantes en el contexto de la fresa y los frutos rojos. Allí se concretan los derechos de estas mujeres como trabajadoras y se explica qué deben hacer en caso de vulneraciones.

Sin embargo, Montilla destaca que varios testimonios que entrevistó para el documental aseveran que muchos de estos contratos no están bajo la normativa que establece la orden GECCO y que, por lo tanto, no siempre se garantizan los derechos de estas trabajadoras. El filme documenta casos de mujeres que, aunque tienen derecho a la seguridad social, no van al médico por la falta de medios de transporte, ya que viven en zonas aisladas del campo.

Incluso algunas temen no cobrar por la jornada si se ausentan. De hecho, una testimonio del reportaje explica que enfermó y no recibió la baja correspondiente. Por otro lado, muchos trabajadores viven en chabolas en condiciones insalubres y carecen de transporte adecuado para llegar a los invernaderos.

El documental cuenta todas estas historias a partir de voces de mujeres jornaleras y activistas del campo como Lucía Mbomio, Chadia Arab, Ana Pinto, Najat Bassit o Ana Cabana Iglesia. A través de metáforas visuales y fuentes documentales, Montilla invita a cuestionar un modelo agrícola que, en su opinión “niega derechos a quienes nos proporcionan productos básicos para nuestra alimentación”.

La Guardia Civil ha localizado este jueves en el término municipal de Longares el cuerpo sin vida de una mujer, desaparecida en la tarde del pasado lunes 23 de junio en la localidad de Alfamén. Se trata de una mujer de 61 años de origen ucraniano.

La mujer trabajaba como temporera en una finca de Alfamén. Su cadáver ha sido hallado a pocos kilómetros del lugar de su desaparición. Desde ese momento, se estableció dispositivo de búsqueda, en el que participaron varias patrullas de seguridad ciudadana, el servicio cinológico con perros búsqueda de personas y la Unidad de Seguridad Ciudadana con el uso de drones.

El equipo de Policial Judicial se encuentra en el lugar y el cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para la correspondiente autopsia. La investigación está en curso.

Los trabajadores del sector del champán en Francia están mal pagados y se ven obligados a dormir a la intemperie y robar comida a los vecinos para no pasar hambre, asegura una investigación publicada por The Guardian. Los trabajadores procedentes de África occidental y Europa oriental de la ciudad francesa de Épernay –sede de algunas de las marcas de champán más lujosas y caras del mundo, como Moët & Chandon y Mercier– afirman que los viñedos no les pagan por su trabajo o les pagan menos de lo que les corresponde por ley.

The Guardian ha podido constatar que varios trabajadores duermen en la calle o en tiendas de campaña, dado que los productores para los que trabajan no les proporcionan alojamiento en los viñedos. Otros empleados, alojados en un pueblo cercano, aseguran que se han visto obligados a robar comida a los lugareños porque no pueden comprar provisiones.

El año pasado se exportaron 300 millones de botellas de champán procedentes de los viñedos del norte de Francia, que generaron unos ingresos de 6.000 millones de euros. Sin embargo, la industria del champán se ha visto afectada por una serie de polémicas relacionadas con las condiciones de trabajo de los recolectores de uva. El año pasado, cuatro trabajadores murieron de una supuesta insolación durante el periodo de vendimia. En otro caso –que llegará a los tribunales a principios del año que viene– cuatro personas, entre ellas el propietario de un viñedo, han sido acusadas de tráfico de seres humanos.

En Épernay, las grandes sedes de las marcas de champán más lujosas del mundo se suceden en la avenida Champagne, donde decenas de millones de botellas de champán almacenadas en el subsuelo han llevado a la avenida a ser bautizada como la “calle más rica del mundo”. Pero a pocos minutos a pie, decenas de trabajadores encargados de recoger las uvas de champán se preparan para dormir en la puerta del cine situado frente a la estación central de ferrocarril, mientras otro grupo de recolectores procedentes de países africanos francófonos recogen sus pertenencias escondidas entre los arbustos tras regresar de una jornada de vendimia.

Younis cuenta que lleva tres días trabajando en los viñedos, pero no especifica dónde dormirá esta noche: “Fuera”, dice el hombre. Como muchos otros trabajadores, Youniss llegó a la región atraído por la promesa de un trabajo bien pagado en la vendimia de algunas de las uvas más caras del mundo, durante los meses de agosto y septiembre.

De hecho, la botella de champán más barata no se vende por menos de 25 euros. Otra trabajadora, Nora*, cuenta que la dejaron dormir en un colchón mojado en una tienda de campaña tras las fuertes lluvias caídas durante la vendimia de este año. Según ella, les presionaron para que trabajaran más deprisa. “Todas las noches nos preguntábamos si nos iban a despedir a la mañana siguiente o seguiríamos trabajando en los viñedos”. Según su nómina, cobra menos del mínimo legal en Francia por hora y no le pagan las horas extraordinarias.

Los sindicatos culpan a los viñedos de seguir aceptando ciegamente mano de obra barata y al sector en su conjunto de no prohibir la explotación laboral. Aseguran que algunos propietarios de viñedos intentan justificarse argumentando que están “ayudando a los migrantes africanos” al darles empleo, aunque esté mal pagado.

“Es codicia. Las uvas se venden a entre 10 y 12 euros el kilo, así que es escandaloso tratar tan mal a los trabajadores”, afirma José Blanco, secretario general del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) en la región de Champaña. “Los consideran máquinas y no seres humanos”, lamenta.

Menos del salario mínimo

Kanouté vivía en París cuando le hablaron de “un trabajo en el campo” que prometía 80 euros al día. Originario de Malí, llevaba diez años sobreviviendo con una serie de trabajos mal pagados de limpiador y friegaplatos, así que aprovechó la oportunidad. Pocos días después de empezar a trabajar en septiembre de 2023, Kanouté, de 30 años, dice que él y más de 50 trabajadores –la mayoría de los cuales eran migrantes sin papeles de África occidental– se vieron a sí mismos pasando hambre y viviendo en una casa en ruinas en el pueblo de Nesle-le-Repons, en la ruta turística de Champagne, en el noreste de Francia.

Kanouté relata que solo les daban un bocadillo al día a la hora de comer mientras los llevaban de un sitio a otro entre los viñedos de la zona. Llegaron a estar tan hambrientos que empezaron a robar comida en los campos vecinos del pueblo.

“Trabajábamos duro y nos prometían un sueldo y bonificaciones, pero luego no nos daban nada”, afirma. “Íbamos por las casas de los vecinos llamando a los timbres y pidiendo cigarrillos”. A veces, cuando los vecinos nos veían llegar, cerraban las puertas. “Era un golpe a nuestra dignidad”, añade el hombre.

Sueldos por debajo del mínimo

El salario mínimo legal en Francia es de 9,23 euros la hora tras las deducciones, lo que significa que los trabajadores deberían haber cobrado entre 100 y 110 euros diarios, mucho más de los 80 euros prometidos por los reclutadores. Kanouté afirma que los proveedores acabaron pagándole 200 euros por una semana de trabajo. Al parecer, la mayoría de los otros trabajadores regresaron a París sin haber cobrado por su trabajo.

“Fueron tratados como perros”, afirma un viticultor jubilado que vive frente a la casa de los trabajadores en el pueblo. En su opinión, “los que hacen eso no son viticultores: son explotadores. Es una vergüenza, da mala imagen de la Champagne”.

Los sindicatos afirman que las condiciones en el sector del champán van a peor, y que los proveedores de mano de obra ofrecen malas condiciones y salarios bajos debido a la insistencia de los viticultores en conseguir mano de obra barata. Blanco señala que es difícil responsabilizar a determinadas bodegas de la explotación de los trabajadores, debido a un sistema de “muñecas rusas” en el que “una empresa subcontrata y así sucesivamente”.

En el caso de Kanouté, los vecinos avisaron a la policía. La jefa de un proveedor de mano de obra, dos de sus agentes y uno de los viticultores que recurrían a él han sido acusados de trata de seres humanos, alojamiento inadecuado y remuneración inexistente o insuficiente. Deberán comparecer ante el tribunal en marzo.

La 'ley del silencio'

En Épernay, el personal del cine Palace, que se encuentra junto a la estación de tren, ha asegurado a The Guardian que encontrar a trabajadores durmiendo en el suelo y a la intemperie durante la vendimia era una situación habitual. La docena de migrantes que se encontraron descansando en sus instalaciones, sostienen sólo buscaba un lugar donde resguardarse de la lluvia.

“Este año ha hecho tanto frío que nos íbamos a casa preguntándonos si seguirían vivos por la mañana”, explica Elise, que trabaja en el cine desde hace dos años y afirma que veía minibuses dejando a los trabajadores todas las noches. “Ellos [el ayuntamiento] sólo cambiaban a los trabajadores de sitio porque ahora tenemos muchos turistas, pero deberían encontrarles una casa. Es horrible. Pedimos a nuestro encargado y les dimos palomitas, bebidas gaseosas y M&Ms, pero éramos conscientes de que no les estábamos dando comida de verdad”. 

A pocos kilómetros de Épernay, The Guardian habló con un grupo de trabajadores polacos. Nos contaron que trabajaban 10 horas diarias y nos mostraron contratos de trabajo en los se estipula que les pagan 11,40 euros la hora. Esa cantidad está por debajo del mínimo legal de 11,65 euros la hora antes de deducciones. Según la legislación francesa, los trabajadores deben percibir un 25% más por cada hora extra si trabajan más de 35 horas semanales, porcentaje que se eleva al 50% si trabajan más de 43 horas semanales.

Los sindicatos han pedido a la industria que empiece a añadir un baremo de condiciones laborales mímas a sus estipulaciones sobre lo que se puede verificar como champán. “Cuando denunciamos lo que ocurre en la región, es como fuente ovejuna, impera la ley del silencio. Todo el mundo calla. La imagen del champán es la de un producto de fiesta y de lujo. La gente no quiere pensar en denuncias de tráfico de personas”, afirma Blanco.

En declaraciones a The Guardian, el Comité Champagne ha pedido a las autoridades que intensifiquen los controles y castiguen severamente cualquier abuso. “Cuando se asocian estos términos [trata de seres humanos] a nuestra región, no podemos sino escandalizarnos. Estas prácticas vergonzosas no reflejan el compromiso de una profesión apasionada y debe aplicarse la tolerancia cero”, afirma en un comunicado.

En este sentido, ha recordado a los viticultores que “subcontratar y recurrir a un proveedor de servicios para contratar trabajadores temporales no puede costar menos que el empleo directo. Los precios bajos pueden ser un indicio de prácticas dudosas y deberían encenderles todas las alarmas”.

 *El nombre de Nora no es el nombre real

Artículo traducido por Emma Reverter

Desde hace muchos años, los migrantes vienen a España a trabajar y en la mayoría de los casos con carácter temporal y en muy malas condiciones. Pero durante las décadas de la dictadura franquista y más allá de la transición democrática, hasta los años 90 del siglo pasado, casi cuatro millones de españoles y españolas también fueron temporeros. Fueron migrantes de ida y vuelta. Huyeron de la miseria de su día a día para conseguir un sustento que no podían ganarse en sus pueblos o ciudades.

Unas 100.000 personas al año se desplazaron a Francia, a las labores de la vendimia y a las campañas del arroz y de la remolacha, y a Suiza, a la construcción y a la hostelereía. Lo hacían con contratos para ir y volver, y en estancias que no podían durar más de nueve meses. Otras tantas personas lo hicieron “ilegalmente”, por libre. En total, se movieron casi cuatro millones de personas. En esos países se encontraron con situaciones pésimas de vida y salarios muy bajos, pero muchos de ellos también adquirieron conciencia obrera y comenzaron a militar en el antifranquismo.

Este es parte del ejercicio de memoria histórica que recoge la exposición “Huir de la miseria. Los temporeros españoles en Europa”. Se trata de una muestra crítica y de denuncia social que nace en el seno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Disponible en la sala Acua de Cuenca hasta el 29 de septiembre, su comisario y profesor de la UCLM, Sergio Molina, habla con elDiarioclm.es sobre el objetivo principal de la muestra: “Hay que hacer esa mirada al pasado sobre un problema presente para mostrar que rechazar las migraciones hoy en día es negarnos a nosotros mismos”.

La exposición, que viajará por toda España en los próximos meses, incluye fotografías y documentos acompañados por paneles explicativos que describen las malas condiciones del trabajo y de los viajes, las razones para recurrir a ellos y cómo eran los ciclos de estas migraciones. A la labor de los archivos se suma la colaboración de la ciudadanía, que no solo ha cedido documentación, sino también testimonios.

Sergio Molina comenzó a investigar sobre esta cuestión al darse cuenta de que, dentro de la emigración española hacia Europa durante el franquismo, la temporera estaba “prácticamente olvidada”. Fue así como descubrió la envergadura de estos movimientos de población “de ida y vuelta”: casi 100.000 españoles y españolas al año y casi cuatro millones de personas desde el inicio de la dictadura hasta principios de los años 90.

La importancia de estos movimientos, de esta forma de ganarse el sustento, fue tal, que en zonas como La Safor, en la Comunitat Valenciana, hay barrios residenciales denominados como “de los franceses” porque pudieron construirse con el dinero que los temporeros ganaron en Francia en las labores del arroz.

La exposición se centra en tres ejes. El primero de ellos da a conocer los motivos por los que temporeros y temporeras decidían irse, casi siempre por la falta de recursos básicos para vivir. El segundo bloque aborda cuál era el ciclo de la migración, es decir, desde que se van hasta que vuelven. El investigador e historiador pone al espectador ante un dilema, que es el propio título de la muestra. “Huían de la miseria, sí, pero ¿de qué miseria? ¿La de la España de los años 50, 60 y 70 cuando decae la estructura de la agricultura familiar o también huían de lo que se encontraban en su destino cuando migraban?”

La condiciones, como ahora para los que vienen a España, eran terribles. Vivían en barracas de madera, justo enfrente de los edificios modernos que estaban construyendo. Y en la agricultura, se alojaban en pajares con colchones sin servicios básicos

Sergio Molina pone como ejemplo un reportaje de la revista ‘Interviú’ de 1977 sobre la campaña de la vendimia en Francia. Exponía que debido a las condiciones laborales, muchos llamaban “campos de concentración” a las zonas donde se recogía la uva. Incluso denominaban como “nuevos trenes de Auschwitz” a los convoyes españoles que llevaban a los españoles hasta la frontera: “Muchos eran trenes de madera, sin agua ni luz, en viajes larguísimos. Murió gente en esos trenes”.

“La condiciones, como ahora para los que vienen a España, eran terribles. Vivían en barracas de madera, justo enfrente de los edificios modernos que estaban construyendo. Y en la agricultura, se alojaban en pajares con colchones y sin servicios básicos”.

El tercer eje se centra en la “adquisición de conciencia democrática” por parte de la ciudadanía que emigró para estos trabajos. “En la mayoría de los casos, se trataba del primer viaje que hacían vecinos de toda España fuera de sus pueblos. Esto sirvió para que se dieran cuenta de que podían ir a comprar el pan y hablar de política”, detalla el historiador.

Al mismo tiempo, la investigación ahonda en cómo las formaciones políticas que militaban contra el franquismo en el exilio, principalmente en Europa, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, vieron en estos desplazamientos una “ventana de oportunidades de llevarles sus ideas, porque además esos temporeros volvían a España”.

“Lo hacían a través de reuniones en Francia de cara a septiembre por la vendimia. Iban a las fincas donde sabían que había españoles y allí les informaban sobre la existencia de sindicatos y de posibles subidas salariales. Eso permitió que a partir de los años 70 en numerosos pueblos de España hubiera militantes antifranquistas, que a veces incluso traían propaganda del mundo obrero”.

La importancia de estos documentos y testimonios, agrega el profesor, es que si no se introducen en la historia de España, no se puede tener “una radiografía exacta de lo que era la España de esas décadas de la dictadura, ni tampoco del nacimiento de la cultura democrática”.

De la conciencia obrera al miedo

Un dato muy significativo, de hecho, es que la dictadura franquista, a raíz del renacimiento de la conciencia obrera en estos temporeros, puso sus ojos en ellos con un “intento de control muy exhaustivo”. Para emigrar legalmente debían disponer de un certificado de buena conducta y, además, cuando la emigración aumentó en la década de los años 60, el franquismo se dio cuenta de que podía ser un problema y funda sus “Casas de España” en varios países. El objetivo fue “mantener las tradiciones” y se hizo a través de la Iglesia Católica, con “un montón de curas por toda Europa para evitar que los temporeros contactaran con las redes antifranquistas”.

“Había mucho miedo y eso se ve en los informes sindicales y del Partido Comunista. Pero al final se demostró que el programa totalizador del franquismo fue un fracaso, porque puedes matar personas, pero no ideas. No le puedes poner puertas al campo”.

Es inevitable que esta exposición provoque también reflexiones vinculadas a la actualidad y a las migraciones. “Hay numerosos debates mirando solo al presente cuando el análisis debe ser más completo. Europa en general, pero España más en concreto, es una sociedad de migraciones. Si negamos la migración, nos estamos negando a nosotros mismos, porque somos fruto de ella”.

Para el historiador Sergio Molina, la diferencia es que hoy sucede al revés: vienen temporeros y temporeras a España, pero su situación se encuentra “en el limbo”. “Porque, ¿quién defiende al migrante temporero? ¿El sindicato de su país, que en la mayoría de los casos ni siquiera existe, o los sindicatos de aquí, que solo lo van a hacer con los trabajadores que pagan su militancia?”

“Nadie migra porque quiere. Siempre está vinculado con la huida, por diferentes motivos. Lo que nos hace falta es tener la memoria más larga y ver que si nosotros somos lo que somos es en parte por toda esta emigración que fue crucial en el desarrollo del país. Teniendo eso en cuenta, eso debe ayudarnos a entender las razones por las que la población de otros países emigra y respetar los derechos humanos”, concluye Molina.

Según la investigación, el número de temporeros fue disminuyendo desde 1975 a 1982. Uno de los motivos fue la mecanización de la recogida de la uva. En 1979 existían 919 máquinas en toda Francia, mientras que en 1982 ese número ascendió hasta 3.800. La mejora progresiva de la economía española también provocó que cada año hubiese menos españoles interesados. Fueron sustituidos por temporeros de Marruecos, Túnez y Portugal. Al mismo tiempo, la crisis de los 70 provocó que muchos franceses en paro tuvieran que volver a realizar estas tareas en momentos puntuales.

Con motivo de esta exposición, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha celebrado que estos hechos se den a conocer a través de la muestra, que también cuenta con un libro editado por la universidad y que puede adquirirse de forma gratuita en formato digital.

Desde la Fundación Pablo Iglesias, el responsable de Actividades Culturales, Óscar Martín, ha incidido en la importancia de seguir hablando de las migraciones, haciendo un llamamiento a nuestra historia reciente. Una premisa que ha reforzado el viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno regional, Javier Vicario: “Es importante saber de dónde venimos para conocer dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La migración está en el ADN de nuestra cultura”.

La exposición puede visitarse en horario de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 de miércoles a domingo. El proyecto ha contado con financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de una subvención para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Cuenta con la colaboración del proyecto de investigación “Los otros emigrantes. Trabajadores temporeros en Europa, 1945-2022” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Durante su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, Pedro Sánchez ha alcanzado acuerdos con sus autoridades para impulsar programas de migración circular entre España y los tres países africanos. Su anuncio, basado en la búsqueda de vías de migración legal que el presidente español quiere potenciar como fórmula para reducir las llegadas irregulares a las costas españolas, ha sido criticado por el Partido Popular, alegando que puede causar un “efecto llamada”. 

Estas son unas claves para entender en qué consiste la migración circular por la que apuesta el Gobierno. 

¿Qué es?

La migración circular es un mecanismo que consiste en la contratación de trabajadores en sus países de origen con el objetivo de trasladarlos a España para trabajar durante una temporada en sectores con más dificultades de cobertura de vacantes, como la agricultura y la construcción. Una vez finaliza su contrato -fijo discontinuo-, que no puede durar más de nueves meses cada año, el empleado debe volver a su hogar. 

¿Esos trabajadores pueden volver a España a trabajar?

Sí. La autorización que reciben los trabajadores extranjeros que participan en estos programas tiene una duración de cuatro años, aunque cada año solo pueden trabajar un máximo de nueve meses. “Esto permite que puedan venir todos los años a trabajar, y retornen tras ese periodo con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada”, explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, responsable de poner en marcha y supervisar estos programas. 

¿Estos programas son nuevos?

No. La migración circular existe desde el año 2000, cuando se aprobó la Ley de Extranjería, que reguló lo que se conoce técnicamente como la orden de gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco). Por tanto, gobiernos tanto del PP como del PSOE han utilizado esta fórmula para poner en contacto a trabajadores extranjeros con empresas con necesidad de mano de obra para sectores muy específicos y apoyar su traslado a España durante una temporada específica, con la condición de que estos empleados regresasen a su país de origen.

Hasta hace unos años este tipo de programas se limitaba, salvo excepciones, a ciudadanos marroquíes -sobre todo mujeres- empleados en las campañas de recolección. Destaca como ejemplo los contingentes de mujeres que cada año vienen de Marruecos a Huelva para la recogida de la fresa. 

Con la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2022, fueron modificadas algunas características concretas del modelo de los programas de migración circular. Entre los cambios destaca la simplificación de los trámites, dado que antes los proyectos tenían que tramitarse año a año, y actualmente se hace una vez cada cuatro, reduciendo las cargas administrativas para las empresas y para  las personas migrantes. Tras esta modificación normativa, se ha impulsado la aplicación de esta vía de migración regular.

¿Cómo funciona el procedimiento?

 La Dirección General de Gestión Migratoria es la encargada de ponerse en contacto con la Embajada de España en el país en cuestión, quien pone en conocimiento de las autoridades locales las ofertas de empleo. Si el país considera que puede satisfacer esa demanda, pone en marcha el proceso de selección de trabajadores, detallan desde Inclusión. Las entrevistas se realizan en el país de origen en un proceso suelen estar presente técnicos del Ministerio de Inclusión, además de las empresas correspondientes o asociaciones de compañías de un sector concreto. 

¿Qué pasa después de los cuatro años? ¿Tienen posibilidad de regularizar su situación?

Sí. Si el empleado extranjero cumple con el regreso a su país durante este tiempo, podrá solicitar tras el primer periodo de cuatro años una autorización de residencia y trabajo de dos años en España, con la que podrá trabajar por cuenta ajena y propia.

¿Con qué países se tiene este tipo de programas?

En 2022, se firmaron convenios con países como Marruecos, Colombia, Honduras y Ecuador. En 2023, se amplió a Senegal, Argentina y Uruguay, según explica el Ministerio de Inclusión. 

¿Cuántas personas se han acogido en los últimos años?

En 2022, llegaron a España por esta vía 19.100 trabajadores. En 2023, participaron en el programa 17.200 personas, según los datos de Migraciones. 

¿Por qué lo defiende el Gobierno?

El Gobierno defiende esta vía como “un ejemplo paradigmático de migración regular, ordenada y segura” porque, a su juicio, ofrece una “triple ganancia”. Según detalla el departamento dirigido por Elma Sáiz, el sistema permite “encontrar oportunidades en el extranjero sin romper los vínculos con su país en origen, favorece que empresas encuentren los perfiles cualificados que requieren; y es una herramienta de cooperación y relación entre países a nivel internacional”. 

¿Qué novedad hay tras los viajes de Sánchez?

La única novedad, al menos de lo anunciado Sánchez, es la puesta en marcha de estos programas en países donde hasta ahora no los tenía activos: Mauritania y Gambia. También ha anunciado un pacto para iniciar un nuevo procedimiento de migración circular con Senegal, país con el qué sí ha llevado a cabo anteriormente este tipo de proyectos. 

¿Se han producido algunas denuncias sobre las condiciones en las que trabajan estos ciudadanos extranjeros temporales?

Aunque el proceso de selección y firmas de contratos está supervisado por el Ministerio de Inclusión y la normativa impone una serie de requisitos para garantizar condiciones dignas y el salario mínimo, en algunos programas de migración circular se han producido algunas denuncias de los empleados contratados, ligadas a la falta de información clara en origen sobre las circunstancias de trabajo, lo salarios recibidos o abusos de algunos empresarios que se aprovechan de la vulnerabilidad extra de estas personas.

A inicios de 2022, por ejemplo, algunos empleados trasladados desde Honduras para recoger la fresa en Huelva se quejaron ante la supuesta falta de información clara recibida en su país de origen. Entonces, este medio documentó que varios jornaleros decidieron marcharse y abandonar el programa. También en la misma provincia andaluza, las temporeras de la fresa traídas de Marruecos han denunciado en diversas ocasiones las condiciones laborales que se encontraron a su llegada, así como el trato recibido. Varias empleadas procedentes del reino alauí denunciaron abusos sexuales en 2018.

A nivel laboral, el detalle de las condiciones de trabajo y de alojamiento depende de las empresas participantes, explican las mismas fuentes. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), a través de una subvención del Ministerio de Migraciones, tiene la misión de “verificar que todos esos alojamientos” cumplan una serie de recomendaciones incluidas en la orden que regula el programa de contratación en origen. 

El Ministerio siempre ha defendido que estos casos son puntuales y, en general, los y las participantes finalizan su actividad laboral satisfechos y suelen repetir en las siguientes temporadas. Recuerdan que todas las condiciones de trabajo básicas están reguladas en la normativa que rige estos programas y, de ser vulneradas, le corresponde controlarlo a Inspección de Trabajo. También vigilan su cumplimiento sindicatos como UGT y Comisiones Obreras.

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat avui la “dimissió immediata” del portaveu de Vox a la institució insular, Antoni Gili, després de conèixer les informacions publicades a elDiario.es sobre un presumpte cas d'explotació laboral a l'empresa Terracor.

Alzamora ha reprovat de manera categòrica la conducta del conseller i ha assenyalat que “comportaments d'aquest tipus inhabiliten qualsevol polític per a l'exercici de les seves funcions de servei públic”. Segons el portaveu ecosobiranista, “Gili no pot continuar ni un segon més com a membre de la corporació insular”. Per tant, ha remarcat, “Gili no té cap altra sortida que dimitir i deixar la seva acta de conseller electe”.

Des de la formació ecosobiranista han instat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a sumar-se a la petició de dimissió i han assegurat que el PP “no pot continuar sustentant el seu govern al Consell amb el suport de Gili”. “La presidència del Consell ha d'actuar amb dignitat i no pot permetre que el càrrec se sustenti amb el vot d'un conseller que actua d'una manera impròpia de qualsevol persona i més quan s'exerceix un càrrec públic”, han remarcat.

En la mateixa línia, des del PSIB reclamen explicacions al portaveu de Vox al Consell “sobre el presumpte cas d'explotació laboral a immigrants dins de la seva empresa”, situació que han qualificat d'“intolerable”. La consellera del Grup Socialista Juana M. Adrover ha instat Galmés a “no posar-se de perfil”, ja que “exigeixi aclariments al seu soci de govern al Consell”.

Adrover ha agraït la ràpida reacció del Govern central després que la ministra Elma Sáiz hagi anunciat l'inici de les investigacions pertinents de la Inspecció de Treball per aclarir la situació d'aquests treballadors estrangers en finques agràries de Mallorca.

Juana M. Adrover ha recordat “els discursos d'odi de Gili al Consell, i el tracte als estrangers immigrants com si fossin delinqüents, convidant-los a marxar de Mallorca, mentre que s'aprofita i els explota dins de la seva empresa”, asseverant que Gili compatibilitza la seva activitat professional amb la dedicació parcial com a portaveu del grup Vox al Consell de Mallorca, “una tasca per la qual es va veure incrementada la seva remuneració a principis de la legislatura en 20.000 euros anuals, en aprovar Galmés la seva retribució parcial del 50 al 75%”.

Des de l'oposició han mostrat la seva solidaritat amb els treballadors afectats i han lamentat que fets com aquests “embruten el sector dels camperols a Balears, que des de fa anys treballa amb l'objectiu de garantir unes condicions dignes i justes”.

Després de la publicació del reportatge, Terracor ha emès un comunicat en què assenyala que el grup sempre ha posat el seu afany “a complir amb la normativa vigent” i que compta amb “l'aval” d'Unió de Pagesos. Així mateix, asseguren que l'empresa s'ha “somès i superat” verificacions dels allotjaments de temporers per part de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Guanyadors (COAC). Tot i això, no concreten si les instal·lacions revisades van ser les mateixes a què fa referència el reportatge d'elDiario.es. Per part seva, Gili ha assegurat que no és soci de l'empresa des del mes de juliol passat.

El portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha pedido hoy la “dimisión inmediata” del portavoz de Vox en la institución insular, Antoni Gili, tras conocer las informaciones publicadas en elDiario.es sobre un presunto caso de explotación laboral en la empresa Terracor.

Alzamora ha reprobado de manera categórica la conducta del conseller y ha señalado que “comportamientos de este tipo inhabilitan a cualquier político para el ejercicio de sus funciones de servicio público”. Según el portavoz ecosobiranista, “Gili no puede continuar ni un segundo más como miembro de la corporación insular”. Por lo tanto, ha remarcado, “Gili no tiene otra salida que dimitir y dejar su acta de consejero electo”.

Desde la formación ecosoberanista han instado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a sumarse a la petición de dimisión y han asegurado que el PP “no puede continuar sustentando su gobierno al Consell con el apoyo de Gili”. “La presidencia del Consell tiene que actuar con dignidad y no puede permitir que su cargo se sustente con el voto de un consejero que actúa de una manera impropia de cualquier persona y más cuando se ejerce un cargo público”, han remarcado.

En la misma línea, desde el PSIB reclaman explicaciones al portavoz de Vox al Consejo “sobre el presunto caso de explotación laboral a inmigrantes dentro de su empresa”, situación que han calificado de “intolerable”. La consellera del Grupo Socialista Juana M. Adrover ha instado a Galmés a “no ponerse de perfil” y a que “exija aclaraciones a su socio de gobierno en el Consell”.

Adrover ha agradecido la rápida reacción del Gobierno central después de que la ministra Elma Sáiz haya anunciado el inicio de las investigaciones pertinentes de la Inspección de Trabajo para esclarecer la situación de éstos trabajadores extranjeros en fincas agrarias de Mallorca.

Juana M. Adrover ha recordado “los discursos de odio de Gili en el Consell, y el trato a los extranjeros inmigrantes como si fueran delincuentes, invitándoles a marcharse de Mallorca, mientras que se aprovecha y los explota dentro de su empresa”, aseverando que Gili compatibiliza su actividad profesional con la dedicación parcial como portavoz del grupo Vox en el Consell de Mallorca, “una labor por la que se vio incrementada su remuneración a principios de la legislatura en 20.000 euros anuales, al aprobar Galmés su retribución parcial del 50 al 75%”.

Desde la oposición han mostrado su solidaridad con los trabajadores afectados y han lamentado que hechos como estos “ensucien el sector del campesinado en Balears, que desde hace años trabaja con el objetivo de garantizar unas condiciones dignas y justas”.

Tras la publicación del reportaje, Terracor ha emitido un comunicado en el que señala que el grupo siempre ha puesto su empeño “en cumplir con la normativa vigente” y que cuenta con “el aval” de Unió de Pagesos. Asimismo, aseguran que la empresa se ha “sometido y superado” verificaciones de los alojamientos de temporeros por parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores (COAC). Sin embargo, no concretan si las instalaciones revisadas fueron las mismas a las que hace referencia el reportaje de elDiario.es. Por su parte, Gili ha asegurado que no es socio de la empresa desde el pasado mes de julio.

Este año, la industria agroalimentaria en Andalucía ha batido un nuevo récord de exportaciones facturando un total de 2.916 millones de euros, datos que corresponden solo a los meses de enero y febrero. Pese al prestigio que se asocia a este sector, es también conocido que el mismo protagoniza la vulneración de los derechos humanos y laborales de las personas temporeras que trabajan en el campo cada campaña, así como por tener un gran impacto negativo en el medio ambiente al contaminar los acuíferos, por el alto uso de pesticidas y la deforestación de los espacios. Valga la pena señalar que esa vulneración ha sido ampliamente denunciada por la APDHA y otras organizaciones desde hace más de una década.

En 2023 el Instituto de las Mujeres publicó una campaña de información sobre las trabajadoras del sector amparándose en su boletín “Retratos de la Precariedad. Temporeras de la fresa en Huelva”, lo que supuso un impulso significativo en la visibilización de su situación.

Desde el 19 de enero, un total de 13.825 trabajadoras y trabajadores han llegado a la provincia de Huelva procedentes de los diferentes contingentes que se contrataron para el mercado laboral del sector fresero. Si bien desde hace algunos años se han vinculado otros países a esta modalidad de “migración circular”, como Honduras, Ecuador y Colombia, sigue teniendo mayor peso el número de mujeres que vienen de Marruecos, quienes este año alcanzaron la cifra de 12.916. Estas mujeres vienen amparadas bajo la orden de la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), la cual tuvo algunas modificaciones el año pasado, como la de que los contratos se hacen bajo la modalidad de fijo discontinuo durante un período de cuatro años renovable, con un máximo anual de estancia de nueve meses, generando mayor estabilidad laboral para ellas.

En la elaboración de esos planes no se tuvo en cuenta a las personas que allí habitan ni a las organizaciones que tienen un trabajo continuo con ellas, por otra parte, tampoco han propuesto alternativas habitacionales claras

Si bien hasta ahora nos hemos referido solo a las mujeres que están amparadas bajo una Orden emitida dese el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no hay que olvidar que otro grupo de estas trabajadoras vive en asentamientos de infraviviendas dispersos por la provincia, en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, por señalar los más conocidos, donde carecen de las condiciones mínimas como electricidad, agua potable o gestión de residuos, y cuya propia vida se ve amenazada por la posibilidad de un incendio.

La puesta en marcha de los Planes de Erradicación del Chabolismo en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto y Moguer, no deja de ser una manera de desviar la permanente vulneración de los derechos básicos de estas personas, que son además trabajadoras. En la elaboración de esos planes no se tuvo en cuenta a las personas que allí habitan ni a las organizaciones que tienen un trabajo continuo con ellas, por otra parte, tampoco han propuesto alternativas habitacionales claras.

Estos casos ilustran la crueldad de un sistema que explota la vulnerabilidad de estas trabajadoras para su propio beneficio, exponiéndolas a la precariedad laboral y a las condiciones de vida inhumanas y que, además, contamina los recursos naturales de toda la provincia, contribuyendo con este modelo productivo al enriquecimiento de unos pocos y al empobrecimiento del territorio y las personas que viven y trabajan en él.

La APDHA en Huelva ha estado trabajando directamente con estas mujeres en las fincas y visitando los asentamientos, donde ha recopilado algunos testimonios de abusos y violaciones de derecho

Es bien conocido en Huelva el impacto medioambiental de este modelo de cultivo intensivo, ya que muchos de los campos de fresa de la provincia ocupan una importante extensión en el Parque Nacional de Doñana. Pero la contaminación del agua, sumada a su escasez, afecta de manera especial a las mujeres temporeras, que, al no disponer de agua potable en sus viviendas, lo que implica que después de arduas jornadas laborales deben andar kilómetros para poder asearse, beber o cocinar.

La APDHA en Huelva ha estado trabajando directamente con estas mujeres en las fincas y visitando los asentamientos, donde ha recopilado algunos testimonios de abusos y violaciones de derechos como la falta de atención sanitaria adecuada que, bajo la excusa de la barrera idiomática, es uno de los más habituales. Asimismo, en algunos de los testimonios que recopilamos de una finca en Cartaya, un grupo de mujeres comentaban cómo el manijero no les permitía beber, argumentando que el agua era escasa y que ellas estaban acostumbradas por el ayuno que hacían durante el Ramadán. 

Desde la APDHA insistimos en que es imperativo que se implementen medidas urgentes para asegurar el respeto de los derechos humanos, laborales y ambientales de todas las personas empleadas en el sector agrícola. Esto es especialmente crucial para aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y están expuestas a múltiples factores de desigualdad. La protección de estos derechos no sólo es una cuestión de justicia social, sino también de preservación de la salud pública y del medio ambiente para las generaciones futuras.

Una de ellas es menor de edad y sufrió un aborto por la explotación laboral. Otra se lanzó desesperada desde la ventana al ver que no podía mandar dinero a su familia como creía que podía hacer cuando marchó de su país. La Policía Nacional ha ofrecido este miércoles más detalles de la operación avanzada el día anterior en la que se han liberado a 21 víctimas de explotación laboral en el ámbito agrícola, tanto hombres como mujeres, y se ha detenido en las localidades sevillanas de Brenes y Cantillana a 15 responsables de trata de seres humanos, tres de los cuales están en prisión preventiva. Durante más de un año y medio los agentes, en coordinación con la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía de Sevilla y la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía y del Ayuntamiento de Brenes, han trabajado en la desarticulación de una organización criminal que mantenía en condiciones de insalubridad a sus víctimas, sin poder comer, beber ni asearse.

Las fincas donde estas víctimas eran explotadas estaban repartidas por toda la provincia de Sevilla. Según han expuesto en rueda de prensa el jefe del grupo segundo de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Sevilla, Fernando González y jefe del grupo tercero de la Brigada de Trata de Seres Humanos, Luis García, los dueños de esas fincas no tenían constancia de que estas personas estuviesen siendo explotadas, ya que la organización criminal había creado una serie de sociedades pantalla para dar apariencia de legalidad. Los agentes han destacado la profesionalidad de la organización, cuyo líder tenía un controlador de víctimas que vivía en sus mismos domicilios para que no salieran a la calle y no fueran encontradas por la Policía.

La jornada laboral de las víctimas empezaba a las 6.00 de la mañana cuando un coche las recogía. La vuelta, hacia las 20.00. En ese tiempo no tenían descansos ni podían comer. Muchas de ellas se veían obligadas a coger la comida de los contenedores para poder sobrevivir. El dinero que los propietarios de las fincas pagaban a la organización para que se hiciera cargo de los sueldos de sus empleados se los quedaba el clan.

15 víctimas durmiendo en el suelo de una habitación

Se trataba, según los investigadores, de una organización criminal compuesta por el líder de un clan familiar que tenía dos núcleos y que controlaban, paralelamente, la captación y el traslado de las víctimas. Las víctimas normalmente eran atraídas por redes sociales a través de falsos anuncios de empleo en los que se les ofrecían unas condiciones de trabajo que resultaban ser falsas. El líder de la organización, según han dicho los responsables policiales, ya fue detenido en el año 2022 por una operación similar.

Cuando las víctimas se mostraban interesadas en esos puestos de trabajo se les trasladaba desde su país de origen hasta España, siendo la mayoría procedentes de Moldavia y Rumanía. En el trayecto le retenían la documentación y los alojaban en casas ocupadas, donde dormían en el suelo y por las que muchas tenían incluso que pagar. Llegaron a acumularse 15 personas en una misma habitación. Situada la organización se procedió a realizar siete entradas y registros de forma simultánea en la provincia de Sevilla.

Me refiero a los trabajadores del campo.

Los asalariados, los que trabajan con los agricultores y ganaderos, los que sacan adelante las cosechas, las producciones ganaderas, incluso los productos agroalimentarios que se obtienen en la industria transformadora, en nuestros pueblos.

¿Qué sería de nuestro sector agrario sin ellos? Son el eslabón más frágil, más precario, de la cadena agroalimentaria. Tanto que, en ocasiones, incluso se les excluye y se empieza dicha cadena por los agricultores y ganaderos, para acabar en los consumidores, pasando por la industria y la distribución. Pues no, el primer eslabón es el de los trabajadores del campo.

Muchos de ellos son extranjeros, que nos ayudan, llevando a cabo tareas duras, apoyando el modelo de agricultura y ganadería familiares, recogiendo frutos rojos en el suroeste de la península, vendimiando en La Mancha, recogiendo la aceituna en Andalucía o la fruta en Aragón y Cataluña, por citar algunos ejemplos.

Los trabajadores del campo son, pues, imprescindibles. Es el eslabón de la cadena que más atención necesita, el que más hay que defender y proteger. La reciente reforma laboral o la propuesta, ya encima de la mesa, para modificar la regulación del subsidio por desempleo, dignifican el trabajo de estas personas, mejorando su calidad de vida y sus derechos.

Los empresarios del campo, los agricultores y ganaderos, han demostrado su compromiso con sus trabajadores y cumplen la ley, haciendo de nuestro sector agrario un ejemplo en el mundo en lo que a derechos y condiciones laborales se refiere.

Hay que combatir, desde el propio sector, a quienes no respetan los derechos laborales, el salario mínimo o las condiciones de habitabilidad digna

Pero hay quien incumple. Y no puede tolerarse. Hay que combatir, desde el propio sector, a quienes no respetan los derechos laborales, el salario mínimo o las condiciones de habitabilidad dignas que deben tener los lugares en los que residen estas personas durante las campañas de recogida o en cualquier momento del año. Y la administración debe estar vigilante. Tolerancia cero.

Y, además, a los incumplidores se les deben quitar las ayudas. Excluirles del sistema. Por primera vez, esto va a poder ocurrir a partir de 2025 con la llamada “condicionalidad social” de la PAC, de tal forma que los que no cumplan con los derechos laborales de los trabajadores no cobren las ayudas. Parece obvio, pero no sucedía.

Hemos avanzado, pero todavía queda mucho por hacer en este terreno. Estos trabajadores son personas imprescindibles en nuestra sociedad, sin los cuales no podríamos alimentarnos con los productos de nuestro campo. Ahora que se habla tanto de España, ellos son de los que construyen España cada día.

En estas fechas cercanas a la Navidad, en la que nos gusta celebrar con los excelentes alimentos de nuestra dieta mediterránea, conviene acordarse de ellos, de los trabajadores del campo, sin los cuales la cadena agroalimentaria no sería posible.

A todo ellos, muchas gracias. 

El Colectivo Sin Fronteras de Albacete ha querido mostrar desde arriba uno de los asentamientos de personas temporeras que se mantienen en Albacete para denunciar de nuevo la situación en la que se encuentran. Concretamente, ha hecho público un vídeo a vista de dron del asentamiento de Las Peñas.

“Este podría ser cualquier campo de refugiados en Turquía o Serbia, pero es Albacete. Un asentamiento chabolista al lado de la ciudad, donde cientos de personas vivimos en condiciones infrahumanas”, afirma en la voz en off del vídeo una de las personas que allí residen.

Este colectivo pone el acento otra vez en sus condiciones insalubres. “Nos preguntamos por qué en Albacete hemos decidido mirar para otro lado, levantar muros que impidan a ciertas personas convivir y compartir. ¿Por qué como sociedad no aplicamos los valores fundamentales como la igualdad y la fraternidad? Esa que esperaríamos para nosotras, para los nuestros. Migrar sigue siendo un derecho, tener una vida digna también”, afirma.

“Puede que, si lo miras desde arriba, no apartes la vista. A vista de pájaro no puedes ver sus caras, ni hablar con ellos, pero puedes intentar imaginar cómo es la vida ahí abajo, donde los muros también están. Fíjate bien: no es un hormiguero, son personas sobreviviendo, mientras esperan una oportunidad”.

Colectivo Sin Fronteras lleva cuatro años denunciando la situación de este asentamiento y de la condicones en las que viven entre 300 y 400 personas temporeras que acuden cada campaña, cada año, a trabajar, recogiendo “gran parte de lo que se pone en nuestras mesas”. Esta asociación ha censado y actualizado la situación cada año, ha mostrado el entorno insalubre y peligroso del asentamiento y ha trasladado el interés de estas personas “de vivir de otra manera asumiendo un coste mínimo”.

“Hemos pasado estudios, propuestas y ejemplos a las diferentes administraciones y en los órganos competentes en nuestra ciudad de cómo funcionan bien en otras ciudades y países las campañas para las personas temporeras. No nos cansaremos, no bajaremos los brazos, seguiremos siendo su voz y estamos convencidas que con voluntad política e institucional, con apoyo de las diferentes organizaciones y colectivos, lograríamos que está violación constante de los derechos humanos en Albacete se eliminaría por completo”.

Sabe mejor una fresa si te la comes con los ojos cerrados, ñam, ñam. Y lo mismo si se trata de un pepino o un tomate, no hay color: mucho mejor con los ojos cerrados. Ñam. O un filete de cerdo, un muslo de pollo, un huevo frito. Ñam. Todo sabe mejor si cierras los ojos al comerlo. Sabe mejor, y es más barato. Porque no hablo de esos restaurantes de “experiencia” donde te vendan los ojos para excitar tus papilas gustativas, ni de juegos gastroeróticos de pareja: me refiero a comer sin ver lo que comes, sin leer la etiqueta, sin conocer su procedencia, sin saber cómo se ha producido.

Alimentarse a precios razonables obliga a diario a cerrar los ojos. No mirar, no preguntar, no leer la letra pequeña, confiar en que las autoridades hagan su trabajo y todo sea legal, limpio, sostenible, incluso ético. Ojos que no ven, bolsillo que no siente. Alimentarse a precios razonables —e incluso a esos precios ya disparados por la inflación o los manejos de intermediarios— implica hacerse el tonto, sorprenderse cuando de vez en cuando sale una noticia, una denuncia de ONG o sindicatos, una campaña de consumidores europeos, y de pronto te enteras de que detrás de tu fresa, tu tomate o tu pollo ¡hay explotación laboral y contaminación ambiental! Alimentarse a precios razonables exige también olvidarnos después de enterarnos.

Acaba de llegar a España una delegación de diputados alemanes con ganas de saber cómo se producen las fresas que llegan a sus supermercados. Vienen con el ruido de fondo de una campaña en su país que llama a boicotear “las fresas de la sequía”, por el impacto de estos cultivos intensivos en plena escasez de agua, y su posible daño a Doñana, tras el plan de la Junta de Andalucía de legalizar pozos. A cambio, la campaña recomienda comprar solo productos locales y en temporada. Poca broma con los consumidores alemanes, que están más concienciados con la sostenibilidad que nosotros, y de vez en cuando abren los ojos, y pueden dejar de comer productos de Huelva o de Almería, por baratos que sean.

Los diputados alemanes quieren entrevistarse con administraciones, asociaciones de agricultores, organizaciones ecologistas y científicos. No tengo muy claro si visitarán la zona, y si lo harán acompañados o por libre. Cuidado ahí, no sea que algún diputado se meta por el camino equivocado y, más allá de Doñana, acabe encontrando no un pozo ilegal sino un asentamiento miserable donde malviven cientos de temporeros, un grupo de mujeres inmigrantes explotadas sexualmente, o incluso un poblado chabolista ardiendo. Que mucho hablamos del impacto ambiental de ciertos cultivos, y se nos olvida que en el precio (barato) va incluido a menudo el sudor, el dolor, la dignidad (y hasta la vida) de mujeres y hombres. También ahí sabemos cerrar los ojos bien fuerte, que nada nos amargue (ni nos encarezca) lo que comemos.

Recuerdo una película documental de hace años, Nuestro pan de cada día, precisamente alemana. Fascinante e hipnótica, mostraba con frialdad y belleza visual el origen de todo lo que comemos: invernaderos, granjas, mataderos, piscifactorías, plantas de procesado… Pero todo muy “alemán”: completamente tecnificado, frío y aséptico, con muy poca presencia humana, lleno de máquinas que fumigaban, sembraban, recolectaban, alimentaban animales, despiezaban… Pensé en qué película tan marciana, y qué diferente si la hubiesen rodado en el sur de Europa, metiendo la cámara bajo los invernaderos. O si aun se fuesen más al sur, allá de donde viene buena parte de la fruta y verdura que comemos en España, y que también sabe mucho mejor con los ojos cerrados.

Ante las denuncias periódicas de organizaciones de otros países (o de la mismísima ONU) y las visitas de diputados, podemos ponernos en plan “español muy español”, defender nuestros productos, acusar a los alemanes de querer en realidad beneficiar a sus propios agricultores, y exhibirnos en redes sociales comiendo fresas y pepinos con orgullo y una bandera al lado. Es decir, podemos seguir cerrando los ojos. O podemos nosotros también preguntar, denunciar, exigir que se cumplan cuanto antes los protocolos, y se respeten los derechos laborales y los derechos humanos además de la sostenibilidad ambiental. Y por supuesto, comprar productos de proximidad y de temporada. Que cuesta más dinero y más tiempo, qué me van a contar. Buen provecho.

El incendio que asoló parte del asentamiento conocido como Casa Grande en Albacete a finales de abril, es tan sólo el último de los episodios de un problema que lleva décadas sin resolverse. Son varios los asentamientos chabolistas que se pueden ver en la capital albaceteña, y que crecen especialmente en verano con la llegada de temporeros para faenar en labores del campo.

Pero la población que vive en estos asentamientos no responde solo al perfil del temporero, explica Cheikhou Cisse, presidente del Colectivo de Apoyo al Inmigrante en Albacete. “Desde 2007 visitamos los asentamientos y llevamos comida y ayuda”, resalta. La problemática une la precariedad de las chabolas, con la falta de condiciones de salubridad adecuada, infraestructuras seguras y el rechazo social que provocan estos asentamientos. 

Varias entidades sociales de Albacete convocaron una concentración para pedir una solución tras calcinarse unas 15 chabolas en la carretera que va hacia la localidad de Peñas de San Pedro. En el asentamiento en cuestión se encontraban viviendo principalmente personas de Mali y Senegal, la mayoría trabajadores del campo. Los incendios son algunos de los problemas reincidentes en los asentamientos.

No hubo víctimas, pero el colectivo Sin Fronteras Albacete advertía de que puede haberlas en “cualquier momento”. Para intentar evitar futuras desgracias, han pedido un plan de alojamiento digno de manera “urgente” y aunque consideran las medidas que se han tomado a nivel institucional como “buenas noticias”, también las tachan de insuficientes.

Infraviviendas sin luz, sin agua potable, sin cocina, sin baño. En 2023 en Albacete hay personas que siguen viviendo así, han advertido los colectivos que aseguraban en la concentración que los derechos humanos “mínimos” se ven vulnerados.

Los prejuicios impiden mucho el acceso a la vivienda

Juani García — Concejal del Ayuntamiento de Albacete

¿Qué dicen las instituciones? 

Juani García, concejala de Atención a Personas del Ayuntamiento de Albacete, recuerda que el Consistorio ofreció el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar de Albacete, tras el suceso, para quienes quisieran alojarse en ese espacio. “Al final no vino nadie porque no lo estimaron o no lo necesitaron”, añade la concejala. También recuerda que desde 2020, año de la crisis sanitaria, se puso en marcha el equipo de Integración Social de la ciudad con profesionales de los servicios, trabajadoras o educadoras sociales entre otros que trabajan con personas en exclusión severa. 

“Se trabaja a diario, sobre todo con los asentamientos fijos. Luego están otros núcleos que se crean por los nudos de comunicación que tiene nuestra ciudad donde se asientan, por lo general, varones jóvenes de origen subsahariano en busca de trabajo”, explica García. Durante la pandemia, la situación en los asentamientos se tornó aún más complicada, con brotes masivos de coronavirus que obligaron al confinamiento de las personas que vivían en ellos. 

A los brotes de coronavirus, que afectaron a decenas de personas, se sumaba entonces la demolición de las naves de la carretera a Peñas de San Pedro, lo que dejó a otras tantas personas sin referencia habitacional. Algunos tuvieron que vivir de manera temporal en tiendas de campaña. 

Desde el Ayuntamiento indican que la competencia no es sólo del Gobierno municipal, sino que implica a otras administraciones. La concejala apunta al Gobierno central a través de la Ley de Extranjería, argumentando que se podría introducir y flexibilizar un permiso temporal para la campaña para las personas que vienen en situación irregular. “Esto facilitaría mucho los problemas como el de vivienda”.

“Los prejuicios impiden mucho el acceso a la vivienda por lo que se ha trabajado mucho en sensibilizar a la población como a empresarios. Por ello se han creado ordenanzas en la ciudad y en la provincia para ordenar las formas de vivir de estas personas y poder generar recursos”, defiende García. 

La concejala señala que los terrenos en los que se encuentran los asentamientos no son municipales y que, según lo indica la legislación vigente, “no puedes ir y quitarles lo que tienen”. “No es la solución”, resalta. Más allá de ofrecerles asesoramiento o puntos de agua potable cercanos, información o intentar mantener los entornos lo “más limpios posibles”. “No podemos intervenir mucho más por ser un terreno privado”, zanja la concejala.

Alojamiento temporal: “¿Dónde pones el límite?”

Este es el tercer año que el Ayuntamiento de Albacete pone a disposición el recurso del alojamiento temporal del seminario con la colaboración del Obispado y Cáritas junto con el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar que está disponible todo el año. “El pasado año atendimos hasta 80 personas. En el centro hay plazas disponibles en estos momentos”. Lo que se puede ofrecer se hace en base a una estimación de empresarios agrarios, hectáreas y el producto para conocer cuántas personas son necesarias. “Así se puede estimar las plazas porque si no, ¿dónde pones el límite?”.

Para la campaña de este 2023 se pondrá de nuevo el recurso de alojamiento temporal del seminario y el Centro de Atención, para unas ochenta personas. Se trata de un “éxito”, porque se le da “atención individualizada”, destaca la edil. García asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pedido información para poder replicar este modelo en otros lugares de España.  Lo que quiere el Ayuntamiento es poner en marcha un Centro de Integración para personas temporeras, que tenga una capacidad para unas 100 personas.  “Espero con suerte que siga adelante este proyecto y de cara a dos años lo podamos tener”, añade. Se ubicará cerca del albergue en el entorno de la calle Alcalde Conangla. El tejido social ha valorado positivamente esta iniciativa, pero también resaltan que para esta campaña sigue sin haber una alternativa habitacional suficiente. 

Personas con tarjeta de residencia de más de 10 años

El Colectivo de Apoyo al Inmigrante visita los asentamientos por lo menos una vez cada quince días, tanto los de población subsahariana, como de otros orígenes, esencialmente población rumana. Albacete, explica el presidente de ACAIM, Cheikhou Cisse, es un punto fundamental para la población temporera, que empieza a llegar con la recogida del ajo y se queda hasta la vendimia. No sólo trabajan en la provincia, sino que incluso llegan hasta Valencia o Murcia y vuelven hasta Albacete para dormir. “Esto resulta más sencillo para los trabajadores, precisamente por los asentamientos”, señala. Desde el colectivo calculan que viven entre 100 y 150 de manera fija en estos lugares, pero que en verano puede llegar incluso a las 600.

No se puede seguir consintiendo, hay que buscar una solución urgente a este grave problema de los temporeros migrantes, que mal viven debido a las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran

Cheikhou Cisse — Presidente de ACAIM

“El problema es que es muy difícil conseguir una vivienda de alquiler y a algunos se les deniega, por lo que están obligados a vivir ahí”, detalla Cisse. Pero en los asentamientos no sólo viven personas que trabajan como temporeras, sino que también se puede encontrar personas sin hogar que tienen documentos de residencia de larga duración hace ya más de diez años. “Ellos viven todo el año, pero los temporeros están entre 3 a 5 meses”, recalca.

Algunos prefieren vivir en la calle, en estos asentamientos. Otros, explica, lo hacen mientras se regulariza su situación. ACAIM valora los avances que se han vivido para mejorar la vida de quienes viven en los asentamientos, pero Cisse recalca que todo es “demasiado lento”.

“No se puede seguir consintiendo, hay que buscar una solución urgente a este grave problema de los temporeros migrantes, que mal viven debido a las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran”, han advertido desde CCOO, especialmente tras el incendio de finales de abril. El sindicato a solicitado al Ayuntamiento que agilice “todos los trámites necesarios para que se habilite ya el Convenio para el uso del Seminario y sus plazas para migrantes, así como la construcción del edificio para personas migrantes que recientemente se ha anunciado por el equipo de gobierno local”

Además, han recordado que la Ley les obliga [a los empresarios] “a proporcionar una vivienda digna a quienes contraten para las tareas del campo, con lo que se reduciría casi en su totalidad la situación de precariedad y vulnerabilidad que existe en estos asentamientos de infraviviendas”.

¿Cuántos temporeros vendrán en esta campaña?

Aunque el año pasado se contrató a más de 9.000 personas temporeras para la campaña del ajo, que es la primera de Castilla-La Mancha, la previsión es que en 2023 no se pase de las 7.000. Así lo señalan desde ASAJA Cuenca a elDiarioclm.es. Miguel Esponera, secretario de administración de UPA Castilla-La Mancha, tiene claro que este año se ha producido una reducción de siembra en el ajo. “La siembra se ha reducido en un 14%, además en la última Mesa Nacional del Ajo nos han informado que también hay en estos momentos una enfermedad del ajo que está mermando las cosechas. Hay incertidumbre y parece que no es muy halagüeño lo que nos espera”, ha señalado.

Todo ello se suma a la sequía y que “al no haber agua también puede haber reducción en el agua de riego, y estos golpes de calor le hacen daño, no sabemos cómo irá la cosa”, aventura. La campaña en Castilla-La Mancha también está condicionada por la de Córdoba ya que los temporeros se dirigen primero a recoger la cosecha en la provincia andaluza y luego suben a Castilla-La Mancha, por lo que, según Esponera, “si se retrasa Córdoba nos fastidia aquí”. No obstante, parece que este año la cosecha se va a adelantar.

En el caso del ajo, la mayoría de los jornaleros que llegan proceden de Rumanía, y vienen con alojamiento, e incluso en muchos casos se viene no sólo el trabajador sino toda su familia y ya tienen su alojamiento. Las explotaciones tienen obligación de proporcionar al trabajador, a las cuadrillas que llegan a la recogida el alojamiento, y en el caso de estas personas que vienen con la familia, en muchos casos el agricultor contratante hace de intermediario para encontrarles una casa, asegura Esponera.

A lo largo de la mañana de este martes han recibido el alta siete de las temporeras marroquíes ingresadas en distintos hospitales de Huelva y Sevilla, tras el accidente de autobús registrado este pasado lunes cuando acudían a trabajar a la recogida de una empresa hortofrutícola de Almonte, y que se saldó con una mujer fallecida y 39 heridas de diversa consideración. De esta forma, según ha informado la Junta de Andalucía, en la actualidad quedan otras diez personas hospitalizadas.

De todas ellas, tres se encuentran en estado grave, pero en situación estable: una de ellas permanece en el hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense, otra en el hospital Macarena también de Sevilla y una tercera ingresada en UCI del Juan Ramón Jiménez de Huelva. El resto de las personas heridas, entre las que figura el conductor del vehículo siniestrado, están en las áreas de observación de diferentes centros hospitalarios de las dos provincia citadas.

Al respecto, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno de la administración andaluza que estas tres personas están “estables dentro de la gravedad”, así como ha deseado “pronto restablecimiento” a las heridas, mandando el “apoyo y solidaridad” del Gobierno andaluz a “familiares, compañeros y amigos” de la mujer fallecida.

Recate “complejo”

En este mismo sentido, Sanz ha mostrando “nuevamente” las condolencias del Gobierno andaluz por la muerte de la trabajadora temporera en Almonte, a la que se ha referido como “la peor noticia” en el Día Internacional de los Trabajadores que se celebraba ese mismo lunes y ha recordado que otras 39 personas resultaron heridas con motivo de este accidente de autobús.

Por otra parte, el consejero ha agradecido el trabajo de los dispositivos que “prestaron servicio de manera muy rápida, en un momento muy complicado”, destacando que fueron activados “tanto los bomberos y la Policía Local, como los dispositivos sanitarios y el 112” y “su reacción fue fundamental, dado que era muy complejo el rescate” al haber volcado el autobús.

Cuerpo de la mujer fallecida

Asimismo, ha apuntado que “ante este tipo de circunstancias” la Junta siempre “se pone a disposición”, toda vez que ha señalado que las cuestiones consulares “son de ámbito del Estado y corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores” y que, “en el ámbito también de la competencia de la Secretaría General de Acción Exterior de su Consejería” se presta “siempre cualquier colaboración que se solicite”, así como el dispositivo de la Consejería de Igualdad “para la atención social y también psicológica del resto de afectadas o compañeras de la persona fallecida”.

En cuanto a la víctima mortal del accidente, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha informado este martes de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Embajada marroquí y la propia empresa están trabajando para “facilitar todos los trámites” que puedan derivarse del siniestro. En cuanto a la mujer fallecida, ha explicado que la empresa se hará cargo de la repatriación del cuerpo, así como que se facilitará el visado a los familiares que quisieran venir a visitar a las trabajadoras que se encuentren más graves.

Crónica del accidente

El accidente se produjo en el kilómetro 16 de la carretera A-484 a las 6.25 horas de este lunes 1 de mayo, cuando volcó un autobús que transportaba a las trabajadoras temporeras de nacionalidad marroquí.

En las labores de emergencia, sobre el terreno intervinieron efectivos de los servicios sanitarios del 061 y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), junto a agentes de Policía Local, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guarida Civil y Tráfico, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y Mantenimiento de Carreteras, así como un asesor técnico de Emergencias del 112 y el coordinador de Emergencias del 112 en la provincia onubense.

Según los datos que facilitaron al 112 desde el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061), una mujer falleció, otras tres resultaron heridas muy graves, 14 menos graves y 22 leves. Entre estos últimos se encontraba el conductor del autobús siniestrado, que trasladaba a las trabajadoras temporeras desde San Juan del Puerto al municipio onubense de Almonte, para trabajar en una finca de una empresa hortofrutícola.

Todavía era noche cerrada y había mucha niebla, pero, a falta de que la investigación aclare qué ha pasado, nadie se explica cómo un autocar se ha salido este lunes de la carretera antes de llegar a Almonte, en el Condado de Huelva, provocando la muerte de una mujer marroquí, heridas graves a tres más, leves a otras 36 personas –incluido el conductor– y una situación que trae a la primera página de la actualidad la situación en la que miles de mujeres migrantes viven para llevar un sustento a sus familias en su país en difíciles condiciones.

Faltaban cinco minutos para las 6.30, y el autocar con las 39 temporeras se dirigía a un campo cerca de la aldea de El Rocío. Había recorrido unos 39 kilómetros tras salir sobre las 5.45 de San Juan del Puerto, situado a 39 kilómetros del lugar del suceso. El vehículo había recogido, como cada día, a un pasaje formado en exclusiva por trabajadoras temporeras marroquíes, que llegan a Huelva cuando enero se va despidiendo y permanecen en la provincia hasta el filo del mes de junio, recogiendo las fresas de unos campos de los que la mano de obra local no quiere oír ni hablar.

Solo en Almonte, como recordaba al pie del accidente la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, su población de más de 20.000 personas se incrementa en 15.000 con la llegada de la población temporera. Cada año, cuando se acerca la época de la recolección de la fresa, el Servicio Andaluz de Empleo prioriza la mano de obra local, pero no llegan a 1.000 las solicitudes de vecinos de los pueblos freseros que responden a esa llamada. El resto hay que buscarlo en Rumanía o Marruecos.

Un camino habitual

El recorrido que este lunes ha terminado de forma trágica en la mitad del camino es el que estas mujeres hacen a diario durante casi cinco meses. Las recoge el autocar para dejarlas en la finca, y al final de la jornada hacen el trayecto al revés. Es en torno a una hora y media entre la ida y la vuelta. En este caso, además, faltaba una, que se encontró mal de madrugada y no estaba en condiciones de trabajar. El viaje se inició sin ella, y quién sabe si eso le ha servido para salvar la vida.

Con todo, a las 6.25 el vehículo llegó a un cruce que cogió de frente, como debía hacer, pero aparentemente a mucha más velocidad de la prudente en este tramo. Un segundo después colisionaba contra la base de una isleta con sus ruedas del lado izquierdo: unas marcas de frenada en la calzada muestran que el conductor intentó parar, sin éxito, y ya no pudo devolver el autocar a la carrera, porque siguió de frente y fue a parar a una vaguada de un metro de profundidad aproximadamente. Su camino no lo pudo detener ni siquiera la base de una farola de decenas de kilos de peso, que arrancó de cuajo y desplazó unos 15 metros. El suelo de la vaguada fue lo que terminó frenando al autocar.

No se llegó a deformar

Que solo una persona haya fallecido en este accidente tiene muchas explicaciones. Sin confirmarlo aún, se cree que la fallecida viajaba en la parte delantera del vehículo y salió disparada por el impacto. Nadie llevaba el cinturón de seguridad, aunque tampoco es obligatorio.

Entre las claves para que la tragedia no haya ido a más está el hecho de que la estructura del autocar ha aguantado el golpe sin deformarse. El armazón, fabricado para que comenzase a circular en enero de 2005, ha aguantado perfectamente sin llegar arquearse ni atrapar a nadie.

“Solo escuchábamos gritos de ayuda”

Cristóbal Acosta, el jefe de bomberos del parque de la comarca, ha sido, junto a sus compañeros, de los primeros en llegar. En medio de una niebla que no levantaba, ha explicado que nada más bajarse de los camiones “solo escuchábamos gritos de mujeres pidiendo ayuda, que las sacáramos del autocar. En ese momento tienes que priorizar, saber a quién tienes que ayudar antes, para que el rescate sea lo más efectivo posible”. 

Los bomberos, con la Guardia Civil y todo el dispositivo que se ha organizado, han ido sacando a las heridas, tras comprobar que, lamentablemente, una de las pasajeras había fallecido. A partir de ahí se han puesto en guardia todos los centros de salud y hospitales de la comarca y la vecina Sevilla. Las heridas se han distribuido entre el Juan Ramón Jiménez de Huelva, y el San Juan de Dios de Bormujos y el Virgen Macarena y el Virgen del Rocío de la capital andaluza. En este último están las tres más graves, cuyo estado es más que preocupante.

Salvado el rescate de todo el pasaje, quedaba sacar de donde se había quedado depositado el autocar. Cristóbal Acosta reconoce que es un momento más que delicado, porque la confusión del accidente no ayuda en estos casos a saber si se ha rescatado a todas las víctimas. Cabía la posibilidad de que alguien estuviese atrapado debajo del vehículo. Afortunadamente, cuando la grúa lo fue levantando en mitad de un silencio sepulcral, los temores desaparecieron. A las 11.28 la carretera quedaba despejada totalmente.

Atención sanitaria

Las trabajadoras marroquíes afectadas por este suceso, como el resto de sus compañeras de cualquier nacionalidad, están protegidas por el sistema nacional de salud, que las ampara como a todas las que firman contratos en origen en su país. Se contrata de mujeres que están casadas y tienen hijos, de modo que tienen el arraigo suficiente para volver a su país al terminar la campaña. No llega al 2% la cifra de mujeres del contingente de Marruecos que no regresa a sus casas cuando llega el final del contrato.

Son 15.350 las que este año tienen que llegar. Hasta el pasado 27 de abril, cuando llegaron las últimas hasta ahora, son 14.850 las que trabajan en los campos de la provincia. Las primeras mujeres de este grupo llegaron a la provincia onubense el pasado 10 de enero y desde entonces se ha ido produciendo la llegada escalonada de distintos ferrys a los puertos de Algeciras y Tarifa, en Cádiz, desde donde son trasladadas hasta las distintas fincas en Huelva. Hasta principios de marzo estuvieron llegando mujeres repetidoras, que ya han trabajado en anteriores campañas; mientras que los últimos ferrys han sido ocupados por las alrededor de 5.000 seleccionadas por primera vez este año.

Para esta campaña los gobiernos de España y Marruecos acordaron ampliar la contratación en origen elevando a 15.350 el número de contratos que finalmente podrían realizarse. Esta cifra supone un incremento de 5.000 personas más de lo que en un principio se había barajado, con lo que se igualan los valores prepandemia y se da respuesta a las reclamaciones que las últimas semanas se han hecho desde el sector sobre la necesidad de aumentar el contingente.

El accidente que ha sufrido un autobús, que ha volcado en el término municipal de Almonte (Huelva), se ha saldado con la muerte de una trabajadora temporera y otras 39 personas heridas, tres de ellas en estado muy grave, 14 menos grave y 22 leve, según ha informado Emergencias 112 Andalucía. El siniestro se ha producido a las 6.25 horas de este lunes en el kilómetro 16 de la carretera A-484, que une la A-49 con la citada localidad onubense.

Entre los heridos leves se encuentra el conductor del autobús siniestrado, que trasladaba a las trabajadoras temporeras desde San Juan del Puerto al municipio onubense de Almonte, para trabajar en una finca de una empresa hortofrutícola. Todos los heridos de carácter leve han sido derivados a centros de salud de la zona (Almonte, Bonares y Bollullos), mientras que del resto siete han ido al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y nueve al también onubense hospital Infanta Elena (cinco de ellos derivados desde los centros de salud). En Sevilla, cuatro han ingresado en el hospital San Juan de Dios de Bormujos, uno en el Virgen del Rocío y otro más en el Virgen Macarena.

En las labores de emergencia sobre el terreno han intervenido efectivos de los servicios sanitarios del 061 y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), junto a agentes de Policía Local, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guarida Civil y Tráfico, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y Mantenimiento de Carreteras, así como un asesor técnico de Emergencias del 112 y el coordinador de Emergencias del 112 en la provincia onubense.

Una vez conocido el suceso, los sindicatos UGT-A y CCOO-A han lamentado en este Día Internacional del Trabajo han lamentado el fallecimiento de la trabajadora, a la vez que han reclamado un “mayor control” de la prevención de riesgos laborales. Así lo han expresado las secretarias generales de UGT, Carmen Castilla, y CCOO, Nuria López, en sendas entrevistas en Canal Sur Radio. En este sentido, la dirigente de UGT-A ha calificado de “tremendo” lo ocurrido. “Se trata de un accidente in itínere, que eleva a 35 el número de víctimas mortales en Andalucía en lo que va de año. Es una lacra que no cesa y desde hace tiempo venimos reclamando un mayor control de la prevención”.

“La precariedad mata”

“Muchos de esos accidentes se pueden prevenir”. No en vano, “en el pacto que firmamos con el Gobierno andaluz, hay un apartado muy importante, que es la lucha contra la siniestralidad laboral. La precariedad mata”, ha concluido la secretaria general de UGT en Andalucía.

En esa línea se ha manifestado su homóloga en CCOO. “Es importante que empresas, administraciones públicas y trabajadores trabajan de lleno en lo que respecta a la prevención: es posible prever accidentes”. “Con éste, son 35 víctimas mortales en Andalucía en 2023. El 40% de los accidentes traumáticos lo son; no lo decimos nosotros sino las investigaciones de los siniestros laborales”.

“En el plan de choque firmado con la Junta hablamos de una mapa de riesgos. Con el Big Data se pueden prevenir accidentes. En ocasiones no se cumplen los descansos, falta un arnés o no se ha colocado una valla. Por ello, pedimos al Gobierno andaluz que ese plan que comprometió, lo ponga en marcha cuanto antes”, ha sentenciado López.

Consternación en Almonte

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, y el primer teniente de alcalde, José Miguel Espina, han manifestado este lunes que el accidente constituye todo un “mazazo” para el municipio y su comarca, inmersos en la campaña agrícola, destacando la “consternación” que cunde en la sociedad local a cuenta de esta tragedia. La regidora ha trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación, las “condolencias” del Ayuntamiento de Almonte a la familia y las compañeras de la temporera fallecida, deseando la “pronta recuperación” del resto de personas heridas.

“Es un mazazo para todo el pueblo”, ha aseverado recordando que la zona está “en plena campaña agrícola” y acoge a una “importante cantidad” de personas procedentes de Marruecos, además de que Almonte cuenta con “muchos” vecinos originarios de dicho país.

La Oficina Municipal de Extranjería, según ha dicho, “se ha puesto ha a disposición” del Consulado de Marruecos y de la empresa que había contratado a las temporeras marroquíes que viajaban en el autobús siniestrado. Igualmente, ha destacado la colaboración de la Policía Local en el dispositivo de emergencias movilizado a cuenta del grave accidente, cuyas causas investiga la Guardia Civil.

El concejal José Miguel Espina, de su lado, ha confirmado que el autobús accidentado cubría la ruta entre San Juan del Puerto y Almonte varias veces al día, lamentando la tragedia, especialmente “en un día tan señalado” como el Día Internacional del Trabajo.

Dos hombres de 35 y 32 años han sido condenados a dos años de prisión por estafar 50.000 euros a un compañero que trabajaba con ellos en la campaña de la uva de Viana. Además de la obligación de reintegrar a la víctima la cantidad estafada a razón de 420 euros al mes cada uno, impuesta por la Audiencia de Navarra, deberán pagar una multa de 1.080 euros. Por otro lado, la sentencia recoge el no ingreso en prisión siempre y cuando no vuelvan a delinquir en un plazo de cinco años.

El tribunal ha declarado probada la relación de confianza que establecieron los dos condenados con la víctima, aprovechándose de esta tras confesarles que guardaba en su propia casa una cantidad elevada de dinero, procedente de sus ahorros personales y una herencia. Así, los encausados planificaron una trampa para engañarle explicándole que como ese dinero no estaba depositado en un banco, era dinero negro que había que blanquear. De esta manera, los procesados se ofrecieron no solo a blanquear el dinero, sino a incrementarlo mediante operaciones financieras. Ignorando el engaño al que estaba siendo sometido, según consta en la sentencia, el denunciante les entregó 20.000 euros en metálico.

Pocos días después, los acusados le mintieron al estafado. Le contaron que la persona encargada del blanqueo había sido detenida por la policía y que, para evitar el riesgo de que ese detenido revelase su actuación, tenía que entregarles otros 20.000 euros. Los procesados continuaron embaucando a la víctima con mentiras similares. Incluso llegaron a reclamarle dinero para el juez que llevaba ese supuesto caso por el cual detuvieron a la persona ficticia que era la encargada de blanquear el dinero desde un primer momento. En esta situación, el hombre agotó todos sus ahorros, teniendo que pedir dinero prestado a varios amigos y conocidos para seguir pagando a los estafadores, según recoge la sentencia. Tal y como revela el escrito, entre 2010 y 2015 el perjudicado efectuó no menos de 31 transferencias dinerarias a los encausados, que ahora tendrán que devolver todo el dinero sustraído a la víctima.

Con el comienzo del otoño, desde el Colectivo Sin Fronteras han vuelto a denunciar y pedir soluciones para la situación “infrahumana” en la que se encuentran desde hace más de una década las personas que malviven en los asentamientos de la ciudad. Esta asociación denuncia un nuevo incendio en el poblado ocurrido hace unos días, que se sucede al ocurrido el pasado mes de agosto, aunque en esta ocasión “más virulento”

Según informan, en este último siniestro no se produjeron heridas pero tuvo como consecuencia la destrucción de seis chabolas que no se encontraban habitadas por estas los temporeros fuera de la ciudad.

“Este incidente sigue poniendo de manifiesto las precarias condiciones de vida de las personas temporeras en nuestra ciudad, con asentamientos que levantan con cartón, plástico y madera, materiales que arden con facilidad”.

Abordar la situación “con amplitud de miras”

Colectivo Sin Fronteras recuerda que el pasado 30 de septiembre trasladó su “profunda preocupación” al Consejo Municipal de Inmigración. “Pedimos que se busque una solución profunda e integral, en coordinación con la Junta de Comunidades y el Gobierno nacional, abordando esta situación con una amplitud de miras y continuidad en el tiempo, poniendo a disposición de estas personas un recurso habitacional municipal que les de unas condiciones de vida dignas durante las campañas agrícolas”.

“Las personas temporeras no buscan caridad, buscan vivir dignamente como cualquier ser humano. No consideramos como solución lícita denunciar los asentamientos ante los propietarios de los terrenos sin darles una alternativa, ni queremos que estas personas sean perseguidas policialmente, porque sería injusto y su miedo aumentaría. Las ONG en terreno aseguran que su convivencia es pacifica, y no dan ningún problema”, añaden.

Afirman que el recurso del seminario habilitado para este año ha sido un paso, pero creen que no soluciona el problema, por la limitación de plazas y las condiciones de acceso.

“Hablar de las condiciones de vida y trabajo en la ciudad de Albacete, supone hablar de vivienda digna, y esto por lo pronto es algo de lo que carecen las personas temporeras, a las que se les discrimina de cualquier tipo de solución por su situación administrativa”. Finalmente, agradecen de nuevo el trabajo el trabajo de los bomberos por su rápida actuación en la extinción del incendio.